Labor Parlamentaria

El señor CASTRO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura, correspondiente al boletín N° 17163-03.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Jorge Guzmán .

Antecedentes:

-Moción, sesión 86ª de la legislatura 372ª, en miércoles 9 de octubre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 24.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 37ª de la presente legislatura, en lunes 16 de junio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GUZMÁN (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, quiero aprovechar esta instancia para saludar a quienes nos acompañan desde las tribunas: a Paola Coronado , a Tamara Albornoz Coronado , a Valentina Albornoz Coronado , a Rodrigo Ignacio Manuel Hernández , a Macarena Ponce , quien ha acompañado a Paola en todo este proceso. Saludo a la familia de Diego Albornoz Coronado , el Chino, quien inspiró este proyecto.

En nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, vengo en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en una moción de los diputados señores Jorge Guzmán , Alejandro Bernales , Miguel Ángel Calisto , Christian Matheson , Víctor Pino , Hotuiti Teao y Francisco Undurraga , y de las diputadas señoras Ana María Bravo , Sofía Cid y Flor Weisse, que modifica la ley N° 20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura.

Este proyecto no tiene urgencia.

Con el objeto de abordar derechamente los aspectos cruciales de lo debatido solo me remitiré a cuestiones básicas que han servido de base a esta iniciativa. Lo referido a los antecedentes de la moción y la mención y exposiciones de las autoridades del Ejecutivo, como la subsecretaria de Turismo, señora Verónica Pardo , y el director nacional del Servicio Nacional de Turismo, señor Cristóbal Benítez , y de la madre de don Diego Albornoz (q.e.p.d.), señora Paola Coronado , y las intervenciones de las y los señores diputados que participaron en el debate se encuentran en detalle a disposición en el informe respectivo.

I.- Constancias reglamentarias previas

1.- Ideas matrices o fundamentales

Las ideas centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo:

Establecer medidas para garantizar la protección de los usuarios, asegurando altos estándares de calidad, seguridad y transparencia en la prestación de servicios de turismo aventura.

Para concretar lo anterior se modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo.

2.- El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

3.- Tampoco contiene normas que requieran trámite de Hacienda

4.- Aprobación general del proyecto

En sesión N° 134ª, de 6 de mayo de 2025, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

Votaron a favor los y las diputadas Ana María Bravo , Miguel Ángel Calisto (Presidente accidental), Jorge Guzmán , Daniel Manouchehri , Christian Matheson , Cristhian Moreira (en reemplazo del diputado Joaquín Lavín ) y Flor Weisse (7-0-0).

5.- No hubo artículos e indicaciones rechazados o inadmisibles

II.- Relación descriptiva del proyecto

La moción consta de un artículo único con tres numerales.

En concreto, se modifica la ley N° 20.243, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, mediante la incorporación de un artículo 42 bis y la modificación de los artículos 45 y 50 de la forma que a continuación se describe someramente:

1.- Se propone establecer un nuevo artículo 42 bis con el propósito de que todos los prestadores de servicios turísticos del tipo turismo aventura deban obtener el Sello de Calidad Turística, conforme a lo dispuesto en la ley y su reglamento correspondiente. Este sello será un requisito indispensable para operar. Además, estos prestadores tendrán la obligación de exhibir el Sello de Calidad Turística en una parte visible de sus instalaciones, de manera que pueda ser fácilmente identificado por los clientes y visitantes.

2.- Asimismo, será obligatorio que los prestadores de servicios turísticos del tipo turismo aventura tengan visible un código que permita acceder al Registro Nacional de Clasificación, para que los clientes puedan verificar la vigencia del permiso del prestador. Este código deberá estar ubicado en un lugar accesible y visible al público, garantizando la transparencia y confianza en el servicio ofrecido.

3.- De no cumplirse esta obligación, será aplicable la sanción de multa de entre 25 y 35 UTM, ya existente en la ley vigente, tanto para el incumplimiento de la obligación de obtención y exhibición del Sello de Calidad Turística como en relación con la visibilidad del código de verificación del Registro Nacional de Clasificación.

III.- Disposiciones legales que el proyecto modifica

La moción introduce modificaciones en la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en la forma ya descrita precedentemente.

IV.- Discusión y votación del proyecto

A.- Discusión general

Teniendo en vista las consideraciones y los argumentos contenidos en la moción y las opiniones esgrimidas por los parlamentarios y los invitados, las y los señores diputados fueron de parecer unánime de aprobar la idea de legislar sobre la materia, como se consignó recientemente en las constancias reglamentarias.

A modo de síntesis, se debe consignar que el fallecimiento de Diego Albornoz Coronado expuso de manera dolorosa y manifiesta las falencias estructurales en la regulación de las actividades de turismo aventura en nuestro país.

Se estimó que la inexistencia de un marco normativo específico, la dispersión de reglamentos locales y la débil fiscalización estatal han dejado espacios críticos sin cobertura legal, poniendo en riesgo la vida e integridad de los participantes en esas actividades. Se sostuvo que si bien la ley N° 20.423, que regula el turismo, y su reglamento han establecido avances significativos mediante el Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad, la adhesión al Sello de Calidad Turística aún no es universal ni obligatoria para todas las actividades de riesgo, por lo que es imperioso y urgente aprobar la idea de legislar y el articulado de esta iniciativa legal, para llenar ese vacío normativo y otorgar así la máxima protección y seguridad adecuada a quienes realizan este tipo de actividades deportivas de riesgo.

B.- Discusión y votación particular

El texto de la moción, que consta de un artículo único con tres numerales, fue reemplazado íntegramente por una indicación sustitutiva formulada por el Ejecutivo, teniéndola como base para ser tramitada durante su discusión particular. Dicha indicación sustitutiva, junto con indicaciones de los diputados señores Alejandro Bernales , Jorge Guzmán , Christian Matheson y Víctor Pino , y de la diputada señora Flor Weisse , que fueron aprobadas por unanimidad, establecen cambios que mejoran la propuesta original de manera sustantiva, siendo los principales los que siguen:

1.- Se incorpora el deber del Servicio Nacional de Turismo de otorgar un sello denominado sello “R” a los prestadores de servicios turísticos que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Clasificación. Igualmente, dichos prestadores tendrán la obligación de exhibir el Sello de Calidad Turística en una parte visible en sus instalaciones y en sus vestimentas institucionales, y así ser fácilmente identificados por los clientes y visitantes.

2.- Se establece la obligación a los operadores de turismo aventura de estar inscritos en el registro para poder operar, previo cumplimiento de los estándares de seguridad que se fijen por reglamento.

El cumplimiento de los estándares referidos deberá ser acreditado mediante un certificado emitido por una entidad o inspector autorizado por Sernatur. Estos actuarán bajo su exclusiva responsabilidad, y el costo de la acreditación que estos realizan será de cargo del operador de turismo.

Las entidades e inspectores autorizados quedarán sujetos a la fiscalización y supervigilancia de Sernatur, y el procedimiento para su autorización y control será establecido en el reglamento de la ley.

3.- Se establecen las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de la inscripción en el registro y/o de los estándares de seguridad, así como también en caso de no exhibir el sello R en un lugar visible junto a su código de verificación en las instalaciones o en sus vestimentas institucionales.

4.- En un artículo transitorio se establece que el reglamento de la ley deberá ser modificado dentro del plazo de doce meses desde la publicación de la ley. Los prestadores de servicios de turismo aventura que a la fecha de publicación de la ley se encuentren inscritos en el registro mantendrán su habilitación para operar mientras no se establezca mediante dicho reglamento el plazo de renovación del certificado que corresponda a cada actividad.

5.- Se consagran multas en UTM al prestador de servicios de turismo aventura que, en el ejercicio de sus actividades, entregue antecedentes falsos o adulterados a la autoridad competente, altere el código de verificación o falsifique la certificación del cumplimiento de los estándares de seguridad establecida en esta ley.

6.- Se sanciona con clausura temporal del establecimiento cuando el prestador de servicios de alojamiento o de turismo aventura haya clasificado deliberadamente el servicio que presta en una categoría diferente a la que le corresponda o no cumpla con la obligación de registro o los estándares de seguridad a que se refiere la presente ley. En caso de reincidencia, podrá decretarse la clausura definitiva.

7.- Se consagra que estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales que se configuren conforme a la ley, y los tribunales de justicia podrán decretar las medidas cautelares necesarias para impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidos a su conocimiento.

8.- Finalmente, se estipula que, en caso de reincidencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en esta ley N° 20.423 por parte de los prestadores de servicios de turismo aventura, se le inhabilitará de manera perpetua para el ejercicio de sus actividades.

Es todo cuanto puedo informar.

He leído de forma expresa y textual el informe que se me ha entregado.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Se suspende la sesión por falta de quorum.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor CASTRO (Presidente).-

Continúa la sesión.

¿Habría unanimidad de la Sala para que ingrese la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao ?

Acordado.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, este es un proyecto que, lamentablemente, surge a raíz de una realidad preocupante: la ocurrencia de accidentes graves y fatales en el turismo aventura en Chile.

El caso que dio lugar al inicio de esta discusión fue la muerte de Diego Albornoz Coronado , ocurrida en un salto en bungee en el Cajón del Maipo, en febrero de 2024. Fue el detonante más reciente y emblemático, con alta cobertura comunicacional. Su madre, Paola Coronado , presente en las tribunas junto a amigos y familiares que han seguido esta lucha, busca que la muerte del “Chino”, como se le conocía, no pase inadvertida.

Él era un deportista, con un futuro por delante, que estaba realizando su tesis de grado en el ámbito del turismo aventura, con el objetivo de hacerlo más eficiente y seguro. Por lo tanto, reconozco y entrego mi cariño, admiración y respeto a su madre, por haber transformado el dolor en motivación e inspiración para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país.

Aquí, en el Congreso, nos corresponde, sobre la base de esta realidad, tratar de evitar que esto siga ocurriendo o, al menos, reducir los riesgos en este tipo de accidentes. Estos han ocurrido, principalmente, en deportes de alto riesgo, como el parapente, el rafting y el trekking, que, según datos de la Subsecretaría de Turismo y del Sernatur, entre 2015 y 2024 han dejado al menos 17 muertes y más de 120 incidentes graves.

Por ello, la idea es modificar el sistema institucional para el desarrollo del turismo, con cambios a la ley Nº 20.423 en varios de sus artículos. La propuesta se centra en tres ejes. Primero, exigencia del sello de calidad turística para las empresas, las cuales, mayoritariamente, son de menor tamaño. El sello debe ser exhibido por estas y acredita el cumplimiento de estándares de seguridad, capacitación y equipamiento.

Segundo, transparencia y control ciudadano, para que cualquiera persona pueda verificar la acreditación de la empresa antes de participar en este tipo de deportes.

Tercero, sanciones claras y disuasivas, con multas de 25 UTM a 35 UTM e inhabilidad para seguir ejerciendo la actividad.

Es un proyecto muy necesario que voy a aprobar.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño , hasta por tres minutos.

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, cada vez que nos lanzamos a la aventura buscamos sentir la adrenalina, el viento en el rostro, la emoción de vivir algo único e indescriptible. Para quienes practicamos estos deportes es una sensación que nos impulsa a interactuar cada vez más con la naturaleza. Sin embargo, esto nunca debería convertirse en tragedia. Por eso, celebro y felicito el proyecto de mi amigo Jorge Guzmán , porque establece medidas que garantizan el cumplimiento de estándares de seguridad en los servicios de deportes vinculados con el turismo aventura.

Recordemos que nuestro país ha sido reconocido mundialmente a través de los World Travel Awards, conocidos como los Óscar del turismo. El año pasado fuimos posicionados por décimo año consecutivo como mejor destino de aventura de Sudamérica y también a nivel mundial. Eso nos obliga a resguardar nuestra imagen país y evitar que empresas irresponsables la dañen. Por eso es necesario que las empresas ejerzan un turismo certificado, basado en entregar seguridad a quienes contratan servicios.

No obstante, existe un lado B: personas que se hacen pasar por guías acreditados, pero que terminan exponiendo gravemente la vida de las personas. En ese sentido, el proyecto apunta en la dirección correcta, porque protege la vida de quienes practican el deporte aventura y también cuida la imagen país. Nuestro país tiene virtudes únicas, tanto humanas como naturales, de las que debemos sentirnos orgullosos.

Creo que este proyecto -insisto- avanza en una muy buena dirección. Por supuesto, debemos condenar la imprudencia de quienes no cumplen correctamente su función ni entregan un servicio adecuado a las personas que desean disfrutar de este estilo de vida o practicar un deporte que, además de romper con la monotonía diaria, los conecte con la adrenalina, con la vivencia plena y la naturaleza.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, saludo a la mamá de Diego Albornoz Coronado , a su familia y a sus amigos.

Sin duda, la seguridad representa un principio incuestionable en todas las actividades que emprenda el ser humano. A esta realidad no escapa el deporte, el cual debe reunir las condiciones mínimas de seguridad para su desempeño y, de esta manera, evitar accidentes o cualquier otro infortunio ocasionado por su práctica.

Tales mecanismos adquieren una relevancia mayor si pensamos en el turismo aventura, formas deportivas que cuentan con cada vez más seguidores en Chile y atraen a un número creciente de personas provenientes de los más diversos puntos del planeta. En efecto, turistas de Brasil, Estados Unidos, China, Japón , Corea y Europa llegan año tras año a nuestro país, admirados por sus paisajes majestuosos, en busca de experiencias diferentes. Por ello, incorporar mayores niveles de seguridad en estas actividades es un imperativo que las agencias de turismo y las personas que practican estos deportes deben cumplir para evitar males graves o irreparables.

Sin embargo, y a pesar de la relevancia de la seguridad en estas actividades, aún persisten accidentes fatales que serían evitables con la implementación de medidas mínimas de seguridad y la capacitación de los operadores, situación que no ocurre, en gran parte, debido a la pobrísima regulación existente en la materia.

Por estas razones, concuerdo con las ideas matrices de este proyecto y, por consiguiente, con la necesidad de promover prácticas deportivas seguras y de alto estándar, fortaleciendo con ello nuestra oferta turística. Esto, sin duda, impulsa la industria, factor clave para la generación de empleo, particularmente en regiones con cualidades paisajísticas únicas en el mundo.

Señor Presidente, nuestro país, por sus características conocidas en todo el mundo, es un lugar óptimo para la realización de estos deportes. En buena hora ocupemos nuestras montañas, ríos, bosques y lagos para la práctica de estas actividades, pero ocupémonos también de las condiciones en que se realizan. Solo así promoveremos una actividad que entregue bienestar y alegría a miles de personas, haciendo de Chile un destino de clase mundial para la práctica del turismo aventura.

Dicho lo anterior, manifiesto mi voto favorable a esta iniciativa. Espero que pronto se convierta en ley de la república.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que debe entregar seguridad a los cientos de deportistas a los que les gusta realizar deporte aventura.

Antes de continuar, quiero saludar a los familiares de quienes han sufrido la pena de haber perdido un ser querido o haber sufrido lesiones practicando estos deportes, en forma muy especial a la señora Florentina Valle , madre de Madeleine Segovia , de la comuna de Copiapó.

¿Quién era Madeleine Segovia ? Era una joven kinesióloga de 30 años que el 3 de agosto del año 2023 murió en el volcán Lonquimay mientras practicaba trekking.

Ella buscó en distintas plataformas alguna empresa que le diera garantías para realizar este deporte y encontró la agencia Parapente Temuco, de Sady Sepúlveda , que estaba publicada en todas las plataformas. Lamentablemente, ese señor no tenía los permisos pertinentes, es decir, fue irresponsable. Esa irresponsabilidad llevó a la muerte a una joven deportista.

La investigación del caso estaba detenida. A la Comisión de Deportes y Recreación vinieron los familiares y los abogados de la joven para visibilizar de alguna forma este caso, que estaba en la fiscalía de Curacautín, porque muchas veces los casos quedan tapados por amistades, por compromiso y por muchas situaciones más. Vaya que es doloroso que la familia de esa joven deportista la viera salir de la casa con la gran esperanza de ir a practicar el deporte que le gustaba y que se la entreguen en un cajón.

En ese contexto, creo que nosotros debemos tener leyes mucho más duras, para que esos irresponsables paguen como corresponde, para que vayan a la cárcel y estén muchos años encerrados por su irresponsabilidad.

Debemos seguir motivando la práctica de este deporte y de todas las disciplinas deportivas. No puede ser que en este país todavía no tengamos garantizada la práctica del deporte no solo en el contexto de cómo se practica, sino también en el contexto de la seguridad. No podemos tener a la gente encerrada en sus casas porque hay agentes irresponsables.

Vamos a votar a favor este proyecto en memoria de aquellos y aquellas deportistas cuyas vidas fueron arrebatadas por gente inescrupulosa.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que discutimos nace del dolor, pero también de la convicción de que ese dolor no puede ser en vano y que el dolor también moviliza, como ha movilizado a Paola Coronado , a su familia y a los amigos de Diego.

El 21 de febrero de 2024, Diego Albornoz Coronado , el Chino, un joven de 23 años, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Católica del Maule y jugador de rugby, disfrutaba de sus vacaciones junto a su familia. Ellos visitaron el Cajón del Maipo, y ahí decidieron hacer un salto en bungee. Lo que debía ser una experiencia emocionante terminó siendo una tragedia. Diego quedó suspendido en el aire por casi media hora y murió asfixiado. El instructor, el turoperador y el prestador de servicios Mundo Dínamo, que debían asistirlo, no contaban con los permisos, no tenían el equipamiento adecuado, no tenían los conocimientos y no le prestaron la ayuda necesaria. La investigación demostró que el arnés estaba mal instalado y que el lugar funcionaba sin autorización. No tenían idea de lo que estaban haciendo.

La madre de Diego, Paola Coronado , a quien saludo, porque está presente en las tribunas, me dijo con una fuerza y una claridad que me marcaron: “Si estas falencias no existieran en la ley, mi hijo estaría vivo”, y tiene razón, porque no fue mala suerte, no fue un accidente inevitable, sino que fue negligencia, fue falta de regulación efectiva, fue ausencia de fiscalización.

Diego Albornoz Coronado , el Chino, quien por una dolorosa coincidencia dedicó su tesis de la universidad al turismo rural comunitario, murió por la falta o la ausencia del Estado en el turismo. El dolor de una madre que pierde a un hijo no podemos resolverlo a través de una ley. Sin embargo, está en nuestras manos corregir esa ausencia del Estado.

Este proyecto comenzó como una moción de mi autoría. Durante su tramitación en la Comisión de Economía, logramos algo muy valioso, que es un acuerdo unánime para que una indicación sustitutiva del Ejecutivo recogiera el proyecto y lo reforzara. Su objetivo es claro: regular con firmeza a los prestadores de servicios de turismo aventura, para que obtengan una certificación de cumplimiento de estándar de seguridad llamado sello R, que será revisado periódicamente por entidades acreditadas por el Sernatur. Este sello será obligatorio y deberá estar visible en instalaciones, en ropa, en publicidad y en todo lugar de la empresa de turismo aventura, para que todos podamos ser fiscalizadores y denunciantes de las empresas irresponsables.

Hoy tenemos la oportunidad y también el deber de cerrar los vacíos que permitieron que un operador sin permiso y sin preparación pusiera en riesgo y quitara una vida, porque la seguridad no puede ser optativa, porque la vida no tiene reemplazo y porque la mejor forma de honrar a Diego es que su historia nunca más se repita. Lo haremos por Diego como un pequeño acto…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Un señor DIPUTADO.-

Señor Presidente, no hay quorum.

El señor CASTRO (Presidente).-

Señor diputado, voy a dar la palabra al diputado Alejandro Bernales . Una vez que termine su intervención revisaré si hay quorum o no para sesionar. Si no lo hay, suspenderé la sesión.

Tiene la palabra, hasta por un minuto y medio, el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, este es un proyecto de gran relevancia para mi región. La Región de Los Lagos tiene muchas actividades en torno al turismo aventura, como trekking, escalada, rafting, kayakismo, una serie de deportes que están justamente relacionados con esta temática. Por lo tanto, es muy relevante que en la Comisión de Economía haya salido adelante una iniciativa que es muy importante -agradezco al diputado Jorge Guzmán por poner este tema sobre la mesa, y a la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo , porque acogió el llamado que se hizo al gobierno y se sumó a este proyecto como corresponde- para que tengamos turismo aventura de calidad y con seguridad. Eso es muy importante.

Por eso, este proyecto genera una serie de metodologías, entre ellos el denominado sello R, que es un registro nacional de clasificación con el cual los mismos turistas podrán verificar que las empresas que están contratando tienen todos los sellos y las garantías de seguridad. Nosotros incluimos, con otros parlamentarios de la comisión técnica, por ejemplo, la diputada Daniella Cicardini , una indicación para castigar a quienes falsifiquen este tipo de información, que nos parece relevante, porque, cuando uno está arriba en la montaña o en otro lugar, no tiene cómo verificarla. Entonces, quien falsifique esa información será castigado duramente.

Me parece que este proyecto, que aprobamos en la Comisión de Economía, va en la línea correcta. Espero que avance rápido en el Senado, porque Chile lo necesita.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CASTRO (Presidente).-

Voy a suspender la sesión por falta de quorum. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor CASTRO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, hoy quiero hablar desde Atacama, donde todavía resuena el nombre de Madeleine Segovia , joven kinesióloga copiapina que perdió la vida en el volcán Lonquimay.

Una vida llena de sueños fue apagada, y no por un accidente inevitable, sino por la negligencia y la irresponsabilidad de quien jamás debió ponerla en riesgo, como lo hizo un guía turístico inescrupuloso que, incluso después de la muerte de la joven, seguía operando como si nada hubiese pasado, con una frialdad inaceptable.

Quiero aprovechar de saludar a la señora Florentina , madre de Madeleine, quien se encuentra presente en las tribunas con su hermana Hortensia , y a través de ellas saludo también a Brayan, hermano de Madeleine, a quienes hemos acompañado en este camino de dolor y búsqueda de justicia, incluso hablando con el fiscal nacional.

Cuando una madre pierde a su hija de esa forma, no existen palabras que reparen su dolor, pero sí acciones que pueden evitar que eso vuelva a suceder.

Por eso, quiero agradecer al diputado Jorge Guzmán por haber presentado un proyecto de ley que recoge la “ley Madeleine”, para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura.

La iniciativa no es solo un texto, sino un compromiso con cada persona que se atreve a vivir la aventura de conocer nuestro país, y es la promesa de que quienes ofrezcan esa experiencia lo harán con la responsabilidad y con el cuidado que la vida humana merece.

Por Madeleine y por Diego, cuya familia también nos acompaña en esta sesión, y por todos quienes salen a disfrutar de nuestra cordillera, del desierto y del mar, por quienes quieren tirarse en bungee y desarrollar otras tantas actividades, quienes tienen todo el derecho de volver a casa, el Estado debe garantizarles aquello, porque es lo mínimo.

Por todo lo anterior, pido a esta Sala votar a favor el proyecto, porque la seguridad no es un mero trámite, sino respeto por la vida.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, mientras estuve en la Presidencia de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, nos tocó discutir el proyecto de ley que sanciona a los excursionistas que puedan ser irresponsables o negligentes en el ejercicio de su actividad.

Me parece que debemos resaltar y enlazar ambos proyectos, debido a la responsabilidad que tienen las empresas de turismo cuando conducen a excursionistas que no son aptos para la práctica de algún deporte.

Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional indica que la regulación chilena en materia de estándares de conducta exigida a excursionistas es segregada y escueta, a diferencia de lo que sucede en otros países, donde se imponen altas sanciones y se exigen pólizas de seguro a las empresas para estos efectos.

Ese fue el ejemplo que se tomó durante la tramitación del proyecto de ley que sanciona a excursionistas que generen operaciones de rescate, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. El objetivo de dicha iniciativa no es desincentivar las actividades de turismo y excursiones, toda vez que los participantes se pueden liberar de las multas con el hecho de informar dónde se encuentran.

En ese sentido, creo que este es un camino correcto. Chile es un país de turismo, por lo que tenemos que incentivar la actividad y sancionar a quienes no son…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Vamos a suspender la sesión por falta de quorum. Informo nuevamente que las puertas se cerrarán luego de cinco minutos.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor CASTRO (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres, correspondiente al boletín Nº 16744-14.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 56ª de la presente legislatura, en miércoles 6 de agosto de 2025, Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor CASTRO (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, si de verdad existiera la necesidad de crear espacios seguros para las mujeres, inmediatamente deberíamos partir por el Palacio de Gobierno y sus distintos ministerios. Nunca han existido tantas denuncias de funcionarias por acoso sexual y laboral en la historia de la República de Chile como en este gobierno.

Voy a votar en contra este proyecto centrándome en la defensa de la libertad individual, en la autonomía y en la crítica a lo que percibo como imposiciones ideológicas.

El feminismo posmoderno no ha salvado a las mujeres, y no podemos ni debemos permitir que persista en el consciente colectivo este eslogan impuesto por colectivos feministas. Las políticas de género, por un lado, son un barril sin fondo, y, por otro, son completamente inocuas. Existe más inversión, más políticas y leyes de género, y más restricciones; sin embargo, las denuncias por violencia y delitos contra la mujer aumentan. Es evidente que lo que están haciendo está mal y que sus políticas son un fracaso.

En este proyecto de ley se mantiene el problema que presentan todos los proyectos feministas o de ideología de género: se quedan solo en las palabras. Como en todos los proyectos feministas de este gobierno, no hay medidas concretas para dar una solución al verdadero problema; tampoco a la sensación de inseguridad o de falta de accesibilidad a ciertos lugares que afecta a la sociedad; tampoco impone obligaciones relativas a los espacios públicos para que cuenten con una infraestructura determinada que prevenga los delitos; tampoco determina algún reglamento u ordenanza modelo para que las municipalidades contemplen planes de protección y accesibilidad en espacios públicos; no habla de costos específicos ni determinados.

Hay situaciones de violencia e inseguridad de las que preocuparse que son mucho más importantes que crear supuestos espacios seguros, como, por ejemplo, los procedimientos judiciales, la falta de un correcto plan de acompañamiento a las víctimas o la recuperación de los mismos espacios públicos que hoy se encuentran secuestrados por la delincuencia.

Hay mucho más que mejorar en seguridad, lo que no se resuelve con estas especies de proyectos ideológicos. Hoy existe una violencia inusual y desatada, que no distingue el sexo de las personas y que el feminismo y estas leyes de la ideología de género jamás van a solucionar, porque lo único que logran y provocan es más inversión; sin embargo, coincidentemente, aumentan los delitos contra la mujer.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, este proyecto de ley, más que un proyecto, es una reforma urbanística. Es una respuesta concreta a una realidad urgente, por mucho que el diputado que me precedió lo quiera negar o diga que estos son temas que no importan.

¿Por qué lo señalo? Porque, por ejemplo, en la Región de Coquimbo, la cual represento, y particularmente en su capital regional, la comuna de La Serena, tenemos ejemplos claros de cómo la falta de planificación urbana con enfoque de seguridad afecta de manera directa la vida de las personas, especialmente la vida de las mujeres. Un estudio reciente reveló cifras alarmantes sobre la percepción de inseguridad en la avenida Francisco de Aguirre, una de las principales avenidas de La Serena. El 85 por ciento de las mujeres encuestadas declaró haber sido víctima de acoso verbal o físico, y el 95 por ciento señaló la falta de iluminación como un factor clave que aumenta su sensación de vulnerabilidad.

Ese diagnóstico no es aislado. La infraestructura urbana hoy es deficiente e insuficiente. La ausencia de iluminación adecuada y el deterioro de espacios públicos generan un ambiente hostil, lo que limita la libertad de desplazamiento y expone a las personas a mayores riesgos, especialmente durante la noche.

Considero que este proyecto de ley es una reforma por cuanto exige que la planificación urbana contemple estándares de seguridad situacional y accesibilidad para todas las personas. Creo que ello atiende justamente a las problemáticas que las y los vecinos nos presentan semana a semana en nuestro distrito. Además, incorpora -me parece muy relevante- la mirada de género -de las mujeres, de las niñas y de las adultas mayores-, pero también la realidad de otros grupos vulnerables, como los niños y niñas y las personas con discapacidad.

En nuestra región, donde el espacio público es vital para la convivencia comunitaria, esta iniciativa es fundamental para prevenir -reitero: prevenir- el acoso y la violencia, y para promover entornos seguros que fomenten la inclusión y la vida en comunidad.

Por eso decidí ser patrocinante y coautora de este proyecto, pues me parece que es una necesidad y una urgencia que da respuestas claras. Ojalá podamos votarlo a favor por unanimidad.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo busca algo tan básico como necesario: que nuestras ciudades y barrios sean seguros y accesibles para todas las personas.

Pero no olvidemos que esta iniciativa nació con un objetivo muy claro, que es responder a la necesidad urgente de que las mujeres podamos vivir, movernos y disfrutar del espacio público sin miedo. Esto no es una moda ni tampoco un capricho. De hecho, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestra que por cada 100 hombres que se sienten inseguros en la calle, 127 mujeres sienten lo mismo. En un paradero de micro las cifras suben a 123; al tomar un taxi, a 169. Hablamos de calles mal iluminadas, de paraderos inseguros y de plazas que se vuelven zonas prohibidas, principalmente para mujeres y niñas. Son obstáculos que limitan la libertad de movimiento de más de la mitad de la población.

Por eso, incorporar la mirada de género significa algo muy simple: reconocer que mujeres y hombres no vivimos el espacio público de la misma manera. A diferencia de lo que estamos escuchando por la ultraderecha, la evidencia así lo demuestra, aunque no quieran verla. Las ciudades deben adaptarse a esas diferencias para que todas y todos podamos movernos con libertad y seguridad. No podemos permitir que esa urgencia se diluya en el camino.

Lamentamos que el Senado haya reemplazado el foco específico en las mujeres por una redacción más genérica, que contempla “a todas las personas”, pues si bien amplía la cobertura, también diluye la urgencia de atender la violencia y las barreras que históricamente nos han afectado a las mujeres. Es nuestra tarea velar por que en la implementación de esta iniciativa no se invisibilicen esas desigualdades.

Por eso, vamos a votar a favor este proyecto. No obstante, llamo a este Congreso a comprometernos a construir ciudades más seguras y accesibles para todas y todos, pero sin perder la perspectiva de que las mujeres viven en ellas con diferencias y, muchas veces, con más miedo.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, este proyecto representa un avance concreto hacia una ciudad que por fin se piense en términos universales y que, por tanto, acoja la diversidad de sus habitantes, particularmente de las mujeres, en todo su ciclo de vida.

Durante décadas la planificación urbana en Chile ha buscado ser neutra, pero eso es solo una apariencia, ya que las calles, plazas y sistemas de transporte se han concebido bajo un patrón masculino que invisibiliza la experiencia cotidiana de las mujeres. Este proyecto rompe con esa inercia y reconoce que la seguridad, la accesibilidad y el uso equitativo de los espacios, son derechos que no pueden depender del sexo o del género.

Incorporar el enfoque de género en la Ley General de Urbanismo y Construcciones no es un gesto simbólico ni retórica, sino una medida estructural que obliga a mirar cómo viven y transitan las mujeres en la ciudad, cuestión que a sectores de este Parlamento no les importa.

Significa reconocer que quienes cuidan, que quienes caminan de noche con temor y que quienes llevan a niños o adultos mayores de la mano son también sujetos de derecho y merecen espacios diseñados para su bienestar y autonomía. Esta es una transformación que no se limita a la infraestructura, sino que impacta en cómo concebimos la ciudad como un lugar que protege, acoge y promueve la igualdad real. Por eso este proyecto es también un acto de justicia urbana y de democracia.

Una ciudad que se construye desde la experiencia de las mujeres es una ciudad más segura para todos y todas, y en tiempos donde se retrocede en derechos es fundamental legislar con la convicción de que no hay igualdad sustantiva sin un entorno que la haga posible. Las mujeres no pedimos permiso para ocupar la ciudad, exigimos que la ley garantice que lo podemos hacer en libertad y sin miedo.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señorita GONZÁLEZ (doña Marta) .-

Señor Presidente, este es un proyecto muy significativo, puesto que convoca a que las ciudades sean seguras y a que la planificación del urbanismo contemple las amenazas específicas que han tenido las mujeres, porque la violencia de género es distinta a la violencia común y obedece a distintos objetivos que buscan los acosadores y los abusadores, entre otros.

Por otro lado, es muy lamentable que, cada vez que hay un proyecto que va en beneficio de las mujeres, que busca protegerlas, resguardarlas y subsanar distintas brechas históricas que tiene nuestro país, los diputados del Partido Republicano se nieguen a apoyarlo con argumentos de distinta índole, que no tienen ningún sustento. Así han procedido los diputados republicanos y ahora lo están haciendo también los nacional libertarios, como lo refleja el discurso pronunciado por el diputado Cristóbal Urruticoechea , que ni siquiera reconoce a las parlamentarias de su mismo sector que son mocionantes de este proyecto, como la diputada Carla Morales , María Luisa Cordero , Sofía Cid y Ximena Ossandón .

Esto evidencia que la lucha que han dado las mujeres históricamente traspasa los colores políticos, los temas sociales y las diferencias de clase, pero aún no se ha incorporado en los cimientos. Por eso estos proyectos, que van tomando distintas dimensiones, son tan significativos. Por eso es también importante que haya más legisladoras en nuestro país, más senadoras, porque la igualdad nunca se va a alcanzar si no hay mujeres en la toma de decisiones.

Por lo tanto, hago un llamado a las mujeres de nuestro país a tener ojo con los partidos que plantean retrocesos en las luchas de las mujeres, porque eso es muy peligroso para todas, para las niñas, para las adolescentes y para el futuro de nuestro país.

Quiero poner un ejemplo. En la comuna de La Florida hay un conocido acosador que acosa a las niñas y a las adolescentes a plena luz del día, y el alcalde ha puesto botones de emergencia para protegerlas. La tecnología actual permite que podamos resguardar a las mujeres, a las niñas y adolescentes en nuestras calles. Saludo a la comuna de La Florida, que está implementando tecnologías para proteger a las mujeres, donde no se pierden -insisto- cuando se trata de protegerlas.

Discursos como los del Partido Republicano o del Partido Nacional Libertario son tremendamente preocupantes para las mujeres de nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, primero, quiero saludar a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao , y agradecer que el gobierno se haya involucrado en este proyecto y que hoy tengamos un texto mucho mejor que el inicial, que efectivamente es de la autoría transversal de muchas mujeres de esta Sala y que está lejos de ser una demanda feminista.

Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de dar un paso firme hacia una ciudad más segura, inclusiva y digna para todas las mujeres, para todos los niños, para todo el mundo.

Este proyecto no es un mero ajuste técnico a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino una declaración política y ética sobre el tipo de país que queremos construir.

Por demasiado tiempo, nuestros espacios públicos han sido diseñados desde una lógica que desconoce las reales dificultades que enfrentan las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas, adolescentes y también los hombres. Esta iniciativa rompe con esa inercia y reconoce que la planificación urbana debe partir de las necesidades de las personas, y no solo de planos y maquetas. En el fondo, se necesita mucha calle para esto.

Con esta reforma incorporamos a la ley principios de accesibilidad universal, la percepción de seguridad y prevención situacional, que no solo responden a la evidencia y a las mejores prácticas internacionales, sino que también atienden una demanda ciudadana muy clara: queremos barrios iluminados, conectados, con espacios, donde se pueda caminar sin miedo, donde la vida comunitaria se fortalezca y la integración social sea una realidad.

Esta no es una causa de un sector político ni de una determinada agenda, como se ha dicho acá. Por eso, saludo que el gobierno se haya involucrado en este proyecto y que venga mejorado sustancialmente del Senado. Es un avance transversal, porque la seguridad y la dignidad en el espacio público nos concierne a todos, y es también una señal de que podemos legislar con sentido de urgencia y responsabilidad, poniendo en el centro la calidad de vida de las personas.

Por eso, hago un llamado a la Cámara para que aprobemos esta iniciativa sin dilaciones, para que se convierta pronto en ley y de esa forma enviemos a la ciudadanía la señal clara de que escuchamos sus demandas, que entendemos sus miedos y aspiraciones y que estamos dispuestos a actuar para que nuestros espacios públicos sean verdaderos lugares de encuentro, convivencia y bienestar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, votaré en contra de este proyecto, porque no pasa de ser una palabrería que no soluciona ni tiende a remediar los problemas que pueden existir en cuanto a seguridad y desplazamiento de mujeres, hombres y discapacitados en los espacios públicos. Este proyecto no es una contribución a la solución de los problemas; es solo una declaración de intenciones que no produce ningún efecto serio y concreto en las problemáticas. La solución a los problemas se establece mediante la propuesta de medidas y normativas concretas, cosa que esta iniciativa no realiza.

Por otra parte, la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones ya establecen normas concretas que atienden las necesidades en cuanto a seguridad y discapacidad de los usuarios de espacios públicos, por lo que este proyecto no pasa más allá de pretender ser un punto político.

Para finalizar, le comento que en esta discusión he escuchado atrocidades intelectuales sin fundamento que realmente son un insulto a la inteligencia humana.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, me sorprende escuchar a algunos colegas que señalan que este proyecto de ley sería una iniciativa parlamentaria feminista e ideológica, que solamente estaría dirigida a proteger a las mujeres.

Llamo a los diputados a que lean los proyectos de ley.

Si bien este proyecto nació como una moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres, el Senado acordó sustituir su nombre denominándolo -lo leo para los parlamentarios que han intervenido- “Proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el fin de promover estándares de seguridad situacional para las personas, en especial mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y personas en situación de discapacidad”.

Además, reemplazó el inciso primero del artículo 27 bis propuesto, y la política nacional tendrá en consideración las necesidades de las personas que ya señalé. Por tanto, aquí no solamente estamos hablando de modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para las mujeres; estamos hablando de todas aquellas personas que se encuentran en una situación de desmedro.

Esa es una cuestión objetiva que ocurre en nuestra sociedad.

Esto me llama la atención -recuerden que la sesión está siendo transmitida para todo el país-, porque los parlamentarios que se quedan únicamente con el título de la moción y no se dan la tarea mínima de leer cómo viene el proyecto del Senado solo demuestran ignorancia, desconocimiento y una actitud pasiva, en el sentido de no cumplir con el deber mínimo de cualquier diputado que se encuentra sentado en esta Sala.

Reitero: este proyecto no es tan solo para modificar una ley que va en defensa de las mujeres, sino también de todas aquellas personas que objetivamente están en una situación de desmedro. Por lo mismo, lo voy a apoyar con toda mi fuerza, con toda mi convicción y con toda mi pasión, porque -repito- todos sabemos que las personas en situación de discapacidad, las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, por cierto, en nuestro país y en cualquier lugar del mundo se hallan en tal situación.

Por lo tanto, insisto en que esta ley es de sentido común, de criterio y de realidad, y por eso va a contar con todo mi apoyo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Por falta de quorum, se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Helia Molina .

La señora MOLINA (doña Helia).-

Señor Presidente, la verdad es que llega a dar vergüenza escuchar a algunos colegas hablando en contra de un proyecto al que no se le puede encontrar ninguna razón para oponerse a él.

Este proyecto es muy relevante para la seguridad de las personas en situación de discapacidad, para las mujeres, para los adultos mayores y para niñas, niños y adolescentes. Tenemos que buscar, como país, espacios seguros, y no podemos evitar hablar del enfoque de género, porque las mujeres son las más agredidas en la calle.

La idea central original de esta iniciativa se orientaba a considerar las necesidades de seguridad de las mujeres y a la generación de espacios públicos más amigables y accesibles en el diseño y planificación urbana.

La iniciativa legal es coherente con lineamientos impulsados por ONU Mujeres respecto de la conformación de ciudades y espacios públicos seguros, como, por ejemplo, el desarrollo e implementación, de manera efectiva, de leyes y políticas integradas que prevengan la violencia sexual en los espacios públicos.

El miedo limita la libertad y la movilidad de las mujeres, principalmente en las actividades nocturnas, pero también en ámbitos de recreación y deportivos.

La iniciativa original modificaba la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el fin de buscar que la seguridad y accesibilidad de las mujeres sea un estándar en la planificación urbana, para lograr contar con espacios públicos que fomenten la convivencia y la participación segura.

En el Senado hubo un amplio acuerdo acerca de la necesidad de ampliar el contenido del proyecto, recogiendo no solo la perspectiva de género, sino también el enfoque de cuidados, contemplando en la planificación urbana a otros grupos sociales, como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

Las ciudades y los territorios no son espacios neutros, sino que reproducen las desigualdades sociales existentes. De ahí la importancia de incorporar estos enfoques en la planificación urbana.

Es importante promover estándares de seguridad para las personas, en especial para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.

Por eso, votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada .

La señora AHUMADA (doña Yovana).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la subsecretaria de Prevención del Delito, quien nos acompaña.

Hoy es sumamente importante hablar de seguridad, y me parece bien hacerlo. Debemos enfocarnos en lo que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, es relevante modificar los programas de obras públicas para entregar más seguridad a todos y cada uno de nosotros.

Uno entiende que haya un enfoque particular en aquellos grupos que hoy enfrentan un mayor riesgo. Lamentablemente, las mujeres, los niños y las personas que sufren alguna discapacidad son quienes presentan mayores riesgos. No obstante, debemos avanzar y enfocarnos en la crisis de seguridad que estamos viviendo, sin dejar de lado, por cierto, situaciones que han sido sumamente graves.

Recuerdo que, en algún minuto, muchas estudiantes vivieron situaciones de riesgo en el metro, y no podían llegar tranquilas a sus colegios o universidades, por lo que había angustia en sus padres. Incluso, se pensó como solución en la habilitación de vagones especiales en el metro solo para mujeres, por un tema de protección.

Ahora, debemos enfocarnos en avanzar en la protección de todos y cada uno de los ciudadanos.

La seguridad es la base de la sociedad para poder desarrollarnos tranquilos. Solo así podremos convertirnos en un polo de desarrollo económico para el resto del mundo.

Valoro que avancemos en seguridad, en buscar la protección de todos y cada uno. No me quiero detener en las diferencias, porque podemos encontrar un sinfín de justificaciones para señalar que las mujeres son más vulnerables que los hombres, por una cuestión de contextura física o de fragilidad. Sin embargo, creo que lo más importante hoy es volver a caminar tranquilos por las calles, sentirnos seguros, lograr que como sociedad podamos volver a recorrer nuestras calles con tranquilidad. Eso es lo más importante y hacia allá debemos avanzar, sin diferencias.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la subsecretaria de Prevención del Delito.

Una ciudad mal diseñada puede ser peligrosa; un paradero oscuro, una calle sin iluminación o una vereda rota pueden convertirse en una trampa para una persona mayor, para una madre con un coche o para quien se encuentre en situación de discapacidad. Esta inseguridad no es una anécdota; es la rutina que viven miles de chilenos y chilenas. Este proyecto busca transformar nuestras ciudades en lugares seguros, accesibles e inclusivos para todos.

Este proyecto de ley, que inicialmente consideraba solo a las mujeres, ha sido mejorado en el Senado, en el sentido de ampliar su enfoque e incorporar la diversidad. Así, ahora integra a personas mayores, niños, niñas y adolescentes, y personas en situación de discapacidad, lo que, sin lugar a dudas, responde a una visión integral que reconoce las distintas circunstancias que pueden afectar a las personas a lo largo de su vida.

El texto que hoy discutimos modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en tres aspectos esenciales.

Primero, orienta la política nacional para incluir criterios de accesibilidad, seguridad y prevención situacional, considerando el sexo, la edad, la situación de discapacidad y todas las dimensiones relevantes que indican el bienestar de todas las personas.

Segundo, modifica el artículo 28 decies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para que los planes reguladores incorporen efectivamente estas consideraciones, evitando que queden como simples principios abstractos y asegurando que se traduzcan en decisiones concretas que mejoren la calidad de vida urbana.

Tercero, fuerza la necesidad de que estas mejoras estén presentes desde la etapa de planificación territorial, pasando por el diseño y llegando a la gestión de los espacios públicos.

En cuanto a su diseño normativo, las modificaciones incorporan exigencias para que la planificación territorial y la gestión urbana promuevan la seguridad situacional, la visibilidad, la seguridad física y la accesibilidad, considerando distintas dimensiones de vulnerabilidad. Esto implica no solo construir, sino diseñar espacios con criterios que favorezcan la prevención y la integración para el bienestar. Mejorar los espacios públicos significa, por ejemplo, intervenir en la iluminación, el diseño y la visibilidad de las áreas de uso común, acciones que no solo benefician a las mujeres, sino que impactan positivamente en toda la población urbana.

En la Región de Valparaíso, por ejemplo, existen paraderos y zonas de tránsito que hoy representan un riesgo para todos, por lo que requieren ser rediseñados para otorgar mayor seguridad y confianza a quienes los utilizan a diario.

Es importante también dejar planteada una preocupación. Si bien la necesidad es clara y urgente, debemos cuidar la precisión técnica de las disposiciones para evitar efectos adversos en su implementación.

Por ello, valoro este proyecto de ley y anuncio que lo votaré a favor.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Por falta de quorum, se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Carla Morales .

La señorita MORALES (doña Carla) .-

Señor Presidente, este proyecto de ley es el resultado de la profunda convicción de que las mujeres de nuestro país deben tener derecho a caminar libres y seguras por las ciudades, a cualquier hora y en cualquier lugar. Las cifras son claras: el 83 por ciento de las chilenas declara no sentirse segura al caminar sola en la noche. Esta cifra refleja historias reales de cientos de mujeres que se han sentido acosadas al salir de sus casas después de que se va la luz del día.

Frente a esto, no debemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, impulsé esta modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para que la planificación urbana tenga por fin un enfoque de género que proteja a las mujeres. Esta es una medida concreta que exigirá calles mejor iluminadas, accesos visibles, rutas seguras y espacios pensados para prevenir el delito y el acoso. Este camino no solo beneficiará a las mujeres, sino que también hará ciudades más amigables y seguras para nuestros adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y personas en situación de discapacidad, porque una ciudad segura para nosotras termina siéndolo para todos y todas.

La inseguridad de los espacios públicos es una barrera invisible que limita la participación de todos en la vida social, cultural y laboral. La verdadera igualdad se construye con hechos y con acciones concretas que nos permitan volver a la casa sin miedo. Debemos garantizar que cada niño o niña pueda jugar en la plaza sin el riesgo de que sea asaltado, abusado o secuestrado.

Este proyecto es la respuesta que los ciudadanos de nuestro país merecen, porque la seguridad no puede ser un lujo ni un favor, sino que es un derecho transversal, una causa común que debe unirnos a todos y todas.

Por eso, con determinación manifiesto mi apoyo a este proyecto, porque, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país, es necesario fomentar políticas públicas que creen entornos seguros y permitan a todas las personas salir de sus casas sin temor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señorita ROMERO (doña Natalia) .-

Señor Presidente, anuncio mi voto a favor de este proyecto. Si bien se trata una iniciativa de la diputada Carla Morales, nosotros hemos colaborado con nuestro patrocinio.

Como lo han expresado diputados de nuestro sector, hoy estamos frente a un proyecto que busca promover estándares de seguridad situacional para las personas, en especial para las mujeres, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, y las personas en situación de discapacidad. Eso fue lo que se acordó en el Senado, y lo pueden ver en el comparado, más que quedarse con el titular.

Efectivamente, hoy estamos frente a un proyecto que va a ser de gran utilidad. ¿Por qué? Porque aquellos parlamentarios que salimos a hacer la pega a terreno, que estamos constantemente en distintos sectores, que nos movilizamos desde lo urbano hasta lo rural y que vamos conociendo la realidad de nuestros respectivos distritos, no realidades que nos cuentan para ser después candidatos por otra comuna u otra región, porque nosotros vivimos en nuestros distritos, nos damos cuenta de que este proyecto será de gran utilidad, porque hay sectores que han ido envejeciendo, porque hay sectores en donde la falta de accesibilidad es visible, porque hay sectores en donde muchas veces las mujeres adolescentes y las mujeres temporeras utilizan caminos sin iluminación para poder trasladarse.

Hoy no hablamos de un proyecto de género propiamente tal, sino de un proyecto integral, que ha sido trabajado, estudiado y -por qué no decirlo- también modificado. Eso es lo que estamos discutiendo. No es un eslogan. Está bueno que nos dejemos de políticas de eslogan. Este es un proyecto que abre las posibilidades para que las próximas construcciones sean pensadas para este grupo de persona -lo vuelvo a repetir-: mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y personas en situación de discapacidad.

Celebro el proyecto de la diputada Carla Morales. Estoy muy contenta de haberlo firmado y ser parte de él. Espero que esta Cámara con sensatez lo apruebe en su totalidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra subrogante de la Mujer y la Equidad de Género, señora Claudia Donaire , y a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao , ambas líderes institucionales en temas muy relevantes, como son la equidad de la mujeres y también la seguridad de todos.

Es muy pertinente que ellas estén en esta Sala, porque este proyecto, que la bancada del Partido Socialista va a aprobar y que fue preparado por la diputada Carla Morales , la diputada Ana María Bravo , del Partido Socialista, y varias otras diputadas más, trata de cómo diseñamos las ciudades. ¿Qué contemplamos cuando se planifican las ciudades? La creación de nuevos barrios, de zonas industriales y de zonas comerciales, y el diseño de la vialidad por la cual se comunican las comunas y, al interior de ellas, los barrios.

Asimismo, establece principios muy importantes que buscan hacerse cargo de las ciudades chilenas, que son altamente desiguales, porque en ellas hay sectores muy pudientes, donde se segregan los sectores de mayores recursos, donde hay grandes avenidas, grandes parques -todo iluminado- y calles amplísimas y en plano.

Sin embargo, en la periferia, en los márgenes de la ciudad, aún hay calles y pasajes sin pavimentar y muy oscuros, y las plazas y los centros comunitarios son ubicados en lugares que nadie quiere, en altura y en muy malas condiciones urbanísticas, que favorecen la delincuencia y se tornan inaccesibles para las personas en situación de discapacidad. ¡Qué decir de las veredas que enfrentan los adultos mayores para trasladarse! Son verdaderas trampas mortales.

Por eso, hay que aprobar este proyecto, porque obliga al planificador urbano a hacerse cargo y a tener en consideración los particulares problemas que tienen en las ciudades las mujeres que se ven enfrentadas, especialmente en la noche, a la vuelta de sus trabajos o de sus estudios, a la inseguridad, a los ataques y a la violencia de género, y también los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad.

Nosotros aspiramos a una ciudad distinta, a una ciudad que realmente sea igualitaria, que dé acceso a todo el mundo a los mismos servicios, como ocurre en otras partes del primer mundo, y a que no existan en los márgenes de las ciudades, en la periferia, barrios degradados, excluidos, que más bien pertenecen a países del tercer mundo o que son zonas de abandono o de sacrificio.

Chile puede tener un país integrado, un país donde todos valgamos lo mismo, tengamos derecho a los mismos recursos y a la misma infraestructura, y sobre todo tengamos tranquilidad, seguridad y respeto por el que es distinto o tiene dificultad para movilizarse. Eso tiene que partir con el cambio de normas.

Por eso, vamos a aprobar esta norma que obliga a una planificación urbana distinta, porque va en ese sentido.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, mis primeras palabras son para excusarme por tener que intervenir sentado o, como dice la diputada Carmen Hertz , parapetado detrás de este computador. Me encantaría hacerlo de pie, pero los diputados de izquierda reclamaron porque mis intervenciones eran de esa manera. Pese a que hago mis mejores esfuerzos, no hay forma de dejarlos contentos.

También quiero agradecerle a la diputada Marta González , porque en su intervención reconoció y valoró profundamente el trabajo que está realizando el alcalde Daniel Reyes en La Florida, quien está absolutamente comprometido con la seguridad de las mujeres, con el proyecto republicano y con la candidatura de José Antonio Kast .

En consecuencia, recojo y valoro que desde la izquierda radical se reconozca el trabajo concreto y real por proteger a las mujeres, que es lo que no tiene este proyecto de ley, que es pura palabrería. No tiene ningún impacto, es una declaración de intenciones, no tiene relevancia, es un proyecto simbólico para abultar los proyectos aprobados por este gobierno y tratar de lavar su imagen seudofeminista, en que las víctimas de la delincuencia aumentan, en particular las mujeres; el desempleo femenino se sitúa sobre el 10 por ciento, y no voy a recordar el bochornoso episodio en que el Presidente de la República, entre creerle a la víctima o al victimario, optó por creerle al victimario.

Esperé un rato para escuchar con atención todos los argumentos a favor de este proyecto, que -nobleza obliga- fue mejorado, efectivamente, por el Senado, si bien no subsanó su problema de origen, que es su nulo impacto; es poesía, es linda prosa, pero nada concreto.

La izquierda sostuvo que esto generaría una reforma urbanística, que daría una respuesta concreta y, por supuesto, no podía faltar la muletilla de una colega comunista que argumentó que, con la evidencia, por supuesto que sin citar la fuente de su evidencia ni hacer el ejercicio racional para explicar su conclusión, este proyecto era el descueve.

Otra diputada de izquierda dijo que nuestra negativa no tenía ningún sustento. En primer lugar, hago ver que la carga de la prueba le corresponde a quien pretende hacer el cambio legal, y nadie ha sostenido aún cómo impactará concretamente este proyecto en la seguridad de las personas.

Esto no se traduce en fierros, en concreto, en absolutamente nada, es solo una declaración de buenas intenciones. En lo que sí se va a traducir es en una enorme cantidad de charlas y talleres con enfoque de género, con perspectivas de esto y lo otro, que, por supuesto, van a ser adjudicados a algún amigo de la autoridad de turno.

Para hacer más seguras las calles del país, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores, y también los olvidados hombres adultos, requieren algo común y muy sencillo: policías empoderadas en las calles, bien entrenadas, con equipamiento, y los delincuentes presos en las cárceles, sometidos a un régimen disciplinario estricto.

Me alegro de que ahora se apoye transversalmente que el proyecto incorpore a otros grupos de especial protección, y lo celebro, porque en la comisión presenté una indicación en esa misma línea y fue rechazada.

Votaremos en contra del proyecto, porque es una iniciativa que no tiene ningún impacto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

El diputado Fernando Bórquez ha hecho ver a la Mesa que no tenemos quorum suficiente para sesionar.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto que, más allá de modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, viene a cambiar nuestra manera de concebir la ciudad y el espacio que habitamos, pues exige que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles no solo para las mujeres, sino también para los adultos mayores, los niños y las personas en situación de discapacidad.

No estamos hablando de un lujo ni de un capricho, sino de derechos fundamentales: el derecho a caminar por nuestras calles sin miedo; el derecho a acceder a parques, plazas, transportes y servicios sin correr riesgos; es decir, el derecho a que la ciudad sea para todos.

La realidad nos indica que las mujeres, especialmente en las noches y en ciertos sectores de nuestras ciudades, restringen su desplazamiento por temor a la violencia. Muchas veces se ven obligadas a modificar sus rutas, a pagar más por transporte para evitar zonas inseguras o, incluso, a dejar de participar en actividades comunitarias y laborales. Esto no es solo un problema de seguridad; es un problema que limita nuestra autonomía.

Construir espacios seguros para las mujeres en nuestras regiones implica pensar en un alumbrado adecuado, en el diseño de espacios abiertos y visibles, en rutas accesibles, en transporte seguro y en una infraestructura que también contemple las necesidades de quienes cuidan; porque aún hoy las mujeres seguimos asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado, así como los traslados de niños o de personas mayores o con discapacidad.

Esto no se trata de urbanismo con enfoque de género como un adorno; es urbanismo con sentido social y equidad de oportunidades. Se trata de reconocer que el diseño de la ciudad influye directamente en nuestras vidas y libertades.

Como coautora de esta iniciativa, quiero subrayar que esta surgió tras escuchar a las comunidades, a las juntas de vecinos y a las madres, quienes nos han contado que muchas veces no se atreven a cruzar una plaza mal iluminada o a esperar solas en un paradero de micro.

Esta no es una agenda ideológica; es una agenda de seguridad ciudadana y de calidad de vida. Una ciudad más segura y accesible para nosotras también lo es para los niños, las personas mayores, las personas con movilidad reducida y, en general, para toda la comunidad.

Por eso, mi voto será a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, votaré a favor este proyecto porque, entre otras cosas, me llama positivamente la atención la enmienda propuesta por el Senado. ¿Qué hizo el Senado? Acordó sustituir la denominación administrativa de esta iniciativa, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el fin de promover estándares de seguridad situacional para las personas, en especial mujeres, adultos mayores, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Como ya soy adulto mayor, me preocupa y ocupa la seguridad. En nuestro sector criticamos al actual gobierno porque no ha hecho nada por la seguridad y porque la delincuencia nos está asolando en el país. Pues bien, este es un proyecto que va en el sentido correcto.

Dios quiera que el próximo año tengamos un gobierno de nuestro sector, y ojalá que sea Johannes Kaiser quien lo presida. Pero, independientemente de eso, hoy vemos la voluntad de un grupo de parlamentarios que, de forma transversal, proponen un proyecto de ley que va en el sentido correcto.

Con gusto voy a votar a favor esta iniciativa, porque creo que es necesario combatir la delincuencia y dar seguridad a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores, a los niños y a las personas con discapacidad. Sin embargo, me preocupa qué ocurrirá en las comunas de escasos recursos cuando, tras la aprobación de esta iniciativa, la ciudadanía reclame y exija a los alcaldes y a los concejos que se ocupen de mantener plazas y espacios públicos seguros para el esparcimiento. Me preocupa esa situación. Normalmente, aquí en el Congreso entregamos responsabilidades a los municipios, pero no les entregamos los recursos necesarios para cumplirlas.

Ojalá que se apruebe este proyecto, pero espero que tanto este gobierno como el próximo entreguen a los municipios de escasos recursos los presupuestos suficientes para que puedan cumplir bien con su trabajo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, hago un llamado a valorar y a aprobar este proyecto, que nació en nuestra bancada y que fue apoyado transversalmente.

Represento a vecinos y vecinas de San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda , La Cisterna, El Bosque y San Ramón , comunas que, en palabras de sus propios habitantes, son abandonadas y discriminadas. Muchos de sus residentes sienten que viven en el patio trasero de Santiago. En efecto, son comunas fragmentadas, abandonadas por la modernidad y segregadas del centro urbano de Santiago. Las distintas autopistas que cruzan nuestras comunas, así como la línea del tren, dividen nuestros territorios, lo que hace más difícil la conectividad y el acceso a los servicios públicos. Esto ha dado paso a la formación de poblaciones y barrios totalmente inseguros, donde cada día se vive la pobreza, el enfrentamiento y la más completa inseguridad.

Por eso, este proyecto exige que los planificadores urbanos consideren espacios públicos seguros para la gente. La infraestructura mayor ya está instalada -ya lo dije-: autopistas, grandes carreteras y la línea del tren. Salvemos lo que se pueda corregir y hagamos las cosas bien de ahora en adelante.

Las mujeres, los adultos mayores y los niños de mi distrito son los más perjudicados cuando los barrios son inseguros. Por ello, valoro esta iniciativa, que hace un hincapié especial en que, al diseñar comunas y barrios, y al elaborar los planes reguladores comunales conforme a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se considere en forma especial la seguridad de las mujeres, de los niños y de los adultos mayores, que este proyecto exige proteger.

Votaré a favor esta iniciativa, y espero que la Sala haga lo mismo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la subsecretaria Carolina Leitao , quien, como mujer, obviamente empatiza con iniciativas como esta.

También quiero felicitar y agradecer a la diputada Carla Morales por invitarme a patrocinar este proyecto, que firmé con mucha convicción, pensando en las mujeres.

La historia nos dice que no solo hoy los espacios públicos son inseguros. No olvidemos que no hace muchos años, las mujeres también sufríamos mucho acoso callejero, lo que también provocaba inseguridad.

Obviamente, hoy los tiempos nos obligan a legislar pensando en las mujeres, en las niñas, en las estudiantes, en las jóvenes y también en los adultos mayores y en los niños.

Lo primero que me viene a la mente son todas aquellas estudiantes -por ejemplo, las que estudian en la Universidad Austral de Chile- que deben caminar por espacios inseguros para llegar a la universidad. Es una situación que ellas han planteado.

La planificación urbana claramente debe ser inclusiva, lo que va a beneficiar a todas y a todos. No obstante, es importante legislar con enfoque de género, porque necesitamos que las mujeres también puedan caminar por la calle y llegar tranquilas a sus lugares de estudio o de trabajo, a sus hogares. Esa es una obligación, y, como la primera y única diputada de mi región, considero que uno de los enfoques debe apuntar a las mujeres, sus necesidades y preocupaciones, así como a su sueño de vivir en paz y tranquilidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, uno podría decir que esta es una modificación menor, porque, de la forma en que lo despachó la Cámara, el proyecto solo tenía relación con el enfoque de género, lo que por cierto es plausible. No obstante, la modificación que realizó el Senado al artículo 27 bis, que propone el proyecto de ley, a mi juicio es sumamente importante, porque establece que la política nacional tendrá en consideración las necesidades de las personas, con especial énfasis en circunstancias que puedan afectarles durante todo el proceso de vida, particularmente en atención a sexo, edad o situación de discapacidad, e impulsa la generación de espacios públicos seguros.

Entonces, más que una norma de equidad de género, que también es importante, esta es una norma de seguridad que busca que, en la política pública urbana, se establezcan criterios necesarios de seguridad. Puede ser el puntapié para que el enfoque de seguridad esté inserto en el desarrollo o construcción de espacios públicos y conjuntos de viviendas sociales. Por ejemplo, este puede ser el punto de partida para que la construcción de viviendas y condominios sociales incorpore la seguridad. ¿Por qué no aspirar a que exista un subsidio o un anexo que permita implementar cámaras de televigilancia en los condominios sociales, así como existe un subsidio de localización que aumenta el monto para los comités de vivienda?

La seguridad llegó para quedarse y debe ser un eje central en toda la Administración del Estado, en particular en las normas urbanas, para que toda plaza, condominio social, carretera y camino tenga incorporado un enfoque de seguridad, porque esta no se trata de un hecho aislado, sino que debe estar integralmente considerada en todo el funcionamiento del Estado y en cada una de sus obras públicas.

Por eso, votaremos a favor las modificaciones del Senado, que hacen extensivo este concepto de seguridad para que todos los ciudadanos y ciudadanas chilenos tengan la tranquilidad de que en todas las obras públicas, y en especial en las normas urbanísticas, siempre esté considerada la seguridad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde continuar con el debate del segundo informe reglamentario del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos, correspondiente a los boletines Nºs 11948-07 y 12926-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que esté inscrito para hacer uso de la palabra.

El informe se encuentra rendido.

Antecedentes:

-El segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se rindió en la sesión 124ª de la legislatura 371ª, en miércoles 3 de enero de 2024. Su discusión continuó en la sesión 58ª de la presente legislatura, en martes 12 de agosto de 2025.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

No está.

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, hace unos seis años, al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Villarrica le quemaron su casa por denunciar a un grupo de narcotraficantes. Tuvo que cambiar su domicilio, ubicado en el sector urbano de la comuna, y trasladarse al área rural; mientras tanto, el Estado no dio respuesta y abandonó a ese dirigente social. Actualmente, en el sector de Pedro de Valdivia, también en Villarrica, a nuestros dirigentes los amenazan permanentemente, y el Estado tampoco tiene respuesta.

Esa es la realidad diaria de los dirigentes sociales y de los ciudadanos, porque hoy el crimen organizado está en total impunidad en muchos sectores de nuestras ciudades, pequeñas y grandes. Ya di dos ejemplos, y si bien por seguridad no nombro a los afectados del sector Pedro de Valdivia, hoy amenazan a nuestros dirigentes en distintos barrios de las ciudades.

Este gobierno ha fallado, porque este era el tema fundamental. Ahora, hay que tener memoria, porque les quedan solo unos meses y pronto empezarán a aplaudirse; hoy debemos recordar que estuvieron dos años preocupados de un muy mal proyecto constitucional, que, justamente, se rechazó por lo malo que era, porque estaban pensando en cualquier cosa, y porque al Presidente de la República y a su gobierno les ha faltado conducción para entender realmente cómo resolver la inseguridad en Chile.

Entonces, lo único que han hecho es mucho patchwork. Además, muchos de sus proyectos no han contado con el apoyo de las bancadas que debieran respaldar al gobierno. Recuerdo la ley antiterrorista, la “ley de gatillo fácil” o “ley Nain-Retamal”, la ley de usurpaciones y otras.

Si bien aquí tenemos un proyecto en que podemos avanzar, eso no blanqueará a un gobierno que ha fracasado en materia de seguridad. Cuando Patricio Aylwin asumió como Presidente, en 1990, entendía que había que reconciliar al país, superar la pobreza y volver a modernizarlo. Todo eso se hizo en cuatro años, porque él era un Presidente de verdad. Ahora, lamentablemente, tenemos una conducción no ha estado a la altura, nunca ha respetado la dignidad de su cargo, no ha tenido autoridad política y jamás entendió que este es el problema fundamental que enfrentan los chilenos, sobre todo los más débiles, o la gente sencilla, como decía Neruda .

Obviamente, respaldaremos el proyecto, pero, desgraciadamente, este gobierno hizo que fracasara la política de seguridad en este país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solicito la autorización de la Sala para que ingrese el subsecretario general de Gobierno, señor Erwin Díaz Asenjo .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, en Arica la delincuencia ya no toca la puerta, la patea. Robar un auto, entrar a una casa o tomarse una plaza no es una excepción, ahora es rutina.

Frente a eso, un puñado de hombres y mujeres, sin sueldos, respaldo ni protección, deciden enfrentar lo que el Estado no enfrenta. Me refiero a nuestros dirigentes vecinales de las poblaciones Adrián Barrientos , Santa Rosa , Los Industriales, San José -mi población amada-, Tacora I y II, Girasol , Vista Hermosa, Juan Noé , Morro de Arica, Villa Frontera y tantas otras.

Son ellos los que, con sus propios medios, protegen a sus vecinos y a sus niños cuando las plazas y multicanchas han sido tomadas por delincuentes y drogadictos, así como también velan por la seguridad de nuestros adultos mayores cada vez que salen a comprar pan, a juntarse en sus clubes o a realizar trámites al centro, y luego regresan a sus hogares con la amenaza de ser asaltados. Además, protegen las casas y los autos de quienes han trabajado toda una vida para tenerlos, y que un delincuente puede destruir en segundos.

Ellos luchan en terreno, no desde un escritorio, no desde una reunión que termina con una fotito y discursos bonitos. Mientras las autoridades entregan aspirinas, promesas y arman un mono para el día del dirigente social, el delincuente sigue ahí, el delincuente no se demora en atacar, el delincuente no espera mesas de trabajo.

En Arica los dirigentes se paran frente a estos narcos, denuncian el robo de espacios públicos, defienden la vida en comunidad. Lo hacen sabiendo que pueden ser amenazados, golpeados o algo peor; lo hacen porque aman a su barrio, porque no quieren que la ciudad que heredamos se pierda en manos del miedo.

Sin embargo, hoy esos dirigentes están a su suerte; hoy un presidente de junta de vecinos es ignorado por el Estado y amenazado por criminales. ¡Cuántos dirigentes han sido amenazados por bandas criminales por pedir más seguridad y más cámaras, por tratar de iluminar sus calles, por defender sus barrios! ¿Vamos a permitir que quienes se atreven a defender a su comunidad terminen castigados por su valentía?

Este proyecto es un grito que nace desde los barrios y que dice “basta”. Basta de dejar a los dirigentes vecinales expuestos como carne de cañón; basta de que el crimen organizado marque territorio mientras el Estado llega tarde; basta de que el miedo decida quién habla y quién calla.

En Arica sabemos desde hace años lo que es vivir bajo amenazas; el diagnóstico está desde hace rato, pero se necesita acción, y esa acción significa que el delincuente entienda que si toca a un dirigente vecinal, nos toca a todos.

Votar hoy a favor es decir al país que defender a los tuyos no puede ser un riesgo que se pague con sangre, es decir a los barrios que no están solos, es devolver un poco de valentía a quienes ya han dado todo.

En Arica, cuando un dirigente vecinal se levanta contra la delincuencia, levanta con él la voz de todo un pueblo. Hoy es nuestro momento de levantarnos aquí, juntos, por ellos, por Arica y por Chile.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, quiero manifestar mi apoyo a este proyecto, porque parte de una realidad que no podemos seguir ignorando. Los dirigentes sociales, y en especial quienes integran las juntas de vecinos, están en la primera línea del trabajo comunitario enfrentando problemas que van desde la delincuencia y el narcotráfico hasta los conflictos por el uso de espacios públicos. Lo vemos todos los días, principalmente en los barrios populares de Alto Hospicio. Muchas veces son ellos quienes denuncian la venta de droga en la esquina, la ocupación ilegal de terrenos o los actos de violencia en la plaza, y, por ese mismo compromiso, se transforman en blancos de amenazas, agresiones y hostigamientos.

Hemos visto casos concretos de dirigentes golpeados a la salida de sus casas, amenazados de muerte por teléfono o con rayados en sus muros simplemente por cumplir su labor de representación vecinal, tratando de paliar la falta de Estado y la falta de protección por parte del gobierno, que en la Región de Tarapacá habla muchísimo, pero ejecuta muy poco.

Estos líderes comunitarios no cuentan con escoltas ni con medidas especiales de protección; su herramienta es la palabra y la organización. Pero frente a redes criminales o a personas violentas, eso no basta.

Este proyecto, al establecer una circunstancia agravante para delitos cometidos contra ellos, envía una señal clara: como sociedad, no vamos a permitir que se intimide a quienes trabajan desinteresadamente por mejorar la calidad de vida de sus vecinos. No se trata de privilegios, sino de reconocer que hay cargos expuestos que enfrentan riesgos mayores por el rol que cumplen. Así como el ordenamiento jurídico protege especialmente a jueces, fiscales, carabineros o bomberos en razón de su función, hoy debemos incluir a los dirigentes vecinales, que también ponen el cuerpo y el nombre por la comunidad.

Votar a favor de este proyecto es respaldarlos; es cuidar a quienes muchas veces son el primer canal entre el vecino y ese Estado que, lamentablemente, no les está respondiendo y es también un paso más para que la delincuencia entienda que las comunidades no están solas y que las vamos a seguir apoyando.

Por eso, anuncio mi voto favorable.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señor Presidente, por supuesto, saludo a todos los dirigentes sociales, quienes hacen una gran labor, sobre todo en zonas que hoy conviven con el crimen organizado y la delincuencia, como Antofagasta, la provincia del Loa, en fin, toda la región. Son ellos quienes dan la cara cuando hay que exigir acciones de vecinos en áreas como salud, educación, etcétera. Son ellos quienes golpean puertas que a veces permanecen cerradas. Y son ellos quienes muchas veces pagan un precio muy alto por levantar la voz: amenazas, hostigamientos y agresiones.

Quiero que pensemos en algo: cuando se ataca a un dirigente social, no se golpea solo a una persona; se intenta callar el clamor de todo un barrio, de toda una población, de todo un pueblo, y eso, estimados colegas, no podemos permitirlo.

Por eso, considero importante este proyecto, que establece una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de los delitos que indica. Hay que avanzar en eso.

Hoy hemos visto situaciones complejas en el norte y también en comunas de otros sectores.

Por tanto, anuncio que vamos a aprobar este proyecto.

Vayan mi saludo y mi respeto a todos los dirigentes sociales, quienes hacen una gran labor en nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, al discutir esta iniciativa no hablamos solo de un articulado; hablamos de personas, de rostros concretos, de nombres y de historias que no siempre aparecen en los medios, pero que son el motor silencioso de nuestras comunidades. Hablo de dirigentes y dirigentas vecinales, hombres y mujeres que después de su jornada laboral, cuando muchos descansan, salen a golpear puertas, a organizar reuniones, a resolver problemas con nada más que su voz y su convicción. Ellos son el puente entre el vecino y la autoridad, la primera línea de defensa de la convivencia y de barrios más seguros.

Sin embargo, muchas veces ese compromiso les cuesta caro: amenazas, agresiones, daños a su propiedad y hostigamiento que buscan silenciarlos. Son represalias cobardes contra quienes se atreven a levantar la voz por su comunidad.

Este proyecto envía un mensaje claro: Chile no dejará solos a sus dirigentes sociales. Quien atente contra ellos por el ejercicio de sus funciones deberá enfrentar penas más severas.

Porque aquí no solo se agrede a una persona; se agrede a la comunidad entera, a la democracia de base, a la confianza que nos une como ciudadanos.

Esta protección también debe extenderse a nuestros dirigentes deportivos, porque ellos igualmente trabajan por la comunidad: forman a nuestros niños y jóvenes, y constituyen la primera barrera contra la delincuencia, la drogadicción y el abandono.

Pensemos en quienes administran un club deportivo amateur en cualquier barrio vulnerable del país. Ellos son los que abren y marcan las canchas los fines de semana, los que se consiguen los uniformes, los que buscan recursos para poder viajar a un campeonato y son también los que interceden cuando un joven está en riesgo, los que median en los conflictos, los que evitan que muchos niños y jóvenes se pierdan en la calle.

Por eso, pido que aprobemos este proyecto pensando en quienes lideran en zonas donde el narcotráfico intenta imponerse, en esos ciudadanos que organizan a sus comunidades para tener un mejor vivir.

¡Ellos no están solos! No permitiremos que la intimidación o la violencia ganen la batalla. Votaremos a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, hoy estamos legislando para responder a una realidad muy concreta que se ha mencionado en todos los discursos.

En Chile hay dirigentas y dirigentes de juntas de vecinos y de organizaciones funcionales comunitarias que, por cumplir su labor, enfrentan amenazas, agresiones y represalias. Personas que dedican su tiempo y energía a organizar a la comunidad, a canalizar sus denuncias, a exigir soluciones y a enfrentar problemas de seguridad en sus barrios terminan transformándose en blanco de ataques.

Al hablar de dirigentes sociales pienso en Giselle Valenzuela, de las manipuladoras de alimentos de Conchalí; en Lorena Gavilán, de la Atención Primaria de Salud de Quinta Normal; en Marcelo Gamboa, de diversas organizaciones funcionales de la misma comuna, que ven temas relacionados con vivienda, seguridad y unidad comunal; en Marina Correa, de Lo Prado, de la primera Unión Comunal de Comités de Adelanto y Seguridad de Chile. Pienso también en Carolina Coñopan y en todas las dirigencias de la Coordinadora de Comités de Vivienda de Renca. Asimismo, pienso en los dirigentes de las comunas de Independencia y de Recoleta, que se han unido, transversalmente, para defender la salud pública en la zona norte de la Región Metropolitana, y pienso en Nelly Rocco , de Huechuraba, organizada junto a las pobladoras y pobladores.

Por ellos es que discutimos este proyecto que incorpora en el Código Penal una circunstancia agravante que permite aumentar la pena cuando un delito se comete contra una dirigenta o dirigente en represalia por el ejercicio de sus funciones.

Son dos nuevos artículos, el 298 bis y el 410 bis, que aplican esta protección en casos que van desde amenazas y lesiones hasta delitos graves contra la vida. Es un cambio pequeño en cuanto a su redacción, pero muy profundo en su significado.

El Estado no va a tolerar que se intente silenciar a quienes ejercen liderazgo comunitario.

Proteger a las y los dirigentes vecinales es proteger a la comunidad, porque son ellos quienes, en la práctica, sostienen las redes de seguridad, organizan a las vecinas y vecinos, presionan a las autoridades y defienden los espacios públicos. Su rol es clave para la cohesión social y si dejamos que las amenazas y la violencia los intimiden debilitamos toda la sociedad.

No se trata solo de sancionar más duro, sino de enviar un mensaje político y social: en Chile, agredir a una dirigenta o a un dirigente por cumplir su labor es un delito muy grave, porque es un ataque contra la democracia de base, contra el derecho de las comunidades a organizarse y a ser escuchadas.

En nuestro país son demasiados los casos de dirigentes que han debido cambiar su rutina, restringir su vida e, incluso, renunciar a su cargo por amenazas directas.

En zonas urbanas y rurales, en comunas grandes y pequeñas, la violencia y la intimidación han buscado frenar la labor de personas que se la juegan por la comunidad.

Este proyecto reconoce esa realidad y da un paso concreto para enfrentarla. Es cierto que no va a resolver por sí solo todos los problemas de seguridad, pero es una herramienta concreta para cuidar a quienes cuidan de todos.

Por esa razón, pido aprobar el proyecto y seguir avanzando en fortalecer la protección de quienes defienden día a día la vida comunitaria en nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señor Presidente, los dirigentes son los primeros que llegan cuando hay un terremoto; son los primeros que llegan cuando hay un incendio y también son los primeros que llegan cuando se inunda una casa, un pasaje o una villa, porque no se han hecho los trabajos correspondientes.

Son el terror de los malos alcaldes que no hacen la pega; también son el terror de los malos diputados que no van al distrito y que solamente los buscan cuando se acercan las elecciones.

Ellos hacen su trabajo sin mirar colores políticos, no hacen su trabajo pensando en lograr algo para ellos mismos; por el contrario, lo que piensan es simplemente es en avanzar para ayudar y entregar realmente un servicio a los vecinos.

Lo importante es que el Congreso Nacional y el gobierno le entreguen las facultades necesarias para que realicen con tranquilidad su pega, que realizan absolutamente gratis, porque no cobran, como sí lo hace el diputado Leal , que me está gritando. Ellos trabajan de forma gratuita y lo hacen por sus vecinos.

El Estado, personificado en el gobierno central, los diputados o los alcaldes, muchas veces, los deja de lado, no los escucha, no los toma en cuenta ni acude a sus llamados. Por eso, son ellos los intermediarios con las policías, con los tribunales de justicia, con la Fiscalía.

El objetivo del proyecto es que los dirigentes puedan hacer tranquilos su trabajo, que no se vean amenazados y que el narcotráfico sepa que ellos son la primera línea de defensa de su comunidad.

Hoy, lo que hace el narco es amenazar, uno tras otro, los barrios, y lo primero que tratan de destruir es a los buenos dirigentes. Este proyecto está hecho para protegerlos y evitar que el narcotráfico los coarte en su labor.

El narcotráfico tiene que saber que vamos a proteger a la gente buena, y no vamos a tratar con amor a los narcotraficantes, sino que los vamos a tratar con la fuerza del Estado.

Para ganarle a la delincuencia -algo que este gobierno no ha entendido-, primero necesitamos a los dirigentes, representados por quienes hoy nos acompañan desde las tribunas.

Claramente, vamos a votar a favor del proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solicito nuevamente la autorización de la Sala para el ingreso del subsecretario general de Gobierno, señor Erwin Díaz Asenjo .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA.-

Señor Presidente, cuando existe una problemática que el sistema político no es capaz de resolver, se genera un inherente debilitamiento de nuestra democracia. Y eso es lo que ha ocurrido en Chile en la última década con los problemas de seguridad, y también fue lo que ocurrió en nuestro país en las décadas de 1950 y 1960 cuando familias provenientes de sectores rurales se trasladaron masivamente a la ciudad, constituyendo gigantescos asentamientos urbanos, lo que fue una de las primeras expresiones del movimiento de pobladores en Chile.

Lo relevante de este acontecimiento histórico motivó que autoridades, como el entonces senador Radomiro Tomic y el entonces Presidente Eduardo Frei Montalva , promovieran el reconocimiento legal de las juntas de vecinos como organizaciones comunitarias, a través de la ley N° 16.880. De ahí en adelante, el rol que han tenido los dirigentes y dirigentas sociales ha sido esencial para garantizar los principios fundamentales de nuestra democracia.

Hoy, como es la democracia la que está en juego en nuestro país, queda en evidencia no solamente la importancia de los dirigentes y dirigentas sociales, sino también las deudas que el Estado tiene con cada uno de ellos, y eso hay que relevarlo. Los dirigentes sociales realizan una labor completamente ad honorem y contribuyen a resolver las problemáticas de sus barrios o poblaciones. Son a quienes siempre se les golpea la puerta cada vez que un vecino tiene un requerimiento, y nadie les paga ni el traslado a reuniones ni el plan telefónico con el cual se comunican con autoridades o con carabineros. Más encima, muchas veces reciben quejas de vecinos e, incluso, amenazas cuando denuncian hechos delictuales, que es el motivo por el cual se presentó esta iniciativa.

Por eso, creo necesario reivindicar su rol en la sociedad chilena, para que dirigentes como John Varas , del sector Los Alemanes, comuna de Vallenar, tengan la tranquilidad de que cuando se haga una denuncia por el bien de su comunidad, nuestro país aplique una sanción ejemplar contra quien se atreva a incurrir en amenazas o actos de violencia en contra de un dirigente o dirigenta. Su ejemplo y su experiencia son los de muchos dirigentes sociales de la Región de Atacama.

Este proyecto ha sido presentado pensando en ellos, en aumentar las sanciones penales que se apliquen a delincuentes que atenten contra la vida, seguridad e integridad de los dirigentes sociales y comunitarios. En tiempos donde permean el crimen organizado y las amenazas por resquebrajar el tejido social, se hace imprescindible la labor de dirigentes sociales y comunitarios, como la que realiza John en el sector Los Alemanes. Su labor debe ser completamente protegida, puesto que son ellos los hilos que articulan a las personas con las organizaciones gubernamentales.

Los dirigentes son el testimonio vivo de la solidaridad y la vida en comunidad. Son ellos el claro ejemplo de que la organización es la única vía posible para una sociedad mejor, una en que los intereses colectivos prevalezcan por sobre el egoísmo y la vocación individualista.

Proteger a los dirigentes sociales y comunitarios es una necesidad imperiosa. Los socialistas siempre estaremos dispuestos y disponibles para estar de su lado.

Vamos a aprobar esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, desde ya quiero manifestar mi apoyo a este proyecto de ley, que introduce modificaciones al Código Penal para establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal respecto de delitos que pudieran cometerse en contra de miembros de las directivas de juntas de vecinos o cuando se ejercen represalias en el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad, lo que se traduce en una garantía de protección y respeto respecto de quienes tienen el compromiso y vocación para ejercer estos cargos de servicio público.

Aprovecho de saludar a todos los dirigentes y dirigentas de juntas de vecinos, sociales y vecinales del distrito N° 12, integrado por las comunas de San José de Maipo, Pirque , Puente Alto, La Pintana y La Florida, que represento, quienes todos los días dan lucha contra la delincuencia en sus poblaciones.

Actualmente, una de las principales preocupaciones en la población pasa por la ocurrencia de delitos violentos, habitualmente contra la propiedad, especialmente bajo la modalidad de robos con violencia e intimidación, además de otros delitos contenidos en la ley de control de armas y delitos asociados al tráfico ilícito de estupefacientes.

En ese ámbito, especial consideración merece que parte de la violencia o intimidación se ejerza en contra de ciertos grupos de personas que cumplen un servicio a la comunidad y que, conforme con sus atribuciones, apoyan a las agencias comunales y policiales en temas de seguridad pública. Así, los dirigentes vecinales se encuentran en situación de vulnerabilidad mayor frente a esta clase de delitos, lo que hace necesaria una revisión del actual esquema de tutela penal.

En este contexto, la circunstancia agravante propuesta se justifica objetivamente en la situación de vulnerabilidad de la víctima, por cuanto esta se encuentra en una situación de extrema indefensión por la naturaleza de sus funciones como dirigente vecinal, especialmente en problemas que afectan a la unidad en el ámbito de la seguridad ciudadana, ya que están más expuestos a las represalias de las organizaciones criminales.

Por lo tanto, apoyo completamente este importante proyecto. Espero su aprobación por parte de todas y todos mis colegas parlamentarios.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, hoy vamos a aprobar un proyecto para agravar las penas a quienes cometan delitos contra los dirigentes sociales, porque es importante que protejamos a nuestros dirigentes y demos un mensaje claro, cual es que no saldrá gratis agredir a quienes representan a sus comunidades.

Hace unos días, el 7 de agosto, celebramos el Día del Dirigente Social y Comunitario. En esa fecha, como siempre, tuve la oportunidad de compartir con hombres y mujeres, sobre todo con personas que habitan nuestra región y que nos han dado un mensaje claro: a los dirigentes se les delegan distintas responsabilidades. En el contexto de la crisis delictual que atraviesa el país, una de ellas es, por ejemplo, asumir el control y monitoreo de las cámaras de vigilancia instaladas en sus comunidades. En muchas ocasiones, esa función, lejos de ser menor, ha provocado que, al momento de entregar pruebas de delitos o información sobre cualquier problemática del sector, los dirigentes sean víctimas de amenazas y actos de violencia que no podemos desconocer.

Por tanto, hoy, aparte del tremendo rol que tienen nuestros dirigentes, también se les están delegando más responsabilidades. Por ello, a través del Congreso Nacional, debemos entregarles las herramientas necesarias para que ejerzan su labor. Se trata de un trabajo muy ingrato, en que muchas veces ni siquiera se ven resultados, a pesar del esfuerzo que ellos ponen a puro corazón, a pura vocación.

Acá necesitamos legislar con razón y justicia para ellos, pero también otorgarles herramientas indispensables para enfrentar nuevos tipos de criminalidad que afectan la seguridad de nuestros dirigentes.

Por eso, esta reflexión apunta precisamente a una de las cosas que más nos afectan como sociedad: la delincuencia nos afecta a todos por igual, sobre todo -insisto- a quienes entregan su vida, su tiempo, su vocación y su servicio en representar a sus comunidades. Por ello, no pueden seguir siendo víctimas de este tipo de situaciones por el simple hecho de querer cumplir de manera responsable su labor en las comunidades.

Vamos a aprobar este proyecto, porque todo lo que vaya en la línea de cuidar a nuestros dirigentes merece ser respaldado en el Congreso Nacional, ya que ellos son ejemplos de vocación y democracia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para establecer como circunstancia agravante de la responsabilidad penal el hecho de cometer delitos en zonas rurales, correspondiente al boletín N° 12096-07.

Cada diputado o diputada tendrá cinco minutos para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Harry Jürgensen .

Antecedentes:

-Moción, sesión 73ª de la legislatura 366ª, en jueves 13 de septiembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 19ª de la presente legislatura, en lunes 5 de mayo de 2025. Documentos de la Cuenta N° 20.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor JÜRGENSEN (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar respecto del proyecto ya individualizado, iniciado en moción de las diputadas Camila Flores y Maite Orsini , los diputados Cosme Mellado , Miguel Mellado , Cristóbal Urruticoechea y quien habla, Harry Jürgensen , y los entonces diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Iván Flores , Tucapel Jiménez y Pablo Lorenzini , en primer trámite constitucional y primero reglamentario.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en agravar la responsabilidad criminal de quienes cometan delitos en zonas rurales, considerando que existe por parte del agresor un aprovechamiento de las características de estas áreas para impedir que la víctima sea auxiliada por la fuerza pública.

Los fundamentos de la moción proponen modificar el Código Penal con el objetivo de incorporar como nueva agravante de responsabilidad penal la comisión de delitos en zonas rurales. Esta iniciativa surge del reconocimiento del contexto de vulnerabilidad que enfrentan las víctimas en sectores apartados, dada la lejanía de servicios policiales, la baja densidad poblacional y la ausencia de infraestructura de comunicación, lo que facilita la acción delictiva y eleva su violencia.

Manifiesta que el fenómeno conocido como “delito rural”, aunque no está tipificado específicamente en la legislación chilena, representa una realidad creciente y preocupante. Si bien la legislación nacional contempla tipos penales aplicables en todo el territorio, como el abigeato, regulado por la ley Nº 20.596, existe una carencia de datos que permitan evaluar con precisión el comportamiento delictual en zonas rurales, salvo dicho ilícito.

Relatos de víctimas y autoridades locales dan cuenta del aumento de robos violentos en domicilios rurales y asaltos en caminos con baja circulación, los que suelen cometerse en grupo, con armas de fuego y aprovechando el aislamiento del lugar, lo que impide una reacción oportuna de las fuerzas de seguridad.

La moción subraya que, si bien el numeral 12° del artículo 12 del Código Penal contempla como agravante el actuar en lugares despoblados, su interpretación ha generado dificultades, al no estar necesariamente vinculado a lo rural, lo cual puede conducir a incertezas jurídicas.

Por tanto, en la moción se propone la incorporación de un nuevo numeral 22° en el artículo 12 del Código Penal, estableciendo como agravante la ejecución de delitos en zonas rurales, aprovechándose de la mayor indefensión y ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública, buscando con ello reconocer normativamente el aprovechamiento por parte del delincuente de condiciones geográficas y sociales particulares que agravan la injusticia del acto cometido en dichos contextos.

En definitiva, luego de la discusión parlamentaria que se contiene en el acápite respectivo, se optó por modificar el señalado numeral 12° del artículo 12 del Código Penal, con el objeto de agregar a la agravante ya existente la posibilidad de que esta se configure al cometerse el delito en zonas rurales.

Así, el contenido del proyecto modifica el artículo 12 del Código Penal, que establece las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, reformando su numeral 12° con el objetivo señalado.

La iniciativa legal en informe no posee normas de quorum especial, y no se formularon reservas de constitucionalidad en este trámite. Tampoco requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda.

Sometido a votación en general el proyecto de ley, fue aprobado por unanimidad.

Votaron a favor las diputadas señoras Gloria Naveillan , Emilia Nuyado , Marcela Riquelme

(en reemplazo de Carolina Marzán) y Consuelo Veloso , y los diputados señores René Alinco , Félix Bugueño , Benjamín Moreno , Jorge Rathgeb , Patricio Rosas y quien habla, Harry Jürgensen .

Se recibieron una serie de opiniones de invitados expertos, así como también de autoridades y representantes del mundo rural, con el objeto de conocer su perspectiva en relación con la modificación que se propone introducir en el Código Penal.

Así, se escuchó a las siguientes personas: al asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, abogado señor Juan Pablo Cavada ; al alcalde de la comuna de Graneros, señor Marcelo Miñanir ; al alcalde de la comuna de Parral, señor Patricio Ojeda ; al alcalde de Padre Hurtado y secretario general de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), señor Felipe Muñoz Heredia ; a la alcaldesa de Colina y vicepresidenta de AMUR, señora Isabel Valenzuela Ahumada ; al gerente de Políticas Públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, señor

Federico Errázuriz Tagle ; al profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado señor Ignacio Ried , y a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao .

Producto de la discusión particular efectuada, de las opiniones recibidas y del conocimiento de los antecedentes proporcionados, la comisión deliberó y llegó a la conclusión mayoritaria de que la modificación más conveniente consistía en agregar en el numeral 12° del artículo 12 del Código Penal, que contempla las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, la expresión “o en zona rural”, como una forma de agregar una hipótesis más a las posibilidades de aplicación de la norma, propendiendo a otorgar una mayor protección a los habitantes de las zonas rurales.

Es todo cuanto puedo informar conforme a lo acordado por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, considerando que este proyecto, que tiene que ver con la seguridad y afecta principalmente a las zonas rurales, tiene una indicación y, por tanto, va a regresar a la comisión técnica, pido que recabe la unanimidad para votarlo sin discusión.

Si la Sala lo tiene a bien, para avanzar en la protección de las personas que viven en zonas rurales, podríamos darle mayor celeridad a este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Cristián Araya ?

No hay acuerdo.

Ha concluido el Orden del Día.

La discusión de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión.