Labor Parlamentaria

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones y mensaje, refundidos, que da cumplimiento al inciso segundo del artículo décimo transitorio de la ley Nº 21.674; modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en las materias que indica; pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes; elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud, y crea el plan común de salud de las instituciones de salud previsional, correspondiente a los boletines Nos 6930-11, 11572-11 y 17147-11).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Salud es la señora Danisa Astudillo .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N°6930-11, sesión 24ª de la legislatura 358ª, miércoles 12 de mayo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 5, y -Boletín N° 11572-11, sesión 114ª de la legislatura 365ª en miércoles 17 de enero de 2018. Documentos de la Cuenta N° 14.

Mensaje:

-Boletín N° 17147-11, sesión 81ª de la legislatura 372ª, en martes 1 de octubre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 45ª de la presente legislatura, en lunes 7 de julio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Danisa Astudillo , rinde el informe de la Comisión de Salud la diputada Helia Molina .

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora MOLINA, doña Helia (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, vuestra Comisión de Salud pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley de la referencia, que consta de los siguientes tres proyectos refundidos.

1) Mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que da cumplimiento al inciso segundo del artículo décimo transitorio de la ley Nº 21.674; modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en las materias que indica; pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes; elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud, y crea el plan común de salud de las instituciones de salud previsional (boletín N° 17147-11).

2) Moción de la diputada Karol Cariola y de los entonces diputados Juan Luis Castro , Marcela Hernando , Manuel Monsalve , Daniel Núñez , Denise Pascal , Karla Rubilar y Víctor Torres , que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, con el objeto de eliminar de los contratos de prestaciones de salud privada, las figuras de la preexistencia por enfermedad previa, y otras restricciones de cobertura en perjuicio de los afiliados o beneficiarios (boletín N° 11572-11).

3) Moción de los entonces diputados Pedro Araya , Juan Luis Castro , Fuad Chahin , Carolina Goic , Miodrag Marinovic , Fernando Meza , Marcela Sabat , René Saffirio y Víctor Torres , que establece eliminación de los cobros que realizan las isapres a las mujeres por concepto de fertilidad (boletín Nº 6930-11).

Constancias reglamentarias previas

La idea matriz o fundamental del proyecto es introducir modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1, de Salud, de 2005, que contiene el texto sistematizado de diversas leyes en materia de salud. Mediante el proyecto se considera la creación de un plan común de salud que incluya prestaciones, beneficios y coberturas uniformes, para que las instituciones de salud previsional puedan comercializar desde la entrada en vigencia de la ley, definiendo cada cual la prima que cobrará, y la red de prestadores preferentes en que se podrán atender sus beneficiarios, con lo cual se busca eliminar las preexistencias, eliminar las discriminaciones por sexo y edad, y entregar mecanismos que permitan su viabilidad, tanto para la afiliación a las instituciones de salud previsional como para restricciones o exclusiones de beneficios dentro de los planes complementarios de salud.

Antecedentes

El mensaje hace presente que mediante este proyecto de ley se da cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo décimo transitorio de la ley N° 21.674, a fin de eliminar las enfermedades o condiciones preexistentes de que trata la ley respectiva, las discriminaciones por edad y sexo, tanto para la afiliación a las instituciones de salud previsional como para restricciones o exclusiones de beneficios dentro de los planes complementarios de salud, y crea un plan común de salud para las personas afiliadas a las isapres.

1. Artículo décimo transitorio de la ley Nº 21.674.

Durante la tramitación de dicha ley, hubo consenso transversal por parte de todos los sectores políticos en que la creciente judicialización del sistema privado de salud y la necesidad de aprobar una iniciativa legal como la ley Nº 21.674 era indispensable, lo mismo que avanzar en cambios estructurales en el sistema de salud.

En ese contexto, recogiendo la voluntad manifestada por los distintos actores políticos de alcanzar acuerdos en materia de cambios estructurales en salud, el Ejecutivo ingresó una indicación para incorporar un artículo transitorio a través del cual el Presidente de la República se comprometió a avanzar en un nuevo diseño del sistema de salud, actualmente, el artículo décimo transitorio de la ley N° 21.674.

Esta iniciativa legal busca cumplir con el último de esos compromisos, con la finalidad de permitir la libre movilidad de las personas en el sistema privado de salud, terminando con las discriminaciones por preexistencias, sexo y edad que imperan actualmente.

2. Características de los contratos de salud con instituciones de salud previsional.

El sistema de salud chileno es de carácter mixto, tanto en su provisión como en su aseguramiento. Eso quiere decir que para garantizar el acceso a la salud de la población y cumplir con el derecho a la salud, para su provisión, el sistema se sustenta a través de prestadores de salud públicos y privados, y en cuanto a su aseguramiento, se encuentra la aseguradora estatal, a través del Fondo Nacional de Salud -en adelante, Fonasa o el Fondo-, y las isapres, que son las instituciones privadas.

La coexistencia del Fonasa, que se estructura conforme a los principios de seguridad social, con las instituciones de salud previsional, que operan conforme a principios de mercado, justifica que el sistema de salud chileno se estudie y explique por referencia a dos subsistemas principales: uno público y otro privado.

Respecto del subsistema privado de salud, el DFL Nº 1 dispone que las instituciones de salud previsional financiarán las prestaciones y beneficios de salud con cargo al aporte de la cotización legal para salud o a una superior convenida. Para que ese aporte se haga efectivo, dicha normativa dispone que los cotizantes deben suscribir con la institución de salud previsional que elijan un contrato de plazo indefinido y que en ese contrato las partes convienen libremente el plan de salud.

En cuanto a los contratos de salud, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Salud, actualmente el número de planes vigentes en el sistema de las isapres supera los cincuenta y cinco mil. Del total de planes vigentes, aproximadamente el 30 por ciento cuenta con un solo cotizante (un plan único y diferente para cada contrato) y el 36 por ciento cuenta con entre dos a diez cotizantes. Ello se debe, en gran medida, a la facultad que tienen las isapres para definir, en virtud de los riesgos que representa la persona, el plan de salud a ofrecer y su respectivo precio.

Dicha capacidad de diseño de los planes ha permitido a las isapres segmentar a la población. Por ejemplo, las isapres han podido segmentar por rango etario, cuestión que les ha permitido mantener carteras de afiliados compuestas básicamente por personas más jóvenes. Además, de acuerdo con datos del Fonasa (octubre 2023) y de la Superintendencia de Salud (diciembre

2022), existe una segmentación regional concentrada en el sector oriente de la Región Metropolitana. Tomando la totalidad de población de las isapres y del Fonasa, solamente cuatro de los veintinueve servicios de salud cuentan con una afiliación al Fonasa menor al promedio nacional de 84 por ciento, siendo estos los servicios de salud Metropolitano Oriente, con 49 por ciento; Metropolitano Central, con 75 por ciento; Metropolitano Norte, con 79 por ciento, y Antofagasta , con 77 por ciento. Asimismo, las isapres han podido segmentar por ingresos, factor relevante si se atiende a los determinantes sociales en salud, lo que muestra que las personas de menores ingresos tienen mayor propensión a enfermar. Como reflejo de eso, el 50 por ciento de los cotizantes del Fonasa cotizan por 20.000 pesos o menos, y menos del 1 por ciento de los cotizantes presentan una cotización por sobre los 100.000 pesos. Sin embargo, en las isapres abiertas, el precio medio del plan varía entre 115.000 y 198.000 pesos.

Finalmente, junto con esa segmentación que pueden hacer las isapres sobre la base de los ingresos y del riesgo sanitario de las personas, está la asimetría de información de los usuarios del sistema. Si bien las personas tienen la libertad de elegir su plan de salud, esta libertad muchas veces se ve limitada por la dificultad de comparar planes y por la propia segmentación que hacen las isapres. Así, un estudio del Centro de Estudios Públicos de 2023 (CEP, Puntos de Referencia N° 654, abril 2023) evidenció que el 32 por ciento de los afiliados encuestados no comparó entre distintas opciones al momento de elegir su plan de salud, aceptando la recomendación que le entregó el agente de ventas de la isapre que contrató.

Desde el punto de vista de la economía, los contratos son seguros de salud respecto de los cuales la legislación ha permitido a las isapres tarificar y estructurar los planes de salud según el riesgo individual de cada afiliado (por oposición a una tarifa plana).

En efecto, por una parte, el DFL Nº 1 regula el precio final que las isapres cobran por cada plan, condicionándolo a una tabla de factores cuyos coeficientes muestran la relación de precios del plan de salud para cada grupo de personas, según edad, sexo y condición de cotizante o carga. Lo anterior, en la práctica, permitió que el sistema de salud privado estableciera distintos precios para un mismo plan de salud según la edad y el sexo de la persona que accedía a aquel.

Esas diferencias han sido objeto de reproche por los tribunales de justicia. Ya en 2010, en una sentencia que marcó el futuro del sector salud, el Tribunal Constitucional, en la causa Rol N°1710-2010, declaró que varias normas que regulaban la tabla de factores resultaban inconstitucionales, toda vez que eran incompatibles con el derecho a la igualdad ante la ley, especialmente entre hombres y mujeres. Por ello, el tribunal derogó los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de la ley N° 18.933 (actualmente, artículo 199 del DFL N° 1).

Con todo, ese fallo no impidió que, al menos hasta finales de 2019, cada isapre continuase elaborando las tablas de factores de sus planes de salud considerando dos variables: la edad y el sexo del cotizante, y las establecía en función del gasto esperado relativo entre cada tramo de edad/sexo para el respectivo plan. Sin embargo, a fines de 2019, la Superintendencia de Salud emitió la circular IF/N° 343, de 11 de diciembre, a través de la cual determinó una tabla única de factores para todos los planes que se comercializaran desde abril de 2020. Esta tabla única eliminó toda diferencia de precios basada en el sexo y estableció factores de riesgo por edad uniformes para todo el sistema.

Aún después de la circular de la Superintendencia de Salud, la discriminación por edad subsiste, aunque atenuada, con una menor cantidad de categorías de edad, y las diferencias de precio dentro de los planes de salud por motivos de sexo se mantuvieron para los contratos vigentes anteriores a aquella.

La situación cambió con la entrada en vigencia de ley Nº 21.674, pues conforme a esa ley, que tiene por principal objetivo dar cumplimiento a la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, las isapres deben aplicar la tabla única de factores definida por la Superintendencia de Salud a todos los planes de salud vigentes, con independencia de que sean anteriores a la circular IF/N° 343.

Con todo, si bien dicha tabla no establece diferencias de precio entre hombres y mujeres, permite la tarificación por riesgo y, por ende, las discriminaciones de precio según la edad de la persona afiliada.

Por otra parte, junto con la tabla de factores, las enfermedades o condiciones preexistentes constituyen otra institución del sistema privado de salud que da cuenta de la posibilidad que tienen las isapres de seleccionar a las personas más saludables, restringiendo coberturas, rechazando la entrada de las personas potencialmente enfermas, o bien estructurando sus planes de salud según el riesgo individual de cada afiliado. Sobre la base de las preexistencias, las isapres pueden definir por un tiempo restricciones de cobertura para aquellas personas afiliadas de idéntico plan que padezcan alguna enfermedad o condición preexistente.

Tanto la cantidad de planes de salud y su difícil comparabilidad como la estructuración de los planes por riesgo individual -a través de la tabla de factores y las preexistencias son todas condiciones que permiten que en el sistema privado de salud ocurran discriminaciones en el acceso a la salud. Esta situación impide la competencia por precios y calidad, generando en lugar de ello una segmentación de las personas beneficiarias en atención a su riesgo, existiendo altos incentivos para las isapres para rechazar a individuos con mayor riesgo o inducirlos a abandonar el sistema mediante alzas continuas de precios o reducción de beneficios.

Fundamentos del proyecto de ley señalados en el mensaje

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que un sistema de salud comprende todas las organizaciones, personas y acciones cuyo propósito es promover, mantener o restablecer la salud. Desde un punto de vista de derechos humanos, es posible sostener que un sistema de salud debe comprender todo aquello que busca garantizar el derecho fundamental a la salud.

Según la OMS, los objetivos de todo sistema de salud buscan mejorar la salud de la población, responder a las expectativas no médicas de las personas y brindar protección financiera contra los costos de la mala salud, haciendo un uso óptimo de los recursos disponibles. Dados esos objetivos, una de las principales responsabilidades del sector salud es reducir las consecuencias de las inequidades sociales en esta materia, desacoplando la capacidad de pago de las personas del acceso a la atención de salud. Sin embargo, la tarificación por riesgo individual atenta contra ese fin. La tabla de factores y las preexistencias han encarecido el acceso a la salud de mujeres, adultos mayores y personas con problemas de salud, convirtiéndose en barreras de entrada para esa población, en tanto herramientas que han permitido a las isapres discriminar por razones de sexo, edad y condición de salud.

Para hacer frente a las discriminaciones por sexo, edad y condición de salud, se hace necesario el establecimiento de medidas regulatorias adicionales a las descritas; la principal la constituye la existencia de un plan común de salud para todas las isapres. De lo contrario, se podría continuar con conductas discriminatorias sobre la base del contenido en cobertura y prestaciones de cada plan, aun cuando exista la obligación de afiliar a todas las personas.

A su vez, la coexistencia de tarifas planas con multiplicidad de planes de salud, junto con mantener la asimetría de información de las personas, arriesgaría la viabilidad del sistema por agudizar problemas que la economía conoce como selección adversa y riesgo moral.

En efecto, la selección adversa es un fenómeno que se presenta debido a que las potenciales personas afiliadas tienen mayor información sobre su estado de salud que las isapres.

Mientras más ventajosas son las condiciones del plan respecto de la competencia, la institución atrae a personas con mayores riesgos y empeora su situación financiera, lo que obliga a subir sus primas en el siguiente período, desincentivando con ello la afiliación de quienes tienen menores riesgos y, por tanto, empeorando el riesgo global de su cartera. De esa manera se produce lo que se denomina “espiral de la muerte”, porque no se alcanza un equilibrio sostenible en la industria.

En cuanto al riesgo moral, significa que la persona gastará más de lo que gastaría si tuviera que solventar por sí misma la totalidad de los costos de una prestación, con lo que se produce un sobreconsumo por parte de la isapre.

Ante la hipótesis de un sistema de salud privado con varios planes de salud, el riesgo moral se produciría por comportamientos oportunistas de las personas al contratar mejores planes solo para acceder temporalmente a mayor cobertura, lo que afecta la situación financiera de las isapres y su capacidad para financiar a otras personas afiliadas.

Por consiguiente, para terminar con las preexistencias y con la discriminación por sexo o edad no es suficiente que se deroguen los artículos que regulan la declaración de salud y la tabla de factores, sino que se requiere la definición de nuevas condiciones que se apliquen en lo sucesivo, que incluyen ofrecer un plan común de salud con una tarifa plana que mancomune riesgos al interior de cada isapre, y un mecanismo de reaseguro que mitigue los incentivos a la selección de riesgos por parte de estas instituciones, manteniendo vigente el régimen legal de los planes actuales.

Objetivos específicos del proyecto de ley

Primero, poner fin a la tabla de factores mediante una tarifa plana para el sistema de salud privado.

Segundo, poner fin a las preexistencias.

Tercero, crear un plan común de salud.

Cuarto, excluir los beneficios adicionales al plan común de salud.

Quinto, establecer el deber de las isapres de contar con un reaseguro.

Sexto, establecer los cambios con gradualidad.

Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley consta de un artículo único permanente y cinco artículos transitorios. Mediante el artículo único permanente se introducen modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Salud, de 2005.

En términos generales, se abordan los aspectos siguientes: Se derogan las preexistencias.

Se pone fin a las discriminaciones debido a sexo y edad. Se deroga la definición de cotizante cautivo.

Se permite la transferencia de cartera de una isapre a otra, eliminando la expresión “condición de cautividad”.

Se elimina el procedimiento de transferencia de cartera que debe realizar el administrador provisional, cuando se cumplen los requisitos que allí se señalan, en atención a la libre movilidad con que contarán las personas en caso de que se inicie el proceso de cancelación de registro de una isapre. Se faculta al superintendente de Salud a abrir un período especial de hasta 60 días hábiles para que los afiliados puedan cambiarse a otra institución.

Se elimina la hipótesis de declarar desierta la licitación contemplada en el actual artículo 221.

Se propone incorporar un nuevo título III en el DFL Nº 1, para regular el plan común de salud, que engloba los artículos 229 a 247.

Se establece un plan común de salud como producto único y comparable que deben ofrecer las isapres.

Si bien el proyecto de ley mantiene la posibilidad de que los cotizantes opten por aportar su cotización para salud a alguna isapre, tal como lo establece el artículo 184 vigente del DFL Nº 1, especificando que para ello deben contratar el plan común de salud a que se refiere este proyecto de ley, se propone que la cobertura financiera del plan común de salud sea la misma para todas las personas afiliadas al sistema privado de salud, en los términos que allí se especifican.

Los contratos del plan común serán por plazo indefinido, y cada isapre determinará la red preferente de prestadores y la prima que cobrará por dicho plan común.

Tanto la prima como la red preferente deberá ser la misma para todas las personas afiliadas y cargas de una institución.

Entrega a la autoridad sectorial la definición del plan común de salud y su contenido. La definición y contenido del plan común de salud se encuentra regulada en los artículos 230 a 238 nuevos que el proyecto de ley propone incorporar en el DFL Nº 1.

Desde el punto de vista de su contenido, en todo plan de salud se reconocen al menos tres elementos: prestaciones, cobertura financiera y red de prestadores. La definición de este último elemento será facultad de las isapres.

Las prestaciones serán las definidas en este cuerpo legal, y las coberturas financieras se definirán mediante un procedimiento participativo, que culminará con un decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito también por el Ministerio de Hacienda.

En particular, las prestaciones y beneficios se establecerán en un decreto supremo expedido por el ministro de Salud, suscrito además por el ministro de Hacienda.

El proyecto contempla que el plan común de salud incluya los siguientes beneficios y prestaciones:

Las prestaciones contempladas en la modalidad de atención institucional del Fonasa. Las prestaciones contempladas en la modalidad de libre elección del Fonasa.

Las Garantías Explícitas en Salud.

El beneficio de una cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Atenciones de emergencia.

Las prestaciones contempladas en el artículo 194 del DFL Nº 1, de 2005: examen de medicina preventiva, protección de la mujer durante el embarazo y hasta el sexto mes del nacimiento del hijo o hija, y del niño o niña hasta los seis años.

El subsidio por incapacidad laboral.

Adicionalmente, se incorporan principios de la seguridad social en el sistema privado de salud.

Personas e instituciones escuchadas en la comisión: la ministra de Salud, señora Ximena Aguilera ; la directora de Espacio Público, señora Paula Benavides ; el exministro de Salud señor Emilio Santelices ; la investigadora y magíster en Economía de la Salud y del Medicamento, por la Universidad Pompeu Fabra, señora Daniela Sugg ; el director del Fonasa, señor Camilo Cid ; el exministro de Salud señor Álvaro Erazo ; en representación del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, la señora Carolina Velasco ; la exministra de Salud señora Soledad Barría; la exsubsecretaria de Salud Pública señora Paula Daza ; la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, señora Margarita Paz Araya ; el representante del Centro Rumbo Colectivo, señor Jaime Peña ; el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, señor Pablo Eguiguren ; la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, señora Gloria Flores ; el coordinador de la reforma de salud del Ministerio de Salud, señor Bernardo Martorell , y el superintendente de Salud, señor Víctor Torres .

Discusión en el seno de la comisión

Los diputados, en general, coincidieron en que el proyecto de ley viene a dar eventual solución, por el momento, a un problema que incide y afecta tanto a las instituciones que entregan y administran el financiamiento de la salud privada como a los afiliados a dichas instituciones, por cuanto se tiende a dar cierta certeza en el actuar de las mismas en cuanto a la posibilidad de no subir los precios base de los planes de salud, en la medida en que se cumplan o no ciertas condiciones que establece la ley, y bajo los procedimientos, plazos y condiciones que propone esta iniciativa legal.

Se hizo hincapié en la importancia de la eliminación de las preexistencias, tema que ha sido parte del eslogan de múltiples campañas, tanto gubernamentales como parlamentarias, y que ha sido un reclamo constante de la comunidad. Se resaltó que esta problemática afecta especialmente a los adultos mayores y a las mujeres.

Se señaló que la crisis que enfrentan las isapres representa una oportunidad valiosa para implementar las reformas que el país ha estado pidiendo desde hace tiempo. Sin embargo, es importante asegurar que las nuevas fórmulas de seguro no impacten negativamente a sus afiliados. En ese contexto, es fundamental pensar en el ciudadano y en su libertad de elección, recordando que no todos pueden optar por el Fonasa, ya que el sistema público no está preparado para recibir a toda la población. A su vez, se enfatizó en la urgencia de fortalecer el Fonasa. Es por ello que la implementación de esta iniciativa legal debe ser acelerada, y que es crucial garantizar la sustentabilidad del nuevo modelo.

Se subrayó la importancia de mantener la autocrítica y de evitar suspicacias en un proceso legislativo tan significativo.

Se plantearon algunas preguntas que se estimaron claves, una de ellas referida a la eliminación de la preexistencia, que, si bien es importante, ello no va acompañado de un fondo solidario, que haría más equitativo al sistema.

Preocupa también la regulación del reaseguro, y si el plan común de salud permitirá a las isapres ofrecer más prestaciones que las mínimas establecidas.

También se cuestionó, o se mostró preocupación, por la circunstancia de que, al 1 de octubre de 2024, solo se ha ingresado el proyecto de ley relacionado con las preexistencias y las discriminaciones, sin presentar simultáneamente el proyecto que busca fortalecer Fonasa , que también es muy esperado por la comunidad. Ello puede dar la impresión de que el enfoque está en el sector privado de salud, descuidando así al sector público, lo que no se considera adecuado.

No obstante lo anterior, en términos generales se estimó que este proyecto de ley en estudio es un buen punto de partida, aun cuando tiene la deficiencia sobre la falta de regulación del reaseguro, que podría perpetuar las discriminaciones y problemas existentes en el sistema.

Por su parte, algunos diputados expusieron que, si bien el compromiso adquirido por el gobierno en la llamada “ley corta de isapres” se entiende cumplido con la presentación de este proyecto, que está destinado a eliminar las preexistencias y las discriminaciones por edad y sexo, preocupan los mecanismos propuestos para asegurar la viabilidad de estas reformas. Se estimó complicada la decisión de no establecer un fondo de compensación para enfermedades catastróficas similar al GES, y, en su lugar, crear el sistema de reaseguro, que implicará un aumento en las primas pagadas por los usuarios. Dicho incremento en las primas no solo afectará a los afiliados, sino que podría resultar en un aumento de la cantidad de personas que optan por trasladarse al Fonasa, lo que claramente generará un colapso en los hospitales públicos y agravará las listas de espera, con los consiguientes efectos negativos en el sistema de salud.

Frente al comentario de algunos invitados, en relación con que el proyecto implica solo al 13 por ciento de la población (personas que están adscritas a las isapres), se mencionó que se trata de muchos chilenos y que, por tanto, no se debe minimizar tal circunstancia, aun cuando se compare con la gente que se encuentra en el Fonasa. Si esta población migra al Fonasa, el problema que se ocasionará será alto.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos generales tenidos en consideración en el proyecto de ley refundido, y luego de intercambiar opiniones entre los diputados presentes, lo que permitió a sus miembros formarse una idea de la conveniencia o inconveniencia de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los miembros presentes (8 votos a favor).

Votaron los diputados y diputadas Danisa Astudillo , Héctor Barría , Clara Sagardía (en reemplazo de la diputada Karol Cariola) , Ana María Gazmuri , Tomás Lagomarsino , Helia Molina (Presidenta), Agustín Romero y Patricio Rosas .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el superintendente de Salud?

Acordado.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, las listas de espera siguen siendo un problema: más de 2 millones de personas esperan por una consulta de especialidad y más de 300.000 esperan por una cirugía. Si a esto le agregamos la falta de insumos en casi la totalidad de los hospitales de la red, estamos ante una evidencia más que clara de que la red pública no es capaz de satisfacer las necesidades de la población. Esta realidad no es por falta de recursos, porque los recursos están. Esto ha sido más que demostrado en los informes evacuados por las comisiones investigadoras respectivas.

A todo lo anterior se suma la pésima administración de las listas de espera, sin protocolos claros y precisos que permitan tener una gestión uniforme en todos los hospitales dependientes de los distintos servicios de Salud.

Esta es una realidad que hay que reconocer. En lugar de seguir intentando derribar el sistema privado con ideologías que, en la práctica, no conducen a nada, es hora de perfeccionar el sistema para que siga siendo una opción viable para los casi 2,6 millones de chilenos que podrían estabilizarse en las isapres y que la red pública, demostradamente, no logrará atender satisfactoriamente si es que persisten las migraciones hacia el Fonasa.

No obstante todo lo dicho, no dejo de reconocer el valor del presente proyecto, que elimina las preexistencias y la discriminación etaria y de género, porque ello dará garantías a toda la población. Sin embargo, el proyecto no asegura necesariamente las herramientas adecuadas para garantizar la viabilidad de los cambios propuestos, lo que podría derivar en desequilibrios financieros que afectarán la sostenibilidad del sistema privado.

Espero que en lo que queda de tramitación de este proyecto se definan los mecanismos para evitar los desequilibrios que vendrán aparejados.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, anuncio desde ya mi voto a favor de este tan anhelado proyecto de ley.

El establecimiento de un plan común para las isapres, que incluye prestaciones, beneficios y coberturas uniformes y que, finalmente, busca eliminar las preexistencias y las discriminaciones por sexo y edad, viene a dar respuesta a una demanda muy sentida por quienes se mantienen afiliados a las instituciones privadas de salud, en especial por las mujeres.

Cuando se dio esta discusión en la tramitación de la ley corta de isapres y de fortalecimiento del Fonasa, y se habló de incorporar componentes de seguridad social al sistema privado, estábamos hablando precisamente de esto: de una fórmula en la que las instituciones privadas de salud dejen de ser fuente ilimitada de capital. Se busca humanizar un sistema que cuestiona que los afiliados se enfermen o que discrimina por género, por edad o por la patología que los aqueja.

Además, el proyecto no solo viene a dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo décimo transitorio de la ley corta de isapres, sino que también nos permite avanzar un eslabón más en el camino que se está trazando para llegar a un sistema integral de salud.

No ha sido fácil; nos hemos encontrado con muchos escollos y aún nuestro sistema actual está lleno de falencias que impiden que las personas, las y los pacientes, puedan acceder a salud de calidad y a tiempo. Con este tipo de iniciativas estamos cada vez más cerca de poner el foco en los derechos humanos de las personas y de ver a la salud como un derecho social básico y no bajo la lógica de la rentabilidad. Hemos sido transparentes desde el principio; para allá apuntan todas las reformas que se han impulsado en el último tiempo.

La idea de un sistema integral de salud debe incluir un fondo común en el que las ciudadanas y los ciudadanos aporten y puedan acceder a los servicios de salud según sus necesidades, con especial énfasis en la atención primaria, garantizando los principios de universalidad, equidad, solidaridad, eficiencia, participación y sustentabilidad, principios fundamentales de la seguridad social.

Al eliminar el negocio de la selección de los riesgos por preexistencia, edad y sexo, las isapres ya no discriminarán en la definición de los precios de los planes de salud. En consecuencia, no podrán seleccionar preferentemente a personas jóvenes y sanas como el medio que les permitía aumentar la ganancia al tener bajos costos médicos.

El plan común de salud también limita el lucro. Con esta reforma las isapres tendrán que vender el mismo producto a los afiliados con un precio común. Tampoco podrán vender planes complementarios ni coberturas adicionales, lo que limita el margen de ganancia.

Los de la vereda de enfrente dirán que esto no es rentable. Les contesto nuevamente que esto no debe ser y nunca debió ser un tema de rentabilidad.

Seguiremos luchando por el derecho a decidir el sistema de salud al que queremos afiliarnos, pero esta vez bajo la mirada de la equidad, de modo que las personas puedan comparar el precio y la red de prestadores de cada isapre, evitando asimetrías de información y abusos comerciales.

Invito a mis colegas parlamentarias y parlamentarios a apoyar este proyecto, salvo dos artículos que rechazamos en la comisión y que entiendo que serán repuestos en la Sala.

Este proyecto busca avanzar en la línea de los sistemas de salud con foco en lo social. Aseguremos un acceso más igualitario y no discriminatorio a la salud, en línea con lo establecido en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos por Chile.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, las diferencias en los precios o beneficios de los planes de salud basados en la edad o en el sexo de los afiliados hoy debe tener un punto final. Estamos aquí mandatados para eliminar la discriminación, dando fin a las enfermedades o condiciones preexistentes.

Como médico y diputada tengo la misión de trabajar para que la salud no sea un privilegio exclusivo para unos pocos, sino un derecho fundamental para todos quienes conformamos este país. Independiente de todo gobierno, ideología política o interés económico, nuestro trabajo debe centrarse en el bien común, y nada es más justo que dar acceso igualitario a todas las personas a la salud. Para ello hoy estamos trabajando.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, estimadas diputadas y diputados, hoy estamos discutiendo un proyecto que, a primera vista, puede parecer un gran avance. Eliminar las preexistencias, prohibir la discriminación por sexo o edad, y garantizar que haya movilidad entre aseguradoras.

Sin embargo, al analizarlo con mayor detención y profundidad se puede señalar que este proyecto parece ser también un caballo de Troya, porque no elimina la lógica del negocio privado en la seguridad social; por el contrario, la refuerza.

La iniciativa no transforma el sistema, lo consolida. Instala un modelo de multiseguros que consagra una competencia directa y asimétrica entre las isapres y Fonasa , y lo hace con fondos paralelos, con reglas distintas, con segmentación según nivel de ingresos y, lo que es más grave, con respaldo estatal. En lugar de avanzar hacia un seguro universal de salud, como lo comprometimos en nuestro programa de gobierno, estamos abriendo un camino que eterniza la inequidad mediante el establecimiento de un sistema de salud para pobres y otro para ricos. Eso no es aceptable.

No podemos permitir que, bajo la excusa de eliminar las preexistencias, se reinstale la tarificación por riesgo y se dé una nueva oportunidad de negocio a un modelo absolutamente fracasado, que solo fue exitoso amparado en la impunidad y en la comisión de delitos. El reaseguro propuesto no es neutral, sino que es un subsidio indirecto al sistema privado, con riesgo de captura además por capitales internacionales. Además, la figura del plan único con prima plana, lejos de igualar condiciones, uniforma lo desigual, allanando el camino para que las isapres sigan lucrando con la salud de los chilenos y chilenas.

Estimada Sala, no confundamos el árbol con el bosque. Este proyecto no busca garantizar derechos, sino preservar el negocio. Lo que el pueblo de Chile necesita no son más mecanismos para salvar a instituciones fracasadas y fraudulentas como las isapres, sino la certeza de que el 7 por ciento de las cotizaciones se usará en un sistema solidario, universal y justo.

Votaremos a favor este proyecto en general para terminar con las discriminaciones, pero vamos a rechazar esa gran parte de lo que propone que se transformará en un retroceso.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, hablar de salud en nuestro país es hablar de desigualdad en el acceso y en las prestaciones; es hablar de un sistema público como el Fonasa, donde se concentra la mayor parte de la población, que ha generado listas de espera de años y que, en muchos casos, ha sido responsable de la falta de atención en salud. No obstante, también es hablar de las isapres, las cuales, como lo recordarán varios colegas en esta Sala, hasta hace no mucho establecían condiciones desiguales entre hombres y mujeres, y para qué hablar de las condiciones desiguales que establecían en relación con los adultos mayores y con las mujeres en edad fértil.

Por eso, la discusión de hoy es tan profundamente relevante, pues propone la creación de un plan común de salud en las isapres, que tiene como fin asegurar coberturas uniformes, incluyendo las prestaciones de Fonasa; entrega de cobertura GES, atención de emergencias y cobertura adicional para enfermedades catastróficas.

Lo anterior, junto con la eliminación de cualquier forma de discriminación por edad, género o preexistencia del afiliado en el acceso a los planes de salud, es un “desde”, una situación que creo es de todo sentido, pues no puedo concebir que un sistema de salud genere ese tipo de discriminación de entrada para sus afiliados. Es de toda justicia que quienes puedan acceder a este tipo de planes de salud a través de las isapres lo hagan en condiciones mínimas de igualdad, evitando cualquier discriminación, pues toca lo más sensible en la vida de las personas: su salud, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Es del caso preguntar bajo qué criterios las isapres definen que una mujer en edad fértil o que un adulto mayor significa en sí mismo un costo mayor, que puede aumentar por prestaciones médicas. Ese proceder es claramente arbitrario y debe cambiar.

Por eso este proyecto es tan importante, porque no es justo que quienes, en muchos casos, se esfuerzan por contar con un mejor acceso a planes de salud, mediante la contratación de planes particulares, sean objeto de ese tipo de discriminaciones en razón de su edad o género.

Es cierto que en las isapres no está el grueso de la población de nuestro país, pero sí está el grueso de la clase media y de la clase media emergente, quienes día a día, con su trabajo, buscan mejores condiciones de vida. Es a ellos a los que debemos apoyar con esta iniciativa.

Debemos trabajar para quienes emprenden con sus pymes, para aquellos profesionales jóvenes que mueven la economía y que, por ejemplo, prestan servicios en Lautaro y Vilcún , así como para los trabajadores independientes de Victoria.

Por la clase media de nuestro país, que se verá beneficiada directamente con lo que establece este proyecto, a cuyos autores valoro por impulsar una iniciativa como esta, anuncio que votaré a favor.

Creo en la clase media y en la igualdad en el acceso a la salud de las personas como pilar de una sociedad sana, de manera que apoyaré todas las iniciativas que la protejan y la apoyen.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Lagomarsino .

El señor LAGOMARSINO.-

Señor Presidente, hemos vivido una larga peregrinación del Estado, de los pacientes y de nuestro sistema de salud desde el 2010, cuando fueron declaradas inconstitucionales las tablas de factores de riesgo de las isapres. Desde entonces, ha habido un vacío político muy importante que no ha sido llenado por el Congreso Nacional, debido a que no se ha legislado para reparar esa situación, sea por el camino que fuere.

Tuvieron que pasar largos años, más de una década, para que la Corte Suprema golpeara la mesa. Aquello puso al Congreso Nacional entre la espada y la pared y lo obligó a tener que legislar para solucionar el problema. No podemos permitir que eso se repita y que nos veamos obligados a legislar contra el tiempo respecto de una situación muy crítica, que pone contra las cuerdas a nuestro sistema de salud.

Sin embargo, esa crisis abrió la oportunidad de avanzar hacia el establecimiento de un sistema de salud mucho más solidario, con una mirada de seguridad social efectiva, que respeta los principios de universalidad y solidaridad.

Por cierto, no es un camino corto, sino una senda que recién estamos empezando, a partir de lo que nos exigió la Corte Suprema a través de su fallo. Tuvimos que tramitar un proyecto de ley corta de salud; lamentablemente, la exigencia de la modalidad de cobertura complementaria quedó sin licitación, lo que deberá ser repuesto.

Durante la discusión hubo varios compromisos, como el de terminar con las preexistencias y las discriminaciones por edad. Con la ley corta de salud se dispuso que las isapres ya no podrían discriminar por sexo, pero aún permanece el problema de las preexistencias y de las discriminaciones por edad, lo cual este proyecto busca subsanar.

Si bien hoy votaremos una iniciativa que termina con esas dos formas de discriminación, ella no contempla el mecanismo para hacerlo viable. En efecto, en la Comisión de Salud no se logró el acuerdo para que el proyecto llegara a Sala con el mecanismo necesario para lograrlo.

Por lo tanto, creo que este proyecto requiere de un tiempo más de tramitación en la Comisión de Salud, con el objeto de que seamos capaces de despachar al Senado una iniciativa que establezca el mecanismo que haga viable terminar con ese tipo de discriminaciones.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, sin duda, hoy estamos dando un paso fundamental hacia una sociedad más justa.

Esta iniciativa introduce un nuevo Título III al Libro III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para crear el denominado plan común de salud, el cual será parte esencial de todo plan de salud ofertado por una isapre y no podrá incluir mecanismos de distinción arbitraria en relación con sexo, edad, patologías o condiciones preexistentes al momento de contratar.

El plan presenta un contenido mínimo, compuesto por las mismas prestaciones que otorga el sistema público: las garantías explícitas de salud, la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, el subsidio por incapacidad laboral, las denominadas atenciones de urgencia y el derecho a acceder a las prestaciones de la “ley Ricarte Soto ”. Asimismo, se incluyen las prestaciones gratuitas de medicina preventiva.

También, el plan contiene una cobertura adicional para enfermedades catastróficas, que actualmente es una cobertura excepcional que no todas las isapres otorgan a sus afiliados. Por ello, se da la cobertura a las prestaciones requeridas ante un diagnóstico de alto costo, por sobre un monto deducible, entendido como un copago máximo del afiliado, siempre que este acceda a atención en los prestadores en convenio con su plan.

Durante años hemos visto cómo miles de chilenas y chilenos han sido víctimas de un sistema que finalmente les ha negado el acceso a la salud privada simplemente por haber tenido un diagnóstico previo, una enfermedad o una condición hereditaria. Se trata de personas que cuando más necesitaban seguridad y respaldo, fueron expulsadas o castigadas por cobros abusivos, incluso consideraciones inhumanas. Eso, colegas, es discriminación, y es nuestro deber corregir ese problema. Esta ley en proyecto avanza en ese sentido.

Estamos diciendo claramente que ojalá nunca más haya una discriminación por historial médico. Nunca más se podrá excluir a un niño, a una mujer, a un adulto mayor o a cualquier ciudadano por el simple hecho de haber estado enfermo previamente.

Esta medida no destruye el sistema público de salud, sino que, sin duda, lo fortalece; lo hace más solidario, más justo, más competitivo y más alineado con el principio básico de cualquier sistema de salud moderno. La cobertura debe basarse fundamentalmente en la necesidad, no en la capacidad de pago ni en la suerte genética.

Sabemos que la salud es un derecho, no un negocio al que solo los sanos pueden acceder. Esta futura ley permite, finalmente, terminar con abusos y discriminaciones, y que las familias puedan cambiarse de aseguradora sin temor, sin trabas, sin ser penalizadas por su salud.

Anuncio que votaremos a favor el proyecto, a pesar de que estimamos que debe tener una serie de mejoras. Esperamos que vuelva a la comisión para seguir esta discusión, que, no cabe duda, tiene que darles garantía social a los chilenos que necesitan una prestación de salud urgente.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, cuando hablamos de este tema en la Comisión de Salud, hubo distintas visiones. Lamentablemente, no llegamos a un buen acuerdo respecto del mecanismo por el cual se iba a transitar hacia el nuevo modelo ni de cómo las aseguradoras privadas finalmente harían esta transición.

Lamentablemente, nosotros tenemos, por una parte, muy buenas intenciones en este proyecto y también un muy buen avance en cuanto a un plan de salud común, que representa la convicción a la que todos hemos llegado: que debemos contar con él en nuestro país, tanto para los afiliados privados como para el sistema público, el cual ya lo incorpora. Pero no tenemos un mecanismo claro de compensación que funcione adecuadamente para el mercado privado, de acuerdo a cómo se dio la discusión en la Comisión de Salud.

Por eso hemos ingresado algunas indicaciones para perfeccionar el mecanismo de manera que, junto con la eliminación de la cautividad de los afiliados y de las restricciones que imponían las preexistencias, se financie de manera adecuada, pero sin cargarles la mano, obviamente, de nuevo a los afiliados en el sistema privado.

Tenemos que hacer una distinción que muchas veces no se hace. Aquí hay aseguradoras privadas y prestadores privados. El sistema público genera muchas actividades para fundir la lista de espera con los prestadores privados, pero las aseguradoras privadas, que son las que tienen cautivos a los afiliados, son a las que estamos tratando de regular que tengan un límite, una línea roja para que se mantenga el acceso a los planes de salud también en el sector privado, de manera que el ya exigido sistema público no tenga que seguir siendo la cobertura de todos los pacientes que no quiere atender el sistema privado, porque tienen preexistencias o son pacientes caros y finalmente van llegando al sistema público.

Sobre esa línea roja tenemos que establecer con claridad el mecanismo para que no siga ocurriendo. Hoy, después del fallo de la Corte Suprema se está corrigiendo el modelo y, además, tenemos una migración de más de un millón y medio de personas desde el sistema privado al sistema del Fonasa.

Por eso, tenemos la gran responsabilidad de hacer una buena iniciativa de ley y de enviar al segundo trámite constitucional una propuesta con un mecanismo adecuado.

Así, vamos a aprobar en general el proyecto; sin embargo, hemos presentado algunas indicaciones.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, lo positivo que surgió de la ley corta de isapres fue el compromiso transversal de que se presentara este proyecto con mecanismos que hicieran viable la eliminación de las discriminaciones por preexistencias.

Existió un acuerdo para que el sistema privado de salud, hoy basado en las isapres, transite a un sistema en que no existan discriminaciones hacia los más enfermos, con el fin de garantizar la libre movilidad y la libertad de elegir de las personas entre las diversas aseguradoras, siguiendo la experiencia positiva del modelo de multiseguros, como los de Holanda y Alemania, lo que además fomentaría la libre competencia entre las aseguradoras.

Para ello se necesita prohibir por ley que las isapres puedan discriminar a las personas por factores de riesgo, así como hoy no pueden discriminar por sexo ni edad. Sin embargo, esta reforma requiere mecanismos de reducción de los riesgos de quiebra del sistema privado.

Hoy, lamentablemente, el sistema público está en su peor colapso en listas de espera, con más de tres millones de casos esperando por atención. En nuestro país, en el sector privado no solo se atienden casi tres millones de chilenos de isapres, sino también seis millones de beneficiarios del Fonasa. Por lo mismo, el proyecto requiere un fondo de compensación de riesgos, como ocurre en Holanda o Alemania.

Como médico y representante de miles de sureños, me siento orgulloso de haber aportado con mi experiencia en este proyecto, especialmente por todas aquellas personas que me expresan su inquietud y preocupación por el lento acceso a la salud que hoy vivimos.

Sin duda, hoy damos un gran paso con reglas claras para las isapres y quienes quieren estar en el sistema privado de salud, pero sobre todo con un sistema más justo para los afiliados.

Por lo mismo, un proyecto como este es de vital importancia, porque significa un paso gigante en la libre elección para las personas, ya que les permite moverse libremente entre aseguradoras y el Fonasa.

Claramente, anuncio mi voto a favor, pero vamos a pedir votación separada en algunos artículos que encontramos contraproducentes para esta propuesta y que reducen la libertad de elegir de las personas, con un plan común de salud único, definido por los ministros políticos de turno.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo forma parte de un conjunto de reformas, y así lo entendemos, que buscan cambiar estructuralmente el sistema de salud en Chile. Por tanto, esto no puede verse como una iniciativa aislada, sino como parte de un cambio que debe conducirnos hacia un modelo que garantice la salud como un derecho.

Sabemos que esta iniciativa en particular elimina las preexistencias en las isapres, prohíbe la discriminación por edad y sexo, y crea un plan común de salud con estándares iguales para todos y todas. Se termina así con décadas de abusos que permitieron a las isapres excluir a personas por haber estado enfermas, por ser mayores o por ser mujeres, imponiendo un sistema de salud segmentado y profundamente injusto.

Con el plan común de salud se limita el lucro, cosa que es muy importante cuando hablamos de derecho a la salud. Se avanza hacia la transparencia y se eliminan los incentivos perversos para discriminar según el perfil de riesgo. Este es un paso importante para acercar un poco más el sistema privado a los principios básicos de la seguridad social cuando hablamos de solidaridad, equidad y universalidad.

Por lo tanto, esta reforma elimina una de las formas más brutales de exclusión del sistema privado: la penalización por haber tenido una enfermedad, por ser mujer o simplemente por envejecer. Este es un avance hacia un modelo más justo, en que la salud se entienda como un derecho y no como un negocio.

Pero quiero ser clara: esta es solo una parte del cambio, porque para que el derecho a la salud sea real y no una promesa aislada o sin futuro, es urgente que también avancemos hacia una reforma estructural del Fonasa. Es ahí donde se atiende la mayoría del país y es ahí donde debemos concentrar esfuerzos para fortalecer la red pública, mejorar la atención primaria y garantizar estándares de calidad y de oportunidad en la atención.

Apoyaremos este proyecto. Sabemos que no es la panacea y estamos conscientes de que requiere modificaciones, pero lo vamos a aprobar porque tenemos la convicción de que la salud no puede seguir siendo un privilegio. Esta reforma abre un camino, pero el compromiso debe ser integral. Nuestro país necesita un sistema de salud verdaderamente público, solidario y al servicio real de las personas.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, cuando en Chile discutimos de salud, no discutimos solo sobre aspectos técnicos ni de estadísticas; discutimos sobre certezas. Detrás de cada palabra que aprobamos acá hay un padre o una madre que no puede esperar seis meses por una atención médica o un diagnóstico; hay una persona que se endeuda para pagar una operación, o un adulto mayor que teme enfermarse porque sabe que no lo atenderán a tiempo y posiblemente morirá en una lista de espera.

Quiero hablarles a los millones de chilenos que cotizan en Fonasa y en las isapres, a quienes no piden privilegios, sino tranquilidad de que, cuando su salud o la de algún familiar esté en juego, el sistema no los abandonará y tendrán la posibilidad de acceder a mejores coberturas.

El proyecto que discutimos hoy tiene intenciones que compartimos -terminar con las preexistencias, evitar discriminaciones por edad o sexo-, pero no basta con intenciones y los caminos para lograrlas son equivocados. Porque lo que no se dice, y es lo que advertimos los republicanos con responsabilidad, es que este proyecto puede poner en riesgo el acceso real a la salud de millones de personas, especialmente de la misma clase media que algunos aquí dicen querer proteger.

Al eliminar las preexistencias sin establecer un verdadero mecanismo de compensación entre aseguradores, se deja a las isapres ciegas frente al riesgo y se traslada ese riesgo al cotizante. ¿Quién lo pagará? Usted, señora; usted, trabajador; usted, profesional joven, porque les van a subir el plan de salud para absorber ese costo debido a que el precio del plan subirá y muchos no podrán pagarlo. Y no será el Estado el que pague la cuenta; serán los chilenos, los pacientes, quienes estarán pagando las consecuencias en una fila de espera en algún hospital público colapsado.

Lo que el gobierno está haciendo es tratar de avanzar en una ley sin las reglas que permitan gestionar los riesgos del sistema privado con el sistema público, y sin reemplazarlas por nada que funcione. Es como desarmar un avión en pleno vuelo esperando que aterrice solo. Se rechazó el reaseguro y se rechazó el fondo compensatorio.

Insisto: ¿quién va a pagar ese costo? ¡Usted, el afiliado, el que se traslada del Fonasa a isapre, o el que se mantiene en una isapre! ¡Ustedes van a pagarlo! El que nunca ha sido parte del problema tendrá que pagar las consecuencias que trae este proyecto.

Por si fuera poco, se nos quiere imponer el artículo 240, respecto del cual pedí votación separada. Pido, por favor, que lo lean bien, porque prohíbe a las isapres ofrecer planes adicionales, aunque el afiliado lo quiera y pueda pagarlo. ¿Y a quién se le encarga esta posibilidad? ¿Saben a quién? A las compañías de seguros.

Es decir, por un lado, le quitan a usted el derecho a elegir y, por otro, le arman un negocio, un chiringuito, a una compañía de seguros. De verdad, no entiendo a este gobierno.

¿Estamos en contra de los privados o le hacemos el negocio a los privados? De verdad, no logro entender a este gobierno.

Legislar bien no es quitarles opciones a las personas, sino que ampliar esa libertad. Cuando hablamos de salud, la libertad no es un privilegio; es una necesidad vital.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que el sistema de salud en nuestro país no se hace cargo de la garantía de acceso a la salud que nuestra Constitución asegura a todas las personas. Las listas de espera forman parte de un lamentable registro que los chilenos no debemos seguir soportando, especialmente aquellos más necesitados, entre los que se encuentran, entre otros, los adultos mayores, quienes son el grupo de nuestra población con mayor presencia y necesidades en el sistema público de salud.

El presente proyecto de ley tiene una connotación especial, toda vez que se hace cargo de una realidad lamentablemente cimentada hace largo tiempo en nuestro país. Me refiero a las siempre odiosas desigualdades de trato entre personas con las mismas capacidades, aspectos que resultan incompatibles con la necesidad de garantía de acceso y bienestar general que implica toda política pública. Esta situación es abiertamente contraria al principio de igualdad previsto en cualquier ley.

Celebramos que este proyecto cuente como antecedente con un trabajo de alto nivel técnico y absolutamente transversal, con los aportes de personas de tanta valía en materia de salud, como la doctora Paula Daza , Cristóbal Cuadrado, Marco Antonio Núñez y Patricio Fernández , entre otros. Se aspira a la creación de un plan único de salud y se promueve el mejoramiento de las condiciones de atención de las personas, particularmente en la salud primaria. En ese sentido, el fin de las preexistencias y abordar, de manera seria, el reaseguro que garantice a las personas una atención equitativa son avances claros, sustantivos, que debemos promover y también celebrar.

Con todo, no debemos olvidar que este proyecto requiere de financiamiento para que efectivamente sea sustentable en el tiempo, y esto se logra siempre con una buena gestión pública, con el aseguramiento de recursos que deberán ser correctamente utilizados. Por eso, en este punto tiene un rol central la Contraloría, que deberá estar atenta al uso eficiente de los recursos destinados a financiar este mecanismo, sin el cual, sencillamente, lo que votemos hoy no tendrá ningún efecto.

Por ello, votaré a favor de esta iniciativa, ya que representa un paso adelante en materia de acceso a la salud y es la esperanza de mejorar el sistema de salud de nuestro país.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, quiero partir por valorar con fuerza este proyecto que, por fin, se hace cargo de una de las injusticias más arraigadas en el sistema privado de salud en Chile: la discriminación por edad, sexo y condiciones preexistentes. Durante años, las isapres han funcionado bajo una lógica de exclusión y selección de riesgos. De hecho, han penalizado a las mujeres con planes hasta 50 por ciento más caros que los de los hombres solo por su capacidad reproductiva, y más de 300.000 personas han sido rechazadas por condiciones preexistentes en la última década. Eso no es salud; eso es negocio.

Este proyecto avanza con decisión al eliminar esas barreras, al terminar con las tablas de factores de riesgo que castigan a las mujeres y al establecer una tarifa plana que promueve el acceso más justo y equitativo a la salud. Destaco también la creación del plan común obligatorio, que entrega una cobertura estándar, elimina la letra chica y permite una comparación real entre prestadores. Se acaba así con un sistema donde cada persona recibe según su bolsillo y no según su necesidad.

Sin embargo, quiero advertir una preocupación importante. El proyecto aún no establece con claridad un mecanismo de reaseguro, necesario para distribuir los costos de los tratamientos más caros entre todas las aseguradoras. Sin ese instrumento, existe el riesgo de que las isapres trasladen esos costos a los usuarios o, incluso, comprometan su sostenibilidad financiera.

Apoyamos con decisión el fin de las discriminaciones, pero exigimos que esta transformación se sostenga en un diseño responsable, porque, si queremos avanzar hacia un sistema donde la salud deje de ser un privilegio y se reconozca como un derecho social, no podemos permitir que esos vacíos técnicos afecten a quienes más lo necesitan.

Este es un avance urgente, necesario y valioso, pero el debate debe continuar, para lograr una reforma estructural, una salud pública universal solidaria y al servicio de las personas.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, honorable Sala, no pensé que en una administración como la que hoy tenemos se validaran dos mecanismos como las isapres y las AFP. Lo digo porque lo que se ha venido haciendo con todos los proyectos que hemos tratado en este último tiempo no es ni más ni menos que una validación, para que en los próximos años ambos sistemas permanezcan.

En esta discusión quiero exponer un tema que para mi gusto es de la mayor relevancia, relacionado con lo que alguna vez se discutió acá respecto del sistema de salud pública del Fonasa y la creación de un instrumento -lo tienen las isapres que se vincula con esas aseguradoras. Eso ha fracasado en dos oportunidades. De manera que espero que efectivamente se le pueda entregar al país, a las personas que están dentro del sistema público, un mecanismo que sea igual al que hoy tienen las isapres, esto es, un seguro.

Respecto de lo que hoy estamos tratando y que involucra a aquellas personas que tenemos preexistencias y que formamos parte del sistema integrado por estas aseguradoras -las isapres-, efectivamente esto es un avance. Este proyecto se va a votar en general y entiendo que hay inquietudes de muchos colegas por perfeccionarlo en la discusión particular, pero hoy una persona -mujer u hombre que tiene una preexistencia ya no será objeto de esa discriminación histórica por parte del sistema de isapres.

Anuncio que votaré favorablemente el proyecto. Aprovecho esta intervención para exigir al gobierno, a esta administración, que realice los máximos esfuerzos para que el sistema público, a través del Fonasa, pueda contar con seguros. Esto permitiría que muchos de quienes deseamos incorporarnos a ese fondo podamos acceder, además, a un mecanismo que sea equivalente o que compita en mejores condiciones con el sistema de aseguradoras integrado por las isapres.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señor Presidente, el presente proyecto de ley tiene elementos valiosos, como la eliminación de las preexistencias y el establecimiento de un plan común donde el precio no discrimine por edad, sexo u otra condición. Sin embargo, la iniciativa carece de mecanismos para asegurar que esta reforma sea sostenible, lo que pone en riesgo la cobertura y la atención oportuna de millones de personas.

En ese sentido, el proyecto cumple con instalar un plan común de salud para todas las personas -ya lo decía-, independientemente de su sexo, edad o condición de salud, por el cual los afiliados pagarán un único precio, y que será más solidario para las mujeres, adultos mayores y aquellos más enfermos.

No obstante, es importante recordar que, si este proyecto falla en su implementación, la alternativa será un fondo único de salud que ha sido promovido por el actual gobierno. Esa fórmula implica que las personas perderán la libertad de elegir el asegurador y que el Estado pasará a ser el único comprador de estos servicios de salud, afectando la sostenibilidad del sistema privado.

Por eso es que, si bien vamos a votar a favor la idea de legislar, también se presentarán indicaciones para corregir este particular problema.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, este proyecto de ley representa un avance concreto en los cambios estructurales que se requieren en materia de derechos sociales, como es el derecho a la salud. En efecto, crea un plan común de salud con prestaciones, beneficios y coberturas uniformes para todos los afiliados, con independencia de la institución que elijan, eliminando así las preexistencias y la discriminación por edad y sexo. Se contempla una cobertura adicional para enfermedades catastróficas y se regulan restricciones o exclusiones de beneficios dentro de los planes complementarios. Todo ello limita el lucro de las isapres y genera mayor transparencia y desconcentración de su poder económico.

Es decir, el proyecto cambia de un enfoque excluyente y discriminatorio en el ejercicio del derecho a la salud a uno inclusivo, acercándonos como país a los principios de seguridad social. Esto es coherente con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, pues el derecho a esta, por definición, es un derecho inclusivo que implica la concurrencia de ciertos elementos que se satisfacen en gran medida con este proyecto, pues implica, además de la oportunidad de disfrutar del más alto nivel posible de salud, el derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades, el acceso a medicamentos esenciales, entre otros.

Por tanto, aprobaremos el proyecto. Sin embargo, hacemos presente que lo hacemos conscientes de que este es el comienzo de un camino cuyo objetivo es un sistema solidario de seguridad social, en el que primen los principios de universalidad, equidad, eficiencia, participación y sustentabilidad.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a mis colegas parlamentarios, a los funcionarios de la Corporación y, por supuesto, a las autoridades invitadas.

Soy un diputado que ha defendido y defenderá siempre a sus representados y, cuando se trata de la salud, con mayor razón.

Hoy se está discutiendo un proyecto de ley que busca darle mayores resguardos a la ciudadanía frente a las acciones injustas que durante mucho tiempo han desarrollado las isapres en nuestro país. Por lo tanto, votaré a favor de este proyecto, porque con esta iniciativa se podrá poner fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, se eliminarán las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud, y se creará el plan común de salud de las instituciones de salud previsional, concretando el acceso a planes de salud para mis vecinos y vecinas. Y esta posición la tomo justamente por lo que siempre he señalado: hay que estar en terreno y menos en la oficina para darse cuenta de cuáles son las principales necesidades de las personas.

Mis queridos y grandes amigos los adultos mayores permanentemente me relatan la discriminación que sufren por motivos de su edad para optar a planes de salud en las isapres. Lo mismo me cuentan las personas enfermas, que son cruelmente discriminadas por estas instituciones prestadoras de servicios, como si la persona eligiera enfermarse y, más aún, a veces gravemente. ¡Cómo es posible que las isapres no sean capaces de entender el enorme dolor con que viven las personas y sus familiares por nacer o desarrollar una enfermedad, y que además sean discriminadas para acceder a un plan de salud!

Estas y otras injusticias son atacadas con este proyecto de ley. Por lo mismo, reitero mi voto a favor de la salud de las personas y no de las empresas; a favor de la justicia y no de la discriminación; a favor de quienes han confiado en mí, permitiéndome estar hoy en el Congreso y seguir siendo su voz y representarlos.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez .

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señor Presidente, espero que este proyecto se apruebe para terminar con las preexistencias en materia de salud. Creo que es una deuda que hoy día tenemos. Hemos logrado grandes avances en materia de inclusión y no discriminación de adultos mayores y personas discapacitadas; sin embargo, todavía queda espacio para nuevas reformas que entreguen mayores posibilidades de entrada a servicios que son esenciales para la vida y la salud de los chilenos.

La realidad es que hoy existen planes de salud que discriminan por edad, por sexo y otras condiciones que impiden a miles de personas cambiarse o entrar a una nueva isapre. Pero también debemos resguardar el mecanismo para dar garantías de que realmente podrán recibir el servicio las personas que hoy necesitan el sistema de salud.

El único sistema de salud que siempre ha pedido e impulsado este gobierno no es el que nosotros esperamos. Por lo mismo, vamos a presentar indicaciones, porque creo que lo más importante es que podamos darles a las personas garantías de que terminará esa discriminación por edad, por sexo y por otras condiciones que les impiden cambiarse o entrar a una nueva isapre, y también de que se resguardará el mecanismo para que reciban este servicio.

Como mencioné, vamos a presentar indicaciones, pero creo que es importante avanzar en la eliminación de estas discriminaciones que lo único que hacen es impedir que muchas personas que hoy tienen graves problemas de salud puedan tener acceso a las isapres. No obstante, la libertad de optar entre isapre o Fonasa tiene que ser siempre una decisión que les corresponda tomar a las personas.

También es importante mencionar que tenemos una grave crisis en materia de salud. Tenemos crisis en las listas de espera, tenemos discriminación con las personas mayores, tenemos falta de profesionales en los hospitales. En todo eso debemos avanzar de manera comprometida. Por lo mismo, creo que este proyecto es importante, porque muchas personas denuncian constantemente que sufren este tipo de discriminaciones, y también es un avance significativo. Pero insisto en que siempre se debe resguardar el mecanismo y entregar las garantías para que las personas puedan ser atendidas como corresponde y, finalmente, puedan recibir el servicio.

No soy partidaria de la idea de un sistema único de salud que impulsa el gobierno, pero vamos a aprobar esta iniciativa y a presentar indicaciones para mejorarla.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señorita GONZÁLEZ (doña Marta) .-

Señor Presidente, sin duda, es importante deshacerse de estos grilletes que han quedado instaurados en nuestra sociedad. Toda la ciudadanía clama que pongamos fin al lucro excesivo y al negocio en el tema de la salud.

¿Qué puede ser más importante para la ciudadanía que no sea un acceso a la salud igualitario, oportuno y de calidad? Esto es algo que debiese ser prioridad en todos los gobiernos. Sin embargo, el lucro está en la médula del sistema de nuestro país, en este y en muchos otros aspectos. En la batalla que se ha dado contra las isapres, finalmente, las medidas derivadas son las que nosotros valoramos, como eliminar estas discriminaciones odiosas por preexistencia, por sexo, por edad, etcétera.

Las isapres tienen esta visión del cotizante modelo que no tiene ningún tipo de enfermedad y que genera el menor costo posible. No podemos seguir validando visiones como esa en un sistema tan importante y vital como es el de acceso a la salud.

Valoramos este proyecto, pero, sin duda, tenemos que seguir avanzando mucho más para alcanzar el anhelo del acceso universal a la salud, de manera que puedan acceder a ella las familias, los adultos mayores, los niños, las mujeres, los trabajadores, etcétera, sin pensar en cuánto dinero tienen en sus bolsillos. En suma, se requiere un acceso real y oportuno.

Por supuesto, vamos a votar a favor, pero llaman mucho la atención los discursos de la oposición, de la derecha en este caso, que demonizan el Estado y los fondos comunes, en circunstancias de que el Estado tiene que garantizar el bien común de la población. Los privados no han sido ni van a ser quienes garanticen el acceso a la salud de calidad. Entonces, cuando demonizan al Estado como si fuera un mal administrador, lo único que hacen es seguir beneficiando el negocio de los privados. Por consiguiente, hay que esclarecer ese doble discurso o ese doble estándar, porque, por un lado, hablan de la salud de la población, pero, por otro, siguen validando estos negocios horribles con la salud de la gente.

Vamos a votar a favor, pero esperamos avanzar en una salud universal, por ejemplo, por lo que está pasando hoy con la universalización de los consultorios, porque los que cotizan en las isapres hacen uso de los fondos públicos, pero los que estamos en el Fonasa no podemos acceder a la salud privada.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, saludo al ministro, al superintendente de Salud y a todas las autoridades presentes.

Quiero intervenir en la discusión de este proyecto de ley porque me parece que es muy importante. Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar en lo que necesitamos para Chile: una reforma urgente en el sistema de salud. Particularmente, debemos ponerle coto o límites al sistema de salud privado en Chile, que claramente ha sido abusivo. Es un sistema que enfrenta fallas estructurales desde sus orígenes y que, lamentablemente, por años ha vulnerado derechos fundamentales de sus usuarios y usuarias, principalmente de mujeres y personas adultas mayores, quienes por años han sido las que se han visto más perjudicadas.

Este es uno de los compromisos que dejó la ley corta, la cual, aunque no es lo que hubiésemos querido -en su momento manifestamos firmemente nuestras diferencias-, evidenció claramente que una judicialización desbordada no es la vía para resolver los problemas estructurales de un sistema. La verdadera solución radica en realizar a través de la ley cambios profundos que eliminen de raíz las discriminaciones por enfermedad previa, edad y también sexo, donde la salud sea un derecho universal garantizado, donde fortalecer la salud pública sea una prioridad real. Sin embargo, mientras no tengamos un sistema único nacional, es necesario tomar medidas como esta.

Quiero destacar y agradecer al gobierno por fusionar el proyecto de ley del que soy autora con esta iniciativa. En ese proyecto, que presentamos en el año 2018, se propuso eliminar la figura de preexistencia por enfermedad previa y otras restricciones en perjuicio de los beneficiarios, como la figura del cotizante cautivo por sexo o por edad. Esa propuesta fue un paso crucial para esta reforma. Hoy, con su respaldo, podemos lograr un avance significativo hacia ese objetivo.

Por tanto, celebro el proyecto de ley que hoy debatimos y votaremos. Lo que importa es que hoy muchas personas por fin tienen una iniciativa que entrega esperanza.

Para eliminar las preexistencias, esas condiciones médicas diagnosticadas antes de contratar un plan, que hoy las isapres usan injustamente para rechazar, restringir o encarecer prestaciones, limitando la movilidad de los usuarios y profundizando la segregación social, es necesario llevar adelante esta reforma y esta modificación. No es un paso aislado, sino que es uno de los pasos iniciales y fundamentales para acercar el sistema privado a un sistema de seguridad social, que es lo que necesitamos en Chile.

Quiero llamar a todos mis colegas a aprobar este proyecto, porque terminar con las desigualdades y eliminar la discriminación es un imperativo ético en el sistema de salud privado de nuestro país.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Zonas Extremas y Antártica Chilena, de Minería y Energía, y de Hacienda son el señor Luis Malla , la señora Marcela Riquelme y la señora Camila Rojas , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 139ª de la legislatura 371ª, en martes 30 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, sesión 94ª de la legislatura 372ª, en martes 29 de octubre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 34ª de la presente legislatura, en lunes 9 de junio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 48ª de la presente legislatura, en lunes 14 de julio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Minería y Energía.

La señora RIQUELME, doña Marcela (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Minería y Energía, paso a informar ante ustedes el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de suma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, y con lo resuelto por los Comités Parlamentarios con fecha 12 de junio de 2024, el informe de esta comisión recayó sobre las modificaciones propuestas al texto aprobado por la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, en su calidad de comisión matriz.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley, según lo establece el informe de la comisión técnica, es mejorar el acceso de todos los chilenos y chilenas a servicios eléctricos con tarifas equitativas, especialmente para aquellas personas que viven en las zonas más aisladas del país, con el fin de que la electricidad sea un motor de desarrollo de los territorios y mejore la calidad de vida de todos y todas, independientemente del lugar donde habitan.

Se deja constancia de que el artículo 199 bis, incorporado por el numeral 36 del artículo único, y el inciso primero del nuevo artículo tercero transitorio, son propios de ley orgánica constitucional, según lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución Política de la República, y en la sentencia del Tribunal Constitucional en la causa rol N° 4.179, de 18 de enero de 2018.

Por su parte, el artículo 180°-10, contenido en el numeral 32 del artículo único, que establece que el valor máximo de las ofertas de energía para cada bloque de suministro será fijado en un acto administrativo separado, de carácter reservado, hasta la apertura de las ofertas respectivas, es materia propia de ley de quorum calificado, de conformidad con lo prescrito en los artículos 8°, inciso segundo, y 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

Asimismo, se hace presente que el artículo 199 bis, contenido en el numeral 36 del artículo único, y el artículo tercero transitorio, incorporados en este trámite, así como el artículo cuarto transitorio del texto aprobado por esta comisión, requieren ser conocidos por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

En el marco del análisis de esta iniciativa legal, la comisión contó con la participación del ministro de Energía, señor Diego Pardow ; del subsecretario de Energía, señor Luis Felipe Ramos ; del gobernador regional de Aysén, señor Marcelo Santana ; del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Delegación Coyhaique , señor Pablo Carrasco ; del socio de la empresa Aysén Recircular , señor Carlos Alfredo Díaz ; de la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios, Industria y Turismo de Coyhaique, señora Daissy Mondelo , y del gerente general de la Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (Edelmag), señor Miguel Castillo , acompañado del subdirector de Regulación de CGE S.A., señor Mauricio Camposano .

Durante la discusión, el Ejecutivo presentó indicaciones que recogieron algunos de los planteamientos formulados por los parlamentarios invitados, las que modificaron el proyecto de ley en el siguiente sentido:

Primero, se establece que los costos de inversión considerados en los proyectos de energías renovables en sistemas medianos serán reconocidos para los tres, y no dos, períodos tarifarios siguientes.

Segundo, se faculta a los gobiernos regionales para destinar recursos que permitan mantener la operación y/o continuidad del suministro eléctrico en los sistemas aislados de pequeños consumidores. Para ello, se permite que puedan utilizar la tarifa regulada de referencia, y se indican reglas mediante las cuales se determinará dicha tarifa.

Tercero, se permite a los gobiernos regionales destinar recursos para el financiamiento de subsidios a la operación de aquellos sistemas eléctricos cuyo tamaño sea igual o inferior a 1.500 kW de capacidad instalada de generación, o para aquellos que hayan superado dicha capacidad a partir de la publicación de la ley, y hasta que finalice el proceso de categorización de sistemas eléctricos.

El subsecretario de Energía, señor Luis Felipe Ramos, explicó que, por un lado, las indicaciones extienden el período de reconocimiento de inversión de dos a tres procedimientos tarifarios, y, por otro, establecen un marco legal permanente que permite a los gobiernos regionales subsidiar la operación de sistemas eléctricos aislados para pequeños consumidores, en cumplimiento de un compromiso asumido durante la tramitación de la ley de presupuestos de 2023.

La medida incluyó una tarifa regulada de referencia y un artículo transitorio que autoriza el financiamiento regional para estos sistemas durante el período previo a su categorización bajo la nueva ley.

Todas las indicaciones referidas fueron aprobadas por la mayoría de los diputados y diputadas presentes.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Luis Malla , rinde el informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena la diputada Marcia Raphael .

Tiene la palabra, diputada.

La señora RAPHAEL, doña Marcia (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, me ha correspondido informar ante esta Cámara el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que perfecciona los sistemas medianos de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el boletín N° 16 627-08, calificado con urgencia suma.

El mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República somete a consideración de esta Cámara el proyecto de ley en informe hace presente que la ley Nº 19.940, en adelante “ley corta I”, publicada el 13 de marzo de 2004, estableció un nuevo régimen de tarifas para los sistemas medianos, definidos como aquellos sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación es inferior a 200 megawatts y superior a 1.500 kilowatts. Estos sistemas se encuentran principalmente en zonas remotas y aisladas.

Agrega que la “ley corta I” buscó adaptar el sistema de regulación de precios en los sistemas medianos a sus condiciones y a la estructura particular de la industria, con miras a incentivar la inversión óptima de largo plazo, y permitir así reducciones en los costos para el consumidor final.

Actualmente existen diez sistemas medianos, a saber: Cochamó , Hornopirén , Palena , Aysén , General Carrera, Puerto Cisnes, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. Estos, a su vez, se pueden clasificar en tres grandes grupos, conforme a la empresa distribuidora que presta el servicio público de distribución en las respectivas zonas geográficas.

Los sistemas medianos de la Región de Los Lagos, que agrupan a los sistemas de Cochamó y Hornopirén, y que suministran electricidad en las comunas de Cochamó y Hualaihué, Región de Los Lagos. En conjunto suman una capacidad instalada de 10,52 megawatts.

Los sistemas medianos de Aysén, que agrupan a los sistemas de Aysén, Palena , General Carrera y Puerto Cisnes, y que suministran electricidad a los consumos situados en las regiones de Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Los cuatro sistemas totalizan una capacidad instalada de 69,79 MW.

Los sistemas medianos de Magallanes, que agrupan a los sistemas de Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams, y que suministran electricidad a los consumidores ubicados en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Estos sistemas suman una capacidad instalada de 129,32 MW.

Asimismo, el mensaje añade que, desde la dictación de la ley corta I, se han efectuado ya cinco estudios de planificación y tarificación para los sistemas medianos.

De este modo, agrega, la presente iniciativa aborda temáticas orientadas a mejorar el acceso de todos los chilenos y chilenas a servicios eléctricos con tarifas equitativas, preocupándose especialmente por aquellas personas que viven en las zonas más aisladas del país, con el fin de que la electricidad sea un motor de desarrollo de los territorios y mejore la calidad de vida de todos y todas, independientemente del lugar donde habitan.

Fundamentos

El proyecto de ley se funda principalmente en cuatro ejes: definición y categorización de los sistemas medianos y aislados, actualización del procedimiento de planificación, tarificación de los sistemas medianos e incentivos a la generación renovable.

Contenido

Esta iniciativa se estructura en un único artículo permanente y tres artículos transitorios.

El artículo permanente modifica el decreto con fuerza de ley 4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, ley general de servicios eléctricos, en materia de energía eléctrica y propone las siguientes medidas:

1. Se exceptúa a las concesionarias de servicio público de distribución que operen en sistemas medianos y sistemas aislados para pequeños consumidores de la obligación de tener giro exclusivo de distribución de energía eléctrica, debiendo llevar contabilidad separada.

2. Se definen las categorías de sistema eléctrico nacional, los sistemas medianos y los sistemas aislados para pequeños consumidores y para procesos productivos, y se consagra el procedimiento de categorización de los sistemas medianos y aislados, así como el proceso de tránsito de un proceso a otro.

3. Se establece que los principios en los que deberá basarse el proceso de planificación y tarificación en los sistemas medianos deberán propender al desarrollo óptimo de las inversiones considerando la incorporación de energías renovables y almacenamiento para el cumplimiento de los objetivos de eficiencia económica, competencia y seguridad de dichos sistemas.

4. Se crean un registro electrónico de promotores de proyectos de generación y transmisión en sistemas medianos, y un registro de participación ciudadana en el proceso de planificación de los sistemas medianos.

5. Se incorpora un estudio de planificación y tarificación único, licitado y adjudicado por la Comisión Nacional de Energía.

6. Se crean instancias de audiencias públicas una vez recibido conforme el estudio de planificación y tarificación de los sistemas medianos.

7. Se incorpora la consideración de la Planificación Energética de Largo Plazo que desarrolla el Ministerio de Energía a la hora de definir el plan de expansión óptimo de cada sistema mediano, de manera que este se encuentre alineado con la visión de futuro de estos sistemas y las características propias de las regiones.

8. Se mejoran y agilizan las herramientas correctivas inter período de la planificación, de manera de modificar el nivel o la estructura tarifaria en caso de que no se cumplan la hipótesis sobre las cuales se sustenta el proceso de planificación de inversiones y cálculo de tarifas.

9. Se incentiva la generación de recursos renovables locales, estableciendo, como principio general que las empresas transmisoras o distribuidoras que operen en un sistema mediano deberán permitir el acceso abierto a sus instalaciones de nuevos proyectos cuando estos se conecten a dichas instalaciones mediante líneas propias o de terceros, de conformidad con lo que disponga la respectiva norma técnica.

10. Se incluyen en las siguientes fijaciones tarifarias aquellas obras contenidas en los planes de expansión decretados en los anteriores procesos tarifarios.

11. Se extiende el mecanismo de equidad tarifaria propendiendo así al desarrollo económico de las regiones involucradas, lo que traerá consigo indudables beneficios, tanto económicos como en calidad de vida, a los habitantes de las regiones más extremas del país.

12. Se incorpora a los sistemas medianos dentro del cálculo del precio de nudo promedio, de manera que los precios de energía de clientes regulados sean comparables con los del sistema eléctrico nacional.

13. Se exime a los sistemas medianos de aportar al mecanismo de equidad tarifaria residencial a clientes no residenciales de comunas beneficiadas por el mismo mecanismo.

Por su parte, los artículos transitorios definen el plazo para dictar los reglamentos y modificaciones necesarias para la ejecución de la nueva ley. Los procedimientos tarifarios de los sistemas medianos iniciados previo a la entrada en vigencia de la nueva ley continuarán regidos por las normas vigentes a la fecha de su inicio.

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron, especialmente invitados, el ministro de Energía, señor Diego Pardow ; el subsecretario de Energía, señor Luis Ramos ; la gobernadora de la Región de Aysén, señora Andrea Macías ; el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE de Aysén, señor Francisco Lara ; el seremi de Energía de Aysén, señor Tomás Laibe ; el delegado presidencial regional de Aysén, señor Rodrigo Araya ; el jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), señor Danilo Zurita Oyarzún , junto al profesional del Subdepartamento Eléctrico de la CNE, señor Juan Pablo Maldonado Guzmán .

Durante la discusión general, el ministro de Energía y el subsecretario de esa cartera, junto con ratificar los contenidos del mensaje, resaltaron la importancia del proyecto de ley al abordar problemas estructurales en el sistema energético, sin centrarse directamente en la coyuntura tarifaria actual.

Además, expresaron que el proyecto busca fomentar la incorporación de energías renovables no convencionales y permitir la amortización de inversiones en múltiples períodos tarifarios. Esta medida es crucial, agregaron, para regiones como la de Aysén, donde la dependencia de los hidrocarburos plantea problemas de disponibilidad y costos. Estiman que, al extender el período de amortización, se facilitará la viabilidad financiera de proyectos de energía eólica y fotovoltaicos, mejorando la seguridad del suministro y reduciendo la dependencia de fuentes de energía menos confiables.

En el transcurso de la discusión del proyecto, diversos diputados y diputadas formularon observaciones al contenido de su articulado, como, por ejemplo, el centralismo y la falta de consideración de las particularidades regionales en la planificación energética y la tarificación.

Por otra parte, expresaron preocupación por las particularidades de la Región de Magallanes, donde algunas ciudades como Puerto Williams dependen completamente del diésel para su suministro eléctrico.

También señalaron su frustración y decepción con las políticas públicas del Estado central, las cuales, según ellos, han marginado y abandonado a la Región de Aysén y la zona sur austral de Chile.

Sometido a votación general el proyecto, fue aprobado por 10 votos, ninguno en contra y 2 abstenciones.

Durante su discusión particular se aprobaron diversas indicaciones que tienen por objeto perfeccionar el contenido del proyecto, de las que da cuenta el informe que mis colegas tienen en su poder, por lo cual omitiré referirme a ellas en aras del tiempo.

Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que, a juicio de la comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales o de quorum calificado.

Asimismo, ella determinó que el artículo tercero transitorio de su texto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Rinde el informe de la Comisión de Hacienda la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS, doña Camila (de pie).-

Señor Presidente, honorable Sala, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo referido a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font , que perfecciona los sistemas medianos en la ley general de servicios eléctricos.

Concurrió, en representación del Ejecutivo, a presentar el proyecto el ministro de Energía, señor Diego Pardow .

La idea matriz de la iniciativa se orienta a perfeccionar la regulación de los sistemas eléctricos medianos con el propósito de mejorar el acceso a todos los habitantes del país, especialmente a quienes habitan en las zonas más aisladas, a servicios eléctricos provistos mediante tarifas equitativas, promoviendo así que la electricidad sea un motor de desarrollo para las regiones y mejore la calidad de vida de todos sus habitantes.

En particular, mediante un artículo único permanente y cuatro disposiciones transitorias, el proyecto persigue una revisión estructural de la forma de tarificación y la organización industrial, para lo cual redefine y recategoriza los sistemas medianos y también los sistemas aislados.

Considerando que la clasificación actual de sistemas eléctricos solo pondera la capacidad de generación instalada, criterio que no responde adecuadamente a las necesidades reales de cada sistema, el proyecto, para revertir esa limitación, incorpora criterios adicionales que ofrecen mayor flexibilidad y facilitan el tránsito progresivo entre categorías.

Adicionalmente, la normativa en trámite propone la creación de un plan de transición progresiva, definido por la Comisión Nacional de Energía, destinado a asegurar que el sistema cumpla gradualmente con los requisitos regulatorios del nuevo estatus de capacidad de generación.

Se aborda también la actualización del procedimiento de planificación del sistema eléctrico, con el objetivo de fomentar el desarrollo de inversiones, manteniendo los actuales criterios de eficiencia y seguridad, pero incorporando aspectos tales como las energías renovables y el almacenamiento energético.

Se pretende con ello promover inversiones que puedan amortizarse en plazos más amplios, incentivando un crecimiento más sostenible y adecuado a las condiciones particulares de cada una de las regiones de nuestro país.

El ministro Pardow destacó que el proyecto de ley crea un registro electrónico de promotores de proyectos de generación y transmisión, y refuerza la participación ciudadana en el proceso de planificación energética.

En materia de tarificación, se diseña un nuevo modelo para los sistemas medianos, licitado por la Comisión Nacional de Energía y ejecutado, ahora, por un consultor independiente.

En lo inmediato, se agrega un mecanismo que reducirá las tarifas eléctricas para el segmento de clientes no residenciales de las regiones de Aysén y de Magallanes.

El Ejecutivo ingresó indicaciones para extender el período de reconocimiento de inversiones de dos a tres procedimientos tarifarios y para establecer un marco legal permanente que permita a los gobiernos regionales subsidiar la operación de sistemas eléctricos aislados para pequeños consumidores.

La medida incluye una tarifa regulada de referencia y un artículo transitorio que autoriza el financiamiento regional para estos sistemas durante el período previo a su categorización bajo la nueva ley.

En lo referido a sus efectos fiscales, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que la aplicación del proyecto de ley implicará adicionar nuevas funciones a la Subsecretaría de Energía, las que serán cumplidas mediante la contratación de dos nuevos funcionarios, con un gasto estimado de 106 millones el primer año y de 103 millones en régimen.

En la Comisión Nacional de Energía, por su parte, se incorporarán tres nuevos funcionarios, con un desembolso implícito de 213 millones el primer año y de 209 millones en régimen.

En términos consolidados, la aplicación del presente proyecto significará nuevos desembolsos fiscales, por 318 millones al año de su instalación y de 312 millones en régimen.

En materia de financiamiento, se reporta que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía y, en lo que faltare, con suplementos desde el Tesoro Público, autorizados por el Ministerio de Hacienda. En los años siguientes se estará a lo dispuesto en la ley de presupuestos.

Los integrantes de la comisión solicitaron diversas precisiones acerca de los fines del proyecto y de las modificaciones que introduce, y requirieron mayor detalle sobre las labores que desempeñarán los nuevos funcionarios a contratar por parte del Ministerio de Energía.

Finalmente, puestas en votación las tres disposiciones de su competencia, resultaron todas aprobadas por mayoría de votos. Se pronunciaron en la sesión los diputados Carlos Bianchi , Ricardo Cifuentes , Luis Cuello , Felipe Donoso , Miguel Mellado , Agustín Romero , Jaime Sáez , Juan Santana , Frank Sauerbaum , Alexis Sepúlveda , Gastón von Mühlenbrock , Boris Barrera (presidente) y esta diputada informante, Camila Rojas .

Como consecuencia de lo relatado, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos aquí expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señor Presidente, Aysén es una región rica en naturaleza, con una amplia diversidad de paisajes y climas, que van desde la estepa de la pampa patagónica hasta los verdes bosques, pasando por lagos, ríos, fiordos y hielos milenarios, transformándose en uno de los destinos más atractivos del mundo. Sin embargo, su crecimiento y desarrollo ha sido lento producto de su aislamiento, baja densidad poblacional y elevados costos de la energía y el transporte, por nombrar solo algunos.

Este proyecto perfecciona la normativa de los sistemas medianos, busca disminuir los costos de generación de energía y fomenta la transformación de la matriz energética, impulsando el uso del abundante potencial de energías renovables con que cuentan las regiones del sur austral que no están conectadas a la red nacional.

Por estas razones, este proyecto es muy importante para Aysén . El potencial energético de nuestra región en fuentes eólicas, solares e hídricas tiene capacidad para de generar más de 13.000 megawatts. No obstante, más del 54 por ciento de la capacidad instalada depende de combustibles fósiles, lo que resulta una contradicción que debemos terminar.

Con este proyecto, Aysén puede ser la primera región de Chile en descarbonizar la matriz y, de esta manera, contribuir a los compromisos internacionales que el país tiene.

Actualmente, los sistemas medianos de Palena y de la Región de Aysén no tienen mecanismos de ajuste a los precios de generación, y de ahí su alto costo. Este proyecto de ley mejoraría la situación, por las siguientes razones: primero, porque se lograría el acople tarifario que incorpora a los sistemas medianos al cálculo del precio nudo promedio, y, segundo, porque reconoce las inversiones, promoviendo la incorporación de proyectos de generaciones renovables, manteniendo los valores de la inversión en las tres siguientes fijaciones tarifarias. Esto permite certeza, fomenta la inversión en energías renovables no convencionales y facilita la obtención de financiamiento.

La aprobación de este proyecto permitirá a la Región de Aysén y a la provincia de Palena reducir los costos de generación de energía y avanzar en independencia y autonomía energética, incluso en desarrollo sostenible, con energía limpia, lo que contribuirá al desarrollo sostenible y a disminuir el impacto ambiental.

También permitirá avanzar en la descontaminación de las ciudades, particularmente de Coyhaique, que en estos últimos años ha sido una de las más contaminadas del mundo, cuyo efecto en la salud de las personas es muy grave. En consecuencia, mejoraría nuestra calidad de vida.

Además, crearía oportunidades económicas, como la atracción de inversiones, fortaleciendo la economía regional y la generación de empleos, y proporcionaría energía limpia, confiable y más barata.

Finalmente, quiero señalar que este proyecto permitirá generar las condiciones para desarrollar el potencial energético de Aysén, lo cual es clave para un desarrollo sustentable.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro.

El proyecto de ley que perfecciona los sistemas medianos y aislados en la ley general de servicios eléctricos es de gran importancia para las regiones australes de nuestro país, particularmente de Aysén y de Magallanes, y también en la provincia de Palena, ubicada en la Región de Los Lagos, porque aborda directamente las condiciones de inequidad, vulnerabilidad estructural y dependencia energética que históricamente han afectado a esos territorios de nuestro país.

Quiero detenerme un momento particularmente en la provincia de Palena, una de las zonas más postergadas del país en materia energética.

Palena no está conectada al sistema eléctrico nacional, pues depende de un sistema aislado, frágil y costoso, altamente dependiente del diésel. Esto significa cortes frecuentes, precios injustos y un acceso desigual a un servicio básico como es la electricidad.

Mientras en Santiago se habla de eficiencia, en la provincia de Palena la gente aún espera estabilidad y dignidad en el suministro eléctrico.

Por eso es tan importante este proyecto, porque entrega herramientas concretas para que el Estado pueda planificar, invertir y subsidiar con justicia a los territorios que han quedado fuera de la lógica centralista.

Por ejemplo, en la provincia de Palena no estamos pidiendo privilegios, sino condiciones mínimas para vivir, producir y desarrollarnos con dignidad. Este proyecto es una oportunidad para corregir décadas de abandono y abrir paso a una transición energética justa desde el extremo sur de Chile.

Por eso, no podemos seguir aplicando las mismas reglas del centro a un territorio que vive realidades que son profundamente distintas.

Hay, además, un conjunto de razones que invitan a aprobar este proyecto. Por un lado, el reconocimiento de una realidad que es diferente y, por otro, la necesidad de justicia territorial y equidad en el acceso, además de fomento a la transición energética justa y estabilidad y modernización en el suministro.

En resumen, este proyecto corrige una deuda histórica del Estado con las regiones australes, dotándolas de un marco normativo que nos permitirá garantizar el derecho a la energía en condiciones de calidad, seguridad y equidad, y por eso su aprobación no es solo técnica y económicamente razonable, sino también una decisión política de justicia territorial que aplaudo y saludo.

Por lo expuesto, llamo a la Sala a aprobar este proyecto el día de hoy.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, a pesar de que este proyecto de ley se presenta como una propuesta que aporta claridad y estabilidad regulatoria para sistemas eléctricos más pequeños y aislados, fomentando inversión, competencia y seguridad en el suministro, consideramos que ello no es del todo correcto, debido a que su contenido introduce complejidad y costos innecesarios en dichos sistemas, así como también politiza decisiones técnicas claves para el desarrollo energético, corriendo el riesgo de que decisiones ineficientes sean pagadas por los consumidores del sistema eléctrico nacional.

El proyecto obliga al Ministerio de Energía a dictar planes estratégicos de energía en cada región, que deberán considerarse en la planificación energética de largo plazo. Aunque es legítimo reconocer diferencias territoriales, esta obligación introduce un sesgo político en decisiones que debieran ser eminentemente técnicas al otorgar peso a visiones territoriales y a instancias políticas, como los Comités Regionales de Cambio Climático.

La falta de definición técnica objetiva sobre la relación entre estos planes regionales y los procesos de fijación tarifaria de los servicios abre espacio a que visiones locales -incluso legítimas terminen gatillando inversiones innecesarias e ineficientes cuyos costos finalmente serán traspasados a todos los consumidores.

La decisión energética debe seguir basada estrictamente en criterios de eficiencia técnica y económica, no en presiones políticas locales, porque cualquier ineficiencia la paga finalmente el consumidor.

Por otro lado, el proyecto faculta a la Comisión Nacional de Energía para realizar licitaciones públicas de suministro en los sistemas medianos. Sin embargo, es problemático, innecesario y riesgoso forzar licitaciones donde no existe competencia real por las condiciones estructurales de monopolio natural y baja demanda.

Asimismo, el proyecto introduce o refuerza subsidios cruzados, y si bien es legítimo buscar tarifas más bajas en zonas extremas, el mecanismo escogido diluye el costo real.

Lo que esta propuesta no menciona, y es mi principal preocupación en este tema, es que mis vecinos de comunas como San Juan de la Costa y Fresia; de Nueva Braunau, San Carlos y otros sectores de mi distrito sufran con la falta de fiscalización a las empresas eléctricas y pasen más de treinta horas sin la reposición del servicio, experimentando pérdidas económicas y de productos sin que nadie se haga responsable.

Si a ello le sumamos decisiones antojadizas de carácter político que pueden salir mal, lo único que vamos a lograr es que las cuentas de luz sean más caras y seguir con un pésimo servicio eléctrico y un suministro de energía inestable por falta de regulación.

Me parece que, desde este punto de vista, este es un muy mal proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, quiero partir diciendo que la Región de Magallanes posee históricamente una especial realidad energética. El sistema depende de los hidrocarburos, preeminentemente del suministro de gas.

Existen excepciones, como es el caso de algunas zonas insulares y los sistemas de la provincia de Palena y de las regiones de Aysén y de Magallanes, que funcionan de forma aislada. Esas áreas, aunque cuentan con redes propias, no están conectadas al sistema principal, lo que genera desigualdades para las regiones extremas, ya que tradicionalmente a los sistemas medianos se les han aplicado las mismas reglas del sistema eléctrico nacional.

La primera injusticia dice relación con la desintegración vertical, ya que en el sistema eléctrico nacional la generación, la transmisión y la distribución están legalmente separadas para evitar conflictos de intereses y concentraciones de poder. Ello ha sido efectivo en mercados grandes, pero en sistemas medianos, en que no hay escala suficiente, la desintegración genera desincentivos para la inversión.

Por ello, este proyecto busca permitir una cierta integración vertical en estos sistemas, adaptándose a un menor tamaño.

La segunda injusticia tiene que ver con los procesos tarifarios, ya que los períodos tarifarios son de cuatro años, lo que funciona en un sistema grande, en que la cantidad de usuarios permite amortizar las inversiones en este plazo. Sin embargo, en sistemas más pequeños, este período es absolutamente insuficiente para financiar las inversiones, lo que deriva en redes eléctricas más antiguas y servicios de menor calidad, como ocurre en las regiones de Aysén y de Magallanes.

Los otros aspectos del proyecto son la ampliación de los plazos tarifarios, la participación ciudadana y la descentralización de competencias, todas medidas positivas para tener una mirada mucho más regional de la realidad energética de las regiones extremas.

Partí mi intervención diciendo que la Región de Magallanes no está interconectada en materia energética con el resto del país y que el insumo que utiliza es el gas. Por eso, este proyecto además apunta a optimizar de alguna manera el aporte que el Estado de Chile, a través del Ministerio de Energía, le entrega a la zona con el subsidio al gas, que va a la generación de energía eléctrica, como también a la generación de calefacción, indispensable en nuestra Región de Magallanes.

Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, quiero ser bien preciso en mi intervención.

La verdad es que votaré en contra este proyecto. Esto, porque si bien su implementación significará una reducción de la tarifa para la Región de Aysén y para Chiloé insular, esto no será así para la Región de Magallanes, en que incluso, según palabras del propio ministro de Energía, alguna tarifa se verá incrementada negativamente con un nuevo aumento de precio. Si bien ello podría considerarse que no es significativo, cualquier alza de tarifa impacta, más aún considerando que el precio de la energía en la Región de Magallanes ha tenido un alza de más de un 50 por ciento en el último año y medio.

Por otra parte, la implementación de un sistema de energías limpias no garantiza una baja en el precio de la energía, cosa que ha quedado claramente demostrada en la Región de Magallanes, en que la instalación de un parque eólico en el sector Cabo Negro en 2013, con un aporte de 3.800 millones de pesos de la época, no significó una reducción de la tarifa.

Votaré en contra.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, quiero señalar, en primer lugar, que este proyecto de sistemas eléctricos medianos no es para todo el país, sino más bien para las regiones extremas: para la zona de Palena, en la Región de Los Lagos; para la Región de Aysén y la Región de Magallanes, donde tenemos sistemas medianos, ya que no formamos parte del sistema interconectado central.

Evidentemente, este es un marco jurídico que no teníamos. Por eso es tan importante aprobar esta iniciativa, porque además permitirá corregir una desigualdad estructural, posibilitando la integración vertical en estos sistemas. Se amplían los plazos tarifarios y se vinculan con los territorios al precio de nudo promedio nacional, de tal manera que nuestra tarifa se acerque a los valores del sistema interconectado central en el futuro.

Creo que esto es importante, porque estamos en una situación compleja a nivel país, con las tarifas en alza. Hace muy poco vimos que la tarifa eléctrica tuvo un aumento que supera el 70 por ciento. En nuestra región pagamos mucho más, porque no somos parte del Sistema Interconectado Central.

Por lo tanto, es fundamental aprobar normas estructurales que permitan tener un marco jurídico que logre bajar la tarifa. De hecho, de aprobarse este proyecto, va a haber una rebaja, particularmente para el comercio y la industria, en un 18 por ciento, aproximadamente, en el caso de las zonas extremas.

Quiero aprovechar la presencia del señor ministro de Energía en la Sala de la Cámara de Diputados para reiterar que debemos atender la urgencia que se vive en todo el país producto del alza de la tarifa eléctrica. Es fundamental que el gobierno se siente a conversar con las empresas eléctricas, que renegocie contratos, particularmente para evitar que continúen las alzas de las tarifas eléctricas, que bordean sobre el 70 por ciento.

La situación es insostenible, porque, además, el gobierno pide hacer recambio de calefactores en zonas con saturación producto de la contaminación atmosférica. ¿Cómo la gente se va a cambiar a calefacción eléctrica con los valores de las tarifas que hoy día tenemos? ¡La gente sigue quemando leña!

Señor Presidente, por su intermedio le pido al ministro que el gobierno tome una decisión política. Esta no es una materia de iniciativa parlamentaria. En las calles, la gente nos pregunta por qué los parlamentarios no bajamos la tarifa a la luz. ¡No podemos hacerlo! Ningún parlamentario tiene la iniciativa para bajar las tarifas; la tiene el gobierno.

Por eso, sin perjuicio de reiterar nuestra aprobación a este proyecto, le pido al ministro que tome una decisión audaz para bajar la tarifa eléctrica…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, ya se ha dicho bastante que este proyecto viene a hacer justicia a las zonas extremas, a los territorios más australes, a las personas que hacen patria con el frío más profundo y en el territorio más indómito.

Solo quiero agradecer el trabajo del ministro, del subsecretario y de todo su equipo, que han impulsado este proyecto que, como ya decía, viene a hacer justicia a los territorios extremos, territorios que, muchas veces, son abandonados por el Estado o por la sociedad chilena en general. Así que, por supuesto, votaré a favor, e insisto en reconocer el trabajo de los equipos técnicos que han estado detrás de este proyecto, del ministro, del subsecretario y de todo su equipo.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, este es un proyecto mentiroso. Quiero aclarar que no comparto para nada el informe que entregó la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, porque da la impresión, sin decirlo, de que todos los integrantes de la comisión estábamos de acuerdo con este proyecto. En mi caso, estuve en contra de punta a punta, porque no es una reforma o un cambio estructural, con lo cual, una vez más, el gobierno falta a su palabra, no cumple con lo que comprometió en tiempos de campaña.

¡Para qué hablar de la falta a la verdad que ha cometido el ministro! Desde un comienzo, el ministro de Energía, aquí presente, dijo que no iba a subir la tarifa de la energía eléctrica para los trabajadores y trabajadoras de Chile. En la Región de Aysén, desde mayo hasta la fecha, ha subido la tarifa de la energía eléctrica 83 por ciento. ¡Señor ministro, un 83 por ciento!

El señor CASTRO (Presidente).-

Señor diputado, le hago un llamado al orden.

El señor ALINCO.-

Si bien es cierto que este proyecto ayuda en un porcentaje menor a los pequeños empresarios, no favorece en lo absoluto a los usuarios, a los adultos mayores, a los discapacitados, a las jefas de hogar. No los favorece absolutamente en nada; al contrario.

Por otra parte, se habla de que se van a aumentar los subsidios eléctricos. ¿Quién paga los subsidios eléctricos? ¿El ministro de Energía? ¡No, los pagan los propios trabajadores! Tenemos que pagar precios usureros, ¡usureros!

Por lo tanto, lo que corresponde a los diputados y diputadas es rechazar este proyecto, porque los únicos que ganan son las empresas transnacionales y la empresa monopólica de la Región de Aysén, llamada Edelaysen . Ellos son los únicos que han ganado millones de dólares todos estos años, desde que se privatizó la energía eléctrica en Chile; siguen ganando y van a seguir ganando.

Este es un proyecto parecido, en lo esencial, a la reforma previsional, en que los únicos que ganaron fueron las AFP. Con este proyecto mediano, sin lugar a dudas, las únicas que van a seguir ganando son las empresas eléctricas.

Como solución, propongo que en la Región de Aysén se cree otro sistema energético; que con otra materia prima se logre la energía. Tenemos más ríos que la Región de Los Ríos y tenemos más lagos que la Región de Los Lagos; sin embargo, el 80 por ciento de la energía eléctrica en Aysén se genera a través del petróleo.

Llamo a votar en contra este proyecto, porque es un proyecto mentiroso, es un proyecto que va a significar seguir ahorcando económicamente a los chilenos, en especial a los habitantes de mi región, a los aiseninos. ¡Llamo a votar en contra!

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Mauro González .

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, la provincia de Palena, en la Región de Los Lagos, es un territorio único, con gente maravillosa y paisajes incomparables. Sin embargo, lamentablemente, enfrenta desigualdades estructurales, en especial en el acceso a la electricidad. Es una situación que en nuestros recorridos permanentes por la zona nos ha manifestado con claridad la comunidad. Estas lamentables desigualdades afectan directamente el diario vivir de los vecinos.

En muchas zonas rurales y aisladas, la energía aún no llega de forma constante, de forma segura ni a precios justos. Esto afecta el desarrollo productivo, educativo y social de las zonas extremas.

Este proyecto propone tarifas equitativas y un enfoque territorial, reconociendo las dificultades de abastecer a zonas extremas, como, por ejemplo, la provincia de Palena. Por eso, esta es una oportunidad para avanzar. La tomamos de esa manera, como una oportunidad a la cual no le podemos cerrar las puertas, porque es fundamental avanzar con justicia y, en este caso, con dignidad energética.

En la comisión apoyamos la iniciativa, pero también manifestamos al ministro, quien está presente, nuestras inquietudes, por ejemplo, sobre el periodo de inversión, ante lo cual el Ejecutivo aseguró que el objetivo se cumpliría en los plazos establecidos.

Hago un llamado a aprobar el proyecto, porque así responderemos al llamado de nuestros vecinos y vecinas de las zonas extremas, en mi caso, de la provincia de Palena. A ellos no solo debemos reconocerlos, sino también ayudarlos con una propuesta pública concreta.

Por eso, votaré a favor la iniciativa.

He dicho.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Sulantay .

El señor SULANTAY.-

Señor Presidente, cuando hablamos de equidad territorial, no solo debemos pensar en asignar recursos de forma justa a cada una de las regiones de nuestro país; cuando hablamos de soberanía, no nos referimos únicamente al resguardo de nuestras fronteras, y cuando hablamos de integración, no es solo para considerar instituciones o personas en objetivos comunes. Esos tres conceptos -equidad territorial, soberanía e integración también deben traducirse en desarrollo efectivo en cada rincón de Chile. En este caso, me refiero a la hermosa Región de Aysén, cuyos contrastes naturales son apreciables desde el turismo y el esparcimiento, pero cuya falta de progreso resulta inexplicable en un país que se declara en constante desarrollo. El mejor ejemplo de ello es que Aysén posee los recursos naturales más abundantes y potencialmente utilizables del país para la generación de energía limpia y barata; sin embargo, actualmente, más del 70 por ciento de dicha generación depende del uso del diésel, lo que no solo representa un contrasentido, sino que perjudica directamente a los habitantes de la región en su derecho a acceder a sistemas energéticos más convenientes.

Ni hablar del crecimiento y desarrollo económico de la zona. ¿Qué empresa o industria pensaría en invertir o instalarse allí? Con ese nivel de costo energético, obviamente, ninguna. Así, se va quedando atrás toda una región, cuyos habitantes ven cómo cada año aumenta el costo de la vida, mientras sus niveles de ingreso y de empleo permanecen estancados.

Es legítimo tener dudas durante la tramitación de proyectos de ley como este. Sin embargo, cuando existe un apoyo transversal, debemos prestar especial atención. Así ocurrió en la Comisión de Minería y Energía, donde recibimos a autoridades y dirigentes gremiales, encabezados por el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana , quienes plantearon con claridad la necesidad de contar con este impulso tan necesario. Por eso, apoyar con el voto favorable este proyecto de ley no solo es un deber con los habitantes de Aysén, sino también un aporte concreto -no ideológico a la verdadera justicia territorial, a la integración nacional y a nuestra soberanía.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro de Energía y a su equipo de trabajo.

En nuestro primer encuentro, el año pasado, a raíz del sinceramiento de las tarifas eléctricas -tema que aún afecta a prácticamente todo el territorio nacional-, tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro y plantear la situación particularmente desventajosa e inequitativa que enfrenta la provincia de Palena y la comuna de Cochamó.

Por eso, por su intermedio, Presidente, felicito al ministro por las indicaciones presentadas y por este proyecto de ley, que, sin duda, viene a mejorar el valor, la equidad y la seguridad del suministro eléctrico en la provincia y comuna mencionadas, a las que envío un saludo, pues han enfrentado innumerables problemas eléctricos, especialmente en el sector de Llanada Grande, debido a desperfectos que, lamentablemente, las afectan desde hace mucho tiempo.

Esta es una buena noticia, además, porque actualmente existen más de cien sistemas aislados que entregan suministro a más de 10.000 usuarios, la mayoría de ellos dependientes de municipios, comités y pequeñas cooperativas.

Como señalé, esto permite mejorar las tarifas, asegurar un suministro más confiable y también habilitar a los gobiernos regionales a que destinen recursos para mantener la operación y continuidad de estos pequeños servicios eléctricos.

Lo importante es que el valor que pagan estos sistemas medianos se va a acercar al valor nudo nacional, reduciendo así el precio final. La gran desventaja de estos sistemas aislados es que no están conectados al sistema interconectado central, por lo que se requiere ir en ayuda permanente de esos territorios.

Vamos a votar a favor, porque esto implica mejorar y entregar mayor equidad en el suministro eléctrico a sistemas aislados, en este caso, a la provincia de Palena y a la comuna de Cochamó.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, me alegra que este proyecto esté avanzando. Se trata de una iniciativa que toca profundamente el corazón de las regiones más aisladas y extremas de Chile. En las regiones australes, donde los inviernos son largos, fríos y muy oscuros, la energía es esencial. Con ella iluminamos y calefaccionamos no solo nuestros inviernos, sino también, a veces, nuestros fríos veranos.

Por eso, diputadas y diputados, para Magallanes la energía es vital. No se puede comprender esta realidad sin haber vivido días de julio en los que amanece después de las 9 de la mañana y oscurece antes de las 5 de la tarde, mientras el frío cala hasta los huesos.

No encuentro mejor forma de explicar cuán esencial es la energía en Magallanes que recordando la movilización masiva de 2011 contra el recorte del subsidio del gas. Cuando el gobierno del Presidente Piñera anunció esa medida, las familias magallánicas salieron a la calle a defender su forma de vida. Fue una movilización tan contundente que obligó al gobierno a retroceder. Así de fundamental es la energía para nosotros.

Hoy, Magallanes tiene una oportunidad impensada: ser sede de la nueva industria del hidrógeno verde, una energía limpia que promete descontaminar el planeta y desarrollar nuestra región. Es una gran oportunidad, siempre que logremos que esa industria respete el medio ambiente, que su riqueza se traduzca en mejoras reales en la calidad de vida de las familias magallánicas, y no solo en mayores utilidades para capitales extranjeros.

Con esa mirada de futuro estudié y trabajé en este proyecto de ley. Como magallánica, nacida y criada en estas tierras, pienso tanto en el Magallanes de hoy como en el de veinte, cincuenta o cien años más, en el Magallanes en que vivirán los hijos de mis hijos.

Actualmente, nuestra región depende del gas, es decir, de la extracción de hidrocarburos, lo que en el contexto de la crisis climática tiene fecha de caducidad. Por eso, el hidrógeno verde representa una oportunidad para reemplazar gas por una energía renovable. Imagino una región donde todas las familias iluminen sus casas y calefaccionen sus hogares con hidrógeno a bajo costo o con energía eólica.

¿Estoy loca? ¿Seré idealista? En ningún caso. Los parques eólicos que se están instalando en Magallanes producirán cien veces la energía que requiere Punta Arenas. Ese es mi sueño. Pero también tengo un temor: si no tomamos medidas, Magallanes descarbonizará el mundo, pero no logrará mejorar la calidad de vida de su propia gente. Por eso, presenté una indicación para que las y los magallánicos tengamos derecho a esa energía.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señor Presidente, esta iniciativa representa un paso concreto para reducir las brechas en cuanto a acceso y calidad del suministro eléctrico en zonas alejadas, muchas de las cuales enfrentan desde hace años una situación de alta vulnerabilidad energética.

Como representante de la Región de Antofagasta, no puedo dejar de mencionar el caso de San Pedro de Atacama, una comuna importante para el país, donde más de 2.400 familias dependen de un sistema aislado que, si bien cuenta con infraestructura de generación, ha enfrentado graves problemas financieros y operativos, lo que pone en riesgo la calidad y continuidad del suministro.

San Pedro de Atacama, al igual que los otros 108 sistemas aislados existentes en Chile, que entregan electricidad a más de 10.000 usuarios, refleja una realidad compleja: sistemas precarios, con altos costos, baja escala y escasa regulación, que no solo generan vulnerabilidad energética, sino que también precarizan la calidad de vida y elevan mucho el valor de la electricidad.

La situación ha llegado a tal punto que, en diciembre pasado, la municipalidad declaró emergencia comunal debido a los reiterados cortes de luz, lo que afectó no solo a los hogares, sino también a los servicios básicos y a la seguridad de la población.

Este proyecto de ley abre una vía estructural para abordar estos problemas al establecer una nueva categorización de los sistemas eléctricos que buscan recoger de mejor forma las distintas realidades y particularidades locales, incluyendo mecanismos claros para su tránsito entre categorías.

Asimismo, valoro especialmente que durante la tramitación del proyecto se haya incorporado un artículo permanente que faculta a los gobiernos regionales para subsidiar la operación de los sistemas aislados, como el de San Pedro de Atacama, entregando una herramienta concreta y estable. Esto evita que comunidades como la nuestra dependan año a año de la ley de presupuestos, porque ello introduce una incertidumbre preocupante en un servicio básico como la electricidad.

Por todo lo anterior, hago un llamado a aprobar este proyecto de ley, porque no solo moderniza la regulación, sino que también ofrece respuestas concretas a territorios que por años han estado al margen de una política energética justa, eficiente y con mirada de futuro.

También quiero destacar al ministro de Energía, por el rol que ha desempeñado, y a su equipo regional de Antofagasta, porque, con un trabajo colaborativo, junto con la cooperativa, la municipalidad y el gobierno regional han construido una hoja de ruta para avanzar hacia una solución estructural. Ese trabajo va en línea con el espíritu de este proyecto.

He dicho.

INCORPORACIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) EN LA LEY N° 19.966, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN SALUD (Solicitud de resolución No 1.482)

El señor CASTRO (Presidente).-

No hay diputados inscritos para hablar en contra.

Cerrado el debate.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PROHIBICIÓN DE INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL DE TODO VEHÍCULO DE PATENTE EXTRANJERA QUE SEA INFRACCIONADO O DENUNCIADO POR ARROJAR BASURA EN LA VÍA PÚBLICA (Solicitud de resolución No 1.483)

ADQUISICIÓN DE HELICÓPTERO APTO PARA CONDICIONES NATURALES QUE PRESENTA LA REGIÓN DE ÑUBLE (Solicitud de resolución Nº 1.484)

El señor CASTRO (Presidente).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución Nº 1.484.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Señor Presidente, la solicitud de resolución Nº 1.484 la firma la diputada Marta Bravo , y en ella solicita a su excelencia el Presidente de la República tomar todas las medidas administrativas para la adquisición de un helicóptero apto para las condiciones naturales que presenta la Región de Ñuble.

El señor CASTRO (Presidente).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra.

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA REGIÓN DE ÑUBLE (Solicitud de resolución Nº 1.485)

El señor CASTRO.-

No hay inscritos para hablar en contra.

-Los textos íntegros de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:

https://www.camara.cl/fiscalizacion/Acuerdos/proyectos_acuerdo.aspx