Labor Parlamentaria

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con el debate del proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, correspondiente al boletín N° 17461-15.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Recuerdo a sus señorías que el informe ya fue rendido.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 56ª de la presente legislatura, en miércoles 6 de agosto de 2025 -ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género-, y continuó en la sesión 64ª de la misma legislatura, en martes 2 de septiembre de 2025.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carla Morales .

La señora MORALES (doña Carla).-

Señor Presidente, desde mi rol como diputada, pero también como persona, veo a diario una realidad que nos duele a todos: a pesar de los importantes avances en materia de responsabilidad parental, siguen existiendo vacíos legales en materia de deudores de pensiones de alimentos, quienes, además, se aprovechan de dichos vacíos. Estos no son solo fallas técnicas, sino también una profunda herida a la dignidad de miles de madres que luchan incansablemente por sus hijos. Son nuestros niños y niñas quienes, lamentablemente, sufren las peores consecuencias del abandono.

Este proyecto de ley es una medida esencial para poder corregir esta situación. Es una acción simple de justicia y de sentido común. No podemos permitir que una persona que no cumple con el deber más básico de proveer para sus hijos tenga acceso a privilegios como una licencia de conducir.

Hemos sido testigos de indignantes burlas. En el mes de febrero de este año se dio a conocer que, pese a la prohibición legal, 242 municipios -esto es, el 70 por ciento de las municipalidades del país entregaron licencias de conducir a deudores de alimentos. Esto indica que la legislación debe ser más estricta y que debemos cerrar todas las puertas a la irresponsabilidad.

Es por eso que votaré a favor este proyecto, que es un paso crucial para fortalecer la fiscalización y, sobre todo, asegurar que los derechos de nuestros hijos e hijas sean una prioridad indiscutible.

Es nuestro deber como legisladores proteger a los más vulnerables y garantizar que la ley sea una herramienta eficaz para el bien común.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, una de las cosas más deleznables que puede existir de parte de una persona, sea hombre o mujer, es no pagar la pensión alimenticia, porque pone en una situación de mayor vulnerabilidad a la madre que se queda a cargo de sus hijos o, en sentido contrario, al padre y a esos niños que no tienen ninguna culpa de la situación que están viviendo sus padres.

Me pregunto: ¿qué pasa cuando empezamos a coartar todas las formas de trabajo que puede desarrollar una persona para cumplir con esta obligación? Este proyecto impide la obtención o renovación de la licencia de conducir para quienes incumplan su deber de pagar la pensión alimenticia, pero ella podría ser el instrumento que necesita la persona para trabajar. Tal vez, luego se proponga impedir su acceso a un Cesfam u otras medidas que podrían sonar muy bien, pero en la práctica podríamos estar impidiéndole reparar el daño, pues estaríamos dejándolo sin la posibilidad de contar con los instrumentos necesarios para salir de esa situación. Tal vez, incluso, se podría prohibir que sea contratado en alguna empresa, así como se prohíbe a quienes integran la lista de abusadores sexuales o pedófilos trabajar en ciertos lugares.

Hay que tener cuidado con estos proyectos, porque si bien están del lado correcto, el de la persona vulnerada, que en la mayoría de los casos es la mujer y, en la totalidad de ellos, los niños, si empezamos a impedir posibilidades de trabajo, ¿cómo podríamos exigirle que pague la pensión alimenticia?

Debemos redactar este proyecto de tal forma que esto quede a criterio del juez de familia, para que este adopte la decisión correspondiente.

Hay una infinidad de alternativas en las que le podríamos poner trabas al deudor de alimentos. Por cierto, hemos avanzado, tenemos un listado de deudores y se realizan descuentos por planilla a los deudores alimenticios, pero debemos pensar bien si seguimos coartando posibilidades de trabajo. Yo lo dejaría siempre a criterio del juez, porque también podría haber otros mecanismos, incluso, mucho más fuertes. No sé si coartar las posibilidades del progenitor de desarrollarse en la sociedad sirva efectivamente para proteger al niño que necesita que se pague su pensión alimenticia.

Por lo tanto, le daría una segunda vuelta a este proyecto. No lo tengo muy claro, así que debo revisarlo bien. Reconozco que no he leído el proyecto completo, pero me parece -reiteroque hay que tener mucho cuidado con este tipo de iniciativas, porque si se busca proteger, en la mayoría de los casos, a la mujer y, en la totalidad de ellos, a los niños, no sé si quitando posibilidades de trabajo se logre que la persona pague lo que adeuda.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, en los últimos años, nuestro país ha logrado avances significativos para poner fin a la impunidad de quienes no cumplen con la obligación más básica, que es alimentar y cuidar a sus hijos e hijas.

Mediante la ley N° 21.389, se creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que ya ha permitido que miles de deudores, incluidos candidatos presidenciales, enfrenten restricciones reales para obtener créditos, vender bienes, sacar pasaporte o renovar la licencia de conducir, mientras no cumplan su obligación parental. Este cambio histórico se traduce en hechos concretos: más de 160.000 deudores han regularizado su situación para salir del registro.

Hoy, sabemos que este tipo de violencia económica, la de no pagar la pensión de un hijo o una hija, no es viable y el Estado sí tiene herramientas para proteger a más de 329.000 niños, niñas y adolescentes que dependen de este ingreso. Sin embargo, hace no mucho tiempo, la Contraloría reveló una falla grave, cual es que, entre 2022 y 2024, 243 municipios otorgaron más de 3.400 licencias de conducir a deudores inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿A quiénes afecta esto? Afecta directamente a más de 4.700 hijos e hijas, por un monto superior a 17.000 millones de pesos. Lo que estaba en la ley, en la práctica, no se cumplió.

Por eso, me parece que este es un proyecto clave, porque modifica la Ley de Tránsito para cerrar estos vacíos, incorporando expresamente que no se puede obtener ni renovar la licencia de conducir si se figura en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y, además, establece la posibilidad de cancelar las licencias otorgadas en contravención con la norma. Asimismo, mantiene la excepción judicial cuando la licencia es indispensable para trabajar, a propósito de lo que dijo la diputada Ossandón , y, por lo tanto, se puede pagar la deuda. El objetivo no es castigar por castigar, sino asegurar el derecho de niños y niñas a recibir su pensión.

Esta es una medida de justicia elemental que hay que celebrar y aprobar transversalmente, ya que no cumplir con los hijos e hijas no puede quedar impune. El mensaje es claro: el Estado debe estar al lado de la infancia y de las madres cuidadoras, y no del lado de quienes abandonan sus responsabilidades.

Por lo tanto, llamo a aprobar el proyecto, porque cada avance que logremos en protección de los derechos de la niñez, de las cuidadoras y, excepcionalmente, de los cuidadores, nos hace caminar hacia una sociedad mucho más justa y mucho más digna.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista desde siempre ha apoyado todas las demandas de las mujeres, especialmente de las que enfrentan solas, junto a sus hijos, todos los avatares de la vida, porque no cuentan con el apoyo de los padres de sus hijos en cuanto a responsabilidad parental y el pago de las pensiones alimenticias.

Hay que partir reconociendo que, durante la última etapa del gobierno anterior y en este gobierno, particularmente, se ha dado un salto importante en exigir corresponsabilidad a los padres para mantener a sus hijos, y esta corresponsabilidad no solo tiene herramientas legales, sino también culturales muy superiores a las que había antes. Hace algunos años se consideraba que el padre que no podía solventar o financiar la mantención de sus hijos tenía un impedimento absoluto y había que dejarlo tranquilo, por lo que la situación de las familias uniparentales era terrible.

Por eso, en este proceso de mayor persecución a quienes eluden o evaden el pago de sus obligaciones alimenticias, nos acompaña la inmensa mayoría de este Congreso.

la bancada del Partido Socialista aprobará el proyecto que discutimos, porque entrega una nueva herramienta para empujar, incentivar e, incluso, forzar el pago de pensiones alimenticias adeudadas a los padres renuentes a realizar dicho pago, al establecer la posibilidad de impedir la obtención de la licencia de conducir a los deudores de pensiones alimenticias, así como también cancelar la de aquellos que ya la tienen, a la espera de que los deudores puedan demostrar que están al día en el pago de la pensión de alimentos.

Este proyecto logra este objetivo a través de una modificación a la Ley de Tránsito, que establece como requisito para obtener o renovar la licencia de conducir no tener una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Ahí se va a resolver todo lo concerniente a las licencias de conducir.

El funcionario municipal de la Dirección de Tránsito tendrá que consultar en línea dicho registro antes de entregar o renovar la licencia de conducir. Incluso, va a tener que cancelar el de las personas que figuran en dicho registro cuando entre en vigencia la ley. La revisión se hará a través de medios electrónicos.

Si bien hay dudas respecto de la capacidad que tengan los municipios rurales en materia de conectividad, el proyecto va en la línea correcta.

En caso de que una persona que figure como deudora en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos se ponga al día en su pago, automáticamente, después de que se elimine su inscripción en el registro, podrá renovar u obtener la licencia de conducir.

Destaco esta medida porque va en el sentido correcto, pues fuerza, de alguna manera, a que no se naturalicen ni normalicen las deudas de pensiones alimenticias. El que los padres que evaden esta obligación no tengan licencia de conducir hasta que cumplan con su obligación es una medida correcta, pero hay ciertos riesgos relacionados con la posible afectación del ejercicio legítimo de la libertad y del derecho al trabajo.

Es muy posible que, en el caso de las personas que viven de su licencia de conducir profesional, que los habilita para conducir vehículos de transporte de pasajeros o de carga, y esa es su única herramienta de trabajo, evidentemente, se podría producir un círculo vicioso en que personas, como un taxista o un chofer del transporte público, al no poder trabajar por efecto de esta ley en proyecto, se vean imposibilitadas de pagar su deuda. Así, se perpetúa el mismo problema que el proyecto viene a resolver: no puede trabajar, no puede generar ingresos, no puede pagar su deuda y queda prácticamente condenado, como si le cortaran los brazos.

Por eso, sería muy razonable excluir directamente de los efectos del proyecto de ley a quienes poseen licencia profesional de conducir. Estas licencias no se obtienen simplemente para fines recreativos ni para trasladarse al trabajo, sino para ejercer una actividad laboral que permite sustentar la propia mantención y, por supuesto, la de sus hijos.

Existe una disposición que permite al juez autorizar el uso temporal de la licencia. Sin embargo, la maraña judicial y los laberintos legales son tan intrincados que probablemente terminarán afectando el derecho al trabajo de quienes dependen de esa licencia profesional para subsistir.

Señor Presidente, aprobaremos el proyecto en general, pero es fundamental corregir dicha disposición.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, claramente, el objetivo del proyecto es bien intencionado: obtener el pago de las pensiones alimenticias, especialmente considerando la situación de los menores de edad. Sin embargo, en la práctica, la normativa actual no establece atribuciones de fiscalización adecuadas para que, cada vez que se renueve una licencia, esta quede suspendida o no se otorgue hasta que se regularice el pago de la pensión.

Por lo tanto, creo que el proyecto está mal enfocado. En lugar de centrarse en la cancelación de licencias, debería aumentar las facultades fiscalizadoras y sancionar a los funcionarios que las otorguen o renueven sin verificar los requisitos establecidos en la norma.

La cancelación de una licencia es una medida muy delicada. Muchas veces, las pensiones alimenticias se fijan en unidades reajustables, como la UF o la UTM, y el padre o alimentante no paga el monto actualizado por desconocimiento o mala instrucción. En estos casos, puede recibir una liquidación millonaria por un error involuntario. No podemos, por una simple falta de comunicación o de pericia, cancelar una licencia de conducir, especialmente cuando esta le permite a la persona trabajar como conductor y así solventar la pensión alimenticia.

Reitero: el proyecto es bien intencionado, pero puede generar efectos perversos más graves que el problema que pretende solucionar.

Por eso, corresponde presentar una indicación en la materia. Propongo que la iniciativa vuelva a comisión y se analice con mayor detenimiento, con el fin de lograr una normativa que cumpla su objetivo: apremiar a los alimentantes para que paguen la pensión, sin necesidad de cortarles los brazos, impidiéndoles trabajar y, por ende, pagar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, votaré a favor el proyecto, porque necesitamos resolver este problema social tan grave y relevante. Son muchos los “papitos corazón” que no pagan la pensión de alimento.

Respecto de algunas intervenciones que he escuchado en la Sala, en las que se plantea que quitarle la posibilidad de tener licencia de conducir a alguien que trabaja conduciendo dificultará el pago de la pensión, es importante precisar que la sanción que establece el proyecto no está dirigida a los papás que se atrasan ocasionalmente y luego se ponen al día, ni a quienes pagan después de enfrentar un período de cesantía. Está dirigida a quienes han debido ser demandados, que figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; es decir, a quienes se resisten sistemáticamente a cumplir con su obligación.

Hasta hace poco, antes de que comenzáramos a tramitar esta batería de proyectos de ley, las mamás debían hacer de detectives para ubicar al alimentante y así permitir que los tribunales pudieran actuar. Hoy, gracias al trabajo legislativo del Congreso, en el período anterior y en el actual, hemos logrado que los deudores no puedan obtener documentos como el carné de identidad y el pasaporte, ni vender o comprar vehículos. En el fondo, lo que estamos haciendo es establecer que respecto de aquellas personas que no cumplen con sus hijos, pero exigen todo del Estado, sea el propio Estado el que les niegue la prestación de servicios mientras no paguen la pensión de alimentos.

La licencia de conducir, especialmente para choferes de micro, camioneros y taxistas, debiera ser un incentivo. Ellos deberían ser los primeros en cumplir con el pago de la pensión de alimentos. Esta batería de proyectos, incluidos los que establecen la retención de impuestos y sueldos, debe contener normas suficientemente disuasivas para que nadie más entre al gran registro de deudores, al listado de los “papitos corazón”. Para lograrlo, debemos ser drásticos y firmes.

Debemos aprobar el proyecto para garantizarles a los niños y niñas de este país que el Estado no va a amparar a los “papitos corazón”.

Insisto: no se trata de quienes se atrasaron unos meses, sino de aquellos que han debido ser perseguidos por la justicia y obligados a pagar mediante resolución judicial.

Espero que, con el tiempo, esa lista de “papitos corazón” se achique, que nadie más entre en el registro, que nadie más caiga en mora y que todos se hagan cargo de sus hijos e hijas.

He dicho.

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, voy a partir mi intervención agradeciendo a la diputada Alejandra Placencia , autora de esta moción, por impulsar una iniciativa que pone en el centro lo que nunca debió estar en duda: los derechos de la infancia frente a una forma persistente de abandono y violencia económica contra los más inocentes y jóvenes de este país.

Suspender y cancelar la licencia de conducir de quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, impidiéndoles obtener o renovar dicho documento mientras no regularicen su situación -porque tienen la posibilidad de hacerlo-, no es un castigo, sino que es apenas un mecanismo de presión para recordarles que cumplir con sus hijos no es un favor.

La ley establece la prohibición de otorgarles licencia de conducir desde el año 2022. Sin embargo, la Contraloría reveló que más del 70 por ciento de las municipalidades la incumplieron, entregando 3.400 licencias a deudores de pensiones alimenticias. Esto ha dañado la vida, el desarrollo físico y el bienestar emocional de más de 4.700 niños y niñas. Solo en la Región Metropolitana el incumplimiento alcanza el 94 por ciento de los municipios. Se trata de una negligencia institucional inaceptable.

Este proyecto no busca castigar, sino corregir una conducta intolerable. Los municipios deben cumplir la ley. No hay excusas económicas ni administrativas que puedan justificar su incumplimiento. No pagar la pensión de alimentos no es una omisión menor…

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Señor Presidente, estoy gritando, porque hay mucha bulla.

Por favor, le pido que detenga el tiempo.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Estimados colegas, por favor, solicito que bajen el volumen de sus conversaciones para escuchar a la diputada Claudia Mix .

Diputado Kaiser y diputado Meza , por favor, bajen el volumen de la conversación para escuchar a la colega.

Puede continuar, diputada Mix.

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Muchas gracias, señor Presidente.

Estaba diciendo que no pagar la pensión alimenticia no es una omisión menor, sino un delito que se llama abandono parental.

Nuestro país ostenta una cifra vergonzosa de padres que incumplen sistemáticamente sus obligaciones, como si pagar la pensión de alimentos fuera un acto de generosidad y no la responsabilidad más básica. Evadir esa responsabilidad no es una gracia, sino que es una vergüenza. Lo injusto no es la presión sobre los padres. Lo injusto es que las madres carguen solas el peso de sostener a sus hijos mientras algunos padres evaden su deber con total impunidad. Lo injusto es que un niño pase hambre, no tenga zapatos, no pueda estudiar, carezca de un hogar seguro, mientras su progenitor circula libremente sin culpa ni conciencia.

No se trata de castigar, sino de exigir lo mínimo para que los padres que hoy evaden sus obligaciones se hagan cargo, porque el abandono parental es un delito contra los derechos de los niños y niñas.

Por eso, voy a votar a favor este proyecto y todos los que vengan en la misma dirección, porque mi responsabilidad está con los niños y niñas. Sinceramente, espero que este Congreso también esté del lado correcto.

Además, quiero pedirle a la gente que no vote por quienes defienden y protegen a los llamados “papitos corazón”, porque de corazón no tienen nada.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Nuevamente voy a recabar el acuerdo de la Sala para bajar el tiempo de las intervenciones a tres minutos.

Me informan que no hay quorum. Por lo tanto, no tiene sentido recabar el acuerdo. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, estamos discutiendo el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Yo voy a votar en contra este proyecto. He escuchado que los deudores de pensiones de alimentos no pueden vender tal cosa, que no pueden hacer tal cosa o que no pueden obtener pasaporte, pero pueden salir a los países vecinos solo con la cédula de identidad.

Además, ¿cuántos conductores hoy en el país andan con licencia de conducir falsa? Hay municipios que tienen un emprendimiento: venden licencias de conducir falsas. Es más, en algunos municipios ofrecen combos: la licencia clase B, la licencia clase A o licencia profesional, y la licencia para conducir motos por un cierto monto. Hay municipios donde existen cerca de quinientos conductores -de vehículos de emergencia, de transporte de carga o transporte de pasajeros, como los taxis colectivos con licencia falsa, pero la justicia no hace absolutamente nada. Esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo hice esta denuncia hace un par de años en la Región del Biobío, y los autores materiales de este delito, que son funcionarios municipales, están felices en el municipio y siguen con su emprendimiento.

No podemos castigar a aquellas personas que generan su sustento a través de la conducción de un vehículo de carga o de pasajeros. Veamos otra modalidad.

Aquí en el Congreso somos expertos en todo. Nosotros decidimos quién come y quién no come, quién vive y quién no vive, si autorizamos la eutanasia o el aborto libre y total. La verdad es que los 155 parlamentarios, hombres y mujeres, somos dueños de la vida, somos dueños del trabajo, somos dueños de la verdad y vemos quién tiene derecho a surgir o no. Yo lamento esta situación.

Por ese motivo, gustoso voy a votar en contra el proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Durán .

El señor DURÁN (don Jorge).-

Señor Presidente, me preocupa que, a través del Congreso Nacional o de leyes, estemos coartando la libertad de las personas y nos estemos metiendo en lo que pueden o no pueden hacer. Lo encuentro un poco incongruente de parte de los mismos que promueven eliminar la unidad de fomento, porque dicen que los sueldos se pagan en pesos. Me pregunto si las pensiones de alimentos hoy se pagan en unidades tributarias mensuales, en circunstancias de que los sueldos son en pesos chilenos. No busco defender a aquellos “papitos corazón” que, con dolo y maldad, no pagan sus pensiones de alimentos, pero la realidad es que no se ha hecho un análisis de la ley, en el sentido de que, por una parte, muchos padres, tal vez por distintas circunstancias -uno no puede meterse más allá-, tienen dos hijos con distintas madres y, por otro, el valor de la UTM sube cada vez más, pero el sueldo no aumenta y, finalmente, caen en cesación de pago. Además, el procedimiento para pedir un reajuste de acuerdo con la realidad de cada persona es engorroso y demoroso. Pero aquí, como solución mágica, se propone cortarle las manos y que no trabajen.

Las mismas personas que promovieron el “octubrismo” y el feminismo, en el sentido de que el hombre es malo, etcétera, son los mismos creadores de la idea de eliminar la UF. Eliminemos que estos pagos sean en UTM y que se establezcan en pesos chilenos, porque para muchas familias y muchos hombres invisibilizados es insostenible la dicotomía de que los sueldos no suban y la pensión aumente cada día más, por lo que caen en cesación de pagos y, posteriormente, ni siquiera puedan trabajar en Uber, ni como chofer de micro ni en cualquier otra actividad económica, porque, en lugar de ayudar a que esa persona pueda cumplir con sus obligaciones, lo que busca este proyecto es que no pueda trabajar en nada.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, primero, cuando uno a veces escucha tantas cosas en la Cámara, no queda otra opción que responder.

Esto no se trata de que los hombres sean malos, sino de que los padres o las madres que no pagan la pensión de alimentos a sus hijos son unos irresponsables y se tienen que hacer cargo. De eso estamos hablando.

Entonces, me impresiona porque pensaba que, a la fecha, luego de todos los proyectos de ley que se han tramitado en esta Cámara, habíamos avanzado en el sentido común de que quienes son padres y madres se tienen que hacer cargo de sus deberes respecto de sus hijos. Ese es el deber del que estamos hablando, de no hacerse el loco y asumir las responsabilidades.

En ese sentido, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ha sido una clara señal de que no es aceptable ni soportable para una sociedad dejar a un hijo o una hija sin pensión de alimentos. De eso estamos hablando.

Imagínense que con la “ley papito corazón” hemos sido capaces de recaudar 2 billones de pesos, que van directamente a pagar alimentos y necesidades básicas a los hijos. Ellos se merecen una crianza en condiciones básicas, y aquí queremos asegurarnos de que ese sea el caso.

Con este proyecto de ley se busca achicar la cancha a los irresponsables que no pagan la pensión de alimentos, porque es perfectamente posible repactar y llegar a un acuerdo en tribunales.

Entonces, de lo único que estamos hablando es que paguen lo que corresponde, porque lo importante es que los niños y las niñas tengan los medios no solo para subsistir, sino también para tener una vida que los proyecte en el futuro.

En ese sentido, si la Cámara de Diputados no se pone en pie de hacer respetar el interés superior de los niños y niñas, realmente estaremos perdidos.

Me asombra y lamento profundamente aquellas intervenciones que se han hecho en la Cámara de Diputados para defender a los “papitos corazón”. Lo lamento realmente y no porque sea de un sector u otro, porque yo pensaba que estábamos sobre la base de un sentido común que ya habíamos avanzado en la Cámara de Diputados. Y también creo que esas opiniones se hacen sobre la base del desconocimiento de cómo funcionan los acuerdos y los tribunales, porque para estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no se tiene que haber llegado a acuerdo alguno ni haber pagado la pensión de alimentos del hijo. De eso estamos hablando.

Dado que soy mocionante de este proyecto de ley, obviamente voy a impulsarlo y votar a favor, porque quiero que en este país los padres se hagan responsables de algo tan básico como la crianza de los hijos y de lo que implica pagar su educación, su salud y sus gastos básicos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paula Labra .

La señorita LABRA (doña Paula) .-

Señor Presidente, no hay duda ni está en tela de juicio que es una irresponsabilidad tremenda que cualquier padre no pague la pensión de alimentos a su hijo. La prioridad siempre deben ser los niños. Pero, a mi juicio, este es un proyecto totalmente contraproducente. ¿Cuántas personas dependen de su licencia de conducir para trabajar? Taxistas, conductores de aplicación Uber o lo que sea. Sin trabajo, no hay ingresos, y sin ingresos, no hay pensión de alimentos. Incluso, creo que esto fomenta el empleo informal y digamos que, al día de hoy, en nuestro país no chorrea ni sobra el empleo.

Por lo tanto, rechazaré este proyecto de ley, porque, en mi opinión, castiga a los hijos y a aquellos padres que se hacen responsables de mantenerlos como corresponde.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, hay muchas maneras de que los padres tengan la posibilidad no solo de resolver el monto a entregar a sus hijos o hijas, sino también de hacerse cargo de su paternidad en lo económico y en lo emocional. Cuando un hombre resuelve abandonar a un hijo, lo abandona sin pudor. Estamos hablando de padres a los que, con esta norma, no solo se les va a cercenar su posibilidad de trabajo, sino que también se les exigirá que cumplan con sus hijos o hijas.

Todos y todas conocemos a un sinnúmero de hombres que abandonan a sus hijos en la crianza, sin pudor, a los que nunca más ven y, además, los dejan en la más absoluta indefensión.

Cuando un hombre resuelve no pagar pensión, lo que hace es quitarle derechos y calidad de vida a su hijo o hija. Me parece inentendible que alguien olvide de esta manera a su hijo o hija. A los defensores de la vida, que me sorprenden -en realidad, no tanto-, les pregunto: ¿esto no es una forma de abortar en vida? ¿No es dejar a los hijos a la deriva? Esos padres dejan solo a las madres, que en muchos casos no tienen redes de apoyo en lo afectivo, la responsabilidad del cuidado, pero en lo económico dejan a esas guagüitas, a esos niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza, si la madre no tiene la situación económica resuelta.

¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos enfrentando la irresponsabilidad de padres que se desentienden de sus hijos o hijas como si nada? ¿O como Estado nos hacemos cargo y velamos por el bien superior del niño o la niña?

“Los niños y las niñas primero” no es una frase de la boca para afuera. “Los niños y las niñas primero” significa asegurar que tengan una vida en tranquilidad, en cobijo, en seguridad y en sobrevivencia digna. Sin embargo, los padres, sin ningún pudor, se olvidan de ellos, y las cifras al respecto son abrumadoras.

Esto no se trata de cercenar el derecho al trabajo de un hombre. Se trata de que nos estamos haciendo cargo de que hay niños y niñas que necesitan que el Estado los ampare. Para eso, desde esta Cámara de Diputadas y Diputados, tendremos que legislar para ir cada vez -disculpen la expresiónarrinconando más a aquellos irresponsables que sin ningún pudor olvidan a sus hijos e hijas. ¿O a alguien le parece normal que un padre deje botado a un hijo sin asegurar siquiera su sobrevivencia? Eso me parece una canallada y de una estatura ética y moral inaceptable.

Este proyecto sí busca defender la vida, sí es defender a las niñas y niños, y es proteger a las madres que están condenadas a una vida de esfuerzo y sacrificio debido a que hay una tropa de irresponsables incapaces de hacerse cargo de sus hijos.

Creo que este es un aspecto que hay que resolver, pero el tema de fondo es garantizar la sobrevivencia y el cuidado de niñas y niños que tienen progenitores que se olvidan de ellos sin ningún pudor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, este proyecto de ley no busca ni más ni menos que adecuar el contenido de la Ley de Tránsito a la normativa vigente que promueve un sistema de pago efectivo de pensiones de alimentos, sistema que tramitamos, por cierto, en la Comisión de Mujeres durante el año 2022. Por ello, me parece muy importante que se siga en ese camino para completar esa normativa que es tan necesaria.

¿Por qué? Porque es el modo de garantizar esta efectiva necesidad de que se haga el pago de la pensión alimenticia, pues vimos que lamentablemente más del 70 por ciento de los municipios de nuestro país no cumplieron con la norma y entregaron más de 3.700 licencias de conducir. Ello –reitero impidió el pago efectivo de pensiones de más de 4.700 niños, niñas y adolescentes, que en dinero asciende a más de 17.000 millones de pesos. Eso es lo que tenemos que poner de relieve en esta discusión. Esa es la cifra de la deuda y esa es la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin la posibilidad muchas veces de comer, de ir al colegio, de trasladarse, de vestirse. ¡Para qué decir tener un momento de diversión, de entretenimiento o de esparcimiento!

Me parece que el pago de la pensión de alimentos es una obligación que va más allá de la ley. Por ello, toda esta Sala debería votar el proyecto tal como lo hizo la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de manera ejemplar, esto es, a favor por unanimidad. Fue votado a favor por la unanimidad de todas y todos los que participaron de la discusión, entendiendo esas cifras que he querido destacar en esta Sala.

Me parece que tenemos que avanzar en la línea de profundizar y de completar el sistema de pago efectivo de pensiones de alimentos, porque de eso se trata: de que lleguen los alimentos a los niños, a las niñas y a las madres, que muchas veces tienen que salir a mendigar derechamente para poder alimentar a sus hijos e hijas, que son responsabilidad de la madre y del padre. Eso nunca se nos puede olvidar.

Por lo tanto, llamo a la cordura a la Sala y a que podamos repetir el ejercicio que se hizo en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Por algo el proyecto llegó a la Sala con informe positivo y aprobado en forma unánime por la comisión. La idea es que podamos reflexionar en este rato que nos queda de aquí a la votación y que votemos a favor este proyecto, que en definitiva apunta a la alimentación, al vestuario y a la vivienda de los niños, niñas y adolescentes que más vulneración probablemente sufren por esta situación de que sus padres no paguen la pensión.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, cuando en esta Cámara aprobamos la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, advertí que la pandemia dejó al descubierto una herida profunda en nuestra sociedad: miles de padres en este país, de los cuales el 84 por ciento tenían deudas judicializadas, sin contar a las otras “bendiciones” que no las tenían, seguían incumpliendo con su deber más básico, que es garantizar el bienestar de sus hijos e hijas.

En esa ocasión levanté la voz por las madres que me han relatado su lucha diaria en mi distrito, a través de organizaciones como Resistencia Materna o Cumplimiento Deuda Alimenticia, encabezada por Denisse Bermúdez , quien ha hecho una tremenda labor. Se trata de historias de dolor, pero también de fuerza y dignidad, que fueron el motor para que esta Cámara reconociera la violencia económica que implica el incumplimiento de las pensiones de alimentos.

Hoy, con esta modificación legal, enfrentamos otra expresión de esa misma irresponsabilidad. Atención con este dato: la Contraloría reveló que más de 3.400 licencias de conducir se otorgaron a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, lo que implica la acumulación de una deuda superior a 17.000 millones de pesos, que pertenecen a niños, niñas y adolescentes.

Lo anterior es más que un problema administrativo; es un acto de impunidad que vulnera derechos fundamentales. Por eso, este proyecto, al establecer con claridad que no se puede entregar ni renovar licencia de conducir a aquellos deudores, y que se deben cancelar aquellas mal otorgadas, se convierte en un paso imprescindible para que la ley se cumpla de verdad.

Quiero recordar que en la discusión de la ley original también presenté indicaciones para asegurar que las AFP cumplieran en plazo y forma con la obligación de retener y pagar lo adeudado. Esa misma convicción me lleva hoy a apoyar este perfeccionamiento legal, porque nadie puede excusarse en vacíos legales o en negligencia institucional para seguir incumpliendo con sus hijos e hijas.

Este proyecto reconoce excepciones judiciales, como cuando la licencia es indispensable para trabajar, siempre que se presente un plan de pago serio. En ese sentido, se reafirma que conducir es un privilegio sujeto a deberes, y que el primero de estos deberes es cumplir con la responsabilidad parental, cumplir con los hijos, hijas y adolescentes.

Colegas, legislar en esta materia es seguir defendiendo a las madres cuidadoras y a los niños y niñas que esperan lo que les corresponde por derecho. Por la infancia, que tanto decimos que necesitamos proteger, por la equidad de género y porque el Estado debe ponerse del lado de quienes más lo necesitan, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por falta de quorum.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, este proyecto de ley, de autoría de la diputada Alejandra Placencia , viene a hacerse cargo, tal como se ha dicho, de un vacío que quedó en la ley que aprobamos hace un tiempo para modificar la Ley de Tránsito, con el fin de promover el pago efectivo de las pensiones de alimento.

Es fundamental que lo que aquí escribimos con la mano no se borre con el codo al momento de aplicar las acciones, que es lo que ha venido ocurriendo durante el último tiempo. La Contraloría General de la República ha dejado en evidencia que, entre noviembre de 2022 y septiembre de 2024, 243 municipios otorgaron o renovaron licencias de conducir a 3.432 personas que mantienen deudas alimentarias y que están en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Aprobamos una norma para realizar el pago efectivo de las pensiones de alimento, incorporando esta disposición dentro de la llamada “ley papito corazón”. El objetivo es que a ningún deudor o deudora de pensión de alimentos le resulte gratis no pagar la pensión a su hijo o hija. Ese es el punto fundamental de esta discusión.

La gran mayoría de las y los parlamentarios estuvimos a favor de tomar medidas concretas para que las deudas por pensiones de alimento se paguen. Hoy, el efecto concreto del incumplimiento o no aplicación de esta norma es que 17.000 millones de pesos no se han pagado por concepto de pensiones de alimento, lo que ha provocado que 4.700 niños y niñas dejaran de recibir sus pensiones de alimento. Por eso, esta adaptación para poder adecuar la Ley de Tránsito a la normativa vigente es una necesidad de coherencia.

Escuchaba a un colega hablar de los pobres deudores invisibilizados; la verdad es que más que invisibilizados, yo les diría padres invisibles, porque esa es la verdad. Acá lo que hay son padres -la mayoría, porque también hay madresque, lamentablemente, no pagan las pensiones de alimento. Hay que decirlo: la mayoría de los deudores son padres; por eso se llama “ley papito corazón”.

Esos hombres lo que hicieron fue desaparecer de la vida de su hijo o hija. Y sucede que esos niños siguieron yendo al colegio, siguieron vistiéndose y siguieron comiendo. ¿Quién tuvo que financiar y sostener ese costo? En la gran mayoría de los casos, madres solas se hicieron cargo del cuidado de su hijo o hija. Por eso, la coherencia indica que la norma que aquí ya fue aprobada tiene que ser adaptada a la Ley de Tránsito para que haya un cumplimiento efectivo del pago de pensiones de alimento.

Cuando se fusionaron las mociones -siete, de las cuales soy autora de dos que dieron origen a la “ley papito corazón”, todos los diputados, de distintos sectores políticos, estuvimos a disposición para que esa ley avanzara, y ha tenido efectos positivos. Así lo recogemos en los territorios, lo vemos en las organizaciones sociales; hay una valoración. No obstante, hay que aclarar que no se está pagando una pensión a las mujeres, como han tratado de decir algunos; lo que se está pagando es la pensión de alimentos de niños, niñas y adolescentes, que es un derecho superior de ellos: el derecho a alimentarse.

Esa es la razón por la cual hoy día aprobaremos este proyecto de ley. Hago un llamado a quienes están en la Sala a ponerse la mano en el corazón por la situación que estas familias están viviendo cotidianamente.

Repito: 4.700 niños y niñas dejaron de recibir su pensión de alimentos porque estos deudores sencillamente no tuvieron consecuencias concretas y efectivas como la que aquí estamos ratificando a través de esta adaptación de la ley.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, tras haber vivido una experiencia en un mundo un poco más formal o formalizado que el chileno, quiero decir una cosa. Si creen que efectivamente las personas deudoras van a pagar las pensiones de alimento debido a que le van a quitar su carné de conducir, la verdad es que no están entendiendo nada. Se trata de gente que está saliendo del mundo formal, que ya no está trabajando en el mundo formal. Si estuviesen trabajando formalmente, sería posible pedir de ellos el pago de esa deuda.

Reitero: no están en el mundo formal del trabajo. ¡Si no puede cobrarle la pensión de alimentos, vaya a cobrarle la multa por conducir un vehículo sin licencia de conducir!

Lamentablemente, no nos estamos haciendo cargo de lo que realmente está pasando en el país. Tenemos entre 25 y 35 por ciento de informalidad, entre otras cosas gracias a las políticas laborales de este gobierno. Así se hace cada vez más difícil hacer cumplir las normas, incluidas las normas de pago de pensiones de alimento.

¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos generando otro incentivo más para la informalidad! Los deudores se quedarán en la oscuridad, tratando de ganar dinero en el mercado laboral paralelo.

Esta norma desde un principio estuvo mal pensada; es el equivalente a prohibirle a un cirujano utilizar las manos o a un pescador salir al mar. No tiene sentido, porque no se hace cargo del verdadero problema.

¿Cómo podríamos hacerlo de mejor manera? En Chile, casi el 72 o 74 por ciento de la ciudadanía -en su momento esas eran las cifrastiene alguna propiedad. El Estado, como ocurre, por ejemplo, en Austria, puede adelantar ciertos pagos y cobrarse de la persona si esta llega a heredar algo o vuelve a la formalidad laboral.

¿Dónde están las ejecuciones? Aquí hablamos de la licencia de conducir, pero ¿dónde está la requisición y el remate del vehículo que pertenece al deudor de alimentos? Ahí sí podríamos hablar del tema, pero no es el caso, porque estamos hablando solamente de la licencia de conducir; no estamos hablando de una forma efectiva de cobro. No existe ninguna razón por la cual debamos pensar que estas personas que ya están en la ilegitimidad van a regularizar su situación solamente porque les prohíben obtener la licencia de conducir, que, por lo demás, también pueden conseguir de otra manera.

¿Dónde está nuestra conexión con la realidad de lo que ocurre a nivel popular, con lo que sucede en nuestra economía, con la situación actual de la ciudadanía? Este tipo de normas, que se presentan muy bonitas en la prensa y en las redes sociales, tienen un impacto efectivo igual a cero, cuando no resultan incluso contraproducentes.

No sé por qué insisten en una norma que, evidentemente, no va a tener el efecto que se espera. Nosotros deberíamos estar ahora preocupados de ver cómo ese 25 o 30 por ciento de informales vuelven a la formalidad; cómo lograr que toda la gente esté regularizada para poder cobrar. Lamentablemente, eso no es lo que nos mueve acá; nos mueve aplicar una sanción muy particular que tiene efectos muy relativos.

No comparto esa aproximación al problema. Creo que debemos enfrentar la situación de manera sistémica para que efectivamente las mamás de Chile puedan contar con los recursos necesarios para criar a sus hijos.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, en Chile solemos reflexionar mucho sobre la crisis de seguridad, la crisis económica, la crisis política, pero a veces solemos olvidar la que, probablemente, es la crisis más grave que aqueja al país. Me refiero a la crisis de la familia, la crisis de los niños solos, la crisis de las madres desamparadas, la crisis de la incapacidad de construir relaciones sostenibles en el tiempo, la crisis de la tasa de natalidad.

Me da la impresión de que tenemos la tentación de sobrepolitizar algunas discusiones. Uno tiene que hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es el foco central que debiésemos tener todos los que estamos acá? ¿Cómo favorecemos que los niños que tienen derecho a una pensión de alimentos la reciban? O, puesto al revés, ¿cómo hacemos que aquellos que están obligados a pagar, por haber tomado libremente la decisión de traer un niño al mundo, cumplan con su obligación?

He escuchado con atención los argumentos que se han expuesto y varios me parecen razonables. El primero que se ha planteado es que esta medida podría inhibir a quienes se dedican profesionalmente a faenas de transporte a contar con mayores ingresos para hacerse cargo de la pensión. Yo mismo argumenté en esa dirección.

Si uno toma en serio ese argumento, bastaría con ingresar una indicación que establezca una excepción respecto de quienes ejercen profesionalmente el transporte, siempre que aseguren que los ingresos obtenidos de esa actividad efectivamente se destinen al pago de la pensión alimenticia. Usando un ejemplo que se dio aquí, no tengo problema con que el cirujano realice todas las intervenciones quirúrgicas que quiera, pero si quiere manejar, entonces que los ingresos provenientes de esa actividad médica sean destinados a pagar los alimentos, si los debe.

En la misma línea, se nos ha dicho que la legislación actual ya inhibe la entrega de carné de conducir a quienes están en esta situación y que lo que busca este proyecto es hacer eficaz la ley. Bueno, entonces hagámoslo explícitamente.

El tercer argumento que se ha expuesto es muy interesante: una formulación deficiente podría atentar contra el artículo 19, número 16°, de nuestra Constitución, que resguarda la libertad de trabajo. Eso incluso podría abrir la puerta a un reparo constitucional.

¿Por qué hago toda esta introducción, Presidente? Porque, dado que un colega del Partido Republicano ya ingresó una indicación, este proyecto inevitablemente volverá a la comisión. Si todos entendemos que el problema de fondo es cómo generar incentivos razonables para que las personas paguen, la tarea de este Congreso debería ser mejorar el proyecto en ese trámite, incorporando estas líneas argumentales para perfeccionarlo.

Se ha planteado una pregunta legítima: ¿van a pagar más estos señores por no tener licencia de conducir? ¿No produce esto, siguiendo una línea argumental plausible, más informalidad? Yo creo que hay un argumento razonable en relación con quienes ejercen habitualmente el transporte como labor profesional, pero ese mismo argumento no aplica respecto de quienes no trabajan en esos términos, pues estos últimos pueden mantener su vida normal con su deuda pendiente. Entonces, me parece correcto decirles a esas personas que parte de esa normalidad se acabó, que si alguien está en mora en el pago de la pensión de alimentos de su hijo vamos a generarle cortapisas para que cumpla con sus obligaciones.

Presidente, yo me siento parte de un sector de la sociedad que cree que el desarrollo debe ser integral. Está muy bien preocuparse por la fase económica del desarrollo, pero también debemos preocuparnos de otras fases. Por eso voy a votar a favor. He conversado con la autora del proyecto y ella se ha mostrado disponible a mejorarlo. Lo vamos a perfeccionar para que se convierta en un instrumento que efectivamente permita que muchos cumplan con sus obligaciones y con ello vaya amainando la crisis familiar que vive nuestro país.

Gracias, Presidente.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Danisa Astudillo .

La señora ASTUDILLO (doña Danisa).-

Señor Presidente, hoy quiero que dejemos las cifras por un momento y que pensemos en rostros, en historias concretas, como, por ejemplo, en una madre que llega a fin de mes sin saber si podrá comprar los pañales, pagar la matrícula del jardín o adquirir un par de zapatos nuevos para su hijo, porque el padre alimentante simplemente no pagó, y no lo hace desde hace meses o, incluso, desde hace años.

Cuando hablamos de pensión de alimentos, no hablamos de un trámite judicial, sino del derecho de una madre a proteger a sus hijos, a garantizarles lo mínimo, a criar sin el miedo constante de que el dinero no alcance. Porque cuando la pensión no llega, lo que falta no es plata, sino seguridad, salud, descanso y futuro. Eso lo sabe cualquier mujer que ha tenido que criar sola, no porque lo eligió, sino porque el padre se desentendió, porque dejó de cumplir, porque siguió su vida como si nada, mientras ellas se desvelan, se enferman, se endeudan y se postergan una y otra vez por sus hijos. ¿Quién protege a esas madres? ¿Quién protege a esos niños?

Este proyecto no es una venganza, no es una sanción absurda, sino una medida de justicia mínima. Suspender la licencia de conducir a quienes adeudan pensión de alimentos no es una medida simbólica, sino una medida urgente, porque quien incumple su deber más básico no puede seguir teniendo privilegios como si nada pasara.

En esta Sala esta medida incomoda a algunos. Sería interesante revisar su historial familiar. Por primera vez se empieza a cerrar el cerco a los que abandonan. Ya no bastan las excusas. No pagar pensión no puede seguir siendo gratis. Algunos dirán que esto puede afectar el derecho al trabajo. Es válido preguntarlo, pero esta ley contempla excepciones. Si la licencia es profesional y se acredita que es una herramienta de trabajo, la licencia no se suspende.

Este proyecto de ley no quiere castigar, sino hacer cumplir. ¿Saben qué es más grave que suspender una licencia? Que un niño no tenga qué comer, que una madre no pueda llevarlo al médico, que una familia se hunda mientras quien debía sostenerla va por la vida como si nada.

Presidente, colegas, cuando el Estado no garantiza el cumplimiento del pago de las pensiones, está fallando en su deber más esencial, cual es proteger la infancia. Cuando este Congreso se pone del lado de los deudores, les da la espalda a las mujeres que crían solas, a los niños que esperan justicia, a las familias que hacen malabares todos los meses.

Hoy tenemos la oportunidad de dar la señal clara de que no se puede abandonar a un hijo sin consecuencias; que pagar la pensión de alimentos no es una opción, sino una obligación.

Que no haya más niños invisibles, que no haya más madres desprotegidas. Cuando una madre no recibe la pensión, no solo falta dinero, sino también justicia, dignidad y un Estado que esté realmente de su lado.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, qué duda cabe del drama que viven muchos niños debido a que, lamentablemente, alguno de sus padres -madre o padre no paga la manutención de sus derechos alimentarios. La pensión de alimentos es un derecho del niño, colegas, no de la madre. Pertenece al niño el derecho de que sus padres contribuyan con los gastos necesarios para su alimentación, vestuario, educación y actividades extraprogramáticas.

Esta es una obligación del hombre y la mujer. ¡Hombre y mujer! Lo digo porque hay muchos casos -quizás no tienen visibilidadde hombres que crían a sus hijos solos y cuyas madres no contribuyen con los gastos de sus hijos.

Por lo tanto, cuando se presenta un proyecto de estas características, debe pensarse bajo esa lógica y no en el derecho de la madre a recibir recursos, sino en el derecho del hijo a que sus padres, que lo trajeron al mundo, lo mantengan. Así como decidieron concebirlo, deben hacerse cargo de mantenerlo hasta la edad que establece la ley.

Hay que ser muy claros y categóricos en cuanto a que, en muchas ocasiones, incluso por represalias contra los padres, las madres ponen a los hijos en su contra, los alejan, no les permiten visitas ni contactos; sin embargo, de todas maneras cobran la pensión.

Les pido, estimados colegas, que cuando legislemos proyectos de esta envergadura, pensemos en todas las realidades y pongamos en el centro de la discusión a los niños. El drama de vivir con padres separados es tremendo. Yo lo viví, porque soy hija de padres separados. Es doloroso y terrible.

Estas historias siempre tienen dos caras. Una es la que muchas veces vive la madre, frente a un padre que se niega a hacerse responsable de su paternidad; otra es la de aquellos hijos que son puestos en contra de sus padres como método de venganza. Y también está el caso de padres que muchas veces crían solos porque las madres no ayudan a la manutención.

Queridos colegas, la obligación de entregar alimentos es del padre y de la madre. Ambos tienen que contribuir en iguales partes a la mantención de sus hijos.

En este caso en específico se pretende retener la licencia de conducir de quien no paga la pensión de alimentos. Aquí he escuchado sendas intervenciones de otros colegas que siempre hablan de hombres que no pagan, pero también hay mujeres que no pagan. Por consiguiente, tenemos que establecer esta sanción para hombres y mujeres, indistintamente. Les pido que legislemos con esa mirada en este proyecto, que entiendo que vuelve a la comisión por haber sido objeto de indicaciones, porque lo que tenemos que buscar es fortalecer a esos niños que viven vulnerados, que viven pobreza, que viven necesidades porque alguno de sus padres no está cumpliendo con la obligación de entregar los recursos suficientes para que puedan vivir día a día, con toda la complejidad que implica mantener a un niño.

Tengamos a la vista esas alternativas, porque estamos en una sociedad en donde, lamentablemente, lo que menos se fomenta es la paternidad responsable y la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y donde -por algo serácada vez nacen menos niños. Eso tenemos que revertirlo de algún modo.

Hay que darle una vuelta a este tipo de discusiones, porque no puede ser que una medida que pretende ser una solución termine siendo peor que la enfermedad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de establecer un permiso laboral especial para la realización de exámenes preventivos del cáncer gástrico sin necesidad de orden médica.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Hernán Palma .

Antecedentes:

-Moción, sesión 36ª de la legislatura 372ª, en lunes 3 de junio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 17.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 58ª de la presente legislatura, en martes 12 de agosto de 2025. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor PALMA (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas Danisa Astudillo , María Candelaria Acevedo , Helia Molina , Emilia Nuyado y Consuelo Veloso , y los diputados Carlos Bianchi , Félix Bugueño , Jaime Mulet , Patricio Rosas y quien habla, Hernán Palma , que modifica diversos cuerpos legales que indica con el objeto de establecer un permiso laboral especial para la realización de exámenes preventivos del cáncer gástrico…

Presidente, si me disculpa, hay un error en la redacción, porque el informe agrega “… sin necesidad de orden médica”, pero el acuerdo de la comisión establece que es con orden médica.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Señor Diputado, se hará la respectiva corrección en el acta.

El señor PALMA (de pie).-

Señor Presidente, entonces rectifico: … con orden médica, contenido en el boletín N° 16895-13, sin urgencia.

Sostienen las autoras y los autores de la moción que el cáncer gástrico, conocido también como cáncer del estómago, es una enfermedad que se produce por el crecimiento descontrolado de células en dicho órgano, pudiendo desarrollarse en cualquier parte del mismo, producto de diversos factores de riesgo.

Agregan que dentro de los primeros factores de riesgo se encuentra la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que crece en la mucosa del estómago, que se puede tener desde muy temprana edad, durante la niñez, y que puede persistir en el estómago durante toda la vida adulta.

Asimismo, hacen presente que en Chile la tasa de sobrevida al cáncer gástrico es de solo un 10 por ciento, es decir, 9 de cada 10 personas que desarrollan cáncer gástrico mueren.

Señalan que a nivel nacional el cáncer gástrico se encuentra en primer lugar en mortalidad por tumores malignos, falleciendo en los últimos 6 años más de 3.000 personas al año. Así, el año 2016, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) reportó 3.250 muertes por tumores malignos del estómago, lo que corresponde a un 12.4 por ciento del total de muertes por cáncer. El año 2017 se reportaron 3.298 personas fallecidas, el año 2018 se reportaron 3.165 personas fallecidas, el año 2019 se reportaron 3.055 decesos, el año 2020 se reportaron 3.187 defunciones y el año 2021 se reportaron 3.024 personas fallecidas. Sumadas las cifras desde años anteriores, desde el 2002 al año 2021, se calcula que hubo un total de 63.853 personas fallecidas por cáncer al estómago en Chile.

Del mismo modo, expresan que esta enfermedad se encuentra dentro de los tres tipos de cáncer con mayor impacto en los costos, siendo el primero con más carga financiera, pues irroga un 11,5 por ciento del gasto nacional en cáncer y un 17,63 por ciento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), costando aproximadamente 3.700.000 pesos por persona. Ahora bien, con relación al sistema de salud privado, el costo directo para tratar a una persona afiliada al Fonasa es 19,4 por ciento mayor que a una perteneciente a la isapre. En resumen, explican que, tomando en consideración el costo de 3.700.000 pesos y los fallecidos el 2021, el costo asociado al cáncer gástrico supera los 10.000 millones de pesos al año, aproximadamente.

Debido a su relevante mortalidad, manifiestan que, a partir del año 2006, el gobierno de Chile incluyó el cáncer gástrico en el plan de Garantías Explícitas de Salud (GES), posicionándolo en la enfermedad número 27. Asimismo, se encuentra incluido dentro del GES el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, posicionándolo en la enfermedad número 80.

Asimismo, acotan que los altos costos en dinero asociados al tratamiento tardío del cáncer gastrointestinal, sin duda, pueden disminuir mediante la prevención, detección precoz y tratamiento oportuno del cáncer, siendo medidas fundamentales que colaboran en la disminución del desarrollo de esta enfermedad y que otorgan mayores probabilidades de recuperación y rehabilitación del cáncer en el caso en que la enfermedad se haya desarrollado.

Precisan que todo ello hace aconsejable y necesario incluir el examen preventivo de dicha enfermedad dentro de los permisos laborales contemplados en el artículo 66 bis del Código del Trabajo.

Por otro lado, resaltan que también es importante recalcar la importancia de eximir la orden médica como exigencia…

Presidente, sigue el mismo error en la redacción del informe.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Señor diputado, haremos la corrección en el acta.

Como tengo el documento en mi poder, he podido constatar que aparece el mismo error.

El señor PALMA (de pie).-

Señor Presidente, rectifico: es importante también recalcar la importancia de no eximir la orden médica como exigencia para la toma de estos exámenes preventivos y detección temprana de cáncer gástrico, ya que esto implicaría para la persona agendamiento de cita con especialista o medicina general para su otorgamiento.

Durante su discusión general, la comisión recibió el testimonio del doctor Arnoldo Riquelme Pérez , reconocido referente latinoamericano en Helicobacter pylori y cáncer gástrico, y de la doctora Anamaría Arriagada Urzúa , presidenta del Colegio Médico de Chile.

En el transcurso de esta, especial atención concentró la discusión respecto de la exención de orden médica para la realización de los exámenes preventivos que llevaran a detectar tempranamente la presencia de cáncer gástrico, toda vez que la principal herramienta para ello es la endoscopía digestiva alta, dado que este procedimiento requiere anestesia, implica riesgos y exige acompañamiento posterior, expresándose dudas sobre la viabilidad de que una persona se someta voluntariamente a este examen sin monitoreo médico, además de que el tiempo de su realización excedía con creces el medio día de permiso contemplado en el citado artículo 66 bis del Código del Trabajo.

También fue objeto de debate la compensación, por parte del trabajador, del tiempo que dicho permiso laboral excediera del señalado en dicha disposición legal, en caso de que fuera necesario realizar exámenes más invasivos para su detección, como la endoscopía digestiva alta.

Sometido a votación en general, fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Votaron a favor la diputada señora Ossandón , doña Ximena , y los diputados señores Cuello, Ibáñez , Palma , en reemplazo del señor Hirsch , y Santana .

Durante su discusión particular, el proyecto fue objeto de una indicación de la diputada señora Ossandón y los diputados señores Giordano , Ibáñez , Labbé , Palma , Ulloa y Undurraga, don Alberto , que tiene por objeto integrar el Helicobacter pylori dentro de los tipos de exámenes exentos de orden médica, respecto de los cuales los trabajadores y las trabajadoras de Chile puedan gozar del permiso laboral una vez al año para su realización y que este sea considerado como jornada trabajada para todos los efectos legales, en conformidad con lo establecido por el artículo 66 bis del Código del Trabajo.

Asimismo, se establece el deber del empleador de promover el ejercicio de este derecho. Lo anterior, con la finalidad de establecer medidas de prevención en el desarrollo del cáncer gástrico, mediante la detección temprana de la bacteria Helicobacter pylori, y, del mismo modo, estatuir que, en caso de que dicho examen demorase más de medio día, su exceso deberá ser compensado por el trabajador en la forma que acuerde con su empleador, dentro del siguiente año calendario, salvo que el empleador determine que no es necesaria dicha compensación.

Por último, me permito hacer presente a mis colegas que, a juicio de vuestra comisión, en el proyecto que se somete a consideración de la Sala no existen normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que requieran ser aprobadas con quorum calificado.

Asimismo, a juicio de la comisión, el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no tener sus disposiciones incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el cáncer gástrico es, sin duda, uno de los mayores problemas de salud pública que enfrentamos en Chile. Quiero comentar que, cuando me recibí de médico cirujano, hace algunos años, el cáncer gástrico era uno de los problemas grandes que teníamos en cirugía, pues es muy prevalente.

Las cifras son dramáticas: cerca del 80 por ciento de los pacientes diagnosticados fallece dentro de los tres años siguientes. Esto no puede seguir siendo aceptado como una normalidad sanitaria. Es decir, el cáncer gástrico -este es un punto muy importante tenemos que corregirlo.

Hoy contamos con garantías GES para el diagnóstico y el tratamiento del Helicobacter pylori, una bacteria que está en el estómago y que sabemos que tiene una incidencia en este tipo de cáncer. Sin embargo, carecemos de políticas preventivas sólidas. Aquí está el punto: la prevención. Esa ausencia de prevención temprana nos condena a diagnósticos tardíos, a tratamientos más costosos y, lo más doloroso, a que en tres años tengamos pérdida de vidas humanas que pudieron haberse salvado. Por eso este proyecto es tan importante.

La incorporación del examen de detección del Helicobacter pylori, que es una bacteria que está dentro del estómago, dentro de los permisos laborales para exámenes preventivos constituye un paso firme hacia un modelo de salud más preventivo.

Insisto: cuando me recibí de mi profesión, el Helicobacter pylori no tenía ninguna importancia. Ahora sí sabemos que el cáncer gástrico tiene relación con dicha bacteria.

Este es un modelo de salud más humano, más preventivo y más justo, porque cuando hablamos de prevención, también nos referimos a salvar vidas humanas, a dar tranquilidad a las familias y a avanzar hacia un sistema que no solo cure, sino que también se adelante a la enfermedad.

Sabemos que el examen tradicional de endoscopía digestiva alta es caro, invasivo y de difícil acceso para la mayoría de los chilenos. En cambio, las pruebas no invasivas, como la detección del Helicobacter pylori y los exámenes de aire espirado o de antígenos en deposiciones, han demostrado ser altamente efectivas, especialmente en personas menores de cuarenta años. Estas son herramientas modernas, costo-efectivas y mucho más accesibles.

Además, se han realizado algunas experiencias piloto junto con el Ministerio de Salud y el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan), que redujeron en 40 por ciento la necesidad de endoscopías, disminuyeron la prevalencia del Helicobacter pylori y eliminaron listas de espera, lo cual es muy importante para Chile. Son pruebas concretas de que este modelo preventivo funciona y debiera escalarse a nivel nacional.

Este proyecto no solo fortalece la salud de los trabajadores, sino que también combate las inequidades en el acceso a la prevención, permite generar ahorros significativos en el sistema y, lo más importante, entrega dignidad y seguridad a miles de familias.

Cuando damos a los trabajadores la posibilidad de hacerse este examen preventivo sin perder su jornada laboral, fomentamos una verdadera cultura de la prevención. Prevención, prevención y prevención en medicina es muy importante. Es una cultura que mejora la detección temprana y que nos va a permitir reducir de manera significativa la carga del cáncer gástrico en el país.

Como médico y parlamentario, anuncio con convicción mi voto a favor del proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Helia Molina .

La señora MOLINA (doña Helia).-

Señor Presidente, si hay algún dicho popular sabio que hemos escuchado de nuestros abuelos y bisabuelos es que más vale prevenir que curar, o que más vale prevenir que lamentar, y en salud es una verdad absoluta.

Dentro de la historia natural de las enfermedades, uno tiene varias etapas en las cuales se puede intervenir. Una de ellas es la promoción de la salud, ya que, antes de que se produzca la enfermedad, es preciso generar las condiciones en los ámbitos sociales, económicos y culturales, para que no se produzca una determinada enfermedad.

Después viene la llamada prevención, que puede ser primaria o secundaria. La prevención primaria tiene como objetivo identificar, como ocurre en este caso, algún factor de riesgo que pueda ser intervenido y proteja al individuo de eso. Es el caso, por ejemplo, de las vacunas y una serie de exámenes preventivos. En ese sentido, desde el Congreso Nacional se ha apoyado en lo que tiene que ver con la detección del cáncer de próstata y las mamografías, que hoy se pueden realizar sin orden médica, como simple chequeo médico.

La denominada prevención secundaria dice relación con el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz de las enfermedades permite, a través de la identificación de factores de riesgo, adelantarse y hacer un tratamiento mucho antes de que se desencadene la enfermedad.

Después vienen la curación y la rehabilitación. Pero nosotros queremos seguir el dicho popular “más vale prevenir que curar”. No se trata solo de un tema meramente económico, aunque también es fundamental este aspecto para el país y para el paciente, sino de proteger al ser humano de estar enfermo.

En ese contexto, algunos colegas han entregado mucha información relevante en esa materia. Por ejemplo, el doctor Lilayu , como médico cirujano, ha tenido mucha cercanía con esta enfermedad.

Asimismo, existe plena conciencia de la importancia de promover la prevención y la salud en los lugares de trabajo.

También es relevante, como propone el proyecto de ley, promover situaciones favorables para que los trabajadores y las trabajadoras vayan a hacerse los exámenes que correspondan y no les descuenten una mañana o una tarde de trabajo. Eso es muy significativo, porque se ha visto la costo-efectividad. La efectividad es muy importante en cualquier examen preventivo.

La detección del Helicobacter pylori ha demostrado ser altamente importante y significativa. Para su tratamiento se usa un antibiótico común y corriente, como la eritromicina u otros, a fin de matar esa bacteria. Este tratamiento constituye un tremendo sistema de protección contra el cáncer gástrico, que, como ya se ha dicho, es la cuarta causa de enfermedad por cáncer en Chile, genera más de 3.000 muertes al año y provoca mucho sufrimiento y mucho dolor. Es una enfermedad muy dura.

Me parece importante el proyecto, ya que considera incorporar a nuestra legislación el rol activo del empleador. Es necesario que todos nos sintamos responsables de nuestra salud y de la de los demás, sobre todo quienes conocen lo que significa la salud de los trabajadores. Además, los trabajadores en general, por ley, están asociados a una mutual de seguridad, por lo que mediante ella podrán hacerse los exámenes respectivos sin orden y sin pago.

En la comisión se debatió harto sobre el efecto de la endoscopía para la detección de la bacteria. Pareciera ser el sistema más eficaz, porque en una endoscopía se toma directamente una muestra del estómago. No obstante, también se ha visto la efectividad de las muestras en aire y en deposiciones, mediante exámenes que son muy fáciles de obtener y a bajo costo, sin necesidad de tener que faltar al trabajo.

Creo que estamos en el camino correcto. Esta iniciativa se suma a otras en ese sentido. Probablemente vamos a tener que seguir sumando enfermedades que puedan ser detectadas precozmente. La idea es que los trabajadores y las trabajadoras tengan la oportunidad de hacerse los exámenes sin deterioro de su ingreso o de la evaluación que se va a hacer de ellos a posteriori. Este proyecto salva vidas…

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Saludamos a la selección nacional de tenis playa, presente en las tribunas, que competirá en el Panamericano de Brasil 2025 entre el 25 y el 28 de septiembre. Ha sido invitada por el diputado Hotuiti Teao , quien se encuentra a mi lado en la testera. Hay que señalar que la mayoría de sus integrantes son de la Región de Valparaíso. ¿Es así, señor diputado?

El señor TEAO.-

Así es, señor Presidente.

¡Cehacheí! ¡Chi!

¡Ele, e! ¡Le!

¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Tenis playa de Chile!

Iorana e maururu.

(El señor Presidente y los integrantes de la selección nacional de tenis playa participan del grito deportivo iniciado por el diputado Hotuiti Teao )

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Que les vaya muy bien y que representen de buena manera a Chile.

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Vamos a colocar un poco más de seriedad al desarrollo de la sesión. Señor Presidente, diversas organizaciones mundiales, entre ellas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Federación Internacional de Planes de Salud e, incluso, la propia Fiscalía Nacional Económica han ubicado a la salud en Chile como una de las más caras a nivel mundial. Por lo tanto, toda iniciativa que propenda a reducir sus costos, no solo para el sistema de salud público y privado, sino también para el bolsillo de los chilenos, es bienvenida y debemos avanzar en su tramitación en la forma más ágil posible.

El impacto del cáncer gástrico representa el 11,5 por ciento del gasto nacional en cáncer y el 17,5 por ciento del presupuesto del Fonasa, con un costo promedio por paciente de 3,7 millones de pesos.

Por lo tanto, la detección oportuna y expedita de la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las principales causas de cáncer gástrico, resulta esencial como método de prevención. Establecer un día de permiso laboral va en el sentido correcto para la prevención y para reducir la mortalidad y los costos para el bolsillo de las chilenas y los chilenos.

En la actualidad existen exámenes que no son tan invasivos y que permiten detectar esa bacteria sin necesidad de una preparación anterior ni de un seguimiento médico posterior exhaustivo, por lo que eximir de la orden médica no representa un riesgo y aliviana considerablemente el bolsillo de los pacientes.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Ya planteó su punto, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente,…

-El diputado Raúl Leiva interviene fuera de micrófono.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Pido al diputado Raúl Leiva que permita, con el respeto necesario, al diputado Hernán Palma pronunciar su discurso.

Gracias, diputado Leiva .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero testimoniar que, desde mi experiencia como médico, que no es poca, he presenciado muchas veces la dolorosa experiencia de una familia que se ve impactada por el descubrimiento de un cáncer gástrico en uno de sus integrantes, o, por supuesto, de otras formas de cáncer.

El cáncer gástrico en Chile, al cabo de cinco años, tiene una sobrevida del 10 por ciento. Eso significa que, en cinco años, nueve de cada diez personas en las que dicho cáncer fue detectado están muertas. ¿Qué significa eso, estimados y estimadas colegas? Que llegamos tarde.

En Japón, ya desde hace décadas, merced a la pesquisa precoz, esto es, a tomar exámenes de rigor a los trabajadores, a las trabajadoras y a las personas en grupos de riesgo, ocurre exactamente lo contrario: al cabo de cinco años, la expectativa de vida es de 90 por ciento; es decir, solo una de cada diez personas ha fallecido.

Quiero recordar con cariño a algunas personas como Marta Icarte , quien falleció prematuramente, o la madre de mi amigo Marcelo Paillalef , ambas afectadas por cáncer gástrico y que perdieron la vida, como dije, prematuramente.

Por lo tanto, ante la fuerza de las estadísticas, que, como se leyó en el informe, arrojan que más de 3.000 personas al año fallecen por esta entidad, creo que es menester que esta Sala tenga en consideración hacer lo más expedita posible la tramitación de este proyecto.

Hubo una época en la que a los pacientes con cáncer gástrico incipiente se les extirpaba toda la pared del estómago o se les extirpaba, incluso, a veces, parte del intestino, y no se sabía que existía el Helicobacter pylori.

La OMS ha declarado que este es un predictor de riesgo oncológico que tiene una fuerza de hasta el 80 por ciento. Considerando que más del 70 por ciento de la población chilena tiene esta bacteria en algún momento del ciclo vital, creo que es absolutamente razonable hacer la detección prematura, máxime si hoy no es necesario hacerla con endoscopía, sino -como dijo la doctora Molina , que me antecediócon otro tipo de exámenes más inocuos y menos invasivos, que permiten esa detección. Solo en aquellos casos en que haya alguna señal de que pudiera haber cáncer gástrico, sin perjuicio de que se debe comenzar con el tratamiento contra la bacteria, que es altamente peligrosa, se requiere que los empleadores otorguen un permiso laboral más extendido para la realización de exámenes de carácter más invasivo.

Desde el punto de vista de los recursos, ¿qué más económico puede haber que invertir en prevenir o en detectar precozmente las enfermedades? Bien lo saben los japoneses, ¿no?, para los cuales el trabajo se transforma, a veces, en su segundo hogar. Si pudiéramos detectar las enfermedades a tiempo nos evitaríamos meses de licencias prolongadas, de agonías dilatadas y de lamentables consecuencias fatales.

Hago un llamado a la Sala a apoyar con fuerza este proyecto, porque no podemos darnos el lujo de que más de 3.000 compatriotas pierdan la vida porque llegamos tarde, y de que más de 60.000 personas, como se señaló en el informe, la hayan perdido en el transcurso de dos décadas. Creo que es una cifra impactante, equivalente a la de las personas que murieron durante la pandemia, con todas las características graves que esta tuvo.

Finalmente, agradezco tanto a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por la tramitación expedida de este proyecto, como a los colegas que lo apoyaron transversalmente.

He dicho.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, artículo 55, número 3. Allí se señala que las funciones del Presidente, o del que haga sus veces, son: “Proveer la cuenta diaria con arreglo a la Constitución, a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, a las leyes y a este reglamento.”.

El número 5 expresa: “Cuidar de la observancia de este reglamento y, en general, hacer uso de todas las facultades y atribuciones que él le otorga.”.

Espero que no me corte el micrófono, Presidente.

El señor Hotuiti Teao tendrá toda la intención de traer aquí sus tradiciones, pero usted es el que debe velar por que esto se ordene.

Cuando lo hago yo…

(Hablan varios diputados a la vez)

¿Quién dijo “¡ah, ya!”? Ojalá lo identifique. ¿Sabe por qué?...

El señor SEPÚLVEDA (Presidente accidental).-

Diputada, sobre ese punto ya se manifestó el diputado Raúl Leiva .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

¡Por favor, déjeme terminar! ¡Déjeme terminar! ¿Me va a dejar terminar o no? Porque estoy utilizando mi tiempo, y me queda un minuto y dieciséis segundos.

Aquí muchos, muchas agrupaciones, muchos grupos políticos quisieran gritar. Aquí se ha desalojado la Sala cuando se han proferido gritos. Generalmente, los gritos tienen que ver con el estadio, y generalmente tienen que ver con el perfil de ciertos diputados.

Yo le pido, por favor, que tome en cuenta mis palabras, porque apuntan de distinta manera según el diputado.

No tengo nada -todo lo contrario con las tradiciones del diputado Hotuiti Teao , pero es usted el que debe velar por que esto no se vuelva una especie de un estadio bullicioso, porque no voy a decir circo, porque harto que trabajan los payasos.

He dicho.

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar esta iniciativa, que tiene por objeto establecer un permiso laboral especial para la realización de exámenes de salud preventivos del cáncer gástrico sin necesidad de orden médica.

Lo que establece la iniciativa es fundamental y es un avance importante para prevenir ese tipo de cáncer, porque hoy estamos frente a una verdadera pandemia de esa enfermedad. El cáncer gástrico afecta de manera más agresiva a determinados territorios de nuestro país, particularmente cuando se trata de zonas que no tienen acceso a las prestaciones y a la realización de exámenes preventivos de manera expedita.

Les quiero contar, a usted y a esta honorable Sala, que el cáncer es la principal causa de muerte en la Región de Aysén, particularmente los cánceres relacionados con el colon, el cáncer al estómago y el cáncer a la vesícula, los cuales están asociados, según algunos estudios de la Universidad de Aysén, a factores relacionados con determinados hábitos culturales, el consumo de alcohol, de ají, a la obesidad, al compartir el mate y otros elementos, además de los antecedentes familiares, principalmente por la infección por la bacteria Helicobacter pylori, que es justamente el motivo de la discusión de este proyecto.

Nosotros estamos preocupados y creemos que el Ministerio de Salud debe estar presente. Acá no solamente estamos discutiendo un proyecto que le da permiso laboral a una persona para hacerse un examen -lo que me parece muy bien-; estamos hablando del cáncer, que es la pandemia que hoy día, lamentablemente, nos afecta, y por eso lamento que no esté presente nadie del gobierno en esta Sala. Nadie del gobierno está preocupado de los temas que afectan directamente a la ciudadanía.

Es aquí donde la ministra de Salud debiera estar escuchando los problemas que tenemos en las distintas zonas del país relacionados con el cáncer. Y por eso espero que, cuando estamos próximos a cumplir cinco años de la promulgación de la ley del cáncer, tengamos mayor equidad en el acceso a los exámenes preventivos, sobre todo en zonas extremas.

Existe un compromiso, que viene del gobierno anterior y que también asumió este gobierno, para la construcción en Aysén del primer centro oncológico para el primer trimestre del año 2026, fecha para la que se proyecta la construcción de la unidad modular oncológica.

¿Cuál es el objetivo? Evitar el desarraigo, que la gente no tenga que irse de la región, que es lo que ocurre hoy día, muchas veces para morir fuera de la región porque no están las condiciones para tratarse un cáncer, situación que nos afecta a todos los que vivimos en las zonas extremas, particularmente en Aysén, pero imagino que también ocurre en el extremo norte, porque todas las prestaciones, todos los servicios están concentrados en las ciudades más grandes. Lamentablemente, en materia de salud, es el mercado el que opera.

Quiero agradecer el trabajo que ha hecho toda la región, unida, para tener este primer centro oncológico el primer trimestre del 2026, la unidad modular oncológica. Agradezco a la Corporación OncoAysén, quienes han liderado este proceso junto a las agrupaciones regionales, como la agrupación Enilde , de Cochrane; la agrupación oncológica Caricias para el Alma, de Puerto Aysén; la Corporación Nacional del Cáncer y las Damas de Verde en Coyhaique, quienes impulsaron un trabajo conjunto, recopilaron muchísimas firmas donde participamos todos con la finalidad de tener este centro modular.

Sin embargo, eso no es suficiente. Necesitamos que, a propósito de la bacteria Helicobacter pylori, se hagan exámenes preventivos, que la gente tenga acceso. No saca nada con tener permiso por el día si finalmente no va a tener la posibilidad de hacerse el examen.

Necesitamos que nuestros centros de salud en Cochrane, Chile Chico y Aysén tengan exámenes preventivos de la bacteria Helicobacter pylori, que es la principal causa de cáncer, particularmente de colon, estómago y vesícula en Aysén, y, lamentablemente, nosotros, como región, lideramos el indicador nacional.

Por eso pido, por su intermedio, señor Presidente, que el Ministerio de Salud -hoy no está presente en esta discusión, pero espero que nos esté escuchando en la sala contiguatome nota, pues esto no solamente se soluciona con un permiso para el trabajador para hacerse el examen. Necesitamos contar con esos exámenes y con las horas médicas para poder realizar exámenes preventivos y salvar vidas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la Palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto profundamente humano y, por tanto, realista, que implica la salud y la vida de miles de familias chilenas: una iniciativa para otorgar un permiso laboral especial para que los trabajadores puedan realizarse una vez al año el examen de Helicobacter pylori sin necesidad de orden médica.

No estamos hablando de un trámite más, sino de salvar vidas. En Chile, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por tumores malignos, y la sobrevida es de apenas un 10 por ciento. Esto significa que, lamentablemente, 9 de cada 10 chilenos diagnosticados fallecen. Estas son cifras absolutamente devastadoras.

En nuestra Región de Tarapacá la realidad es aún más dura. He visto cómo familias de Alto Hospicio, Pozo Almonte e Iquique han perdido a seres queridos demasiado jóvenes a causa de esta enfermedad. Un día estaban sanos, luego le detectan esta enfermedad y, al otro día, reciben un diagnóstico terminal.

Lo más doloroso es que esto sí se puede prevenir. El Helicobacter pylori está presente en el 70 por ciento de los chilenos. Detectarlo a tiempo puede evitar que la infección avance y se convierta en cáncer gástrico. Sin embargo, si las personas no se hacen el examen por falta de tiempo o por restricciones laborales, llegaremos tarde.

Este proyecto no es un regalo; es una acción inteligente y justa. Justa, porque el trabajador no debe elegir entre cuidar su salud o perder su empleo, y es inteligente, porque prevenir es mucho más barato que tratar un cáncer avanzado. Hoy, el costo promedio supera los 3.500.000 pesos por paciente, una carga inmensa para el Fonasa y para todo el sistema de salud.

En nuestra Región de Tarapacá, muchas veces, los pacientes no pueden ser tratados en la misma región, sino que deben viajar a Antofagasta o a Santiago para su tratamiento.

Autorizar medio día de permiso al año para realizarse este examen es un mínimo esfuerzo frente al enorme beneficio que significa salvar vidas y aliviar los costos del Estado.

El Congreso Nacional no puede ser indiferente cuando está en nuestras manos cambiar la historia de miles de familias. Lo digo con fuerza: nadie debería morir de cáncer gástrico por falta de prevención. Por eso, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa.

También, debo señalar que presentaremos una indicación para que cuando el examen requiera un día completo para su realización, el tiempo adicional siempre sea compensado por el trabajador, salvo que el empleador decida lo contrario. Con eso, aseguramos el equilibrio entre salud y responsabilidad laboral.

En la Región de Tarapacá, donde tantas veces nos sentimos postergados, este tipo de proyectos es un mensaje claro de que el Estado se preocupa de nuestra gente, de su vida y de su familia. Pese a la ausencia de las autoridades de salud del gobierno, no vamos a dejar pasar la oportunidad de prevenir.

Por eso, votaremos a favor del proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, hoy quiero hablar no solo como parlamentaria, sino también como hija. Mi mamá padece cáncer gástrico. Por eso sé en carne propia lo duro que es recorrer este camino lleno de exámenes, tratamientos, esperas, esperanzas y, también, temores. Esa experiencia me ha hecho comprender lo urgente que es legislar con humanidad y con prevención.

En Chile, el cáncer gástrico sigue siendo la primera causa de muerte oncológica, con más de 3.000 muertes al año y con una tasa de sobrevida que apenas alcanza el 10 por ciento. Eso significa que 9 de cada 10 familias enfrentan la pérdida de un ser querido, situación que hoy me toca enfrentar a mí y a mi familia.

El proyecto que discutimos busca derribar una barrera injusta, para que las y los trabajadores puedan acceder a exámenes preventivos sin necesidad de orden médica, porque la prevención salva vidas y porque el tiempo que se gasta en trámites puede hacer la diferencia entre un diagnóstico a tiempo y uno tardío.

Con este permiso laboral especial estamos diciendo que el derecho a cuidar la salud no puede depender de la agenda ni del bolsillo de cada trabajador, sino que es un derecho que el Estado y la sociedad deben garantizar.

Este proyecto no solo tiene números, estadísticas o estudios; también tiene rostro, familias e historias.

Hoy, desde el corazón, les pido que votemos a favor para que la prevención sea un derecho real y no una promesa pendiente.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, valoro este proyecto de ley, del cual soy firmante. La iniciativa tiene su origen en una problemática que abunda en nuestra sociedad.

Primero que todo, uno podría decir que el cáncer está a la orden del día, y por diversos factores, tema que habría que desarrollar con mayor profundidad. Hoy discutimos acerca del cáncer gástrico que se debe, fundamentalmente, al Helicobacter pylori, bacteria que, en el caso de proliferar de forma excesiva en el estómago, y no ser detectada a tiempo, puede generar cáncer gástrico.

En mi Región del Maule, tenemos una de las tasas más altas del país: 46,3 casos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que, aproximadamente, 520 personas mueren al año por cáncer gástrico.

Este cáncer también tiene factores hereditarios, y lo puedo corroborar porque tengo amigos y familiares que tienen la bacteria Helicobacter pylori. Incluso, hace muchos años, mi abuela falleció de cáncer gástrico.

La legislación tiene que avanzar en materia preventiva de esta enfermedad. Si biológicamente no podemos controlar la proliferación del cáncer, a lo menos, debiéramos poder otorgar las garantías suficientes para que las personas puedan realizarse los exámenes correspondientes para prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad. Como bien decía un diputado hace un momento, detectar a tiempo un cáncer gástrico en fase 1 hace la diferencia entre la vida y la muerte.

Aun así, es necesario señalar que hay aproximadamente 1.326 casos pendientes de diagnóstico por el GES. Eso quiere decir que el 8,8 por ciento del total nacional son casos que se encuentran en listas de espera.

Entonces, es del todo pertinente que las personas puedan tener permiso en sus trabajos para poder realizarse exámenes preventivos sin orden médica, pero también es sumamente importante que las políticas públicas de salud consideren las condiciones necesarias para lograr la detección temprana de la enfermedad, así como también se den a tiempo los resultados y, por cierto, se inicien los tratamientos.

Si bien no tiene que ver con el cáncer gástrico, quiero señalar que hace unos días conversé con la señora Flor, quien es la presidenta de una agrupación de la comuna de San Javier, quien me contó todo lo que ha tenido que vivir debido a una cirugía reconstructiva. Me habló de lo mucho que demora el llamado a iniciar los tratamientos para el cáncer de mamas, lo que ha hecho que mucha gente diga que cuando te llega la hora para el examen, podrías estar muerta.

El derecho de resguardar la vida no tiene que ver solo con algunos puntos en los cuales políticamente se fijan ciertas personas. Tiene que ver con la calidad de vida y con la capacidad de preservarla en buenas condiciones.

El desafío es múltiple. Hay harto que hacer en salud, partiendo por el acceso igualitario y oportuno a las prestaciones, sobre todo en la salud pública, donde se atiende el 70 por ciento de los chilenos.

Este proyecto de ley es un gran avance. No puede ponerse ningún tipo de trabas a quienes quieran realizarse exámenes para poder prevenir y detectar a tiempo algo que podría quitarles la vida.

Tal como ya se ha dicho, cuando una persona padece cáncer este nunca tiene que ver solo con esa persona. Si bien el nivel de afectación es para el individuo en sí mismo, que tiene derechos, la afectación también la sufre su familia y su entorno cercano. El desgaste, el dolor, la desesperanza son sentimientos que debiéramos tener la capacidad de aliviar, aunque sea un poco. Y eso se logra con prevención y con una sociedad que se pone de acuerdo para poder resguardar lo verdaderamente importante, que es la vida de aquellas personas que están enfermas y que tienen derecho a un tratamiento.

Ojalá todos tengan derecho a prevenirlo con una terapia adecuada. Mucha gente vive con el Helicobacter pylori, pero lo importante es que puedan acceder a distintos tratamientos y resguardos que impidan que llegue a generarse un cáncer.

Valoro este proyecto y agradezco a quienes me hicieron parte de él. Este es el tipo de iniciativas que valen la pena, y hay que legislar sobre el tema. Nosotros tenemos que poner las reglas del juego, que, en este caso, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Siempre estamos por la vida y por la calidad de vida también.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, parto mi alocución ofreciéndole una disculpa al diputado Berger . Mie ntras estaba interviniendo, lamentablemente, pasé por su lado y quizás interrumpí su concentración. Así es que reciba mi disculpa, diputado, por intermedio del señor Presidente.

(Aplausos)

Destaco, como lo he hecho siempre en mis ocho años como diputada, a los autores del proyecto: María Candelaria Acevedo , Danisa Astudillo , Carlos Bianchi , Félix Bugueño , Helia Molina , Jaime Mulet , Emilia Nuyado , Hernán Palma , Patricio Rosas y Consuelo Veloso . Reciban mis felicitaciones, porque estas son las ideas que efectivamente, como bien decía la diputada Veloso , nos tienen que unir para lograr una legislación que ojalá vaya avanzando.

Un diputado -lamentablemente no recuerdo quiéndijo que el trabajador tenía que recuperar el tiempo cuando ocupara este permiso especial. Todos los argumentos son valorables. Este proyecto va en el camino correcto, porque estos exámenes son complejos. Quienes han tenido algún pariente que ha padecido un cáncer de este tipo conoce perfectamente lo que significa todo aquello que es posterior a la intervención o el diagnóstico. Por eso debemos tener la debida consideración.

No es la primera vez que discutimos permisos para exámenes preventivos de cáncer. Estoy muy orgullosa de haber estado ayer en la mesa donde, junto a la ministra y quienes integramos la Bancada Rosa, con nuestra presidenta a la cabeza, se avanzó enormemente en materia de cáncer de mama. Y eso es magnífico. Debemos olvidarnos de los colores políticos para enaltecer a quienes presentan este tipo de propuestas.

No quiero que se vaya el diputado Vlado Mirosevic , porque quería referirme a él. Creo que, como parlamentarios y parlamentarias, debemos reconocer a quienes tienen la iniciativa de escribir y trabajar para que avance un proyecto. El proyecto de ley sobre eutanasia pasará a tercer trámite constitucional. Conozco el tremendo trabajo que ha hecho en ese ámbito el diputado Mirosevic y lo valoro profundamente. No sabe lo que significa para muchos de los que estamos acá ni cuánto la gente pide una ley de eutanasia. Permítanme emocionarme.

Cuando hay otros diputados que quieren impulsar lo mismo, lo mejor es unirse a la causa que ya está legislada. No se puede decir que no se ha hecho nada respecto de las personas desaparecidas, porque existe una ley de extraviados. Lamento que sea yo la autora. A veces lamento que sea usted, Presidente, porque por ser quienes somos se desvía la conversación.

No se puede desconocer la legislación; no se puede desconocer el trabajo de cada parlamentario, sea del color que sea. Se lo dice una mamá que perdió a una hija por cáncer, sin dar su nombre ni contar la historia nuevamente, porque todos la conocen. Todos tenemos una señora María, una Rafaela o alguien cercano que requiere que se le practique eutanasia. Hablemos desde el amor y desde la política pública de salud.

Por eso, quiero invitar a que no nos volvamos locos con la intención de salir elegidos o acumular seguidores, porque cuando se grita el “cehacheí”, ojalá se gritara por cada proyecto aprobado. Y cuando algunos gritamos de manera desmedida, lo hacemos simplemente por el perfil que tenemos.

Hace más de veinte años animo todo lo relacionado con niños enfermos de cáncer. He entregado más camisetas firmadas que cualquier jugador de fútbol. Eso lo saben varios parlamentarios de derecha e izquierda. Algunos incluso han comprado esas camisetas. Consigo las firmas para niños que deben financiar su salud, un tratamiento tardío o un permiso que puede ayudar a prevenir la enfermedad. Y lo saben bien los médicos que están acá.

Me permito este tiempo, señor Presidente, para decir que me cansa que, cada vez que el perfil de una diputada o de un diputado no coincide con la preferencia de alguien, se le pega en la madre. ¡Y en la madre no se pega, señor Presidente1 ¡Las cosas se deben hacer como corresponde!

Díganme lo que quieran, porque resisto una y otra vez. Voy a defender a cada diputado, sea del color que sea, cuando su moción sea desconocida o minimizada.

¡Aguantemos los que luchamos y aguantemos los que seguimos adelante! Muchas gracias.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, primero quiero aclarar algunos aspectos del proyecto, porque en el informe aparece un error al señalar que no se requiere prescripción médica, lo que fue parte de la evolución de esta iniciativa. El diputado Palma ya lo explicó, pero veo que muchas intervenciones insisten en ese punto.

Este proyecto tiene la gracia de que se construyó con bastante conversación, con distintas personas y especialistas, y terminó siendo un proyecto bastante realista.

La idea es combatir el cáncer gástrico desde la prevención, considerando su alta mortalidad en el mundo y, especialmente, en Chile. Es fundamental detectar lo antes posible la bacteria Helicobacter pylori, origen de muchos de estos cánceres que terminan, lamentablemente, en la muerte.

La discusión fue muy abierta y enriquecedora, lo que permitió ir ajustando el proyecto. Al principio contemplaba la endoscopía. Sin embargo, se concluyó que no era posible considerar solo una mañana o una tarde para realizarse ese examen, ya que conlleva sedación y supone un día completo. Por eso se optó por otros tipos de exámenes, mucho menos invasivos y que incluso permiten determinar antes la presencia de la bacteria, pues la misma endoscopía a veces no tiene ese efecto.

Personalmente, puse sobre la mesa experiencias piloto realizadas en mi distrito, específicamente en el Hospital Sótero del Río y en algunos cesfam. A partir de ellas, médicos especialistas señalaron que la capacidad de detección de la bacteria en estados iniciales era baja. Por eso se sugiere -aquí hago un llamado al Ministerio de Saludutilizar otras tecnologías, por ejemplo, algunas que ya se aplican en China. Incluso, pueden ser utilizadas por médicos de atención primaria en consultorios y son mucho más efectivas para la detección temprana de esa bacteria.

El proyecto fue variando y evolucionando, entendiendo que hay que proteger la salud y prevenir. Lamentablemente, la mayoría de los chilenos no muere cuando Dios quiere, sino cuando el sistema lo determina, ya que muchos no reciben atención oportuna o llegan tarde, cuando ya los cánceres están en grado 3 o 4, con poco que hacer. En ese escenario aparecen los cuidados paliativos, que uno agradece, pero también situaciones insólitas: personas enfermas que reciben llamadas para responder encuestas de satisfacción, aun cuando nunca fueron operadas. Tengo casos cercanos de gente que se estaba muriendo y recibían llamadas para que respondieran ese cuestionario. Eso es realmente insólito. Para que estas situaciones no se repitan, tenemos que dedicarnos a la prevención.

Por lo mismo, se agradece este proyecto. La salvedad es que, en el caso de que la persona deba tomarse el día completo, se establece la recuperación de esa jornada. Junto con el empleador se programará cuándo aquella se recupera, de manera de proteger tanto la salud como el empleo.

Detectada tempranamente, esta bacteria se puede tratar con algunos medicamentos, evitando un desenlace fatal, como lamentablemente ha ocurrido con tantos chilenos.

Este es un muy buen proyecto. Ojalá avance. Tuvo grandes cambios, fruto del buen diálogo en la Comisión de Trabajo. Es un proyecto que, probablemente, tendrá viabilidad política no solo aquí, sino también en el Senado.

Si se aplica de buena forma, puede prevenir la muerte de muchas personas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, cuando hablamos del cáncer en Chile, nos referimos a una amenaza silenciosa, pero cuando hablamos del cáncer en la Región de Arica y Parinacota, nos referimos a una tragedia que golpea más fuerte que en cualquier otro lugar.

Arica no solo tiene una de las mayores tasas de mortalidad por cáncer en el país, sino que también arrastra cifras estremecedoras de cáncer gástrico, una enfermedad que ha marcado a familias enteras generación tras generación. En Arica muchas personas han visto cómo un dolor de estómago se convierte en un diagnóstico tardío. Ese diagnóstico se convierte en una condena. El cáncer gástrico no espera, no da tregua y en Arica cobra vidas a un ritmo inaceptable.

Por eso este proyecto es importante, pero seamos claros: a pesar de ser valioso, no basta, porque mientras se discute en esta Sala, en Arica hay pacientes que deben recorrer más de 500 kilómetros hasta Antofagasta para recibir un tratamiento que debería estar en su propia tierra, junto a sus familias, a sus redes de apoyo, a sus hijos e hijas, a sus amigos y amigas. Los ariqueños y ariqueñas que luchan contra el cáncer además deben pelear contra el abandono del Estado.

Por eso, voy a seguir luchando por el centro oncológico para el tratamiento del cáncer en Arica, una deuda histórica. Pero, mientras el centro no llegue, es imperativo que vuelvan los vuelos interregionales para que nuestros enfermos puedan trasladarse con dignidad y sin arriesgar la vida en cada viaje. Hace unos días, Latam le dio un portazo a nuestra región.

No nos quedaremos con los brazos cruzados. Seguiremos insistiendo con las líneas aéreas y con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para que puedan permitir los vuelos interregionales, porque es un tema de humanidad y de justicia con los territorios extremos, como la Región de Arica y Parinacota.

Hablo desde la rabia y la impotencia de quienes sienten que en Arica el cáncer se multiplica, pero las respuestas nunca llegan. Hablo desde el dolor de las familias que entierran a sus seres queridos sabiendo que, si hubieran vivido en Santiago o en Antofagasta, quizá estarían vivos. Hablo desde la voz de quienes hoy se levantan débiles, pero se dan fuerza, tienen voluntad y siguen luchando.

Por eso, apoyo este proyecto y felicito a sus autores, porque abre una puerta a la prevención, pero al mismo tiempo levanto la voz. No aceptaremos que la distancia nos condene, que la falta de un centro oncológico nos arrebate vidas, que un pasaje de avión sea la frontera entre vivir o morir. Hoy hablo por ellos y por ellas, por cada paciente y por cada familia que resiste en Arica.

Lo digo con toda la fuerza de mi corazón: en Arica no vamos a rendirnos. En Arica vamos a pelear por cada examen, por cada tratamiento, por cada vida, por cada viaje. Vamos a pelear por el centro oncológico para el tratamiento del cáncer, para que, ojalá, pase su etapa de diseño y llegue pronto su ejecución.

En Arica vamos a luchar y a vencer el cáncer. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo del Orden del Día. La discusión de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión.

INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN RELATIVA A CORTE MASIVO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCURRIDO EL 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO (OFICIO)

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN MATERIA DE SUBSIDIOS ELÉCTRICOS (OFICIOS)

NECESIDAD DE TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGALES PARA SOLUCIONAR SITUACIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES A HONORARIOS (OFICIO)