Labor Parlamentaria

El señor CASTRO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.084, que Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a las conductas consideradas de especial gravedad, correspondiente al boletín N° 15589-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe se encuentra rendido.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 36ª de la presente legislatura, en miércoles 11 de junio de 2025 -ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento-, y continuó en la sesión 44ª de la misma legislatura, en miércoles 2 de julio de 2025.

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, estimados colegas, la delincuencia juvenil se ha tomado las calles de nuestro país, donde el narcotráfico y el crimen organizado corrompieron las almas de miles de jóvenes que hoy se encuentran convencidos de que el camino corto, el de los robos, la venta de drogas, los homicidios y otros delitos, es la única vía correcta.

La sociedad ya no aguanta más el ataque de quienes, amparados por una ley que les favorece, aprovechan esta circunstancia para delinquir y salir impunes. Frente al contexto crítico que vivimos actualmente necesitamos leyes que, por un lado, nos permitan neutralizar a los jóvenes delincuentes mediante el aumento de las sanciones y el tiempo de internación, sin que estas medidas se conciban como cortoplacistas, sino como una reacción efectiva a un problema que afecta a todos los chilenos.

En paralelo, claro que debemos avanzar en políticas públicas con enfoque preventivo y de reinserción social, porque en este momento la ciudadanía de verdad requiere y clama una mayor punitividad y un castigo efectivo para los delincuentes juveniles.

Aun así, creo que faltan algunos puntos por desarrollar y profundizar en este proyecto, como la rebaja de la edad de imputabilidad penal, la consideración de antecedentes penales adolescentes en caso de que los vuelvan a procesar una vez que pasen a la mayoría de edad y una definición más clara respecto a los alcances del quebrantamiento de una condena.

Espero que esta propuesta pueda abordar dichos temas en lo que queda de tramitación para crear una ley que entregue una respuesta completa e inmediata a las amenazas actuales y emergentes de la delincuencia juvenil en nuestro país.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, cuando veo este proyecto, me surgen varias reflexiones y conclusiones que me gustaría abordar en esta intervención.

Lo primero es la antigua y equivocada receta del enfoque punitivista. Únicamente con lo punitivista no vamos a resolver los problemas que tenemos.

Una vez más, lamentablemente, la derecha nos propone una vía que ha sido desechada por la historia del derecho penal, que ha sido desechada como la bala de plata para el fenómeno del delito, sobre todo cuando es cometido por menores de edad.

Hay vasta literatura criminalista y psicológica que ha dejado en claro que el aislar, sancionar y no intervenir en el entorno de un infractor es la peor vía que se puede tomar para impedir que los menores de edad vulnerables caigan en un círculo vicioso de carrera criminal.

Creo que esto ya se ha dicho lo suficiente por otras diputadas y diputados, así que no voy a ahondar mucho más en el punto.

Lo que sí creo importante recalcar es la tozudez de la derecha de proponer soluciones mediocres a problemas complejos.

Me encantaría ser sorprendido, alguna vez, con propuestas de la derecha que vayan a la raíz del problema, que combatan de manera inteligente la criminalidad en los menores de edad y que salgan de su errada ideología del punitivismo a secas.

Sin embargo, no hay caso. Una y otra vez, le ofrecen al país el mínimo esfuerzo, pensando en el rédito político de corto plazo, pero sin pensar en el bienestar real de las personas, de las comunidades y, menos aún, piensan en los más vulnerables, que viven amenazados por el narco, la droga, el alcohol y, sobre todo, por la cruel falta de oportunidades o la estigmatización que les cierra la puerta del futuro a miles de niños, niñas y adolescentes que buscan, necesitan y merecen una oportunidad para salir adelante.

Todo esto me hace pensar y preguntarme si esas frases vacías, si esas recetas añejas y esas soluciones mediocres y cortoplacistas serán las propuestas que la derecha le va a dar al país para solucionar el drama de la delincuencia en su, cada vez más, improbabilísimo gobierno.

Si fuesen intelectualmente honestos, como dijo un famoso columnista el fin de semana pasado, propondrían medidas como el levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué le temen tanto? ¿Por qué le temen tanto? ¿Por qué le temen tanto al levantamiento del secreto bancario y siguen con ello protegiendo el lavado del dinero? Propondrían una intervención a los adictos a las drogas, y no que se vuelvan agentes delictuales cuando ya no pueden costearse el consumo; propondrían un sistema robusto de salud y de educación, y no un sistema que cierra oportunidades a las personas para crecer económica y personalmente, pero no lo hacen.

Una vez más, la derecha prefiere repetir la receta fracasada de los gobiernos Piñera I y Piñera II -punitivismo y más punitivismo-, sin ninguna capacidad de reflexión sobre la raíz del problema para dar las respuestas adecuadas.

En fin, la derecha está desesperada y lo único que tiene para echar mano es el castigo sin ningún sentido y que no da ninguna solución al problema.

Frente a un problema tan grave como el que estamos discutiendo, viene muy bien recordar la famosa frase del físico y premio nobel Albert Einstein , que reza así: “Tonto es aquel que, haciendo siempre lo mismo, espera resultados diferentes”.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Durán .

El señor DURÁN (don Jorge).-

Señor Presidente, es inaceptable el desconocimiento del estado actual de la sociedad por parte de la izquierda. ¿Cómo se puede desconocer la evolución de las causas de responsabilidad penal adolescente desde el año 2021 a la fecha? Es cosa de ver y de informarse.

Los negacionistas de la izquierda continúan protegiendo a los delincuentes. Hablan de los derechos de los adolescentes y de la niñez; pero me pregunto si viven el temor de la gente al estar en una calle, al tomar la micro o al llegar a su casa y ser víctima de un portonazo. No, y no lo entienden. Desconocen lo que viven los chilenos; desconocen el miedo que siente la gente ya no a ser asaltada, sino a ser asesinada. Hoy en día, los adolescentes ya no son los niños de antes, que desconocían la legislación. Actualmente, un adolescente conoce mejor la ley incluso que un abogado. De hecho, sabe perfectamente el monto por el cual puede delinquir sin consecuencias, sabe perfectamente el proceso de control de detención, en fin, conoce absolutamente todos los privilegios que tiene.

Voy a votar a favor este proyecto de ley, que apunta justamente a entregar más seguridad a la ciudadanía. Incluso, voy más allá, pues hace un tiempo ingresé un proyecto que apunta a derogar la ley de responsabilidad penal adolescente. En mi opinión, un adolescente debería ser tratado como un adulto, ya que sabe perfectamente el daño que hace al delinquir, robar, matar o sembrar el pánico en la sociedad. Esto no puede continuar así.

Espero que aquellos que hablan de amor para solucionar todo entiendan que nuestra sociedad merece legislar sobre el tema y hacerse responsable de cómo está actuando la delincuencia en nuestro país.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, por regla general, apoyo iniciativas que endurecen sanciones para quienes cometen delitos, pero, en este caso, no será así. Por eso, no voy a apoyar este proyecto.

Debemos reconocer que vivimos en una sociedad marcada por el consumismo, la exclusión y la falta de oportunidades para la juventud. Este entorno precariza la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, limita sus horizontes y muchas veces los empuja a escenarios de violencia y delincuencia. No podemos ignorar que las redes delictuales se aprovechan de su vulnerabilidad y los instrumentalizan.

El fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal adolescente es urgente, especialmente en materia de prevención y reinserción social. Sin embargo, el proyecto que discutimos no adopta un enfoque integral. Al contrario, se basa en una lógica populista, punitiva y criminal que prioriza el castigo por sobre la rehabilitación, la inserción y la contención real de nuestra juventud. Si bien algunos aspectos técnicos del proyecto, como, por ejemplo, la definición del tribunal, qué compete al rol del juez de garantía resuelve vacíos procesales, se enmarca dentro de un enfoque represivo que puede terminar normalizando el endurecimiento del sistema.

Nos preocupa profundamente, a mí y a mi equipo, la propuesta de aplicar penas de hasta diez años de privación de libertad a adolescentes menores de dieciséis años. Esta medida contradice directamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el encierro como el último recurso. Debería ser el último recurso en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Además, este proyecto refuerza una lógica de castigo, restringiendo la sustitución de condenas y endureciendo las sanciones por fuga, sin considerar las condiciones de vulneración y vulnerabilidad que viven en los centros de rehabilitación o de internación.

Si pretenden resolver el problema con mano dura, no entienden el fondo del problema. Y se lo digo a todos los autores de este proyecto.

Valoramos el derecho de las víctimas a ser escuchadas, pero ello no puede debilitar los estándares de justicia para nuestra juventud, comprometidos internacionalmente por nuestro país. La experiencia comparada demuestra que el endurecimiento de las penas no mejora la reinserción. Al contrario, puede agravar la situación.

Señor Presidente, usted es uno de los autores de este proyecto. Por su intermedio, agradezco el trabajo del señor ministro, porque gracias a él, nueve personas -adultas, pero muy cerca de la adolescencia están privadas de libertad por abusar sexualmente de una mujer en Calama. Fue el ministro de Justicia el que le puso el cascabel al gato, y se lo agradezco de manera personal.

Lamentablemente, lo tengo que decir en esta Sala, hemos citado tres veces al ministro de Seguridad Pública a la Comisión de Deportes y Recreación. Puedo entender que sus prioridades sean otras en materia de seguridad; pero cuando ese día 10 de abril, antes del partido de Colo-Colo por Copa Libertadores, murieron una niña de dieciocho años -la considero una niña por la edad que tengo y un niño de trece años, en las afueras del estadio, ¿qué dijo el ministro de Seguridad Pública? Que detrás de ellos había piños organizados y que el manejo lo tenían personas adultas. Entonces, ¿por qué no se aplican sanciones, como crimen organizado, a esos adultos que utilizan a nuestros niños, niñas y adolescentes para cometer delitos? La verdad, me llama mucho la atención. En esta Sala todos tenemos niños y niñas. Yo la tendré en el cielo, pero ustedes, favorablemente, los pueden tener a su lado. Hay que ponerse en el caso de que nuestros hijos, por defender a su madre, por defender a cualquiera, entren en este mismo círculo vicioso.

Pido, por favor, que tengamos responsabilidad al legislar. No se trata solamente de endurecer las penas. Y si vamos a hacerlo, vamos por los que utilizan a los niños, por ejemplo, en los estadios. Hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada; solo existe un reportaje de Canal 13 en que muestra que detuvieron a tres personas. ¡Tres personas!

¡Un delito gravísimo, gravísimo! Pero como ocurrió en el contexto de un estadio, parece no importarle a nadie. El deporte no importa, pero a mí sí me importa. Ahí es donde nace la utilización de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Le pido, ministro, que ponga en este caso la misma seriedad, la misma fuerza que puso en el caso de la violación masiva que involucró a jugadores de Cobreloa. Ya que el ministro no me está escuchando, lo invito, Presidente, a que le diga a nuestro ministro de Seguridad Pública que hay que tener muy claro que la seguridad no se separa del deporte. La seguridad no es una cosa y el deporte otra. Que no nos miren en menos, porque hemos hecho un trabajo tremendo respecto de la seguridad en los estadios.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, hoy discutimos una iniciativa que busca aumentar las sanciones para aquellos adolescentes de 16 años que cometen delitos. Esta propuesta responde a la grave crisis de seguridad que enfrentamos a lo largo del país, una crisis que se ha infiltrado en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra rutina. El narcotráfico y el crimen organizado ya no son fenómenos ajenos o lejanos; se han tomado nuestras calles y nos arrebatan el derecho a vivir tranquilos.

Colegas, como integrante de la Comisión de la Familia no puedo estar ajeno a una realidad dolorosa que no se puede seguir ignorando: el Estado no se ha hecho cargo de los niños, niñas y adolescentes. Lo vemos cada semana en la comisión con testimonios y denuncias que llegan a nosotros. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, llamado a ser un pilar de cuidado y apoyo, atraviesa una crisis profunda. No solo ha sido incapaz, sino también negligente en proteger adecuadamente a nuestra infancia.

Hace pocos días supimos que niños bajo su cuidado están siendo derivados a centros psiquiátricos luego de recibir el alta médica, simplemente porque no hay residencias disponibles en el país, situación que me parece insólita e inaceptable. Aún más grave es que a este colapso estructural se sume una preocupante falta de probidad. El propio director del servicio fue acusado de filtrar las bases de un concurso público a ciertas fundaciones que terminaron adjudicándoselo. Hasta ahora no hay sanciones, no hay responsable, nadie responde. Mientras tanto, los niños siguen esperando.

Estamos hablando, colegas, de un servicio que solo en 2024 recibió a más de 429 niños y niñas derivados por tribunales tras ser víctimas de vulneración de sus derechos, cifras alarmantes que reflejan la situación que tenemos como país en materia de infancia.

Me hubiese gustado que el gobierno se comprometiera más con la infancia; me habría gustado ver a los ministros respectivos y autoridades presentes en las discusiones en la Comisión de la Familia, pero lo cierto es que muchas veces están ausentes o se excusan de no poder ir. Eso, colegas, me apena profundamente, pues los niños, niñas y adolescentes institucionalizados también son parte del futuro del país.

Con todo, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa. Lo hago con una convicción clara: castigar no basta. No podemos seguir pidiéndoles cuenta a jóvenes que crecieron sin protección, sin afecto, sin oportunidades, sin Estado. Por eso, hago un llamado al gobierno a que se ponga las pilas y coloque a las infancias en el centro.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, hoy nos enfrentamos a una discusión crucial que toca profundamente nuestra sociedad: el sistema de responsabilidad penal adolescente. Entendemos la preocupación por la seguridad y la justicia, pero debemos abordar este tema desde la evidencia y también con profunda sensibilidad.

Este proyecto busca endurecer las sanciones para adolescentes, especialmente aquellos menores de 16 años que han cometido delitos graves. Se plantea aumentar las penas privativas de libertad hasta 10 años en ciertos casos. Sin embargo, debemos preguntarnos:

¿es esa la solución? ¿Realmente estamos protegiendo a nuestros jóvenes y construyendo una sociedad más segura? La experiencia internacional nos muestra que el aumento de sanciones no disminuye la reincidencia ni reduce la violencia delictiva; al contrario, puede tener efectos contraproducentes. Tanto es así que la evidencia disponible no apunta a que aumentar las penas sea una solución.

En un análisis estadístico realizado por Alejandro Tsukame Sáez , sociólogo de la Universidad de Chile y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, basado en las cifras del propio Ministerio Público, concluye que ninguna de estas propuestas se justifica. Por ejemplo, se revela, que entre 2008 y 2024, hubo una disminución de 33,2 por ciento en el total de causas terminadas y una reducción significativa de 60,9 por ciento en las sentencias condenatorias. Es evidencia; no son solo percepciones superficiales y no son consignas.

Pero hay más. La privación de libertad prolongada, especialmente a edades tempranas, puede generar daños irreparables en el proceso de socialización de los jóvenes. La pérdida de su entorno habitual, la exposición a la violencia en los centros de internación y el desarraigo social pueden marcar sus vidas para siempre, como también la marcan la violencia intrafamiliar, el abuso, la falta de vivienda digna, de salud y de educación.

Es el modelo el que está mal y nuestras infancias vulneradas son víctimas de aquello. No se entiende que el sector que dice dar especial relevancia a la familia quiera, a través de proyectos como este, tratar a los hijos de nuestra sociedad como personas desechables que hay que castigar.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado que estas políticas no solo desconocen el desarrollo evolutivo y la condición de persona en formación de los adolescentes, sino que refuerzan una narrativa de criminalización de las juventudes más vulneradas. Muchas de ellas han sido previamente expuestas a contextos de vulneración, pobreza, exclusión, violencia estructural y falta de oportunidades.

La represión punitiva no puede ser la única respuesta a los fracasos del Estado en garantizar derechos sociales básicos, como educación, salud, empleo digno o protección frente al reclutamiento por redes delictivas. Para muchos jóvenes el daño se agudiza en los centros de internación.

No podemos olvidar que estamos hablando de adolescentes, personas en pleno desarrollo, con capacidad de cambiar y reinsertarse en la sociedad, si es que les damos la oportunidad. Debemos enfocarnos en la prevención, la reinserción y la reparación, y no solo en el castigo. Necesitamos políticas públicas que aborden las causas profundas de la delincuencia juvenil, que ofrezcan oportunidades educativas y laborales, que fortalezcan los lazos familiares y comunitarios.

Por todo lo anterior y en línea con lo planteado, rechazaré este proyecto. Necesitamos soluciones reales, no medidas populistas que solo buscan dar una falsa sensación de seguridad. Es necesario avanzar hacia un sistema de responsabilidad penal adolescente que sea justo, humano y eficaz, y proteja a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, cada vez que se comete un delito en el que están involucrados adolescentes es algo que como sociedad debe preocuparnos profundamente, pero también ocuparnos. Si bien siempre debemos preocuparnos y ocuparnos de proteger a las víctimas y empatizar con ellas, no podemos desconocer que los jóvenes que llegan a cometer delitos, en la mayoría de los casos, arrastran historias marcadas por el abandono no solo familiar, sino también institucional y social.

El pasado fin de semana, junto con mi equipo parlamentario, visitamos las dependencias del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado ubicado en el sector Las Gaviotas, comuna de Valdivia. Allí conversamos tanto con el personal que cumple funciones en el centro como con los jóvenes que se encuentran en internación provisoria por distintas circunstancias.

Un mensaje común emergió con fuerza en todas esas conversaciones: la reinserción social es un camino extremadamente difícil en las actuales condiciones y por la forma en que hemos respondido como sociedad y Estado, no solo por la falta de recursos y oportunidades concretas para emprender una vida distinta, sino que, sobre todo -insisto-, porque la sociedad les niega a esos jóvenes el derecho a ser tratados con dignidad.

Para muchos, esos jóvenes no son vistos como ciudadanos con derechos, sino como sujetos marcados por el estigma. Esa mirada punitiva que niega la posibilidad de cambio solo perpetúa el círculo de la exclusión. Si como sociedad aspiramos a una verdadera justicia, debemos comprometernos no solo con sancionar, sino también con restaurar. La reinserción no puede ser un eslogan, sino una política respaldada por recursos, por acompañamiento profesional y, sobre todo, por una profunda convicción de que toda persona, incluso aquella que ha cometido delitos o faltas, merece una segunda oportunidad.

Endurecer las penas para adolescentes de entre 14 y 16 años de edad sin abordar las causas estructurales que los llevan a delinquir no solo es ineficaz, sino también es irresponsable. La experiencia internacional demuestra que el aumento de sanciones no reduce la delincuencia juvenil y va en contra de tratados internacionales suscritos por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige intervenciones penales excepcionales, proporcionales y orientadas a la reinserción.

Incluso, la Corte Suprema, al pronunciarse sobre el proyecto de ley contenido en el boletín N° 17469-07, que propone aumentar penas a adolescentes infractores de ley, ha subrayado que antes de cualquier cambio es esencial considerar que el sistema está en plena reforma a través de la ley N° 21.527 y del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Alterar esta normativa sin evaluar sus efectos es apresurado. El enfoque actual apuesta por la educación, el acompañamiento individualizado y la prevención, no por una lógica punitiva centrada en el encierro.

Si realmente queremos enfrentar la delincuencia juvenil, debemos mirar más allá del castigo y hacernos cargo de las deudas del Estado con la infancia. Garantizar su representación jurídica oportuna y efectiva es parte de esa responsabilidad.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacerme cargo de las afirmaciones del diputado Hirsch , quien me antecedió en el uso de la palabra. Si bien no está presente en la Sala, ojalá pueda revisar posteriormente la grabación.

Quiero preguntarle al diputado por qué no le dice eso mismo que nos acaba de señalar, respecto de que la derecha no apoya la idea de levantar el secreto bancario, a la diputada Cariola , a quien la justicia le pidió que abriera sus cuentas, y ella se negó a hacerlo por medio de un recurso.

El Partido Comunista y el Frente Amplio son buenos para andar hablando y para apuntar con el dedo, como lo han hecho siempre, haciendo alusiones a los últimos treinta años o a la Concertación; pero, cuando les toca a ellos, les encantan los privilegios y ser los señoritos. El señor Hirsch debería tener más cuidado al hablar, ya que el bumerán se le puede devolver.

Entrando al proyecto en discusión, considero que se trata de una iniciativa justa, ya que miles de personas en Chile sienten temor, sienten que el Estado las ha dejado de lado, y que nosotros como parlamentarios no hemos puesto los puntos sobre las íes.

Hemos escuchado a la izquierda decir, de una forma casi romántica, que la delincuencia se debe a unos “pobrecitos” que llegaron a eso por culpa de la sociedad, pero no mencionan ciertas cosas. Por ejemplo, suelen hablar de que en Estados Unidos o en Europa no sirve rebajar la edad de responsabilidad penal o subir las penas, pero en Europa no hay colegios en que los estudiantes salgan con overoles blancos a quemar a carabineros, a quemar a personas, a tratar de matar a ciudadanos, y en Chile sucede eso, ministro.

Usted, ministro, dice que en el país ha disminuido la delincuencia; pero entre usted a ChatGPT -no le pido al gobierno que haga un análisis mayor y vea lo que sale: la cifra baja desde 2017 en adelante, pero vuelve a subir después de la pandemia y del estallido social.

Además, en ningún momento ustedes se hacen cargo de la cifra negra referida a la gente que no denuncia porque, finalmente, ni las fiscalías ni Carabineros llegan.

Por lo tanto, al venir acá a decir que esto es simplemente populismo penal, ¿de verdad piensa usted que alguien en Chile les cree? ¿Ustedes mismos se creen? ¡Si ustedes mismos se pisan la cola! Hablan contra el secreto bancario, pero ustedes mismos lo utilizan para no abrir sus cuentas. Afirman que la droga destruye a la sociedad, pero tienen una parlamentaria, que es vocera de la señora Jara , que está a favor de la marihuana y del consumo de hongos.

Entonces, ¿de verdad vamos a seguir eternamente en este juego de máscaras? ¿Nunca se van a hacer cargo de lo que han hecho, de que ustedes son proclives o de que les gusta proteger a quienes cometen desmanes?

Lo digo porque desconocen todos los datos, pero, en la calle, la ciudadanía sabe perfectamente que tenemos razón.

Tratan de decir que la derecha no tiene nuevas ideas, pero lo que estamos proponiendo es algo a lo que nunca nadie se ha atrevido: a poner mano dura y a decir ¡no!

Este gobierno, partiendo desde el Presidente de la República, que no conoce las normas constitucionales y que a cada rato provoca problemas, como sucedió en las últimas horas con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, no tiene convicción ni análisis; es un gobierno que compra casas de expresidentes y que después tiene que echarse para atrás; un gobierno que no es capaz de decirles a sus asesores que digan la verdad, como pasó con el señor Crispi .

¿Ustedes le creerían los datos que está dando?

Claramente, el camino no es criminalizar a nadie, pero estamos ante una realidad en que, como sociedad y como mundo político, no hemos sido capaces de avanzar en evitar que mueran chilenos.

Ustedes, que hablan a cada rato de jóvenes que son “pobrecitos” porque han sido llevados allá por la sociedad, ¿se han puesto a pensar tan solo un segundo en lo que siente una familia cuando pierde a un hijo? ¿Usted ha perdido a un hijo, señor ministro? ¿A usted le han pegado un balazo, o se han metido a su casa?

La semana pasada mataron a varios niños. Esta semana murió un menor de edad. ¿Usted ha sentido ese terror, ha sentido ese miedo?

-Un señor diputado habla fuera de micrófono.

El señor CARTER.-

¡Por su intermedio, señor Presidente, para que no se alteren!

¿Alguien del gobierno o alguien que esté aquí sentado ha sentido alguna vez ese temor? Por lo tanto, ¡Presidente! -para que no se alteren-, vean la realidad, no se encierren en su ideología, no digan una cosa y después hagan otra.

Aunque lo traten de esconder, los chilenos saben cómo son ustedes

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Revisaremos la situación que ha planteado, diputado. Asimismo, quiero recordarles a los parlamentarios y a las parlamentarias que, al hacer uso de la palabra, deben referirse a sus colegas o a los ministros que estén en la testera siempre por intermedio de la Mesa, a fin de evitar controversias inconducentes.

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, no es ninguna novedad que los grupos y las asociaciones criminales han identificado que el uso de menores de edad para la comisión de delitos les significa una reducción del riesgo al cual están expuestos. No es ninguna novedad; lo sabemos, y, lamentablemente, es algo que se ha repetido en distintos países, incluso en algunos en que los niños han sido reclutados para ser soldados, como sucedió en su momento en Colombia o en Camboya, donde, de la mano de menores de edad apenas maduros, se cometió uno de los genocidios más espantosos de la historia, aprovechando que esos niños no tenían la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, porque era la propia autoridad la que los impulsaba a ese mal.

Ahora bien, lo que estamos viviendo en Chile tiene que ver en parte con la descomposición social de nuestra sociedad -la destrucción de la familia, la falta de autorregulación-, y también con una destrucción sistemática del principio de autoridad, que ha sido impulsada desde la izquierda.

La educación antiautoritaria ha ido en esa dirección. La comisión de delitos es el resultado del colapso de las estructuras de socialización en nuestro país.

Ustedes dirán que la solución, entonces, es reconstruir esas estructuras, pero en ninguna parte veo que la izquierda esté reconstruyendo algo; de hecho, siguen avanzando en la destrucción de las estructuras de socialización de nuestro país. Siguen atacando a la familia, siguen atacando a los colegios; siguen destruyendo la disciplina, o la distancia que debe existir entre educador y educando; siguen destruyendo la autoridad del adulto por sobre el menor -aquí hemos escuchado muchas veces hablar del adultocentrismo-, y, en resumen, terminan entregando a los niños a quienes les ofrecen un marco para todo tipo de actividades, que muchas veces son criminales.

No es un resultado querido, probablemente, pero es el resultado observable, y lo que podemos determinar es que ese resultado, que tiene, sin duda, un origen más profundo, debe ser enfrentado por las fuerzas policiales.

Lo que estamos viendo es el síntoma de una enfermedad más profunda; en eso estamos de acuerdo. No obstante, no me pueden venir a decir que no vamos a enfrentar ese síntoma, consistente en que existen niños de doce, trece y catorce años de edad que están cometiendo asaltos, asesinando a personas y atacando casas.

No podemos decir simplemente: “¿Sabe qué más? Esto lo vamos a solucionar con trabajadores sociales”, porque a estas alturas no alcanza y no basta, y porque debemos retirar a esos niños de circulación, a esos menores de edad, muchos de los cuales ya no son niños; con dieciséis años ya no son niños. Tenemos que retirarlos de circulación porque, de otra manera, son un peligro existencial para nuestros compatriotas. No pueden estar en la calle. Eso significa que deben ser sancionados de tal manera de tenerlos, durante un período suficientemente largo, aislados del resto de la sociedad, período en el cual, en lo posible, se corrijan los errores de socialización cometidos tanto por la familia como por el colegio o por el resto de la sociedad, en una institución que efectivamente funcione como correccional.

No podemos hacernos los lesos respecto de lo que está sucediendo ni de la necesidad de sancionar de manera mucho más dura a esos menores, pero también a quienes los utilizan -especialmente a quienes los utilizan para la comisión de delitos. No podemos cerrar los ojos ante la situación que estamos viviendo en este momento.

El nuevo sistema de justicia, muy moderno, posmoderno o como quieran decirle, lo único a lo que ha llevado ha sido a un aumento de las tasas de criminalidad. Eso también es un elemento de la causa. Junto con todo el problema social, tenemos un problema con el sistema de justicia garantista, con jueces garantistas, como la jueza Donoso , y con jueces y fiscales que prefieren no perseguir delitos cuando estos son cometidos por menores de edad. Tenemos un problema con el nuevo sistema, que es garantista, y debemos volver a uno punitivo, sin duda. ¿Por qué? Porque la sociedad así también lo exige, y porque la sociedad requiere ciertas señales morales por parte del Estado en términos de que hay cosas que no se hacen, y que, si se hacen, deben ir de la mano de una sanción.

Por lo tanto, voy a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señorita GONZÁLEZ (doña Marta) .-

Señor Presidente, sin duda, la ola de violencia que ataca a nuestro país, que hasta hace pocos años era desconocida para nosotros, con crimen organizado y un narcotráfico tremendamente brutal y descarnado, nos conmueve y conmociona a todos. Sin embargo, este tipo de proyectos, que apuntan a la parte final de la cadena de comisión de los delitos, me parece que desvirtúan totalmente el foco, porque no se hacen cargo de los problemas reales ni de cómo se van gestando los focos de delincuencia.

Cuando hablamos de adolescencia nos referimos a una etapa fundamental de la vida, que tiene características radicalmente distintas a la adultez. Está altamente documentado qué ocurre en el paso de la pubertad a la adolescencia. Es un cambio tremendamente delicado y que como sociedad no hemos podido acompañar. Desde hace mucho tiempo está documentado estadísticamente que es probable que los hijos de los presos, por ejemplo, también terminen presos en el futuro. No hemos podido romper esa cadena de delincuencia heredada y de entornos tremendamente adversos.

Cuando hablamos de delincuencia en jóvenes no podemos dejar de ir a la raíz de este problema. ¿Qué pasa hoy? ¿A qué amenazas se enfrentan los jóvenes? En primer lugar, a ser criados en soledad, porque las madres y los padres trabajan jornadas extensas para sostener mínimamente sus vidas en el mes, sin contar con redes de apoyo ni medidas de conciliación para las madres y los padres que deben sostener esos hogares.

Por otro lado, vemos los problemas brutales que hemos tenido en el Servicio Mejor Niñez; el daño que se les provoca a los niños que están a cargo del Estado es realmente brutal. El Estado no salva a niños ni adolescentes, sino que genera condiciones para la “delictualidad”.

También muchos niños, niñas y adolescentes están permanentemente en contacto con las grandes plataformas digitales, pero sin protección y sin que esas mismas redes establezcan los resguardos correspondientes. A través de una aplicación, tienen acceso a pornografía y al narcotráfico. Un niño de trece años de edad puede acceder desde su teléfono a revisar cualquiera de esos materiales sin ningún resguardo, porque tampoco tenemos una legislación que robustezca y proteja a los menores que están expuestos a todo ese tipo de amenazas en las redes.

Por eso, no puedo concebir que estos proyectos apunten a la última parte de la cadena, cuando el delito ya se produjo o cuando el adolescente fue capturado como soldado a través de las redes, porque la realidad dentro de su hogar es tan adversa que prefiere buscar resguardo en pandillas, y porque el Estado y la sociedad tampoco generan condiciones habilitantes para su desarrollo.

Hoy establecemos penas de diez o quince años; sin embargo, ¿qué pasa con ese adolescente que vivió una realidad tremendamente adversa a los dieciséis años de edad, que se va preso por diez años y que a los veintiséis años de edad no ha tenido ninguna opción de rehabilitación o reeducación? La respuesta es que tendremos a un delincuente con características mucho más brutales que las del niño de dieciséis años.

Entonces, colegas, al final, ¿qué estamos haciendo con esos focos de delincuencia? Estamos creando un sistema brutal que no genera alternativas y que formará criminales con mayor grado de brutalidad.

Por su intermedio, señor Presidente, llamo a toda la Cámara de Diputados a que pongamos seriedad en la legislación y a que destinemos los recursos a rehabilitación, a prevención y a reeducación de las familias de nuestro país, para que así protejamos a nuestros niños.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, prevención, castigo y reinserción son tres pilares fundamentales al elaborar leyes transversales para el combate de la delincuencia. No solamente se debe trabajar en el castigo, sino también en la prevención, que tiene un componente en las oportunidades para los trabajadores chilenos, especialmente para nuestra juventud. Esto se logra con la creación de mayores y mejores empleos; pero esto solo se puede realizar si el Estado genera condiciones para estimular la creación de nuevas empresas, disminuyendo la burocracia, la permisología y, lo más importante, los aranceles para crear nuevas empresas.

En diciembre del año pasado estuve en El Salvador y fui testigo de cómo, después del tema de seguridad, están trabajando en estimular la creación de empresas, con arancel cero para las que se están instalando, con cero burocracia y permisología cero. Ese es el primer paso, porque las empresas tendrán estímulos para instalarse solo donde tengan mejores garantías. Chile tiene alta permisología, alta burocracia y aranceles mayores que los del promedio de los países de la OCDE.

Respecto de la reinserción, vuelvo a decir que, si no hay posibilidades laborales reales, con sueldos dignos y de acuerdo con el mercado, también tendremos falta de oportunidades para la reinserción. Todas las personas privadas de libertad pueden tener una segunda oportunidad, pero solo si se capacitan en alguna alternativa laboral; primero, trabajando de manera interna, para mejorar el entorno en el que están inmersos, así como también trabajando para su propia mantención y para que puedan aportar a sus familias.

Otro pilar fundamental es el castigo. Lo dejé para el final, porque quiero hacer presente que he presentado un proyecto de ley para que los jóvenes adolescentes que han cometido delitos de sangre, asesinatos, violaciones o lesiones graves -no solamente hay que considerar a las personas asesinadas, sino también a las que quedan con lesiones graves y secuelas de por vida sean tratados y condenados como adultos.

Sin embargo, no hablo del joven desorientado que sigue el camino del delito por falta de oportunidades, sino de aquellos que optaron por el delito y el crimen, y que además cuentan con antecedentes penales. Ellos son quienes cometen estos hechos delictivos de sangre. O sea, son jóvenes delincuentes que eligieron el camino del delito y del crimen, de manera que deben ser tratados y juzgados como adultos.

¿Cuántos asesinatos se le debe permitir a un adolescente antes de ser juzgado como adulto? ¿Cuántas familias deben sufrir la pérdida de un ser querido para que se actúe con seriedad?

Creo en la juventud, pero en aquella que quiere salir adelante con esfuerzo, estudiando, no utilizando otras artes para ser parte de un país llamado Chile.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención manifestando mi voto a favor de este proyecto, en tanto representa un intento legítimo de responder a un fenómeno que preocupa, con razón, a la ciudadanía: el aumento de delitos violentos cometidos por adolescentes.

Cuando un adolescente comete un delito como homicidio, violación o secuestro con extrema violencia, las víctimas y sus familias tienen derecho a recibir justicia efectiva, y el Estado tiene el deber de proteger a la comunidad. Establecer umbrales más altos de sanción, corregir vacíos procedimentales y limitar la impunidad en casos de reincidencia o quebrantamiento de condenas no es ceder al populismo punitivo, sino asumir con responsabilidad que hay circunstancias en que la respuesta del sistema debe ser proporcional al daño causado.

Sin embargo, apoyar esta iniciativa no implica que debamos dejar de ver los problemas estructurales más profundos que la originan.

Presidente, por su intermedio le pido a la ministra que ponga atención y deje de conversar con el diputado Soto , pues parece que están en el living de su casa.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Estimado diputado Guzmán , usted tiene razón, pero como no estamos en el living de la casa, cuando se refiera a sus colegas y a la ministra, lo debe hacer por mi intermedio.

El señor GUZMÁN.-

¡Señor Presidente, eso no se lo voy a aceptar! Le dije que, por su intermedio, le pidiera a la ministra que pusiera atención, ya que está conversando con el diputado Soto como si estuviera en el living de su casa.

Actúo de acuerdo con el Reglamento.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Puede continuar, diputado Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, lo estoy diciendo con el debido respeto.

La realidad de que los jóvenes cometen delitos atroces es, también, ante todo, el reflejo de un Estado que ha fallado en ofrecer condiciones dignas de vida, en asegurar oportunidades reales, en hacer de la educación un verdadero vehículo de movilidad social y en desarrollar un sistema eficaz de reinserción y resocialización.

No basta con aumentar las penas si los centros de internación carecen de programas efectivos de intervención psicosocial. No basta con privar de libertad si no abrimos ninguna puerta que conduzca a una vida distinta.

Entonces, ¿dónde están las prioridades? Se endurecen las penas, pero no se fortalecen los servicios de reinserción. Se perfecciona el castigo, pero se posterga la inversión en educación pública. Se exige justicia, pero no se entrega esperanza.

La implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es una oportunidad que hemos perdido. Se necesitan recursos, capacidades y personal que permitan cumplir efectivamente con su misión. Porque si el Estado solo sabe castigar, pero no reinsertar, no estamos resolviendo el problema, sino que solo lo estamos postergando, y con el hacinamiento existente, lo estamos profundizando.

Cuando un adolescente es privado de libertad, ¿logramos verdaderamente su reinserción o solo logramos su perfeccionamiento en el delito? Pareciera que la segunda pregunta es, más bien, una respuesta.

Se requiere una respuesta firme frente a delitos graves, pero esa respuesta no debe ser solo penal, sino integral: debe prevenir, recuperar, mirar más allá del expediente judicial y preguntarse en qué se está fallando para que un joven de 16 años de edad tome un arma y termine arrebatando una vida.

Hoy se debate respecto de la seguridad, pero invito al gobierno, a la ministra presente -por su intermedio, señor Presidente-, a que nos presenten sus prioridades, porque, cuando las prioridades están mal puestas, incluso las mejores intenciones pueden profundizar los errores que dicen querer corregir.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Celedón .

El señor CELEDÓN.-

Señor Presidente, es una enorme responsabilidad legislar, más aún cuando se trata de una materia relacionada con un segmento muy relevante de toda la humanidad: los niños.

Legislar implica mirar el conjunto del Estado de derecho, que no se reduce a la ley, sino también a la jerarquía de normas, partiendo por la Constitución, que en su artículo 5°, inciso segundo, señala lo siguiente: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Por lo tanto, en esta materia, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, vigente en nuestro país desde septiembre de 1990. Esa normativa nos vincula jurídicamente y es precisamente la que inspira la ley N° 20.084, que regula la responsabilidad penal adolescente que se pretende modificar mediante este proyecto.

El sistema de responsabilidad penal se atiene completamente a la norma establecida en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicha convención tiene un principio fundamental, que también recoge la ley N° 20.084, de 2005, que es el principio del interés superior del niño. Ese principio, en el cuerpo legal que se pretende modificar, la ley N° 20.084, se expresa en su artículo 2°, en el interés superior del adolescente.

Toda la estructura, tanto de la convención internacional como del cuerpo legal que se pretende modificar, está regulada por el principio del interés superior del niño. Sin embargo, este proyecto de ley no hace ninguna referencia, absolutamente ninguna, al principio del interés superior del niño; solo dice: modificación del sistema de justicia juvenil, fortaleciendo la respuesta sancionatoria frente a conductas de especial gravedad. ¿Dónde está señalado el interés superior del niño, del adolescente?

También en la propia Convención sobre los Derechos del Niño está establecido el deber de los padres de la crianza y cuidado; el deber de asegurar al niño un nivel de vida adecuado para su desarrollo, tanto físico como mental, espiritual, moral y social.

En definitiva, cosas que son sustanciales no están planteadas en este…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señora NUYADO (doña Emilia).-

Señor Presidente, la moción que dio origen a este proyecto genera una discusión bastante compleja, ya que aquí hay sectores de la derecha que buscan aumentar las penas para delitos graves, pero se olvidan de las diversas realidades que tenemos en nuestras regiones, donde nos encontramos con niños abandonados, niños que son criados en un ambiente de violencia intrafamiliar y están expuestos a una serie de vulneraciones, respecto de lo cual hay una ausencia del Estado.

Todo lo que se ha hecho hasta la fecha es insuficiente. A todos aquellos jóvenes que hoy son mayores los dejamos solos en la infancia. Muchos de ellos no fueron a establecimientos escolares y muchos tuvieron que salir a pedir el pan para alimentarse. Esa es su realidad. Hoy se transformaron en grandes delincuentes y dirigen bandas criminales. Esa es una responsabilidad de la sociedad, del Estado y también de este Parlamento, porque solamente estamos creando leyes que penalizan, criminalizan y discriminan, leyes que han segregado durante mucho tiempo.

Cuando hablamos de pobreza, lo hacemos desde la comodidad de nuestros asientos y no desde el barrio, la población, las villas, los campamentos, donde para muchas personas hoy es muy complejo solventar sus alimentos y que sus hijos vayan a la escuela, así como también es complejo que exista una familia que pueda articular y avanzar en el apoyo de sus hijos.

Muchos de esos menores son desertores de la educación, pero en las escuelas nada se dice; a los sostenedores les da exactamente lo mismo, y al Estado también. Aquí hay muchos profesores que hoy han hecho una autocrítica respecto a lo que ha ocurrido. Ellos son conocedores de esa realidad: saben que esos niños no llegaron a la escuela; saben que esos niños posteriormente se pusieron a delinquir, a robar para alimentarse y se encontraron con bandas criminales en la calle que los reclutaron y los hicieron aún mucho más duros, sin piedad, sin dolor, sin entender el dolor porque la madre o el padre los abandonó, porque guardan rabia contra un Estado que también los abandonó y que hoy no ha considerado esos derechos.

Sería muy importante que hubiera viviendas en todos aquellos campamentos donde las madres tienen que salir a trabajar, donde los niños quedan solos, donde también ha llegado la droga.

¿Qué estamos diciendo frente a eso? ¿Qué estamos diciendo cuando muchas mujeres tienen que salir a vender a la feria, pero las restringimos? Porque hace poco aprobamos una ley que no es para todos, sino que también tiene restricciones.

¿Qué estamos haciendo frente a la situación de que algunos municipios todavía no hacen llegar el agua ni la luz a aquellos campamentos? ¿Qué estamos diciendo cuando allí los niños todavía tienen que caminar casi desnudos por el barro, sin que tengamos las condiciones de salud ni tampoco el apoyo necesario para cada uno de ellos?

El hambre hace que los niños salgan a la calle. Si no somos capaces de solucionar eso, claro que se dirá: “vamos a aumentar las penas”, porque ellos son hoy día los malos, pero hemos sido incapaces de escuchar sus voces.

También es importante el llamado a los municipios y a todas las instituciones del Estado. Necesitamos más espacios de esparcimiento para los niños y más canchas para que puedan hacer deporte; necesitamos integrarlos donde muchos puedan, a través de la música, el arte y la cultura, desarrollarse; necesitamos que esos niños sigan siendo apoyados, por ejemplo, enviándolos a las escuelas de oficios, si no van a estudiar al colegio.

Por lo tanto, debiéramos pensar en esa responsabilidad social y política que nos cabe aquí en el Parlamento y no seguir criminalizando y aumentando penas.

Voy a votar en contra de este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, durante los últimos años el país ha experimentado una alza sostenida de delitos de alta connotación social cometidos por adolescentes.

Quiero dar un dato que mata el relato de muchos oficialistas que igualan la pobreza a la delincuencia. ¡Pero si una persona pobre no es delincuente, pues! Tampoco es una fábrica de delincuentes el ser pobre.

El dato es el siguiente: en 2019, el gobierno del Presidente Piñera bajó de 34.000 a 20.000 las causas de responsabilidad penal adolescente por año. ¿Qué hizo este gobierno? ¡Nada! A todos los que hablan -son sus sueños sobre lo que se debería hacer con los jóvenes, parece que este gobierno no los escucha, señores parlamentarios oficialistas, porque las causas de responsabilidad penal adolescente por año subieron de 20.194 en 2021 a 40.069 en 2024.

¿Dónde está su gobierno, al que ustedes apelan y respecto del cual dicen que venía a cambiar las cosas, pero las cambió para mal?

Les quiero hablar también a los chilenos que nos están viendo. ¿Saben cuáles son las causas de los niños de 14 y 15 años? Les dicen “niños”, pero cuando comienzan a asaltar, a hacer portonazos, secuestran, ya no se comportan como niños, sino como adultos y como adultos hay que tratarlos.

Entre los 16 y los 17 años tienen otro tipo de pena. Bueno, vamos a igualar a los de 14, 15, 16 y 17. ¿En qué casos? Por ejemplo, en los delitos de secuestro en sus hipótesis más graves, sustracción de menores, violación, violación de personas menores de 14 años, actos o conductas de connotación sexual, violación con homicidio, parricidio, homicidio simple, robo con violación, robo con violencia, incendio con resultado de muerte, incendio en lugar habitado, homicidio, castración, mutilación y cualquier otro crimen castigado con pena de presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado.

Le quiero decir al oficialismo que ha fracasado en estos cuatro años en el tema de la reinserción penal adolescente -¡fracaso!-, como siempre. Cuarenta mil causas de responsabilidad penal adolescente por año es un fracaso para este gobierno.

Los adolescentes se encuentran sometidos a un sistema de responsabilidad penal especial, que está contemplado en la ley N° 20.084, que hace imputables a aquellas personas de 14 a 17 años, en conformidad con las reglas que la ley plantea.

¿Saben qué? No es suficiente, porque las penas más graves claro que hacen disminuir los delitos, pues. En otros países incluso por droga dan cadena perpetua, dependiendo de la droga que sea, y ¿saben qué? Resulta, porque baja el consumo, pero también el tráfico.

Entonces, aquí hay un tema que está mal mirado. No podemos combatir a los delincuentes con amor, porque esos delincuentes tienen que estar en la cárcel. Lamentablemente, a los niños de 14 y 15 años que se meten en estos temas -hay algunos hechos que podrían ser constitutivos de otro tipo de delitos-, azuzados quizás por adultos, hay que condenarlos con fuerza.

Este es un proyecto extraordinariamente bueno hecho por la bancada de Renovación Nacional. Vamos a apoyarlo con fuerza, porque creo que los números lo respaldan. Cuarenta mil causas de responsabilidad penal adolescente en 2024 es excesivo, y si no se le pone coto a este tema, el problema será cada día más grande. ¿Por qué? Porque esas cuarenta mil víctimas también necesitan justicia.

Además, en este país tiene que existir el interés superior no solo de los niños, sino también de las víctimas, porque nadie piensa en ellas. Todos piensan en el pobre niño. ¿Y quién piensa en la pobre víctima a la que ese pobre niño -o supuesto pobre niño asaltó, hizo un portonazo, disparó, violó o secuestró?

Entonces, cuando un niño comete un delito de adulto, tiene que pagar como adulto, y punto. Creo que ese es el punto principal que se debe tener presente, y espero que el próximo gobierno arregle estas cosas.

Anuncio que voy a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señor Presidente, creo que se está confundiendo el sentido del debate, porque al parecer no se conoce el sentido del proyecto ley, ni siquiera su idea matriz, pues de lo que se trata es de fortalecer la respuesta sancionatoria. Responder viene del latín y significa contestar algo. ¿Responder qué, señor Presidente? Responder a un hecho puntual.

¿Cuál? El asesinato, la violación, el secuestro.

En ese sentido, lo que la sociedad nos está pidiendo es que exista un aumento en la respuesta sancionatoria, porque los jóvenes, los niños y los adolescentes de hoy no son los jóvenes, niños y adolescentes de antes, pues tienen noción y capacidad para responder.

Hay un sector ideologizado, claramente determinado en esta Sala, que se está negando a aumentar la respuesta sancionatoria a estos hechos violentísimos, y lo hace con una argumentación equivocada. ¿Por qué? Porque dice que es necesario aumentar la prevención. Por cierto que ello es necesario. ¿Hay que mejorar la educación? Por cierto que sí. ¿Hay que mejorar la rehabilitación? Por cierto que sí, pero eso no es excluyente de que, al mismo tiempo, aumentemos la respuesta sancionatoria.

A quienes vayan a votar en contra este proyecto, quiero que les quede claro que están votando en contra del sentimiento y de lo que la ciudadanía quiere con justa razón. Además, lo están haciendo con una argumentación falaz.

He dicho.

El señor AEDO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, quiero quedarme con una frase que recién expresó un colega y que me interpreta completamente: es una enorme responsabilidad legislar. Me hizo mucho sentido esa expresión. Efectivamente, estamos en el Congreso Nacional de la república, lugar donde se construyen las leyes y el porvenir de nuestro país, y donde las cosas tienen que ser analizadas con la profundidad que ameritan las grandes decisiones del Estado de Chile.

Este no es un programa de televisión; este no es un lugar para hablar sobre aquello que la gente mayoritariamente quiere escuchar. Uno a veces tiene que asumir el costo y la responsabilidad de no ser popular y hacer lo que corresponde. Digo esto, porque hay algunos que se creen que son los únicos que representan y defienden los temas de seguridad, lo que no es así. A esas personas les recuerdo que en algunos casos actúan con mano muy dura, pero en otros con mano muy blanda.

El tema de la delincuencia no es patrimonio de un sector político, sino patrimonio de todas y de todos los que estamos en este lugar. Cada cual, con distinta interpretación, está en contra de la delincuencia. Todos tenemos fórmulas distintas para resolverla.

Evidentemente, cuando constatamos que hay situaciones tan graves como las que hemos visto, también se nos aprieta el corazón y nuestra primera reacción es decir “pena de muerte” o “cadena perpetua”; pero el análisis de las cosas siempre tiene que ser muy frío, porque, como señalaba recién, es una dura responsabilidad legislar y, a veces, hay que legislar no para lo que la gente quiere escuchar.

Durante la época en que realicé mi práctica de abogado, me tocó trabajar con personas de 18 años que recién habían caído a la cárcel. No estoy hablando de personas de 16 años.

¿Saben ustedes lo que les pasa a esas personas cuando tienen 18 años y caen a la cárcel? Son violadas a diario. Esa es la verdad. Es bueno que sepan la verdad: son violadas a diario; las transforman en “mocitos”. Y se usa un lenguaje de esa naturaleza: el “perkin”, el “mocito”. Eso es lo que le ocurre a ese joven que tiene 18 años y que ya es grande. ¿Ustedes creen que esa persona se va a rehabilitar? ¿Ustedes creen que un joven de 16 años se va a rehabilitar?

Si una persona llega a la cárcel a los 16 años -quiero dramatizar el tema para que salgamos un poco de la elocuencia que de repente algunos usan la van a violar todos los días. Eso es lo que ocurre en la vida real, en la vida concreta. Esa persona va a quedar totalmente embrutecida. Y cuando salga de la cárcel va a llevar consigo un embrutecimiento criminal mucho más complejo y peligroso.

Si todos tenemos conciencia de que tenemos que hacernos cargo de la delincuencia -yo también me hago cargo-, aumentar las penas ¿es la única respuesta que podemos entregar en este tema? Si ello es así, ¡qué fácil es legislar! ¡Qué fácil, entonces, es ser abogado! ¿Dónde quedan los libros de Carrara, de Lombroso, los textos de criminología que estudiábamos?

¿Dónde queda la teoría? ¿Dónde quedan los marcos, la construcción teórica de los procesos criminológicos? ¿Dónde quedan? Supersimple: hagamos leyes simplemente aumentando penas. Que nos paguen por eso, que nos aplaudan por eso, que seamos populares por eso, que seamos reelegidos por eso. ¿Pero estamos siendo responsables? ¿De verdad estamos siendo responsables con la patria desde acá, desde el Congreso Nacional de la República de Chile? Creo que no.

Tenemos que mirar las cosas en una dimensión más profunda. Los temas complejos no tienen soluciones fáciles; siempre tendrán soluciones difíciles. Tenemos que hacernos cargo de la estructura institucional, de las oportunidades, de la reinserción, de su aplicación como corresponde, de la ley de responsabilidad juvenil. Tenemos que hacer mucho más. Efectivamente, estamos al debe, pero lo único que pido a este Congreso Nacional de la república es que hagamos las cosas con la prudencia y con la sabiduría que el Estado y la nación de Chile nos demandan.

He dicho.

El señor AEDO (Presidente).-

Colegas, deseo recoger una sugerencia que me ha planteado el diputado Raúl Soto , la cual considero muy valiosa: dado que hay niños presentes en las tribunas, seamos cuidadosos en nuestras intervenciones, especialmente en relación con algunos términos que se han utilizado.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, se considera como una necesidad urgente que nuestro sistema penal cuente con las herramientas punitivas para neutralizar a los delincuentes menores de edad que cometen graves crímenes, cuyos niveles de violencia han ido en aumento durante los últimos años. Una respuesta penal efectiva de parte del Estado es justamente lo que propone este proyecto.

El discurso de la izquierda no cambia en cuanto a priorizar la reinserción y prevención por sobre el enfoque punitivo y reactivo de nuestras normas. En atención a las actuales cifras y al nivel de delitos que tenemos en estos momentos, ¿es posible mantener esa posición? Claramente, no. Un ejemplo de esto es que, al inicio del gobierno, quienes ahora están en La Moneda proponían reformas estructurales a nuestro sistema penal y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y abordaban los problemas de seguridad romantizando su discurso con expresiones como diálogo, perspectiva de género y otros baluartes propios de su sector.

Esa actitud no les duró mucho: a partir de una delincuencia desatada y grupos de crimen organizado instalados y enraizados en nuestro país, tuvieron que cambiar su posición hacia un modelo más punitivo y reactivo frente a las nuevas manifestaciones del delito, presentando un fast track legislativo con ese enfoque. Aquí sumamos otro proyecto que va en esa línea y que viene a mitigar lo dañino que son para nuestra población la delincuencia y la reincidencia juvenil, aportando herramientas que afrontan directamente el problema y atacando las amenazas criminales con inmediatez.

Por supuesto, debemos avanzar en materia de prevención y reinserción social, pero eso es harina de otro costal y ya tendrá su oportunidad de discusión en este Congreso. No podemos negarle a la ciudadanía un proyecto que cumple con el objetivo principal, que es bajar los niveles de delincuencia y, con esto, dar seguridad y una mejor calidad de vida a todos los chilenos.

Voy a votar a favor, porque nuestros vecinos y vecinas no pueden seguir encerrados en sus casas con temor y miedo, mientras los delincuentes se pasean por las calles. Eso no puede seguir sucediendo. No hay comuna de la Región de Los Ríos donde el primer tema que me señalan no sean la inseguridad y el narcotráfico, que, lamentablemente, han permeado en nuestra sociedad.

Muchos padres y madres me han contado cómo afuera de los establecimientos educacionales hay jóvenes vendiendo drogas a vista y paciencia de todos, y que, por la agresividad de esos jóvenes, no se arriesgan a detenerlos o denunciarlos, porque reciben fuertes amenazas.

¡Basta, señor Presidente!

Por todo lo expuesto, esto hay que pararlo ahora, porque mañana puede ser muy tarde para nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Coca Ericka Ñanco .

La señorita ÑANCO (doña Coca Ericka) .-

Señor Presidente, tan solo 8 años tenía Luis Marileo Cariqueo cuando su hogar fue violentamente allanado por Carabineros. Esto sucedió en la comunidad José Guiñón , localidad de Pidima, comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

En esa ocasión, Luis terminó con un corte en la cabeza producto del golpe de un oficial. Años más tarde, siendo aún un menor de edad, fue detenido por oficiales de la PDI, acusado bajo ley antiterrorista y luego enviado al Centro de Justicia Juvenil de Cholchol, donde cumplió condena sin ser condenado. Años más tarde se demostró que Luis fue víctima de un montaje. El 10 de junio de 2017, un día antes de cumplir 25 años, Luis fue asesinado por un excarabinero.

Esta es una de las tantas realidades de exclusión y de violencia que viven los adolescentes en La Araucanía. Desde esta experiencia, rechazo este proyecto de ley que busca endurecer las penas para los jóvenes infractores de ley. Este proyecto parte de una premisa equivocada, cual es que aumentar las penas reducirá la delincuencia infantil, mientras que la evidencia internacional nos demuestra totalmente lo contrario. Como señaló la subsecretaria de la Niñez, aumentar las penas no tiene un efecto disuasivo real en los adolescentes, debido a su desarrollo neurológico y emocional. Países como El Salvador, que implementaron políticas punitivas similares a aquellas a las que algunos diputados aquí hacen tanta alusión, solo vieron aumentar la violencia, sin reducir sus delitos. En contraste, países como Noruega presentan tasas de reincidencia del 18 o 20 por ciento, mientras que en Estados Unidos alcanza hasta el 70 por ciento.

La reinserción social no es una utopía, sino que es una obligación del Estado y una necesidad urgente para nuestra sociedad. Cuando privamos a un adolescente de 15 años de edad de su libertad por diez años, no estamos haciendo justicia, sino que estamos creando a un futuro delincuente que, incluso, puede ser más peligroso. La adolescencia es el período crítico donde se define la identidad y se aprenden las habilidades para la vida en sociedad.

Hace pocas semanas, en Temuco, pude participar en una ceremonia de término del programa del Fosis, de un convenio con Gendarmería, y ver ejemplos notables de superación de jóvenes que habían estado privados de libertad y que mostraron en ese lugar, con alegría y con satisfacción, emprendimientos que hablan perfectamente por sí solos. Sus testimonios son la prueba viviente de que sí es posible la transformación cuando se invierte en las personas y no solo cuando se castigan, cuando los recursos van destinados de manera eficiente.

En nuestra región conocemos bien esta realidad. Los adolescentes que llegan al sistema penal son niños y niñas que han crecido en contextos de pobreza, de abandono y de exclusión. Ellos son víctimas antes de ser victimarios, pero hay un Estado que los persigue. En nuestra región, donde la discriminación golpea especialmente a la juventud mapuche, como en el caso de Luis Marileo, endurecer las penas es profundizar este tipo de injusticias.

La ley N° 21.527 creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que apenas está implementándose. Este nuevo modelo ya muestra resultados prometedores y reduce los ingresos de adolescentes a centros privativos de libertad. Es irresponsable modificar un sistema que apenas se está echando a andar.

Este proyecto contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley de garantías de la niñez. Además, nos retrotrae a una situación anterior a 1953, cuando los menores eran juzgados bajo procedimientos de discernimiento que no reconocían adecuadamente su condición especial. Esto es un retroceso civilizatorio.

Si realmente queremos reducir la delincuencia juvenil, debemos fortalecer la prevención, invertir en educación de calidad, crear oportunidades laborales para jóvenes y combatir la pobreza. Las víctimas merecen justicia, pero también merecen que evitemos nuevas víctimas, pese a que diputados en esta Sala se han mofado de este tipo de medidas.

La verdad es que hay que construir un país que crea en la posibilidad de cambio y que entienda que la justicia real se construye con inclusión y no con exclusión. Justamente, hoy tenemos la posibilidad de escoger un camino real que funcione.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, durante la discusión de este proyecto se ha recurrido muchas veces a la palabra “responsabilidad”. La verdad es que a muchos les queda muy grande esa palabra, porque no es muy responsable decir en esta Sala, frente al propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, como lo hizo el diputado Nelson Venegas -lamento que no esté presente-, que bajo el cuidado del Estado, bajo el cuidado de Gendarmería, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se comete el delito de violación -cito textual “todos los días”. Él dijo: “todos los días”.

Entonces, me pregunto si el diputado Venegas tendrá antecedentes para entregarle al ministro de Justicia, para que pueda desarrollar las investigaciones correspondientes, o si el ministro de Justicia nos podrá aclarar si se están realizando dichas investigaciones y cuál es la estadística de delitos cometidos dentro de las cárceles en contra de los propios internos. Porque una cosa distinta es lo que todos sabemos, cual es que se cometen delitos desde las cárceles y que este mismo Congreso ha intentado legislar para avanzar en evitar que ese tipo de delitos, como las estafas, se cometan desde dentro de las cárceles.

Por lo tanto, creo que esa es una de las frases más desafortunadas y más irresponsables que he escuchado en el último tiempo en este hemiciclo. Esa es una cosa.

En segundo lugar, creo que es razonable buscar que en esta discusión se sopesen los derechos del niño. Creo que eso es fundamental, pero lo que no puede ocurrir es que se plantee el equilibrio que tiene que haber con los derechos del niño versus los derechos de las víctimas. Ni unos ni otros debiesen estar aquí anulados. Por supuesto que hay que pensar en los derechos del niño, pero ¿en qué momento de la discusión vamos a plantear los derechos de las víctimas? ¿En qué momento de la discusión vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se utiliza a menores de edad para la comisión de delitos por parte de adultos inescrupulosos?

¿En qué momento vamos a hablar del grado y del nivel de violencia al que han llegado algunos de estos delitos? ¿En qué momento?

Nuevamente lo digo: la palabra responsabilidad a algunos les está quedando demasiado grande.

En tercer lugar, creo que es importante traer a colación en este debate algo que también se ha dicho y que algunos han criticado. Quiero ser completamente claro en esto: equiparar o utilizar la pobreza que viven muchas familias en Chile para justificar la delincuencia me parece un verdadero insulto para, por ejemplo, nuestros padres, a quienes hemos visto sacarse la cresta para educarnos, y nunca jamás cometer un delito, o para cientos de familias a quienes hemos visto que hoy lo pasan mal, pero cuya solución es trabajar.

Desafortunadamente, tenemos un gobierno que, lejos de generar empleos, los ha dinamitado.

Entonces, digamos las cosas como son: el delincuente es delincuente, tenga plata o no, viva en una comuna o en otra; no tiene nada que ver una cosa con la otra, y venir acá a equiparar me parece un verdadero insulto.

Espero que, al momento de votar, todos quienes se han llenado la boca con la palabra responsabilidad voten de una vez por todas con responsabilidad, porque, claramente, a algunos les queda demasiado grande la palabra responsabilidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.-

Señor Presidente, honorable Cámara, hoy quiero defender con convicción el proyecto de ley que pone mano dura al aumento de la violencia, que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos más graves cometidos por adolescentes.

No estamos hablando de faltas menores, sino de homicidios, violaciones, secuestros, crímenes con uso de armas de fuego, delitos que han aumentado drásticamente, y que hoy tienen a miles de familias chilenas viviendo con miedo.

El ministro dice lo contrario, pero le voy a señalar, con datos del mismo gobierno, que, si uno va a la página web del CEAD, que es el Centro de Estudios y Análisis del Delito del propio gobierno, y busca delitos contra la vida o la integridad de las personas, robos violentos, delitos asociados a drogas, que son delitos más graves, le tengo una sorpresa, señor ministro: contrariamente a lo que usted señala, dice allí que la cantidad de victimarios de entre 14 y 17 años ha aumentado en cerca de un 20 por ciento entre los años 2019 y 2024. Son los delitos que el mismo gobierno ha puesto en la plataforma.

Esa es la realidad, eso es lo que viven los chilenos día a día ante la indolencia del gobierno, que, lamentablemente, no ve lo que está pasando en las calles.

Primero, los datos son alarmantes: más del 40 por ciento de los detenidos por encerronas son menores de edad, los delitos sexuales casi se duplicaron en un año y el homicidio juvenil aumentó en más de un 60 por ciento. Frente a eso, no podemos seguir como si nada hubiese pasado.

Segundo, el proyecto no criminaliza a la juventud, sino que establece sanciones más firmes, y solo para adolescentes mayores de 14 años que cometan delitos de extrema gravedad, siempre bajo un régimen especial y diferenciado del sistema penal adulto.

Tercero -y aquí quiero ser claro-, el Estado ha fracasado en la reinserción juvenil real. Los programas son inestables, mal financiados, sin evaluaciones ni seguimiento efectivo, hay falta de profesionales, de coordinación, y de herramientas para abordar el abandono escolar, la salud mental, la dependencia severa de drogas y la violencia estructural.

Este proyecto no se opone a la reinserción; la exige y, mientras no contemos con un sistema integral, como el que propone la futura ley de responsabilidad penal juvenil, basada en la inclusión y en derechos, no podemos dejar sin respuesta los delitos más atroces, porque eso sería una irresponsabilidad institucional y política con todas las familias chilenas que han sufrido y que son víctimas de la delincuencia.

Por último, también hay que tener responsabilidad, porque la responsabilidad, la justicia y la reinserción no son excluyentes. Este proyecto no le cierra la puerta a nadie, pero envía una señal clara: que en Chile, incluso siendo adolescente, ciertos límites no se pueden cruzar sin consecuencias, porque, cuando el Estado falla en proteger, también falla en reinsertar, y no estoy disponible para seguir fallando.

Por eso, voy a votar a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Danisa Astudillo .

La señora ASTUDILLO (doña Danisa).-

Señor Presidente, colegas, y sobre todo quienes nos escuchan desde sus casas con rabia, con miedo o con esperanza, nadie acá desconoce la realidad; hay adolescentes que han cometido delitos graves, hechos que conmocionan a la sociedad y que deben ser enfrentados con decisión.

Sin embargo, si de verdad queremos evitar que eso se repita, debemos ir más allá del castigo; debemos entender cómo se llega a ese punto, y no para justificar, sino para intervenir antes, porque el crimen juvenil no es un fenómeno espontáneo, sino que muchas veces nace del abandono, de la violencia y de la falta de oportunidades; nace cuando el Estado se retira, cuando un niño crece sin escuelas dignas, sin espacios seguros para jugar, sin atención, cuando sufre abusos, cuando a los 12 años ya está en la esquina viendo cómo la banda del barrio es la única salida que le parece posible, cuando lo único que se le ofrece es represión, pero no una alternativa de vida.

Si esa cadena de omisiones no se corta a tiempo, el resultado será el mismo que hoy intentamos frenar con leyes urgentes, cuando lo que realmente se necesita es un Estado presente, temprano y comprometido.

Nos dicen que esos adolescentes deben ser tratados como adultos porque “saben lo que hacen”, pero esa es una simplificación peligrosa. Un adolescente no es un adulto en cuerpo chico, su cerebro está en plena formación, su juicio moral no es el mismo, su control de impulsos tampoco, y eso no lo digo yo; lo dice la ciencia.

Por eso, en todo el mundo civilizado existe el derecho penal adolescente, porque tratar igual lo que no es igual no es justicia, es populismo punitivo.

También nos repiten que más penas significan menos delitos, pero los datos dicen otra cosa. En Noruega, en Alemania o en Finlandia los jóvenes que delinquen van a centros cerrados, sí, pero reciben apoyo terapéutico, educación, tratamiento real. ¿Resultado? Menos del 20 por ciento reincide, mientras en Chile hay centros sin recursos, sin equipos, sin seguimiento, y los conozco, porque los he visitado, y sé más del 50 por ciento reincide.

Encerrar sin transformar es apagar el fuego con bencina, y eso no solo no funciona, sino que puede empeorar el problema. Cuando endurecemos la ley sin inteligencia, las bandas criminales no desaparecen; se adaptan. Si hoy castigamos con más fuerza a un joven de 16 años de edad, mañana reclutarán a uno de 13. De esa forma, el delito se vuelve más precoz, más cruel y más invisible.

Este proyecto, en lugar de debilitar al crimen organizado, puede terminar fortaleciéndolo. Además, por si fuera poco, se instala una amenaza implícita: si la Cámara rechaza esta iniciativa, seremos responsables del próximo crimen. Eso es manipulación y una irresponsabilidad política. Porque, ¿dónde estaban quienes hoy claman por castigo cuando ese joven vivía en la calle, sin colegio, sin tratamiento y sin redes de apoyo? Si algo falló, no fue la ley, fue el Estado; pero cuando el Estado falla, no puede reaccionar con más castigo, porque eso no es justicia; es revancha institucionalizada.

Sabemos que algunos dirán, como ya lo han dicho, que la izquierda romantiza la violencia y que estamos del lado de los victimarios. No, yo no estoy del lado del delito; estoy del lado de la justicia que funciona, pero para que funcione tiene que ser justa, proporcional y efectiva. No se trata de justificar; se trata de prevenir y de salvar a quienes aún pueden ser salvados. Porque hay una diferencia entre castigar y abandonar, y nosotros no vamos a abandonar a toda una generación por miedo o por cálculo electoral.

Este proyecto no distingue, no evalúa ni ofrece una salida; legisla desde el peor caso y termina condenando también a quienes sí pueden cambiar. Sí creo que muchos jóvenes pueden cambiar, pero no lo harán solos; hay que intervenir, educar y ofrecerles otra historia.

Colegas, una sociedad más segura no se construye solo con barrotes; se construye con prevención, con intervención temprana y con oportunidades reales, porque el delito de un adolescente no empieza con la pistola, sino mucho antes, cuando el Estado se retira. Si no hacemos algo distinto, seguiremos llegando tarde. No quiero una sociedad que castigue para siempre a quien el Estado abandonó. Quiero una sociedad…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, cabe recordar que el título de esta iniciativa es “proyecto de ley que modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.”.

La verdad es que aquí la música celestial abunda y la retórica se escucha por todas partes. Parece que algunos creen que los adolescentes pueden reconvertirse con flores de Bach o reiki; pero seamos serios. Este proyecto de ley busca formular una respuesta penal contundente frente a menores infractores de ley que cometan delitos de especial gravedad, como el homicidio, el secuestro y la tortura. No estamos hablando de personas que cometen homicidios con pistolas de agua o de fogueo, sino con un revólver.

Así como el diputado Venegas compartió una experiencia de cuando hizo su práctica profesional, quiero señalar que a mí también me tocó hacer la práctica. Recuerdo el caso de un joven “inocente” de diecisiete años de edad. Al entrevistarlo, me contó que mientras caminaba con su polola por la subida Ecuador , en Valparaíso, otro joven, de quince años de edad, tuvo la mala suerte de mirar “feo” a su polola, por lo que sacó un cuchillo y lo mató. Y me dijo: “¿Sabe qué? Si tuviera la posibilidad, lo mataría diez veces más”.

Ese joven “inocente” salió libre y volvió a matar otras diez veces. ¿Esto es lo que queremos frente a delitos graves? Parece que hay una parte de la izquierda que todavía confía en que la música, los consejos y las clases de teoría son la solución en este país, pero no es así.

Este proyecto de ley se refiere a aquellos delitos sancionados con penas de presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado, como violación, violación con homicidio, secuestro con homicidio y homicidio de policías o de gendarmes en ejercicio de sus funciones, entre otros. ¡Qué más quieren! Esta respuesta agravada tiene lugar particularmente respecto de adolescentes mayores de dieciséis años de edad y considera no solo la gravedad de los delitos, sino también la reincidencia en conductas de similar gravedad.

Terminaré mi intervención para que podamos votar de una vez por todas y no seguir alargando esta discusión. Todo Chile está esperando que el Congreso se pronuncie, para saber qué parlamentarios están a favor de dar una respuesta clara frente a la necesidad de aplicar una sanción penal contundente contra aquellos adolescentes que no tienen ningún empacho en asesinar, violar y torturar. En lo personal, no tengo dudas: esos adolescentes deben cumplir una pena efectiva. Las flores de Bach, el reiki, la música o la poesía no son la solución. La solución es la responsabilidad penal efectiva.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señora VELOSO (doña Consuelo).-

Señor Presidente, hace muy poco tiempo, como fue de público conocimiento, sufrí un accidente, pero, a propósito de circunstancias posteriores, la prensa y muchas personas invisibilizaron total y absolutamente lo primero: me sacaron la cresta, me botaron al piso y me pusieron un corta cartón en el pecho; pero parece que a nadie le importó. Después de que me pasó eso -por cierto, agradecí la cordialidad del 97 por ciento del Congreso, que sí se portó a la altura y tuvo palabras de consideración y una vez que terminó el proceso, cuando no podía dormir en las noches y solo lograba hacerlo con la luz prendida, les prometo que me cuestioné todo el sistema penal, la justicia y mis ideas sobre las víctimas de la delincuencia.

Sin embargo, me cuesta entender hoy, incluso con esa conciencia -estoy dispuesta a discutir muchas otras cosas, porque entiendo la sensación de las víctimas y de quienes tienen esa visión más arraigada-, que este tema se aborde con tanta vehemencia y desconsideración. Incluso, la edad puede ser discutible, pero no el discurso que se levanta desde la sociedad, que posiciona a los niños como si fueran verdaderos adultos con criterio plenamente formado, cuando ni siquiera nosotros, a pesar de nuestra edad, tenemos muy buen criterio. Estoy segura de que la ciudadanía estará de acuerdo con esto. Entonces, ¿cómo pretendemos que adolescentes, que aún están en desarrollo, sean estigmatizados, especialmente cuando son pobres? Digámoslo con todas sus letras: al menos el 20 por ciento de quienes hoy están en la cárcel pasaron por centros de cuidado del Estado.

¿El Estado está al debe? Claro que sí; nosotros también estamos al debe. Pero partamos por ser conscientes. Se considera que a los dieciséis años de edad un niño está lo suficientemente desarrollado. Quizás sea así si se trata de un niño parecido a muchos de quienes han hablado en este hemiciclo, con algún apellido rimbombante o aristocrático, que a los diecisiete años de edad ya ha tenido acceso a todo lo que necesitaba para adquirir un criterio medianamente cuerdo; y aun en esos casos eso no pasa. Por tanto, ¿qué podemos pedir a los niños y adolescentes que, después de todo, no son más que el fruto de sus circunstancias? ¡Y pucha que son injustas las circunstancias en Chile! Claro que hay cabros y adolescentes que cometen delitos graves; estamos superconscientes de que eso también hay que discutirlo; pero, mientras tanto, no me parece que avancemos en esta cosa estigmatizante -reitero de los pobres.

Además, convengamos en que en esta Sala no hay ninguna persona -o hay muy pocas que haya pasado hambre. Por lo tanto, no entenderán la desesperación que siente una vecina de una población cuando la única forma que tienen los cabros de conseguir lucas es cometiendo un delito asqueroso y repudiable.

Por eso, discutamos en serio qué vamos a hacer con esos jóvenes, porque esto es el comienzo. Ahora se baja la edad, pero después se va a seguir bajando y se va a seguir bajando.

Por cierto, la solución va a tomar mucho tiempo; pero nosotros, como adultos responsables que estamos en este espacio, no podemos ignorar el dolor de esa señora, de esa madre que todavía tiene fe en que su hijo puede mejorar. Algunos dicen que, quizás, tienen que aprender la lección si van a la cárcel, pero seamos francos y no olvidemos que la cárcel o los mismos centros de cuidado todavía no son lugares donde algún cristiano, sanamente, puede vivir, ni siquiera sobrevivir. Es importante tener en cuenta esa situación, porque es básica en esta discusión.

Yo entiendo que es necesario, por ejemplo, apartar de forma constructiva y sana a un adolescente que, efectivamente, representa un peligro para la sociedad; pero esto va en escalada. Si después queremos que los jóvenes vayan a las cárceles, ¿ustedes creen que van a salir rehabilitados de ese lugar? ¿Ustedes creen que van a tener alguna oportunidad en la vida? Yo me pregunto, ¿qué oportunidad tiene un joven en edad de desarrollo para poder salir adelante? ¿Por qué asumimos que son personas que van directamente al fracaso y que se van a perder? Nosotros dejamos que se pierdan. Eso es triste.

Aquí, seguramente, muchos y muchas tienen hijos, hijas, sobrinos, incluso nietos. Nosotros sabemos muy bien que hasta cierta edad los niños no tienen el criterio formado; incluso, en muchas ocasiones, ni siquiera los adultos lo tienen.

Soy una convencida -lo digo desde la fraternidad y el cariño; lo digo realmente desde esa empatía que, estoy segura, ustedes, en algún grado, también tienen con los jóvenes de que les debemos dar una oportunidad para salir adelante. Los niños están en formación; muchas veces, el Estado les ha fallado. No los abandonemos. No podemos decir que los niños están primero, o que los niños y las niñas no se tocan si somos los primeros en empujarlos a la perdición cuando cometen un error o un delito.

Reitero: hay mucho que hacer con la justicia de este país. Como mencionaba, en muchas ocasiones gente que es víctima de delitos termina convirtiéndose en victimaria cuando solo ha tenido que defenderse, cuidar sus cosas o defender a su familia.

Yo estoy muy de acuerdo con que discutamos todas esas cosas, pero con los niños no. Los niños son el futuro. Nosotros nos vamos y vienen ellos. ¿Quiénes vienen? Esa es nuestra responsabilidad. Es momento de hacer algo al respecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, la izquierda ha salido a hablar en contra de este proyecto de ley. Pero yo les quiero decir en qué consiste este proyecto de ley.

Esta iniciativa aumenta las penas para las personas que tienen dieciséis y diecisiete años de edad y que han cometido los siguientes delitos -escuchen los delitos en los cuales estamos aumentando las penas-: secuestro, sustracción de menores, violación, abuso sexual, violación con homicidio, parricidio, homicidio, robo con violencia e intimidación, incendio, delitos contra la ley de armas, explosión y homicidio o maltrato a carabineros, a funcionarios de la PDI y a gendarmes. De eso estamos hablando.

Los discursos que escucho por parte de la izquierda en cuanto a la inocencia de los niños olvidan el drama de las familias que hoy tienen temor de que sus integrantes sean asesinados por menores de edad. Porque aquí no hablamos de un delito menor; hablamos de esta entidad de delitos, de los delitos más graves que tiene nuestro ordenamiento. Y es aquí donde tenemos la obligación de endurecer la mano. No es posible que sigamos hablando de que hay un grupo de pobres niños inocentes que, fruto de las circunstancias, salen a cometer delitos.

Me indigna que, desde la izquierda, pretendan igualar pobreza con delincuencia. Dicen que son sus circunstancias; no obstante, el 99 por ciento de las personas pobres en Chile es honesto. ¿Por qué tienen que aguantar y tolerar que vengan a decir que porque son pobres son delincuentes? Eso es inaceptable.

Llegó el momento de endurecer la mano y de dejar de decir que porque son pobres cometen delitos y que porque no tienen un apellido llegan a estas circunstancias. Eso es mentira.

Creo que es el momento de endurecer la mano, de endurecer las penas, y eso es lo que vamos a hacer hoy, pues entendemos que la gente tiene el derecho humano de vivir en paz; la gente tiene el derecho humano de salir a la calle, de que sus hijos salgan y sepan que van a regresar, y no lo que ocurre hoy, que cada vez que un menor es detenido, todo Chile sabe que saldrá en libertad.

Por eso, vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, ministro.

Tiene la palabra el diputado Mauro González .

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, un adolescente quedó libre tras apuñalar a un cliente en un mall de Puerto Montt. Este hecho ocurrió en abril de este año, y no fue un caso aislado. El imputado ya registraba antecedentes por abuso sexual y daños y por lesiones a un carabinero en servicio. Contaba, además, con más de quince detenciones previas por ilícitos tales como microtráfico, amenazas y robos.

Este tipo de situaciones refuerza la urgencia de avanzar en la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente, especialmente frente a conductas de especial gravedad, como homicidios, violaciones o el uso de armas de fuego.

La propuesta busca fortalecer el sistema sin perder de vista los principios fundamentales de la justicia juvenil, como la equidad, la responsabilidad y la reinserción social.

Sin lugar a dudas, vivimos tiempos complejos donde los delitos graves cometidos por menores no pueden quedar sin respuesta. El Estado debe actuar con firmeza y con justicia, protegiendo a las víctimas y entregando herramientas reales de rehabilitación a los jóvenes infractores.

Presidente, esta es una reforma para avanzar en seguridad; también para avanzar en justicia y responsabilidad con sentido social, prevenir la reincidencia y fomentar la inclusión.

Por eso, apelamos al compromiso de todos, porque necesitamos medidas como esta para recuperar nuestro país de la ola de delincuencia que estamos enfrentando.

Por eso, votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este es un tema que no es simple, sino muy complejo. Es necesario tener presente la evidencia comparada. El sistema de reinserción adolescente se está implementando recién; eso es una realidad. Sin embargo, este proyecto de ley no toca esos aspectos.

A nosotros nos gustaría que el Estado avanzara en reinsertar a esos jóvenes que, lamentablemente, por distintos factores han caído en una carrera delictual compleja. Sin embargo -ahí yo tengo un óbice-, la ley de responsabilidad penal adolescente, que establece principios generales, entre los cuales la libertad y la reinserción del menor son fundamentales y propios de este cuerpo legal, hace una distinción entre los menores de catorce a dieciséis años y de dieciséis a dieciocho años.

Pues bien, un joven de quince años del 2005, es decir, de hace veinte años, es muy distinto a un joven del 2025 en materias migratorias, evolución delictual, entre otros aspectos.

Además, este proyecto de ley establece normas excepcionalísimas respecto de internación de jóvenes de dieciséis a dieciocho años, que tiene un tope, un límite de diez años, y podemos discutirlo. Es importante discutir, por ejemplo, que un menor de diecisiete años y once meses que comete un delito violento y es condenado se mantiene hasta los veintitantos años en un centro distinto. Ese tema hay que analizarlo. Pero me parece bien que, en caso de delitos oprobiosos y gravísimos, como violación, sustracción de menores, homicidio, un menor tenga efectivamente una sanción o una forma de reinserción mayor a la que se establece, no mayor a la de dieciocho años.

Por eso, esta iniciativa determina que, en ciertos delitos específicos, que son los más complejos, un menor de dieciséis años va a tener el límite de diez años para reinsertarse. Esto tiene que discutirse, analizarse, porque es un tema muy complejo y que atañe a nuestra sociedad. Si uno va a la evidencia comparada en materia de reinserción, se dará cuenta de que, es cierto, todavía no se avanza, pero vemos cómo cada vez más jóvenes están delinquiendo y se sienta un manto de impunidad mayor respecto del crimen organizado y las bandas que toman a menores de edad para cometer delitos tan graves como los que establece este catálogo.

Por último, siento que bien merece la pena analizar este tema. Sé que es un asunto complejo, pero los índices de violencia y participación delictual de menores en delitos muy graves ameritan una respuesta mucho más firme por parte del Estado.

He dicho.

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, me gustaría que el Secretario de la Corporación certificara en este acto si el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se retiró después de la votación, hizo o no reserva de constitucionalidad respecto del proyecto recién aprobado.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

A continuación, corresponde tratar el segundo informe reglamentario del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materia de control del consumo de drogas por parte de las autoridades y funcionarios que indica, correspondiente a los boletines refundidos Nos 16489-06 y 16539-06.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Fernando Bórquez .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 27ª de la presente legislatura, en lunes 19 de mayo de 2025. Documentos de la Cuenta N° 11.

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 18ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de abril de 2025, ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BÓRQUEZ (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a referirme al proyecto individualizado en el epígrafe, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas de la diputada señora Paula Labra (boletín N° 16489-06), y de las diputadas señoras Yovana Ahumada y Pamela Jiles (boletín N° 16539-06).

La idea matriz del proyecto, como se recordará, es incluir al Presidente de la República y a los parlamentarios dentro de las autoridades que deben estar sujetas al control de consumo de drogas, junto con establecer para las autoridades que se indican (ministros, subsecretarios, alcaldes, concejales, etcétera) la obligación de acompañar un examen médico, a base de una muestra de cabello realizado en un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud y que cumpla con los estándares internacionales, a lo menos una vez al año durante el ejercicio del cargo.

El proyecto de ley contiene normas orgánicas constitucionales, que se detallan en el informe respectivo.

Antecedentes

En el primer informe reglamentario, la comisión aprobó modificar la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, estableciendo en un nuevo artículo 67 bis que los candidatos a Presidente de la República, parlamentario, gobernador regional, alcalde, etcétera, tienen que demostrar su no dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, debiendo presentar al Servel una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a esta causal de inhabilidad, y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse a base de una muestra de cabello en un laboratorio que cuente con la debida autorización.

Asimismo, se modificaron otros cuerpos legales, como la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, estableciendo la obligación para las autoridades electas y de otras designadas (como ministros y subsecretarios) de realizarse al menos una vez al año el examen de muestra de cabello durante el ejercicio del cargo correspondiente.

En este segundo trámite reglamentario se presentaron varias indicaciones, todas ellas con idéntico alcance, a saber: que tanto las autoridades electas, tales como el Presidente de la República, parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes, etcétera, como las de exclusiva confianza, tales como ministros, subsecretarios, entre otras, deben realizarse el examen de muestra de cabello cuatro veces al año en vez de una, como lo señala el primer informe, no pudiendo existir una diferencia mayor de noventa días entre ellos.

La comisión rechazó, al no reunirse el quorum requerido, las indicaciones presentadas para ser discutidas y votadas en el presente trámite.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley en referencia sin modificaciones.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, en 1970, Nixon declaró la guerra contra las drogas y más de cincuenta años después el crimen organizado resulta ser más poderoso que nunca.

La ONU ha reconocido este fracaso y llama a abandonar el enfoque punitivo, proponiendo estrategias basadas en educación, reducción de daños y derechos humanos. En este marco, los test de drogas surgen como una herramienta de persecución y estigmatización. No niego su aplicación en ciertos casos, cuando haya sospecha de consumo que afecte funciones críticas, pero no puede ser un mecanismo indiscriminado, menos con muestras de pelo que detectan consumos de hasta hace un año.

No hay evidencia de que estos test mejoren el desempeño laboral ni combatan el narcotráfico.

El verdadero foco debe estar en seguir el dinero, no en perseguir usuarios, y es aquí donde recuerdo que fue la derecha la que rechazó la apertura de cuentas bancarias para todos los diputados, limitándolas solo a quienes den positivo.

El objetivo último de las organizaciones criminales que tienen como eje el tráfico de drogas es el dinero, mediante el lavado de activos.

No tengo ningún reparo en abrir mis cuentas y despejar las dudas, pues me resulta claro que se debe seguir la ruta del dinero y no perseguir a los usuarios, incluidas las autoridades.

Resulta urgente avanzar en un consenso regulatorio que permita cesar con el estigma que amenaza a un tercio de la población chilena por un acto que la propia ley de drogas vigente, la ley Nº 20.000, considera lícito cuando se realiza en determinadas circunstancias.

En los últimos 13 años de mi vida me he abocado a intentar transformar la política de drogas y a educar a la comunidad desde una mirada amplia y responsable, incorporando la reducción del daño desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos y de la salud pública.

Estos test han demostrado ser una herramienta política para estigmatizar, inhabilitar y desacreditar adversarios, ya que se han usado para hacer ataques personales, afectando la honra y la dignidad de más de un miembro de esta Cámara, dando pie a escarnios públicos y acoso en redes sociales.

Solidarizo con todos quienes, en el ejercicio de un derecho, en el marco de un acto lícito, sin haber afectado nunca a nadie, mucho menos a la salud pública, han sido allanados, detenidos, humillados, formalizados, encarcelados y a veces condenados, lo que ha resultado en vidas quebradas, familias afectadas por inacción del Estado, que aún no ha sido capaz de actualizar su política de drogas y que no ha sido eficaz en seguir las recomendaciones de organismos internacionales.

He visto muchos casos de personas que han perdido sus trabajos, han sido excluidos de procesos de selección, por dar positivo en pruebas de drogas, a pesar de ser usuarios responsables o estar en tratamiento médico.

He ayudado a recuperar sus derechos por la vía judicial, pues un resultado positivo en cannabis no implica necesariamente estar bajo su influencia.

Si hay un punto que me parecía correctamente enfocado en el Reglamento actual que nos rige es la política de prevención y rehabilitación con el Senda, pero nada de eso ha ocurrido.

Mis convicciones no me permiten ser cómplice de este nuevo proyecto, por lo que con responsabilidad y en conciencia votaré en contra.

¿Cuántos de los aquí presentes pueden decir que todos los días respetan sus convicciones?

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, recién la diputada Gazmuri habló de las drogas, como lo ha hecho a lo largo de gran parte de su trayectoria pública.

Ella habla del pitito de marihuana recreacional, y lo pone como el maná del cielo. Es muy fácil hablar así, pero olvida que eso se convierte en la desgracia y el fin de la vida de muchos jóvenes pobres, pues les destruye el futuro o se convierte en balas. Ese es el futuro de las drogas. Ese pitito de marihuana recreacional se lo pueden dar solo los ricos, como la diputada Gazmuri .

Por otra parte, le quiero cobrar la palabra a la diputada Gazmuri -por su intermedio, Presidente-, a propósito de la apertura de las cuentas bancarias, para que lo realice en el proceso judicial que tiene abierto a propósito de temas relacionados con drogas.

Aquí hay que ser muy claro. El daño que le han hecho, entre otros, la misma diputada Gazmuri -me atrevo a decírselo directamente, aunque ahora, lamentablemente, no se encuentra en la Sala a miles de jóvenes al disminuir la percepción de riesgo en relación con el consumo de drogas es inmenso.

Hoy, los jóvenes consumen de forma más temprana distintos tipos de drogas porque ha bajado la percepción de riesgo y eso tiene consecuencias graves.

Si los niñitos pijes del Frente Amplio caen en la adicción a las drogas, van a tener la posibilidad de ir a una clínica privada para poder tratar su adicción. Sin embargo, los niños pobres no van a poder hacer lo mismo y van a terminar, probablemente, tirados en la calle. Esa es la diferencia.

Entonces, aquí hay que ser muy serios si hablamos de drogas, y el hecho de que las autoridades sean sometidas a test de drogas es lo mínimo. ¿De dónde van a sacar una línea de cocaína si no es comprándole a un narcotraficante?

No van a tener toda la planta de producción que se requiere en su casa. No. Claramente, van y le compran a un narco, y así también sucede con otras drogas.

Por lo tanto, esta iniciativa busca evitar que haya una dependencia de una autoridad, de un funcionario, frente a un narcotraficante.

Este proyecto debiera ser aprobado por unanimidad, y si no es aprobado por unanimidad, sería realmente alarmante.

Espero que la próxima vez que este proyecto sea sometido a discusión en la Sala se vote inmediatamente y evitemos maniobras dilatorias de ciertos sectores, porque es esperable que cuando vamos a hablar de enfrentar la narcopolítica tengamos un solo discurso y no discursos que reivindican el consumo y la dependencia de sustancias ilegales.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Pamela Jiles .

La señora JILES (doña Pamela).-

Señor Presidente, si tenemos un presidente drogadicto, si eventualmente sucediera eso, sería imposible que ese presidente pudiera encabezar la lucha contra el narcotráfico.

Lo mismo ocurre respecto de todas las autoridades públicas. Si queremos combatir realmente el narcotráfico, debemos ocuparnos de que el narcotráfico no penetre en las más altas autoridades del país.

Al aprobar este proyecto estaremos defendiéndonos de la narcopolítica, que es la próxima etapa en todos los procesos de desarrollo del narcotráfico: penetrar a las Fuerzas Armadas, como lo estamos viendo, y penetrar a las autoridades.

Tenemos hoy día la tomadura de pelo de parte del Presidente Boric de hacerse un examen de orina, que solamente señala lo que ha ocurrido en los últimos tres días y que no nos dice nada respecto de si el Presidente de la República es consumidor de drogas. Un subterfugio absurdo.

Solamente aprobando este proyecto de ley, de carácter transversal, vamos a poder combatir eficientemente el narcotráfico, a partir de saber si todas nuestras autoridades son prisioneras de la droga.

Si un Presidente de la República consume drogas, eso lo hace prisionero del narcotráfico. Por lo tanto, yo los llamo a todos, frente a la ciudadanía, a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día. La discusión y votación de este proyecto seguirá en una próxima sesión.