Labor Parlamentaria

El señor CASTRO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde iniciar el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que dicta normas sobre protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales, correspondiente al boletín N° 16886-12.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe se encuentra rendido.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 77ª de la presente legislatura, martes 7 de octubre de 2025, ocasión en que se rindió el nuevo primer informe de la Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, el segundo informe anual de 2024 de la organización Escazú Ahora da cuenta de un fenómeno alarmante: 47 defensores ambientales agredidos en total. El 50 por ciento fueron agresiones físicas o intentos de homicidio.

En 2024, se produjo la extraña desaparición del lonco Ramón Chiguay , impulsor de la ley sobre espacios costeros de pueblos originarios, en extrañas circunstancias.

Solo el 2 por ciento de los defensores ambientales que son víctimas de agresiones acceden a la justicia, lo cual denota deficiencias en nuestro ordenamiento jurídico interno y la necesidad de impulsar una iniciativa legislativa como esta.

Consultada la ciudadanía, el 67,7 por ciento de la población está de acuerdo con entregar asesoría legal a las víctimas, el 61,8 por ciento está de acuerdo con que este tipo de delitos tenga una agravante penal, y el 67,7 por ciento, con que exista una sanción penal a las personas jurídicas.

Es imposible abordar este tema sin referirse a Julia Chuñil . Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, levanté este tema junto a otros colegas desde su desaparición el 8 de noviembre del año pasado. Cabe aclarar, por si la memoria frágil nos falla, que ella fue una defensora activista del bosque nativo frente a la amenaza de la deforestación en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos. Julia Chuñil había sido hostigada insistentemente por un defensor de la deforestación, quien hoy, merced a un audio de público conocimiento, resultaría involucrado en su lamentable desaparición.

Además, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios solicitamos dos sesiones secretas a las cuales citamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al ministro de Seguridad Pública. A ambas sesiones no se presentaron, dando diferentes excusas, lo que hizo que las mismas fracasaran.

También es lamentable que se haya instalado una fake news que nos hace recordar lo que pasó con Tomasito, un pequeño cuya desaparición y muerte fue imputada a un familiar directo. En el caso de Julia Chuñil , también se pretendió involucrar a la familia.

Envío un cariñoso saludo a la organización Escazú Ahora, y anuncio que con toda la fuerza vamos a apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, desde hace once meses, la familia de Julia del Carmen Chuñil Catricura vive una angustia que ninguna familia merece. La incertidumbre de no saber qué ocurrió con su madre les ha arrebatado la tranquilidad, pero no la fuerza para seguir buscando justicia. Han agotado todas las instancias a su alcance; sin embargo, a casi un año de su desaparición y pese a los graves antecedentes revelados la semana pasada, aún no existen avances significativos en la investigación.

Julia , junto a su fiel compañero Cholito , salió a realizar su caminata habitual y nunca regresó. No hablamos de cualquier mujer. Julia era reconocida en su comunidad por su compromiso con la conservación del bosque nativo y por la defensa de los derechos territoriales de su pueblo. Ese compromiso le significó ganarse el odio de quienes, movidos por la codicia, buscan apropiarse de tierras que no les pertenecen y están dispuestos a todo, incluso a atentar contra la vida de una mujer de 73 años y su mascota.

La historia de Julia, lamentablemente, no es un hecho aislado. Sabemos que el 80 por ciento de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres; las indígenas y rurales son las más afectadas. Sabemos también que la violencia contra defensoras ambientales está en aumento, revelando cómo la crisis climática profundiza las desigualdades de género y pone en riesgo a quienes se levantan en defensa de la naturaleza y de sus comunidades.

Por eso, colegas, no se trata solo de votar a favor este proyecto, sino de exigir verdad, justicia y reparación para Julia y su familia; se trata de que los organismos del Estado actúen con la seriedad y diligencia que la gravedad de este caso amerita, de que se avance en la investigación, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones que en derecho correspondan.

La justicia para Julia es también justicia para todas las defensoras y todos los defensores ambientales que, desde la primera línea de los territorios, cuidan la vida, el agua, los bosques y nuestro futuro.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, tramitamos por fin en Sala este proyecto, despachado hace mucho por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Afortunadamente, la semana pasada el gobierno reaccionó y lo calificó con urgencia “suma”. En verdad es muy urgente aprobar esto.

Hemos tenido noticias perturbadoras respecto de la desaparición de Julia Chuñil . No sabemos dónde está, el país no sabe dónde está, su familia no sabe dónde está, y hay una deuda del Estado. Por eso, también se están juntando las firmas para una sesión especial. Pediremos que asista a ella el fiscal nacional, para poder presionar, para que se aceleren las investigaciones y que el gobierno también ponga todos los recursos para saber dónde está Julia Chuñil .

No somos los que debemos determinar cuál es la verdad; para eso están la Fiscalía, las policías y los tribunales. Confiamos todavía en que se pueda llegar a los verdaderos responsables de su desaparición. En relación con Macarena Valdés , jamás vamos a saberlo, aparentemente; es un misterio su muerte. ¿Qué tienen en común? Eran defensoras ambientales. Hay muchas otras Macarena Valdés y Julia Chuñil en distintas regiones.

Asimismo, tienen en común que el Estado no las protege. El Estado no protege a los defensores y a las defensoras ambientales. Más allá de la firma y ratificación del Tratado de Escazú a inicios de este gobierno, no ha pasado nada más, hasta que el diputado Malla presentó este proyecto. Lo tramitamos en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y esperamos que la Sala lo apruebe ojalá por unanimidad. Las personas que nos dedicamos a la defensa ambiental estamos expuestas a presiones, a coerción y a la amenaza.

Por supuesto, soy diputado, así que tengo algunas herramientas diferentes; pero hay personas que están siendo perseguidas de distintas maneras, con amenazas directas e indirectas, con denuncias infundadas en tribunales, solamente para molestarlas y hacerlas gastar dinero en abogados.

Entonces, es el momento de que se cree, a través del Estado, una protección a los defensores y las defensoras ambientales. No puede ser que tengamos otro caso como el de Julia Chuñil .

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señor Presidente, quiero hablar hoy desde la convicción más profunda. Proteger a quienes defienden el medio ambiente es proteger la vida misma. No se trata solo de reconocer su trabajo, sino de garantizar que el Estado deje de mirar para el lado cuando ellas y ellos son perseguidos, amenazados o silenciados.

En Chile, las mujeres campesinas son el corazón de esa defensa. Son ellas quienes, con sus manos, cuidan la tierra, siembran, cosechan, resguardan el agua. Son las primeras en sufrir los efectos de la sequía, del abuso del suelo, de los proyectos extractivistas, que, muchas veces, se imponen sin participación y sin respeto.

Por eso, debemos decir con fuerza que de nada sirven las políticas verdes si el extractivismo sigue siendo el pan de cada día, si se siguen entregando concesiones sin control, si el agua sigue tratándose como una mercancía y no como un derecho. El Estado tiene el deber de hacerse cargo, de una vez por todas, del resguardo de nuestros recursos naturales y también de quienes lo defienden, porque no hay justicia ambiental posible cuando las defensoras desaparecen, son amenazadas, cuando la violencia se normaliza o cuando se pretende callar a las comunidades que se oponen a proyectos que destruyen su entorno. Defender el agua no es delito; defender la tierra no es extremismo. Es un acto de amor, de dignidad y de esperanza.

Las mujeres campesinas de Chile son las guardianas de nuestros valles, de nuestros ríos, de nuestra memoria. Son ellas quienes nos recuerdan que sin agua no hay vida -frase cliché, pero que es realmente efectiva-, y, sin vida, no hay patria.

¿De qué nos sirve el Acuerdo de Escazú si no avanzamos en el resguardo efectivo de las personas defensoras ambientales? De nada vale firmar tratados verdes si las mujeres y los hombres que protegen la tierra y el agua siguen siendo amenazados, perseguidos, silenciados. Escazú debe ser más que un papel, más que una gira a las Naciones Unidas, a cualquier evento o seminario internacional. Desde el Estado se requiere protección, justicia y vida.

La persecución judicial, el amedrentamiento de empresas a defensores y defensoras, que ponen en riesgo la libertad de expresión, deslegitimando su lucha por la protección del medio ambiente, son cuestiones que están pasando en nuestro país, pero que, pareciera, no salen en las páginas de los diarios de la hegemónica prensa vigente.

Por eso, en este Congreso Nacional hay una tarea moral y política: asegurar que el Estado proteja a quienes protegen la naturaleza, con leyes efectivas, con recursos, con acompañamiento real. Porque cuidar a quienes cuidan es el futuro de Chile.

Justicia para Julia Chuñil , Macarena Valdés y Alejandro Castro .

He dicho.

-Aplausos.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, he sido, soy y seré una defensora ambiental. Esta convicción es la que me trajo al Parlamento, y desde aquí continuaré la lucha por proteger nuestras comunidades del abandono del Estado y de los abusos de las grandes empresas que siguen viendo nuestros territorios como tierra de nadie.

Durante mis años como defensora he recibido amenazas, hostigamientos y presiones, como muchas y muchos de quienes levantan la voz en defensa de la vida; porque en este país todavía se castiga al que denuncia y se premia al que contamina.

En Maipú, Tiltil , Quilicura , Lampa , Pudahuel y Estación Central sabemos lo que es resistir. Somos zona de rezago ambiental, donde se instalan los proyectos más dañinos: rellenos sanitarios, plantas industriales y vertederos que nadie quiere cerca de su casa. En Tiltil, la gente convive con los desechos del país entero. Y en Maipú, lo que antes fue tierra fértil hoy está marcado por los malos olores, las aguas contaminadas y las enfermedades respiratorias que golpean a los más pobres.

Por eso toma tanta fuerza el caso de Julia Chuñil , defensora ambiental que por su lucha ha sido silenciada. Su historia, como la de tantas otras, demuestra que la defensa del medio ambiente es un camino de valentía, pero también de riesgo y peligro. Es por ello que este proyecto, que he patrocinado, es un paso fundamental, porque desde hoy quien amenace, agreda o violente a un defensor ambiental será un delincuente ante la ley.

La defensa del medio ambiente es un deber ético, es amor al territorio y es justicia social. Lo diré con fuerza: seguiremos luchando para que las comunidades puedan vivir con dignidad y no asediadas por el miedo, la destrucción y la contaminación.

Podrán tener el dinero, podrán tener los medios, podrán tener su nefasta ley de permisología, pero no tienen lo más importante: la razón y la convicción de un pueblo que lucha por vivir con dignidad. Porque mientras ellos se reparten el territorio, a nosotros, los defensores con coraje e historia, no nos van a callar.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella).-

Señor Presidente, ¿hasta cuándo en Chile defender la naturaleza será una sentencia de muerte? ¿Hasta cuándo el Estado mirará para el lado mientras las y los defensores del medio ambiente son perseguidos, amenazados y desaparecidos?

Esta ley no es un favor; es una tremenda deuda con quienes han tenido el coraje de proteger lo que otros destruyen por codicia.

Hoy quiero decir su nombre: Julia Chuñil, dirigenta mapuche, defensora de los bosques, la tierra y el agua; desaparecida, amenazada, ignorada. Julia no está; el silencio del Estado también la mató, porque en Chile se protege más a las empresas contaminantes que a quienes defienden la vida, y eso, colegas, es una vergüenza nacional.

Esta ley en proyecto debe decir con fuerza “¡basta ya!” Basta de impunidad, basta de miedo y basta de naturalizar la violencia contra quienes cuidan lo que es de todos y todas.

Defender la naturaleza no es un delito; es un acto de amor y justicia, y desde esta Sala tenemos el deber de garantizar que nunca más una mujer, un dirigente o una comunidad pague con su vida el precio de defender su territorio.

Por Julia Chuñil y por cada persona que resiste con dignidad, hoy decimos “nunca más solos, nunca más silenciados”, porque defender la naturaleza es defender la vida.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María Francisca Bello .

La señorita BELLO (doña María Francisca) .-

Señor Presidente, los defensores y las defensoras ambientales son la voz viva de nuestros territorios; defenderlos es defender la democracia.

Este proyecto cobra aún más sentido en el contexto de lo que hemos conocido hace algunos días: la dolorosa y horrorosa desaparición de Julia Chuñil , mujer mapuche, adulta mayor y defensora ambiental que lleva casi once meses desaparecida. Julia representa el coraje de muchas mujeres que cuidan la tierra, el agua y la vida. Su ausencia no puede quedar en silencio; debe ser un llamado urgente a proteger a quienes defienden lo que es de todos.

También quiero mencionar el asedio político y judicial que enfrenta Arón Cádiz , joven científico de Putaendo perseguido por la empresa extranjera Vizcachitas Holding . Su único pecado ha sido proponer soluciones con base en la naturaleza y defender la cordillera de los Andes, el corazón hídrico de nuestro país. Lo que Arón hace es lo que los verdaderos patriotas hacen, esto es, proteger la tierra que heredamos y debemos dejar a las futuras generaciones, tal como dice nuestro himno nacional: “Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor”.

Cuando una empresa extranjera que factura millones de dólares intenta amedrentar a un chileno que defiende su tierra no solo agrede a una persona; se limpia las manos con nuestra bandera. Mientras yo sea la diputada de Aconcagua, ninguna empresa extranjera humillará a nuestros compatriotas ni destruirá nuestra cordillera, porque defender el agua, los glaciares, la naturaleza y la dignidad de nuestras comunidades es defender la soberanía y nuestra patria.

Votaré a favor este proyecto por Julia, por Arón y por quienes defendieron con su vida la naturaleza. Los defensores ambientales no solo merecen un reconocimiento, sino toda nuestra protección.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, honorables diputadas y diputados, hoy estamos discutiendo un proyecto que nace de la urgencia de proteger la vida, la dignidad y la voz de quienes se levantan en defensa de la naturaleza y de los derechos medioambientales. No hablamos de una causa lejana; hablamos de personas de carne y hueso, de comunidades enteras que al defender ríos, bosques y tierras ancestrales han enfrentado amenazas, hostigamientos, violencia e, incluso, la desaparición.

Quiero detenerme en un nombre que no puede quedar en el olvido: Julia Chuñil , mujer mapuche, lideresa comprometida con la defensa de su territorio y desaparecida en circunstancias que hasta hoy no han sido esclarecidas.

Julia no es una cifra, no es un caso más. Su ausencia nos recuerda que en Chile todavía hay quienes pagan con su vida o su libertad el simple acto de levantar la voz frente a la injusticia ambiental.

Al igual que Macarena Valdés , encontrada muerta tras denunciar un proyecto hidroeléctrico, Julia simboliza la crudeza del riesgo que enfrentan quienes desafían intereses económicos que no dudan en devastar ecosistemas y comunidades. Ambas historias son heridas abiertas que nos interpelan como sociedad y como Estado, y que se suman a los casos de Alejandro Castro , Marcelo Vega , Matías Catrileo y Nicolás Quintremán . ¡Honor y gloria a todos ellos!

Este proyecto de ley busca que nunca más un defensor o defensora de la naturaleza quede sin protección, y reconoce derechos concretos: a trabajar en entornos libres de violencia, a acceder a información ambiental, a participar en las decisiones que afectan a sus territorios, a fiscalizar y a coordinarse con organismos nacionales e internacionales.

Además, establece deberes claros para un Estado, el nuestro, profundamente en deuda: prevenir, investigar y sancionar toda agresión contra quienes defienden la vida. También avanza en el ámbito penal, responsabilizando a personas naturales y jurídicas por delitos cometidos contra defensores y defensoras ambientales, elevando sanciones y cerrando espacios de impunidad.

Pero, más allá del articulado, este proyecto representa un acto de memoria y justicia, porque legislar en esta materia es decir que la vida de Julia Chuñil importa, que el silencio no es opción y que la democracia se fortalece cuando protege a quienes la nutren con su valentía.

Colegas diputadas y diputados, aprobar este proyecto no devolverá a Julia ni a Macarena ni a tantas y tantos que han sufrido, pero será una señal potente de que el Congreso de Chile asume su responsabilidad histórica: la de proteger a quienes cuidan la tierra, el agua, la vida.

Por Julia Chuñil, por cada defensor y defensora ambiental, y por las futuras generaciones, que merecen un país más justo y verde, les pido votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención valorando la lucha que muchos y muchas han realizado históricamente en defensa de la naturaleza.

No puedo olvidarme de Luisa Valenzuela , quien, en el distrito Nº 20, que represento, ha levantado las banderas de la defensa del humedal Vasco da Gama, pelea que le ha causado múltiples problemas a nivel personal y que esta ley, justamente, viene a tratar.

Conocemos el valor que las activistas medioambientales tienen en nuestra sociedad. Por lo mismo, como Estado, debemos garantizar sus derechos en todos los niveles posibles.

No es aceptable que, por defender las tierras de sus ancestros, Julia Chuñil haya sido asesinada tan cruelmente. No lo podemos tolerar. Su caso nos recuerda las más grandes atrocidades cometidas por el dictador y sus secuaces.

No es suficiente con evidenciar los abusos que se cometen en contra de los territorios y de las personas que se enfrentan a quienes atentan contra nuestro entorno. Hemos sido testigos del hostigamiento y de las amenazas dirigidas a quienes se han opuesto a los proyectos mineros en Penco. El progreso no puede significar un retroceso en la calidad de vida de los habitantes de un sector, con proyectos que afectan sus territorios, sus aguas o su salud.

Estas son algunas de las razones por las cuales saludo esta iniciativa legal, que impone deberes claros al Estado para prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra los defensores medioambientales.

En este mismo contexto, valoro que las gestiones que he encabezado para concretar la instalación de una brigada investigadora de delitos ambientales de la PDI en la Región del Biobío estén llegando a buen puerto. Desde fines de octubre contaremos con dicha brigada en la comuna de Tomé.

En definitiva, valoro este proyecto de ley, que pone en relevancia y defiende a quienes han liderado luchas históricas en favor de ríos, lagos y bosques. Son comunidades y organizaciones valientes que no han dudado a la hora de pelear por sus territorios y por defender la calidad de vida de quienes habitan en estos lugares.

Por Julia Chuñil , Luisa Valenzuela , Macarena Valdés , Isleña Antumalen y tantas otras, llamo a votar a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila).-

Señor Presidente, cuando apoyamos este proyecto de ley, del cual soy una de las patrocinantes, buscábamos que el Acuerdo de Escazú no quedara simplemente como un acuerdo de buena voluntad, sino que existiera un procedimiento claro y concreto para la defensa y protección de quienes defienden el medio ambiente, la vida y, en definitiva, nos defienden a nosotros.

En esta discusión no podemos dejar de lado a Julia Chuñil . Durante once meses nos preguntamos dónde estaba, y hoy ya lo sabemos: está muerta y fue quemada.

¿Por qué no se tomó declaración al hombre que, mediante una conversación telefónica interceptada, dijo que había sido quemada? ¿Por qué la inacción por parte de la justicia? ¿Acaso por haber sido defensora de la tierra, del agua y de la vida no tenía derecho a una investigación en tiempo y forma?

Perdón que alce la voz, pero es que ella ya no puede alzarla: la alzó en la defensa de la tierra, y la silenciaron para siempre. ¡Está muerta y fue quemada!

Es importante que lo digamos con fuerza en el Congreso Nacional, porque, si esto no ocupa titulares en los grandes medios de comunicación ni se habla de ello en los matinales, lo mínimo que podemos hacer es recordar que no se hicieron las debidas diligencias en la investigación, y eso es una falla de la justicia.

Precisamente, la razón y el espíritu que motiva la existencia de este proyecto de ley es que los defensores ambientales tengan un procedimiento especial ante la justicia y que el Tratado de Escazú deje de ser solo un buen acuerdo de intenciones, pero que, en la práctica, no se traduce en la protección de la vida de quienes defienden la vida.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, hace unos días nos horrorizábamos con una noticia que parecía sacada de los peores momentos de la historia de Chile. Al parecer, Julia Chuñil había sido quemada y hecha desaparecer por uno de los sospechosos que la fiscalía investigaba.

Esta es una noticia que debe ser investigada, y el paradero de Julia Chuñil debe ser aclarado. Cuesta creer que algo tan siniestro pueda suceder en pleno siglo XXI.

¿Cómo es posible que alguien pueda desaparecer por el solo hecho de defender su tierra, su comunidad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Lo trágico es que estos hechos sí son posibles. Lo son, sobre todo, por la cultura del patrón de fundo que aún subsiste en nuestro país, en que pareciera que los derechos del patrón están por sobre una vida humana. En ese contexto, una dirigenta medioambiental es una molestia, es un “algo”, ni siquiera un “alguien”, que hay que eliminar. Es la expresión máxima de la deshumanización.

Ante esta cruda realidad, el proyecto que votaremos hoy se vuelve una necesidad imperiosa. Proteger con derechos especiales a quienes luchan por sus comunidades, por una vida digna o por los derechos humanos debiera ser algo de sentido común. Sin embargo, en un Chile en el cual avanza la intolerancia y la falta de respeto a los derechos mínimos, proteger los derechos es una necesidad imperiosa que debemos fortalecer.

Este es un drama que se vive en toda nuestra región latinoamericana. Los grandes poderes económicos, la poderosa industria forestal y la gigantesca agroindustria han hecho lo suyo en muchos países. Colombia es el país con más defensores medioambientales asesinados en toda la región: 461 desde 2012. México registra 93 desaparecidos y 185 asesinados.

En Chile tenemos a Julia Chuñil , Macarena Valdés y varios más. Si no frenamos estos crímenes, en el futuro tendremos que enterarnos de nuevos casos.

Llamo a votar a favor de este importante proyecto de ley, que establece agravantes cuando ciertos delitos, ya sean económicos o contra la vida, se cometan contra un defensor medioambiental o de los derechos humanos, por el solo hecho de serlo.

No dejemos que estas actitudes criminales y de amedrentamiento nos inhiban de seguir luchando por los derechos de las comunidades. La presunta muerte de Julia Chuñil no puede ser en vano. Debe unirnos a todos los sectores políticos para frenar estos crímenes antes de que sea demasiado tarde.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señor Presidente, sin duda, para nosotros es un tremendo honor haber sacado adelante este proyecto en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Quiero comenzar mi intervención valorando este proyecto, que es de autoría del diputado Luis Malla, a quien felicito por su tenacidad, su persistencia y por su valentía para sostener esta iniciativa.

Asimismo, quiero denunciar el silencio del gobierno frente a esta situación. Me parece gravísimo que, a pesar de que una organización como Escazú Ahora solicitó, una y otra vez, impulsar este proyecto, el gobierno no haya formulado indicaciones ni acompañado su tramitación. El gobierno se hizo a un lado y ha dejado abandonado este proyecto.

No logramos entender cómo un gobierno que se autodenomina ecologista ha tenido esta actitud frente a un proyecto tan relevante como el que ha impulsado el diputado Malla. Y quiero decirlo con mucha claridad: si no fuera por Luis Malla, este proyecto no existiría.

Me parece muy grave esta situación. Quiero decirlo con mucho respeto: me desconcierta escuchar al Presidente Boric hablar de Julia Chuñil , cuando su gobierno no ha sido capaz de impulsar con decisión un proyecto de esta naturaleza, como sí lo ha hecho, con decisión y valentía, el diputado Malla, junto a las diputadas y los diputados que han acompañado su tramitación.

En la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales hicimos lo mejor que podíamos hacer, pues este proyecto requiere recursos, y este gobierno no ha tenido la voluntad para destinarlos a la defensa de los defensores ambientales, a los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales. Me parece grave, y quiero denunciarlo en mi calidad de Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Quedamos absolutamente perplejos y desconcertados con la actitud del gobierno frente a un tema tan sensible y frente a una promesa. Este gobierno ha hablado una y otra vez del Tratado de Escazú, pero lo más importante y relevante de ese tratado no lo tomaron en consideración, no tuvieron voluntad, y hoy, aquí, la ausencia de la ministra del Medio Ambiente es una clara señal de la falta de compromiso de este gobierno en una materia tan sensible. Sin embargo, vamos a aprobar este proyecto, porque nos parece una iniciativa muy relevante.

Quiero decir que cuando el diputado Félix González era Presidente de la comisión, escuchamos a la familia de Julia Chuñil , y ya van demasiados meses sin que haya respuesta del Estado de Chile.

Este proyecto es necesario e indispensable, pero sin el compromiso del gobierno esta iniciativa va a ser letra muerta.

Señor Gabriel Boric , ¿dónde están los recursos para dar fortaleza, para darle dientes a un proyecto que, de verdad, defienda a los defensores ambientales que arriesgan su vida por proteger el agua, la tierra, el aire, que sin temor y con mucha valentía se enfrentan a grandes transnacionales para defender lo que es de todos? Sobre todo, señor Presidente, quiero reclamar por la actitud del gobierno que no se preocupa por proteger a quienes están luchando por las generaciones futuras.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Continúa el debate.

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, nadie quiere que alguien muera por la actividad que realiza o por la forma en que piensa. La discusión no está ahí. Si alguien es defensor del medio ambiente, lo cual está muy bien, no pueden existir presiones, porque es un trabajo, una labor, una vocación y me parece que así debe ser.

Tengo algunas preguntas sobre este proyecto. Por lo demás, hay varios proyectos que hemos votado en el último tiempo sobre la misma materia, que, en el fondo, van creando una nueva categoría en el Código Penal.

Hoy existen categorías protegidas. Tenemos a los trabajadores de la salud, de la educación, bomberos, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. La idea sería modificar el Código Penal para que exista una nueva categoría, que sería la de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Primero que todo, me sorprende que existan derechos humanos en asuntos ambientales, cuando nos hemos pasado discutiendo qué es realmente violar los derechos humanos en lo que respecta al Estado y el uso de la fuerza. Me parece curioso que, si una persona que ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos humanos es asesinada precisamente por esa causa, no cuente con esta protección especial en el Código Penal, mientras que sí la tendría alguien que se ha dedicado a la defensa de la naturaleza. Me parece muy extraño aquello, porque, además, estas personas tienen una gran cantidad de derechos. Los invito a que lean el proyecto. No se habla solo de personas que reciben amenazas o pierden la vida, pues nadie quiere eso; el proyecto, además, consagra una serie de derechos de participación en las decisiones en temas ambientales.

Me parece increíble que, aplicada esta lógica, a una persona que se dedicó toda la vida a la protección y a la defensa de los derechos humanos no se le asigne esta categoría protegida en el Código Penal, pero sí la tenga una persona que se ha dedicado a ser un defensor de asuntos ambientales.

Estimados colegas, hay que pensar muy bien este proyecto. Por eso, los invito a que lo lean bien, porque es mucho más que la defensa de la vida de las personas que se dedican a esto. El proyecto contiene una serie de deberes y derechos y, en ese sentido, me parece que se les pasó un poquitito el tejo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, artículo 90 y siguientes del Reglamento.

Está ocurriendo una situación extremadamente grave fuera de este Parlamento.

En el frontis del Congreso se encuentra nuevamente el señor Javier Soto , conocido como pastor Soto , sosteniendo un ataúd con una imagen del diputado Vlado Mirosevic . Se trata de una amenaza flagrante a su integridad física.

Señor Presidente, no sé cuál es el mecanismo que debería disponer para que esa persona sea detenida. Varios de nosotros hemos sido amenazados por ese señor. Encuentro impresentable que se encuentre en el frontis del Congreso sosteniendo un ataúd, con una imagen de un colega de la Cámara de Diputados.

Ese señor debería ser detenido.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solo quiero recordar que las faltas al orden se refieren a lo que ocurre al interior de la Sala.

En todo caso, vamos a ver con el equipo de seguridad la situación que está ocurriendo fuera la Sala y que se refiere a un tema de orden público.

Tiene la palabra la diputada Coca Ericka Ñanco.

La señorita ÑANCO (doña Coca Ericka) .-

Señor Presidente, cuando llegué al Congreso Nacional, lo hice inspirada en las luchas medioambientales de las que formé parte durante tantos años, amparada en el trabajo colectivo por la defensa de los ecosistemas de La Araucanía y de otras regiones, por la protección del humedal Antumalén , por las jornadas de limpieza del río Cautín y tantas otras luchas territoriales que aún siguen vivas. Esas experiencias me enseñaron que era posible transformar la organización ciudadana en políticas públicas y luego en leyes.

Pero hoy venimos a hablar también de nombres y apellidos. Se ha hablado bastante de Julia Chuñil , porque detrás de cada estadística hay vidas y hay familias, y Julia Chuñil es una de esas vidas. Desapareció hace casi un año, mientras defendía 900 hectáreas de bosque nativo en Máfil. Hasta hoy seguimos sin saber dónde está Julia .

Alguna vez había recibido amenazas e intentos de sobornos por negarse a permitir la tala de bosques ancestrales. Sus palabras fueron: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”.

Nicolasa Quintremán , mujer pehuenche de 74 años, quien junto a su hermana Berta se convirtió en símbolo de la resistencia contra la hidroeléctrica Ralco en el río Biobío. Nicolasa repetía con fuerza “ni muerta me sacarán de mis tierras”. El 24 de diciembre de 2013 apareció ahogada en el mismo embalse artificial contra el que luchó durante décadas.

Hasta hoy, las circunstancias de su muerte todavía no han sido esclarecidas del todo. Quienes la conocían sabían que ella dominaba perfectamente esos recorridos, esas tierras que eran su vida. Murió en las aguas que inundaron su territorio ancestral, en el lago que nunca quiso aceptar, esas mismas aguas que hoy día hacen falta en el Alto Biobío.

Ellas, Macarena Valdés y tantos otros nombres de América Latina, convierten a esta zona en la región más peligrosa del mundo en lo que se refiere a defensa del medio ambiente. Mientras debatimos en la comodidad de este hemiciclo, muchos compañeros y compañeras están arriesgando sus vidas allá afuera.

Este proyecto cambia paradigmas fundamentales, pues establece la inversión de la carga de la prueba, lo que significa que cuando un defensor ambiental, como Julia o Nicolasa, presente indicios suficientes de que determinados derechos han sido vulnerados, ya no serán ellos quienes deban probarlo frente a empresas poderosas que cuentan con equipos de abogados, sino que será el denunciado quien deba demostrar lo contrario.

Chile ratificó el Acuerdo de Escazú. Hoy, defender el agua, al parecer, suele ser más peligroso que contaminarla. No podemos aceptar que proteger un bosque cueste la vida.

Seguiremos buscando justicia para Julia , Nicolasa y Macarena Valdés .

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Clara Sagardía .

La señora SAGARDÍA (doña Clara).-

Señor Presidente, no podemos proteger el medio ambiente sin antes proteger a las personas que trabajan en esta materia y que defienden su cuidado.

En Chile, cientos de personas dedican tiempo, energía y convicción a cuidar el agua que tomamos, el aire que respiramos y el suelo que pisamos. Sin embargo, por hacerlo son agredidas e incluso asesinadas, como es el caso de Julia Chuñil . Llegamos tarde para Julia, pero aún podemos hacer más. Aún podemos proteger a los defensores de la naturaleza que siguen trabajando para preservar nuestro medio ambiente.

Este proyecto no crea nuevos derechos, sino que permite que los existentes se hagan realidad para un grupo que hoy se encuentra completamente desprotegido. Promover su avance es honrar los compromisos internacionales que el Estado de Chile ha asumido de manera voluntaria y proteger a quienes, muchas veces en silencio, cuidan la vida, el agua y nuestro propio futuro.

Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente, pues cada año presencia más de cien asesinatos contra los defensores del medio ambiente. Según el último informe Global Witness, solo en 2024 más de ciento veinte defensores de la naturaleza fueron asesinados o desaparecidos en la región.

Chile no está ajeno a esa realidad. Según información levantada por Escazú Ahora, entre 2023 y 2024 se documentaron más de ochenta agresiones contra defensores ambientales en nuestro país, evidenciando un aumento en la cantidad de casos entre un año y otro, y una triplicación en los niveles de violencia. A ello se suman las muertes de nuestros defensores ambientales, como es el caso de Julia Chuñil.

Hoy, defender el medio ambiente en Chile es una actividad de alto riesgo. Se ha evidenciado que el Estado no cuenta con herramientas eficaces para prevenir y sancionar las agresiones.

Según cifras de la Policía de Investigaciones, entre 2023 y 2024 las denuncias de ataques contra los defensores recibidas por esta institución aumentaron más de un 3 por ciento, mientras que las órdenes de investigar disminuyeron un 24 por ciento.

El proyecto aborda ese vacío; no crea privilegios ni categorías especiales, sino que establece criterios objetivos para identificar a quienes ejercen legítimamente una labor de protección ambiental, tipifica con claridad las agresiones y define el rol que deben asumir las instituciones públicas.

Por todo eso, aprobaré el proyecto, porque…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Clara Sagardía .

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, este proyecto, del cual soy autor, no solo cumple con el Acuerdo de Escazú, sino también con quienes defienden la naturaleza, que es lo más importante.

Es lamentable que estén empujando este proyecto organizaciones internacionales como Escazú Ahora, a la cual agradezco el empuje y el aguante que ha tenido, y más de 650 otras organizaciones en todo Chile, y que no lo haya hecho el gobierno. La ministra ni siquiera está en la Sala. Es lamentable que quieran debilitar este proyecto. Es lamentable que no les importen los defensores ambientales. Es lamentable que no les importe Julia Chuñil .

A Julia Chuñil la mataron y la quemaron, y el Estado es cómplice, porque cuando no protege, cuando no le importa, cuando calla, cuando deja solos a quienes defienden el agua y la vida, se convierte en encubridor y en socio de los verdugos.

Lo peor es la doble moral de un gobierno que se dice ambientalista, que firma acuerdos internacionales, que posa como defensor de los derechos humanos, pero que no estuvo para defender este proyecto, que no está aquí para escuchar el debate, que no estuvo para cuidar a Julia Chuñil , a Macarena Valdés y a Nicolasa Quintremán . Este es un Estado que se llena la boca hablando de democracia, pero que, en los hechos, abandona y deja solos a quienes defienden la naturaleza.

Cuando quemaron a Julia Chuñil , cuando la hicieron desaparecer por más de un año, hubo silencio, hubo montaje y hubo persecución. Se atrevieron a acusar a su propio hijo. Se hostiga, se amenaza y se agrede a activistas para tapar la verdad. Esa es la democracia que tenemos: una que defiende símbolos, pero no vidas; una que protege intereses, pero no comunidades; una que calla cuando se mata a una mujer pobre, mapuche y dirigente. Porque seamos claros: si Julia Chuñil hubiera sido parte de la élite política o empresarial, los culpables habrían sido encontrados en tiempo récord, pero como ella era del pueblo, su familia tuvo que cargar con la humillación, con las mentiras y con la indiferencia.

La rabia de su familia, la pena de sus hijos y la impotencia de su comunidad hoy son la rabia de todo un país, porque cada vez que matan a un defensor de la naturaleza no solo muere una persona: intentan matar la esperanza, la memoria y la voz de quienes se atreven a decir basta.

Que nadie se equivoque, porque Julia Chuñil no está sola; su nombre se une al de Macarena Valdés y, en Latinoamérica, a los de Berta Cáceres, Homero Gómez , Chico Mendes, Julián Carril , mártires de una misma causa: que la tierra no es un botín, que el agua no es mercancía y que la vida no se negocia.

En Arica también tenemos defensores que lo arriesgan todo. Agradezco a quienes protegen el humedal, a quienes defienden el cerro sagrado Anocarire y a quienes han denunciado la contaminación por polimetales.

Por eso, este proyecto no es un trámite, sino que es una línea moral, de ética y de justicia. Si este Congreso no aprueba este proyecto de ley, la sangre de Julia Chuñil seguirá manchando las manos del Estado.

Lo digo fuerte para que se escuche dentro y fuera de la Sala: la tierra no se vende…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, me sumo a la molestia por la ausencia de la ministra del Medio Ambiente. La verdad es que cuesta entender que el gobierno tenga tiempo para tantas cosas y no tenga tiempo para estar en la tramitación de los proyectos de ley que dicen relación con sus carteras.

En relación con el tema medioambiental, tengo la convicción de que es una causa transversal y común de la cual todos tenemos que hacernos cargo. No por nada debe ser de los desafíos más relevantes de nuestra generación. Pero ante la pregunta de cómo lo hacemos o de cómo somos más efectivos para lograr una custodia del medio ambiente que al mismo tiempo se inserte dentro de una realidad de multiplicidad de factores, en la cual evidentemente está el desarrollo integral de las personas, lo que ofrece el proyecto es fortalecer un estatuto especial respecto de aquellas personas que se dedican a defender -digámoslo así- su causa en temas medioambientales. Ese es el curso de acción que se nos ofrece en esta iniciativa.

Como ustedes saben, el marco constitucional que nos rige tuvo la innovación de incorporar el derecho constitucional al medio ambiente libre de contaminación, además de dotarlo de un recurso de protección especial, distinto del consagrado en el artículo 20 de la Constitución en términos generales.

Entonces, en ese contexto, en que además ese recurso de protección es de carácter popular -lo puede ejercer cualquier persona, incluso aquella que no ha sido víctima concretamente de algún daño ambiental-, ¿por qué deberíamos de establecer un estatuto especial? Como bien señaló la diputada Ximena Ossandón , surge la pregunta de por qué tendría que haber un estatuto especial respecto de estas personas que, con su legítimo interés y en ejercicio del artículo 19, numeral 14°, de la Constitución, hacen ejercicio de su petición. ¿Por qué tendría que haber un estatuto especial? ¿Cómo dialoga eso con el artículo 19, numeral 2°, de nuestra Constitución Política, que busca no generar grupos privilegiados dentro de la legislación? Fíjense que esto, que puede sonar muy polémico, es simplemente para no generar circunstancias que discrecionalmente favorezcan a unos en desmedro de otros.

Todo lo que está contenido en el proyecto de ley -no tenemos tiempo para detallarlo- está consagrado en otros cuerpos constitucionales y legales. Todo lo que aquí se pretende que puedan hacer los defensores lo pueden hacer amparados por la ley. Entonces, ¿por qué se necesitaría un proyecto de ley especial?

Hago un llamado al Congreso para que tengamos una reflexión respecto de cómo podemos ser más eficaces en la protección del medio ambiente. Personalmente, soy más favorable a fortalecer a la Superintendencia del Medio Ambiente, a explorar mecanismos como los que ha tenido la responsabilidad extendida del productor, que ha sido extremadamente eficaz en esa materia; a generar espacios de cooperación público-privada para lograr que las pymes también se puedan insertar, dentro de las dificultades que tienen, para combinar sus esfuerzos con el del medio ambiente.

Finalmente, es fundamental que reformemos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que hoy no está siendo suficiente ni para resguardar adecuadamente ni para propiciar el desarrollo de Chile.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, hoy debemos actuar decididamente y asumir la responsabilidad que tenemos como Estado en la desaparición de la líder y defensora ambiental Julia Chuñil Catricura , quien protegía novecientas hectáreas de bosque nativo frente a la industria forestal y lleva once meses sin ser encontrada.

Hemos conocido nuevos antecedentes que entregan verosimilitud respecto de que esto sería producto de un crimen cometido, precisamente, como forma de amedrentamiento por la lucha que esta mujer mapuche de 73 años llevaba valientemente, lo que se hace de manera planificada con el objeto de inhibir la acción de otros defensores y defensoras ambientales, propio de regímenes autoritarios.

Al respecto, la resolución N° 48, de 2025, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que Julia Chuñil se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal, por lo que se exige al Estado de Chile redoblar esfuerzos para determinar su paradero, informar a la familia sobre los avances investigativos y adoptar medidas para prevenir la repetición de estos hechos.

A nivel mundial, el reciente informe Roots of Resistance , del Global Witness, señala que, durante 2024, 146 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas o hechas desaparecer a nivel mundial. Más del 80 por ciento de estos ataques ocurrieron en nuestra región, catalogándola como la más peligrosa del mundo para quienes asumen este rol.

Asimismo, la Opinión Consultiva 32, de 2025, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre emergencia climática, reafirma la obligación ineludible de los Estados de garantizar un entorno seguro para quienes defienden el medio ambiente.

En este sentido, es urgente legislar para consagrar un marco normativo que permita hacer operativo el Acuerdo de Escazú, dar cumplimiento a las normas constitucionales y otros tratados internacionales, específicamente respecto de la protección del derecho a la vida e integridad de los defensores de la naturaleza, y así terminar con la exclusión que históricamente han sufrido comunidades enfrentadas en soledad a grandes intereses económicos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, cuando hablamos de proteger y defender el medio ambiente, muchas veces se ridiculiza en esta Sala. Además, se establece una falsa dicotomía entre el progreso y la protección de los ecosistemas, como si la única posibilidad de desarrollo económico fuera la destrucción no solo del medio ambiente, sino también de las personas, porque, cuando se destruyen los ecosistemas, también se afecta la salud y la vida de comunidades pobres. Esa es la verdad, porque esto no pasa en Vitacura ni en Las Condes. Donde se emplazan las mineras que inciden en el aumento de las tasas de cáncer y la falta de acceso al agua limpia es justamente en comunas pobres. Fue en Freirina, un pueblo de menos de 6.000 personas en ese entonces, donde la comunidad vio su salud y su vida amenazadas por Agrosuper . También tenemos, por ejemplo, el caso de la comunidad de Bajos de Mena, que actualmente está emplazada sobre vertederos que no fueron saneados.

Estas injusticias han existido, principalmente, sobre personas y mujeres que se han dispuesto a proteger el agua, los bosques y la tierra. Son comunidades enteras que se enfrentan a grandes intereses económicos y, muchas veces, a la indiferencia del propio Estado.

Este proyecto reconoce sus derechos, fija deberes claros a las instituciones y endurece las sanciones frente a quienes intentan silenciar estas voces.

Por fin, hoy en esta Sala se ha escuchado el nombre de Julia Chuñil , silenciado en los noticieros, matinales y diarios y en las radioemisoras. Es una mujer mapuche, dirigenta, defensora de la tierra, del río y de su territorio, quien desapareció en 2024. Ahora último, hemos conocido antecedentes brutales que las instituciones competentes -a esta altura, lamentablemente, uno duda de su competencia- aún no aclaran.

Este caso nos recuerda lo más cruel de nuestra historia, porque muestra la violencia contra quienes defienden la vida, y siguen existiendo, porque se exhiben a la crudeza de la urgencia de un Estado que no los protege de verdad. Julia no es una excepción.

Hasta el día de hoy no conocemos la verdad sobre la muerte de Macarena Valdés.

En el caso de Emilia Bau, activista nacida y criada en Puente Alto y La Florida, fue asesinada de un disparo en la cabeza por pedir acceso al río Panguipulli, con total impunidad de los propietarios del condominio, que armaron a los guardias y les ordenaron disparar. Esto se repite en América Latina y el mundo con mujeres dirigentas, indígenas, comunidades rurales que quedan expuestas y amenazadas a hostigamiento, muerte y desaparición.

Este proyecto impone la obligación de prevenir, sancionar agresiones, establecer agravantes penales contra quienes ataquen a las defensoras y a los defensores del medio ambiente. Este es un mensaje a los poderes económicos, que han actuado con total impunidad, y también a instituciones como la nuestra, que muchas veces no pueden seguir mirando hacia el lado. Proteger a quienes cuidan la tierra es defender la democracia y la vida.

Señor Presidente, votaremos a favor este proyecto, porque queremos decir con fuerza que en Chile necesitamos a los defensores y a las defensoras vivos, no en calidad de mártires. Honramos la memoria de Julia Chuñil , de Macarena Valdés y de tantos y de tantas que han levantado la voz por que la lucha no quede en el olvido.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, la aprobación del proyecto Escazú quedó finalmente como una acción que realizó el gobierno durante sus primeros meses; pero, a continuación, se aprobó el TPP11. A partir de ese momento, empezamos a observar cómo el modelo extractivista, modelo económico y depredador del medio ambiente, se transformó en el eje y motor de la economía en nuestro país.

El problema radica en que las amenazas y los asesinatos a los defensores medioambientales no son un hecho aislado que no esté programado, por cuanto responden, sobre todo, a grandes intereses económicos, propios de este modelo económico neoliberal que está arrasando con todo lo que pueda significar dejar un medio ambiente vivible para las futuras generaciones.

La situación es de extrema gravedad. Hace poco tiempo, nos enteramos de que a Julia Chuñil no solo la secuestraron; no solo su familia la buscó por casi un año, no solo se quiso inculpar a su familia en ese delito, por el gran poder que tiene la industria extractivista, sino que finalmente, y sin bastarles con eso, quisieron hacerla desaparecer al punto de quemarla. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con Julia Chuñil .

Hasta el día de hoy tampoco sabemos qué pasó con Macarena Valdés , otra defensora ambiental, quien dejó a sus hijos producto del crimen que se cometió contra ella. Hoy, sus hijos están solos porque también su padre murió en extrañas circunstancias.

¿Y quién nos dice qué pasó con Alejandro Castro ?

La protección de los defensores ambientales es fundamental. Hacer verdad y justicia y enjuiciar a los responsables es fundamental, pero también debemos empezar a plantearnos un nuevo modelo de desarrollo a escala humana, que impediría crímenes tan horrorosos como los tres que aquí he descrito.

Desde luego, vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, cuando me inscribí para intervenir, había 25 parlamentarios inscritos; ninguno de oposición. Eso, obviamente, me preocupa, porque lo primero que tiene que hacer un país para cumplir sus objetivos es tener objetivos. Cuando la oposición no tiene posición alguna sobre asuntos tan importantes como defender y proteger activamente la vida de quienes protegen el medio ambiente, entonces, no sé cuáles son los objetivos que quieren plantear al país.

Efectivamente, tenemos un debate al respecto: ¿es para Chile importante la descarbonización? ¿Es para Chile importante la protección del bosque nativo? ¿Es para Chile importante la protección de los ríos? No lo sé. Tanto es así que en la última segunda vuelta presidencial se enfrentaron un programa ambientalista contra un programa que literalmente, en sus propias palabras, negaba el cambio climático. Ante esa situación desconcertante, aquello que el 99,9 por ciento de la ciencia considera indiscutible, como es que el cambio climático existe y que está promovido principalmente por la acción humana, fue planteado a esta Sala en una solicitud de resolución, la cual, si bien se aprobó, se aprobó por poco. Es decir, aquello que en la ciencia representa el 0,1 por ciento de los científicos, en esta Sala representó aproximadamente el 45 por ciento de los representantes de Chile. ¿Cómo vamos a alcanzar el progreso si no estamos de acuerdo en algo tan básico como que la ciencia tiene razón respecto del cambio climático?

Asegurar la integridad y el acceso a la información activamente de los defensores ambientales es tremendamente importante porque sabemos que se ve amenazada su vida y porque los necesitamos, pues cuando ellos protegen los ríos, protegen el agua que alimentará a nuestros hijos y cuando defienden los bosques, defienden el oxígeno que entrará en los pulmones de nuestros hijos.

En América Latina efectivamente estas cosas ocurren: en Brasil fue asesinado Chico Mendes, en 1988, por atacar la deforestación de la Amazonía; Berta Cáceres , por defender los ríos, en 2016, en Honduras; en Colombia, para qué decir. Hoy, en Chile, si bien no sabemos qué ocurrió, hace más de un año está desaparecida Julia Chuñil .

Este gobierno firmó el Acuerdo de Escazú, por lo que es importante que se actúe con urgencia para activarlo realmente, para que la ley convierta en deber lo que hoy solamente es compromiso y para que esta posición se haga efectiva y no meramente declarativa.

Los seres humanos tierra fueron y tierra serán. No proteger la tierra es no protegernos a nosotros mismos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señor Presidente, las y los defensores ambientales cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad, sobre todo cuando aún cuesta tanto que los más ricos y poderosos entiendan que la importancia de preservar y cuidar nuestro medio ambiente es fundamental. Sin ello no hay desarrollo posible que se sostenga en el futuro. En la causa socioambiental nos jugamos eso: la posibilidad de tener un futuro próspero, seguro y con un entorno que haga posible la vida buena para las futuras generaciones.

Recientemente, nos ha conmocionado como país la desaparición de Julia Chuñil y su posible muerte. Antecedentes que dio a conocer su familia podrían apuntar a que fue asesinada, quemada, por defender su territorio. Esto es gravísimo y debe investigarse cuanto antes.

Por eso, hago un llamado a la fiscalía a poner el acelerador a ese proceso, porque ya llevamos mucho tiempo esperando por justicia. Su familia no puede esperar más, su comunidad no puede esperar más, el país no puede esperar más. ¿Dónde está Julia Chuñil ? Esa es la pregunta que todas y todos quienes defendemos la democracia deberíamos estar haciendo.

En Chile y el mundo, lamentablemente, levantar la voz en defensa de la naturaleza es un peligro para tu vida, sobre todo cuando ello choca con los intereses egoístas e inescrupulosos de los grandes empresarios que depredan nuestros ecosistemas sin conciencia de la crisis que enfrentamos. Porque la crisis medioambiental no es un juego, y aunque los Trump y los Milei lo nieguen y la ultraderecha local se sume al coro, es urgente tomar medidas. Es urgente hacernos cargo, porque es un peligro para la sostenibilidad de la vida en el presente y en el futuro. Parte de esos desafíos es proteger a los y las defensoras del medio ambiente.

Quiero ser clara: estamos llegando tarde. Tarde a tomar medidas con el cambio climático, pero también tarde para proteger a las y los ciudadanos que luchan por una vida digna para todas y todos y defienden la tierra, que es común para toda la humanidad.

Algunos dirán que la protección del medio ambiente es contraria al desarrollo y al crecimiento, pero se equivocan. No hay posibilidad de proyectar la economía si destruimos, sin miramiento, aquello que le da sustento: la naturaleza.

Parte importante de los desafíos que debe enfrentar la economía en este siglo es la transición ecológica, sobre todo de la matriz energética y productiva; una transición que debe ser justa, sin reproducir desigualdades, sino avanzando en bienestar para todas y todos. Quienes niegan la crisis medioambiental ignoran u ocultan que quienes sufren las peores consecuencias de las olas de calor, de las inundaciones, de la sequía, de la falta de alimentos y de la desertificación son quienes menos tienen; son precisamente los y las más pobres de esta sociedad. La crisis medioambiental también tiene un carácter de clase y por ello la acción del Estado es fundamental.

Voy a votar a favor este proyecto por Julia Chuñil , por Macarena Valdés y por tantas y tantos otros. Voy a votar a favor para darle aplicabilidad al Acuerdo de Escazú, porque no puede quedar en letra muerta.

Sigamos avanzando en la defensa de nuestros territorios, del medio ambiente y de la vida digna.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Por falta de quorum, Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo.

El señor MELO.-

Señor Presidente, nuestro modelo de desarrollo llegó a un punto de inflexión. Las crisis climática, ecológica y de contaminación se entrelazan y con ellas crecen los conflictos socioambientales.

Frente a ese cuadro, han surgido y persistido, por décadas, mujeres y hombres que defienden el agua, los bosques, los glaciares y la vida en comunidad: son las y los defensores ambientales.

Las cifras son un grito: solo en 2024, 146 personas fueron asesinadas o desaparecieron en el mundo por defender el medio ambiente. De estas, el 80 por ciento corresponde a personas de nuestra región, golpeada por un modelo extractivista que no puede seguir siendo la norma.

Es imposible no recordar a personas como Chico Mendes, en Brasil; a Berta Cáceres , en Honduras, y a las chilenas Macarena Valdés y, hoy, Julia Chuñil , cuyos nombres no deben quedar en silencio. Defender la naturaleza no es un delito; es una contribución esencial a la democracia. Quien protege un humedal está cuidando el derecho humano al agua, quien denuncia una faena ilegal está defendiendo la transparencia y quien organiza a su barrio para detener la contaminación está ampliando la ciudadanía. Sin embargo, esas personas viven bajo amenazas, agresiones y procesos de criminalización que buscan una sola cosa: acallarlas.

Este proyecto de ley es necesario y urgente, porque reconoce y protege un rol público clave, ya que previene la violencia, establece garantías y rutas de protección, y obliga al Estado a actuar antes de que sea demasiado tarde. Asimismo, envía una señal política inequívoca: en Chile, la defensa del medio ambiente es un bien público, y quienes la encarnan no estarán solos.

Quiero concluir mi intervención reconociendo a las organizaciones, a los colectivos y a los movimientos socioambientales, que muchas veces, con muy pocos recursos, ponen el cuerpo frente a una asimetría de poder que todos conocemos. A ellas y a ellos expreso nuestro respeto y compromiso.

Por todas estas razones, votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para ser defensora o defensor del medio ambiente. Solo durante 2024 se contabilizaron 257 muertes violentas, representando el 80 por ciento de los casos a nivel mundial. Así lo señala el informe de Front Line Defenders, que destaca a las actividades extractivistas como una de las principales causas de esas muertes, y a la desprotección estatal y al desmantelamiento de la legislación ambiental como los principales responsables del aumento de ese tipo de violencia.

Ese ha sido el caso, como ya se ha mencionado en la Sala, de Julia Chuñil y Macarena Valdés , cuyos familiares, amigos y cercanos han tenido que observar, con impotencia, cómo sus desapariciones y muertes quedan impunes. Esto no es casual: menos de 15 por ciento de los asesinatos de defensores medioambientales se resuelve con una sentencia judicial.

Quienes luchan por defender el medio ambiente están defendiendo la vida misma, el derecho a la vida y el derecho a la salud. En nuestro país tenemos comunidades enteras cuya vida y salud han sido deterioradas por la destrucción de la naturaleza, como es el caso de Ventanas, Freirina o Antofagasta, donde se emplaza la principal actividad minera y donde, curiosamente, al mismo tiempo, la tasa de mortalidad por cáncer es la más alta del país. Es más, el año pasado, el director del Centro Oncológico del Norte, Alejandro Santini , señaló que los tumores de los pacientes de Antofagasta son diferentes a los de cualquier lugar del mundo.

No me parece casual que en este proyecto no hablen los diputados y diputadas de derecha; estamos en época electoral y me imagino que demostrar la verdad no gana votos. Solo hablan de la vida cuando se trata de restringir derechos a las mujeres, pero no cuando se trata de proteger, con herramientas reales y concretas, la vida de quienes defienden el medio ambiente, que son, a su vez, los que defienden la vida y la salud. Cuando debemos hablar de ellos, de esas vidas, callan; el silencio es cómplice.

Espero que hoy aprobemos este proyecto y podamos avanzar con determinación para que se convierta en ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señor Presidente, hoy quiero rendir un homenaje a los defensores ambientales de nuestro país, especialmente a quienes en el norte de Chile y en la comuna de Calama, Región de Antofagasta, siempre levantan su voz por el derecho a vivir en un ambiente sano y digno, una región que combate el cáncer y la contaminación, como lo dijo una colega que me antecedió en el uso de la palabra, sobre todo respecto de las personas que luchan por sobrevivir al cáncer.

Defender el medio ambiente no es una causa aislada; es defender la vida misma, el derecho a respirar aire limpio, a beber agua pura y a hablar de un territorio en equilibrio con la tierra que nos sostiene; es una lucha que nos involucra a todos, porque no hay desarrollo posible si de destruye la base natural que permite la existencia de los ciudadanos de nuestro país.

En el norte, donde el sol quema fuerte y el agua escasea, hay comunidades que han demostrado una fuerza inmensa para proteger lo poco que queda de sus ríos, de sus humedales y de su aire. Desde Calama , desde los pueblos del desierto y las comunidades indígenas, surgen voces valientes que exigen justicia ambiental frente al abandono y a muchos abusos por parte de empresas mineras, porque algunas no contribuyen a respetar el cuidado del medio ambiente. Ellos y ellas son el rostro más claro de la resistencia digna, de aquella que no se rinde, aunque el Estado muchas veces mire hacia otro lado.

Votaré a favor este proyecto ley. Asimismo, desde las voces del norte del país, desde la provincia de El Loa, Región de Antofagasta, seguiremos defendiendo el cuidado del medio ambiente, para avanzar, y por eso esta iniciativa es de toda lógica, ya que tiene por objeto proteger a nuestros defensores ambientales.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales.

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, lo primero que quiero señalar es que las defensoras y los defensores ambientales defienden legítimamente el patrimonio ambiental y el medio ambiente. Lo hacen por el hoy, por cierto, y por el mañana. Su preocupación fundamental es qué mundo, qué planeta, vamos a heredar a las futuras generaciones. La ciencia es inequívoca en esto: estamos creando un mundo mucho peor para las generaciones que vienen; por eso me parece que el interés de defensoras y defensores ambientales es completamente legítimo, ya que defienden el agua, los glaciares y los bosques pensando en el mundo.

Ciertamente, los defensores ambientales son muy incómodos para los inversionistas y para algunas industrias -hay que decirlo-, pues los incomodan, porque hacen que los objetivos de determinadas industrias no puedan avanzar como quisieran. Muchas veces también son incómodos para los grandes capitales, y por eso requieren protección especial.

En esto disiento completamente de lo que dijo el diputado Schalper , ya que no estamos creando un grupo privilegiado. Por el contrario, estamos protegiendo a un grupo de personas que es muy incómodo para los grandes capitales y que generalmente está en una situación de desmedro. Se trata de personas que se oponen a gente que tiene muchísimo poder. No son grupos privilegiados; por el contrario, son grupos que muchas veces han sido objeto de vulneraciones.

¿Esta es una alharaca o una exageración? ¿Acaso estamos mintiendo? No, por cierto. En Chile tenemos el caso de Macarena Valdés y otro del cual no tenemos idea de lo qué pasó, que es el caso de Julia Chuñil .

¿Dónde está Julia Chuñil ? La familia ha entregado antecedentes que nos causan mucho temor: que ella habría muerto por defender una causa ambiental.

En Magallanes tampoco estamos exentos de esto. Medios de comunicación han ventilado el patrimonio y la situación personal de defensores ambientales de mi región para deslegitimar su defensa ambiental.

¡No, señores! Por ellos, por ellas y por Gabriela Simonetti , en Magallanes, vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, el primer defensor ambiental cuyo nombre escuché de pequeño fue Chico Mendes, asesinado en Brasil, a quien el diputado Malla mencionó en su intervención.

Chico Mendes fue un sindicalista defensor de la Amazonía que se oponía a la depredación de la selva. Fue asesinado en 1988; pero si ustedes miran, la Amazonía ha seguido siendo depredada, con un acento específico bajo el gobierno de Bolsonaro, quien no tuvo ningún cuidado ni respeto por ella, sino todo lo contrario.

Entonces Chico Mendes, quien fue asesinado por rancheros por su defensa ambiental de la Amazonía, tiene que ser un ejemplo para todo el continente.

Nosotros vivimos en un continente que a veces es salvaje, y, particularmente, respecto de los defensores ambientales el que tiene el peor récord en cuanto a asesinatos. Colombia lidera la lista de países con mayor índice de asesinatos de dirigentes sindicales y de defensores ambientales, del agua, de la tierra, en fin.

El proyecto que votaremos hoy lo único que hace es ir en coherencia con el Acuerdo de Escazú, que nosotros ya aprobamos en este Congreso. Durante la votación de este tratado, alguien dijo: “Oye, este proyecto no es necesario. Esto no es para Chile. Esto será para otras partes de América Latina, pero no es para nuestro país”. Bueno, hace pocos días, con tremenda preocupación escuchamos un audio filtrado de la investigación del caso de Julia Chuñil . No tenemos todavía algo concluyente, pero es evidente que esa información sensible nos pone en alerta. Y lo mismo sucede respecto de Macarena Valdés. Es decir, esa realidad que era ajena a Chile, que mirábamos desde lejos, a propósito de Chico Mendes, la verdad es que está sucediendo en nuestro país con el caso de Julia, por defender el bosque nativo.

Entonces, por supuesto que votaremos a favor este proyecto.

Asimismo, a propósito de la crisis ética que existe en Chile, quiero decir que me preocupa mucho que la oposición no se refiera a estos temas, porque este no es un asunto de derechas o izquierdas; es una cuestión ética, se trata de defender a la humanidad. Por lo tanto, sinceramente, me gustaría escuchar a mis colegas de la oposición pronunciarse en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, porque esto tiene que ser un tema de Estado. Por último, la “ley de extraviados”, iniciativa de la diputada Santibáñez , todavía no tiene reglamento. Han pasado más de dos años desde la promulgación de dicha ley y el gobierno tiene que sacar…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señor Presidente, aprovecho de responderle a mi colega Vlado Mirosevic , quien exige una postura de la oposición. Pero antes le pido al diputado que vea hacia el frente, a la testera: no hay ningún miembro del Ejecutivo, de su gobierno, defendiendo este proyecto. Le pido que se haga cargo al respecto, porque durante estos tres años y medio ha estado sacando provecho de su gobierno cuando le conviene y atacándolo cuando no le conviene.

(Aplausos)

Respecto del proyecto, quiero decir que estos conflictos que efectivamente afectan a los defensores del medio ambiente se podrían solucionar con una normativa clara, con una mejor técnica legislativa. Todos los aspectos en salud y seguridad podrían estar claramente establecidos en todo el cuerpo legal, en lo que, lamentablemente, en este Congreso no hemos podido avanzar por distintas razones.

Salud, seguridad y desarrollo sustentable son aspectos ampliamente posibles y compatibles con una legislación inteligente, que es nuestra principal obligación. De esta manera, no estaríamos hoy, a dos meses de una elección, pronunciando verdaderos discursos electorales, ocupando esta institución como si fuera una franja electoral.

No tenía pensado intervenir, pero ya que el diputado Mirosevic exigió una postura, señalo que la postura es esta: me parece impresentable que un proyecto de parlamentarios oficialistas no cuente con el apoyo de su propio gobierno.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina).-

Señor Presidente, hoy estamos discutiendo un proyecto que es muy importante, pues trata una deuda que no puede seguir esperando. Es una iniciativa que toca el corazón de lo que hoy entendemos por democracia y dignidad: la protección de las personas defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos ambientales.

En Chile existen comunidades, dirigentes y activistas que cuidan el agua, los bosques y los humedales, los cuales se enfrentan al poder económico y muchas veces a la institucionalidad. Además, en la mayoría de los casos eso lo hacen en condiciones de absoluta soledad, sin respaldo ni protección. Son ellas y ellos quienes garantizan que existan territorios sanos para las futuras generaciones. Sin embargo, eso lo realizan en permanente riesgo: son hostigados, criminalizados y, en algunos casos, amenazados de muerte.

Sabemos que hoy existen casos de desapariciones, particularmente de defensores medioambientales, como Julia Chuñil. Su desaparición ha mantenido en atención y conmoción no solo a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, donde hicimos el punto en noviembre del año pasado, sino también a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, la cual presido, donde hemos estado abordando esta temática desde hace meses, tratando de generar las herramientas y las instancias para que estas personas aparezcan.

Cabe recordar también la “ley de extraviados”, cuya autora es la diputada Marisela Santibáñez . Es importante que dicha normativa comience a regir para colaborar a que los casos de desaparición de estas personas tengan una solución rápida. Sabemos que sus familias están sufriendo mucha angustia, pero, como dije, no solo desde estos espacios, sino desde un país que está esperando una respuesta en estos temas.

Me parece que este proyecto es un paso para lograr las condiciones conforme a la normativa internacional que nos rige como país y que debemos cumplir. Ya estamos implementando el Acuerdo de Escazú, lo que considero una excelente noticia. Y este proyecto también va en la lógica de dar cumplimiento a ese tratado internacional.

Asimismo, es muy importante que votemos hoy día este proyecto, ya que sabemos que está calificado con suma urgencia por el Ejecutivo. Pero no solo debemos votarlo por esa razón, sino porque en nuestros territorios tenemos personas que nos piden una respuesta.

Por otro lado, si bien este es un paso que no contempla todo lo que necesitamos, es un avance que debemos hacer hoy en nuestro país.

En consecuencia, invito a los colegas a votar a favor el proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Pamela Jiles .

La señora JILES (doña Pamela).-

Señor Presidente, antes de que empiecen a subir automáticamente los numeritos, porque es cosa de mirar para darse cuenta de que no hay quorum para funcionar, le pido que tanto usted como el Presidente accidental Aedo -superaccidental en este caso- recuerden que cuando baja el quorum requerido, que en este caso son 51 parlamentarios, se debe suspender inmediatamente la sesión.

Intentar dilatar esa resolución es una falta de la Mesa. La Mesa tiene la obligación de cumplir el Reglamento, el cual indica que con menos de 51 diputados presentes en la Sala se debe suspender inmediatamente la sesión.

Por lo tanto, le ruego que proceda, Presidente.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

No hay problema, señora diputada.

Lo que sucede es que bajo el presupuesto que usted indica, que es el reglamentario, probablemente no tendríamos sesión, porque constantemente no hay quorum. Se suspende la sesión por falta de quorum.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, en 2013, la prensa informó que un cuerpo flotaba en la represa de la Central Hidroeléctrica Ralco. Era Nicolasa Quintremán , fallecida, asesinada.

En 2016, un niño de 11 años encontró a su madre colgando de una viga, con su hermano de un año y ocho meses a sus pies. Era Macarena Valdés . Recién en el año 2019 el crimen fue atribuido a terceros.

Hoy nos preguntamos dónde está Julia Chuñil . Organizaciones internacionales han catalogado la actividad de defensor medioambiental como de alto riesgo en América Latina y las cifras lo avalan: más de 2.000 defensores medioambientales han sido asesinados en los últimos 12 años. En Chile, solo en 2024 se reportaron 35 amenazas de muerte en contra de defensores medioambientales, concentradas en las regiones de Valparaíso, de Los Lagos y del Biobío. No es sequía, es saqueo, dicen los defensores medioambientales.

No estamos acá para convencer a los terraplanistas de la Sala de que es importante defender el medio ambiente. Ello es parte del desarrollo de un país, parte del desarrollo de la civilización. Esa batalla ya fue mencionada por todos mis compañeros. Sin embargo, Julia Chuñil , al ser vista por última vez el 8 de noviembre de 2024, nos hace reflexionar a todos sobre el rol del Estado. ¿Qué hicimos nosotros? Ratificamos el Acuerdo de Escazú y el gobierno dictó un protocolo el año 2024. ¿Qué hicimos nosotros? Ratificamos el Acuerdo de Escazú, y el gobierno dictó un protocolo en 2024. ¿Dónde está hoy el gobierno en la búsqueda de Julia Chuñil? ¿Dónde está el Consejo de Defensa del Estado presentando querellas? Fueron su familia y la organización Escazú Ahora las que se querellaron por este crimen.

¿Dónde está el patrocinio del gobierno en este proyecto de ley tan relevante? ¿Dónde están los demás legisladores de este Parlamento? Apenas alcanzamos un tercio de los escaños para tratar un tema que todos decimos considerar fundamental.

Chile nos está mirando; la gente en la tribuna nos está mirando. ¿Y dónde estamos nosotros? Donde mismo está Julia Chuñil : perdidos en esta búsqueda por la defensa de quienes protegen el medio ambiente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, América Latina es la región más peligrosa del planeta para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza. En la última década, más de 1.700 defensores ambientales han sido asesinados, 68 por ciento de ellos en nuestra región. Cada una de esas muertes representa un territorio herido, una comunidad silenciada, un mensaje de impunidad que no podemos tolerar.

En Chile también conocemos ese dolor. Está el caso de Macarena Valdés, hallada muerta en 2016 tras oponerse a un proyecto hidroeléctrico en la localidad de Tranguil. Su familia lleva años exigiendo justicia y denunciando irregularidades que nunca se han esclarecido. Y hoy seguimos buscando a Julia Chuñil , dirigenta mapuche de la Región de Los Ríos, desaparecida en noviembre del año 2024 mientras defendía su territorio del avance forestal. Su ausencia es una herida abierta que nos recuerda que defender la naturaleza en Chile sigue siendo una labor de riesgo. Esos no son casos aislados; son parte de una historia que une a toda América Latina, donde quienes protegen el agua, los bosques o el aire enfrentan amenazas, persecuciones y campañas de desprestigio.

En la Región Metropolitana, la cual represento, también hay batallas pendientes. En Tiltil, una comuna convertida en zona de sacrificio, sus habitantes conviven con basurales industriales, vertederos y plantas contaminantes que vulneran su derecho a vivir en un ambiente sano. En la comuna de Maipú, la contaminación del agua y la presión inmobiliaria amenazan los pocos espacios verdes que quedan. En las comunas de Pudahuel y Quilicura , el crecimiento descontrolado, la polución y la falta de fiscalización ambiental siguen afectando la calidad de vida de miles de familias. Son comunidades que exigen lo mismo que este proyecto busca garantizar, esto es, que el Estado proteja a quienes defienden su territorio y su salud frente a los intereses económicos de los poderosos.

Quiero señalar que también hay historias de esperanza. En la comuna de Lampa, vecinos y organizaciones llevan años luchando por preservar el humedal de Batuco, uno de los últimos pulmones verdes de la Región Metropolitana. Lo han hecho contra la expansión urbana, contra los intereses privados y contra la indiferencia de muchos.

Por eso quiero destacar el trabajo incansable de Eduardo Acuña , defensor ambiental, y de Jonathan Opazo , alcalde de la comuna de Lampa, quienes han levantado la voz una y otra vez para defender el humedal.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Juan Irarrázaval .

El señor IRARRÁZAVAL.-

Señor Presidente, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto, sobre la base del artículo 19, numero 2°, que señala que en Chile no hay persona ni grupos privilegiados. Este proyecto no tiene justificación constitucional para hacer diferenciación.

Por lo demás, la Constitución encarga al Estado la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

No hay problema, señor diputado. Como dije, solo es un asunto de forma, no de fondo.

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, no voy a aceptar que la izquierda diga que sabe, maneja, conoce y respeta mejor que la derecha los temas que tienen que ver con la naturaleza, porque eso es completamente falso. Creemos en la ciencia y la biología, no en una ideología cultural de doble arma que coloca a la naturaleza por sobre el ser humano. Nosotros logramos que el ser humano conviva con la naturaleza, cosa muy distinta.

Los factores que explican el giro apocalíptico no son científicos para la izquierda, sino políticos, culturales y reconocen su nacimiento en las llamadas políticas identitarias -¡que se eduquen un poco!-, un sinfín de pensamientos e ideas políticas ideologizadas nacidas a fines de los años 60 y principios de los años 70, empujadas con fuerza para conseguir un bien colectivo e imponerlo con emociones, erradicando totalmente la ciencia y la biología, como acostumbran a hacerlo con todas las cosas. Todo lo basan en emociones, dejando a un lado la ciencia y la biología.

El clima del planeta Tierra es un sistema complejo y caótico en constante reajuste -eso lo reconocemos nosotros, no ellos-, no solo a escalas geológicas, sino también históricas innegables. ¿Cómo pueden refutar que Greenland -Groenlandia-, que hace mil años, cuando fue conquistada por los vikingos, fue tierra verde, se haya convertido hoy en un bloque de hielo? ¿Fue, según la izquierda, por culpa de los vikingos?

No fue hasta los años 70 y 80 que se empezó a hablar de emergencia climática. La revista Time preguntaba en sus portadas si estábamos frente a una nueva edad de hielo. Hoy día resulta que pasamos al calentamiento global, y luego del calentamiento global pasamos al cambio climático. O sea, van acostumbrando, poniendo las palabras y las situaciones según sus conveniencias.

Richard Lindzen , un experimentado físico, meteorólogo y profesor de Meteorología en el MIT -no un mentiroso, como los que la izquierda cita acá como expertos- dijo que no ha habido nuevos hallazgos científicos que justifiquen que lo que antes se veía sin alarma ahora se presenta al público como una amenaza existencial, excepto por grupos ecologistas completamente sin sentido común y fuera de lo real.

Otro ejemplo es Al Gore, izquierdista que en el año 2009 dijo que el hielo ártico desaparecería probablemente el 2013. El 90 por ciento del hielo de la Tierra está en la Antártida, y este ha aumentado según estudios de la NASA de 2015.

Podría seguir exponiendo casos como el del fanfarrón António Guterres , cuyo cargo hoy quiere ejercer la expresidenta Michelle Bachelet . Él también mintió al decir que iban a desaparecer unas islas, en circunstancias de que hoy esas islas tienen más tierra que nunca.

Por favor, si alguien sabe proteger a la naturaleza, al planeta y al ser humano es la derecha, no la izquierda.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, la verdad es que, por el tiempo de experiencia que tenemos en este Congreso Nacional, nos hemos dado cuenta de que la izquierda es buena para el eslogan, pero mala para el trabajo; es buena para instalar ideas, pero mala para resolver problemas.

Voy a dar algunos ejemplos al respecto. En esta Sala el gobierno dijo: “Queremos un envejecimiento activo, digno y saludable”, y presentó un proyecto de ley para promoverlo. Llevamos cuatro años discutiendo un proyecto que venía del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pero resulta que, mientras estamos discutiendo el proyecto sobre envejecimiento activo, digno y saludable, están eliminando los programas sociales del Ministerio de Salud, como el programa Más AMA, que justamente busca un envejecimiento activo, digno y saludable.

Aquí han citado la ley de extraviados, cuya autora es la diputada Marisela Santibáñez . Esa ley estableció en un artículo que el gobierno se iba a hacer cargo de crear un reglamento para hacerla operativa. Aquí aplaudieron los diputados de izquierda porque habían logrado la ley de extraviados, y nosotros nos sumamos porque estábamos felices de tener una ley de extraviados, pero resulta que el gobierno en todo este tiempo, en los casi cuatro años de ejercicio, no ha sido capaz de sacar el reglamento. Entonces, ¿hasta cuándo le mentimos a la gente?

Ahora dicen que vamos sacar una ley para proteger a los defensores de la naturaleza. El artículo 5 de la iniciativa dice: “Es deber del Estado garantizar, respetar y promover, a través de sus órganos y políticas públicas, los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales establecidos en esta ley.”.

Inmediatamente, en el inciso segundo de ese artículo, está la trampa, porque dice: “Existirá un reglamento que regulará el procedimiento y la forma en que se llevará a cabo el cumplimiento de la obligación señalada en el inciso anterior.”.

Entonces, no nos hagamos trampa en el solitario. Aquí el gobierno y sus parlamentarios instalan eslóganes para después decir: “Logramos defender a los defensores ambientales”, pero finalmente no hacen absolutamente nada.

Es verdad lo que dice el diputado Enrique Lee . ¿Dónde está el Ejecutivo acá? Aquí se está estableciendo una obligación para el Estado, pero el Ejecutivo, como siempre, está callampín bombín, porque no dice, no participa y no está patrocinando la iniciativa. El gobierno les dice a sus parlamentarios: “Estamos cumpliendo. Nosotros cumplimos con ustedes. Vayan a decirle a Chile, en época electoral, que sacaron una ley para defender a los defensores ambientales”. Entonces, los parlamentarios salen a repartir esa información y a decir: “Nosotros defendemos a los defensores ambientales”, pero en la práctica no están haciendo absolutamente nada. Instalan un eslogan, pero no resuelven ningún problema.

De verdad que es vergonzosa esta forma de hacer política. Esto es lo que termina frustrando a la ciudadanía, porque ve que se hacen leyes que no se aplican, que no existen, que son puras ventas de humo.

Así que les digo al Ejecutivo, al gobierno y, sobre todo, a los ministros que salen a hablar de que se van a eliminar programas sociales que son ellos los que están destruyendo este país y también destruyendo y perjudicando a las personas mayores y a los defensores ambientales.

Sigan así…

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, efectivamente, este proyecto reconoce un problema social alarmante que estamos viviendo en nuestro país, pero que también lo viven en toda Latinoamérica. Casos emblemáticos y dolorosos, como el de Macarena Valdés o el más reciente de Julia Chuñil , por supuesto que nos hacen reflexionar sobre la necesidad de una protección adicional para los defensores ambientales, porque efectivamente hoy quienes están defendiendo a sus comunidades de distintas amenazas están mucho más expuestos. Esto también lo vimos en el proyecto en que generábamos una protección adicional para los dirigentes de las juntas de vecinos.

Lamentablemente, también hemos tenido antecedentes alarmantes de ataques a dirigentes sindicales. Entonces, efectivamente hay un problema cuando la comunidad se organiza, lucha contra estos grandes intereses y hace frente a las injusticias, porque queda expuesta.

No quiero hablar de lo científico, de la teoría ni de Groenlandia, como mencionó el diputado republicano que me antecedió en el uso de la palabra, sino que quiero hablar de la realidad de nuestros territorios, de lo que viven nuestras comunidades, de lo que viven en el sur con las amenazas de las salmoneras, de que Chiloé sufre una amenaza ambiental, de que cada vez tenemos más zonas de sacrificio en nuestro país y de que la comunidad ha sido la única que ha podido defendernos frente a estas grandes amenazas.

Nosotros, como legisladores, efectivamente tenemos que respaldar esta iniciativa. En la Región de O'Higgins también tenemos zonas de sacrificio, porque tenemos industrias que contaminan de distintas formas, como la industria minera o la empresa Agrosuper , con la contaminación de olores. Hay un proyecto respecto de ese tema que está detenido. No se reconoce la afectación de los olores en la comunidad por estas grandes empresas.

¿Quién defiende a la comunidad? Los defensores ambientales han tenido que extremar medidas para que los escuchen, para que efectivamente se tomen medidas concretas. Ahí tenemos una responsabilidad mayor, porque no podemos exponer a la gente común y corriente a los grandes intereses de los grupos empresariales sin escrúpulos que hacen un daño irreparable al medio ambiente, a las comunidades y al futuro de nuestro país.

Esperamos que estos casos se aclaren, que finalmente sepamos dónde está Julia Chuñil y que se haga justicia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Irarrázaval .

El señor IRARRÁZAVAL.-

Señor Presidente, solamente pedí la palabra para hacer reserva de constitucionalidad en este proyecto sobre la base del artículo 19, numeral 2°, de la Constitución, que dice que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados.

Este proyecto no desarrolla una justificación constitucional para realizar la diferencia que está haciendo.

Por lo demás, la Constitución encarga al Estado la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Muy bien, diputado Irarrázaval. Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, voy a partir mi intervención con una pregunta: ¿dónde está Julia Chuñil ? Eso nos preguntamos desde hace bastantes meses. Desgraciadamente, la investigación todavía no llega a ningún puerto conocido, salvo por una cosa. El otro día, mediante una escucha autorizada, se pudo escuchar a Juan Carlos Morstadt , dueño del predio en el cual desapareció Julia Chuñil , a la cual hostigó durante meses, decirle a su padre, por Julia Chuñil : “La quemaron”. Parece que ni la Fiscalía sabía eso, pero esa persona, Juan Carlos Morstadt , sí lo sabía. ¿Dónde está Julia Chuñil ? Me parece que la respuesta está clara.

¿Dónde está María Ignacia González , la concejala de Villa Alegre? Ella era una concejala maravillosa, diligente y trabajadora, con quien fiscalizamos insistentemente al exalcalde de Villa Alegre por los contratos fantasmas con las empresas de papel que tenían y que se llevaban millones del municipio de Villa Alegre. También está desaparecida.

¿Por qué lo digo en esta honorable Sala? Porque se ha señalado en múltiples ocasiones que no es necesaria una protección especial para los defensores ambientales. Sin embargo, quiero extenderlo un poco más para quienes trabajan fiscalizando a poderosos y grandes intereses económicos, porque esto deja de ser, de alguna forma, esa cosa que algunas personas hablan entre pasillos o en juntas familiares, en el sentido de que esta cuestión está toda hecha, o que la plata es la que manda, etcétera.

Antes de llegar a la Cámara, yo era de las personas que decía que, a lo mejor, estaban exagerando realmente, porque creía que todas las instituciones funcionaban y que aquí había gente de mucho honor. Pero ¿sabe qué, Presidente? Hoy creo que no es así, porque, efectivamente, quien posee dinero en este país tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y avanzar en contra de quien quiera. Y mientras más conozco, más trabajo en esto y más me toca conocer cómo operan incluso ciertas fuerzas políticas, no me cabe ninguna duda de que, cuando un empresario quiere avanzar en este país, no le importa qué hay entremedio. Y si tiene que asesinar a una adulta mayor, como Julia Chuñil o María Ignacia González , la concejala, no hay ningún problema, y la justicia no dice nada.

¡Claro que hace falta proteger a las personas que protegen intereses comunes! Porque cuando un defensor ambiental o una fiscalizadora realiza su trabajo, como la concejala María Ignacia González , lo que realmente hace es cuidar los intereses de todos y todas, porque el medio ambiente es el lugar donde existimos todos y porque los recursos que hay en los municipios y en el Estado son de todos. Cuando esa gente hace su trabajo y nosotros permitimos que los maten y hagan desaparecer, pero nadie dice nada, entonces todos estamos siendo cómplices de los asesinatos de personas que realmente cambian el mundo y nos protegen a nosotros y a nosotras.

Como maulina, me duele lo que ha pasado con la concejala, pero también me duele como mujer, como ser humano y como chilena que hayan matado a Julia Chuñil ; que hasta ahora se sepa que la quemaron, pero no haya ningún interés de reabrir la investigación, y que todavía haya gente que diga que da igual y que no merecían una protección especial. ¡Claro que la merecen!

Por eso, hago un llamado a todos mis colegas a que, más allá de este proyecto de ley, que lo vamos a aprobar, aunque todavía le faltan algunos ajustes, nos pongamos del lado de la justicia y no dejemos de clamar justicia para Julia Chuñil , Macarena Valdés y María Ignacia González .

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, correspondiente al boletín N° 13991-07.

Para la discusión del proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 10 de este boletín de sesiones.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, de acuerdo con estudios recientes, cerca de ocho de cada diez personas han vivido conflictos de relevancia jurídica.

Desde ya, este índice parece revelador y es gatillante para la modernización de nuestro sistema de respuesta y asistencia a las personas que requieren asesoramiento y representación jurídica frente a conflictos surgidos durante el transcurso de su vida. Sin duda, la necesidad de contar con un buen asesoramiento legal es fundamental, particularmente en ámbitos tan delicados como el familiar, el penal o el laboral.

A partir de este relevante desafío, nuestro país requiere una modernización de su institucionalidad, dejando atrás las corporaciones de asistencia judicial, respecto de las cuales, más allá de sus falencias operativas, debemos reconocer su contribución decisiva en asistir a los más modestos en sus trámites judiciales.

Modernizar trae aparejados nuevos bríos en torno a hacer de Chile un país más justo, pero también impone responsabilidades para los agentes públicos. Los derechos de todas las personas están cada vez más extendidos en nuestro país y la necesidad de acceso a la justicia es general en todo nuestro territorio.

Como organismo nuevo, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas requiere un especial análisis y colaboración de las instancias de fiscalización, como la Contraloría General de la República, organismo maltratado por este gobierno en el proyecto de ley de presupuestos del sector público para 2026, que se estudia en el Parlamento.

Por ello, hago un llamado a las autoridades, en especial al Presidente Boric , para que miren dos pasos hacia delante y entiendan que todo órgano público, particularmente los recién creados, requieren una especial atención, a fin de que los recursos públicos asignados se ejecuten para la finalidad legal establecida.

En todo caso, nos parece un proyecto de ley que va en la dirección correcta.

Constituye, además, un legado del entonces Presidente Piñera , quien impulsó una iniciativa para crear una Defensoría para las Víctimas de Delitos, la cual tuvo una extensa tramitación. Ya es hora de entregar, a través de este servicio, una asistencia legal de excelencia a las personas que no se pueden defender de los delitos -lamentablemente, estos han crecido de una manera alarmante durante este gobierno-, promoviendo principios tan manifiestos de nuestra institucionalidad como los derechos a la justicia, a la igualdad y al debido proceso.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto que toca uno de los pilares esenciales de toda democracia: el acceso efectivo a la justicia.

La creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas apunta a consolidar un sistema público más robusto, más inclusivo y más integral en la defensa de los derechos de las personas.

Este nuevo servicio, de carácter público, descentralizado y bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia, viene a reformar y modernizar el rol que cumplen las corporaciones de asistencia judicial, entidades que, por años, han sostenido con mucho esfuerzo y escasos recursos la defensa jurídica de quienes no pueden costearla.

En la práctica, este proyecto amplía el mandato de esas corporaciones, incorpora, por primera vez, la atención de usuarios de causas penales, y otorga, además, un enfoque integral que combina la defensa jurídica con la atención psicosocial.

Sin duda, es un avance importante y necesario, porque hablar de justicia no puede limitarse a la representación en tribunales, sino que debe comprender también el acompañamiento humano, emocional y social de las personas que enfrentan procesos judiciales.

Sin embargo, es fundamental abordar con realismo los desafíos que esto implica. Este mismo año fuimos testigos de una de las movilizaciones más grandes del sector público, protagonizada por las y los funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial. Durante meses exigieron algo tan básico como recursos suficientes para poder cumplir su labor con dignidad y con eficacia. Hoy, esas instituciones sufren una sobrecarga laboral estructural, falta de personal y, en muchos casos, condiciones precarias que impiden entregar un servicio oportuno y de calidad.

Por eso, al ampliar sus funciones y usuarios, es legítimo preguntarse si el Estado está preparado para sostener este nuevo nivel de demanda. Nos preocupa, por ejemplo, que el proyecto incluya como sujetos de protección a funcionarios policiales o de las Fuerzas Armadas, quienes cuentan con estructuras institucionales propias de apoyo jurídico y psicológico, mientras niñas, niños y adolescentes siguen esperando atención en causas de protección sin curadores suficientes.

En ese sentido, vuelvo a insistir en la necesidad de tramitar el proyecto de ley, que presentamos junto con otras parlamentarias, para crear el estatuto jurídico del abogado de niños, niños y adolescentes, que reemplaza la figura del actual curador, priorizando a quienes requieren un Estado más presente.

En conclusión, este es un buen proyecto en su espíritu, porque reconoce que sin acceso a la justicia no hay democracia sustantiva; pero también debemos advertir que, sin una adecuada inyección de recursos ni una mejora en las condiciones laborales del personal, corremos el riesgo de agravar la precariedad existente y defraudar las expectativas ciudadanas que este proyecto genera.

No podemos desconocer que la creación de una defensoría de las víctimas responde también a una demanda de la ciudadanía, profundamente marcada por la sensación de inseguridad que atraviesa el país. En ese sentido, apoyar esta iniciativa tiene un valor simbólico, pues reafirma el compromiso del Estado con la protección de las personas, con el fortalecimiento del acceso a la justicia y con una política de seguridad que no se base solo en la fuerza, sino también en la dignidad, la reparación y los derechos humanos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia, presente en este debate.

Estamos ad portas de tomar una decisión histórica en materia de acceso a la justicia. Si aprobamos este proyecto, que está en tercer trámite constitucional, se va a promulgar como ley de la república y se creará el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.

Este proyecto tiene que ver con el acceso a la justicia. Hoy, todos tenemos derechos garantizados; pero cuando hay controversias en los tribunales, todos sabemos también que, si no tenemos asesoría jurídica ni abogados, nuestros derechos son ilusorios. Sin defensa jurídica no hay justicia y sin justicia no hay democracia.

Claramente, la Corporación de Asistencia Judicial, que atendía a las personas que no tenían recursos para procurarse una defensa jurídica, tenía un estándar bastante bajo, porque era atendida por estudiantes, con muchas limitaciones, y por profesionales mal pagados, incluso con diferencias en remuneraciones, lo que hacía bastante problemática la situación.

Por otra parte, también teníamos programas de asistencia a víctimas de delitos. Estaba el Programa de Apoyo a Víctimas (PAV), que dependía del Ministerio de Seguridad Pública, y el Centro de Atención Integral a Víctimas (CAVI), que dependía del Ministerio de Justicia.

Con este proyecto se juntan todos esos programas y la corporación para crear un servicio nuevo, que va a tener un presupuesto que se discutirá año a año. El servicio va a partir con un presupuesto de alrededor de 14.000 millones de pesos, para poder contar con abogados, asistentes sociales, psicólogos, uniformar las remuneraciones y poder prestar un servicio a la altura de lo que los chilenos necesitan y merecen.

Este proyecto fue iniciado por este gobierno. Tenía como antecedente un proyecto del gobierno anterior, que era muy limitado, porque en él se anunció la creación de una defensoría de víctimas, pero no contemplaba ni un peso para poder mejorar la situación de las víctimas.

Este proyecto, en cambio, resolvió la defensoría de las víctimas. No solo habrá fiscales y abogados particulares en los juicios, sino que las víctimas van a tener una voz que las represente en los juicios, que será gratuita, porque este será un servicio público al alcance de todos los que lo necesiten.

Además, agregamos mejoras frente a la Corporación de Asistencia Judicial. Una corporación es una entidad privada. El que se crea es un servicio público, que va a favorecer enormemente en todas las áreas de los conflictos humanos, con atención a adultos mayores, a menores infractores de ley, a personas en juicios civiles, en juicios de herencias, etcétera. Será un servicio profesionalizado.

Este proyecto es del gobierno de Gabriel Boric y es un gran adelanto: defensoría de las víctimas y acceso a la justicia.

Lo vamos a aprobar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, en las tribunas nos acompañan Margarita y Víctor Hugo , padres de Alejandro Martínez , joven de San Antonio que en 2008, a sus 19 años, fue cruelmente asesinado. Para que Margarita y Víctor pudieran acceder a la justicia, tuvieron que costear con mucho esfuerzo a abogados privados. No solo fue el dolor de la pérdida de su hijo, sino también la falta de apoyo institucional.

Este proyecto de ley es una reforma a las corporaciones de asistencia judicial, que no dan abasto, y, además, va a incorporar a las víctimas de delitos, para garantizar el acceso a la justicia a través de una entidad pública, descentralizada y supervigilada por el Ministerio de Justicia, poniendo prioridad en quienes son víctimas de delitos violentos.

El proyecto fue presentado por el entonces Presidente Sebastián Piñera . Quiero destacar que es este gobierno el que ha aumentado el presupuesto para la defensoría, de 2.000 a 13.000 millones de pesos. Eso da cuenta de la prioridad que se ha puesto al tema. Priorizar la defensa de las víctimas significa poner recursos económicos y humanos para que el Estado funcione, proteja y defienda a sus habitantes. Para ello se requieren esos recursos. Lo digo para que pongan especial atención con los candidatos a la Presidencia que hablan de recortar 6.000 millones o recortar la grasa del Estado. Para entregar prestaciones estatales se requieren trabajadores y trabajadoras, y también recursos.

Quiero agradecer a Margarita y a Víctor porque ya han pasado 17 años desde que perdieron trágicamente a su hijo y no han descansado un solo día. Han tomado ese dolor y lo han convertido en trabajo, impulsando esta iniciativa y empujando a la institucionalidad a actuar. Tanto es así que el Centro de Apoyo a Víctimas de San Antonio lleva el nombre de Alejandro. Les agradezco por poner su tiempo y su corazón para que ninguna otra familia tenga que vivir lo que ellos han vivido.

Vamos a votar a favor esta reforma y vamos a apoyar decididamente que se entreguen los recursos y el personal necesario al nuevo servicio, para que las víctimas de delitos nunca más queden abandonadas y solas a su suerte.

Agradezco al ministro por estar presente y empujar este proyecto con tanta decisión.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, quiero hablar de algo que muchos chilenos sienten día a día: la sensación de desprotección frente a la delincuencia y la falta de justicia. Mientras los delincuentes parecen tener más garantías y defensas, las víctimas siguen enfrentando solas el dolor, la burocracia y la falta de apoyo. Eso no es justo.

Un estudio del propio Ministerio de Justicia mostró que más del 70 por ciento de las personas tuvo algún problema legal en el último año, pero menos de la mitad pidió ayuda. ¿Por qué? Porque muchos no confían en el sistema, porque no tienen dinero para un abogado o porque sienten que nadie los va a escuchar. Eso demuestra una realidad dura: en Chile, acceder a la justicia sigue siendo un privilegio para algunos, cuando debería ser un derecho para todos.

Por eso, este proyecto, que busca crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, es necesario. Queremos un sistema más cercano, más humano y que entregue apoyo legal, psicológico y social a quienes más lo necesitan, especialmente a las víctimas de delitos. No puede ser que el imputado tenga defensa garantizada y la víctima tenga que arreglárselas sola.

Necesitamos equilibrio e igualdad ante la ley.

Quiero recordar que este proyecto se originó en el gobierno del Presidente Piñera y fue impulsado por el entonces ministro Hernán Larraín . Hoy forma parte del acuerdo de seguridad nacional y debemos aprobarlo con sentido de urgencia, porque la gente no aguanta más excusas. Chile necesita justicia que funcione y víctimas que sean escuchadas y protegidas. Ese es el mensaje que debemos dar desde este Congreso.

Claramente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes .

El señor CIFUENTES.-

Señor Presidente, hoy estamos frente a una votación que representa un paso histórico en la consolidación de un Estado que no solo persigue a los responsables de los delitos, sino que también protege, acompaña y defiende a quienes han sido víctimas.

El servicio nacional de acceso a la justicia y la defensoría de víctimas de delitos es más que una nueva institucionalidad; es una respuesta concreta a miles de personas que hoy buscan orientación, apoyo y justicia, que sufren una doble victimización, primero, por el delito, y, luego, por la indiferencia o la falta de herramientas para enfrentar el sistema judicial.

Este nuevo servicio reunirá bajo un mismo paraguas institucional lo que por años estuvo disperso: la orientación legal, la defensa de las víctimas y la mediación familiar. Incorporará profesionales especializados, estándares de calidad en todo el territorio nacional y una estructura descentralizada con presencia en cada región del país. Esto permitirá que nadie quede sin atención jurídica, psicológica o social por razones económicas.

Asimismo, fortalecerá e institucionalizará las corporaciones de asistencia judicial. Quiero reconocer a sus dirigentes. Conocemos la precariedad de las condiciones en que realizan su trabajo hoy. Durante décadas han sido el primer rostro del Estado frente a quienes buscan justicia.

Este es uno de los más de veinticinco proyectos en materia de seguridad que impulsamos arduamente desde la Mesa de la Cámara, siempre con la convicción de que la seguridad sería una prioridad. De ellos, hoy dieciocho son leyes de la república, y esperamos que este pueda sumarse a esa lista.

Durante su tramitación, promovimos un diálogo amplio recogiendo el trabajo de distintos gobiernos y el aporte transversal de parlamentarios, del mundo académico y de las organizaciones de víctimas. Fue un proceso largo, pero necesario, porque construir una política pública de esta magnitud exige una visión de país.

Por esto, hacemos un llamado a apoyar el proyecto. Hoy, más que nunca, necesitamos instituciones que estén del lado de las personas, de las víctimas y de la justicia.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, en los tiempos que vivimos, la violencia y la delincuencia avanzan cada vez más, afectando a las personas más vulnerables de nuestro país. Cuando los vecinos de Purén o Victoria me dicen que cada vez tienen más miedo de salir a caminar o que los niños ya no pueden jugar en plazas y parques con tranquilidad, como lo hacían hace algunos años, en verdad siento impotencia, precisamente porque, en la actualidad, si esas personas son víctimas de algún tipo de delito, en este momento el Estado no tiene ninguna institución que los defienda en juicio, que pida al Ministerio Público que persevere en sus investigaciones y se preocupe realmente por quienes sufren el desamparo y la desidia del Estado. La injusticia y la falta de acceso a la justicia la asumen siempre los más vulnerables, esos mismos a quienes nos acercamos para pedirles ser sus representantes.

Por ello, no es posible que tengamos instituciones que defiendan delincuentes, pero no a un padre, un hijo, una madre o un abuelo víctima de estos mismos delincuentes. Por ello, creo que las modificaciones que hoy remite el Senado al proyecto que discutimos son profundamente sensibles, pues con esta iniciativa estamos creando una institución justa que da a los más necesitados, a esos mismos que no tienen recursos para costear un abogado, el acceso a una defensa jurídica técnica, y entrega igualdad y vela por los intereses de quienes son atacados por el flagelo de la delincuencia.

Luego de cuatro años podemos decir, finalmente, que estamos haciendo algo anhelado por muchos vecinos en nuestro país, por vecinas de Ercilla y por los jóvenes de Renaico y Purén, por esa abuelita que reza, debido a que sus nietos fueron asaltados mientras estudiaban en Santiago y no saben qué hacer. Con este proyecto, luego de cuatro años, entregamos justicia a los más necesitados.

Por ello, hoy anuncio mi voto a favor de las modificaciones del Senado al presente proyecto, puesto que constituyen una necesidad que las personas de nuestro país, en especial las de Galvarino, Lumaco , Perquenco , Vilcún y demás comunas de mi distrito, requieren con urgencia, y porque el acceso a la justicia debe ser el horizonte que nos mueva a todos en este Congreso. Hoy reafirmaré el trabajo realizado por el Senado, para que la defensoría de las víctimas sea ley en nuestro país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, hoy estamos dando un paso necesario y totalmente justo. En esa línea, quiero manifestar mi apoyo decidido a este proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de delitos.

Durante años el Estado ha tenido una Defensoría Penal Pública para quienes cometen delitos, pero no ha tenido una defensoría para las víctimas. Por el contrario, el Estado las ha dejado solas y eso no es justo. Miles de víctimas en Chile -mujeres agredidas, los afectados por un portonazo o familias que han perdido un familiar por la comisión de un delito de homicidio, por ejemplo- enfrentan solas los procesos judiciales, sin apoyo, sin orientación y, muchas veces, sin esperanza.

Este proyecto crea la defensoría de las víctimas, un servicio que les brindará acompañamiento jurídico, psicológico y social, devolviendo al Estado su deber más básico: brindar apoyo a los inocentes. Apoyar este proyecto de ley no es un gesto político, sino que representa un paso fundamental hacia un Estado más humano y más justo, porque el Estado no puede dar la espalda a la gente que sufre. Es decirle a Chile que las víctimas sí importan, que merecen respeto y apoyo, y que la justicia debe tener rostro humano.

Por eso, anuncio mi voto favorable, porque este proyecto equilibra la balanza y devuelve dignidad a quienes más la necesitan: las víctimas de la delincuencia.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señor Presidente, la verdad es que, desde que fui postulante de la Corporación de Asistencia Judicial, siempre me preguntaba por qué las personas más vulnerables y de menos recursos o en causas complejas tenían que ser defendidas por un egresado o una egresada de derecho que no necesariamente tenía todas las herramientas para hacerlo. Recuerdo muy bien una situación donde una jueza de familia suspendió una audiencia porque el abogado de la otra parte era un reconocido colega con más de 30 años de experiencia. La jueza concluyó que no existía igualdad de armas en relación con el postulante de la Corporación de Asistencia Judicial.

Por eso es tan importante este proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que viene a reforzar el acceso a la justicia con una dotación importante de profesionales, sobre todo para que, en causas complejas, quienes son más vulnerables y tienen menos recursos no se vean impedidos, por una situación económica, de acceder verdaderamente a la justicia y tener las mismas oportunidades de esa persona que puede pagar un abogado con 30 o 40 años de experiencia.

Por eso apoyamos este proyecto, porque me parece que es un tremendo avance, para que la situación económica no sea el freno del verdadero acceso a la justicia.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto es una buena noticia para Chile. Avanzar en una Defensoría de Víctimas de Delitos y un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia es, ante todo, un paso hacia un Estado más humano y justo.

Hoy sabemos que miles de personas, especialmente mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, enfrentan procesos judiciales sin orientación, sin apoyo emocional y muchas veces con miedo. Esta ley viene a reparar esa deuda, integrando lo jurídico con lo psicosocial y garantizando que ninguna víctima quede sola en el Estado de Chile.

La nueva institucionalidad reemplaza, por cierto, las corporaciones de asistencia judicial, pero va más allá: unifica programas dispersos, crea equipos multidisciplinarios, amplía cobertura territorial y humaniza la atención.

La justicia no puede seguir siendo un privilegio de quienes tienen recursos; debe ser un derecho garantizado, con acompañamiento integral.

Humanizar la justicia es poner a las víctimas en el centro. Este proyecto crea la Defensoría de Víctimas de Delitos para que nadie más enfrente el dolor, la violencia o la impunidad en soledad. Es justicia con rostro humano, acompañamiento y dignidad para todos y todas.

Eso sí, nuestro desafío será que esta ley no nazca precarizada. Las y los trabajadores de las actuales corporaciones han sostenido durante años esta tarea con sobrecarga y sin los recursos necesarios. Si queremos que el acceso a la justicia sea real, necesitamos dotar a este servicio de personal suficiente, con condiciones dignas y un enfoque de derechos que perdure en el tiempo.

Por eso, nuestro voto será a favor, porque este proyecto abre un camino hacia una justicia más cercana, empática y efectiva para las víctimas, porque fortalecer el acceso a la justicia es fortalecer la democracia y el Estado social de derechos que nuestro país necesita, y eso lo debemos construir con suma urgencia.

He dicho.