Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, con el objeto de otorgar prioridad a personas con discapacidad en la atención de servicios públicos, correspondiente al boletín N° 16396-35.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 60ª de la presente legislatura, en martes 19 de agosto de 2025. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, primero que todo, quiero señalar que valoro profundamente que este tipo de iniciativas tengan un apoyo transversal en este hemiciclo.

Votaré a favor este proyecto, que otorga atención preferente a las personas que cuentan con credencial o certificado de discapacidad vigente y a sus cuidadores o cuidadoras que cuenten con el certificado de Registro Nacional de la Discapacidad en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público.

La realidad de las personas en situación de discapacidad y de quienes las cuidan ha sido históricamente de discriminación e invisibilización en nuestro país. Cabe hacer presente que cerca de 90 por ciento de quienes ejercen labores de cuidado son mujeres, situación que se enlaza con otras problemáticas sociales, como la violencia de género, el abandono, la falta de acceso a una vivienda digna, a la educación y a atención de salud.

Quiero ser enfática en que apoyaré este proyecto, pero debemos señalar que la sola consagración legal de la atención preferencial a personas con discapacidad en los servicios públicos no garantiza la implementación efectiva de la medida si no se acompaña de fiscalización activa, de reglamentos claros y de la voluntad política necesaria para educar y sensibilizar a instituciones públicas y privadas y al conjunto de la población.

En paralelo, será clave seguir avanzando en una política integral de apoyos y cuidados que no solo reconozca a cuidadores y cuidadoras, sino que también les otorgue condiciones de descanso, de formación y de seguridad social.

Valoramos también la labor de entidades privadas que realizan tareas que le corresponden al Estado, ya que existe una enorme deuda pendiente, sobre todo con personas que presentan algún tipo de discapacidad y que ya se encuentran en una etapa adulta de su vida en la que ya no tienen acceso a educación o a rehabilitación. En materia de pensiones también enfrentan una realidad distinta a quienes aún son niños.

Finalmente, consideramos que el presente proyecto representa un avance en derechos para las personas en situación de discapacidad y para sus cuidadoras y cuidadores; no obstante, resulta llamativo lo contradictorio que parece la actitud de un sector de la derecha, la extrema derecha, la que, mientras se suma a iniciativas de este tipo, sistemáticamente se ha opuesto a otros avances fundamentales en derechos sociales, como la reforma de pensiones, el aumento del salario mínimo, la protección de las mujeres o la pensión garantizada universal.

Sin duda, aún queda mucho por avanzar, pero se da un paso importante en la construcción de un país más inclusivo y respetuoso de la diversidad humana.

Recomendamos aprobar esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, brindar una atención preferente a las personas con discapacidad constituye un paso fundamental para avanzar hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades. Las políticas enfocadas en este ámbito representan un verdadero apoyo para quienes enfrentan una condición que no debiera ser una barrera para acceder a la atención primaria, sino más bien un motivo para recibir prioridad.

Este proyecto también beneficia a quienes asumen labores de cuidado, ya que les facilita el ingreso a los centros de salud y agiliza los procesos de atención. Los cuidadores desempeñan un papel esencial en la vida de las personas con discapacidad, por lo que es nuestra responsabilidad brindarles todo el respaldo posible en esta tarea.

El número de chilenos que vive con algún grado de discapacidad, por pequeño que sea, no puede ser pasado por alto. Es fundamental impulsar políticas públicas que contribuyan a construir un país más inclusivo. Aprobar este proyecto es una necesidad urgente para igualar la cancha. Como Corporación debemos unirnos para impulsar políticas como esta.

Por estos motivos, manifiesto mi apoyo total, y esperemos que esta ley sea promulgada con la mayor prontitud. No podemos postergar una necesidad que es urgente. Las personas discapacitadas no pueden ser olvidadas en un país que no abandona a sus ciudadanos ni crea situaciones injustas que perjudiquen a un sector particular de la población. Debemos garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios públicos, especialmente a aquellos que tienen más demandas.

Vivir con una discapacidad no es fácil, y nosotros ahora tenemos la posibilidad de dar una ayuda que será profundamente agradecida, mediante la eliminación de las barreras que hoy existen y que no deberían ser un impedimento para tener una atención oportuna y satisfactoria.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, tratar igual o exigir lo mismo a personas que tienen alguna discapacidad no es lo justo. Lo justo es que entendamos las dificultades de cada grupo de nuestra sociedad y las atendamos, entregando soluciones y evitando sumar barreras.

Este proyecto va precisamente en la línea de hacer justicia, poniendo primero a las personas que normalmente enfrentan alguna dificultad en el espacio público. Además, espero que esta normativa sea un aporte para generar un cambio cultural sobre la forma en que tratamos a las personas con discapacidad.

En diciembre del año pasado, un informe del Sernac señaló que los principales reclamos de las personas con discapacidad tenían que ver con el acceso a los espacios en que funcionaban distintos organismos, debido a la falta de rampas y de ascensores fuera de servicio, y, lo que es peor aún, a causa de malos tratos y discriminación. Hace un tiempo se hizo viral el video de una joven que no podía acceder al metro en la Región Metropolitana porque el ascensor no estaba funcionando y tuvo que arrastrarse por las escaleras sin que nadie la ayudara.

Por ello, son importantes las enmiendas que se incorporaron en el Senado, que señalan que las personas con discapacidad tienen que recibir un trato digno y respetuoso en todo momento, en cualquier circunstancia, disminuyendo los tiempos de espera.

Espero sinceramente que este proyecto y futura ley ayude a generar conciencia y a cambiar la mirada de todas y todos respecto de la discapacidad, pero especialmente de quienes atienden público, entendiendo también que las discapacidades son diversas y no siempre se expresan de manera física o no siempre son visibles. Por eso, las modificaciones del Senado, que señalan que las personas con discapacidad podrán acreditarlo a través de la credencial de discapacidad o de cualquier otro mecanismo reconocido por la ley, son especialmente importantes para mejorar el proyecto.

En ese sentido, creo que hay que aprobar las modificaciones del Senado, porque hoy se necesita que demos prioridad a las personas con discapacidad en la atención de los servicios públicos y, por lo tanto, que esta iniciativa pueda ser ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, cuántas veces hemos visto en este Congreso Nacional cómo se levantan discursos emocionados, se aprueban proyectos que suenan muy bien en el papel, pero que en la práctica no cambian nada la vida de la gente.

Este es el gran desafío que tenemos hoy: que la moción contenida en este boletín no se transforme en un nuevo acto meramente declarativo, sino en una herramienta real para las personas con discapacidad y sus familias. Hoy posiblemente le entregaremos alguna herramienta, como la facultad entregada para hacer efectiva la responsabilidad en el marco del derecho del consumidor respecto del sistema privado, pero eso aún es insuficiente.

Hace pocos días estuve en la comuna de Río Bueno, en que participé y compartí con un club deportivo inclusivo, ocasión en que escuché a las madres, a los padres, a las cuidadoras y a los propios jóvenes que día a día enfrentan obstáculos que para nosotros son invisibles. Me contaban lo que significaba esperar horas en un Cesfam, cómo se les dificulta realizar trámites en el banco, cómo en cada acción cotidiana sienten que el sistema los margina. Lo que para muchos es normalidad, para ellos es desgaste, frustración y exclusión. Y lo que más duele es que sienten que el Estado no les responde.

Les doy un ejemplo respecto de esto mismo. Oficié a BancoEstado para preguntar cómo en Río Bueno se hacen cargo de atender a los cuidadores y a las personas con discapacidad, y la respuesta del BancoEstado fue: pusimos un tótem. Con un tótem le dan respuesta a los requerimientos de las personas con discapacidad y de sus cuidadores. Eso en ningún caso es inclusión y en ningún caso resolverá sus problemas.

Por eso esta moción es importante, porque reconoce la necesidad de darles prioridad en la atención, pero quiero ser claro: si esto no va acompañado de recursos concretos, de protocolos claros, de fiscalización efectiva, quedará en el papel, como tantas leyes que prometieron inclusión y solo generaron frustración.

Aquí no se trata de privilegios; se trata de equidad y dignidad, de entender que, mientras la mayoría puede esperar, hay compatriotas que no pueden darse ese lujo, porque cada trámite, cada fila y cada consulta significan una carga adicional para ellos y para quienes los cuidan.

Legislar no es acumular declaraciones bonitas; es hacernos cargo de que las personas con discapacidad puedan vivir con dignidad y no con trabas. Por eso, apoyo este proyecto, pero también hago un llamado a que avancemos mucho más allá, asegurando medidas reales y financiamiento suficiente.

Cierro con una clara convicción: la inclusión no puede seguir siendo un discurso vacío. Si el Estado no está a la altura, entonces este Congreso Nacional habrá fallado en su tarea, que por una vez…

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Doy la bienvenida a la ministra subrogante de Desarrollo Social y Familia, señora Paula Poblete Maureira , quien se integra a la discusión de este proyecto. Tiene la palabra la diputada Carla Morales .

La señora MORALES (doña Carla).-

Señor Presidente, vengo a manifestar mi firme apoyo a la iniciativa que busca establecer, por vía legal, la atención preferente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público para todas las personas con discapacidad y para sus cuidadores.

Este proyecto de ley no es solo un mero gesto simbólico; es en realidad un acto de dignidad y de coherencia con los principios que nuestra sociedad ha declarado abrazar: la igualdad de oportunidades y la inclusión. Hoy en día miles de personas con discapacidad enfrentan diariamente barreras visibles e invisibles. Las visibles son las más evidentes: la falta de infraestructura adecuada, las largas esperas en oficinas públicas y la ausencia de mecanismos de accesibilidad en el transporte o en el comercio. Pero las invisibles son igual de graves: la indiferencia, la burocracia lenta, el desconocimiento de la condición de la persona que espera su turno como cualquier ciudadano, aunque sus necesidades de atención sean mucho más urgentes. No podemos permitir que un ciudadano en situación de discapacidad tenga que soportar filas interminables para acceder a trámites básicos o atenciones médicas. Tampoco es aceptable que sus cuidadores, personas que con esfuerzo y sacrificio personal dedican gran parte de sus vidas a velar por ellos, se enfrenten a la misma indiferencia institucional.

Esta propuesta, que se sustenta además en compromisos internacionales que Chile ha adquirido, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país, nos obliga a adoptar medidas efectivas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente todos sus derechos en igualdad de condiciones. En ese marco, la atención preferente es una forma concreta de materializar dicho compromiso. Algunos podrán pensar que esta medida genera costos o dificultades administrativas, pero la verdad es que su implementación es simple. Bastará con que las instituciones públicas y privadas que atienden público establezcan mecanismos claros de atención preferente, tal como ya ocurre con mujeres embarazadas o adultos mayores. No se trata de inventar un sistema nuevo, sino de incorporar en la ley una obligación que coincide con la realidad y que, además, asegura un trato justo a quienes más lo necesitan.

Por todo ello, los invito a apoyar decididamente esta propuesta. Legislar a favor de la atención preferente para personas con discapacidad y sus cuidadores no es solo un acto legislativo, sino que también es un paso firme hacia la verdadera inclusión.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto muy importante: garantizar la atención preferente a las personas con discapacidad y a sus cuidadores, tanto en recintos públicos como privados. Esta no es una norma cualquiera; es un acto de justicia y dignidad para miles de familias en Chile.

Según el censo de 2024, el 11,4 por ciento de la población vive con algún tipo de discapacidad. En la Región de La Araucanía esa cifra es aún mayor, pues alcanza el 13 por ciento. Se trata de una región agrícola y rural, donde muchas comunas, como Lonquimay, Lumaco y Galvarino , enfrentan altos niveles de pobreza.

Lo anterior no hace más que preocuparnos y alterarnos, pues, tal como señalé recién, estamos hablando de una región en la que se encuentran algunas de las comunas más pobres del país. Hace poco veíamos en los medios de comunicación cómo, en la comuna de Vilcún, un paciente debió ser trasladado por vecinos, debido a la falta de una ambulancia, lo que pone en evidencia la realidad que vivimos. Es muy difícil contar con políticas públicas y con la infraestructura necesaria para atender a personas con discapacidad y a sus cuidadores. No podemos comparar los recursos de municipios como Las Condes con los de comunas como Angol o Vilcún. Mientras en unos hay abundancia de recursos, en otros los alcaldes hacen lo imposible por cubrir las necesidades más básicas. Esta desigualdad es evidente y dolorosa.

También hay que ser claros y señalar que falta presencia del Estado. A pesar de ser un país descentralizado, todo parece estar enfocado en la capital, y puede ser, porque la Región Metropolitana alberga a más de 7 millones de personas, mientras que en La Araucanía solo habita un millón de habitantes, aproximadamente, pero eso no significa que los vecinos y vecinas de mi región queden a la deriva. Por eso este proyecto es tan relevante.

No se trata solo de dar un trato preferente en la atención, sino de abrir camino a políticas que garanticen contar con transporte público accesible, caminos rurales adaptados, salud digna y educación de calidad para quienes viven con discapacidad y para quienes los cuidan, porque cuidar a alguien que se ama no se puede convertir en una lucha constante contra un sistema lleno de trabas.

Con todo, entiendo que este proyecto es apenas el inicio, pero creo firmemente en que debemos construir un país más justo y más humano, donde ninguna persona se sienta invisible. Por eso, con mucha convicción, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, quiero hablar desde lo más simple, pero también desde lo más justo. En Maipú , Cerrillos , Colina , Estación Central, Lampa , Pudahuel , Quilicura , Tiltil y en cada rincón del país existen familias que conviven con la discapacidad y saben lo que significa esperar horas en una fila. Esperar para realizar un trámite, recibir un medicamento o una atención que, a veces, no puede esperar.

Debemos entender que la dignidad comienza con lo básico: con no tener que explicar mil veces por qué su situación requiere prioridad. Dar preferencia en la atención no es un privilegio, sino que es reconocer la realidad concreta de quienes ya cargan con más barreras de lo que deberían; es justicia, humanidad y empatía.

Desde el distrito N° 8 levanto la voz, ya que la inclusión no se mide solo en discursos, sino en cambios concretos, tal como lo hace este proyecto.

Por eso, con fuerza respaldo que las personas con diversos grados de discapacidad deban ser tratadas con respeto y sin demora.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, desde luego que voy a apoyar este proyecto y, en lo personal, creo que podría llegar a ser una muy buena acción, pero tengo una vivencia empírica en relación con el tema que no me hace creer que el proyecto vaya a cambiar la conducta de las personas si es que no hacemos una buena política pública y una buena política de difusión sobre esta materia.

En mi condición de discapacitado me enfrento a la opción de la preferencia de atención en las cajas de supermercado o en los bancos, pero quien tiene que pelear esa posibilidad es el propio discapacitado. Es el propio discapacitado quien tiene que decir: “un momentito; me corresponde a mí”. Entonces, tiene que sacar a la persona que está delante con el carro para hacerse respetar o darle el peso del respeto a la cajera que se enfrenta, la mayoría de las veces, a un conflicto con ese cliente, con ese ser humano, con esa persona.

Además, estamos agregando a los cuidadores, los que no tienen ninguna distinción física como los discapacitados. En el caso mío, la ausencia de un brazo es lo más notorio.

Espero que este proyecto no se convierta en letra muerta, pero la verdad es que hay que generar un cambio de conducta en la sociedad para que no necesitemos de leyes para respetar el uso preferente de un asiento en el bus o en el metro, en el caso de la Región Metropolitana, o para respetar el uso de un estacionamiento para discapacitados. Teóricamente, los discapacitados no tenemos derecho a tener un automóvil en muchas partes, porque los lugares destinados a nuestro estacionamiento están ocupados por autos que no tienen ningún distintivo. En todo caso, esto no pasa por tener un sticker pegado en el parabrisas; lo importante es tener un carné que acredite la condición.

Voy a votar a favor. Esto lo hemos discutido ya muchas veces en el Parlamento, con distintas mociones que van en el sentido correcto, pero no le digamos al mundo de la discapacidad que con esto le estamos solucionando un problema, porque el problema se soluciona si y solo si hacemos un cambio de conducta en la sociedad. El día de la Teletón los discapacitados andamos en bandeja; al día siguiente, a la gente ya se le olvida.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto muy importante, relacionado con garantizar que las personas con discapacidad y sus cuidadores reciban atención preferente y oportuna en todos los servicios públicos y privados. Esto no es un privilegio, sino un acto mínimo de justicia. Quienes enfrentan mayores barreras no pueden seguir haciendo filas interminables en oficinas públicas, bancos, notarías o servicios básicos. Esto, quizás, no debería ser legislado, pero la realidad es otra y la materia no puede quedar a merced de la buena voluntad de alguna persona o de la fuerza que tenga alguna persona discapacitada: esto debe ser establecido a nivel institucional, para una concientización constante y permanente, no solo en la fecha en que se acerca la Teletón.

En Tarapacá tenemos ejemplos muy concretos. Recuerdo a una madre que se me acercó hace unos días en Alto Hospicio. Ella, quien cuida a su hijo con discapacidad severa, me contaba que, muchas veces, al realizar trámites de salud, de pensiones o incluso al pagar cuentas, debe pasar horas esperando. Lo mismo ocurre con los integrantes de la Agrupación de Ciegos Águilas de Iquique, quienes me planteaban las dificultades para ingresar a portales del Estado, el que muchas veces no cuenta con plataformas inclusivas. Con gran empatía, me decían que su discapacidad es evidente, pero que hay muchas otras que no se perciben a simple vista.

Estas esperas no solo significan pérdida de tiempo, sino que también generan agotamiento, angustia y, en no pocos casos, sentimientos de discriminación.

Con este proyecto de ley estamos afirmando que Chile respeta a las personas con discapacidad y a sus cuidadores, que reconoce su esfuerzo y que quiere ofrecerles una vida más digna y justa. Este no puede ser un mero deseo; esto debe traducirse en una acción concreta que beneficie a miles de familias.

Por eso anuncio el voto a favor del Partido Republicano. La verdadera inclusión no se mide en discursos, sino en un trabajo permanente y constante, que nos permita levantar y accionar soluciones para estas dificultades, contribuyendo a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, es imposible no estar a favor de un proyecto como este, pero quiero llamar la atención de la subsecretaria sobre un tema puntual que está afectando hoy a las personas con discapacidad.

En el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), las personas pueden postular a distintos tipos de ayudas a través de un programa llamado Tránsito a la Vida Independiente.

Ese proyecto, en primer término, es concursable; en segundo término, contempla una modalidad institucional -pueden postular organismos- y otra individual; pero la modalidad individual ha sido eliminada, lo que no ayuda a los procesos de autodeterminación y autonomía de las personas con discapacidad.

Por eso, llamo la atención de la subsecretaria sobre ese punto, porque proyectos como este sin financiamiento, sin fondos, no tienen sentido. Como legisladores, nuestra tarea es que al momento de tramitar el proyecto de ley de presupuestos nos acordemos de que existen estas iniciativas que, lamentablemente, son concursables, pero que deberían considerar ayudas permanentes para las personas con discapacidad, para que trabajen su autonomía.

Es un avance civilizatorio que hoy, como sociedad, hablemos con mucha más normalidad de discapacidad. Como decía el diputado Francisco Undurraga , no nos acordemos de este tema solo para la Teletón. Hagamos un esfuerzo como sociedad para la integración total.

Solo quiero poner un ejemplo. Hace muchos años, un gran amigo mío, Felipe Orellana , hizo un programa de televisión que se llamaba Diarios de tricicleta. Recorrió el país en tricicleta, se lanzó en parapente, hizo surf y fue un ejemplo para muchas personas discapacitadas de cómo lograr vencer aquellos obstáculos.

Sin las ayudas que da el Senadis esto no puede ser posible. Necesitamos que se mantenga el apoyo y el aporte no solo institucional, sino también individual, y ojalá ya no sean fondos concursables, sino permanentes.

Por supuesto que vamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, en una sociedad de libertades como la nuestra, la protección y promoción de ciertos sectores de la sociedad, como los jóvenes, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, representa un imperativo moral y jurídico ineludible. En efecto, si queremos convertirnos en una nación desarrollada, debemos potenciar todas las cualidades y talentos presentes en nuestra población, haciendo de todos y cada uno de nuestros compatriotas protagonistas de su destino personal y familiar.

Por lo mismo, el presente proyecto de ley, que ha tenido una larga tramitación en el Parlamento, responde a esta tradición de inclusión sustentada en nuestra Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país en estas materias, particularmente aquel que consagra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. En este sentido, debemos entender que nuestro orden constitucional es precisamente promotor de un mejoramiento de las condiciones sociales y materiales de las personas con discapacidad, al prescribir expresamente que el Estado está al servicio de la persona humana.

Tales elementos constituyen el fundamento de toda esta legislación de derechos y seguridades para los miles de personas con discapacidad en nuestro país, y tiene por objeto sortear las principales dificultades que su estado les impone, con el objeto de insertarlas en la comunidad y potenciar con ello todas las cualidades intelectuales, morales, sensitivas y afectivas. Un Chile más justo y participativo es tarea de todos.

Ahora viene una etapa que quizás es de mayor importancia, que es la concientización, esto es, entender la necesidad de respetar las leyes de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Por lo mismo, apelamos en tal caso a la buena voluntad, a la educación y al sentido público de los funcionarios de nuestros servicios, destinatarios últimos de esta normativa, en el sentido de respetar a todas y cada una de las personas que esperan de ellos lo mejor y así satisfacer sus necesidades. Ese es el enfoque que el servicio público debe materializar día a día en nuestro país. Esperamos que así sea.

Manifiesto mi gratitud por la culminación de este proceso largo y fecundo. Espero que de este proyecto surja una cultura de respeto y consideración hacia estas personas, pues la requieren.

Este proyecto no es ideológico, no es electoral, no es de izquierda ni de derecha ni de centro ni tiende a emparentarse con una carrera presidencial. Escuché a una diputada que trató de acercarlo a una candidatura presidencial, pero este proyecto es solo de sentido común, de conducta, educación y respeto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, quiero destacar este proyecto, que va a permitir priorizar a las personas con discapacidad y a sus cuidadores cuando se atiendan en servicios públicos. Es una iniciativa muy importante, porque quienes somos legisladores, representantes populares, hemos escuchado reiteradamente reclamos de personas con discapacidad porque no reciben la atención que corresponde en distintos servicios públicos.

El Estado es muy bueno para exigir, pero cuando le toca cumplir la ley, no lo hace. Por ejemplo, hay muchos servicios públicos, como el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén, que no cuentan con un ascensor para que las personas con discapacidad puedan subir a ser atendidas por la directora regional. Así, hay muchos ejemplos parecidos.

Por eso, es importante que, junto con este proyecto de ley que da prioridad a la atención de personas con discapacidad, también el Estado -se lo pido a la ministra que se encuentra presente en la Sala- cumpla con ciertos estándares de atención y con las condiciones que requieren las personas con discapacidad.

Por eso, me parece importante este proyecto de ley y, particularmente, las sanciones que se aplicarán a aquellos que vulneren arbitrariamente ese derecho. Sin embargo, creo que tenemos que ir más al fondo del problema de la discapacidad. Aquí tenemos un problema grave que tiene que ver con recursos. No puede ser que hoy existan listas de espera en lo que se refiere a las ayudas técnicas. Aquí hay una situación que es compleja. O sea, hay personas que, porque no alcanza la plata de las ayudas técnicas que da el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), quedan sin audífonos o sin prótesis ortopédicas. Eso golpea fuertemente a regiones como la nuestra, la Región de Aysén, donde el 19,6 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, una de las cifras más altas del país; de hecho, supera con creces el promedio nacional. Por esa razón, junto con garantizar derechos y atenciones preferenciales, tenemos que poner plata.

Por eso, señor Presidente, por su intermedio quiero decirle a la señora ministra que está presente en la Sala que se necesitan recursos para las personas con discapacidad. A mi juicio, es un delito que existan listas de espera para ayudas técnicas para las personas con discapacidad.

Insto a la señora ministra a que converse con su par del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que, por ejemplo, podamos levantar un subsidio de mejoramiento a la vivienda para personas con discapacidad, para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a las viviendas, para mejorar los baños e instalar ciertas protecciones en las duchas de sus casas. Esos subsidios se pueden levantar con el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, que ya existe. Entonces, no solamente se trata de garantizar derechos a las personas con discapacidad, sino también condiciones de vida.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, sin duda, este es un buen proyecto de ley, que vamos a aprobar, porque otorga atención preferente o prioritaria a las personas con discapacidad en servicios públicos y privados.

La norma dice que “tendrán derecho a ser atendidas preferente y oportunamente -lo que es distinto y también muy importante- en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público.”. Para el caso de atenciones en salud, el proyecto hace otra referencia.

Además, una indicación propuesta por el Senado otorga el derecho de atención preferente no solo a las personas que tengan la credencial o el certificado de discapacidad, sino también a aquellas que puedan acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo, lo que amplía la virtud de este proyecto de ley.

Aquí todos han hablado y justificado por qué van a votar afirmativamente este proyecto de ley. La situación que vivimos día a día en cada uno de nuestros distritos y regiones nos ha permitido conocer las limitaciones que existen, como las que alguien mencionó recién en relación con las ayudas técnicas y todas las dificultades que hay al respecto.

Sin duda, hay una evolución que avanza positivamente. No obstante, quiero hacer un punto respecto de una cuestión muy importante que escuché en la intervención del diputado Francisco Undurraga , quien, desde su propia experiencia personal, señaló que esto no es nada si no hay también una gran campaña de difusión que se entienda y se promueva, además del cambio cultural que tiene que haber en esta materia. Creo que tenemos que hacernos cargo de esto todos y todas: los que nos escuchan, los que nos ven y los que estamos en la Sala, el país completo. No basta solo con una disposición legal que señale la atención preferente y oportuna, porque, como el mismo diputado Undurraga señaló, muchas veces el propio discapacitado tiene que pedir que lo atiendan preferentemente, situación que, sin duda, complica y genera una distancia.

Por eso, el cambio cultural debe ir de la mano de la difusión del proyecto de ley, que es significativo desde el punto de vista conceptual, es una idea maravillosa, pero debe transformarse en una práctica.

En consecuencia, haciendo referencia a las palabras del diputado Undurraga , creo que él tiene razón en lo que señaló con mucha claridad desde su propia experiencia. De manera que el proyecto no es nada si no avanzamos también en el cambio cultural, en la difusión y en entender profundamente la situación, no solo en una cuestión de orden legislativo puro y simple. Tenemos que ir un poco más allá, pero, sin duda, el proyecto avanza. Por eso, vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Voy a suspender la sesión por falta de quorum. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, este proyecto de ley presentado por parlamentarios de la oposición -nobleza obliga- va en la línea correcta respecto de cómo nos hacemos cargo en conjunto de las personas que tienen mayores necesidades en nuestra sociedad. Es una modificación bastante sencilla, pero que será significativa en la vida de las personas con discapacidad, las cuales, muchas veces, cuentan con tiempos menores o más acotados que aquellas que viven sin discapacidad.

Esta iniciativa legal, que garantiza la atención prioritaria a las personas con discapacidad, también avanza en garantizar un trato digno y oportuno en el acceso a servicios.

Al respecto, quiero destacar dos aspectos que han mejorado el proyecto durante su tramitación. Primero, originalmente se refería solo a los servicios públicos, pero esto se amplió a las instituciones privadas que brindan atención al público. Asimismo, me parece fundamental que también se incluya a las personas cuidadoras de personas con discapacidad que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad.

Este último punto me parece muy importante, porque va en la línea de una de las prioridades de este gobierno, que ha sido poner en valor los cuidados, mayoritariamente ejercidos por mujeres. Por cierto, la discapacidad no tiene género, porque puede ocurrirle a cualquier persona, pero los cuidados sí. Quienes apoyan y se hacen cargo de cuidar son, en su mayoría, mujeres. Por eso, valoro que se haya incorporado a las cuidadoras en esta iniciativa, que va en línea y concordancia con los esfuerzos que ha hecho el gobierno en esta materia, como ha sido el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Estas modificaciones tendrán efectos concretos en las personas con discapacidad y en quienes las cuidan: ayudará a mejorar la calidad de vida; garantizará la atención oportuna, como también un trato digno y oportuno, y avanzará en el reconocimiento de personas con discapacidad y de quienes realizan el trabajo de cuidado como una función social relevante dentro del marco del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Por lo anterior, acudiremos con nuestro voto favorable a esta iniciativa.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, este proyecto tiene muy buena intención y claramente lo vamos a apoyar, porque es de principios, pero me parece tan insólito que tengamos que legislar para -leeré de manera textual- “recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia,…”. El hecho de que tengamos que legislar algo que es tan obvio para todo el mundo, independientemente de que la persona sea discapacitada, gorda, flaca, fea o bonita, indica lo mal que estamos como sociedad, porque en una situación como esta cualquiera debiese recibir un trato digno y no ser una ley la que lo exija.

Por otro lado, no tengo claro cómo van a ser las bajadas de este proyecto, porque se habla de disminuir los tiempos de espera. Me imagino que será, por ejemplo, en lugares como las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Y qué pasa con los hospitales o los consultorios? Hoy las personas igual se deben levantar temprano para conseguir un número para que las atiendan.

Entonces, ¿esto va a cambiar, por ejemplo, el sistema de salud? Ojalá las personas no tengan que ir físicamente y exista un sistema para que desde sus hogares puedan tomar sus horas de atención médica. En verdad, no entiendo cómo se va a hacer realidad esto. Reconozco que es un avance, pero me parece realmente increíble que, por ley, por ser discapacitada o cuidadora de una persona discapacitada, la deban tratar de forma digna. Esto es una muestra de lo que hoy estamos viviendo como sociedad. Todos sabemos que es sumamente difícil vivir en nuestro país con algún tipo de discapacidad, pero también la vejez contribuye a que las personas vayan siendo más discapacitadas. Por lo tanto, también deberíamos entrar en esa lógica.

Votaré a favor el proyecto, pero -reitero- me parece increíble que tengamos que hacerlo a través de un proyecto de ley, porque el Estado, como mínimo, debiese revisar todas sus formas de actuar, sobre todo en el sistema de salud, de modo que una persona que tenga discapacidad o se encuentre al final de sus días reciba un buen trato, ya que pareciera que la dignidad está dada por un servicio con atención más rápida. Sin embargo, tengo dudas de que efectivamente una persona, independientemente de la condición que tenga, pueda recibir un trato digno si hoy tenemos tremendas listas de espera, por cuanto las personas no están recibiendo su tratamiento y no se mueren cuando Dios quiere, sino cuando el sistema se lo ordena.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada .

La señorita AHUMADA (doña Yovana) .-

Señor Presidente, hoy estamos hablando de cómo entregamos garantías a las personas con discapacidad.

Cuando uno habla de discapacidad, muchas personas buscan su discapacidad física; sin embargo, también hay muchas otras discapacidades o condiciones que no se ven. Por eso es muy importante contar con protocolos de atención y de convivencia, que, lamentablemente, hoy suenan muy bonitos, pero poco y nada se practican. Desgraciadamente, hay un espacio que no se ha abordado.

Como Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, hemos tratado de avanzar, sobre todo en lo que respecta a las facultades para que la discapacidad de todos los entes, tanto públicos como privados, se vean realmente. Hemos discutido un sinfín de proyectos que buscan la inclusión laboral y la atención para personas neurodivergentes. Actualmente, tenemos la discusión de las personas con síndrome de Down, que también han quedado rezagadas, y un sinfín de otras situaciones, como el maltrato y el abuso hacia las personas que tienen una condición diferente o una discapacidad.

Creo que esta iniciativa avanza y nos coloca en la discusión, pero, lamentablemente, sin educación, sin ser respetuosos con cualquiera otra persona que pueda ser diferente a mí, es lo que hoy, desgraciadamente, no hemos logrado colocar en el centro como sociedad. Eso es lamentable, porque debemos seguir avanzando legislativamente, en circunstancias de que podríamos hacer otras cosas más bien administrativas y de voluntad. Es un llamado a la sociedad, a las empresas, a la educación y a las universidades, pues tenemos discriminación hacia discapacitados que estudian en la educación superior. Se supone que la “ley TEA” también debería propiciar ese espacio.

Por eso, hago la invitación a no quedarnos solo con esta iniciativa, sino a ir más allá: dejar de pensar en cuatro años y buscar que nuestra sociedad sea capaz de respetar a todos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Helia Molina .

La señora MOLINA (doña Helia).-

Señor Presidente, desde hace años los chilenos nos venimos llenando la boca con ciertas palabras que hoy no se pueden dejar de decir, como la inclusión, la equidad, la justicia o el derecho. Son palabras superimportantes, pero debemos hacerlas carne. Debemos ser capaces de transformar la sociedad, para que esas palabras -derecho, equidad, no discriminación e inclusión- no sean huecas, sino palabras que de verdad den sentido a nuestra vida.

Creo que esta iniciativa -me hago eco de las palabras de la diputada Ximena Ossandón - es un avance, en el sentido de que pone el tema sobre la mesa, de que nos pone a discutir sobre él y de que genera sensibilidad en el colectivo. Sin embargo, no cabe duda de que tiene que haber protocolos y un reglamento para poder hacer carne estas ideas.

Cada día habrá más personas con ciertos niveles de discapacidad. Esto tiene que ver con el envejecimiento de la población. También tiene que ver con el hecho de que muchas patologías que producen discapacidad tienen tratamiento y, por tanto, los pacientes viven con esa discapacidad.

Según la última encuesta realizada, en Chile, 2.703.000 personas se encuentran en situación de discapacidad. Es una cifra alta; es más del 15 por ciento de la población adulta del país. De ese total, el 11,4 por ciento presenta discapacidad severa y el 6,2 por ciento tiene discapacidad leve o moderada. Estos datos son reales; son de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia.

Sin embargo, el derecho a las garantías que deben tener las personas con discapacidad para poder lograr su óptimo potencial de desarrollo y tener una vida digna significa hacer una discriminación positiva en términos de elaborar iniciativas como esta y otras, que hacen mucha falta. De esta forma se facilitará que las personas discapacitadas tengan derechos y apoyo. Esto comprende también a las cuidadoras, porque si no cuidamos a los que cuidan, el derecho de los que reciben cuidados se verá muy vulnerado. Este es un círculo virtuoso que tenemos que desarrollar y mirar desde distintos puntos de vista, para poder generar las leyes que faltan y poder generar…

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, me presento hoy ante ustedes no solo como representante de la hermosa Región de Los Ríos, sino, sobre todo, como portavoz de una causa que es de justicia elemental y de simple humanidad. Los datos que hoy se presentan no son frías estadísticas: más de 3.200.000 chilenos y chilenas viven con alguna discapacidad. Piensen en eso un momento: 3.200.000 chilenos y chilenas viven con alguna discapacidad. Es como si toda la población de las regiones de Los Ríos, de La Araucanía, y de Aysén y Magallanes , juntas, estuvieran diciéndonos, con una voz que a veces no podemos o no queremos escuchar, que el Estado no está respondiendo como debería.

En esa cifra, un dato me golpea con especial fuerza: el 11,1 por ciento, esto es, más de un millón de personas, vive con discapacidad severa. Para ellas, una fila de horas en el Registro Civil, en el consultorio o en cualquier servicio público no es una simple molestia; es una barrera infranqueable, un castigo físico y mental, y una exclusión en toda regla.

Se nos ha dicho, y con razón, que Chile tiene una deuda histórica con muchos. Hoy hablamos de una deuda de dignidad. ¿Qué dignidad hay en hacer perder una mañana completa a una persona con autismo, sobreestimulada por el ruido y las luces en una sala de espera abarrotada? ¿Qué dignidad hay para un adulto mayor con movilidad reducida, que debe elegir entre hacer un trámite vital o cuidar su ya frágil salud? Desde el sur de Chile vemos con preocupación cómo esta realidad se agudiza. No es lo mismo enfrentar una discapacidad en el centro de la ciudad de Santiago que en una localidad rural de las comunas de Corral, Río Bueno o Panguipulli .

Honorable Cámara, los invito a no mirar estas cifras como un porcentaje distante. Los invito a ver en ellas, como a sus seres queridos, a quienes representamos.

Aprobemos con fuerza y convicción esta medida. Demostremos que el Estado de Chile está al servicio de todos sus ciudadanos, sin exclusiones, porque un país que no cuida a sus más vulnerables es un país que se olvida de su propia humanidad.

Tenemos que avanzar fuertemente en un cambio cultural, el que no puede durar solo 27 horas al año en la Teletón.

Vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por falta de quorum.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, este proyecto, que otorga prioridad a personas con discapacidad, me parece muy bien. No obstante, como ya se dijo, tener que legislar para que se respete a la gente con discapacidad demuestra que tenemos un problema en la sociedad, tenemos un problema cultural, tenemos un problema donde a veces la humanidad se nos queda atrás, tal como la solidaridad o pensar en el prójimo.

No me cabe duda de que este proyecto tendrá nuestro apoyo unánime, porque la discapacidad no tiene color político, no tiene religión.

Hablar de discapacidad también es hablar de cosas tan importantes como el respeto, el cariño y el afecto, y eso todavía no lo tenemos como país. Todavía tenemos discriminación con personas con discapacidad.

Me alegro de que este proyecto, que al principio iba dirigido al sector público, también se pueda ampliar al mundo privado y a los cuidadores.

¡Cuántas veces hemos visto en un supermercado, en un banco, que a la gente no le interesa el mundo de la discapacidad!

Es por eso que nosotros debemos seguir brindándoles apoyo, para lo cual, lamentablemente, tal como lo señalé, tenemos que legislar, porque con leyes se hace todo en este país.

En esa línea, me quiero detener en algo importante. En la Comisión de Deportes frecuentemente recibimos a instituciones que llevan a cabo distintas disciplinas con gente con discapacidad, para la que no es un obstáculo el deporte. No obstante, lo que sí es un obstáculo para ellos son las condiciones que se les brinda para practicarlo, porque la infraestructura no es la adecuada.

Entonces, cuando hablamos en este proyecto de algo tan importante como son las prioridades que se les deben otorgar a las personas con discapacidad, también debemos preocuparnos de otras materias relacionadas, como los espacios que les estamos entregando cuando deben concurrir a un supermercado o cuando deciden asistir a espectáculo en el ámbito de la cultura o del deporte. Lo planteo, porque estas personas son seres humanos tal como nosotros, pero a veces, vuelvo a insistir, esta sociedad las discrimina de una manera atroz.

Debemos seguir con este proceso, pero concientizando a los niños desde el colegio sobre el respeto que les debemos tener a estas personas que son parte importante de nuestra sociedad.

Vamos a aprobar las modificaciones del Senado y exigimos respeto para la gente con discapacidad.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, junto con saludar a la ministra subrogante y a la Sala, brevemente quiero hacer mención a lo siguiente.

La ley Nº 20.422 establece garantías de igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con discapacidad, quienes experimentan distintas restricciones en el ámbito de la participación social por barreras culturales que son históricas y que ha costado derrumbar.

Según el Registro Nacional de la Discapacidad, que establece el Senadis, y según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, recientemente efectuada, más de tres millones de personas en nuestro país -hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes- padecen algún tipo de discapacidad.

De hecho, se considera que casi 600.000 personas son población infantojuvenil y 2,7 millones de personas son adultas.

El 17,6 por ciento de la población chilena tiene algún grado de discapacidad. Chile, además, ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Digámoslo con todas sus letras y seamos breves y concisos: la mayor discapacidad en la sociedad no está en las personas que tienen alguna limitación física, cognitiva o de otra naturaleza; la principal discapacidad es de la sociedad toda, que establece barreras que no ha sabido superar para la plena inclusión de las personas discapacitadas. Ese es el problema de fondo.

Hago un llamado a aprobar esta moción transversalmente en la Cámara de Diputados, porque va en la dirección adecuada. Daríamos una excelente señal a toda la sociedad si logramos favorecer a personas que históricamente han sido excluidas o discriminadas.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Danisa Astudillo .

La señora ASTUDILLO (doña Danisa).-

Señor Presidente, cada vez que el Congreso Nacional aprueba una ley que reconoce derechos para las personas con discapacidad y para sus cuidadores, damos una señal clara. La inclusión no es una concesión, es un deber democrático.

Este proyecto en particular establece que las personas con discapacidad y quienes las cuidan deben recibir atención preferente y oportuna en todas las instituciones que atienden público. Eso significa menor tiempo de espera, trato digno y reconocimiento a la labor de cuidado. Si algún proveedor no cumple esta norma, no es solo un descuido: la ley lo considera una discriminación arbitraria sancionable.

Hoy damos un paso muy importante al garantizar este derecho para las personas con discapacidad y para quienes las cuidan, pero no podemos olvidar que este mismo desafío lo viven a diario miles de adultos mayores en nuestro país, que también requieren tiempos de espera más cortos, trato digno y accesibilidad real. Esa es una tarea pendiente que, como Congreso Nacional, deberemos asumir con la misma convicción.

Como otras normas de discriminación positiva, esta iniciativa cumple un rol fundamental, que es visibilizar realidades que por demasiado tiempo fueron invisibles y transformar la igualdad en algo más que una declaración: en un derecho exigible. Ello, porque garantizar atención preferente no es un privilegio; es dar cumplimiento efectivo al derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas con discapacidad.

Quiero subrayar que la ley es el piso, no el techo. Podemos y debemos avanzar en establecer normas que obliguen a garantizar un trato digno; sin embargo, si limitamos la inclusión a un mandato legal, su cumplimiento siempre dependerá de la fiscalización y de la sanción. El verdadero cambio está en la cultura, en cómo educamos a las nuevas generaciones para que aprendan desde pequeños que la diversidad es parte de la vida en comunidad y que apoyar a una persona con discapacidad o a su cuidador no es un favor ni una carga, sino una manera natural de convivir.

La meta es que un día no sea necesario invocar la ley para pedir respeto o acceso preferente, porque estará instalado en nuestra práctica social cotidiana. Queremos que la empatía no sea una obligación jurídica, sino un reflejo de lo que somos como sociedad.

Por eso, de aprobarse este proyecto, daremos una señal hacia afuera. La inclusión se construye con leyes, sí, pero sobre todo con educación, con ejemplos y con el compromiso de cada generación de derribar barreras y abrir espacios.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Pamela Jiles .

La señora JILES (doña Pamela).-

Señor Presidente, solicito que se suspenda la sesión por falta de quorum.

Quiero recordar que es responsabilidad de la Mesa suspender la sesión cuando no existe el quorum requerido para sesionar.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Se suspende la sesión por falta de quorum.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez , autora del proyecto.

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señor Presidente, había preparado un discurso para este momento, pero solo quiero que sepan, colegas, que estoy profundamente feliz de que hoy vayamos a pagar una deuda que tenemos con las personas con discapacidad.

Hoy, lamentablemente, tenemos una deuda gigantesca. Es inaceptable que tengamos que presentar un proyecto de ley para que las personas en situación de discapacidad tengan atención preferente. Y esto no es solo para el sector público, sino también para el privado.

Esto se relaciona con aquellas personas que postergan su vida para cuidar a otras en situación de discapacidad, con todas esas madres que cuidan y postergan su vida para cuidar a un hijo postrado, con todas aquellas hijas que se dedican a cuidar a sus padres que se encuentran en situación de dependencia severa.

Valoro profundamente esta iniciativa. Ustedes pueden pensar que se trata de un proyecto simple, pero es tremendamente significativo para las personas que hoy viven en situación de discapacidad.

Es tremendamente importante que avancemos de manera comprometida. Esto tiene que ser un cambio cultural y lo tenemos que hacer entre todos.

La discapacidad no tiene color político. Por eso es que no tengo ninguna duda de que este proyecto será aprobado por la unanimidad de esta Cámara de Diputadas y Diputados. Espero que pronto se transforme en ley.

Este es el último trámite, y hay algo relevante e importante que quería mencionar. Muchos se preguntarán qué pasa si no se cumple lo que establezca la futura ley. Bueno, se hará una denuncia ante los juzgados de policía local, y el que fuere sancionado como autor de un acto u omisión arbitrario o ilegal, en los términos previstos en el artículo 57 de la ley N° 20.422, pagará una multa de 10 a 120 unidades tributarias mensuales.

Por lo tanto, lo importante es que también se fiscalice y que no solo las personas en situación de discapacidad tengan realmente esa atención preferente en el sector público y en el privado, sino también las cuidadoras de personas en situación de discapacidad o de dependencia severa.

Espero sinceramente que este proyecto tan significativo para mí pronto se transforme en ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El diputado SOTO (don Leonardo) .-

Señor Presidente, celebro el avance de este proyecto en relación con el conjunto de normas legales y modificaciones que hemos impulsado a lo largo de los años, para reconocer y responder a las demandas de las personas en situación de discapacidad en nuestra sociedad.

Hace 40 años, las personas en situación de discapacidad prácticamente no existían para el Estado. En muchos contextos estaban relegadas a espacios de escasa visibilidad; no salían a las calles y la ciudad no estaba adaptada para quienes tenían discapacidad física o mental. Sin embargo, la fuerza colectiva de esta realidad nos ha obligado, especialmente al progresismo chileno, a avanzar en distintas leyes que favorecen su inclusión. Recuerdo cuánto costó aprobar la ley de inclusión laboral, que obliga a las empresas con más de 100 o 200 trabajadores a contar con un porcentaje de personas en situación de discapacidad. La Cámara cumple esa obligación desde antes de la existencia de dicha norma.

También hemos visto cómo las ciudades han diseñado sus espacios públicos para adaptarse y cómo el transporte público y el acceso a instituciones se han transformado para garantizar el acceso universal. Son logros colectivos que hemos impulsado con decisión.

Hoy nos enfrentamos a un proyecto de ley, una moción parlamentaria, que busca establecer que las personas en situación de discapacidad tengan derecho a ser atendidas de manera preferente y oportuna en todas las instituciones públicas y privadas. Se trata del trato, de la atención oportuna. En salud, este derecho ya existe, pero ahora se amplía. No solo beneficiará a las personas con credencial de discapacidad, sino también a sus cuidadores y cuidadoras. Esta es una novedad.

Ello obligará a las instituciones privadas a disponer de filas especiales y mecanismos que aseguren el cumplimiento de ese derecho, y, por cierto, también a instituciones públicas. Existirá un mecanismo de control en el ámbito privado, mediante la ley del consumidor, que permitirá reclamar en caso de infracción en megatiendas, supermercados o tiendas de retail. En lo público no hay sanción específica. Por eso espero que los municipios del país establezcan, a través de ordenanzas, el cumplimiento de esta obligación legal a través de normas concretas, aplicando multas a beneficio municipal cuando se infrinja este derecho.

Se trata de un gran avance que respaldaremos y que está en la línea del trabajo que hemos realizado siempre.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, intervendré brevemente.

Valoro esta importante iniciativa. Creo que es un proyecto que apunta en la dirección correcta, pero a la vez genera mucho ruido, pues hemos debido legislar para que las personas con capacidades diferentes tengan atención preferente. Eso debería darse en forma natural, espontánea. Lamentablemente, estamos en una sociedad muy individualista y no actuamos pensando en el prójimo. Eso da cuenta de que no estamos en la mejor de las situaciones respecto de este tema.

Desde 2010 existe la ley de inclusión, que considera muchos aspectos. A las personas con capacidades diferentes se les debe dar una atención preferente, particularmente en el ámbito público, pero muchas veces vemos que el propio servicio público no da cumplimiento a esta norma. Creo que eso es lamentable. El hecho de que el proyecto que se nos propone apunte en esa dirección da cuenta, efectivamente, de que la norma que desde 2010 establece inclusión ha sido letra muerta.

Por eso, Presidente, valoro esta iniciativa y anuncio que la vamos a apoyar con entusiasmo, porque, reitero, creo que apunta en la dirección correcta.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, este proyecto no solo tiene sentido en la letra de la ley, sino que también tiene mucho sentido en la vida cotidiana de miles de familias de nuestro país.

Los que sufren discapacidad y quienes los cuidan han vivido históricamente una invisibilización. No podemos olvidar que más del 90 por ciento de las labores de cuidados recaen en las mujeres, muchas de las cuales viven en sectores rurales, donde las distancias, la falta de transporte y la precariedad de la infraestructura hacen aún más difícil garantizar dignidad y derechos.

Este proyecto da un paso importante. Primero, reconoce la atención preferente y oportuna como un derecho efectivo, con mecanismos para reclamar cuando este no se respeta.

Segundo, reconoce a cuidadoras y cuidadores, sin limitarse a la burocracia que establece el Registro Nacional de la Discapacidad, porque sabemos que en diversas comunas de nuestra región y de todo nuestro país habitualmente se encuentran con trabas y demoras que no pueden esperar.

Tercero, entrega una señal clara: el Estado y la sociedad tienen el deber de garantizar un trato digno a quienes enfrentan más obstáculos.

Pero la ley, por sí sola, no basta. Si no hay fiscalización activa, si no hay una voluntad política para educar y sensibilizar, si no avanzamos en una política integral de cuidados con descanso, con seguridad social y con apoyo real a las familias, vamos a seguir con la deuda.

Desde el espacio que hoy representamos como diputadas y diputados, sabemos lo que significa luchar contra la desigualdad territorial. Quienes vivimos en sectores apartados vemos cómo las familias cuidadoras de personas en situación de discapacidad cargan sobre sus hombros tareas que el Estado aún no asume de manera plena. Porque la letra aguanta mucho, pero, en los hechos, la situación de las familias es bastante precaria. Por eso, este proyecto es un avance. Espero que lo aprobemos todos y todas.

También es una oportunidad para recordar a la extrema derecha su contradicción, porque se suma a iniciativas como esta, pero, de manera sistemática, se opone a reformas sociales fundamentales, como el aumento del salario mínimo y la reforma de pensiones, que también son derechos para las familias y las cuidadoras trabajadoras de nuestro país. En esto quiero excluir a la autora de este proyecto.

Aún queda mucho por avanzar, pero nos ponemos el desafío de dar señales claras. Tenemos la oportunidad de ponernos del lado de la inclusión de las mujeres cuidadoras aprovecho de señalar que el proyecto de ley de cuidadoras está estancado en el Senado y que hay bastantes trabas para que avance-, para que las personas en situación de discapacidad y las familias que sostienen la vida en cada rincón de Chile tengan finalmente dignidad.

Así que vamos a apoyar este proyecto para construir un país mucho más justo e inclusivo.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).

Señor Presidente, la atención preferente y oportuna no es un favor ni un privilegio, sino que es un derecho, es respeto y trato digno. Por eso, valoro este proyecto de ley, porque nos permite avanzar no solo en la voluntariedad o la intención que tienen muchas instituciones, sobre todo privadas, para adoptar mecanismos para darles un paso preferente o una atención preferencial a las personas con discapacidad y a los cuidadores y cuidadoras. Como Estado y como sociedad, también debemos procurar que aquello se garantice.

Tal como señalaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, esto requiere fiscalización y que realmente se cumpla no solo en las instituciones públicas, sino también en las instituciones privadas.

Las personas que viven una situación de discapacidad o tienen alguna discapacidad necesitan optimizar sus tiempos. Como se dice habitualmente, el tiempo vale oro, y ahí no hay diferencias.

Ahora, quiero valorar el trabajo y los cuidados que brindan muchas mujeres, quienes también requieren tener más tiempo para ejercer esa labor de cuidados.

Por último, quiero reconocer a todas aquellas personas con discapacidad, pero sobre todo a aquellas que luchan por la inclusión, en especial, en la Región de Los Ríos, como Verónica Lovera , quien es la presidenta del Consejo Comunal de la Discapacidad de Valdivia. Ella tiene la máxima aspiración de lograr la verdadera inclusión. Es una mujer luchadora y resiliente, a quien conozco desde hace más de treinta años, desde que éramos adolescentes. Ella siempre ha sido así: comprometida con su trabajo desinteresado y con su lucha por lograr una inclusión verdadera, con respeto y dignidad para las personas en situación de discapacidad y también para quienes los cuidan, para quienes se preocupan por ellos y ellas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Estimados colegas, no se aprobó el cierre del debate, porque no hubo quorum.

Nos demoramos en dar el resultado con el señor Prosecretario, precisamente, porque estábamos esperando que hubiera más votos. Como se me pidió que diéramos el resultado, no pudimos seguir esperando.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero hacer una consulta a la Secretaría.

¿Cómo se puso en votación el cierre del debate si no había quorum en la Sala?

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, este es un proyecto que todos vamos a aprobar, pero la verdad es que a veces no vemos el trasfondo de la iniciativa. Se trata de una cuestión que casi no nos deberíamos preguntar, porque en una democracia consolidada como la nuestra debería ser una práctica común la preferencia para aquellas personas que tienen alguna dificultad, como lo señala este proyecto, para que tengan igualdad de oportunidades e inclusión las personas con discapacidad.

Pero el hecho de fondo es que el sistema público de salud no está funcionando por una serie de razones. Finalmente, tenemos que ir legislando tipo patchwork, de a pedacitos.

Lo normal sería que, en un país que tiene una red asistencial como la de Chile, que tiene hartos hospitales, que tiene buena infraestructura en general, se atendiera a todas las personas, pero aquí tenemos listas de espera eternas.

Solo por dar un número: en la Región de La Araucanía, que tiene más o menos un millón de habitantes, hay 300.000 personas en lista de espera.

En consecuencia, lo que va a ocurrir es que esto será letra muerta, porque las personas con discapacidad naturalmente deben tener la prioridad -estamos en eso y lo vamos a aprobar-, pero tampoco van a llegar a tiempo, porque, en definitiva, las listas de espera son eternas. Eso ocurre porque el sistema no funciona: no ha funcionado en este gobierno ni en los anteriores, puesto que tenemos un problema de fondo.

¿Cuáles son las prioridades que hoy tenemos como país, como Estado? Parece que las prioridades no son ni la salud ni evitar que la gente muera, porque la gente fallece esperando que avance la lista de espera. Lo que ocurre permanentemente es que, después de dos o tres meses del fallecimiento de una persona, o incluso uno o dos años después, le comunican a su familia que está lista la hora para atenderse, en circunstancias de que el paciente ya murió. Naturalmente, las familias sienten molestia, frustración, rabia e injusticia. Esto demuestra lo ineficiente que es el Estado, la falta de Estado. A mi juicio, el Estado no funciona en casi nada.

En este sentido, lo que hace este proyecto de ley es poner de manifiesto la falta y el problema estructural que tiene el Estado. Si no crecemos al 4 o 5 por ciento, no tendremos suficientes recursos. Además, tenemos infraestructura, pero también un problema de funcionamiento y de funcionarios. Esa es una queja permanente, sobre todo de las personas con discapacidad, que ojalá siempre deben ser atendidas de forma inmediata; pero eso no va a ocurrir.

Vamos a sacar adelante este proyecto, pero finalmente no vamos a avanzar mucho más, porque, más allá de que tengan prioridad, no van a ser atendidas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, hablar de discapacidad en Chile es hablar de desigualdad.

En mi Región de Arica y Parinacota casi 20.000 personas viven con alguna discapacidad; pero detrás de cada cifra hay una vida, una familia, un cuidador o una cuidadora. Muchas veces hay una madre, que sacrifica todo por el bienestar de un hijo o una hija. La verdad es que el Estado les ha dado la espalda durante demasiado tiempo.

¿Saben lo que significa para una persona en silla de ruedas esperar horas en una fila interminable, o para una madre cuidadora que dejó su trabajo, que vive en la pobreza de tiempo, perder horas valiosas en un trámite que podría resolverse en minutos? Esa espera no es burocracia, es indiferencia convertida en dolor.

Por eso este proyecto es urgente, porque consagra algo tan básico como el derecho a una atención preferente y oportuna; porque establece claramente que quien discrimine a una persona con discapacidad o a su cuidador o cuidadora estará cometiendo un acto inaceptable, sancionable y que este país ya no tolera.

Quiero ser claro: esto no es un privilegio, no es un trato especial, sino justicia. Es justicia para quienes han sido históricamente relegados, invisibilizados e ignorados por un sistema que nunca pensó en ellos.

Señor Presidente, cuando una sociedad decide poner primero a quienes más lo necesitan, aquella se engrandece. Hoy podemos elegir ser un país más humano, más justo y más digno. Quiero dejar claro que en este Congreso Nacional no hay espacios para la indiferencia. La discapacidad no puede seguir esperando.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, este proyecto es tremendamente valioso. Qué bueno que hoy nos podamos hacer cargo de una situación que todos los días nos demandan en nuestros territorios.

El hecho de otorgar prioridad a personas con discapacidad en la atención de servicios públicos es algo que pareciera ser de sentido común, pero se siguen generando discriminaciones. Quiero poner énfasis en algo que pocos días atrás me decían en un club de discapacitados en la comuna de Chañaral: “Diputada, pareciera ser que hoy día la norma efectivamente te tiene que dar una atención preferencial”. Pero, muchas veces, quienes cumplen un rol como funcionario o trabajador de atención a esa persona son los que miran hacia el techo, no cumplen precisamente con ese objetivo y, a veces, van un poco más allá. No solo no se les da prioridad, sino que, incluso, se les ocasiona un maltrato.

No quiero generalizar. Sé que hay muchos funcionarios con los que da gusto ir a atenderse, porque tienen esa capacidad y simpatía, o habilidad blanda, como se denomina, para dar un buen trato; pero hay otros que de verdad da rabia e indigna su poca tolerancia, quienes dan un trato vejatorio, que deja mucho que desear.

En ese sentido, valoro a los mocionantes del proyecto de ley, porque no solo se establece esta priorización, sino que también se realizan acciones y se adoptan medidas contra quienes finalmente no cumplen este objetivo.

Ojalá que más temprano que tarde seamos capaces de tener ese Chile inclusivo, ese Chile solidario, ese Chile en el que todos y todas se traten de la misma forma y en el que el Estado tampoco esté ausente y más bien tenga las herramientas y las condiciones para ofrecer también un buen trato, que es lo que se merecen todos los chilenos y las chilenas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que deroga el artículo 114 de la Ley de Tránsito, que regula el sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes en los caminos públicos (boletín N° 16346-15).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada parlamentario que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones el diputado Felipe Camaño .

Antecedentes:

-Moción, sesión 89ª de la legislatura 371ª, en miércoles 11 de octubre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 26.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 9ª de la presente legislatura, en lunes 7 de abril de 2025. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CAMAÑO (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley que deroga el artículo 114 de la Ley de Tránsito, que regula el sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes en los caminos públicos (boletín N° 16346-15), iniciado en moción patrocinada por el diputado señor Jaime Mulet , en primer trámite constitucional, sin urgencia.

Constancias previas

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en derogar el artículo 114 del DFL N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

La iniciativa no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado, y sus disposiciones no requieren ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor la diputada Emilia Nuyado y los diputados Fernando Bórquez , Félix Bugueño , Cosme Mellado y Jaime Mulet ; votó en contra el diputado Juan Irarrázaval . Se abstuvieron los diputados Leonidas Romero y Jaime Sáez .

Discusión general

Se explicó que el propósito del proyecto de ley no es eliminar el sistema de concesiones ni los telepeajes, como podría haberse interpretado. Su real sentido es eliminar la sanción contemplada en el artículo 114 de la Ley de Tránsito, que penaliza a aquellos que transitan sin portar el dispositivo TAG, por cuanto tal sanción es asimétrica y fue impuesta por el Estado de manera injusta, resultando en una penalización desproporcionada en comparación con otras infracciones de tránsito.

Se criticó duramente la implementación del sistema de concesiones, particularmente en áreas urbanas, argumentándose que cuando se introdujo la infraestructura vial concesionada se prometió una reducción significativa de las congestiones vehiculares y una mejora en la fluidez del tránsito; empero, tales promesas no se han cumplido. En lugar de disminuir las congestiones, estas se han multiplicado, especialmente en horarios críticos, lo que contradice los objetivos originales del sistema. Se agregó que esta situación ha generado una gran frustración entre los usuarios, quienes se ven atrapados en interminables atascos a pesar de pagar altos costos por el uso de estas vías.

Se hizo hincapié en el incremento sostenido y significativo en el costo del peaje urbano desde la implementación del sistema de telepeaje, precisándose que el valor del peaje se ha incrementado en 250 por ciento en términos reales desde que se inició el sistema, un aumento que se atribuyó al reajuste anual del 3,5 por ciento del IPC que estuvo vigente hasta el 2019 o 2020. Este incremento no solo ha encarecido significativamente el costo de vida para quienes dependen de estas vías, sino que también ha traicionado la promesa inicial de mejorar la infraestructura vial urbana sin imponer cargas excesivas a los usuarios.

Se expresó una profunda preocupación por la falta de transparencia en la gestión de las empresas concesionarias, especialmente en lo que respecta a su rentabilidad. Se indicó que, aunque estas empresas tienen derecho a obtener retornos por su inversión, la opacidad con la que operan impide que el público y el Estado realicen una evaluación adecuada de su rentabilidad. Además, se sugirió que el Estado podría haber cometido un error al otorgarles beneficios y reajustabilidades sin una supervisión más estricta, lo que ha permitido a estas empresas operar con un margen de beneficio que podría no estar justificado por los servicios que prestan.

Se hizo presente la preocupación en cuanto a la sanción del artículo 114 de la Ley de Tránsito, dado que sería desproporcionada y no se justifica dentro del marco general del sistema de multas establecido por la Ley de Tránsito. Esta se habría implementado principalmente para garantizar el pago a las concesionarias, más que para mejorar la seguridad vial o el bienestar de los usuarios. La medida es un ejemplo de cómo el sistema actual favorece a las empresas concesionarias en detrimento de los ciudadanos, quienes deben asumir el costo de las multas injustificadas.

Además, se destacó el impacto negativo que el sistema de concesiones y las multas asociadas tienen sobre los pequeños empresarios, especialmente en aquellos del sector del transporte, como taxistas y conductores de vehículos de transporte de carga. Estos trabajadores, que ya enfrentan márgenes de ganancias ajustados, se ven obligados a pagar altos costos por peajes y multas, lo que complica su capacidad para operar de manera sostenible. Este impacto no solo afecta a los individuos, sino que también tiene un efecto negativo en la economía en general, ya que estos trabajadores son parte esencial del sistema de transporte del país.

Ante los problemas identificados, se sugirió que el Estado debe revisar su política de concesiones, especialmente cuando los supuestos y proyecciones iniciales resultan equivocados. Se comparó la situación con el caso del Transantiago, en el que el Estado tuvo que intervenir y corregir errores del sistema. Una revisión similar es necesaria en el contexto de las concesiones viales urbanas, para asegurar que los objetivos originales del sistema se cumplan y que los usuarios no sean perjudicados por decisiones políticas o económicas mal fundamentadas.

Por último, se reiteró que el proyecto de ley busca eliminar una multa que se considera injusta y desproporcionada, con el objetivo de corregir una anomalía en el sistema de concesiones que ha perjudicado a los usuarios de manera significativa; que tal iniciativa de ley mantiene su relevancia y urgencia, y que el Estado tiene la responsabilidad de actuar en beneficio de los ciudadanos, eliminando sanciones que no se justifican desde una perspectiva de justicia y equidad.

Discusión particular

Durante la discusión particular del proyecto, se aprobó por mayoría de votos una indicación copatrocinada por los diputados Jaime Mulet y Felipe Camaño , que suprime la parte que remite a la sanción de tipo pecuniario o infraccional contenida en el artículo 114 del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

Votaron a favor la diputada Emilia Nuyado y los diputados Carlos Bianchi , Fernando Bórquez , Félix Bugueño , Cosme Mellado , Jaime Mulet y Leonidas Romero . Lo hicieron en contra los diputados Juan Antonio Coloma y Juan Irarrázaval .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario de Obras Públicas, señor Danilo Núñez ?

No hay acuerdo.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, respecto de este proyecto se ha hablado mucho. Por eso, lo primero que quiero precisar con mucha claridad es que hay que entender primero qué pasa cuando una persona circula sin el dispositivo TAG o cuando no lo ha pagado y este se encuentra deshabilitado.

En tales casos, esa persona está obligada a pagar los pórticos que utiliza dentro de las vías concesionadas, pero además se le aplica una multa adicional de 1 UTM por cada día que circule sin el dispositivo TAG o con el dispositivo deshabilitado.

Lo que buscamos con este proyecto de ley no es eliminar el TAG, ni dañar a las concesionarias, sino evitar el pago de una multa excesiva: que se elimine la multa, es decir, la infracción a la Ley de Tránsito por no usar el dispositivo; nada más y nada menos que eso.

De manera que, si una persona circula sin el dispositivo TAG, igual tiene que pagar por usar la vía. Y no solo eso, porque la ley contempla dos o más sanciones a las personas que no usan dispositivo. No solo es la multa que establece la Ley de Tránsito, que buscamos derogar con este proyecto, sino que, además, se propone que el concesionario, que tiene derecho a cobrar por el uso del TAG, lo pueda hacer en un juicio abreviado o en un juicio ejecutivo especial ante el juzgado de policía local correspondiente.

En la actualidad se debe pagar el TAG, reajustado, y las multas o los intereses penales respectivos, reajuste en el que se aplican los intereses máximos convencionales, y no cualquier tipo de interés. O sea, están sancionando por todas partes. Además, cuando la concesionaria cobra el TAG reajustado, con intereses penales, con el máximo convencional, el juez puede quintuplicar el valor de lo cobrado o establecer que el cobro sea quince veces superior al valor cuando la persona es reincidente.

Ese procedimiento no lo tocamos, queda igual, lo que se establece en el artículo 42 de la ley de concesiones de obras públicas, en el que se señala, con claridad, el procedimiento para cobrar. Lo que busco eliminar es este procedimiento extraordinario, mediante el cual el Estado da una atribución, un beneficio especial, a las concesionarias, para que, si no se usa ese dispositivo, por el que además hay que pagar un costo de arriendo, pueda solicitar el pago de una multa de 70.000 pesos diarios, multa que se transforma en incobrable.

Muchas veces me ha tocado ver -por eso, entre otras cosas, he inspirado este proyecto de ley- que gente que viene del norte o del sur pasa por las autopistas, por ejemplo, la Autopista Central, y no tiene idea, no sabe, no se le notifica. Muchas veces la gente no tiene el dispositivo, por lo que simplemente pasa, pasa de nuevo o viene a Santiago dos o tres días y, en tres días, tiene 210.000 pesos de multa, más intereses, más reajuste, y no tiene idea de ello.

Además, hay otro procedimiento que beneficia a las concesionarias -uno más-: cuando uno va a renovar el permiso de circulación, si debe TAG, no le entregan el permiso de circulación. O sea, tiene una cuarta cortapisa o fórmula para que se pague el TAG o el valor de los pórticos.

Por eso buscamos eliminar uno de los mecanismos. Espero que quienes están en contra de este proyecto de ley, porque muchas veces no entienden todos los dispositivos que existen para garantizar el cobro, si se hace bien, entiendan que no buscamos dañar o eliminar el sistema de concesiones. No. Buscamos eliminar una multa injusta que, además, es desproporcionada.

Hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en diversas materias en nuestro país, que establecen que las sanciones, incluso las administrativas, como esta, o infracciones menores o faltas, tienen que ser proporcionales. Si hoy tú no usas el dispositivo en un pórtico de mil pesos, podrías terminar pagando setenta mil pesos. ¡Setenta veces más que el monto original!

Aquí hay una desproporción que se tiene que corregir, y una de las fórmulas para corregirla es eliminar esta multa. Hay varias sentencias en ese sentido; incluso, se beneficiaron deudores grandes con ese mismo principio ante el Tribunal Constitucional.

Lo que buscamos es eliminar uno de los cuatro dispositivos que tienen las compañías concesionarias para cobrar las deudas, para proteger a los…

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, solicito que nuevamente recabe la unanimidad de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario de Obras Públicas. La ministra está en la inauguración del aeropuerto.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Recabo el asentimiento de la Sala para acceder a lo planteado por el diputado Alberto Undurraga .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga para referirse al proyecto.

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, el sistema de concesiones en infraestructura pública ha permitido la construcción y mantención de infraestructura que no podría haber sido realizada con fondos públicos del Estado: en carreteras, en aeropuertos, en cárceles, en hospitales, en embalses, entre otro tipo de infraestructura.

De la misma forma, otras leyes similares han permitido inversión en puertos y en el sector sanitario. Esta práctica ha cambiado el paisaje, la calidad de servicios y la productividad en el país.

Asimismo, ha liberado recursos para caminos básicos, para la red secundaria, para inversión en las ciudades, en la mirada del sector. En la mirada más amplia, ha liberado recursos para la salud, para la educación, para pensiones, para el gasto social en general.

El concepto de fondo es desarrollar el país con asociación público-privada, y esto, por supuesto, requiere reglas ambientales, asegurar la pertinencia de las obras que se construyen, normas laborales, normas que aseguren el servicio adecuado a los usuarios y, por supuesto, también, una justa retribución a quien invierte.

He sido ministro de Obras Públicas y, en términos generales, puedo señalar que esto ha funcionado y debemos cuidarlo. Por eso, debemos oponernos al actual proyecto de ley y rechazarlo.

Si una obligación no tiene sanción, no es obligación, y si la obligación es pagar, tiene que haber multa por no pagar. Si la multa se considera demasiado alta, se puede revisar, se puede discutir, pero eliminarla es una mala idea, por varias razones.

Es una mala idea porque es injusta para quienes cumplen y pagan; es una mala idea porque dificulta nuevos proyectos de asociación público-privada, y también es una mala idea porque bajará la calidad del servicio en las actuales autopistas. Volverán, donde se pueda, las casetas e, incluso, dentro de la ciudad, se pondrán barreras, lo que afectará a todos los usuarios.

Por eso, llamo a esta Sala a rechazar este proyecto: si queremos cuidar la asociación público-privada y beneficiar a los usuarios, tenemos que rechazar el proyecto que se nos propone.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Solicito la unanimidad de la Sala para acceder a la propuesta planteada por el diputado Irarrázaval .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, nosotros levantamos -agradezco a todos los parlamentarios que le dieron respaldo- una comisión investigadora sobre los contratos que se habían dado con las autopistas, específicamente respecto del TAG, de la renovación de los contratos.

Lamentablemente, no se ha alcanzado la cantidad necesaria de firmas porque, por alguna razón, al parecer, no queremos meternos en este tema o no se quiere profundizar demasiado en él.

Después de haber recibido una serie de antecedentes, estaría incluso tentado a votar a favor de esta norma, pero no por ayudar a las autopistas o a las concesionarias, sino para que, de una vez por todas, se sincere lo que ha hecho el Estado con las renovaciones de contratos.

En las renovaciones de contratos, el Estado de Chile ha obligado a las autopistas a pagar nuevamente las obras ya construidas. ¡Es por eso que no bajan los valores del TAG! En la práctica, han transformado las concesiones de carreteras en un asalto a mano armada, donde el Estado, a través de las concesionarias, recauda impuestos sin haber pasado por el Congreso Nacional. ¡Y a nadie le importa que no haya pasado por el Congreso Nacional!

La inmensa mayoría del dinero que se recauda hoy día, especialmente en los contratos que se han renovado, va al fisco a través de una sociedad anónima -ni siquiera directamente a la Tesorería- que no es fiscalizada por nadie, porque no pasa por la Contraloría ni tampoco es fiscalizada por el Congreso Nacional.

¡Esto hay que decírselo a los ciudadanos, para que lo sepan! Cuando se renovaron las concesiones de las autopistas, el fisco volvió a venderles las carreteras, obligó a las concesionarias a pagar de nuevo el valor de las carreteras, y las concesionarias lo están pagando a través de lo que le cobran a la gente con el TAG. Esa es la verdad, la sucia verdad que se ha ocultado a lo largo de todos estos años. Es responsabilidad del fisco, y de la mano de eso se subsidia -se dice- el Transantiago.

Entonces, uno está tentado a votar a favor de este proyecto cuando vemos cuentas del TAG de 300.000 pesos a una persona que circula por Santiago, en circunstancias de que el sueldo mínimo es de 500.000 pesos. Entonces, uno se pregunta si el sistema entero no ha sido transformado nada más que en una forma de ordeñar a los ciudadanos, en este caso a los conductores, para mantener un sistema que, en sí mismo, nunca debió haberse implementado, como es el Transantiago, y después su fondo espejo.

¿Vamos a investigar sobre eso? ¿Qué les parece? Me faltan un par de firmas para la creación de una comisión investigadora. Todavía estoy esperando firmas para crear la comisión investigadora. Muchos colegas ya han puesto su firma -muchas gracias, diputada Camila Musante -, pero aún nos faltan algunas. Tenemos que hacernos cargo de la situación para que no tengamos que seguir preocupándonos de un detalle, y digo que es un detalle porque, a la hora de los quiubos, a la hora de lo que realmente impacta en el bolsillo de la gente, debemos hacernos cargo de que los valores que se están cobrando no son los que se suponía que se iban a cobrar.

Aquí se ha defraudado la confianza pública en lo que era el sistema de concesiones, pues el Estado, a espaldas de la ciudadanía y a espaldas del Congreso, ha transformado el sistema de concesiones en un sistema de recaudación fiscal.

Eso, damas y caballeros, es absolutamente inaceptable. Puede que la prensa no lo tome en consideración, puede que no lo levanten en la opinión pública, porque es demasiado desagradable pensar en esto o en renunciar a los más de mil millones de dólares que, probablemente, se están recaudando ahí. Es hora de que la gente sepa por qué está pagando lo que está pagando en las carreteras.

Respecto de este proyecto, no son las concesionarias, no son las empresas privadas, las que han causado esto; es el fisco.

Me voy a abstener, pero seguiré buscando que se aclare toda esta situación.

Hagamos las reformas de fondo que corresponden para dejar de sobrecargar a nuestros ciudadanos, quienes no se merecen este nivel de engaño.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señor Presidente, digamos las cosas como son: los chilenos están cansados, agotados, de ser abusados por parte de las empresas concesionarias de las autopistas, porque terminan pagando 20 o 30 veces el valor del TAG en multas.

Conocimos en la Cámara de Diputados el caso de una persona que trabaja en arriendo de camiones y que todo su patrimonio es inferior al monto total de las multas e intereses que debe pagar por concepto de TAG. Es un abuso al que tenemos que ponerle freno.

Hablemos un poquitito de las ganancias de las empresas que se ganan las concesiones de las autopistas en Chile. Entre los años 2003 y 2014, alcanzaron utilidades por más de 3.000 millones de dólares. ¿Eso se ve reflejado en una mejora de las autopistas? ¿Se ve reflejado en las rutas en la construcción de salidas alternativas y de más medidas de seguridad?

Al parecer, las cámaras de televigilancia solamente sirven para poder cobrar el TAG, porque no funcionan a la hora de cumplir un rol en materia de seguridad. Las concesionarias no se coordinan con las autoridades locales, con carabineros, con los municipios, para alertar sobre la actuación del crimen organizado y evitar los delitos. Hemos visto a delincuentes recorrer ocho comunas por las autopistas. ¡Ahí parece que las cámaras de seguridad de las empresas concesionarias de las autopistas no funcionan!

Uno entiende la indignación de los usuarios de las autopistas, porque hay compromisos que se asumen por parte de las empresas, pero que no se cumplen.

Quiero poner un ejemplo que ya he mencionado en otras ocasiones en este hemiciclo. Me refiero al caso de la empresa Sacyr , que tiene la concesión de la ruta 78 y de la carretera de la fruta, la ruta 66, donde se han comprometido salidas alternativas, pero no ha cumplido, por lo que, en caso de accidentes, las ambulancias han debido ingresar contra el tránsito. Tampoco se han construido barreras de contención del ruido para las escuelas. La gente tiene que pagar por cinco kilómetros transitados un TAG de 2.000 pesos. También hay verdaderas bocas de lobo en algunos tramos porque no se han desarrollado los proyectos de iluminación comprometidos.

Solicité la creación de una comisión investigadora para indagar por qué hay empresas concesionarias a las que se le otorgan hasta el año 2060 la concesión de una autopista, en circunstancias de que tienen antecedentes de que no cumplen con sus compromisos e, incluso, tienen condenas a nivel internacional, como sucede con la empresa a la que he hecho referencia. Eso es inaceptable.

Nosotros, como diputados, tenemos que investigar por qué se le siguen otorgando las concesiones a este tipo de empresas y qué tipo de intereses ocultos hay detrás.

Quienes son abusados hoy día por un cobro excesivo del TAG, por tener que pagar intereses y multas son la gran mayoría de los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para votar hoy el proyecto en discusión?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, pido a mis colegas que nos pongamos serios en este debate.

El lunes discutíamos cómo sancionar la evasión en el transporte público y hoy estamos revisando un proyecto que, en la práctica, abre la puerta a propiciar la evasión, al eliminar sanciones.

Este proyecto es comparable a aprobar el voto obligatorio sin multa, pues, sin sanción, la obligación se transforma en una mera sugerencia. Lo mismo ocurrirá con el porte del dispositivo electrónico de peaje.

Si eliminamos las multas, lo único que lograremos será fomentar la evasión, obligar a las concesionarias a reinstalar pórticos manuales, con todo lo engorroso que ello implica y, en última instancia, poner en riesgo el financiamiento de las rutas. Eso además debilita la confianza de los inversionistas que hoy participan en proyectos de infraestructura esenciales para nuestro querido país.

Recordemos que, actualmente, el Ministerio de Obras Públicas está concesionando obras viales, portuarias, hidráulicas y aeroportuarias por casi 17.000 millones de dólares.

La seriedad y las confianzas son condiciones básicas para que estas inversiones sigan llegando y se concreten.

Si lo que realmente buscamos es responder a la demanda ciudadana respecto del alto costo de los peajes, ello no se logrará eliminando sanciones. Lo correcto sería impulsar un acuerdo para solicitar al Ministerio de Obras Públicas y al Consejo de Concesiones medidas serias, como ajustes o beneficios tarifarios con reglas claras, no favoreciendo a un pequeño grupo que hoy incumple la ley.

Colegas, reitero, trabajemos con seriedad. No confundamos a la ciudadanía con proyectos que solo buscan aplausos fáciles, pero que, en la práctica, no resuelven el problema de fondo y ponen en riesgo un modelo de concesiones que ha trascendido gobiernos de distintos colores políticos por más de treinta años. Ese modelo ha permitido dotar al país de infraestructura vial, ha impulsado el crecimiento económico, ha mejorado la conectividad y ha generado miles de empleos directos e indirectos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, entre ayer y hoy hemos sido testigos de una nueva chapucería de esta Cámara. En contra de lo que se enseña en cualquier clase de primer año de Derecho, hoy tenemos legisladores que creen que pueden existir obligaciones sin sanciones. Con deshonestidad desvergonzada, quieren eliminar una obligación sin atreverse a decirlo derechamente.

Hoy, quienes voten a favor desde el oficialismo -también desde la oposición-, lo harán en abierta contradicción con lo señalado por su propio gobierno, a través del director general de concesiones, los ministros y el subsecretario.

El proyecto propone eliminar la sanción para quienes circulen por las autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico de cobro, el bien conocido TAG. Una vez más, la creatividad de quienes en plena campaña electoral prometen el cielo y las estrellas, solo genera daño con sus medidas populistas, porque lo que hace este proyecto en los hechos es premiar al pequeñísimo grupo de personas que no cumplen la norma -apenas un 3 por ciento de los usuarios-, a costa de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que sí pagamos nuestros peajes, que sí cumplimos con la ley, que sí cumplimos con este pago, con lo cual financiamos el uso y el mantenimiento de nuestras carreteras.

El principio que sustenta el sistema es sencillo: quien usa, paga. Si eliminamos esa regla, lo que generaremos será una desigualdad evidente. Algunos usarán la infraestructura sin pagar, mientras los demás deberemos seguir haciéndolo, cargando con el peso de financiar un bien común y, además, con el gasto de quienes no cumplen. En suma, quieren repetir el desastre que vivimos con el Transantiago.

Celebraría si los diputados que votaron a favor esta moción en la comisión nos trajeran propuestas serias para mejorar el sistema, perfeccionar los mecanismos de cobro, hacer más transparentes los contratos de concesión, revisar las tarifas, mejorar la infraestructura y la conectividad; pero venir con un proyecto de este tipo, del estilo “imprimamos más billetes para tener más plata”, “eliminemos la UF”, es -hay que decírselo fuerte y claro a toda la ciudadanía- una frivolidad y una irresponsabilidad alimentada únicamente por el deseo de cosechar votos fáciles.

Cuando se pone por delante el interés individual o electoral de parlamentarios-candidatos por sobre el interés general de la población, eso tiene un nombre y se llama conflicto de intereses, pero también falta de probidad y populismo.

Derogar el artículo 114 no resuelve los problemas reales en torno al TAG, como la necesidad de modernizar el sistema o hacerlo más accesible. Al contrario, abre la puerta a más incumplimiento, más desigualdad y a una peligrosa sensación de impunidad frente a quienes deciden no respetar la ley.

Este proyecto no aporta a un Chile más justo, ni siquiera más ordenado. Es un eslabón más en la larga cadena de iniciativas populistas que nos tienen como nos tienen: un país sin certeza jurídica para la inversión, con una clase política sin credibilidad y con las necesidades reales de la gente permanentemente postergadas.

Aquí lo importante es el voto que van a recibir algunos como consecuencia del populismo, no solucionar los problemas de las personas. Es por eso que votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Me han solicitado volver a pedir la unanimidad.

No hay unanimidad.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra expresó una serie de insultos y epítetos de la más baja calidad. Nunca en este Congreso he escuchado referirse de esa manera al autor de un proyecto de ley -soy uno de ellos-, en este caso, uno que busca defender a los usuarios de las autopistas.

El señor Francisco Undurraga me ha insultado. Le pido, señor Presidente, que retire las expresiones que vertió. Soy autor de un proyecto admisible, que no se ha discutido y que busca defender a los usuarios frente a una situación extremadamente abusiva que sufren miles y miles de chilenos. Por eso, exijo que se retiren sus palabras y que el señor Francisco Undurraga me deje hablar.

(El diputado Francisco Undurraga interviene fuera de micrófono)

¡Que me deje hablar! ¡Ahora el señor Undurraga no me deja hablar!

Señor Undurraga , déjeme, por favor, defender mi honra respecto de un proyecto de ley legítimo, legal y constitucional.

¡Eso no se hace! Por eso pido expresamente que se retiren las expresiones, señor Presidente.

El señor CASTRO (Presidente).-

Después de la intervención del diputado Sánchez , no habrá más puntos de Reglamento. Es el último. Luego, daremos por cerrada esta controversia, la que será analizada por el señor Secretario.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el señor Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, le quiero pedir que haga valer el Reglamento. Se le ha dado la palabra al diputado Mulet por el artículo 33 para que plantee un punto de Reglamento, pero ello es completamente irregular y no corresponde. Así no se hace esto. A todos se nos dice que debemos presentar una solicitud por escrito y que la misma opera al día siguiente, pero aquí al diputado Mulet se le permitió hablar un minuto y medio por el artículo 33, en circunstancias de que ello no corresponde.

Lo que quiero pedirle, Presidente, es que le dé la palabra al diputado Francisco Undurraga . Aquí se permitió que el diputado Mulet hiciera sus descargos inmediatamente. En adelante, pido que se haga valer el Reglamento, que el uso del artículo 33 se pida por escrito y que la réplica opere al día siguiente.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Secretaría me dice que se otorgó la palabra en virtud del artículo 90, no del artículo 33. Hubo una equivocación.

Diputado Undurraga , ¿usted va a invocar el artículo 90?

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, por su intermedio, no directamente -es lo que se acostumbra en esta instancia, pero ello no se hizo anteriormente-, lamento profundamente que el diputado Mulet me impute que le habría faltado el respeto.

Si faltar el respeto es criticar un proyecto de ley que produce incerteza jurídica; si faltar el respeto es calificar algo real, esto es, que el proyecto es populista, que busca votos más que solucionar un problema, acepto las imputaciones que me hace el diputado Mulet .

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Entonces, falta que intervengan cuatro diputados para que puedan solicitar el cierre del debate.

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, ¿por qué alguien que hoy no paga el TAG tiene una multa como sanción aparte? Lo pregunto, porque las carreteras están concesionadas a empresas privadas, como Falabella. Cuando alguien se atrasa en pagar a Falabella, le cobran la deuda con los intereses, los reajustes y los gastos de cobranza, pero no le aplican una multa de parte del Estado. El Estado no ayuda a Falabella a hacer la cobranza. Entonces, este proyecto es del todo razonable.

¿Por qué, además de tener que pagar el TAG -porque van a tener que pagarlo atrasado o no-, los reajustes, los intereses y los gastos de cobranza, se sanciona con una multa de parte del Estado por una infracción grave? Eso es un abuso. Por eso, es del todo razonable que esa multa no esté establecida.

Quiero recordarles que hicimos una modificación legal en el período anterior, porque cuando alguien pasaba sin TAG, le cobraban una multa en cada comuna por donde pasó. Si pasaba por Américo Vespucio , ¡vaya que eran bastantes multas! En esta misma Sala había personas que tenían cinco multas de una sola vez por haber pasado sin TAG o con el TAG desactivado o con algún desperfecto.

Hay muchas personas de regiones que no tienen TAG, que van a Santiago en esta condición -no de mala fe- y que han sido multadas.

Ustedes dirán que los que vivimos en regiones somos despistados o somos sureños, pero les quiero recordar que hay muchos santiaguinos que, cuando van de paseo al sur, se meten en contra del tránsito. Entonces, errar es humano. Es injusto que, además del valor del peaje y de los gastos de cobranza, se cobre esta multa por parte del Estado por una infracción de tránsito grave. Por supuesto, a las concesionarias les sirve.

Ahora, no puedo continuar mi intervención sin referirme al fondo. Tal vez, en algún momento este país no tuvo los recursos para hacer ciertas obras, como, por ejemplo, en nuestra región, la ruta del Itata, pero la hemos pagado durante treinta años. ¿Quieren que la paguemos por treinta años más? ¿No será demasiado?

Todas las utilidades de las empresas concesionarias se van. Por último, si hay que pagar peaje, ¿no sería más inteligente que se le pague al Estado? ¿Cuántos kilómetros están concesionados? Está concesionada una parte menor de los kilómetros pavimentados en Chile. La gran mayoría de los kilómetros pavimentados en Chile los mantiene la Dirección de Vialidad con fondos del Estado, en donde no es rentable, porque en donde es rentable ahí sí que están los privados.

Acabo de firmar la solicitud de creación de una comisión especial investigadora que propuso el diputado Johannes Kaiser para analizar las concesiones. Es un gran negocio, pero no lo vendan como algo tan positivo en este país, porque puedo entender que haya un peaje para ir de una ciudad a otra en una carretera que no estaba y ahora sí está, y que el Estado no podía y ahora sí puede, pero no por sesenta años.

Ahora, no puedo entender ni aceptar que la gente tenga que pagar peaje para ir a trabajar o a estudiar, porque eso sí es discriminatorio.

Yo voy a votar a favor este proyecto, porque creo que las concesionarias tienen las espaldas suficientes para salir a hacer la cobranza y no necesitan que, además de la cobranza, el Estado aplique una multa a la gente,

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, quiero basar mi intervención en dos puntos. El primero es la importancia del sistema de concesiones en nuestro país, porque, sin duda, ha sido un aporte. Tenemos más desarrollo y autopistas medianamente modernas, con sus problemas, sus fortalezas y sus debilidades. Aquí se ha explicado mucho ese tema. Las renegociaciones con el Estado en el tema de los contratos incluso son casos de estudio en el ámbito académico.

Para qué decir las situaciones que falta ejecutar. Por ejemplo, en el caso de las autopistas que fracturan las comunas, impidiendo la interconexión de los vecinos de una misma comuna de un lugar a otro; la falta de pasarelas, la falta de iluminación, la falta de seguridad con el aumento de la delincuencia y la falta de dispositivos y mecanismos que aseguren una ayuda a las policías en la persecución de los delitos. Ese punto no tiene nada que ver con el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo ni con el argumento de cuánto se han enriquecido las concesionarias y todo eso, porque este proyecto se trata de otra cosa.

Cuando compro un vehículo tengo la libertad de ponerle un dispositivo TAG o no -no es una obligación ponerle ese dispositivo al vehículo-, puedo transitar por todas las calles de la comuna o de la ciudad sin usar las vías concesionadas y no voy a tener ningún problema. Sin embargo, si entro a una autopista concesionada, me van a cobrar una multa por no tener el dispositivo.

Tal como señaló el diputado Félix González , si la empresa tiene un departamento de cobranzas para perseguir al deudor -aunque puede comprar el pase diario y se libra de esa situación- y este cae en morosidad con esa empresa, con todo lo que viene después, ¿por qué el Estado adicionalmente tiene que cobrar una multa, en circunstancias de que se tiene la libertad de poner o no al vehículo el dispositivo y de circular por todo Santiago? Lo encuentro injusto, y no soy populista al decirlo. A mi modo de ver, si la empresa tiene una operación de cobranza en mi contra por no haber tenido el TAG para usar la autopista, es una injusticia que el Estado me cobre una multa, porque es un perjuicio adicional. Más encima, si no he pagado la multa del Estado, el próximo año no puedo renovar el permiso de circulación. ¡Peor aún!

Por eso, voy a votar a favor este proyecto, pero no es porque esté en contra de las concesionarias y del sistema de concesiones, que me parece fundamental, porque ha sido un aporte al desarrollo del país, y debiera extenderse a otras áreas del quehacer nacional. Eso tampoco significa estar en contra del Estado o en contra del Estado de derecho.

Los diputados que estamos a favor de este proyecto no hemos faltado a la probidad, como dijo un diputado. Eso lo encuentro lamentable. Pero deberíamos pensar en esta situación. Si la empresa, con todo lo que tiene a su haber, realiza un proceso de cobranza a un deudor, como puede realizarlo cualquier otra empresa en que se adquirió un bien o un servicio que no se pagó, encuentro injusto que el Estado adicionalmente imponga una multa, porque las personas son libres de poner o no el dispositivo en sus vehículos.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día.

La discusión y votación de este proyecto quedan pendientes para una próxima sesión.