Labor Parlamentaria

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, con informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda, iniciativa correspondiente al boletín N° 14.838-03.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 14.838-03) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Esta iniciativa tiene los siguientes objetivos:

1) Generar un mercado competitivo de apuestas en línea, considerando otras formas de juego actualmente legales.

2) Resguardar la fe pública.

3) Proteger la salud y la seguridad de las y los jugadores.

4) Transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas.

5) Contribuir a la recaudación fiscal.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala del Senado en sesión de 13 de diciembre de 2023, el proyecto de ley fue analizado en primer lugar por la Comisión de Economía y enseguida por la de Hacienda.

Ambas instancias hacen presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado, procedieron a discutir este asunto solo en general.

La Comisión de Economía deja constancia de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros, honorables senadora señora Carvajal y senadores señores Edwards, Saavedra, Sanhueza y Pugh.

La Comisión de Hacienda, por su parte, consigna que aprobó el proyecto en general por la unanimidad de sus integrantes presentes, honorables senadora señora Rincón y senadores señores Insulza, Lagos y Macaya.

Asimismo, ambas comisiones hacen presente que el inciso final del artículo 14, la letra b) del número 27 del artículo 70 y el inciso quinto del artículo segundo transitorio corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren de 25 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 97 y siguientes del informe de la Comisión de Economía, en las páginas 140 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Como se ha indicado, este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, va a ser discutido en general ahora por la Sala y, como indicó el señor Presidente , en caso de ser aprobada la idea de legislar ya se ha fijado un plazo para presentar indicaciones: el lunes 29 de septiembre del presente año, a las 12 horas.

Asimismo, la Sala acordó que, una vez que el proyecto sea aprobado en general, será conocido en su discusión particular por las comisiones de Hacienda y de Economía, unidas.

Es todo, señor Presidente.

El señor EDWARDS.-

Gracias, Presidente.

La Comisión de Economía tiene el honor de informar el proyecto de ley en referencia, iniciado en mensaje del Presidente de la República, con urgencia calificada de "suma".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus integrantes.

Aspectos centrales del debate

La Comisión recibió a diversos invitados, entre autoridades y funcionarios de los servicios involucrados, así como a representantes tanto de instituciones de juego legales como de aquellas que se pretende regular por medio del presente proyecto. Estuvieron con nosotros:

-Del Ministerio de Hacienda, la subsecretaria, señora Heidi Berner .

-Del Ministerio de Economía, la coordinadora legislativa, señora Virginia Rivas .

-De la Superintendencia de Casinos de Juego, la superintendenta, señora Vivien Villagrán .

-De la Polla Chilena de Beneficencia, la presidenta del Directorio, señora Macarena Carvallo.

-De Betano, Coolbet, Latamwin, Betwarrior y algunas entidades más, el abogado señor Carlos Baeza .

-De la Lotería de Concepción, su gerente general, señor Mario Parada.

-De la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, el señor Mauricio Fernández .

-Del Servicio de Impuestos Internos, el señor Simón Ramírez.

-De la Asociación Chilena de Casinos de Juego, el señor Juan Sebastián Araya .

-De la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el subsecretario, señor Claudio Araya .

-Y de Loyra Abogados, de España, la representante señora María Cristina Romero de Alba.

Regulación del mercado de los juegos de azar: de acuerdo a nuestra legislación, los juegos de azar y las apuestas son, por regla general, una actividad ilícita. Excepcionalmente el legislador ha establecido casos donde dichas actividades se encuentran autorizadas, pero sujetas a una fuerte regulación y fiscalización.

Vamos a pedirle al senador De Rementería que no se ponga exactamente al frente.

(Dicho en tono de broma y en referencia al hecho de que el senador De Rementería obstaculiza su visión hacia la Mesa).

Estoy hablando de la hípica, de la Lotería de Concepción, de la Polla Chilena de Beneficencia y de los casinos de juegos.

Pese a estar ratificado que la operación de las plataformas es contraria a la ley, Chile no cuenta con herramientas que permitan perseguir de manera eficiente el juego ilegal. No existe trazabilidad respecto de los propietarios de las plataformas ni del origen de los fondos. Esto representa riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Los servicios se prestan de manera remota, a través de internet, lo que dificulta la formalización de las plataformas como sociedades en el país, sujetas a las obligaciones que establezca la ley, con la debida fiscalización y la certificación de la aleatoriedad en el juego.

Existe una fuerte publicidad en los medios de comunicación, sin advertencias sobre los efectos adversos del juego o la protección de niños, niñas y adolescentes. Se requiere, por tanto, contar con una política de juego responsable y una prevención de la ludopatía, que es el gran problema que estamos enfrentando.

En este ámbito irregular no existe resguardo de los derechos de los consumidores, ni se asegura la debida protección de sus datos personales.

Ha habido una fuerte expansión de la oferta. El proyecto estima un crecimiento anual del 10 por ciento en los últimos cinco años, por lo que ello está empezando a representar un problema bastante grande a medida que pasa el tiempo.

Contenido general del proyecto

El proyecto crea un mercado semiabierto para el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea, sujeto a la autorización de la Superintendencia, la que pasará a llamarse "Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar".

Al igual que en el caso de los casinos de juego, las sociedades operadoras de las plataformas de apuestas en línea deben cumplir una serie de requisitos formales, que fueron fortalecidos con las indicaciones del Ejecutivo que se han ido discutiendo.

Deberán ser sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, con objeto exclusivo, capital mínimo, número de accionistas, etcétera. Y deberán informar acerca de sus beneficiarios finales. La SCJ, Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, contará con herramientas para revisar los antecedentes de accionistas y beneficiarios finales.

Antes de iniciar operaciones, dichas sociedades deberán obtener una certificación final de la SCJ, además de mantener una reserva de liquidez, certificar sus políticas de juego responsables y señalar las cuentas bancarias con las que operarán. (Esto está detallado, señores senadores, en el artículo 17).

Las plataformas de juegos en línea podrán explotar solo objetos autorizados por la Superintendencia. A falta de autorización expresa, existe prohibición.

El proyecto contiene normas de protección a niños, niñas y adolescentes: no pueden abrir o mantener cuentas; los objetos de apuestas no deben motivar su participación; la publicidad o promoción no puede estar orientada a ellos, y hay prohibición total de utilizar instrumentos de pago a su nombre, entre otras regulaciones.

También se crea la Política Nacional de Apuestas Responsables, dictada por Hacienda, previo informe de la Superintendencia de Casinos y del Ministerio de Salud. Dicha política contendrá los principales lineamientos y objetivos en materia de promoción de la práctica de apuestas responsables y prevención de enfermedades relacionadas con las apuestas. Lo anterior es aplicable a toda la industria y no solo a la industria en línea, como contemplaba el proyecto original. La publicidad o promoción deberá ajustarse a tales lineamientos.

El proyecto contiene una batería de normas de persecución al juego ilegal. Se crea un título completo al respecto -lo que es una novedad en nuestra legislación-, el cual perfecciona el catálogo de delitos; contempla normas de intercambio de información entre autoridades; restringe la publicidad solo a plataformas autorizadas, cuyo contenido deberá ajustarse al lineamiento de la Política de Apuestas Responsables; determina el control de medios de pago, el bloqueo de webs y las IP, la prohibición de descargas de app, entre otros aspectos.

Se modifican, además, las normas del procedimiento sancionatorio de la ley N° 19.995, que son aplicables también a las infracciones de las plataformas de apuestas en línea.

Contenido específico vinculado a la actividad deportiva

En este ámbito, se establece una restricción al derecho a realizar apuestas. Esto afecta a quienes tengan injerencia en el resultado, e incluye a los deportistas, los jugadores, los presidentes de las respectivas federaciones y organizaciones deportivas, su directorio o consejo directivo, los organizadores de la competición y también al entrenador, representante, auxiliar técnico o cualquier otra persona que desempeñe una actividad directamente vinculada a la práctica del deporte.

Se contempla un gravamen del 2 por ciento respecto a quienes exploten objetos de apuestas deportivas. De eso, un tercio irá a las federaciones deportivas; un tercio, al Comité Olímpico, y un tercio, al Comité Paralímpico.

Contenido específico vinculado a la publicidad o promoción

Respecto a la publicidad o promoción, hay dos principios generales: se prohíbe celebrar actos o contratos con quienes desarrollen, exploten, publiciten u ofrezcan, directa o indirectamente, los servicios de una plataforma de apuestas en línea sin contar con autorización y, en contrapartida, solo pueden hacer publicidad o promoción las plataformas de apuestas en línea que cuenten con autorización.

Es deber del medio de comunicación verificar que la plataforma mantiene autorización. Para estos efectos, la Superintendencia deberá llevar un registro público. El contenido tendrá que ajustarse a la Política Nacional de Apuestas Responsables. Dicho reglamento podrá establecer contenidos mínimos de información a los usuarios, restricciones horarias, limitación de uso del nombre de la plataforma en determinados espacios públicos o recintos, ajustes según la naturaleza del canal de operación, etcétera.

Transitoriedad

Dentro de la transitoriedad, que ha sido una de las materias más conversadas -quizá en esto vamos a tener que llegar a algunos acuerdos-, cabe señalar que las normas relativas a la entrega de licencia en régimen entrarán en vigencia una vez dictado el reglamento, lo que deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley.

Sin embargo, se establece un procedimiento de licencias transitorias para aquellos postulantes que no hayan operado ilegalmente en Chile en los últimos doce meses y acrediten el cumplimiento de estándares técnicos de legislaciones que, de acuerdo a la Superintendencia, contemplen estándares similares a los de la ley chilena, junto con el cumplimiento de otros requisitos.

Sobre la situación de los actuales operadores que están en la ilegalidad, el proyecto consigna que no podrán solicitar licencias sino hasta transcurrido doce meses desde que operaron ilegalmente, que es el llamado "cooling off". El articulado permanente contempla criterios para que la Superintendencia pueda identificar una plataforma que operó en el país.

Vencido dicho plazo, se deberá pagar un impuesto único y sustitutivo con dos componentes: 31 por ciento de los ingresos brutos, reconociendo los ingresos no tributados, y 0,07 UTM por cuentas de usuarios, reconociendo la captura de mercado. El periodo a declarar se determina considerando los treinta y seis meses previos a la entrada en vigencia de la ley.

Hay empresas de apuestas en línea que no han entrado a operar al país por una ausencia de regulación, por lo que actualmente no todas las plataformas de apuestas operan en el territorio y, en consecuencia, no todas se verán afectadas por estas medidas.

Ese es el mecanismo de transición que vamos a tener que discutir.

Votación en general

El proyecto de ley en la Comisión de Economía fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros, senadora Carvajal y senadores Saavedra, Sanhueza, Pugh y Edwards (5x0).

Por tanto, la Comisión propone a la Sala del Senado dar su aprobación en general a esta iniciativa.

Muchas gracias, Presidente .

La señora RINCÓN.-

Gracias.

Señor Presidente , honorables senadoras y senadores, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda , comparezco ante esta honorable Sala para rendir cuenta del trabajo que nuestra comisión ha desarrollado en torno al proyecto de ley contenido en el boletín N° 14.838-03, que regula el desarrollo y funcionamiento de las plataformas de apuestas en línea.

Esta iniciativa, originada en un mensaje del Ejecutivo y tramitada con urgencia calificada de "suma", se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional.

El texto legal que hoy se somete a consideración busca abordar un fenómeno que hasta ahora ha operado sin regulación, con implicancias económicas y sociales.

Cinco son los objetivos que contiene esta propuesta de legislación:

1.- Establecer un mercado competitivo y regulado para las apuestas en línea, armonizado con las otras formas de juego autorizadas en nuestro país.

2.- Resguardar la fe pública y prevenir prácticas que pongan en riesgo la confianza ciudadana.

3.- Proteger a las y los jugadores, especialmente a niños, niñas y adolescentes.

4.- Transparentar el origen y destino de los recursos que estas plataformas generan.

5.- Contribuir a la recaudación fiscal, bajo un esquema tributario que incentive la formalización y castigue a quienes no están dentro del resguardo de la regulación.

Este no es solo un proyecto técnico; es una herramienta para poner reglas claras donde hoy impera la desregulación.

El texto consta de setenta y cinco artículos permanentes y seis disposiciones transitorias, que conforman un marco regulatorio integral. Entre sus disposiciones, destaco:

-Creación de un mercado sujeto a autorización y fiscalización por parte de la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, que reemplaza y amplía las facultades de la actual Superintendencia de Casinos de Juego .

-Requisitos estrictos para los operadores: constitución como sociedad anónima cerrada en Chile, objeto social exclusivo, capital mínimo, identificación de beneficiarios finales, certificación de políticas de juego responsable, reserva de liquidez y registro de cuentas bancarias.

-Prohibiciones y resguardos para menores: prohibición de apertura de cuentas, de uso de medios de pago a su nombre y de publicidad orientada a ese segmento.

-Creación de la Política Nacional de Apuestas Responsables, con lineamientos obligatorios en publicidad, en prevención de la ludopatía y en protección al consumidor.

-Herramientas para la persecución del juego ilegal: bloqueo de sitios web e IP, control de medios de pago, prohibición de descargas de aplicaciones y tipificación penal reforzada.

-Integración de Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, sistema hípico y casinos presenciales al nuevo marco: se mantienen sus regímenes especiales, pero con nuevas exigencias.

En el marco del estudio de esta iniciativa,...

(Rumores).

Yo les pido a los colegas que, de verdad, no hablen, porque no es posible concentrarse.

Trabajo en la Comisión de Hacienda

En el marco del estudio de esta iniciativa, la Comisión de Hacienda recibió las exposiciones de diversos actores institucionales, gremiales y de la sociedad civil, y de expertos, todos quienes aportaron antecedentes y visiones desde sus respectivos ámbitos.

En representación del Ejecutivo , participó la subsecretaria de Hacienda , señora Heidi Berner , quien no se encuentra presente hoy día en la sala; autoridades de la Superintendencia de Casinos de Juego, y representantes del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y aprovecho de saludar -por su intermedio, Presidente - a la ministra.

Desde los organismos públicos, intervino la Defensoría de la Niñez, que entregó su visión respecto al impacto de las apuestas en línea en menores de edad y jóvenes.

En cuanto al sector empresarial y gremial, asistieron la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, la Asociación Chilena de Casinos de Juego, representantes de los gremios hípicos, operadores internacionales como Super Group y la agrupación de plataformas que integran Betsson , Betano , Coolbet, Latamwin, Betwarrior y 1XBET. Asimismo, expusieron Casinos Marina del Sol, Estelarbet y la empresa Yield Sec .

Finalmente, en representación de la sociedad civil y del mundo académico, participaron la fundación Ajuter (Agrupación de Jugadores en Terapia), el Consejo Superior de la Hípica Nacional y el profesor constitucionalista Francisco Zúñiga .

Todos quienes participaron en las sesiones de la Comisión de Hacienda entregaron valiosos insumos técnicos y reflexiones sobre la regulación de este sector.

Durante el trabajo legislativo de la Comisión de Hacienda, se recogieron planteamientos y preocupaciones de los distintos actores convocados, que reflejaban la diversidad de intereses involucrados en esta materia.

Señor Presidente , debo destacar que el debate desarrollado en la Comisión de Hacienda fue amplio, serio y plural, con la participación de diversas miradas que enriquecieron el análisis. Existió un consenso transversal respecto de la necesidad de contar con regulación para el mercado de las apuestas en línea. Sin embargo, también se formularon advertencias en torno a la eficacia de los regímenes propuestos y a la forma en que estos podrían impactar en la implementación de la ley.

Asimismo, se discutió la conveniencia o no de centralizar la recaudación de los tributos asociados a esta actividad, así como la necesidad de asegurar la coherencia del articulado con otras iniciativas actualmente en tramitación, en particular con el proyecto de inteligencia económica, que declara ilegal esta actividad.

En lo personal, destaqué la importancia de no perder de vista la gobernanza de la Superintendencia de Casinos de Juego y velar por que cuente con las capacidades y la independencia necesarias para ejercer sus funciones de manera eficaz. De igual manera, subrayé la relevancia de resguardar el derecho constitucional a emprender, buscando siempre un justo equilibrio con las medidas orientadas al combate contra la ilegalidad y a la protección de las personas más vulnerables frente a los riesgos de este mercado.

En lo que respecta al efecto presupuestario, el informe financiero del Ejecutivo proyecta que la entrada en vigencia de esta ley generará un impacto fiscal netamente positivo a mediano plazo. Ello se explica por la formalización de un sector que hoy opera sin regulación, lo que permitiría aplicar tributos como el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, además de un impuesto específico del 20 por ciento sobre los ingresos brutos de los operadores autorizados y un gravamen adicional del 2 por ciento a las apuestas deportivas, destinado al financiamiento de federaciones deportivas y de los Comités Olímpico y Paralímpico de Chile.

Para quienes se regularicen habiendo operado sin regulación previa, se establece un impuesto único y sustitutivo equivalente al 31 por ciento de los ingresos brutos, más un cobro adicional de 0,07 UTM por cada cuenta de usuario registrada. Aunque esta estructura tributaria reemplazará los gravámenes actualmente vigentes para productos como Xperto y Polla Gol , se estima que la recaudación global aumentará.

En cuanto al gasto fiscal, el principal desembolso estaría asociado al fortalecimiento de la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, incluyendo la creación de una división de apuestas en línea, la contratación de personal especializado, la adquisición de sistemas de monitoreo y la contratación de asesorías técnicas. El costo de implementación se estima en 901,9 millones de pesos el primer año y en 850,6 millones de pesos en régimen, con financiamiento proveniente tanto del presupuesto de la Superintendencia como del Tesoro Público.

En la sesión del 4 de agosto de 2025, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la idea de legislar: 4 votos a favor, 0 en contra.

Señor Presidente , honorable Sala, este proyecto no es simplemente una ley para ordenar un mercado; es una señal de que el Estado está presente y puede legislar escuchando a todos los actores, sin perder de vista el interés general.

Por tanto, dicha comisión solicita a la Sala que apruebe la idea de legislar en esta materia.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo al ministro , a la ministra y a la subsecretaria, que nos acompañan.

Quiero partir por señalar que voy a votar a favor de la idea de legislar de este proyecto porque es necesario empezar a regular ciertas áreas, no grises, ya que en Chile el juego está prohibido salvo que exista autorización expresa de la ley, como es el caso de la lotería, la hípica y los casinos de juego. Y tenemos un área gris, que son las máquinas tragamonedas, donde también hay que avanzar en legislar. Y, sin duda, quedaban en el aire las apuestas online.

Todos hemos visto las propagandas de las distintas casas de apuestas. Hemos visto incluso a jugadores de fútbol que las promueven y en las cuales se apuesta en partidos que se juegan y, al no tener una clara regulación, quedan en un cierto limbo. Además, el Estado no cuenta con una herramienta eficaz para fiscalizar y regular este tipo de actividades.

Creo que el proyecto que hoy día se le propone al Senado avanza en un sentido bastante correcto.

Eso sí, tengo algunas observaciones respecto de la iniciativa, que pueden debatirse en la discusión en particular.

El proyecto parte de la base de establecer que las apuestas on line o estos juegos de azar en línea, en la práctica, serán un mercado de carácter abierto, donde van a existir tantas licitaciones como oferentes que cumplan con los requisitos legales. Y si uno revisa los requisitos legales, en los hechos, resulta bastante fácil la constitución.

Como consecuencia de lo anterior, podemos tener desde una casa de apuestas hasta mil, dos mil o tres mil, según sea el tamaño del mercado que exista.

A mi juicio, esto genera cierta distorsión, porque la regulación que nosotros nos dimos en el caso de los casinos es limitada, ya que solamente se permite que existan dos casinos y un operador por región. Por lo tanto, en la práctica hay una limitación.

¿Por qué lo digo? Porque, claro, en el modelo que se construyó para los casinos, al tener un mercado regulado -por decirlo así- donde no se permite una participación amplia, sino limitada, se puede entender que se establezcan tasas impositivas bastante altas, que se cobre una entrada, que haya un impuesto específico, etcétera.

Pero cuando uno mira la tasa impositiva que se les aplica a las plataformas de juegos en línea, en la práctica, estamos tratando de replicar lo que pasa con los casinos. De hecho, en el proyecto se mantienen los impuestos generales, que son el IVA y el impuesto a la renta. Pero, además, se establecen un impuesto especial del 20 por ciento de tasa sobre los ingresos brutos, descontados el IVA y los PPM; un 1 por ciento de ingresos brutos anuales, descontados los gastos para difundir el juego responsable; y un gravamen de 1.000 UTM anuales más un 2 por ciento de los ingresos brutos anuales de las apuestas deportivas.

Entonces, claro, uno podría decir que estos impuestos van a funcionar. Pero, como no sabemos efectivamente cuál va a ser la recaudación real, se pueden producir dos situaciones: que haya un actor dominante en el mercado de las apuestas en línea, que sea el único que pueda soportar esa carga financiera; o, en la práctica, que continúen los sistemas de apuestas ilegales, a pesar de todas las regulaciones que se han incorporado.

Se pueden establecer muchas restricciones en el sector financiero, por ejemplo, al prohibir que las compras se realicen con tarjetas chilenas, pero todos sabemos que hoy uno puede adquirir una tarjeta en el extranjero y usarla en el país. Eso no está bloqueado. Lo mismo ocurre con la idea de bloquear la dirección IP.

Por tanto, puede suceder que, al determinar impuestos muy altos en esta materia, porque no sabemos efectivamente cuál es el mercado real, se terminen consolidando uno o dos grandes actores y sigamos con una cantidad importante de plataformas que continuarán operando de manera ilegal.

Yo creo que en esto debiera existir espacio. El Ejecutivo tendría que revisar y ver lo que han hecho otros países que han optado, por ejemplo, por establecer tasas variables. El modelo español determinó una tasa variable y allí se regula cada cinco años si aumenta o baja. En ese país la ley fijó un rango. Si no me falla la memoria, es entre el 10 y el 15 por ciento, que se ajusta cada cierto tiempo.

Entonces, creo que debemos revisar aquello. Porque, si no, el tema impositivo va a terminar siendo un incentivo para que la actividad continúe de manera ilegal.

Insisto: esto no se puede mirar con la lógica de la Ley de Casinos, donde existe un modelo concentrado y con operadores limitados.

Leyendo el proyecto, hay otra cuestión que me hace ruido.

El artículo 53 señala que se prohíbe "en términos generales" la actividad. Me llama la atención que se prohíba en términos generales, cuando la prohibición es total o parcial, o simplemente no existe.

No sé si fue un problema de redacción. Por lo tanto, le preguntaría al Ejecutivo qué quiere decir con el artículo 53. No entiendo la prohibición "en términos generales".

Y lo último, respecto de la modificación a la Ley de Casinos.

Se incorpora un cambio que no es menor, que tiene que ver con la composición del Consejo Resolutivo de Casinos. Cuando se discutió la Ley de Casinos, lo que se buscó era que, siendo el Gobierno de turno el que tenía -entre comillas- el poder para tomar estas decisiones, se estableciera un cierto contrapeso.

¿En qué consistía? En que había dos personas nombradas para el Consejo que el Presidente de la República proponía al Senado, que debía entregar su acuerdo. Eso buscaba que hubiera cierto contrapeso respecto de las autoridades del Ejecutivo que se mantienen en el Consejo, es decir, la subsecretaria de Hacienda y el subsecretario de Economía; a los que se suma el gobernador regional.

El proyecto propone que desaparezcan aquellos dos consejeros y se cambien por una sola persona.

A la vez, me llaman la atención los requisitos que se plantean para ese cargo: "Un profesional seleccionado mediante concurso público" -no se dice quién realizará el concurso; yo debiera asumir que será el Ministerio de Hacienda, por ser un órgano que depende de esa cartera, pero no se señala qué ministerio estará a cargo-, "con reconocida experiencia en urbanismo, ciencias económicas y financieras o derecho administrativo". Entonces, es medio rara la figura por los requisitos que se establecen. O es experto en temas de urbanismo, en economía y finanzas o en derecho administrativo.

También me llama la atención este cambio porque hoy día en la licencia de casinos, después de la última modificación, no prima el mejor proyecto, sino la oferta económica. Por ende, tampoco se entiende mucho qué se busca con esta modificación al sacar a los dos representantes del Presidente que requieren el acuerdo del Senado y traer a un profesional que tendrá una expertise bastante, por decirlo así, llamativa.

Por otro lado, creo que probablemente no esté dimensionado cuál será el efecto que esta regulación va a generar en los casinos físicos.

Todos sabemos que en las zonas donde hay casinos, como en el caso de Antofagasta, estos resultan ser altos contribuyentes para los presupuestos municipales y de los gobiernos regionales. Entonces, sería bueno tener a la vista si esta regulación va a significar un impacto o no en el flujo del dinero de los casinos, porque, al final del día, son menos recursos que llegan a los municipios.

Yo puedo entender lo que se propone con las apuestas en línea: que el dinero que se recaude vaya a las federaciones deportivas. Pero también, ministro , sugeriría que hubiera una ventana que en algún minuto permitiera evaluar cuál fue el impacto en los ingresos del casino y cómo eso se puede haber traducido en mayores o menores recursos en los impuestos municipales y en el FNDR. Porque hoy día los municipios, y especialmente el FNDR, cuentan con estos fondos.

Si generamos un mercado muy competitivo de apuestas en línea, la gente tenderá a mirarlo. Porque, claro, probablemente resulta mucho más fácil quedarse jugando en la casa que tener que desplazarse a un casino, al que hay que ir en vehículo, etcétera. Y si eso tiene un impacto en las finanzas municipales, debiéramos ver la fórmula para que no se produzca un desequilibrio.

No estoy en condiciones de establecerlo, porque no sé cuál es el mercado real o cuánto se recauda a través de las plataformas. Pero sería bueno que la ley determinara a lo menos un mecanismo de redistribución de esto que se propone: que solo vaya a las federaciones deportivas. Así, en caso de que se acredite que en determinadas zonas bajan los ingresos del casino, que se pueda compensar vía este aporte extraordinario que van a significar las apuestas en línea, como una forma de no desequilibrar las finanzas municipales.

Termino con esto, Presidente .

Las últimas licitaciones en los casinos han sido bastante complejas. Hemos visto que algunos operadores, habiéndose adjudicado licencias, por distintas razones, las han devuelto. Por tanto, creo que llegó el minuto de revisar la Ley de Casinos.

Creo que la actual legislación cumplió un ciclo, pero hoy día tiene que adecuarse a las nuevas realidades económicas, a las nuevas realidades geográficas de los territorios.

Así que sería bueno -probablemente no en este proyecto- buscar una modificación respecto de la forma en que operan los casinos, los requisitos que se les exigen y el mayor control que obviamente deben tener.

Con el resto del proyecto estoy bastante de acuerdo.

Creo que es muy importante establecer figuras penales claras, obligaciones de las distintas autoridades y mayor fiscalización, sobre todo, para prevenir lo que pueda ser la comisión de delitos o el financiamiento de actividades ilícitas.

Con todas esas aprensiones, Presidente , voy a votar a favor de la iniciativa.

El señor WALKER.-

Presidente, en primer lugar, quiero solicitar que pueda recabar el acuerdo de la Sala para abrir la votación.

El señor LAGOS ( Vicepresidente ).-

¿Hay acuerdo?

Acordado.

El señor WALKER.-

Y que nadie se vaya, por supuesto.

El señor LAGOS ( Vicepresidente ).-

Hay acuerdo para abrir la votación.

El señor WALKER.-

Muchas gracias.

El señor LAGOS (Vicepresidente).-

Se abre la votación.

(Durante la votación).

El señor WALKER.-

Es votación de quorum especial.

Muchas gracias, Presidente , y senador De Urresti , por la iniciativa.

Presidente, quiero saludar, por supuesto, al ministro de Hacienda, Mario Marcel; a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, que sé que ha estado muy dedicada a este proyecto; y, por supuesto, a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

Por otro lado, agradezco el trabajo de la presidenta de la Comisión de Hacienda , Ximena Rincón , y del presidente de la Comisión de Economía , Rojo Edwards .

Este proyecto es fundamental. Responde a una necesidad largamente diagnosticada: regular las plataformas de apuestas en línea que operan en nuestro país.

Hasta ahora, este fenómeno ha crecido considerablemente sin una legislación que pueda responder de manera adecuada a este desafío. A raíz de ello, se han generado una serie de riesgos, que van desde la pérdida de recaudación fiscal, pasando por la ausencia de estándares de protección para los usuarios, hasta amenazas a la integridad de diversas actividades, incluido el deporte profesional.

Por eso, celebro que, en lugar de caer en la tentación de la vía fácil, que sería intentar prohibir y hacer como si esto desapareciera, lo que sabemos no sucederá, estemos avanzando en un marco jurídico serio, que pone orden y reglas claras para esta actividad en nuestro país.

En tal sentido, se establece que será el Estado, y solo el Estado, el que tendrá la facultad de autorizar y fiscalizar esta actividad, con un enfoque claro: proteger a los usuarios y la fe pública, impedir el acceso de menores, prevenir la ludopatía, evitar el lavado de activos y, al mismo tiempo, establecer un sistema tributario justo para que parte de las ganancias se destine a fines sociales, especialmente deportivos, lo que celebro.

Este proyecto, y por eso he votado favorablemente la idea de legislar, define con precisión quiénes podrán operar, bajo licencias que no se pueden vender ni transferir, con requisitos estrictos de transparencia, solvencia y seguridad. Esto asegura que solo participen actores formales y confiables y que quienes incumplan gravemente las reglas pierdan su autorización.

Al mismo tiempo, se fijan obligaciones para los usuarios, prohibiendo el acceso a menores, personas incapacitadas legalmente o funcionarios con potenciales conflictos de interés. Y también se exige un registro que permita prevenir riesgos.

En materia de control, se obliga a los operadores a contar con sistemas seguros, registrar todas las apuestas y transacciones y permitir una fiscalización permanente.

El juego responsable deja de ser una declaración y pasa a ser una obligación concreta: con límites de gasto, autoexclusión, prohibición de créditos para apostar y canales de atención accesibles.

La publicidad también se ordena. Así, se prohíben mensajes engañosos, se restringe en entornos con presencia de menores y se exigen advertencias claras sobre los riesgos.

Presidente , sería un error analizar la ley en proyecto de forma aislada. Y aquí quiero referirme a un punto que me parece esencial, que es su relación con la tramitación que estamos llevando adelante en la Comisión de Constitución, presidida por la senadora Paulina Núñez , respecto de la iniciativa que fortalece la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Como es sabido, estas sociedades, concebidas originalmente para profesionalizar la gestión de los clubes deportivos, tiene un objeto social claramente definido que debemos resguardar para que este proyecto no termine alterándolo. En términos jurídicos, su giro se encuentra vinculado al ámbito deportivo, un rubro que corresponde cuidar y proteger.

Por ello, en la discusión particular de ese proyecto debemos fortalecer las normas ya existentes, incorporando restricciones expresas que impidan que estas sociedades, de manera directa o indirecta, participen en actividades de apuestas.

En esa línea, la propia iniciativa en análisis ya contempla medidas como las del artículo 22, que prohíbe apostar a quienes tengan injerencia directa en el resultado de una competencia, como deportistas, jugadores, presidentes y directivos de federaciones u organizaciones deportivas.

Esto evitará cualquier conflicto de interés, como sería que las mismas entidades que gestionan el deporte lucren con apuestas sobre las competencias en las que participan. Tal situación podría comprometer gravemente la transparencia y la integridad de las competiciones deportivas.

Presidente , si me da sesenta segundos, quisiera hacer hincapié en la importancia de que se destine un 2 por ciento de los ingresos brutos de las plataformas de apuestas, sobre competiciones deportivas reconocidas oficialmente, al Instituto Nacional de Deportes para su distribución entre federaciones, Comité Olímpico y Comité Paralímpico.

Debemos avanzar para que estos recursos se puedan orientar a fortalecer también la seguridad en los recintos deportivos y fomentar el fútbol formativo, áreas esenciales para garantizar un deporte seguro, inclusivo y con proyección a largo plazo. De esta manera, no solo se vincula la industria de apuestas con el financiamiento del deporte organizado, sino que se asegura que los recursos contribuyan directamente a la integridad, el desarrollo y la profesionalización del fútbol y de otras disciplinas a nivel nacional.

He dicho, Presidente .

La señora EBENSPERGER.-

Gracias.

Trataré de ser muy breve.

Presidente, por lo pronto, me voy a abstener en este proyecto, porque no estoy convencida de que lo mejor sea regular estos juegos en línea.

Existe en Chile una prohibición en esta materia, donde lo único permitido son los casinos, la Lotería, la Polla, el hipódromo. Y me parece que cuanto más restrinjamos esas actividades, mejor.

Trabajamos largamente años atrás en el proyecto que prohibía las máquinas de juego y los casinos ilegales, y todavía no ve la luz pública. Fueron largas las discusiones que tuvimos en ese entonces en la Comisión de Gobierno del Senado para prohibir las máquinas tragamonedas. Como estas máquinas están instaladas en las comunas más pobres, vemos cómo la gente más humilde, la dueña de casa y muchas personas en la mañana, antes de comprar el pan, tratan de doblar su plata y la terminan perdiendo. Se van a su casa sin plata y sin pan.

Se quiere regular una actividad como esta, que para mí es mala, sin antes tratar de fiscalizarla, porque se ha dicho que se cambia la prohibición por la regularización porque es casi imposible fiscalizarla. Pero creo que no se ha hecho ningún intento por fiscalizarla. Y acá se encuentra una nueva forma de recaudación, pero a costa de incentivar el juego. Y eso, de verdad, no me parece que sea lo correcto.

Mucho menos considero que sea lo correcto cuando es sabido que, aunque no en todos los casos, el crimen organizado está detrás de varias casas de apuestas. Y al regularizar la actividad, lo que estamos haciendo es darles una vía para lavar su activo.

También existe la prohibición de que a los casinos ingresen los ludópatas, para ayudarlos. Pero no creo que aquí ello sea posible, y si se establece la prohibición, va a ser irreal, porque no sé cómo se podría identificar a los ludópatas: pueden jugar a través de otra persona, no se va a exigir un carnet de identidad, o se presentará otro, en fin, pues es todo en línea.

Podría hablar largamente, Presidente , pero no me parece que el argumento principal sea que, de mantenerse la situación como está, hay una pérdida de recaudación fiscal.

Es verdad, pero considero más importante desincentivar el juego y no ayudar a que más gente, sobre todo la de menos recursos, por tratar de ganar unos pesos, termine perdiendo todo su dinero.

Por lo antes dicho, Presidente , no viendo cómo saldrá en definitiva el texto y pensando que aún estoy a favor de mantener la prohibición y no de regularizar la situación, me voy a abstener.

Gracias, Presidente .

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo a la ministra presente en la sala y a la subsecretaria, Heidi Berner, con quien trabajamos en la Comisión de Economía, yo como integrante, para sacar este proyecto, que es fundamental.

Tal como señaló la senadora Ebensperger , si este proyecto de ley no cuenta con un requisito mínimo, que es la identidad digital confirmada de la persona, no va a servir para nada. No servirá si no tenemos una identidad digital con múltiples factores de autenticación y trazabilidad, vale decir, certeza de qué ocurrió y cuándo, con integridad, con datos que no puedan ser cambiados.

Tenemos en las graderías a un experto en blockchain, señor Presidente, que va a entender lo que estoy diciendo.

Todos estos sistemas se pueden manipular. Y aquí, ¿quién está detrás?

Primero, el crimen organizado.

La Superintendencia de Casinos de Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda, entrega información valiosísima para poder detectar personas vulnerables. No es que el crimen organizado la use -aunque lo puede llegar a hacer para el lavado de dinero-, sino que encuentra en estas personas las vulnerabilidades del Estado.

Lo que tenemos ante nuestros ojos es una vulnerabilidad de la seguridad nacional tremenda.

Si no somos capaces de saber quiénes ingresan y qué están haciendo, no vamos a poder conocer ningún perfil ni ningún patrón. Y si no tenemos al menos un poco de control para hacer frente a otro problema de salud pública como es la ludopatía, tampoco vamos a poder controlar la situación al otro lado.

La revista El Sábado, de un diario de circulación nacional, sacó a colación precisamente el tema de la ludopatía en adolescentes, que son a quienes las redes sociales permiten crearse una cuenta.

Pues bien, hoy no sabemos quiénes son adolescentes en las cuentas porque no hay ninguna forma de verificarlo. Y los menores de edad (los menores de trece años, al menos para las plataformas), hoy mienten. A contar de los ocho años comienzan a ingresar a las redes -es lo que nos dice Unicef-, con la complacencia de los padres, quedando expuestos a todo esto.

Nuestra sociedad se está destruyendo. Y ahí radica la importancia de regular y tener, además, soberanía digital.

Cuando se señala que se van a bloquear los IP, se refieren a aquellos que se pueden bloquear, obviamente, porque no todos usan VPN. Eso ya va a generar un nivel de protección adicional, pero se tiene que fiscalizar.

Aquí, señor Presidente , la discusión se ha dado sobre dónde tienen que ir los recursos que se recauden, pero primero se debe financiar el sistema de control. Este subsistema, o sistema de información financiera, tiene que considerar a la Superintendencia de Casinos de Juego. Eso no está en el proyecto ahora. Y ello porque toda esta información fluye y la idea es poder detectar todos los fraudes, incluido el fraude aduanero, y también verificar que no exista lavado de activos.

AML (Anti-money laundering) y KYC (Know your customer) son sistemas eficaces.

Este debate se va a dar como parte de la discusión de la comisión mixta de inteligencia, donde se va a definir qué es inteligencia, qué es información y qué deben tener unos y otros para que el Estado acceda a todos los datos que posee para poder actuar y así proteger, primero, al país (a su seguridad); segundo, a las personas, que van a ser las más vulneradas, y tercero, obviamente, los ingresos que se puedan recaudar.

Si ese es el orden de prioridad, vamos a estar bien.

En lo que respecta al tema de las adicciones, estas no se circunscriben al juego, sino que también involucran la adicción digital. Y por eso quiero promover el proyecto que el senador García presentó, correspondiente al boletín 17.624-19, en el cual precisamente se habla de cómo enfrentar las adicciones digitales, que afectan no solo a niños y adolescentes, sino también a adultos y adultos mayores.

Son los mismos problemas; se atacan de la misma forma; tienen la misma raíz, pero sin capacidad de control y sin una identidad digital que asegure que la persona es quién dice ser y que obviamente mantenga su privacidad con posterioridad (para eso hay sistemas de terceros confiables), el sistema no va a funcionar.

Aquí los elementos son: una buena gobernanza de datos, una buena interoperabilidad, una buena identidad digital.

Recién ahí vamos a poder empezar a controlar el mundo digital.

El mundo digital se nos metió por la ventana, por el espacio, por todos lados, y si no se regula, va a pasar lo que estamos viendo ahora: todas esas vulnerabilidades están siendo explotadas, todo lo malo está ocurriendo, y todo ello, frente a nuestras narices.

Yo valoro que se haya tomado la decisión de tratar el proyecto en comisiones unidas, porque es la forma más eficaz de tener pronto una ley.

Gracias, Presidente .

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

Parto saludando a la subsecretaria presente hoy día en la sala junto a la ministra de la Segprés.

Quiero referirme brevemente a cifras que, en mi opinión, aterrizan bastante lo que hoy día estamos legislando. El año pasado se registraron alrededor de 5 millones de chilenos y chilenas en diferentes tipos de apuestas en línea. Estamos hablando de un movimiento de 3.100 millones de dólares y de 900 casas de apuestas ilegales que hoy funcionan en el país.

Claramente, apoyo este proyecto. Creo que es importante regular. Pero quiero decir desde ya que estoy en contra de la presencia, en la ropa deportiva, de marcas que me parece que no aportan al deporte de manera directa. Considero que promover a través del alcohol, de alimentos poco sanos y, en este caso, quizás de casas de apuestas no va en el sentido en que debiera financiarse gran parte del deporte.

Hoy justamente estamos regularizando una ilegalidad.

Reitero lo que dije a propósito de otro proyecto de ley que me gustaría seguir profundizando. Sé que ya existe algo al respecto, pero las casas de apuestas no están reguladas dentro de los productos llamados "nocivos".

Asimismo, me parece bien que el 2 por ciento de los ingresos brutos que se generen a través de las apuestas vayan para el Instituto Nacional de Deportes y que, según entiendo -quizás la subsecretaria, por su intermedio, me pueda aclarar después si estoy equivocado- parte de ese porcentaje vaya directo al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico de Chile, etcétera. Espero que así sea y que la repartición se efectúe de manera correcta.

Hoy en día, si no me equivoco -y también me puede corregir la subsecretaria-, prácticamente el único tipo de apuestas que deja algo de recursos para el deporte es la Polla Gol, que, si estoy en lo correcto, no significa más de 80 o 100 millones de pesos al año, una cifra totalmente absurda e insuficiente.

En materia de sanciones, el artículo 22 del proyecto habla justamente de la penalización que podría tener un entrenador, dirigente o deportista que esté involucrado en apuestas.

Les quiero recordar que actualmente ya se contempla en la Ley del Deporte una sanción penal, aparte de establecer una pena accesoria para que quienes cometan este tipo de delitos -insisto: entrenadores, dirigentes, deportistas- tengan una sanción de por vida y nunca más puedan ser parte del mundo deportivo.

Por último, Presidente , me preocupa también que haya casas de apuestas vinculadas a deportistas de manera directa, lo cual, obviamente, puede llevar a malas prácticas. Creo que ahí hay que regular la fiscalización, que es importantísima.

Insisto: estamos buscando regular no solamente a más de 900 casas de apuestas, sino también a quienes son, finalmente, parte de esas apuestas.

Claramente, siendo amante del mundo del deporte, si hay deportistas dejándose perder un partido, cometiendo delitos que obviamente son gravísimos, algunos incluso teniendo propiedad sobre alguna de esas casas de apuestas, y no existe una fiscalización que se realice correctamente, nos vamos a meter en un problema aún más grande.

Para terminar, quiero decir que regular no significa promover el juego, sino, simplemente, proteger a la ciudadanía.

Mi voto es favorable.

Gracias, Presidente .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente , cuando en el país estamos viviendo una situación de alta complejidad, sobre todo en el tema de la niñez y la juventud, con regiones donde los índices de obesidad infantil son relevantes, me gustaría que los proyectos que discutiéramos en el Parlamento sirvieran para fomentar el deporte y no las apuestas, las que, como señaló muy bien la senadora Luz Ebensperger , muchas veces terminan dañando a las familias más vulnerables.

Hemos sido testigos de cómo, en muchas ciudades del país, se han instalado, en cada esquina de las poblaciones, casas de apuestas ilegales que han provocado tremendos dolores de cabeza al interior de los grupos familiares. Yo mismo, en mi oficina parlamentaria en Puerto Montt, he escuchado testimonios de hijos e hijas, nietos y nietas, que ven cómo sus padres y abuelos terminan perdiendo en estas apuestas el dinero que, por ejemplo, estaba destinado a su propia alimentación.

Dicho eso como introducción, quiero iniciar mi intervención señalando que estas casas de apuestas operaron en nuestro país de manera ilegal durante tres años, hecho que no puede pasar inadvertido. Y en tal sentido espero que la señora subsecretaria ratifique derechamente si el proyecto va a contemplar impuestos retroactivos para estas casas de apuestas, que, como todos sabemos, operan desde paraísos fiscales sin control ni regulación de ningún tipo.

Las apuestas deportivas en línea, hasta este proyecto, no estaban reguladas en nuestro país; solo lo están los casinos, la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, entre otras entidades.

Lo que a mí me preocupa en particular es qué ocurrirá con la Polla Chilena de Beneficencia, que entrega aportes millonarios al Instituto Nacional de Deportes por sus productos numéricos (Loto y juegos diarios) y sus pronósticos deportivos (XPerto y Polla Gol): el 15 por ciento de su venta bruta, por los primeros, y un 12 por ciento de su venta bruta, por los pronósticos deportivos.

Es un tema que se nos debe aclarar, porque el informe económico que la propia Diprés elaboró para este proyecto es explícito en indicar en su tabla que el Instituto Nacional de Deportes -y les pido a todos poner atención, porque esto afecta a nuestras regiones- recibirá menos dinero, en los primeros tres años, que lo que hoy aporta el pronóstico deportivo de la Polla Chilena, y luego, en el cuarto y quinto año, se prometen montos similares, aunque todavía menores a lo que aportaría la Polla Chilena de Beneficencia a través de sus productos y la ley vigente, fiscalizando efectivamente la competencia ilegal que ofrece premios predatorios con ingresos brutos menores a cero y publicidad sin límite en el fútbol profesional.

Para mí, este hecho es de enorme preocupación, porque si el IND tiene menos recursos, ¿cómo vamos a apoyar más actividad deportiva en el país? Lo que deberíamos estar fomentando en esta sala son, como lo dijo muy bien el senador Keitel , que me antecedió, proyectos que justamente fomenten y promuevan la actividad física, y no iniciativas que, por más que el gobierno de turno estime que generarán más ingresos, no van en la línea de lo que nuestros ciudadanos quieren.

Con más espacios para las apuestas, tendremos más compatriotas complicados económicamente.

Existen datos que señalan, claramente, que al menos un 12 por ciento de las personas que apuestan tienen problemas reales de adicción. Y eso es algo que debe preocuparnos.

La potencial alta carga tributaria de este proyecto puede ser significativa en algunas materias, pero en los años en que las casas de apuestas han operado ilegalmente hemos perdido nosotros, nuestras regiones, porque los casinos han recaudado menos, y si recaudan menos, los dineros que reciben los gobiernos regionales y las comunas donde están instalados son claramente menores.

Pido treinta segundos finales para señalar que, pese a que voy a votar a favor en general la iniciativa, quiero dejar contempladas estas apreciaciones, porque no todos en esta sala sabemos la cantidad de miles de millones de pesos que aporta la Polla Chilena de Beneficencia, por ejemplo, al deporte en nuestro país y que este proyecto erosiona de manera importante.

Repito: voto a favor en general, esperando que en la discusión particular estas situaciones, que consideramos de enorme relevancia, tengan regulaciones estrictas, como el control de la operación de las casas de apuestas desde paraísos fiscales.

He dicho, Presidente .

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo a la subsecretaria de Hacienda , Heidi Berner , que se encuentra presente, y a la ministra Macarena Lobos .

Presidente, si existe un proyecto que requiere urgencia es sin duda este. Desde su ingreso, en 2022, las plataformas ilegales de juego online no solo han crecido, sino que se han infiltrado en ámbitos muy sensibles, como el fútbol profesional y la industria del entretenimiento, entre otros.

Pese a la sentencia de la Corte Suprema de 2023, que las declaró ilegales, seguimos viendo su publicidad descontrolada en televisión, camisetas deportivas e incluso en torneos internacionales. Esta presencia masiva aumenta el riesgo de que pasemos de ver goles y esfuerzos deportivos a ver jugadores amañando partidos o dejándose perder por las apuestas.

Las cifras son alarmantes. Se estima que más de un 35 por ciento de los chilenos y las chilenas ha interactuado en estas plataformas y que los recursos en juego superan los 5.000 millones de dólares anuales. No podemos seguir permitiendo que una actividad ilegal y sin control sea, además, un eventual vehículo para el lavado de activos y la expansión de la ludopatía.

En otros países la regulación ha significado barreras de entrada muy estrictas y licencias onerosas que generan recaudación fiscal y, a la vez, destinación de parte de esos ingresos al fomento deportivo. En Chile, en cambio, el vacío regulatorio ha permitido que estas casas de apuestas compren participación en clubes de fútbol e incluso los controlen, además de fijar precios abusivos por derechos de transmisión y concentrar el mercado de quienes aceptan su publicidad.

No queremos que la historia del fútbol profesional -ya marcada por ciertos episodios de opacidad, la caída de su infraestructura y la precarización de los jugadores- se repita en otros deportes que hoy nos llenan de orgullo, como el remo, el ciclismo o el vóleibol. Ayer, en Viña del Mar, vimos la impecable presentación de la selección chilena en esta última disciplina.

Presidente, yo voto a favor. Y lo hago para que avancemos en una regulación estricta, con barreras de entrada claras, con licencias onerosas, con una supervisión efectiva y un marco que proteja a los usuarios, al deporte, pero también a la sociedad.

Además, solicito que la tramitación en particular se realice en las Comisiones unidas de Economía y de Hacienda, para que esta iniciativa no siga postergándose y logremos un marco legal sólido que cierre definitivamente la puerta a la ilegalidad.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor LAGOS (Vicepresidente).-

Muy bien, muchas gracias, senadora Provoste.

En todo caso, le recuerdo que ya se aprobó esa solicitud.

La señora PROVOSTE.-

Sí, pero lo reitero, Presidente, para que no quede ninguna duda.

Estuve en la reunión de comités el lunes, donde lo planteamos de esa manera, y lo reitero, porque no quiero que exista ninguna posibilidad de dilatar un proyecto que requiere acelerar su urgencia.

El señor BIANCHI .-

¡Perdón: "Lagos Weber"!

A mí me pasa lo siguiente.

Escuché y tomé nota de ciertas cosas. Algunos señalan que sienten una contradicción, porque este fenómeno sigue avanzando y hay que regularlo. En mi caso, no siento ninguna contradicción, porque para mí lo que es bueno es bueno, lo que es malo es malo y creo que esto es malo.

Es más, creo que le están metiendo un golazo al Gobierno con este proyecto.

¿Qué es lo que pasa hoy? Los casinos son los que más invierten en publicidad; es el negocio que más plata mete en los medios de comunicación. Para mí, ocurre lo mismo que cuando llegan las grandes empresas a localidades pequeñas: compran todo, ¡todo! (los equipos de fútbol, las camisetas), arreglan las plazas, para tapar lo que son realmente.

Entonces, siento que ellos, con esta gran publicidad, están tapando lo que son.

Fíjese que yo dos veces he querido hablar de esta regulación de casinos online en medios de comunicación, y se me pidió que no lo hiciera porque eran auspiciadores. Casi no hay programas en los medios de comunicación que no tengan el logo de alguno de estos casinos .

Lo mismo con las camisetas de fútbol: cada partido está auspiciado por estas empresas.

Por tanto, a mí de verdad eso ya me hace sospechar y creo que no todo es válido para recaudar.

¿Cuántas veces hemos hablado de propuestas para mejorar la salud mental? La ludopatía es un problema de salud mental.

¿Quiénes apuestan? ¿Los que tienen más plata o los más pobres? ¡La gente más pobre es la que apuesta!

(El senador Kusanovic habla por teléfono en su pupitre).

Yo le voy a comentar, si me deja el senador que está hablando por teléfono, porque me interrumpe, qué pasa, por ejemplo, en una cadena de casinos que se instaló en mi región.

Los domingos tienen entrada gratuita para el adulto mayor -estoy hablando de casinos legales-, con un tecito o una bebida, una torta y un váucher para apostar. O sea, generan la adicción para que esa persona termine siendo ludópata. Y después llegan a la oficina parlamentaria a comentarme: "Mire, me gasté la plata para pagar el gas", "Me gasté la plata para pagar la luz porque pensé que iba a ganar".

Para mí no todo vale, porque si se trata de recaudar, entonces ¿por qué no legalizamos la droga?, ¿por qué no le cobramos impuestos a la prostitución?, y así vamos para que ¡recaudemos, recaudemos, recaudemos!

Pasa lo mismo que con Uber, que terminó ganando, por ser un poder económico transnacional, y se instaló igual porque se impuso el poder del dinero.

Lo que busca el Gobierno es que estas empresas no tributen en Malta y lo hagan en Chile.

Y acá se da el panorama ideal, porque tenemos mala salud mental, ¡mala salud mental!, mucha gente sola, con problemas económicos, y en los casinos de juego ven una alternativa.

Yo creo que a pesar de los esfuerzos que se hacen para que en el proyecto se establezca una fiscalización especial, esto es infiscalizable, ¡infiscalizable!

De hecho, quienes han entrado a estas plataformas siempre ganan la primera apuesta, y después, cuando reiteran la conducta de juego, empiezan a perder. Por tanto, para mí claramente estos juegos están mañoseados.

Lo mismo pasa en los casinos tradicionales. Llaman y avisan: "Te vamos a fiscalizar", y se alojan en el mismo hotel del casino.

Entonces, acá no hay fiscalización como se señala.

Todo este mundo digital que está en el teléfono es infiscalizable.

Hoy día los Uber, que ya son ilegales, han encontrado la forma de operar a través de plataformas como Marketplace, donde hay gente, que como es tan difícil emprender, lo hace vendiendo comida en internet. ¿Alguien la fiscaliza? ¡Y dicen que van a fiscalizar lo que pasa con el juego! Yo no lo creo.

Me gustaría que el mismo esfuerzo que están colocando para recaudar a costa de cualquier cosa, también lo hicieran, por ejemplo, con proyectos para salud mental, pues este es un problema que la afecta.

Acá se dice: "Se va a recaudar tanto". Y yo pienso: ¿cuánta gente se va a joder con esto?, ¿cuánta gente no podrá pagar cuentas porque el Estado quiso recaudar más impuestos?

Además, me genera una contradicción el control biométrico, porque hay de todo: casinos desarrollados, de marcas más conocidas, y otros que son -¿me da un minuto más, Presidente ?- de menor calidad.

... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)...

Los casinos que tienen mayor desarrollo piden lo que ni siquiera exige Impuestos Internos: control biométrico, cuenta corriente, contrato de trabajo, tarjeta de crédito. O sea, saben todo.

Yo voy a votar en contra. Creo que el Estado no tiene ninguna capacidad de fiscalizar lo que aquí pasa.

Para mí hay un problema en el proyecto: no existe un sistema de régimen tributario integral.

La protección de los menores ya hemos visto que se ha transgredido con la publicidad.

Además, no se contiene una referencia de cómo se aborda la prevención del lavado de activos.

E insisto: ¡no tienen la capacidad de fiscalizar a los trabajadores que se van de vacaciones y van a meterse a los celulares a ver quiénes juegan o no en un casino...!

Gracias, Presidente .

El señor VELÁSQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Pienso que se han hecho reflexiones que tienen todo sentido. La subsecretaria ha aclarado algunas preguntas. Sin embargo, sin ir muy lejos, y acá lo expuso más de algún senador, la situación de los llamados "minicasinos" o casinos de barrio ha imperado por varias décadas.

Trescientas mil máquinas, salía por ahí en una estadística, están instaladas en nuestro país, en circunstancias de que la actual ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, es muy clara.

En su artículo 4° señala: "Sólo se podrán desarrollar los juegos incorporados oficialmente en el catálogo de juegos y siempre que se sometan a las disposiciones que esta ley y los reglamentos determinen".

Y la letra b), del artículo 3°, especifica: "Catálogo de Juegos: el registro formal de los juegos de suerte o azar que podrán desarrollarse en los casinos de juego, dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas de azar, u otras categorías que el reglamento establezca. El referido registro será confeccionado y administrado por la Superintendencia".

Esto en razón de los minicasinos, no del presente proyecto.

Presidente , no hemos sido capaces de ser claros al respecto y cerrar, derogar o caducar este tipo de juegos en diversas ciudades. Pongo como ejemplo la región que represento, donde en Calama, en Antofagasta, o en la propia Tocopilla , Carabineros nos dice: "¿sabe qué?, en aquellos locales comerciales del centro, donde antes existían tiendas, negocios de diversa índole, librerías, cafés, de un momento a otro llegaron minicasinos que le pagaron al dueño el doble o el triple por concepto de arriendo y han copado esos lugares de la ciudad". No es que estén escondidos y buscando un rincón de algún barrio popular, porque en tal caso para Chile esa situación no existe: ahí no hay fiscalización, ni nada. Estamos hablando del sector céntrico; donde están a la vista de todos: de los alcaldes; de nosotros, los parlamentarios; de los concejales; de las policías, que no hallan qué hacer, cuando la ley es muy clara.

Alguien por ahí asumió el argumento de que son máquinas de destreza. Pero ¿qué destreza puede haber en el hecho de colocar una moneda en el 80 a 90 por ciento de las máquinas de estas casas de juego? Y seguramente ocurría en la comuna donde usted fue alcalde, Presidente .

¡Qué destreza puede haber!

Y no hemos sido capaces de cerrar aquellos lugares.

No quiero hacer la reflexión y pensar: "¡no somos capaces de cerrarlos y vamos a ser capaces de terminar con no sé qué ala del crimen organizado...!".

Son parte de esta historia aquellos empresarios, que no sabemos quiénes son hoy día, que a punta de empujones nos están invitando a regular, y está bien hacerlo. No me niego a ordenar de la forma como se ha detallado acá. El senador Araya y el senador Walker han explicado claramente en qué consiste el proyecto, y además han manifestado sus aprensiones.

Y me parece bien. Pero lo estamos haciendo porque nos obligan, y debemos reconocer que la Superintendencia no posee la capacidad necesaria; como Estado fallamos en esto. Y también aparece la desconfianza. Pero ¿por qué la vamos a manifestar ahora que vamos a regular? Porque, como sucede siempre, algunos se van a someter a las reglas del juego y otros no. El Estado de Chile no cuenta con la necesaria capacidad porque hoy día la atención está puesta en otra área, en otro tipo de crimen organizado, y no en el caso, que hasta podría resultar más elegante, de este tipo de juegos.

Debo reconocer que tengo mis contradicciones. Porque en la historia de siglos, entre realidad y mito, los casinos de juego han sido muy cómplices de las antiguas mafias, que hoy día son los carteles del crimen organizado. Aunque estamos al límite de eso. Porque puede que haya lavado de activos, de dinero, blanqueado de plata cada fin de semana, cuando equis usuarios se colocan a apostar desde sus casas. Y suma y sigue.

Yo diría que hay bastantes interrogantes. Toca un poquito los principios cuando se trata de ver cómo vamos a votar. No es solo si regulamos o no. Es importante que nos tomemos un tiempo y pensemos si, efectivamente, la mayoría podemos estar por regular. Creo que...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... -un minuto, Presidente - al momento de la discusión de las indicaciones debemos ser lo suficientemente severos para no dar muestras de que dejamos pasar este asunto y ahora nos entregamos, porque se dice que las plataformas que operan actualmente en la ilegalidad "no podrán solicitar licencias sino hasta transcurridos 12 meses".

O sea, los que han actuado ilegalmente por varios años, los que, como decía el senador Karim Bianchi , financian publicidad en la televisión, en los medios de comunicación; a la selección chilena, a los distintos clubes deportivos y vaya a saber a qué otro sector más, pasados doce meses van a poder seguir operando. Quizás esto tendría que ser para dos, tres, cuatro, cinco, no sé. O que sean nuevas casas.

Mire, yo digo que, si vamos a regular, que sea de verdad, y no que blanqueemos mediante una regulación.

En verdad, dudo de si sumarme o no a alguna votación. Y tengo más aprensiones que certezas después de esta discusión.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

Parto señalando que en función del artículo 8° del Reglamento no voy a votar este proyecto, pero sí voy a dar una opinión.

Me sumo a las palabras expresadas por varios senadores en este hemiciclo. A mi juicio, este proyecto está mal concebido. Básicamente, por una cuestión de fondo. En Chile, el juego de azar es ilegal por naturaleza, a menos que una ley lo permita. Y eso ocurre. El mejor ejemplo que se ha planteado es la Polla, donde existe una ley.

Aquí hay una situación de hecho que se ha tolerado o ha habido imposibilidad de enfrentarla, que es el juego ilegal. Y hoy día nos dice la autoridad, y no solamente la actual, sino también la anterior, que hay que legalizarlo.

Hago una primera reflexión: ¿Cómo es que un Estado, cuando tiene un problema, en vez de enfrentarlo se allana y lo acepta? Eso es lo que me cuesta entender: que se allane a la situación en vez de impedir la ilegalidad. Porque el sentido de cualquier institucionalidad razonable es, primero, impedirla. Y después veremos si amerita que haya algún grado de regulación producto de determinado sistema. Pero aquí partimos al revés. Ante esta imposibilidad, porque hay fallos de la Corte Suprema que no se pudieron implementar, da la sensación como que uno se entrega. Y siempre sostuve, desde que ingresó este proyecto en el período anterior, que era una mala forma de legislar.

Segundo, Presidente , aquí hay un problema muy severo con el juego ilegal, particularmente con la ludopatía en jóvenes. Estoy leyendo un informe del Injuv que salió en todos los medios y que habla de lo peligrosa que se ha puesto la naturaleza del juego, pero particularmente en el concepto online , en el sentido de lo inmediato, que es algo distinto, y ese carácter de alguna manera genera el problema.

Porque si uno va a comprar un boleto -y voy a seguir el ejemplo de la Lotería-, un número de este juego, debe pasar un tiempo para que se concreten ciertos resultados; pero no se está definiendo minuto a minuto si alguien hizo un gol, o si fue un córner, o si se puso una tarjeta de color A, B o C.

Eso va generando lo que se define en este informe como el problema más severo: la incapacidad de poner freno, y es lo que ha creado una dificultad enorme respecto del control, porque, por la forma que se adopta hoy día, eso resulta imposible.

Entonces, tenemos aquí un Estado que falló y una situación compleja.

¿Y cuál es la respuesta?

Yo estuve mirando los informes que se presentaron. Y algunas de las partes relacionadas con este proyecto nos dicen: "El auge del juego en Estados Unidos debe celebrarse, no temerse". Y miran con fascinación el incremento en las apuestas, que cambió de solo 7 mil millones de dólares en 2018 a 230 mil millones el 2024, lo cual sería una señal deseable.

Y el mismo informe financiero del proyecto nos señala que la recaudación, que es muy importante para estos efectos, sería alrededor de 90 millones de dólares.

O sea, se parte de una lógica distinta. Esto incluso fue anunciado por el ministro dentro de las medidas correctivas respecto de algunos impuestos. Entonces, yo no entiendo la forma de abordar un problema severo y complejo. Y la inmediatez, Presidente, es la complejidad.

Por consiguiente, ante una realidad que existe, me resisto a decir: "No hay nada más que allanarse". Ante un problema que subsiste, no entiendo la lógica de verlo más bien desde el punto de vista de los ingresos que se podrían percibir; es decir, mientras más haya es mejor, porque así parece señalarse a partir de los indicadores financieros.

Yo no tengo claro que eso sea lo más adecuado.

¿Cómo nos hacemos cargo de la realidad que nos está planteando el mismo Injuv respecto de la situación de hecho que se produce con los más jóvenes, hombres y mujeres más jóvenes que se ven atrapados por el juego? Y para qué decir -conversé esto en su momento con el ministro de Hacienda - de los problemas graves de salud mental, precisamente al mantenerse una situación como la que se está viviendo hoy día, sin que se advierta una corrección real en esta iniciativa.

Presidente, honestamente me parece un mal proyecto, un mal diseño y un mal resultado.

He dicho.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidente.

Hoy día estamos legislando sobre algo que efectivamente estaba en la nebulosa. Si uno se pregunta si un niño de doce años actualmente puede acceder a la apuesta en línea, la respuesta es "sí". A mi juicio ese es el problema más grave que existe hoy en nuestro país.

Entonces, uno puede decir: tenemos que aplicar la ley, el juego está prohibido, por lo que debemos usar todos los canales posibles para impedir que esto ocurra. Pero la realidad nos dice que eso está sucediendo, y minuto a minuto.

Nosotros en la Comisión de Educación estamos legislando precisamente para prohibir la utilización de los aparatos telefónicos por parte de los estudiantes en los establecimientos educacionales. Porque en la actualidad nada impide que un niño en etapa escolar pueda apostar a través de un teléfono, porque no es factible detectar aquello.

Todos sabemos lo dañino de las apuestas, el perjuicio que generan en las personas. Asimismo, hemos visto los efectos que tienen, por ejemplo, los casinos populares, que también están prohibidos; pero constatamos que en cada una de las comunas igualmente existen diferentes establecimientos, denominados "casinos populares", que actúan impunemente y que buscan diferentes resquicios legales para seguir funcionando.

Yo espero que podamos avanzar además en el proyecto de ley respectivo para erradicarlos definitivamente. Porque todos hemos conocido historias de diferentes vecinas y vecinos de nuestras comunas que en algún momento se han gastado la plata que no tienen en estos llamados "casinos populares", lo cual les ha provocado un daño familiar bastante grande.

Sin embargo, considero necesario regularizar y tener el control efectivo de estos casinos en línea, porque es una forma en que el Estado ciertamente se puede hacer cargo de este problema y en que pueden existir responsables, por ejemplo, para evitar que un menor de edad pueda acceder a estas plataformas. Y esto se halla contemplado en el proyecto de ley, donde se establece que cada uno de estos casinos en línea tendrá que regular la manera de certificar que la persona que está haciendo su apuesta es mayor de dieciocho años.

No es el ideal que queremos como sociedad; algunos pensamos que habría que eliminar todo tipo de sistema de apuesta, porque finalmente tienen muchas más externalidades negativas que positivas. Pero también debemos hacernos cargo de la realidad, de las inquietudes que tiene el ser humano, y esto es algo que viene de muchos años. Incluso uno escucha historias de los mayores, quienes recuerdan cuando ello se hacía en algunos lugares más escondidos precisamente porque el juego estaba prohibido y de todas maneras se realizaba.

En el seno de la Comisión vimos los pros y los contras de las apuestas en línea; y no estando de acuerdo con ellas, sé que debemos avanzar en regularlas -tengo claridad al respecto-, a fin de fiscalizarlas y de tenerlas más regladas.

Por eso voy a votar a favor, Presidente .

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , honorable Sala, este proyecto, que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, va en la dirección correcta.

Creemos muy importante establecer un mercado regulado y flexible de plataformas de apuestas en línea con el objeto de generar un mercado competitivo, considerando otras formas de juego actualmente legales; reguardar la fe pública; proteger la salud y la seguridad de los jugadores; transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de las plataformas, y contribuir a una mayor recaudación fiscal.

Ciertamente, lo que se plantea es que el mercado mueve cerca de 150 millones de dólares, lo que, al aplicarse el IVA y el impuesto de primera categoría, podría generar una recaudación fiscal cercana a los 60 millones de dólares.

Uno de los temas que nosotros hemos levantado con preocupación dice relación con las apuestas, particularmente con respecto a la hípica. Esto, básicamente porque en algún minuto se planteó la posibilidad de que se cedieran jornadas de algunos centros hípicos de regiones a los centros del Hipódromo Chile; sin embargo, esto podría dejar en una situación bastante compleja a los centros hípicos regionales. Por eso es tan importante que haya un tope para aquello.

Lo que ha señalado la subsecretaria, con la que conversé, es que estos asuntos van a quedar sometidos a una norma reglamentaria y no legal, lo cual me parece razonable; y que hay que tener cuidado con esa cesión de jornadas, porque puede afectar gravemente a los centros hípicos regionales.

Nosotros vamos a votar a favor de este proyecto, pues -reitero-, creemos que va en la dirección correcta.

Gracias, Presidente .

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

Yo no iba a intervenir, pero ha sido tan motivante esta discusión que me decidí a hacerlo.

Conversamos acá que esto no tiene color político, sino más bien se plantea la visión de nuestras propias experiencias, pero, al mismo tiempo, la visión de lo que uno quiere como país.

Recuerdo que, cuando me tocó ver el proyecto de ley sobre casinos de juego, voté en contra. Y lo hice porque creo que el juego no le hace bien al país, no le hace bien a la sociedad. Me parece algo muy complicado de manejar posteriormente; y, además, para las personas que sufren este tipo de adicciones ¡es brutal!, porque pierden todo, a la familia, en fin.

Entiendo lo que planteó la subsecretaria, y comparto la forma en que se pretende hacer las cosas; sin embargo, me cuesta pensar en que como Estado no demos la pelea, que renunciemos a ello, para buscar la forma de eliminar las apuestas en línea.

O sea, ¿por qué tenemos que legalizar si no hemos hecho nada para tratar de eliminarlas?

Entonces, el entregarnos así como así me complica y me molesta.

A lo mejor estoy fuera de la realidad. Algunos me dicen: "Es muy difícil perseguir a estos tipos". ¡Pero cómo no va a ser difícil cuando están auspiciando permanentemente muchos tipos de cosas! Están haciendo contratos, están haciendo camisetas, están haciendo publicidad, etcétera.

Por consiguiente, ¿cómo no vamos a ser capaces, a lo menos, de tratar de controlar esta situación?

Porque eso está pasando: la absoluta incapacidad del Estado de Chile de hacer cumplir una ley que rige desde hace mucho tiempo. Y por eso vamos a crear impuestos, para al menos tener recaudación.

Presidente , la verdad es que voy a votar en contra de este proyecto, entendiendo que somos muy pocos los que haremos esto, pero con la convicción absoluta de que -más allá de lo que se pretende, que tiene que ver con lo deportivo, lo cual puede ser loable, esperanzador, en fin- debemos tratar de colocarnos un plazo para dar la pelea, establecer una fiscalización y ver la forma de que este tipo de apuestas no exista.

Yo voté en contra del proyecto de ley sobre casinos de juegos, y sería absolutamente contradictorio de mi parte que me pronunciara a favor de esta iniciativa, a pesar de lo que nos ha planteado la subsecretaria.

Muchas gracias, Presidente .

El señor SAAVEDRA.-

Gracias, Presidente.

A diferencia de las opiniones que han existido acá, yo voy a votar a favor de este proyecto, justamente porque se trata de regular, de ordenar lo que hoy día tenemos y que está haciendo daño en nuestras poblaciones. No podemos mantener el statu quo; y, por lo demás, las argumentaciones esgrimidas respecto del voto en contra han sido bastante débiles.

Quiero decir que regular apunta no solamente a resolver un problema tributario, sino también a crear una institucionalidad robusta que se ha de fortalecer permanentemente, que garantice transparencia y, al mismo tiempo, protección a las personas esencialmente. Porque ha habido -y esto se halla también en el plano de la seguridad pública- personas asesinadas producto de préstamos clandestinos que hoy se dan, dinero que sirve para ser utilizado en este tipo de juegos.

Por lo tanto, si no somos capaces de regular, de convencernos nosotros de que es posible ordenar esta materia y tener el control de los juegos en línea, la verdad es que muy poco podremos hacer para pedir seguridad en nuestro país y que dejen de operar el crimen organizado y las bandas que están en este sistema.

Luego, debo decir que estas acciones opacas se dan justamente por falta de regulación, por falta de fiscalización, por falta de severidad de parte nuestra también; y ello permite el lavado de activos, horadar la confianza pública y, al mismo tiempo, el sistema financiero.

Ahora bien, quiero dejar en claro un punto, razón por la cual quise intervenir: para quienes somos de la región del Biobío la Lotería de Concepción es clave.

Su primer sorteo fue en 1921, y eso está ligado a la creación de la Universidad de Concepción, porque aquellos altruistas que la establecieron pensaron en cómo financiarla sin depender del Estado, lo cual se ha hecho a través de la Lotería de Concepción. De ahí la petición expresa al respecto.

Ya sé que se mejoró, que la subsecretaria lo explicó; pero también cuidemos las instituciones que han permitido que el país se fortalezca a partir de la educación, y, con ello, que las regiones se engrandezcan, como ocurre con la del Biobío a través de la mencionada universidad.

Voy a votar a favor por lo dicho anteriormente y porque -reitero- no podemos mantener el statu quo.

Debemos regular para el ordenamiento, para el control, para impedir que se siga horadando la confianza pública y para evitar que en todos nuestros barrios existan verdaderos garitos bajo el control de narcotraficantes y bandas organizadas, que son quienes ofician de prestamistas y que después exigen a las personas que les cancelen los préstamos otorgados. Y algunos chilenos los han pagado con su vida.

He dicho, Presidente .

Gracias.

--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor, 3 votos en contra y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Órdenes, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Araya, Castro Prieto, Chahuán, Cruz-Coke, De Rementería, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Gahona, García, Insulza, Keitel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sanhueza y Walker.

Votaron por la negativa la señora Sepúlveda y los señores Bianchi y Velásquez.

Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Kusanovic, Moreira, Sandoval y Van Rysselberghe.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Como se indicó, por acuerdo de la Sala, el proyecto pasará a ser tratado en Comisiones unidas de Hacienda y de Economía. Asimismo, se acordó fijar como plazo para la presentación de indicaciones hasta el 29 de septiembre, a las 12 horas, en la Secretaría del Senado.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Queda, entonces, aprobada en general esta iniciativa, la que, como acordamos, va a comisiones unidas para su discusión en particular.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta, iniciativa correspondiente al boletín N° 17.535-25.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 17.535-25) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su pantalla.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El objetivo de este proyecto de ley es establecer mejoras a la carrera funcionaria con el fin de incentivar el mérito, promover la movilidad interna y reforzar los estándares de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la institución.

Asimismo, pretende actualizar el régimen formativo y de perfeccionamiento continuo del personal a fin de responder de mejor manera a las crecientes exigencias del contexto actual en materia de seguridad.

La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado, discutió solamente en general esta iniciativa de ley.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros, senadora señora Pascual y senadores señores Castro González, Durana, Pugh y Quintana.

Además, hace presente que los números 2; 3; 4; 5; 8, letra b); 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21, y 22 del artículo 1°, y los números 2; 3; 4; 11; 15; 17; 18; 20, y 21 del artículo 2° del proyecto de ley, tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación requieren de 25 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 30 siguientes del informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Honorable Sala, en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública , rindo informe del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta, correspondiente al boletín N° 17.535-25.

Esta iniciativa ha sido iniciada en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

Los objetivos del proyecto, de acuerdo con lo expuesto en dicho documento, son, por una parte, establecer mejoras a la carrera funcionaria con el fin de incentivar el mérito, promover la movilidad interna y reforzar los estándares de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la institución.

Por otro lado, el proyecto pretende actualizar el régimen formativo y de perfeccionamiento continuo del personal a fin de responder de mejor manera a las crecientes exigencias del contexto actual en materia de seguridad.

Para alcanzar dichos objetivos, se introducen una serie de modificaciones en dos cuerpos legales.

Primero, en el decreto supremo Nº 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1986, del Ministerio del Interior, que establece el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

Y, en segundo lugar, en la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

En particular, los cambios e innovaciones más relevantes que la iniciativa propone permiten, entre otras cosas, asegurar el conocimiento y la experiencia de profesionales que durante muchos años debían retirarse anticipadamente por no existir la flexibilidad suficiente en el sistema para su permanencia.

Asimismo, ante un crimen organizado dotado de recursos y capacidad de innovación, producto de las ganancias ilícitas que trae el delito, el proyecto permite responder a la necesidad de contar con una policía debidamente fortalecida, ya que los delincuentes se preparan activamente para el delito.

En ese sentido, es necesario valorar que la iniciativa legislativa otorgará mayores herramientas para enfrentar con decisión las exigencias de la ciudadanía.

Por ello, es responsabilidad del Parlamento legislar para entregar certezas administrativas y jurídicas a una institución que tiene como misión otorgar paz, seguridad y tranquilidad a la población.

En cuanto al estudio y la discusión de esta iniciativa, es dable mencionar que la Comisión dedicó dos sesiones a su análisis. En el debate participaron autoridades y representantes del Ministerio de Seguridad Pública y de Carabineros de Chile.

En la discusión, los honorables integrantes de vuestra Comisión argumentaron sobre los siguientes puntos relacionados con el objeto de la iniciativa y con la institución de Carabineros en sí misma:

1. Se valoró la extensión de la carrera policial como una herramienta para retener experiencia institucional y fortalecer la formación profesional de Carabineros.

2. Se destacó la necesidad de alinear incentivos con metas de eficiencia reales y con resultados respecto a la política pública nacional en materia de seguridad, evitando contemplar indicadores de fácil o automático cumplimiento.

3. Se enfatizó la importancia de prevenir riesgos de corrupción y modernizar la gestión institucional mediante interoperabilidad, control interno y sistemas digitales.

Finalmente, recapitulando sobre los aspectos técnicos, se hace presente que el proyecto se estructura en tres artículos permanentes y cuatro artículos transitorios; contiene normas que requieren de un quorum especial para su aprobación, específicamente por tratarse de normas de rango orgánico constitucional, y, además, irroga nuevos gastos fiscales, al tenor de lo que se detalla en el informe financiero que acompaña el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República .

En la Comisión de Seguridad Pública el proyecto fue votado a favor por unanimidad.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

Con relación a este importante proyecto y agradeciendo la presencia del ministro de Seguridad Pública , don Luis Cordero , yo solamente quisiera fundamentar mi voto.

Según se ha informado, al 2024 había 45 mil carabineros en servicio activo cuando hay 55 mil cupos a llenar, una realidad que solo refleja los momentos difíciles que debió pasar la institución, producto de errores propios, como los escándalos de corrupción, y también de la campaña implacable de desprestigio de la que fue objeto la institución a partir del año 2019.

El Gobierno ha señalado que las postulaciones lentamente vuelven a subir, aun cuando se han rebajado ciertos estándares como la existencia de tatuajes o la edad. Sin embargo, se ha dicho que el 2023 se retiraron más carabineros de los que ingresaron.

A lo anterior se suma que la formación en la Escuela de Formación Policial pasó de durar seis meses a dos años, debido a que se hizo homologable a una carrera técnica y a la enorme cantidad de licencias médicas que anualmente se presentan.

Nos faltan nuevos carabineros, pero también se deben buscar formas para retener a aquellos que, estando activos en la institución y pudiendo ser útiles a la función policial, deciden retirarse, ya sea por mejores expectativas laborales, por el estrés laboral que deben sobrellevar a raíz de sus funciones o, simplemente, por los turnos que no respetan día o noche.

Ser carabinero no es una profesión, sino una vocación; es un llamado a servir a la patria y las personas, que debe ser estimulado y debidamente recompensado para no caer en la desmotivación y el abandono.

Por lo mismo, yo apoyo en general las ideas matrices de este proyecto que busca estimular a los buenos carabineros, retenerlos en la institución, postergando su edad de retiro, y premiar el desempeño en zonas difíciles.

También agradezco que se hayan tomado las ideas matrices de un proyecto de ley del ex Presidente Sebastián Piñera , que buscaba algo similar y que me tocó conocer en el período anterior en la Comisión de Seguridad.

Solo quiero manifestar mis dudas sobre el bono de desempeño.

Ya tenemos una muy mala experiencia con los bonos de desempeño en el sector público y cómo solo basta ir a trabajar para merecerlo, sin que haya que hacer un mayor esfuerzo especial.

Por supuesto, votaré a favor del proyecto.

Chile necesita más y mejores policías, y no puede darse el lujo de perderlos a una edad en que todavía pueden entregarle mucho al país.

¡No puede ser que el crimen organizado le gane a Chile!

¡No puede ser que le gane a una institución que protege y defiende a los chilenos y que ha sido capaz, en momentos difíciles, de defender la democracia en Chile!

Comentarios finales.

El proyecto tiene detalles que estudiar y perfeccionar, pero en general resulta positivo para el fortalecimiento de la institución de Carabineros de Chile. Y si bien no otorga protección a los carabineros, sí da indicios de un fortalecimiento a la institución propiamente tal, lo cual de todas maneras es provechoso para la labor de recuperar la fortaleza de Carabineros, el respeto a la institución y el interés de pertenecer a ella.

Entre otras cosas, esta iniciativa entrega flexibilidad para no obligar al retiro anticipado de los funcionarios.

Además, entrega directrices para una mejora progresiva de la formación de carabineros e incentivos para los funcionarios y los ciudadanos que tengan interés en incorporarse a la institución.

Nuestros equipos legislativos del Parlamento, la Fundación Jaime Guzmán, han señalado que es importante este proyecto y, obviamente, lo votamos a favor.

He dicho, señor Presidente.

El señor WALKER.-

Gracias, Presidente.

Quiero valorar el proyecto y, obviamente, fundamentar mi voto favorable a la idea de legislar.

Aprovecho de saludar al ministro de Seguridad Pública , don Luis Cordero Vega .

Efectivamente, este proyecto de ley consagra algo que ya venía en una iniciativa del anterior Gobierno del Presidente Piñera, lo cual me alegra muchísimo, y que es la extensión de la carrera funcionaria.

Cuántas veces uno se encuentra en las regiones que representamos -a mí me ha pasado en Coquimbo, en Ovalle, en La Serena-, con capitanes o suboficiales de Carabineros, muy queridos por la comunidad, a los cuales de un día para otro uno los ve de civil en la calle y les pregunta: "¿Y usted qué hace de civil?" "No, mire, es que pasé a retiro".

Y uno sabe que son carabineros muy comprometidos con las labores operativas, muy queridos por la comunidad, que trabajan con las juntas de vecinos, pero pasan a retiro muy pronto.

El propio general director de Carabineros , señor Marcelo Araya , dijo durante la discusión del proyecto de ley que el desarrollo de la carrera ha sido una preocupación permanente para la institución y que los 30 años de servicio, como norma general, se han vuelto absolutamente insuficientes.

Y el propio general director recordaba que muchos funcionarios de Carabineros, incluidos aquellos de su propia generación, ingresaron a los 17 años, lo que los obliga a retirarse a los 47, desaprovechando años de experiencia, capacidad operativa y, además, todo lo que el Estado ha invertido en la formación de esos efectivos.

Por eso creo que es muy importante este proyecto de ley, que contiene un nuevo sistema de incentivos, el cual empezará a regir el 2027, en que se amplía el tiempo máximo de servicio y se modifica el régimen de retiro voluntario y obligatorio, permitiendo a los funcionarios de Carabineros permanecer hasta 41 o 38 años en la institución, según su tipo de nombramiento, mejorar el régimen disciplinario y ajustar las condiciones para el retiro temporal en casos penales.

No quiero repetir todo lo que se ha señalado respecto de esta iniciativa, pero me parece fundamental, ¡fundamental!, poder aprobarla lo más rápido posible, no solamente en general sino también en particular, para que por fin podamos extender la vida funcionaria de los carabineros y, lo más importante, estableciendo incentivos para ello.

Muchas gracias, Presidente .

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Tiene la palabra el senador Fidel Edgardo Espinoza.

¿Lo dije bien, senador...?

El señor ESPINOZA.-

¡Sí sí, Presidente ...!

Quiero destacar, señor Presidente , en la manifestación de mi voto favorable a este proyecto no solo la importancia que tiene esta iniciativa como tal, sino también la trascendencia que reviste el hecho de ir entregando lineamientos que permitan reforzar una labor que hoy día es insustituible en nuestro quehacer cotidiano y que dice relación justamente con la modernización del sistema de incentivos y la extensión de la carrera funcionaria en nuestras policías.

Cuando estamos viviendo una crisis de seguridad fuerte, que nadie puede negar y que hemos tenido que enfrentar, obviamente uno se da cuenta de la trascendencia que tiene un proyecto de esta naturaleza. Porque esta iniciativa lo que hace, de una manera u otra, es generar mecanismos -y así está en los antecedentes del proyecto- que dan cuenta de una agenda legislativa a la que este Gobierno le ha dado relevancia y que tiene que ver con los problemas de inseguridad: el "fast track legislativo", como se le denominó en su momento.

Entonces, claramente seguimos profundizando el compromiso de impulsar mejoras como Parlamento, un parlamento al que hoy día algunos denostan. Los mismos que quieren dirigir los destinos del país denostan al Parlamento; otros, que antes lo denostaban, quieren llegar a él. O sea, una cuestión bastante rara. En el proceso constituyente algunos querían eliminar al Senado, pero hoy día quieren entrar a él. ¡Contradicciones tremendas!

Y lo planteo, porque en este Senado existe el compromiso de impulsar proyectos de ley que vayan en la línea del reforzamiento de la seguridad en nuestro país.

Y la carrera policial de Carabineros de Chile juega en eso un rol tremendamente importante para fortalecer su formación, profundizar en aspectos de su profesionalización y, con ello, permitir el fortalecimiento de la labor policial para el resguardo de lo principal: el orden y la seguridad, que lamentablemente se han visto desbordados no solo en nuestro país.

Junto con los senadores Ossandón y Gahona , representamos a nuestro Senado en el Parlamento Andino, y vemos que este es un problema que también está desbordado en otros países que lo componen. Colombia, país fronterizo con Venezuela, y Ecuador han vivido situaciones brutales, incluso este último con la muerte de un candidato presidencial. Y Colombia las está viviendo hoy día, y ayer este mismo Senado rindió un minuto de silencio tras el fallecimiento de un senador de la república, asesinado por el crimen organizado.

Entonces, desde ese punto de vista, creemos que este es un buen proyecto de ley, que avanza en una materia de alta sensibilidad e incentiva a que más gente pueda ingresar a nuestras escuelas de Carabineros, cosa que, si bien no se ha visto truncada, sí al menos ha disminuido durante los últimos años. Uno conversa con muchos padres a los que les da terror que sus hijos elijan una carrera en Carabineros, en circunstancias de que eso debiera enorgullecernos a todos. Es decir, el miedo a que a sus hijos les ocurra algo o pierdan la vida en un operativo contra un ajuste de cuentas, en un asalto o en otro evento hace que surjan desincentivos en los últimos años para ingresar a estas instituciones.

Por lo tanto, este proyecto va en la línea correcta y, por cierto, lo vamos a apoyar muy férreamente, ¡más aún ahora que ha llegado nuestra ministra de Desarrollo Social ...!

(En esos instantes ingresa a la sala la ministra de Desarrollo Social y Familia).

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¿Está listo, senador Espinoza?

¿Terminó?

El señor ESPINOZA.-

¿Cómo está, ministra?

Muchas gracias.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¡Lo veo muy coqueto...!

La señora PASCUAL.-

¡A mí no me dijo el nombre completo...! ¡Son bromas...!

Gracias, Presidente .

Quiero, en primer lugar, ratificar mis conceptos y volver a votar, tal cual lo hice en la Comisión de Seguridad, a favor de este proyecto en su idea de legislar.

Creo que es muy relevante poder revisar lo que hace esta iniciativa de ley en materia de modernización del sistema de incentivos, de extensión de la carrera de las funcionarias y los funcionarios de Carabineros de Chile y también de varios elementos relacionados con la gestión de la planta.

También quiero destacar que en el estudio en general que se realizó en la Comisión no solo se hicieron varias consultas a partir de la extensión de la carrera, los incentivos, la profesionalización y la formación de los funcionarios de Carabineros, sino que también en diversas intervenciones se planteó la preocupación por alinear la formación de los funcionarios y las funcionarias de la policía uniformada con el Plan Nacional de Seguridad que vamos a tener y, por lo tanto, la gestión en esa materia.

Y, desde ese punto de vista, una preocupación muy especial que quiero transmitir y que manifesté en la Comisión -espero que eso siga siendo un compromiso muy relevante, tal como me lo contestó el director general de Carabineros -, dice relación con brindarle a la institución las fortalezas para que, en el marco de la actuación contra el crimen organizado y el narcotráfico, no sea presa de ellos.

Y lo digo tanto desde el ámbito de la corrupción como, por cierto, desde la perspectiva de que se pueda poner en peligro la vida y la actuación de los carabineros.

Quiero decir eso con harta fuerza.

En segundo lugar, me parece muy relevante que, en consideración a los años y los recursos económicos que el Estado y el país invierten en la formación y profesionalización de la policía, en este caso de Carabineros, pueda gestionarse de manera distinta la planta en el sentido de extender la carrera.

Por lo tanto, me parece que es un avance lo que propone este proyecto de ley en la línea de eliminar el retiro absoluto del personal de fila y civil de nombramiento institucional, a petición voluntaria, de los que cumplen 25 años de servicio; extender el retiro absoluto desde los 30 a los 35 años y suprimir la obligatoriedad de retiro a los 38 años,

También, a su vez, resulta conveniente la posibilidad de que el personal de Carabineros permanezca hasta los 41 años de servicio y, por cierto, una serie de otros cambios en materia de pensión por retiro, aumentando los años para su solicitud, etcétera, y, obviamente, los incentivos al funcionamiento de Carabineros, pero alineados con el Plan Nacional de Seguridad.

Y digo esto a propósito de las inquietudes que puede haber. En eso yo al menos me quiero fijar en la tramitación en particular.

No es, como decía aquí un senador, algo que se haga por el solo hecho de marcar tarjeta, sino efectivamente producto de una labor que nos permita ir controlando el fenómeno delictual, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, en lo que le corresponde a Carabineros. Y, por cierto, esperamos que la ciudadanía pueda ver con mucha impronta en la calle, en el papel disuasivo, persuasivo, a los carabineros ocupándose de estos fenómenos. Eso es lo que se busca.

Desde ese punto de vista, quiero reiterar la voluntad de revisar este proyecto en particular. Espero que esto avance lo más rápido posible, para que realmente se pueda contar ya en los próximos años con los cambios que incorpora esta iniciativa de ley.

Gracias, Presidente .

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Quiero saludar, por su intermedio, al ministro y a las ministras presentes.

En verdad este proyecto es muy bueno, porque ordena y mejora la carrera funcionaria de Carabineros, la alarga. ¿Cuántas veces hemos visto -y me ha tocado verlo- a funcionarios que se van a retiro, pese a estar en condiciones de seguir, y quieren seguir trabajando, porque les gusta o aman lo que hacen?

Por lo tanto, esta iniciativa viene a mejorar la carrera funcionaria de todos los carabineros, y me alegro por ello.

Pero lo de fondo acá es la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera. Y para eso tiene que haber algo más que leyes: las leyes están, pero falta voluntad política. Si no existe la voluntad política para tomar el toro por las astas, nunca vamos a lograr nada. Y es lo que nos ha pasado, ¡nos ha faltado voluntad política!

Como dijo alguien, las leyes están; lo que ocurre es que debemos usarlas. Pero nadie las quiere utilizar: no tomo decisiones por temor o no tomo decisiones por convicción. Cuando tú tienes las leyes y las herramientas para poner orden y no las quieres usar, podríamos estar hablando de negligencia por no hacer el trabajo como corresponde.

Por lo tanto, acá tenemos un problema que tarde o temprano va a explotar, porque nadie quiere cortar el queque. Espero que algún día alguien lo corte; si no, vamos a estar incendiados por los cuatro costados en el Senado, y todavía nadie va a decir nada.

Gracias.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidente.

Quiero saludar al ministro de Seguridad Pública; a la ministra Lobos, de la Segprés, y a la ministra Toro, del Mideso.

Debo señalar que hoy discutimos una iniciativa que busca aumentar los años de servicio del personal activo de Carabineros. Lo hacemos entendiendo que este cambio tiene un profundo sentido de eficiencia y de reconocimiento.

La formación de una funcionaria o un funcionario policial especializado requiere de una inversión bien significativa de recursos del Estado. Y cada año de experiencia acumulada por quienes han dedicado su vida al servicio en materia de seguridad es un capital humano que nosotros no podemos desaprovechar como sociedad.

Por lo tanto, extender la carrera permite aprovechar al máximo esa experiencia, reduciendo la pérdida prematura de profesionales con alta preparación y especialización. Este cambio no solo optimiza el uso de los recursos públicos, sino que también valora y reconoce la entrega y el compromiso de quienes han hecho de la función policial un proyecto de vida.

En un contexto en el que la seguridad ciudadana demanda más y mejores capacidades, la experiencia acumulada de nuestros carabineros y carabineras es un activo que debemos cuidar y fortalecer.

Por esas razones, señor Presidente, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa, que moderniza la carrera funcionaria y reconoce el aporte de quienes protegen día a día a nuestras comunidades.

Muchas gracias.

Voto a favor.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, saludo a las ministras y al ministro presentes en la sala.

Carabineros de Chile está próximo a cumplir su primer centenario, en un par de años más. Y qué mejor que este proyecto para reconocer ese trabajo insustituible de hombres y mujeres -muchas más mujeres de las que había hace algunos años-, teniendo presente el cambio de nuestra pirámide demográfica. Hoy vivimos más tiempo y tenemos mucha más capacidad para seguir aportando todos aquellos conocimientos, esa formación, que solamente se entrega en los institutos respectivos, específicamente en los de formación policial.

Ya se tomó la decisión de formar al personal de nombramiento institucional ya no en ocho meses -en la práctica era menos de un año-, sino en dos años, y de permitir, en la escuela de aspirantes a carabineros, incluso en sus prácticas, el porte de armas. Esto significa un reconocimiento para quienes se están formando en una profesión que es de por vida.

Por eso, alargar la carrera tiene sentido. Lo tiene porque se les necesita, porque se les reconoce el trabajo y porque, además, deben contar con la posibilidad de seguir trabajando y no estar limitados a una carrera que nació en una época donde las expectativas de vida eran bastante menores.

Acá se corrigen esos elementos, y también se agregan incentivos. Quiero destacar los mecanismos de incentivo para la carrera profesional y también las medidas de gestión y de control, las métricas, que son muy importantes.

La función policial, entonces, es insustituible, y me alegra saber que, de forma transversal, desde las diferentes áreas que cada uno representa en el espectro político, todos están conscientes de esta necesidad.

Lo que necesitamos, y por eso vamos a apoyar esta votación en general, es trabajar sobre indicaciones que recojan todas las buenas experiencias de otros proyectos, algunos de ellos en la Cámara, que vienen del Gobierno anterior, como también las indicaciones que surjan en esta iniciativa, que van a requerir el patrocinio del Ejecutivo. Por lo mismo, desde ya adelantamos la solicitud de un plazo de al menos tres semanas para poder trabajar las indicaciones a objeto de perfeccionar este proyecto.

Ya tuvimos la experiencia con la carrera de la Policía de Investigaciones. Esa experiencia de trabajo demostró efectivamente que ese proceso se tiene que integrar en la labor de la Comisión. Como integrante de la Comisión de Seguridad, haré que todas las observaciones que surgieron en la tramitación de ese proyecto de ley anterior, las tengamos a la vista antes de comenzar la discusión en particular.

Yo, señor Presidente , invito a aprobar esta iniciativa a todos aquellos que quieren hacer de Carabineros de Chile la mejor institución, la cual ya tiene un alto reconocimiento no solo nacional, sino también internacional. Lo hemos podido ver en personas que quieren venir a hacer cursos, por lo que habría que estudiar la posibilidad de que eso se extienda. Hay áreas donde Carabineros tiene experiencia única; por ejemplo, el GOPE, que formaba a oficiales de otros países. Hoy no lo está haciendo.

Debemos entender que, en la formación, en la carrera, tenemos la posibilidad de influir en el continente, cuando existen amenazas de crimen organizado transnacional, para cuyo combate se requiere de ese conocimiento. Entonces, también hay que agregar la perspectiva internacional de la formación de nuestros oficiales de Carabineros de Chile y su personal de nombramiento institucional, para poder manejar riesgos y amenazas emergentes y tener todos los contactos que se necesiten, los cuales se crean en base a la confianza y al conocimiento.

Las indicaciones van a ir en ese sentido: en recoger lo mejor de los proyectos que están en otros lugares y en recibir aquellas experiencias que la Comisión de Seguridad ha visto en terreno, en visitas que ha realizado en las diferentes instancias en que ha estado. La idea es plasmar todo ello en una mejor iniciativa de ley.

Ese es el trabajo legislativo de un colegislador, que va a estar siempre viendo cómo hacer que la política pública sea de Estado, que sea capaz de satisfacer las necesidades y que dé a todas esas personas que tienen un juramento por el país, a esos hombres y mujeres, las mejores condiciones en su carrera, que han decidido de por vida.

Voy a votar a favor, señor Presidente.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo al ministro Cordero y a la ministra Macarena Lobos .

Obviamente, valoro esta iniciativa. Como hemos dicho, las políticas de seguridad, al menos según el llamado que ha hecho el Presidente Boric , debemos asumirlas como política de Estado, no como trinchera oficialismo-oposición, porque es el Estado el que debe fortalecer sus capacidades para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. No sacamos nada con tener divisiones que finalmente solo permean o hacen más vulnerable al país frente al avance del crimen organizado.

Obviamente, el fortalecimiento de las policías va en esa dirección.

Hay que entender que Carabineros de Chile es una institución que le pertenece a toda la sociedad, a ningún bando político en particular. Por tanto, trasciende los Gobiernos de turno como política de Estado.

Valoro que la iniciativa tenga como fundamento introducir modificaciones en la carrera policial de Carabineros de Chile: vinculaciones con los procesos de ingreso, formación, evaluación, calificación, modelo de control interno, Plan Estratégico de Desarrollo Policial y Planes Anuales de Gestión Operativa y Administrativa.

También valoro que se establezcan de forma expresa en los planes y programas de formación de los carabineros una línea de profesionalización y el deber de respetar los derechos humanos y las libertades reconocidas en la Constitución Política de la República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile. De este modo se elevan los estándares normativos en los planes de formación.

El proyecto dispone la obligación de que en el Plan Estratégico de Desarrollo Policial se determine el sistema de desarrollo profesional, que debe encontrarse en concordancia con la Política Nacional de Seguridad Pública.

En materia de incentivo al desempeño, se formulan metas asociadas al programa marco, que considerará Planes Anuales de Gestión Operativa y Administrativa de la institución.

Una institución más profesional, con mayor transparencia, con mejor formación, finalmente es buena para la sociedad y para la seguridad pública, y también para aquellos que han asumido como vocación propia ingresar a Carabineros.

Por cierto, hay un déficit de personal. Por lo tanto, esto refuerza el llamado a que más personas ingresen y que un mayor número de funcionarios pueda quedarse más tiempo trabajando y siendo útiles a Carabineros de Chile y, en consecuencia, a la sociedad en su conjunto.

En la iniciativa se establecen sistemas de incentivos a la profesionalización del ingreso y la probidad de los postulantes, cambios en la gestión de retiro, ampliación de carrera, aumento de años de jubilación, etcétera. Particularmente, se permite a los funcionarios de Carabineros permanecer en la institución hasta los cuarenta y un años de servicio, en el caso del Personal de Nombramiento Supremo, y hasta los treinta y ocho años, en el caso del Personal de Nombramiento Institucional.

Por cierto, esta es la votación general del proyecto. Durante su discusión en particular podrán presentarse indicaciones y mejorarlo. Pero me parece que es una iniciativa muy contundente, que va a contar con el respaldo transversal del Senado.

Voto a favor, Presidente .

El señor VELÁSQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Por supuesto, voy a votar a favor de este proyecto.

En más de alguna ocasión hemos dicho que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no son patrimonio de algún sector político o social; son patrimonio de todos. Esa es una cuestión que deberíamos tener muy claro, ¡sobre todo, las Fuerzas Armadas y Carabineros!

Tuve la oportunidad de conocer al general director Marcelo Araya en Calama, provincia de El Loa. Él fue prefecto cuando me desempeñaba como alcalde de la ciudad.

El general Marcelo Araya da garantías de ser una persona seria, algo que no se puede decir de todos los oficiales, de todos los políticos, en fin, de quienes vamos conociendo. Es una persona que proyecta credibilidad en lo que hace.

Quisiera señalar que es bueno despejar algunos fantasmas que tenemos instalados. Se plantea que no hay voluntad política, que no hay respaldo político para esto. Pero no sé si en Chile existe algún sector político que se oponga o que critique alguna política de Carabineros respecto de lo que está haciendo hoy día.

Hay momentos y periodos de crisis en nuestro país, y seguramente los habrá en un futuro cercano o lejano. Pero debemos tener la capacidad de salir de aquello.

Si hay una institución que es reconocida por la ciudadanía en la calle -lugar que nosotros, quienes estamos acá, frecuentamos-, en los distintos sectores de las ciudades de Chile, es Carabineros. Uno observa el aprecio que le tiene la ciudadanía.

Y eso se comienza a notar en que las comunidades escolares de las escuelas, los liceos, invitan a los funcionarios de Carabineros, cuestión que en un pasado reciente no ocurría. Y esto es señal de respeto.

Ya no existen las brigadas de tránsito, porque hay otra concepción de la seguridad, se entiende; pero comienza a existir esa cercanía. Eso es respeto, y me atrevería a decir que hasta es afecto.

Ahora, en este mismo sentido, hay que reconocer que no se modernizó a Carabineros por mucho tiempo, por décadas. Los funcionarios utilizaban el mismo atuendo, la misma luma, la misma pistola o el mismo revólver de hace cincuenta años. Sencillamente, a la institución no se le entregaron recursos. Esa es una realidad.

Éramos muy buenos para realizar homenajes, pero para destinar recursos, casi cero. Ahí están los presupuestos.

Una tercera cuestión que quisiera plantear -probablemente el general director de Carabineros , don Marcelo Araya , estará tomando nota; es una persona estudiosa de los temas- tiene que ver con el rol de los prefectos y los comisarios. Sería bueno revisar qué pega, qué tarea realiza cada prefecto y cada comisario en su territorio, con el personal asignado.

Indudablemente en todas las instituciones hay un funcionario que saca la vuelta, que no cumple con lo que corresponde, que establece alguna amistad demasiado estrecha después de las 24 horas en sectores que no corresponde.

Debe haber un desempeño, un actuar honorable, ese concepto antiguo -para algunos puede resultar añejo, pero algún grado de valor tiene- que ostentaban los carabineros y que esperamos que retorne, porque también ayuda. Esos conceptos añejos que hacen referencia a ciertos valores que parecen pasados de moda ayudan, sobre todo a una institución como Carabineros.

Estoy seguro de que el general director Marcelo Araya velará y buscará la forma, estadísticamente hablando, de revisar el trabajo de los prefectos y de los comisarios, que son quienes evalúan cómo está su personal en las calles de muchas comunas, como las que me corresponde representar de la región de Antofagasta, donde los vemos; pero en otras, no tanto.

Me parece que es interesante también que se revise ese trabajo, porque a veces nos quedamos solo en la gran política; pero en la de los territorios es en la que podemos sacar un poquito más de trote también a los funcionarios.

Gracias, Presidente .

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Esta iniciativa busca establecer mejoras en la carrera funcionaria de los carabineros, con el fin de incentivar el mérito, promover la movilidad interna y reforzar los estándares de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la institución. Asimismo, pretende actualizar el régimen formativo y de perfeccionamiento continuo del personal, a fin de responder de mejor manera a las crecientes exigencias del contexto actual en materia de seguridad, que sabemos que es muy difícil cuando enfrentamos una grave crisis de seguridad, sobre todo con este avance del crimen organizado y el narcotráfico.

Todo aquello que se haga en favor de fortalecer a Carabineros de Chile, a la PDI, a todas aquellas instituciones que resguardan la seguridad me parece que es un avance muy necesario.

En particular, y entendiendo que es una iniciativa del Ejecutivo, creo que debe haber una mejora importante en los sueldos de los carabineros.

Presidente , cuando uno observa la escala y ve que un carabinero gana un poco más del mínimo, 481 mil pesos, aproximadamente; un cabo segundo, 591 mil pesos; un cabo primero, alrededor de 700 mil pesos, y un suboficial mayor, un poco más de un millón de pesos, uno entiende por qué, aparte de la grave crisis de seguridad, cada día tenemos menos gente que postula a la institución, sobre todo en el norte, donde está desatado el crimen organizado.

Considero que prolongar la carrera funcionaria está perfecto; creo que es muy necesario. Pero si no hay una mejora en las remuneraciones, claramente, aunque exista la posibilidad legal de alargar la carrera, es muy difícil que una persona no esté tentada a abandonar la institución para buscar mejores trabajos. Quizá no mejores trabajos, porque la mayoría de los carabineros lo son por vocación, pero sí trabajos que les permitan llevar una mejor vida.

Voy a votar con muchas ganas y convicción a favor de este proyecto -ya lo hice, de hecho-, pero con un llamado al Ejecutivo , específicamente al ministro de Seguridad , de abrirse durante el estudio en particular, para ver la posibilidad, si no hay recursos para mejorarlos a todos, de ir más allá del 8,4 por ciento que se considera en el proyecto. Tal vez, con un PMG (plan de mejoramiento de la gestión), porque no todos van a cumplir los estándares. Y si ponemos un estándar de seguridad, quizás haya un incentivo mejor.

Presidente , con estos niveles de sueldo, cada día tendremos menos carabineros. Eso es preocupante, porque el grado de inseguridad por el que estamos pasando -espero que prontamente lo podamos controlar- no se enfrenta sino con policías fuertes, cuyos integrantes se sientan convencidos y tranquilos al realizar su trabajo. Además, con estos sueldos, aquellas personas que no tengan tan claros sus principios podrían ser permeadas por el crimen organizado.

Espero que este proyecto pueda salir fortalecido de su estudio en particular.

Voto a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidente.

En realidad, es importante recordar que este es un proyecto cuyos objetivos compartimos todos. Se trata de modernizar el sistema de incentivos, de extender la carrera a los futuros ingresos y otra serie de asuntos de ese tipo que dicen relación fundamentalmente con el funcionamiento de una institución que a todos nos merece un respeto y un apoyo muy muy fundamental.

Realmente, esto ha sido un cambio importante en los últimos años. Creo contarme entre aquellos que nunca han condenado la acción de la policía, de ninguna manera. Y me alegra mucho saber que hoy día gozan de un respeto de la población bastante mayor que el que tenían hace algunos años.

Eso es lo primero que es necesario plantear.

También es importante que entendamos que ninguna institución es perfecta y que todavía hay muchas cosas por mejorar en la policía. Algunas se han mencionado acá, otras las voy a señalar.

Antes me interesa decir que el número de policías en Chile no es exiguo. Tampoco es lo mejor que podríamos tener. Según leo en la prensa, hay 2,5 policías por cada 1.000 habitantes. Yo entendía que era un poquito más: alrededor de 3,3. Pero aún es un número que se compara favorablemente con la mayor parte de los países latinoamericanos. Incluso, es bastante mejor. Creo que, salvo en Perú, es raro encontrar otro país en el cual haya más policías que en Chile. Por cierto, es distinto en los países de Europa, en los países nórdicos, varios de los cuales están bastante más arriba en número de policías por habitante, y es importante recalcarlo.

Además, hay que entender que se busca -eso es bueno- extender la carrera, porque tenemos una cantidad de jóvenes que ingresan con dieciocho años a Carabineros y cuando salen de la institución se encuentran plenamente aptos para desarrollar cualquier trabajo, y probablemente la mayor parte de ellos entra a la policía privada.

Por lo tanto, se trata de medidas útiles.

Pero hay una cantidad de cosas que yo quería mencionar, Presidente.

Primero, todavía existe una importante falta de coordinación entre las policías. No cabe ninguna duda de eso. Tenemos dos policías distintas, y no solo distintas, sino mal coordinadas entre sí.

Yo sé que tal vez es duro decirlo, pero no cabe duda de que la mejor prueba de que tenemos poca coordinación, no solo entre las policías, sino también entre policías y fiscalías, entre policías y otros servicios públicos ligados con la seguridad, es que nunca hemos conseguido echar a andar el famoso banco integrado de datos. Nadie entrega sus datos, nadie los coloca. Y, por lo tanto, cuando se trata de comparar cifras, muchas veces se señala que la cantidad de homicidios es de tanto o de tanto otro, dependiendo de qué institución esté contando los homicidios. ¡Y eso no es bueno!

No tenemos una coordinación. ¡Y para eso creamos el ministerio respectivo!: para que coordine las policías.

Yo era partidario de que las policías quedaran dependiendo del Ministerio de Seguridad Pública. Eso no ocurrió, pero me parece muy importante que seamos capaces de algunas cosas mínimas, como compartir los datos, la información, no dar todo por bueno, controlar adecuadamente las cifras que se entregan. Ello ciertamente es necesario.

En segundo término, hay una cantidad de funciones que Carabineros no debería desempeñar. Yo no veo razón para que dicha institución tenga que efectuar notificaciones, y, sin embargo, una cantidad de carabineros sale a hacer notificaciones. Hay otras labores que cumplen, en materia de espectáculos públicos y otras cosas, que en otras partes son abordadas por policías privadas.

Debemos ser capaces, entonces, de acotar el trabajo de Carabineros, de manera de contar con más efectivos.

Aprovecho para dar el aviso de que la ley de infraestructura crítica fue planteada precisamente para ahorrar policías y dedicarlos al patrullaje. Y todavía no la terminamos de despachar, después de como tres años discutiendo sobre temas que no venían al caso.

En tercer lugar, me parece importante señalar que la función de las policías -no estoy hablando ni de las Fuerzas Armadas ni de los tribunales- en materia de inteligencia es muy ineficiente. No hemos sido capaces todavía de sacar una ley de inteligencia que satisfaga las necesidades de inteligencia policial que existen en el país. Estoy seguro de que existe mucha inteligencia de otro tipo, pero en materia de inteligencia policial tenemos una muy mala performance.

Aquí se habla mucho de que debemos pagarles más. Y es cierto: tenemos que pagarles más. Pero por lo menos cuando se retiren paguemos lo que corresponda, porque hay una cantidad de policías que aún está esperando su jubilación. ¡Y no se la han pagado porque no hay recursos para eso!

Entonces, hay una cantidad de cosas que debemos examinar.

Yo quisiera que la discusión de este proyecto -sin salirnos de su marco, que es fundamentalmente institucional- por lo menos sirviera para responder a algunos de los temas que se están planteando todavía como carencias muy importantes en nuestras policías.

Muchas gracias, Presidente .

Voto a favor, por cierto.

--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Rementería, Durana, Edwards, Espinoza, Galilea, García, Insulza, Keitel, Kusanovic, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Se propone como plazo para presentar indicaciones el viernes 5 de septiembre, a las 12 horas, en la Secretaría del Senado.

Acordado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.422 con el objeto de otorgar prioridad a personas con discapacidad en la atención de servicios públicos, correspondiente al boletín N° 16.396-35.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.396-35) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Esta iniciativa tiene por objetivo otorgar atención preferente a las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y a sus cuidadores o cuidadoras que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad , en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público.

La Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, discutió el proyecto de ley en general y en particular por ser de artículo único, y propone que en la sala sea considerado del mismo modo.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señores Bianchi, Keitel, Sandoval y Velásquez.

En particular, sancionó la iniciativa con las modificaciones y votaciones, también unánimes, que se registran en su informe.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 23 y 24 del informe de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidente.

La Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad tiene el honor de informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.422 con el objeto de otorgar prioridad a personas con discapacidad en la atención de servicios públicos, correspondiente al boletín Nº 16.396-35, con urgencia calificada de "suma".

Aprovechamos de saludar a la ministra Javiera Toro , del Ministerio de Desarrollo Social; a la subsecretaria Macarena Lobos, que nos acompaña...

La señora EBENSPERGER .-

Ministra .

El señor SANDOVAL .-

¡ Ministra ! ¡Perdón!, a la ministra que también nos acompaña.

Para contextualizar este proyecto, cabe señalar que el año pasado el Ministerio de Desarrollo Social realizó el Seminario del Tercer Informe del Estudio Nacional de la Discapacidad , organizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, ocasión en que se relacionaron algunas cifras que es importante destacar en este minuto. El análisis arrojó que el 17 por ciento de la población de dos años y más estimada en Chile tiene discapacidad. Esto corresponde a más de 3,2 millones de personas en nuestro país. De este porcentaje, el 5,9 por ciento registra discapacidad leve a moderada y el 11,1 por ciento tiene discapacidad severa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la iniciativa se discutió en general y en particular por ser de artículo único, siendo aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

El proyecto se inició en una moción de los diputados Coloma , Cornejo , Donoso , Fuenzalida , Labbé , Leal , Martínez , Moreira y las diputadas Marlene Pérez y Flor Weisse .

Además, se presentó una indicación sustitutiva, suscrita por diversos parlamentarios, y que en su primer trámite fue aprobada unánimemente por las diferentes instancias.

El objetivo del proyecto es otorgar atención preferente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público a las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y a sus cuidadores o cuidadoras que posean el certificado del Registro Nacional de la Discapacidad .

Durante la discusión en particular del proyecto se presentaron indicaciones que permiten ampliar la forma de acreditar la discapacidad e incorporar entre los obligados a proveer, de acuerdo con la definición proporcionada por la ley Nº 19.496, a las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestaciones de servicios a consumidores, por lo que se cobre precios o tarifas, con excepción de aquellas personas que poseen un título profesional y ejerzan su actividad en forma independiente.

Ambas indicaciones fueron aprobadas, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad.

Por tal motivo, llamamos a aprobar este proyecto.

Obviamente, felicito a los distintos actores que participaron en este proceso; la continuidad, el manejo y el seguimiento que hizo el propio Ministerio de Desarrollo Social, con lo que logramos conjugar un proyecto aprobado unánimemente por todos los miembros presentes de la Comisión.

Muchas gracias, Presidente .

--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor) y, por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro Prieto, Chahuán, Durana, Espinoza, García, Insulza, Kusanovic, Latorre, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Velásquez.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran inscritos ocho pareos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores, iniciativa correspondiente al boletín Nº 16.121-35.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.121-35) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Esta iniciativa, tal como su denominación lo indica, tiene por objeto establecer reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores.

La Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, discutió el proyecto de ley en general y en particular, por ser de artículo único, y propone al señor Presidente que en la sala sea considerado de la misma forma.

La referida comisión deja constancia, asimismo, de que aprobó el proyecto de ley en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señores Bianchi, Keitel y Sandoval, sancionándolo con las modificaciones que consigna en su informe.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 7 y 8 del informe de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidente.

La Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad tiene el honor de presentar este proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores, correspondiente al boletín Nº 16.121-35, para cuyo despacho se ha hecho presente urgencia calificada de "suma".

El propósito del proyecto es establecer reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores de ochenta años, las que tendrán una duración de veinte años para acreditar la identidad dentro del territorio nacional. Si se desea utilizarla como documento de viaje internacional, deberá renovarse si han transcurrido diez años desde su emisión.

Esta iniciativa generó una amplia discusión en la Comisión, puesto que se observaron algunos aspectos que, evidentemente, había que resguardar, advirtiéndose que el Servicio de Registro Civil e Identificación tiene un proceso bastante expedito para la renovación de la cédula, incluso con visitas domiciliarias.

Con las modificaciones respectivas, vuestra Comisión aprobó el proyecto en particular y propone a la sala su aprobación en general y en particular.

Es cuanto puedo informar, Presidente .

Muchas gracias.

--Se aprueba en general el proyecto (13 votos a favor y 4 abstenciones) y, por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro Prieto, Chahuán, Espinoza, Insulza, Kusanovic, Latorre, Ossandón, Pugh, Sandoval y Velásquez.

Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Durana, Moreira y Sanhueza.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran inscritos ocho pareos: de la senadora señora Gatica con el senador señor Soria, del senador señor Juan Luis Castro con el senador señor Macaya, del senador señor Pedro Araya con el senador señor Gahona, del senador señor Cruz-Coke con la senadora señora Órdenes, del senador señor Kast con la senadora señora Vodanovic, del senador señor Kuschel con el senador señor Quintana, de la senadora señora Núñez con el senador señor Lagos y del senador señor Coloma con el senador señor De Urresti.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Pasamos a Incidentes.