Labor Parlamentaria

El señor CASTRO (Presidente).-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 334 y siguientes del Reglamento de la Corporación, corresponde considerar, hasta su total despacho, la acusación constitucional deducida por once diputadas y diputados en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Antonio Ulloa Márquez .

Antecedentes:

-Acusación constitucional deducida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Antonio Ulloa Márquez , sesión 78ª de la presente legislatura, en miércoles 8 de octubre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la Acusación Constitucional deducida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Antonio Ulloa Márquez . Documentos de la Cuenta N° 19 de este boletín de sesiones.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, como miembro de la comisión revisora, me he tomado muy en serio esta acusación constitucional, así como lo hemos hecho con todas las acusaciones constitucionales anteriores.

En primer lugar, quiero llamar la atención sobre el hecho de que -lo digo ahora- los patrocinantes de la acusación constitucional no estaban presentes ni escuchaban la defensa ministro Ulloa . Me parece deplorable esa actitud. La gran mayoría de ellos tampoco estuvo presente durante la tramitación de la acusación en la comisión; fueron muy pocos los que asistieron.

Es bueno que la ciudadanía lo sepa, porque, después, muchos van a salir, vestidos con capa de superhéroes, a decir que son los grandes defensores de no sé qué cosa, pero, a la hora de los quiubos, son muy pocos los que efectivamente están presentes.

Ahora bien, en relación con los argumentos planteados en la cuestión previa esgrimida por la defensa del ministro Ulloa , cabe señalar que estos se discutieron, tangencial o indirectamente, en la comisión. Al menos en mi caso, formulé las preguntas pertinentes al abogado Hernández y a uno de los expositores, un expresidente de la Corte Suprema, que concurrió a la comisión. En ese momento consideré -sigo considerándolo- que los argumentos esgrimidos para la cuestión previa son insuficientes.

De ninguna manera pretendo equipararme con la trayectoria ni el conocimiento del señor Hernández , a quien tengo el máximo respeto académico y profesional, pero creo que es importante analizar las normas citadas por la defensa del ministro Ulloa .

Como bien explicó la defensa del ministro Ulloa , la cuestión previa se sustenta en dos grandes fundamentos.

En primer lugar, por existir -por así decirlo- alguna causal de inhabilidad, que es la que se sustenta primigeniamente en el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, aplicable a la Cámara de Diputados.

Considero que es insuficiente por lo siguiente: primero, porque el artículo 5° B tiene dos incisos que se complementan y entienden en conjunto. Efectivamente, la primera parte dispone que “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.”.

Al analizar el primer inciso surge la duda de si un parlamentario, al haber presentado una querella, lo hizo en representación de un interés personal. Creo que eso depende mucho del tipo de delito que se denuncie o se querelle y también de la participación que tenga como interviniente, porque en una causa penal se puede ser interviniente como querellante, como víctima o, incluso, como ambos.

Daré un ejemplo más concreto. La noche del 18 de agosto, cuatro sujetos armados me robaron el auto a punta de pistola. Yo soy víctima de ese delito y, por lo tanto, puedo participar como víctima, aunque con muchas limitaciones como interviniente. Esto es algo que todos sabemos, y el Congreso ha intentado abordar este tema mediante diversos proyectos de ley.

Si yo quisiera -lo diré en términos bien coloquiales- elevar mi estándar como interviniente, debo querellarme, pero nada me exige -esta es la razón por la cual algunos parlamentarios se han podido querellar en esta y en otras causas relacionadas con diversos temas- ser víctima para ser querellante. Por lo tanto, no es requisito tener un interés personal en cierto tipo de delitos para querellarse.

Por lo tanto, creo que, no siendo víctima un parlamentario de un delito, pero aun así se querella, ¿no lo hace por interés personal? Quizás, uno podría cuestionar los momentos, los énfasis, las palabras que se usan o las formas, pero la buena fe se presume, Presidente. Por lo tanto, tenemos que asumir que lo hacen por interés general.

¿Y por qué digo que uno puede cuestionar las palabras, las formas o los contextos? Porque yo tendría excelentes razones personales para no apoyar la acusación constitucional debido a uno de los parlamentarios que la impulsa y que es cuestionado por la defensa del ministro Ulloa . Me refiero, por intermedio del señor Presidente, al diputado Daniel Manouchehri , quien injustamente intentó vincularme con una causa penal con la cual no tengo ninguna vinculación. Acá afuera, en El Pensador, intentó vincularme, junto con parlamentarios de la Región de Coquimbo, a una supuesta amistad con un delincuente. Se dijo que me había quedado en un departamento que ni siquiera conozco y en una playa en la que nunca he estado. Por lo tanto, esperaría que, con el gesto de hidalguía y de altura moral que estoy mostrando, esos mismos parlamentarios me pidieran disculpas públicas.

Voy a aprovechar este momento para referirme a ese episodio, porque no he tenido otra oportunidad para hacerlo. Se me acusó injustamente y se me trató de la peor forma, sin tener arte ni parte en esa situación. Ahí está la altura moral de quienes acusan y de quienes hemos sido acusados en alguna oportunidad.

¿Por qué lo digo? Porque no voy a involucrar en esto la animadversión que algunos han generado en mi contra, en forma injusta y mentirosa, porque lo que está en juego aquí es el interés superior de la nación. Tengo el orgullo de decir que tengo esa altura moral que algunos acusadores no han tenido. Pero yo no juzgo al mensajero; yo juzgo el mensaje.

En primer lugar, en virtud del inciso primero del artículo 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, considero que no hay un interés personal involucrado. Además, el inciso segundo es más claro y nos da más luces todavía: “No regirá -dice el inciso segundo- este impedimento en asuntos de índole general…”. Ello, justamente, refuerza esa idea.

Creo que esta argumentación demuestra con toda claridad que la primera causa o la primera razón que esgrime la defensa del ministro Ulloa , esto es que existe una cuestión previa por inhabilidad y por no alcanzar el número de firmas necesarias para la acusación constitucional, no debiese ser considerada.

En segundo lugar, también creo que la segunda parte de la argumentación, que es la aplicación del principio non bis in idem -principio rector que ilumina todo el derecho- no es correcta. Nuevamente señalo que no seré yo quien juzgue o contradiga a destacados constitucionalistas, a muchos de los cuales me tocó leer en la universidad para aprobar la cátedra de Derecho Constitucional. Con justa razón ellos dicen que el Senado, como jurado, ejerce funciones jurisdiccionales; sin embargo, se omite la segunda parte de la argumentación, que es fundamental, cuestión que fue señalada y preguntada directamente en la comisión. Existiendo una sede distinta y existiendo sobre todo una norma distinta con rango distinto, ¿es posible aplicar el principio non bis in idem cuando lo que estamos persiguiendo es una responsabilidad distinta a la disciplinaria, que ya fue sancionada por la Corte Suprema? Yo creo que no aplica el principio non bis in idem. Y es importante aclararlo, para que no exista confusión al respecto.

De alguna manera se nos dice que si esta acusación constitucional avanza se estaría revisando la decisión de la Corte Suprema. Estimo que es todo lo contrario. En ninguna parte de la argumentación que como miembro de la comisión di en su momento, y que oportuna- mente daré acá si ello corresponde, y en ninguna parte de la argumentación de los otros dos parlamentarios que votaron a favor la acusación constitucional se ha hecho referencia a la decisión de la Corte Suprema, porque somos profundamente respetuosos de la separación e independencia de los poderes del Estado.

No soy yo quien va a juzgar. Creo que en eso los acusadores también se equivocan. Al menos comunicacionalmente se equivocan al decir: “Hacemos esto porque la Corte Suprema no fue capaz de hacerlo”. No; nosotros no estamos llamados a juzgar ni a enmendar las decisiones de la Corte Suprema. Ella ya tomó una decisión y lo único que nos queda es respetarla. Nosotros tenemos otra misión: determinar la responsabilidad constitucional, según lo que señalan las normas aplicables en la Constitución al respecto. No es una responsabilidad disciplinaria, sino una responsabilidad constitucional.

Y aquí quiero destacar lo que certeramente me explicó quien ahora se encuentra en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el diputado Agustín Romero . Ayer me pidió, antes de que emitiera mi voto en la comisión, que tuviera en consideración que nosotros hacemos un análisis jurídico de la acusación. Y en esto toda la doctrina ha estado conteste en que la acusación constitucional tiene carácter jurídico, pero también político. Jurídico, porque existe una norma que señala que tenemos que examinar si los hechos que se nos muestran calzan o no con esa norma. Posteriormente se aplica la consecuencia jurídica de ese análisis. Pero también ejercemos un juicio político. Y es la ciudadanía, a través de sus representantes -todos los presentes en esta Sala; algunos, por distintas razones, no se encuentran en ella-, la que va a decir si avanza esta acusación constitucional, para que luego el Senado señale si ha lugar o no para la responsabilidad constitucional.

La acusación constitucional tiene esta doble cara, esta doble naturaleza. Por lo tanto, como tiene una doble naturaleza, es una responsabilidad distinta de la sanción disciplinaria a la que fue sometido el ministro Ulloa .

Señor Presidente, creo que con estas explicaciones, que, evidentemente, no están ni estarán a la altura técnica de las del señor Domingo Hernández , por quien tengo -reitero- el máximo respeto profesional y académico -uno, ante la trayectoria de abogados tan destacados, simplemente tiene que mostrar un poquito de humildad-, me permito, ejerciendo mi cargo y mi función, señalar por qué creo que debiésemos votar en contra de la cuestión previa y permitir que se vea el fondo de la acusación constitucional.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, primero, quiero hacer una aclaración. Mi intervención no tiene nada que ver con mi condición de jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional. Es una opinión absolutamente personal. Es el convencimiento que yo he tomado a partir de mi participación en la comisión que ha analizado esta acusación constitucional deducida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones señor Antonio Ulloa Márquez .

Señor Presidente, comparezco ante esta honorable Cámara para justificar mi voto respecto de la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones don Antonio Ulloa Márquez .

Como ya lo señalé en la comisión, hoy nos corresponde asumir un rol que no buscamos, pero que debemos ejercer con plena conciencia del deber que la Constitución nos impone. De esta forma, la labor excepcional que nos encomienda el texto fundamental la debemos abordar con serenidad, objetividad y respeto por las instituciones, entendiendo que el propósito último de este procedimiento es resguardar la integridad y la probidad al interior del Poder Judicial.

Para comenzar, quiero reconocer que me planteé, como muchos otros colegas, si el fallo del procedimiento disciplinario llevado adelante por la Corte Suprema debía tener un efecto vinculante o decisivo para la resolución de esta causa. Sin embargo, y tras un análisis detenido, concluí que esta Cámara debe ejercer su competencia con independencia y autonomía, atendiendo exclusivamente las causales que la Constitución Política de la República establece en su artículo 52, número 2), letra c), que impone y se traduciría particularmente en determinar si se configuró o no el notable abandono de deberes por parte del juez.

En este contexto, no desconocemos el procedimiento interno llevado a cabo por la Corte Suprema, ni tampoco que aquel no alcanzó el quorum necesario para aprobar la remoción del ministro Ulloa , pero sí reconocemos que siete de sus integrantes votaron a favor de su salida del Poder Judicial.

Este antecedente, si bien no es determinante, constituye una señal institucional relevante que no podemos pasar por alto.

Dicho esto, debemos distinguir claramente las sedes. Lo ocurrido en la Corte Suprema pertenece al ámbito disciplinario, mientras que lo que hoy nos convoca se desarrolla en una sede constitucional y política, con causales, estándares y procedimientos distintos. No estamos aquí para revisar una sanción administrativa, sino para determinar si la conducta imputada constituye una infracción grave a los deberes esenciales del cargo en los términos exigidos por nuestra Constitución. Ello nos sitúa frente a una responsabilidad jurídico- constitucional que, si bien se tramita en el ámbito político, no deja de tener un fundamento jurídico.

La acusación constitucional es en esencia un mecanismo de control y equilibrio entre los poderes del Estado. No es una persecución personal ni una herramienta partidista, sino que es un instrumento que busca proteger el principio de responsabilidad en el ejercicio del poder. En este caso, para mí, la acusación tiene un propósito particularmente relevante para proteger la integridad del Poder Judicial, una institución que solo puede sostenerse sobre la base de la confianza pública y la probidad de quienes la integran.

Por lo tanto, si esa confianza se ve dañada por la conducta de uno de sus miembros, el daño no se limita a la persona involucrada, sino que se proyecta también a todo el sistema.

Por ello, esta acusación no debe entenderse como un acto de confrontación entre los poderes del Estado, sino como una manifestación del legítimo ejercicio de las atribuciones que la Constitución confiere al Congreso Nacional. En efecto, se trata de una respuesta institucional frente a un grave problema de probidad que afecta al funcionamiento del Poder Judicial. En este contexto, el Congreso, en su rol de control político, no puede ni debe mirar hacia otro lado cuando los hechos revelan un comportamiento incompatible con la función judicial.

El artículo 52, número 2), letra c), de la Constitución autoriza a esta Cámara para declarar si ha o no lugar la acusación constitucional contra los ministros de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de deberes. Este concepto, el de notable abandono de deberes, ha sido latamente desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. Respecto de este concepto existe relativo consenso en los mismos estudiosos del derecho en que no se limita a la simple negligencia o al descuido, sino que comprende toda conducta que por su gravedad o reiteración denote una pérdida de idoneidad ética, moral o funcional para el desempeño del cargo.

Pues bien, es innegable la vinculación de este deber con lo preceptuado a propósito del deber de probidad. En este sentido, el artículo 8° de nuestra Constitución Política establece que el ejercicio de las funciones obliga a sus titulares a observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal del cargo. Este principio no es una mera declaración. Al contrario, forma parte integral del aparato gubernamental y se traduce en normas de comportamiento exigibles para todos quienes lo componen, particularmente para quienes ejercen jurisdicción.

A la luz de estas normas y principios, hemos llegado a la conclusión de que los hechos imputados al ministro Ulloa configuran efectivamente la causal de notable abandono de deberes. Así es; el texto acusatorio demuestra un patrón reiterado de vulneración de derechos esenciales que constituirían un abandono integral de las obligaciones del cargo y del compromiso ético que exige la administración de justicia a quienes la imparten.

Cuando digo que el juez Ulloa ha infringido la Constitución por notable abandono de deberes, lo digo por lo siguiente -algunas de las cosas que escuchamos en la acusación-: porque filtró la minuta de votación sobre el desafuero del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca , en marzo de 2022, dos meses antes de su notificación oficial; porque envió anticipadamente, en agosto de 2021, un proyecto de resolución del caso del juez Daniel Urrutia antes de ser firmado; porque entregó antecedentes reservados sobre evaluaciones y sumarios internos de magistrados; porque reveló el resultado de una quina, que es un listado de candidatos para un cargo judicial, antes de su formalización por la Corte Suprema; porque no se inhabilitó en causas donde actuaban los abogados Luis Hermosilla y Samuel Donoso , con quienes mantenía relaciones personales y sociales estrechas; porque divulgó información confidencial interna del proceso de nombramientos; porque promovía candidatos afines y descalificaba a otros por motivos políticos o personales.

Por los antecedentes que he dado a conocer y por otros similares, poseo la convicción de que se configura con claridad el notable abandono de deberes por parte del juez de la Corte de Apelaciones don Antonio Ulloa Márquez , sustentado principalmente en la pérdida de idoneidad ética y por su actuar, que se encuentra plenamente alejado de los valores que sostienen al Poder Judicial.

Por lo previamente expuesto, reafirmo mi voto a favor de la procedencia de la acusación constitucional que hoy se estudia en esta Cámara de Diputados.

He dicho.

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la comisión revisora de la acusación constitucional, y en cumplimiento de mi cometido, vengo a rendir el informe de la acusación constitucional deducida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Antonio Ulloa Márquez .

Con fecha 8 de octubre de 2025, los diputados Daniel Manouchehri , Marcos Ilabaca , Daniella Cicardini , Luis Malla , Juan Santana , Leonardo Soto , Camila Musante , Eric Aedo , Boris Barrera , Javiera Morales y Cosme Mellado presentaron una acusación constitucional en contra del ministro de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa Márquez por la causal señalada en el artículo 52, número 2), letra c), de la Carta Fundamental, esto es, notable abandono de sus deberes.

La acusación se divide en cuatro secciones: un preámbulo con consideraciones previas, una segunda parte sobre presupuestos de procedencia de la acusación constitucional, una tercera sección dedicada al notable abandono de deberes, responsabilidad de los ministros de los tribunales superiores de justicia, y una cuarta sección dedicada a la acusación propiamente tal, que se concreta en tres capítulos de infracciones.

Primera parte: Consideraciones previas

1. Contexto: Crisis de la conducta ministerial de la judicatura

Señalaron los patrocinantes que Chile, como Estado democrático, se sustentaba en la separación de poderes y en un aparato burocrático profesional que debía garantizar la eficiencia, la probidad y la transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas. Sin embargo, advirtieron que la tradicional percepción de bajos niveles de corrupción se había visto afectada por una creciente desconfianza hacia las instituciones políticas, judiciales y administrativas, especialmente a raíz del caso Hermosilla, o caso audios, que evidenció graves vulneraciones a los principios de transparencia y probidad dentro del Poder Judicial.

Sostuvieron que las investigaciones acreditaron la existencia de vínculos directos entre el abogado Luis Hermosilla y diversos personeros del ámbito judicial, revelando que, según la investigación del Ministerio Público, este mantenía una extensa red de contactos políticos, judiciales y policiales mediante la cual intervenía en causas relevantes y gestionaba favores.

En ese contexto, se destacó la relación con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa , quien le habría solicitado ayuda para intervenir en nombramientos judiciales, comprometiendo la independencia, imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

Asimismo, se indicó que el acusado habría influido en designaciones de altos cargos judiciales, generando dudas sobre la autonomía y los mecanismos de nombramiento. Agregaron que, en marzo del año en curso, la fiscalía y la Policía de Investigaciones allanaron sus oficinas en la corte, en el marco de las indagaciones del caso Hermosilla.

La participación de magistrados, funcionarios y actores políticos en ese escándalo suscitó cuestionamientos sobre la independencia y credibilidad de los nombramientos, así como acerca de la integridad institucional del sistema judicial chileno. Puntualizaron que, en este escenario, la acusación constitucional revestía una relevancia pública esencial, al pretender responsabilizar al cuestionado magistrado y visibilizar la amenaza que las prácticas de corrupción judicial representaban para el Estado de derecho, subrayando la importancia del escrutinio parlamentario como instrumento para restablecer la confianza ciudadana y resguardar la imparcialidad judicial.

2. ¿Qué ha hecho el Estado para enfrentar esta seguidilla de casos reprochables?

El libelo precisó que velar por la protección de las instituciones públicas frente a la corrupción constituía una preocupación constante de los Estados democráticos, pues, sin un sistema judicial transparente y legitimado socialmente, se ponía en entredicho el principio de igualdad ante la justicia, así como la existencia de redes de corrupción en el Poder Judicial debilitaba dicha legitimidad, generando la percepción de desigualdad en el acceso y aplicación de la justicia y del castigo.

En esa línea, se llevaron a cabo acciones disciplinarias para abordar las faltas administrativas y éticas cometidas por funcionarios públicos, como la apertura de investigaciones internas, la suspensión de los implicados y, en algunos casos, su destitución. Indicaron que la Corte Suprema, al ejercer su potestad disciplinaria, buscaba resguardar la integridad institucional y la confianza pública, especialmente de la judicatura, asegurando que aquellos que violaran las normas fueran debidamente sancionados.

Señalaron que la remoción de un juez constituía una manifestación de dicha potestad disciplinaria, conforme al artículo 80 de la Constitución Política de la República, que facultaba al máximo tribunal para destituir a miembros de la judicatura por mal comportamiento, a solicitud del Presidente de la República, de parte interesada o de oficio, previa audiencia del afectado y del tribunal de alzada correspondiente.

Recordaron que el acusado fue sometido a este procedimiento en el cuaderno de remoción resuelto el 30 de septiembre pasado por el pleno de la Corte Suprema, el cual, tras oír la relación y los alegatos, no alcanzó el quorum necesario para su destitución: siete ministros votaron a favor de separarlo del cargo y siete se pronunciaron por aplicar sanciones menores.

Ante dicho resultado, plantearon los patrocinantes, correspondía al Congreso Nacional evaluar si en su conducta se configuraba la causal de notable abandono de deberes.

Segunda parte: Presupuestos de procedencia de la acusación constitucional

1. La acusación constitucional

Enunciaron que, en el ordenamiento jurídico chileno, la acusación constitucional era un juicio de naturaleza constitucional destinado a controlar el ejercicio de las más altas funciones públicas, mediante el cual el Congreso Nacional actuaba como intérprete final de la Carta Fundamental, resguardando el orden democrático y el principio de responsabilidad institucional.

Así, la causal de notable abandono de deberes, prevista en el artículo 52, número 2), letra c), de la Constitución, habilitaba este procedimiento respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del contralor general de la República, con el objeto de perseguir su responsabilidad constitucional, advirtiendo que, dado su carácter abierto y poco definido, su contenido había sido precisado mediante la evolución doctrinaria, jurisprudencial, histórica y parlamentaria, que permitió establecer condiciones y límites para su aplicación legítima.

Sostuvieron que, en consecuencia, la acusación constitucional no constituía un recurso disciplinario ni un mecanismo administrativo de control, sino una herramienta de responsabilidad política destinada a resguardar la supremacía constitucional y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas frente a actos u omisiones de especial gravedad que comprometieran la esencia del cargo y, en los casos de magistrados, que afectaran la independencia, la imparcialidad y la confianza ciudadana en la administración de justicia.

En este contexto, manifestaron que esta acusación pretendía que la Cámara de Diputadas y Diputados examinara, capítulo por capítulo, los hechos imputados al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa Márquez y determinara si configuraban la causal de notable abandono de deberes prevista en la Constitución.

2. Facultad de la Cámara de Diputados en la acusación constitucional en contra de magistrados de los tribunales superiores de justicia

Expresaron que el procedimiento de la acusación constitucional se encontraba regulado en la Constitución y desarrollado en los artículos 37 al 52 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y que la facultad de iniciarlo respecto de determinadas autoridades por las causales previstas en la Carta Fundamental correspondía exclusivamente al Poder Legislativo, en particular a la Cámara de Diputadas y Diputados, a la cual competía declarar si había o no lugar a una acusación presentada por un número determinado de sus miembros en ejercicio en contra de autoridades o funcionarios que desempeñaran cargos públicos de relevancia nacional.

Conforme al artículo 52, N° 2, de la Constitución, el rol de la Cámara Diputadas y Diputados consistía en emitir una declaración fundada sobre hechos efectivos y no hipotéticos, a partir de una acusación formalizada por entre diez y veinte diputados en ejercicio, lo que permitía el debate entre mayoría y minoría. Indicaron que las autoridades susceptibles de ser acusadas eran únicamente las señaladas entre las letras a) y e) del citado artículo, constituyendo un catálogo cerrado que impedía incorporar a otros funcionarios, del mismo modo que las causales que habilitaban el juicio político eran taxativas y variaban según la autoridad acusada.

Precisaron que, cuando la Constitución mencionaba a “los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia” como posibles sujetos pasivos de un juicio político, comprendía tanto a los ministros de la Corte Suprema como a quienes integraban las cortes de apelaciones, conforme lo había entendido históricamente la jurisprudencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que se evidenciaba en precedentes como la acusación formulada contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso .

Tercera parte: Notable abandono de deberes. Responsabilidad de los ministros de los tribunales superiores de justicia

1. Incorporación de la causal en el derecho constitucional chileno

En la Constitución de 1833 se incorporó en Chile la causal de acusación de magistrados de tribunales superiores de justicia por “notable abandono de deberes”, la que, sin precedentes en el derecho comparado, fue mantenida en la Constitución de 1925, y en la reforma que se introdujo en 1943 se amplió al contralor general de la República.

Posteriormente, la reforma constitucional de 1989 al artículo 5° de la Carta Fundamental de 1980 introdujo un estándar sustantivo adicional: el deber de todos los órganos del Estado, incluidos los tribunales superiores de justicia, de respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana, garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Esta disposición transformó el alcance de los deberes exigibles a los magistrados, incorporando obligaciones sustantivas vinculadas a la protección de los derechos humanos.

Entre los años 1992 y 2024 se presentaron diversas acusaciones constitucionales contra magistrados de tribunales superiores de justicia sin que existiera una definición uniforme del concepto “notable abandono de deberes” ni una definición expresa en la Constitución. No obstante, en la práctica se siguió la noción formulada por el profesor Alejandro Silva Bascuñán , quien la define como la existencia de circunstancias graves que evidencian, por actos u omisiones, una torcida intención, inexplicable descuido o sorprendente ineptitud con que se abandonan los deberes inherentes a la función pública ejercida.

De acuerdo con el profesor Zúñiga , esta causal constituye un ilícito amplio orientado a corregir abusos de los ministros y podría configurarse, incluso, frente a la infracción de normas autoejecutivas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, aun cuando dicha infracción afectara el contenido de una sentencia, en virtud de la supremacía constitucional y de los principios garantistas que limitan el ejercicio de la soberanía.

2. Concepto de “notable abandono de deberes”

Indicaron que el “notable abandono de deberes” era una causal de responsabilidad constitucional prevista en el artículo 52, N° 2, letra c), de la Constitución y facultaba a la Cámara de Diputadas y Diputados para declarar si había lugar o no a la acusación constitucional formulada contra magistrados de los tribunales superiores de justicia y el contralor general de la República cuando incurren en dicha causal.

Explicaron que la expresión “notable”, proveniente del latín notabilis, que significaba sobresaliente, destacado o apreciable, aludía, en el ámbito de la función pública, a hechos de tal entidad o reiteración que no pasaban desapercibidos. Por ello, no todo descuido se consideraba “notable”, sino únicamente aquellos graves o significativos que ameritaban reproche.

Advirtieron que, aunque carecía de una definición única, la doctrina y la jurisprudencia la entendían como una omisión o incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del cargo, en contravención con las normas y principios que regían la función pública; es decir, no se trataba de simples negligencias, sino de conductas graves y manifiestas que lesionaran la integridad del servicio público.

La definición más aceptada, formulada por Alejandro Silva Bascuñán , señala que se materializaba cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestren, por actos u omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo, los deberes inherentes a la función pública ejercida.

En suma, conforme a los principios de responsabilidad constitucional, juridicidad y probidad, esta causal se presenta cuando los actos u omisiones del magistrado trascienden el error técnico o la discrepancia interpretativa, alcanzando un nivel de gravedad institucional que compromete el orden constitucional.

3. Deberes de la judicatura

Para el profesor Casarino Viterbo , siendo los jueces inamovibles mientras mantengan el buen comportamiento exigido por la ley, resulta justo que, al incurrir en hechos contrarios a este, asuman las responsabilidades legales y constitucionales consiguientes. En igual sentido, López Pescio advirtió que dicho principio buscaba evitar que el Poder Judicial se transformara en un poder despótico.

Por su parte, Romero Seguel identificó el deber de imparcialidad como una garantía esencial del debido proceso y un presupuesto procesal, que exigía que el juez mantuviera su carácter de tercero imparcial, absteniéndose de intervenir cuando existieran sospechas de que favorecería a una de las partes por vínculos personales o intereses en el proceso.

Puntualizaron los patrocinantes que la relevancia de la imparcialidad también estaba recogida en el auto acordado sobre principios de ética judicial y comisión de ética, cuyo artículo 2 disponía que todo integrante del Poder Judicial debía actuar con rectitud y honestidad, sirviendo al interés general de la justicia, rechazando cualquier provecho personal y absteniéndose de intervenir en causas a favor o en contra de persona alguna.

En cuanto al deber de probidad, sostuvieron que el artículo 8 de la Constitución obligaba a su estricto cumplimiento en el ejercicio de las funciones públicas, en atención a que constituía un valor esencial de la ética pública y suponía un actuar íntegro y honrado, una conducta funcionaria intachable, un desempeño leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, incluyendo a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, quienes debían actuar con rectitud, transparencia y fidelidad al interés público.

Así, la “torcida intención”, el “inexplicable descuido” o la “sorprendente ineptitud” que configuraban la referida causal debía evaluarse respecto de deberes funcionales de alta jerarquía, como el respeto a los derechos fundamentales, la imparcialidad en la aplicación de la ley y el cumplimiento del principio de probidad.

Finalmente, señalaron que los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental disponían que los órganos del Estado debían someter su actuar a la Constitución y a las leyes, estableciendo responsabilidad por toda infracción a este principio. En tales casos, la responsabilidad constitucional surgía del incumplimiento grave y culpable de deberes públicos esenciales, cuya omisión afectaba la legitimidad del Poder Judicial y habilitaba la aplicación de la sanción prevista en el juicio constitucional.

4. Plazo y oportunidad de la acusación constitucional en contra de magistrados de los tribunales superiores de justicia

Precisaron que el artículo 52, número 2), letra c), de la Constitución disponía que correspondía a la Cámara de Diputadas y Diputados declarar si había o no lugar a la acusación constitucional formulada por no menos de diez ni más de veinte de sus miembros en contra de magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de deberes. Indicaron, además, que dicha acción solo podía interponerse mientras el afectado se encontrara en funciones o dentro de los tres meses siguientes a la expiración de su cargo, y que, en el presente caso, la acusación había sido presentada dentro del plazo constitucional, por cuanto el acusado continuaba ejerciendo como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Explicaron que este plazo tenía una doble finalidad: asegurar la vigencia del principio de responsabilidad, permitiendo el control incluso después del cese en el cargo, y evitar la persecución indefinida de actos pasados, resguardando el equilibrio entre el control político y la estabilidad institucional. Así, el constituyente estableció un límite temporal razonable para impedir la desnaturalización del mecanismo acusatorio y garantizaba su finalidad constitucional.

Por otra parte, señalaron que esta acusación adquiría especial relevancia tras el rechazo del cuaderno de remoción por la Corte Suprema, decisión que, conforme con el artículo 80 de la Constitución, constituía una manifestación de su potestad disciplinaria interna que no excluía ni sustituía el control político-constitucional que correspondía al Congreso Nacional.

Puntualizaron que el resultado del pleno del máximo tribunal, que no alcanzó el quorum necesario para la remoción del ministro Ulloa , no extinguía su eventual responsabilidad constitucional, sino que reforzaba la necesidad de un pronunciamiento político-jurídico del Congreso, ya que la acusación constitucional constituía una instancia distinta, autónoma y complementaria, destinada a resguardar la probidad, independencia y confianza pública en el Poder Judicial.

En consecuencia, la presentación de esta acusación era jurídicamente procedente y políticamente oportuna, puesto que el rechazo del procedimiento disciplinario no constituía pronunciamiento sobre las responsabilidades constitucionales del acusado, las cuales solo podían ser conocidas y resueltas por la Cámara de Diputados y, en definitiva, por el Senado.

Cuarta parte: Capítulos acusatorios

Expresaron que, conforme con el artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cada capítulo de la acusación debía votarse por separado, entendiéndose por este el conjunto de hechos específicos que, a juicio de la Cámara, constituían cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que justifican la acusación. Agregaron que este diseño imponía al acusador la obligación de delimitar y exponer de manera clara y fundada cada cargo, permitiendo un examen y votación independientes de cada uno de ellos.

1. Capítulo primero

Responsabilidad por haber faltado de manera notable al deber de reserva, por la filtración de resoluciones reservadas de causas

1.1. Hechos que fundamentan el capítulo primero

Según reportajes de diversos medios, los chats entre Antonio Ulloa y el abogado Luis Hermosilla mostraron que el primero habría enviado resoluciones del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago antes de su firma o publicación, divulgando decisiones reservadas a un tercero ajeno a las causas. En particular, remitió la minuta de votación del desafuero del gobernador regional de Valparaíso dos meses antes de su publicación oficial, además de decisiones administrativas relativas al juez Daniel Urrutia y a otra funcionaria de un tribunal, junto con resoluciones del pleno destinadas a proveer un cargo de ministro, que no eran de acceso público.

Sostienen los diputados patrocinantes que, al filtrar dichas resoluciones, el ministro Ulloa vulneró reiteradamente el deber de reserva impuesto por la ley a los magistrados de las cortes de apelaciones cuando celebran sus acuerdos y dictan resoluciones.

Detallan a continuación los siguientes hechos:

1.1.1. Caso del gobernador Rodrigo Mundaca

Según reportajes de diversos medios, los chats entre Antonio Ulloa y el abogado Luis Hermosilla mostraron que el primero habría enviado resoluciones del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago antes de su firma o publicación, divulgando decisiones reservadas a un tercero ajeno a las causas. En particular, remitió la minuta de votación del desafuero del gobernador regional de Valparaíso dos meses antes de su publicación oficial, además de decisiones administrativas relativas al juez Daniel Urrutia y a otra funcionaria, junto con resoluciones del pleno destinadas a proveer un cargo de ministro, que no eran de acceso público.

Estas conversaciones constan en reportajes de Ciper y fueron transcritas en ese apartado por los acusadores, dando cuenta de que el abogado Hermosilla contactó al magistrado Ulloa la mañana del 25 de marzo y que, minutos después, este le hizo llegar un archivo con la minuta de votación referida, resolución que se había dejado en acuerdo -en la que votó Ulloa- solo dos días antes. El documento no era público y contenía información reservada incluso para los intervinientes del caso, aunque Hermosilla ni siquiera formaba parte de dicha causa.

1.1.2. Proyecto de resolución sobre el juez Daniel Urrutia Laubreaux

El señor Ulloa envió por WhatsApp al abogado Luis Hermosilla un proyecto de resolución relativo a un asunto tratado por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto del juez del Séptimo Juzgado de Garantía Daniel Urrutia Laubreaux, el 19 de agosto de 2021, antes de que fuera firmado por los ministros y un día antes de su publicación oficial, ocurrida el 20 de agosto.

1.1.3. Minuta de la Corte de Apelaciones de Santiago

Un tercer supuesto fáctico está basado en el envío de antecedentes en que propuso incluir, fuera de pauta, en el pleno del 30 de agosto de 2021, la evaluación del ejercicio del juez Daniel Urrutia Laubreaux , a raíz de sus declaraciones en la Convención Constitucional, según se desprende de la relación de los alegatos del cuaderno de remoción del acusado.

Estas conversaciones, difundidas por Ciper Chile y transcritas en ese apartado por los patrocinantes, muestran que el ministro Ulloa comunicó al abogado Hermosilla detalles sobre la votación del pleno de la Corte de Santiago relativa a la apertura de un sumario al juez Urrutia , y le compartió el archivo que la contenía, advirtiendo que debía firmarse durante la semana, lo que evidencia, a juicio de los acusadores, que tenía conocimiento de que se trataba de información que no era pública, ya que los otros magistrados aún no suscribían el documento. Asimismo, realizó comentarios sobre la votación, sobre otros miembros del tribunal y del concurso para fiscal judicial de Valparaíso, señalando sus preferencias.

1.1.4. Reclamación de una terna por una funcionaria del 30° Juzgado Civil de Santiago

Conforme con lo expuesto en la audiencia pública del cuaderno de remoción, se acreditó la filtración de un asunto disciplinario tramitado en la Corte de Apelaciones de Santiago sobre una reclamación de terna, cuya información el acusado remitió el 29 de marzo de 2022, pese a que el fallo fue notificado el 1 de abril de ese año.

1.1.5. Quina para proveer cargo de ministro

Señalan que entre las conductas imputadas también se encuentra la filtración anticipada del resultado de la votación de una quina de la Corte Suprema, aun cuando dicha votación y su resultado eran reservados hasta la firma del acta. Según conversaciones privadas reveladas por Ciper Chile, el 20 de mayo de 2025 el acusado envió al abogado Luis Hermosilla los resultados del pleno antes de la suscripción del acta y de su incorporación al sistema de gestión judicial.

1.2. Configuración de la causal de notable abandono de deberes en el capítulo primero

A juicio de los patrocinantes, las conductas descritas no constituirían hechos aislados ni simples infracciones administrativas, sino un quebrantamiento sistemático y grave de los deberes esenciales del cargo de ministro de corte de apelaciones, vulnerando la integridad del sistema judicial y provocando una pérdida de confianza pública en su imparcialidad y eficacia.

Estas infracciones estarían referidas a los deberes establecidos en el artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales y en los artículos 3, 7, 10, 11, 13, 62, 63, 66 y 67 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que regulan la imparcialidad, integridad, diligencia y respeto a los derechos de las partes, cuyo incumplimiento constituye una falta grave al poner en riesgo la administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

1.2.1. Deber de reserva y confidencialidad

Sostienen los acusadores que el artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales impone a los jueces la obligación de mantener en reserva los acuerdos del tribunal hasta su firma y notificación, disponiendo, además, que las cortes de apelaciones deben celebrar sus acuerdos privadamente, permitiendo únicamente la presencia de relatores u otros empleados, de ser necesario. De ese modo, la filtración de actas de votación, proyectos de resolución o minutas fuera de la pauta a un abogado externo antes de su publicación oficial vulnera el deber de reserva, dañando la confianza institucional en la justicia.

Añadieron que esta conducta no solo constituía una infracción administrativa, sino que comprometía la integridad del sistema judicial, pues la reserva de los acuerdos en los tribunales colegiados resguardaba la confidencialidad y el espacio de seguridad y confianza necesarios para que los jueces adoptaran decisiones imparciales, obligación que un ministro de corte no podía desconocer por ser esencial para mantener la credibilidad y legitimidad del proceso judicial.

Señalaron que una sentencia adquiría carácter público una vez firmada por los ministros y notificada a las partes, por lo cual, al anticipar información sujeta a reserva, el acusado infringió los principios que regían la función jurisdiccional y los mandatos establecidos en los artículos 1°, 8° y 80 de la Constitución Política, orientados a asegurar una justicia imparcial y equitativa. Esta violación no solo afectaba la resolución de un caso específico, sino también la confianza pública en el sistema judicial en su conjunto.

1.2.2. Afectación de la imparcialidad y de la independencia

La revelación anticipada de decisiones colegiadas compromete el principio de igualdad de las partes en los procesos judiciales, consagrado en el artículo 19, número 3°, de la Constitución, al otorgar ventajas indebidas a quienes acceden a la información antes de su divulgación oficial. Además, erosiona la confianza pública y la imparcialidad del sistema judicial, pues el principio de juez imparcial, reconocido por la Constitución y los tratados internacionales, exige decisiones objetivas fundadas exclusivamente en los hechos y en el derecho.

Por ello, la confidencialidad de las deliberaciones y decisiones colegiadas debía resguardarse hasta su notificación formal, garantizando así los principios de igualdad de las partes y de juez imparcial e independiente. Debido a ello, la violación de estos deberes no solo afectaba a las partes directamente involucradas en el caso, sino que dañaba la percepción pública del sistema judicial.

1.2.3. Gravedad y reiteración

Sostienen que la conducta del señor Ulloa fue reiterada en al menos cinco ocasiones, evidenciando un patrón de comportamiento que configuraba el carácter “notable” exigido por la causal constitucional invocada. Añadieron que en cada uno de los casos incurrió en actuaciones que infringían los deberes esenciales de su cargo, comprometiendo la integridad e imparcialidad del sistema judicial tras un incumplimiento sistemático de las normas y principios que rigen la función jurisdiccional.

Así, explicaron que el carácter “notable” del abandono de deberes se manifestó en la gravedad y reiteración de las infracciones cometidas, las que no constituyeron hechos aislados ni menores, sino una conducta persistente que afectó de manera significativa la administración de justicia, vulnerando los principios constitucionales y contraviniendo los estándares internacionales de la ética judicial.

1.2.4. Deber de probidad

Puntualizaron que los jueces de los tribunales superiores de justicia gozaban de independencia y estabilidad precisamente para proteger su imparcialidad, lo que conllevaba un deber forzado de probidad y reserva que les exigía mantener la confidencialidad de la información y actuar con integridad en el desempeño de sus funciones.

Mencionaron que el artículo 1° de la ley N° 20.880 establecía que el principio de probidad consistía en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal del cargo, privilegiando el interés general por sobre el particular, y que en su artículo 2° disponía que toda función pública debía ejercerse conforme con la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad, cuya inobservancia generaba responsabilidades y sanciones.

Afirmaron que el señor Ulloa , al haber utilizado su cargo para divulgar información reservada y favorecer intereses externos, vulneró de manera grave los deberes de su cargo, especialmente el principio de probidad, quebrantando las normas éticas y legales que rigen la función judicial, afectando la igualdad de las partes, el principio de juez imparcial, así como la confianza pública en la imparcialidad.

Agregaron que el incumplimiento de estos deberes no constituyó un error menor, sino una falta grave que puso en riesgo la administración de justicia, y que la reiteración de estas conductas demostró un patrón de actuación que erosionó la confianza institucional en la justicia, reforzando la necesidad de que los jueces deben respetar y cumplir sus deberes de probidad y reserva para asegurar que la justicia sea administrada de manera imparcial, protegiendo los derechos de todas las partes involucradas.

1.3. Análisis y conclusiones del capítulo primero

De los antecedentes expuestos, sostienen los acusadores, se desprende que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa infringió de manera grave y reiterada el deber de reserva y confidencialidad que le imponen la Constitución, la ley y los códigos de ética judicial.

Así, la evidencia recogida en los reportajes de CIPER Chile y en las conversaciones de mensajería electrónica mostró que filtró sistemáticamente resoluciones y acuerdos reservados, enviando minutas, proyectos y votaciones para un tercero ajeno a los procesos, el abogado Luis Hermosilla , antes de su firma y publicación oficial. Estos hechos no constituyeron meras irregularidades administrativas, sino un patrón sistemático de inconductas que comprometió gravemente los estándares éticos y funcionales que deben regir la actuación de un magistrado.

Tal comportamiento no solo afectó la imparcialidad, la integridad y la legitimidad del sistema judicial, sino que además minó la confianza pública en la independencia de los tribunales, elemento esencial para la vigencia del Estado de derecho.

En efecto, las filtraciones reiteradas de resoluciones sujetas a reserva en los casos Mundaca , juez Urrutia , la minuta de la Corte de Apelaciones y la votación de la quina para la Corte Suprema transgredieron las obligaciones esenciales de su cargo, quebrantando las normas del artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales, que impone la obligación de guardar reserva respecto de las deliberaciones judiciales, así como el principio de probidad consagrado en los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

De este modo, su actuar no puede considerarse un hecho aislado ni un simple error de juicio, sino la expresión de una práctica sostenida que vulneró deberes institucionales y éticos fundamentales, afectando el prestigio y la confianza del Poder Judicial.

En ese contexto, las conductas descritas constituyen un notable abandono de deberes, conforme al artículo 52, número 2), letra c), de la Constitución Política de la República, al representar un incumplimiento grave, manifiesto y reiterado de los deberes funcionales esenciales del cargo, afectando la confianza pública en la administración de justicia al otorgar ventajas indebidas a terceros no autorizados, debilitando así el principio de juez imparcial e independiente que sustenta el Estado de derecho.

2. Capítulo segundo

Vulneración del deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales

2.1. Hechos que fundamentan el capítulo segundo

En primer lugar, sostuvieron los patrocinantes, el señor Ulloa participó en el conocimiento y resolución de un incidente de recusación presentado por la defensa del ex-Presidente Sebastián Piñera en contra del juez Daniel Urrutia , con el objeto de inhabilitarlo, lo que se cuestionó debido a la evidente animadversión que mantenía hacia dicho juez, expresada en mensajes de WhatsApp, en los que lo calificó de “payaso”, “activista”, según se indicó en la audiencia pública del cuaderno de remoción, en la que se dio cuenta de que en 47 páginas de las conversaciones analizadas se registraron comentarios referidos al juez Urrutia .

En segundo lugar, se acreditó que incumplió su deber de abstención al intervenir en las causas en las que los abogados Luis Hermosilla y Samuel Donoso actuaban, sin haberse inhabilitado pese a su estrecha cercanía con ambos. En particular, no lo hizo en al menos ocho causas en las que Donoso integró equipos jurídicos. Así, en un litigio entre Jorge y Daniel Yarur , en el que Hermosilla y Donoso eran intervinientes, no reveló su vínculo con ellos. Pese a que la contraparte de Hermosilla solicitó su exclusión, esta fue rechazada y el ministro votó a favor del cliente de Donoso.

La cercanía entre Ulloa y Donoso quedó demostrada en una reunión organizada por el acusado en diciembre de 2021 para agradecer a Hermosilla su apoyo en la nominación a la Corte de Santiago, a la que Donoso no solo asistió, sino que lo llamó para agradecerle por haber contactado a senadores durante la votación de la acusación constitucional en contra de su hermana, la jueza Silvana Donoso .

Expresivo de dicha relación fue lo declarado por Ulloa a Ciper Chile , ocasión en que señaló que desde su primer intento por llegar a la Corte de Santiago había mantenido conversaciones con Hermosilla, que diariamente le enviaba un saludo a través de un poema; que lo había visto en reuniones sociales y que, en el año 2021, cuando fue incluido en la terna y posteriormente nombrado en Santiago al término del gobierno del Presidente Piñera, recibió el apoyo de Luis Hermosilla .

Afirmaron los diputados en su libelo, que todas estas actuaciones revelaban una falta de objetividad que afectó directamente la garantía de juez imparcial consagrada por el ordenamiento jurídico.

2.2. Configuración de la causal de notable abandono de deberes en el capítulo segundo

Los hechos descritos en este segundo cargo, concluyeron los patrocinantes, evidenciaron que el ministro Ulloa incurrió en conductas incompatibles con el deber de imparcialidad y abstención que la Constitución y la ley imponen a todo magistrado. Sus opiniones descalificadoras, expresadas en mensajes privados, y su constante comunicación con abogados interesados en causas revelaron una animadversión manifiesta, así como una grave falta de neutralidad en la resolución de asuntos judiciales.

Agregaron que estas conductas no se trataban de simples comentarios informales, sino que constituyeron un patrón sostenido de infracción a los deberes esenciales del cargo, excediendo cualquier descuido aislado y configurando, en los hechos, la causal de notable abandono de deberes establecida en el artículo 52, N° 2, letra c), de la Constitución Política, según el detalle que hicieron a continuación.

2.2.1. Deber de abstención

Al intervenir el acusado en el incidente de recusación contra el juez Daniel Urrutia , y en causas en las que participaban sus cercanos Luis Hermosilla y Samuel Donoso , infringió directa y conscientemente el mandato legal dispuesto en el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales, que obliga a los jueces a abstenerse de conocer y resolver asuntos cuando existan causales que afecten su imparcialidad.

2.2.2. Imparcialidad objetiva y subjetiva

La conducta descrita comprometió tanto la imparcialidad subjetiva del acusado, derivada de su animadversión hacia algunos intervinientes y de su amistad con otros, como la apariencia de imparcialidad objetiva, ambas esenciales para garantizar el debido proceso. Tal afectación no solo tuvo incidencia en la esfera interna de sus decisiones, sino que también proyectó hacia el exterior una imagen de parcialidad incompatible con la función jurisdiccional.

Al intervenir en causas patrocinadas por abogados con quienes mantenía vínculos de amistad o interés, incurrió en un evidente conflicto de interés que, lejos de ser un hecho aislado, generó un evidente conflicto de interés que afectó la confianza pública en su independencia y neutralidad judicial.

2.2.3. Gravedad de la infracción

Las conductas del magistrado no constituyeron un episodio aislado ni un simple comentario desafortunado, sino que reflejaron una actitud persistente y reprochable en el ejercicio de su función. La propuesta de iniciar procedimientos disciplinarios en contra del juez Daniel Urrutia , la revisión de sus redes sociales, las reiteradas expresiones de descalificación hacia su persona y las intervenciones en causas donde litigaban abogados de su círculo cercano configuran un patrón reiterado de comportamientos impropios.

Estas actuaciones, al provenir de un miembro del Poder Judicial, trascienden el ámbito individual y comprometen gravemente la integridad y el prestigio del sistema judicial.

2.2.4. Deber reforzado de probidad

La independencia y estabilidad que la Constitución otorga a los magistrados exige, como contrapartida, una conducta intachable de probidad y neutralidad. Al no haberse inhabilitado y conocer de causas pese a su vínculo con intervinientes y a su animadversión conocida, declaran los acusadores que el señor Ulloa abandonó de manera ostensible y grave sus deberes esenciales, quebrantando la confianza pública en la administración de justicia.

2.3. Análisis y conclusiones del capítulo segundo

De los antecedentes expuestos, afirma el libelo, se evidencia de manera inequívoca que el ministro Antonio Ulloa incurrió en un incumplimiento grave, manifiesto y reiterado de los deberes de imparcialidad y abstención que la Constitución y las leyes imponen a todo magistrado. Las pruebas reunidas y expuestas demuestran que mantuvo una animadversión sostenida hacia un magistrado sometido a recusación y, a la vez, una cercanía y comunicación constante con abogados interesados en causas judiciales, interviniendo en decisiones en las que debió haberse abstenido.

Estas conductas no constituyeron hechos aislados ni simples faltas administrativas, sino un patrón sistemático de actuación incompatible con la función jurisdiccional, que vulneró los artículos 196, N° 16, y 320 del Código Orgánico de Tribunales, los principios de imparcialidad objetiva y subjetiva reconocidos por la jurisprudencia, así como el principio de probidad establecido en los artículos 1 y 2 de la ley N° 20.880.

En atención a lo anterior, afirmaron que la reiteración y gravedad de los hechos descritos satisfizo plenamente el carácter de “notable” exigido por la causal de abandono de deberes prevista en el artículo 52, N° 2, letra c), de la Constitución Política. La conducta del acusado no se limitó a incumplimientos esporádicos o menores, sino que comprometió directamente la responsabilidad constitucional del magistrado, al incumplir las exigencias de rectitud y ejemplaridad propias del Poder Judicial, cuya legitimidad descansa en la confianza ciudadana en sus integrantes. La pérdida de esa confianza afectó la credibilidad institucional y la recta administración de justicia, justificando plenamente la procedencia de este capítulo.

3. Capítulo tercero:

Intervención indebida en nombramientos: vulneración del deber de probidad, imparcialidad e independencia

3.1. Hechos que fundamentan el capítulo tercero

En primer lugar, se refirieron a la intervención y participación del señor Ulloa en diversos procesos de nombramiento de integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, especialmente en los cargos de ministros y fiscales de cortes de apelaciones. Sostuvieron los patrocinantes que, del análisis de las 151 páginas de conversaciones con el abogado Luis Hermosilla , se evidenció que cuarenta de ellas versaban sobre nombramientos judiciales. En dichas comunicaciones se constató que el acusado envió a Hermosilla siete ternas relativas a nombramientos de fiscales judiciales interinos en Santiago y Valparaíso, de ministros de las cortes de apelaciones de La Serena y Rancagua , y otras tres correspondientes a ministros de la Corte de Santiago, en las cuales gestionó y solicitó apoyo para candidatos específicos.

Los antecedentes demostraron que no se limitó a informar, sino que pidió expresamente la intervención o el respaldo de terceros para influir en dichos nombramientos, calificando y revelando las tendencias políticas de los postulantes, solicitando revertir decisiones supuestamente adoptadas, destacando las virtudes de ciertos candidatos y, en algunos casos, incluso remitiendo currículums o antecedentes personales, como un currículum militar.

Las comunicaciones revisadas demostraron que agradeció al abogado Luis Hermosilla su “ayuda” en el proceso de nombramiento en la Corte de Apelaciones de Santiago, reconociendo expresamente su intervención, manteniendo un contacto constante y estrecho con dicho abogado, que no era parte formal de los casos, lo que reflejaba una relación de interés personal que comprometió su imparcialidad. Asimismo, en varias ocasiones solicitó a Hermosilla realizar gestiones externas, difundir material de respaldo o promover apoyos públicos a determinados candidatos a cargos judiciales.

De igual forma, los antecedentes evidenciaron que gestionó contactos con senadores para influir en votaciones relativas a la acusación constitucional presentada en contra de la jueza Silvana Donoso y en la nominación del juez Raúl Mera a la Corte Suprema, participando activamente para favorecer ciertos resultados. Estas conductas configuran una intervención impropia y reiterada en materias ajenas a su competencia jurisdiccional, en contravención a deberes esenciales de imparcialidad y probidad que le imponen la Constitución y la ley.

A continuación, los acusadores transcribieron parte del reportaje de Ciper Chile, en el que se consignaron conversaciones referidas a la conformación de ternas para nombramientos en el Poder Judicial y al envío, por parte del ministro, de actas con resultados de ternas y quinas al abogado Hermosilla . En particular, entre mayo de 2020 y febrero de 2022, remitió documentos sobre designaciones en las cortes de Rancagua, La Serena, Santiago y Valparaíso, así como votaciones del pleno de la Corte Suprema. En dichas comunicaciones, solicitó apoyo para determinadas candidaturas -entre ellas las de Ana María Hernández y Mónica Olivares -, opinó sobre postulantes, reveló inclinaciones políticas y agradeció al abogado por su colaboración.

3.2. Configuración de la causal de notable abandono de deberes en el capítulo tercero

Las conductas descritas en este tercer cargo, consistentes en gestionar de manera indebida y reiterada nombramientos judiciales, solicitar apoyo externo para influir en ternas y quinas, y mantener comunicación privilegiada con un abogado litigante para promover o descalificar candidatos, constituyen un quebrantamiento grave y sistemático de los deberes esenciales del cargo. No se trató de simples recomendaciones puntuales, sino de una actuación constante orientada a favorecer a personas afines a sus intereses, utilizando su posición y su vínculo con un abogado cercano a actores con influencia política. Este comportamiento resulta impropio de un magistrado, y constituye una vulneración de los deberes establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política y del numeral 2 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales.

3.2.1. Vulneración del deber de probidad

El artículo 8° de la Constitución impone a los funcionarios públicos, y de manera especial a los jueces, el deber de actuar con probidad y desinterés. Al haber utilizado su cargo para favorecer el nombramiento de personas afines, descalificar a otros postulantes, solicitar la reversión de decisiones y exaltar las virtudes de determinados candidatos, el acusado incumplió dicho deber y comprometió la confianza pública en el sistema de selección judicial.

3.2.2. Apariencia de imparcialidad

El contacto permanente con el abogado litigante Luis Hermosilla , para influir en ternas y quinas, generó un evidente conflicto de interés, dañando la apariencia de imparcialidad exigida a todo magistrado, afectando la transparencia del sistema de nombramientos, así como la igualdad de oportunidades de los postulantes. Los mensajes intercambiados entre ambos, que incluyeron agradecimientos, invitaciones y gestiones de apoyo, evidenciaron una vinculación personal que debió haber sido declarada antes de intervenir en dichos procesos.

3.2.3. Reiteración y sistematicidad

Las conversaciones revisadas demostraron una práctica sistemática y sostenida en el tiempo. Así, cuarenta páginas dedicadas a nombramientos, acompañadas del envío de antecedentes personales, currículums, solicitudes de intervención, referencias políticas respecto de distintos postulantes y difusión de material de respaldo, revelan una actuación constante orientada a influir indebidamente en procesos de designación judicial que satisfizo el carácter de “notable” exigido por la causal constitucional invocada.

3.2.4. Deber reforzado de independencia judicial

Precisaron que la independencia que la Constitución otorga a los jueces está destinada a garantizar su imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional y les exige abstenerse de utilizar su cargo para influir en procesos políticos o administrativos de designación. Al quebrantar este principio, el ministro Ulloa incurrió en un abandono grave de sus deberes y comprometió la neutralidad del sistema de nombramientos, así como la confianza institucional en la judicatura.

3.3. Análisis y conclusiones del capítulo tercero

La responsabilidad personal y directa de los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia comprendía tanto conductas activas como omisivas, formales e informales, siempre que estuvieran estrechamente vinculadas al ejercicio de las atribuciones propias del órgano jurisdiccional. Para que dicha responsabilidad resultara procedente, debía demostrarse que el magistrado tenía un deber constitucional y legal de actuar de manera distinta a la conducta que se le imputaba, configurándose así la infracción de un mandato imperativo que lo obligaba.

Conforme a lo expuesto, señalaron que se acreditó la infracción de los deberes del magistrado y, en consecuencia, su responsabilidad conforme con la Constitución. Añadieron que, en el ordenamiento jurídico nacional, los jueces contaban con competencias, derechos y deberes claramente delimitados, sin que existiera disposición que los facultara para intervenir, coordinar o promover nombramientos judiciales en otro poder del Estado. Así, en este caso, como lo acreditaron las numerosas pruebas acompañadas, el ministro intervino y coordinó nombramientos de otros magistrados, utilizando su cercanía e influencia con el abogado Hermosilla , quien mantenía vínculos con el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera .

Puntualizaron que, de los testimonios que dieron cuenta de las actuaciones del acusado y de Luis Hermosilla, así como de los jueces cuyos nombramientos conocieron, se desprende con claridad la existencia de una relación de complicidad y de cadena de favores recíprocos que podían ser retribuidos una vez asumidos los cargos obtenidos mediante dichas gestiones.

Petitorio

En definitiva, los honorables diputados y diputadas que suscriben la presentación solicitan que:

1. Se tenga por formulada la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa Márquez por haber incurrido en la causal de notable abandono de deberes.

2. Se sustancie el procedimiento de tramitación aplicable a esta clase de acciones.

3. Se declare que ha lugar a la misma, prosiguiendo con su formalización ante el Senado para que este, en definitiva, la acoja en todas sus partes, afirmando la culpabilidad del acusado, destituyéndolo del cargo que actualmente detenta.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Daniel Manouchehri .

El señor MANOUCHEHRI.-

Presidente, hoy no se vota solo una acusación constitucional; hoy se vota si este Congreso se pone de rodillas frente a una red de corrupción o si empezamos a romperla. Y, sí, tenemos interés: el de los chilenos que quieren una justicia libre e imparcial.

La acusación constitucional en contra del ministro Antonio Ulloa se sustenta, primero, en el sentido común, y, segundo, en la Constitución.

Primero, el principio de reserva. El ministro Ulloa llegó a su cargo gracias a una gestión directa del señor Luis Hermosilla . El mismo señor Ulloa reconoció en una entrevista que, en agradecimiento, le enviaba poemas todas las mañanas. Resulta que no solo le enviaba poemas a Hermosilla, sino que también le enviaba información reservada desde el Poder Judicial a un abogado corrupto como Hermosilla para que este pudiese sacar ventajas impropias.

Dos, imparcialidad. Ulloa tejió una red social poderosa con abogados como Donoso, Mario Vargas , Hermosilla , entre otros. En la noche, comía y bebía con ellos, y, al día siguiente, fallaba las causas de quienes lo acompañaban en esas fiestas. No se inhabilitaba. Fallaba a favor de esos mismos abogados, hoy imputados por graves delitos como cohecho y soborno. Eso no es justicia; eso es corrupción.

Tres, Ulloa fue parte de un engranaje que buscaba armar verdaderos bandos dentro del Poder Judicial, bandos que no se organizaban por ideas o principios, sino por conveniencias y favores. Y vimos en qué terminaron esos contactos: en lo que se ha denominado el “Tren de Vitacura”, con políticos corruptos impunes, empresarios corruptos condenados a clases de ética, fiscales que filtraban causas de narcotráfico y juezas, como la ministra Vivanco , que trataban de explicar su incremento patrimonial.

Por eso, Presidente y colegas, votemos con convicción. Que las redes de corrupción de Hermosilla no triunfen en este Congreso. La élite de nuestro país debe tomar conciencia de la indignación que se acumula en nuestro pueblo cuando ve que, en nuestro país, la impunidad se compra. ¿Y cómo se compra la impunidad? Con jueces corruptos, como Antonio Ulloa .

Hoy no solo se juzga a un ministro; hoy se pone a prueba la dignidad de la justicia chilena.

Gracias, Presidente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Gracias, señor Presidente.

Cuando la gente dice que la justicia no es igual para todos, no se equivoca. La red de Hermosilla demostró que ese mito urbano nunca fue mito, sino la pura y santa verdad.

¿Vamos a seguir permitiendo que la justicia chilena se arrodille ante el poder? Porque más daño le hace a nuestra sociedad un juez corrupto que cien delincuentes sueltos.

Por eso, lo que está en juego no es un nombre; es la credibilidad de todo un sistema.

El ministro Antonio Ulloa no es un caso aislado; es el reflejo de un Poder Judicial capturado por las redes de operadores, donde los fallos se comentan en fiestas y los nombramientos se cortan entre amigos a través de WhatsApp. Cuando el señor Ulloa agradece por su nombramiento a Hermosilla con poemas y favores, traiciona la fe pública, y cuando entrega información reservada de causas antes de que las partes las conozcan, no es un error, es un horror.

Nuestro deber como Congreso no es reemplazar a los tribunales, pero sí responder a la ciudadanía cuando se amenaza la democracia. No podemos mirar hacia el techo cuando hay este tipo de escándalos, cuando la justicia pierde autoridad y cuando la gente deja de creer en sus instituciones.

Hoy no votamos solo un informe que acusa constitucionalmente al ministro Ulloa ; votamos si queremos un Chile donde la ley sea igual para todos y para todas.

Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a la limpieza profunda que hay que hacer en el Poder Judicial, de demostrar que la justicia no tiene precio, que la verdad no se negocia y que la democracia no se rinde, porque los chilenos merecen instituciones limpias y una justicia valiente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Es una lástima que tengamos que estar ratificando aquí, una vez más, que el mismo sistema impulsa que se produzcan irregularidades dentro de lo que es el nombramiento de jueces. El hecho de que se haya diseñado como se ha diseñado empuja a los magistrados y empuja a la gente a buscar nexos, a hacer lo que llaman “besamanos”, para avanzar dentro de la estructura judicial. Y eso, damas y caballeros, ha sido querido así por el sistema político, y no lo quieren modificar.

La reforma constitucional que se encuentra hoy día en este Congreso lo único que hace es mantener el mismo sistema, porque le conviene a algunos. Y cuando algunos aquí se quejan porque hay magistrados que protegen o benefician a ciertas partes, olvidan convenientemente que hay fiscales y magistrados que mantienen una red de protección sobre sus propios sectores.

Le voy a decir una cosa: saquémonos las caretas acá. Aquí hay un juego político en donde los magistrados pasan a ser piezas en un tablero de ajedrez donde se juega la interpretación de las leyes que salen de este Congreso. Muchas veces, incluso, hablamos de prevaricación, porque se ignora norma expresa dentro de la Corte Suprema y dentro de las cortes para no caerle mal a algún sector político.

Tenemos gente que ha sido declarada inocente en razón de esos incentivos y tenemos gente que ha sido declarada culpable, no siéndolo, en razón de esos incentivos.

El hecho de que el Poder Judicial no sea plenamente independiente del poder político es la razón o es una de las razones principales por las cuales tenemos aquí este caso.

El hecho es que, si no fuese porque hemos mantenido la penetración del poder político en el sistema judicial, un señor Hermosilla nunca habría tenido la posibilidad de hacer lo que hizo.

Sin embargo, no existe disposición de los colegas o de los distintos sectores políticos para cambiar el sistema, de tal manera de neutralizarlo políticamente, probablemente porque prefieren quedarse con las ventajitas que sacan de esa corruptela del sistema. Hay buenos magistrados, sin duda, damas y caballeros, y los hay muy malos.

Lo peor son las redes que se han ido produciendo a lo largo de la historia de nuestro país y sobre las cuales ya Portales se quejaba. La república no puede sobrevivir a malos jueces, no puede sobrevivir a un mal Poder Judicial. Y son muchos los magistrados que debiesen estar enfrente, acompañando al magistrado Ulloa . ¡Muchos! Son muchos los que, habiéndoseles confiado aplicar las leyes, no lo han hecho como correspondía, por una u otra razón.

Damas y caballeros, me parece que, en este caso particular, vamos a poder hacer lo que corresponde, que es despachar esto al órgano que tiene que decidir si efectivamente se ha cometido un ilícito o no, que es el Senado. Pero también quiero recordarle a ese Senado que han sido los “macuqueos” que se producen entre sus filas, que son las “macuqueos” que se producen entre el Ejecutivo y el Senado los que han conducido a que tengamos un sistema que está intrínsecamente podrido en su generación y que nos hace, hoy día, tener que tomar esta decisión sobre un magistrado de la más alta magistratura.

Damas y caballeros, los nacionalibertarios vamos a despachar este caso al Senado, para que ellos decidan, pero que lo hagan sabiendo que todo el país les está mirando los dedos.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señor Presidente, los chilenos que están siguiendo este debate se preguntarán: ¿de qué se trata esta acusación constitucional? De defender la justicia, porque tenemos frente a nosotros a un ministro que filtraba sentencias, resoluciones e información al señor Hermosilla , al que le dedicaba poemas, al que le reconoció que gracias a sus gestiones está donde está.

Encima, se juntan a celebrar porque no fue removido por la Corte Suprema. Yo me pregunto: ¿qué celebran? ¿Celebran la impunidad? ¿Celebran que sigue vigente la ley de los favores? Porque digámoslo: el sistema Hermosilla está más vivo que nunca. ¿Celebran que pueden comprar la justicia? Celebran mientras el resto del país sufre. Las víctimas de los delitos de homicidio, de violación y de narcotráfico sufren por una justicia que no llega nunca, y lo ven con impunidad.

¿Qué reciben ellas? No reciben celebraciones, ni en yates ni en restaurantes. Ellas reciben la puerta giratoria de los delincuentes. Esta es la injusticia de Chile. Es al menos preocupante enterarnos de que el equipo o los cercanos de la exministra Vivanco , investigada por cohecho, eran los que estaban haciendo los llamados para que los ministros de la Corte Suprema rechazaran el cuaderno de remoción del ministro Ulloa .

¿Sabe cuál es la verdadera celebración, Presidente? Es que la mesa del poder celebra la impunidad. Ese es el principal motivo de la corrupción de la justicia en Chile. La Corte Suprema -¡sí, la Corte Suprema!- se ha convertido en la supremacía de la burla, porque eso es lo que sienten los chilenos cuando ven que se juntan a puertas cerradas o que por telefonazos deciden si alguien es inocente o culpable, mientras el resto del país tiene que mirar cómo opera la puerta giratoria y cómo responsables de homicidios, de violaciones y de narcotráfico salen libres de polvo y paja.

Entonces, hoy venimos a decir que se acabe esa impunidad de una vez por todas, que se acabe la corrupción de una vez por todas, porque esto también es por los muchos magistrados que cumplen la ley, que creen en la justicia y que quieren que esta sea ciega.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, la pregunta que debemos responder hoy es simple, pero decisiva: ¿puede un juez que ha vulnerado sus deberes esenciales seguir administrando justicia en nombre de Chile? El libelo es claro: el juez Ulloa ha incurrido en actuaciones que vulneran la probidad, la ética y los deberes esenciales del cargo. Su conducta, lejos de fortalecer la independencia judicial, abre espacios de influencia indebida y de relaciones impropias con actores que buscan torcer la justicia para obtener beneficios personales. Cuando esas puertas se abren, quienes entran primero no son las víctimas o la ciudadanía, sino que el dinero y el poder.

Colegas, esto ocurre en un contexto nacional que no admite ingenuidades. El caso Hermosilla destapó una red que intentaba influir en decisiones judiciales y tributarias. Incluso, el caso del fiscal Guerra vuelve a mostrar una relación impune entre dinero, poder y procesos judiciales. Chile ha sido testigo de cómo algunos compran acceso a la justicia, mientras la mayoría solo puede esperar.

Se trata de un síntoma de una enfermedad grave, de una justicia capturada por intereses que no son los del Estado de derecho y que debilitan nuestra democracia, porque la democracia no se sostiene solo en las urnas, sino que se sostiene también en las garantías: que un juez decida libre de presiones, que nadie esté por encima de la ley, que la corrupción no encuentre refugio en los tribunales.

Colegas, la igualdad ante la ley no es una metáfora constitucional, sino que es el corazón del pacto democrático. Si un juez mantiene vínculos, conductas o decisiones que generan dudas fundadas sobre su probidad, entonces no basta con indignarnos o ser espectadores de esta verdadera erosión institucional. Debemos ejercer el mecanismo de responsabilidad que la propia Constitución establece.

Chile no soporta más impunidad para quienes operan en las sombras y se creen dueños del Estado. Por eso, con plena convicción, sostengo que esta acusación hacia el juez Ulloa es una exigencia jurídica, ética y democrática, y la votaré a favor, no para castigar una biografía, sino para proteger la justicia, la democracia y la igualdad ante la ley en nuestro país.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, lo que hoy debatimos trasciende el nombre de un juez o la coyuntura política del momento. Lo que está verdaderamente en juego es la confianza de ciudadanas y ciudadanos en la justicia, y, con ello, la solidez de nuestro Estado de derecho.

El ministro Antonio Ulloa no enfrenta esta acusación por un error administrativo ni por un malentendido. Los antecedentes son claros y graves: filtró información reservada, intervino en nombramientos judiciales y mantuvo vínculos impropios con un abogado hoy investigado por tráfico de influencia y cohecho. No son conjeturas, no son rumores, sino que son hechos acreditados en una investigación penal y en los registros incautados a Luis Hermosilla.

En esos mensajes, el juez Ulloa no solo comparte resultados de votaciones internas antes de que fueran públicas, violando el deber de reserva, sino que además coordina acciones para promover nombramientos de fiscales y jueces, afectando directamente la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y todo esto mientras agradecía al propio Hermosilla por su apoyo para llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Estamos hablando de la violación de principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, que tanto dicen defender: la probidad, la imparcialidad y la independencia judicial. Esos principios no son accesorios, sino que son la columna vertebral del sistema de justicia y del pacto democrático que nos sostiene como sociedad.

Cuando la entonces ministra Verónica Sabaj fue destituida por hechos similares y el juez Ulloa se mantuvo en su cargo gracias a un empate en la Corte Suprema, el mensaje fue inequívoco: la justicia no se aplica con el mismo rigor para todos. Esa inconsistencia hiere la legitimidad de las instituciones y erosiona la confianza pública.

Esta acusación no busca castigar ni humillar, sino que busca reparar; busca reafirmar un principio que nunca debió ponerse en duda: que nadie está por encima de la ley, ni los poderosos, ni los políticos, ni los jueces.

La independencia judicial no puede ser excusa para la impunidad. La probidad no es una virtud optativa, sino que es una obligación constitucional. Si esta cámara y el Congreso no son capaces de exigir responsabilidad cuando se quebrantan estos deberes y esa confianza, entonces le estaremos dando la espalda a la justicia que decimos defender.

Por eso, votar a favor de esta acusación no es un gesto político, sino que es un acto ético e institucional; es afirmar que la justicia solo es legítima cuando se ejerce con transparencia y con integridad.

El caso del juez Antonio Ulloa pone en evidencia una crisis de legitimidad y confianza en el Poder Judicial al demostrarse un patrón de favoritismo, filtraciones y vínculos impropios con actores externos. Sus acciones, como la entrega de información reservada y la intervención en nombramientos, hacen más profunda esta crisis, y eso no lo podemos permitir. El empate en la Corte Suprema que impidió su destitución refleja los límites de los mecanismos internos de control del Poder Judicial.

Frente a ello, la acusación constitucional se plantea como una herramienta necesaria para restablecer los estándares de probidad y responsabilidad pública. Su aprobación sería una señal política y ética de defensa de la integridad institucional, la transparencia y la igualdad procesal, impidiendo la normalización de redes de influencia y la captura de decisiones judiciales.

Desde el Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, votaremos a favor de esta acusación en Chile.

Aunque cueste, ¡aunque cueste!, nadie debería estar por sobre la ley.

He dicho.