Labor Parlamentaria

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial, correspondiente al boletín N° 15338-17.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 71ª de la presente legislatura, en martes 16 de septiembre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor CASTRO (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, aprobaremos este proyecto que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada respecto de las víctimas de la dictadura civil-militar que estén acreditadas como tales en los informes estatales existentes, en sentencias judiciales firmes o que sean calificadas en el futuro, creando un registro público de personas ausentes por desaparición forzada que llevará el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Este paso fundamental en reconocimiento jurídico e institucionalización responde a las obligaciones estatales de reparación, prevención y no repetición surgidas producto de las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, que, conforme con el derecho penal nacional e internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad, que las Naciones Unidas correctamente han denominado como crímenes atroces, pues atentan contra la condición humana en sí misma, ofendiendo no solo a las víctimas que los sufren directamente, sino al conjunto de la sociedad.

De la misma forma, significa ejercer el derecho a la memoria colectiva, instrumento fundamental que tienen las sociedades traumatizadas por el exterminio, como la nuestra, para reconstruir en forma decente su tejido social con base en la verdad y la justicia.

Asimismo, hago presente que la desaparición forzada de personas es una de las expresiones más crueles y perversas del terrorismo de Estado, pues genera una ausencia traumática planificada como forma de amedrentamiento y neutralización de toda oposición política, basada en el decreto nazi conocido como Noche y Niebla, para que los prisioneros se desvanecieran sin rastro en la noche y en la niebla. Fue lo que hizo la dictadura civil militar en nuestro país, al instaurar una política de Estado dirigida a exterminar a los opositores políticos a través de métodos crueles como la prisión política, la tortura sistemática, las ejecuciones y la desaparición forzada, con más de 40.000 víctimas, de las cuales más de 1.100 permanecen en calidad de detenidas desaparecidas.

Por tanto, siendo testigos de cómo se fortalece el fenómeno negacionista en nuestra sociedad y que incluso en este mismo hemiciclo hay quienes toman una posición activa en contra de evidencias históricas, que se proponen negar con el fin de garantizar la impunidad y la desmemoria, es urgente aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, gracias.

En ti, mi rostro desaparecido; en ti, la patria que amanece; en ti, los que ya no están y vuelven.

La aprobación de este proyecto no solo implica un listado más a construir dolorosamente con nuestros muertos, sino que es un acto de justicia, una medida de reparación simbólica para las víctimas de desaparición forzada durante la atroz, la terrible dictadura civil-militar de Chile en el período comprendido entre el 11 de septiembre 1973 y el 10 de marzo de 1990, mediante la creación de la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, que obliga al Servicio de Registro Civil e Identificación a desarrollar un registro unificado de las personas calificadas en tal condición, como asimismo a la emisión de certificados que la acrediten, para que se tenga presente en la memoria colectiva los terribles, atroces hechos ocurridos, y que constituyan garantías de no repetición, todo ello en el marco del cumplimiento de los tratados suscritos por Chile sobre esta materia.

El reconocimiento jurídico de las víctimas de desaparición forzada en dictadura constituye sin duda un avance histórico, al catalogar estos hechos como crímenes de lesa humanidad y al crear un registro público que entrega certeza y visibilidad, más necesario hoy que nunca, cuando vemos cómo avanzan miradas negacionistas, cómo avanzan quienes pretenden torcer la historia y contar otra realidad para no enfrentar la atrocidad que vivimos en este país.

Dicho registro tiene un valor simbólico y reparador, asegurando memoria, transparencia y acceso a certificados oficiales. Aunque se eliminó la vía administrativa para nuevos casos, se mantienen fuentes sólidas, como informes y sentencias, y se requiere continuar con mecanismos de búsqueda y revisión.

Destaco el rol crucial de las organizaciones de familiares, a quienes saludo desde aquí, ya que nos están acompañando hoy en las graderías, especialmente a Gaby Rivera , cuyas luchas permitieron instalar el desafío de avanzar en verdad y justicia en la agenda nacional. Reconozco a mis colegas diputadas, por cierto. Sin duda, sin su presencia, su palabra constante, su voz alzada, no estaríamos en el lugar en que estamos hoy para esclarecer la verdad.

En conjunto, esta medida fortalece la memoria y la no repetición, y la construcción de una democracia responsable con su historia.

He dicho.

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señor Presidente, este es un proyecto necesario. Quienes votaremos a favor estamos honrando nuestro compromiso con todas las familias y víctimas de la dictadura civil y militar, particularmente con aquellas familias que aún siguen buscando a algunos de sus familiares desaparecidos.

Falta mucho para avanzar en verdad, justicia, reparación y no repetición. Este proyecto no pretende resolver todo, sino que más bien se plantea un objetivo muy modesto: que el Estado reconozca su responsabilidad en la desaparición de compatriotas que se atrevieron a pensar en un país distinto. Es, en definitiva, un ejercicio de memoria y una pequeña reparación simbólica. Esta iniciativa, junto con el Plan Nacional de Búsqueda, es parte del legado del Presidente Boric en materia de derechos humanos y memoria. Si el Estado hizo desaparecer a personas, a nuestras y nuestros compatriotas, es el Estado el responsable de buscarlos y de darles justicia a las familias. En ello no podemos claudicar.

Este proyecto busca crear la calidad de ausente por desaparición forzada para las víctimas de la dictadura en el período entre 1973 y 1990, junto con un registro público y gratuito para estos efectos. ¿Cómo oponerse algo así? Es increíble, pero algunos en esta Sala hablarán de falsos detenidos y detenidas desaparecidos, que las familias de las víctimas están haciendo un negocio con su dolor. Eso solo muestra su falta de empatía y de humanidad. El dolor y las heridas que dejó la dictadura son ciertos, tienen rostros y sus consecuencias sociales y políticas las vivimos hasta el día de hoy, con el modelo que nos heredó la dictadura y que hemos luchado tanto por cambiar.

El terrorismo de Estado, la muerte, la desaparición y el robo de nuestro país, liderado por Augusto Pinochet , tenía un objetivo claro: instalar el neoliberalismo en Chile y frenar los cambios por justicia social que venían avanzando en nuestro país.

Yo me pregunto: ¿con qué cara algunos critican a las familias víctimas si no son capaces de decir las cosas por su nombre? ¿Hasta cuándo toleraremos que la derecha y la ultraderecha sean incapaces de decir que lo que pasó fue una dictadura? ¿Hasta cuándo son incapaces de condenar con claridad las violaciones de derechos humanos y pedir perdón por la complicidad y participación de su sector político?

Muy lejos de ello, sus candidatos presidenciales, Kast , Matthei y Kaiser , justifican el horror. Dicen que las muertes fueron inevitables y que volverían a repetir el golpe con todas sus consecuencias. ¿Dónde está su compromiso democrático? No se ve, no se ve.

Hay muchos que nos hablarán del caso de Bernarda Vera y lo utilizarán mañosamente para intentar enlodar la lucha por verdad y justicia por los crímenes atroces de la dictadura; incluso algunos intentarán con esto buscar la libertad e impunidad de los violadores de derechos humanos. Los llamaría a que les pidan a sus amigos que levanten el pacto de silencio y digan dónde están, en vez de pretender esta inmoralidad.

Quiero señalar claramente que hoy si tenemos esta información y estamos teniendo este debate es gracias al Estado, al Programa de Derechos Humanos y al Plan Nacional de Búsqueda, porque son las organizaciones de derechos humanos y el Estado los que han sido los primeros en alzar la voz.

Acá no hay negocio ni hay sinvergüenzura; hay una lucha justa y honesta.

Apruebo este proyecto y llamo a quienes somos demócratas en esta Sala a hacer lo mismo.

He dicho.

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, a propósito de lo que decía anteriormente una diputada respecto de que no hay ninguna sinvergüenzura aquí, yo creo que sí la hay: la sinvergüenzura de la derecha. Pucha que son sinvergüenzas, por no decir otra cosa.

A los diputados que tenemos enfrente los hemos escuchado decir una cantidad de barbaridades. Aprovecho de pedirles disculpas no solo a los familiares de los detenidos desaparecidos que están en las graderías, sino a todos los familiares de personas que han sido víctimas de la delincuencia, pero, además, en este caso, de la delincuencia más baja, más cruenta que puede haber existido. Como en este caso no son de su color político, entonces la justifican y la amortiguan.

Quiero detenerme un segundo a hacer una pregunta que me parece de sentido común. Si existiera un falso detenido desaparecido, como señalaban que era el caso de Bernarda Vera, algo que de verdad no sabemos, ¿se borrarían los miles de torturados y víctimas de violencia política que hubo en este país solamente por pensar distinto? ¿Cambiaría en algún grado el que ellos defiendan al asesino y ladrón más grande que ha tenido este país, el dictador Pinochet , y -aun así sean capaces de relativizar una y otra vez qué fue lo que pasó?

Quiero valorar este proyecto, que crea la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada, porque no es lo mismo desaparecerse por delincuencia común que por razones políticas.

Hoy vemos cómo en Chile avanzan los discursos negacionistas, en que si uno le señala el término a un vecino o a un trabajador, pueden preguntar: “¿qué es un discurso negacionista?”. Bueno, es tan sencillo como mencionar que en este país mataron, violaron, abusaron, torturaron y exiliaron, y que hay “cristianos” que dicen: “Ah, es que las circunstancias”.

El diputado Urruticoechea señaló que las violaciones a los derechos humanos fueron consecuencias inevitables de las circunstancias. Así las cosas, podríamos decir que los grupos armados que se levantaron también fueron consecuencias inevitables, ¿o no?

En este caso, debemos tener un poquito de perspectiva para analizar qué estamos enfrentando hoy. Tenemos un desafío mayor: se crea este registro que, indudablemente, ayudará a la sistematización de la información de los detenidos desaparecidos, que además son víctimas que quedarán dentro de la figura jurídica de desaparición forzada que se establece, para que puedan ser objeto de una serie de reparaciones que se dan a través del Estado.

Ese es un gran avance. Pero la posibilidad de retroceso también es una problemática que debemos abordar hoy frente a, por ejemplo, una próxima elección presidencial en la que hay personas que relativizan que se mate a compatriotas por pensar distinto. Ocurrió una vez y podría pasar de nuevo. Además, en este órgano tenemos a representantes políticos populares elegidos por voto diciendo que está bien que se haya quebrado la institucionalidad por razones inevitables. ¡Pero es que ni siquiera estarían aquí si ese fuera el caso!

Por lo tanto, hay que asumir este desafío histórico como lo que es: un desafío de vida…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, hoy, nuestro país mantiene una herida sin sanar, y continuará así mientras no exista justicia ante los miles de víctimas de la cruenta dictadura militar.

La justicia y la reparación deben ser ejes centrales en nuestra política nacional. Este proyecto avanza en esa dirección, creando la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada como un gesto mínimo de dignidad hacia quienes sufrieron el salvajismo y la crueldad de aquellos que decidieron imponer las armas frente a su propio pueblo.

Este registro no es un mero trámite administrativo; es un acto de verdad y reparación simbólica. No modifica estados civiles, no genera beneficios económicos ni compensaciones; lo que hace es reconocer que en Chile existieron crímenes de lesa humanidad y que nuestro Estado asume la obligación de nombrar, registrar y recordar a las víctimas.

Antes de que alguien diga desde la vereda de enfrente que esto busca réditos, el texto es claro: no hay beneficios materiales; lo que sí hay es un deber de asentar en la memoria nacional que nunca más en nuestra patria se repetirán atropellos a los derechos humanos. Resulta doblemente doloroso que hoy algunos que incluso se candidatean a la presidencia sigan justificando con patética nostalgia aquel período oscuro y triste de nuestra historia.

Este proyecto es, por tanto, un paso fundamental en la construcción de un país más justo y digno, un país que se hace cargo de su historia, que honra a las víctimas, que responde al clamor de sus familiares y que asume el compromiso de verdad, justicia y no repetición.

Por eso, votaré favorablemente esta iniciativa, convencida de que reconocer a las víctimas es también reconocer la democracia que hoy defendemos.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, el negacionismo, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, es una actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes, y -algunos agregan cuando se trata de evadir una realidad o una verdad incómoda.

¡Qué lástima que el sector de la derecha no se inscriba para hablar en este proyecto de ley! Qué lástima, porque aquí requerimos una visión de Estado, de un Estado que necesita proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de un Estado que no ha estado a la altura de las víctimas que hoy día nos acompañan.

Cuando fui parte de la comisión investigadora por los restos óseos que se encontraban en el Servicio Médico Legal, pudimos constatar la falta de un listado y de sistematización de la información. Porque podíamos encontrarla en distintos textos históricos, como en los informes Valech y Rettig, pero faltaba una sistematización. Este proyecto de ley viene, entre otras cosas, a subsanar aquello, a que las víctimas puedan encontrar ordenada y clasificada la información.

También la calificación jurídica que se propone permite evitar las tristes diferencias de criterio que existen en muchos tribunales respecto del delito de secuestro o desaparición permanente, cuestiones que no podemos obviar a la hora de tratar de avanzar como Estado.

Hoy en día nos encontramos frente a una batalla electoral y frente a quienes piden más o menos Estado. Pero, al final, lo que necesitamos es Estado, un Estado y una democracia que tenemos que proteger, y el negacionismo no ayuda en esto. Ojalá encontremos un momento histórico en que nos podamos unir para este fin.

Creo que uno de los grandes orgullos que me llevaré de este Congreso es haber compartido con dos grandes mujeres que me emocionan. Haber conocido a Sola Sierra, haber coincidido con Gonzalo Muñoz , mi gran amigo, y compartir este espacio con doña Lorena Pizarro y doña Carmen Hertz es un orgullo que me llevaré para el resto de mi vida. Ha sido un honor compartir con estas mujeres, y espero que ustedes vean, a la luz de la historia, lo que esto significa para nuestro país.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, el proyecto de ley contenido en el boletín N° 15338-17 representa un paso decisivo en el fortalecimiento de nuestra democracia y del Estado de derecho. Su propósito, reconocer y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se inscribe en los más altos estándares en materia de reconocimiento y reparación a las víctimas de dichas violaciones.

Nuestra democracia no se mide solo por la regularidad de sus procesos electorales, sino también por su capacidad de asumir las responsabilidades del Estado frente a las vulneraciones graves de derechos fundamentales. En este sentido, el reconocimiento de las víctimas de la dictadura cívico-militar constituye un acto de justicia y de memoria institucional.

Pero no basta con reconocer; también es necesario reparar. La reparación constituye un deber jurídico y ético; no es únicamente una compensación material, sino un proceso integral destinado a restituir la dignidad de las personas y a reconstruir la confianza en las instituciones. Reparar, entonces, es garantizar verdad, justicia y memoria como componentes inseparables de la democracia.

Particularmente en materia de reparación simbólica, el caso Almonacid Arellano versus Chile sostiene que el reconocimiento público de la responsabilidad estatal, la construcción de memoriales, la difusión de la verdad y las disculpas oficiales son formas esenciales de restablecer la dignidad de las víctimas y de reafirmar los valores democráticos.

Por ello, este proyecto no solo busca saldar una deuda histórica con quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos en la dictadura, sino también afirmar un compromiso institucional con la verdad y la memoria.

En democracia, reconocer y reparar no son gestos simbólicos; son condiciones de legitimidad del propio Estado. Apoyar esta iniciativa es reafirmar el principio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que la reparación es también una forma de no repetición y de que solo un Estado que reconoce su historia puede proyectar un futuro de justicia y dignidad.

Por estas razones, el Congreso Nacional tiene hoy la oportunidad de reafirmar su compromiso republicano y votar a favor.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Arturo Barrios .

El señor BARRIOS.-

Señor Presidente, este proyecto de ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial es de todo mérito, coherencia e importancia.

La iniciativa establece la calidad jurídica de personas ausentes por desaparición forzada para las víctimas de la dictadura entre 1973 y 1990, y un registro público y gratuito a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, y, como tercer punto, determina que la inclusión en dicho registro no genera compensaciones económicas ni modifica estados civiles.

Esta iniciativa responde a una demanda histórica y cumple con los estándares internacionales. Se valoró que no crea nuevos beneficios económicos ni altera estados civiles, sino que constituye un acto de reconocimiento simbólico que permitirá contar, por primera vez, con un registro único, público y gratuito de personas desaparecidas, evitando la revictimización de sus familiares en trámites administrativos.

¿Qué les hemos dicho a las mujeres que se encuentran en las tribunas y que aún buscan a sus familiares detenidos desaparecidos? ¿Hemos hecho el reconocimiento histórico ante tal deuda que tiene Chile entero? ¿Hemos hecho el reconocimiento histórico frente a tanta vulneración de derechos fundamentales? No. Hemos callado, hemos mirado, pero no hemos hecho algo efectivo como lo que señala este proyecto de ley.

Aquí hubo una grave vulneración de los derechos humanos. Hubo una política de Estado de persecución, de muerte y de traición; hubo torturas, hubo desapariciones; Chile, de una u otra manera, se configuró en un cementerio clandestino. Eso no debe ocurrir nunca más. Y aquello comienza por reconocer a las víctimas, por la creación de este registro, por construir la memoria colectiva para que nunca más en Chile vuelva a existir un genocidio y una política de Estado destinada a perseguir, torturar y aniquilar a quien opina distinto.

Aquí se constituye y se templa el acero.

Votar favorablemente este proyecto de ley es votar para que la democracia en Chile siga construyéndose y mirando hacia el futuro, no hacia el pasado, como dicen algunos. Es un acto de justicia mínimo, pero contundente, para que, de una vez por todas, se haga democracia y se haga justicia con las víctimas y con quienes aún esperan encontrar los restos de sus deudos.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a esta familia extendida que la vida me dio, forjada a causa del fascismo y la dictadura. Una familia unida por el orgullo de ser familiares de una o un detenido desaparecido. Sé cuánto nos ha costado llegar hasta aquí, porque nosotras no somos familiares de nada ni de nadie; somos familiares de hombres y mujeres que lucharon por hacer de este un país distinto, un país en el que los hombres, las mujeres, las niñeces y las personas mayores tuvieran derecho a una vida digna.

Somos familiares de hombres y mujeres que resistieron la dictadura y que, por su valentía, dignidad y coraje los hicieron desaparecer. ¡Ni siquiera nos entregaron sus restos! Y no solo intentaron hacerlos desaparecer de nuestras vidas, sino también de la historia del país. Pero nunca contaron con la rebeldía ni con la dignidad de nuestra agrupación, que fue la primera en salir a las calles a decir que en Chile no existían presuntas ni presuntos desaparecidos. Nosotros buscábamos a hombres y mujeres con rostro, como los que ustedes llevan en el pecho, como el que yo llevo en el mío. Fue nuestra manera de decirle a la infamia y a la cobardía que ellos sí existían, que por sus venas corría sangre y que formaban parte de lo mejor que había parido nuestra patria.

No han sido días fáciles, porque el negacionismo y la cobardía de la derecha han sido demasiado fuertes. Sin embargo, por el recuerdo de los nuestros, por su dignidad, y con la esperanza de que, a partir de hoy, en Chile se les reconozca como ausentes por desaparición forzada, siento que, una vez más, ganaremos la batalla al odio y al fascismo, y los nuestros se alzarán con la dignidad que les reconocemos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, por su intermedio, invito a la Sala a preguntarse qué ocurriría si el Estado de Chile entrara a nuestras casas y sustrajera a nuestros hijos, que después desaparecen mientras están bajo su custodia. Por cierto, los buscaríamos, pero ¿hasta cuándo? La respuesta es una: hasta siempre. ¿Durante cuánto tiempo podríamos pedir al Estado de Chile explicaciones acerca del paradero de nuestros hijos? La respuesta posible es también una: hasta siempre.

Creo en la reconciliación, pero esta debe tener como piedra angular la verdad y la justicia. Si en esta Sala se continúa calificando como inevitable a la barbarie total y profunda, estaremos retrasando cada día más el momento de la reconciliación.

Hoy es 6 de octubre. Un día como hoy, hace cincuenta años, el exdiputado -por cuatro períodos, tres de ellos representando a mi distrito-, expresidente de la Democracia Cristiana y ministro de tres Presidentes de la República, Bernardo Leighton , sufrió un atentado mientras se encontraba en el exilio. Organismos del Estado contrataron a sicarios fascistas -y no lo digo como adjetivo, sino refiriéndome a su militancia para asesinar al exministro del Interior que se encontraba en el exilio.

¿Era eso inevitable? Sé que ustedes no lo piensan así. Entonces, ¿por qué asumen esta actitud de defensa del horror absoluto? Obviamente, intentar matar a Bernardo Leighton fue algo evitable.

Hace tres semanas tuve el orgullo de participar en la presentación del libro Aferrada a mi balsa, de la periodista Gladys Díaz , una obra profundamente necesaria que recomiendo a todo el país. Gladys Díaz , exmilitante del MIR, fue torturada durante tres meses en Villa Grimaldi. Su compañero, Juan Carlos Perelman , quien fue detenido junto a ella, continúa desaparecido hasta hoy, víctima de la Operación Colombo.

Hoy nos vemos en la lamentable necesidad de legislar esta materia, a fin de generar un estatuto jurídico para aquellos que fueron detenidos y desaparecidos por las fuerzas militares y policiales del mismo Estado.

Veo que algunos pretenden encontrar en el caso de Bernarda Vera algo así como un triunfo de su equipo. Por el contrario, este caso es resultado del Plan Nacional de Búsqueda y es la muestra de que seguimos necesitando políticas públicas para llegar a la verdad y a la justicia. No lo rebate, sino que, de hecho, lo refuerza. Tanto es así que con considerable menos cobertura televisiva, supimos de cuatro nuevos casos de ejecutados que no…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, estamos ante un proyecto de ley que es necesario en el avance de políticas públicas que ayuden a que el Estado cumpla con sus obligaciones de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las ocurridas entre 1973 y 1990, durante la dictadura civil-militar.

Quiero mostrar una fotografía de Alfonso del Carmen Araya, quien fue detenido desaparecido.

(La diputada muestra una imagen)

Su esposa estaba embarazada y no supo que venía un hijo en camino; por lo tanto, Marisol , su hija, no conoció a su padre ni Alfonso conoció a su hija.

Por eso, apoyo los proyectos contrarios a establecer impunidad y negacionismo respecto de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Incluso algunos justifican las mismas y hasta avalan, si se repitiera, el contexto que derivó en el funesto golpe de Estado de 1973.

Este proyecto de ley implica un gran avance, pues integra una medida de reparación simbólica para las víctimas de desaparición forzada en el período señalado, a través de la creación de la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, dando cuenta del carácter del crimen de lesa humanidad cometido por las Fuerzas Armadas y civiles contra un pueblo que solo buscaba justicia y dignidad.

Además, la iniciativa crea un registro público y oficial que permite dar certeza jurídica y visibilidad permanente a quienes fueron violentados tan cruelmente, respondiendo así a una deuda histórica del Estado con las familias y toda la sociedad. Ello asegura que los nombres de las personas detenidas desaparecidas perdurarán en la historia, siendo garantía de memoria y transparencia, y facilita el acceso a certificados que respalden oficialmente la condición de las víctimas.

Por tal motivo, se deben investigar los hechos, determinar quiénes participaron en los mismos, así como establecer las respectivas sanciones a quienes resulten responsables en el ámbito de la desaparición forzada.

Es justo establecer en forma fidedigna quiénes fueron detenidos desaparecidos, tarea primordial para ayudar a la construcción de una democracia plena y al ejercicio pleno de los derechos por parte de los ciudadanos de nuestro país, así como reforzar la obligación del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los…

La señora MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, no me había inscrito para intervenir, pero estaba pensando en dos cosas.

Primero, la semana pasada nos tocó votar un proyecto bien mañoso del diputado Kaiser , candidato a la presidencia, que planteaba una supuesta solución para las osamentas y le daba alguna atribución al Servicio Médico Legal. Dijimos en la comisión y en todos lados que este proyecto solo le da una calidad jurídica a la persona ausente por desaparición forzada. Sin embargo, él se abstuvo en la comisión. Ahí queda en evidencia, nuevamente, que no tiene ningún compromiso en aclarar este tipo de hechos históricos. Lo hago notar, porque hay algunos en esta Sala que aprobaron ese proyecto, pensando que era de buena fe.

Segundo, ayer me tocó estar, como todos los años, en los hornos de Lonquén, pues se cumplían 52 años de ese hallazgo. De hecho, nos encontramos con el ministro del Interior y con el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Es superllamativo lo que ocurrió allí, pues después de cinco años de búsqueda aparecieron cuerpos quemados en los hornos. La solución para el régimen fue dinamitar el lugar para borrar todo vestigio. Fueron esos primeros hallazgos los que nos hicieron ver, a propósito de que se trataba de instalar la idea de que esos casos no existían, de que sí existían. Quince campesinos de distintas comunas de la localidad, mayoritariamente de Isla de Maipo, fueron dinamitados. Un campesino encontró esos hornos.

Valoro mucho este proyecto, una iniciativa seria, esperada, que viene a saldar una deuda. Si uno mira al país vecino, solamente al ladito, Argentina , ellos se demoraron 11 años en construir la misma calidad jurídica para sus desaparecidos. Nosotros nos hemos demorado 35 años en hacerlo. Eso tiene que ver con las formas y con los pactos de silencio que se instalaron en nuestro país. Hoy vemos cómo avanza el negacionismo y candidatos presidenciales que, incluso, abren la puerta a la posibilidad de repetir los hechos.

Por eso, me parece que este proyecto es serio y necesario, una deuda que se salda ante los familiares y la sociedad toda. Los detenidos desaparecidos no solo les faltan a ellos, sino a todos.

Por lo tanto, felicito a los mocionantes. Vamos a votar a favor el proyecto.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo a las autoridades presentes.

El reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura constituye un avance trascendental. Establecer esta categoría jurídica específica da cuenta de que se trata de crímenes de lesa humanidad, cometidos por uniformados y civiles contra un pueblo que solo buscaba justicia social.

La creación de un registro público y oficial entrega certeza jurídica y visibilidad permanente a quienes fueron violentados y hechos desaparecer por el Estado de Chile, respondiendo a una deuda histórica con las familias y con la sociedad en su conjunto.

Efectivamente, el registro tiene un valor simbólico, pero también tiene este mínimo con el que cualquier ciudadano o ciudadana chilena debiese contar, pues facilita el acceso a documentación, certificados oficiales y la acreditación de la condición de víctima desde la institucionalidad chilena.

Un aspecto fundamental es el rol que han asumido desde el día uno la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la que desde los primeros años de la dictadura mantuvieron viva la demanda de verdad y de justicia, en medio del silencio institucional y la represión. Este proyecto también es una respuesta a esa lucha inclaudicable que han dado.

A pocos días del 16 de octubre, cuando recordamos la nefasta Caravana de la Muerte que pasó por La Serena, es necesario subrayar que aún no hay justicia para decenas de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas, ejecutados y ejecutadas, víctimas del norte y de todo nuestro país.

Por eso, así como avanzamos, no podemos olvidar que todavía hay cómplices que gozan de total impunidad, como Juan Emilio Cheyre , que a la fecha no ha tenido ningún tipo de procesamiento. Es necesario hacer justicia, principalmente a las personas que estuvieron en el regimiento Arica, en La Serena.

Ahora, junto con este avance legislativo, que esperamos que se despache hoy, Chile tiene que dar un paso más allá: tipificar el negacionismo, fenómeno que en nuestro país sigue siendo normal o malamente normalizado, y promover la memoria en las mallas curriculares, a través de la intervención del Ministerio de Educación, sin que los profesores y las profesoras que realizan la práctica pedagógica de la memoria sean castigados socialmente o despedidos de sus trabajos, como ha pasado en el último tiempo.

Este es un paso significativo y un resguardo para la memoria, para avanzar en la senda de la no repetición y consolidar la democracia en nuestro país.

Quiero usar estos últimos segundos para abrazar a mis compañeras diputadas por impulsar esta iniciativa. Las abrazo mucho más porque han tenido que soportar mucho odio durante estos cuatro años y discursos despreciables durante la tramitación de este proyecto, por no decir otra cosa.

Así que nunca más sin verdad, justicia y memoria.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, ¿existieron violaciones a los derechos humanos? Sí existieron. Están documentadas con distintos informes y estudios. La verdad es que tenemos que hacer todo lo posible para que no se vuelvan a repetir. Claramente, esto lo digo representando a muchas personas que, como se ha dicho, hoy no han intervenido, pero que sí dieron su opinión en el primer trámite constitucional de este proyecto, porque debemos recordar que este se encuentra en su tercer trámite constitucional.

Esta es una tarea que debemos hacer con todas nuestras fuerzas. Es una tarea que debemos hacer todos, tanto la izquierda como la derecha, para que esto no se vuelva a repetir. Una persona no puede perder la vida por pensar distinto, así como tampoco puede perder la vida porque su madre no quiere que nazca. Ese también es un derecho humano.

Claramente, lo que viene del Senado es mejor que lo que nosotros enviamos. El Senado eliminó la atribución de la Subsecretaría de Derechos Humanos para calificar o certificar personas detenidas desaparecidas, porque esa no es su atribución. Entonces, esta lista solo va a estar integrada por aquellos que estén en el registro de personas que tienen la calidad de ausente por desaparición forzosa determinada por sentencia judicial. Me parece razonable que exista este registro, especialmente si sirve como una reparación. Claramente, sabemos que es muy poco, que prácticamente es algo simbólico, pero es necesario, porque el hecho de no saber de un hijo, de un amigo o de un pariente realmente no tiene ninguna explicación razonable ni consuelo.

Chile debe volver a reconciliarse. Insisto en que, aunque duela, es una tarea de todos. No es justo que nuestra juventud escriba su historia con una mochila pesada que no le corresponde llevar.

Señor Presidente, por su intermedio quiero decirle unas palabras a la diputada Emilia Schneider para dejarle claro que la candidata Evelyn Matthei ha sido clara en su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y la democracia. Los que saben de historia conocen lo importante que fue su padre, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea señor Fernando Matthei , en la recuperación de la democracia.

He dicho.

La señorita PLACENCIA (doña Alejandra) .-

Señor Presidente, este proyecto es muy importante y responde a una obligación del Estado de Chile, como es reconocer a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar y dar un paso más en lo que tanto nos ha costado como país, que es avanzar en memoria, en verdad, en justicia, en reparación y en garantías de no repetición.

Al crear la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y establecer un registro especial, aseguramos que los nombres de quienes fueron arrebatados por agentes del Estado no desaparezcan nunca más de la historia de Chile. Las comisiones de verdad fueron un esfuerzo amplio, transversal y nacional, un piso mínimo civilizatorio que la derecha parece haber olvidado. Gracias a ellas tenemos informes que permitieron establecer una verdad histórica y asumir como sociedad y como Estado la premisa del nunca más frente a violaciones de los derechos humanos.

Han pasado más de cincuenta años. Aunque hemos avanzado, las familias siguen siendo revictimizadas, por el mal uso de la información en las investigaciones, por el negacionismo, por las mociones que buscan imponer un punto final a las búsquedas o liberar genocidas, y al mismo tiempo enfrentan la ausencia de sus seres queridos sin respuestas definitivas.

Por eso, este registro es una herramienta concreta, exigida por las agrupaciones de familiares y de derechos humanos, que entrega certeza jurídica, dignidad y reconocimiento oficial a esa ausencia que no puede normalizarse.

El Estado de Chile ha dado pasos importantes con las comisiones Rettig y Valech , y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Nuestro gobierno impulsó el Plan Nacional de Búsqueda para establecer las trayectorias y el destino final de las víctimas de desaparición forzada. Este proyecto se inscribe en la misma línea, que es otorgar más herramientas para que toda la verdad sea establecida, evitando retrocesos y asegurando que la memoria democrática se proyecte hacia el futuro.

Quiero decir con claridad que este proyecto reconoce a las víctimas de desaparición forzada y asegura que sus nombres nunca más sean borrados de la historia de Chile. Es memoria, es justicia y también es un mensaje para las futuras generaciones. Una dictadura no es un episodio cualquiera, sino que es un crimen que nunca debe repetirse.

Los sitios de memoria y las organizaciones de familiares han sido fundamentales para que esta lucha no se apague, pues siguen recordándonos que la democracia se sostiene en la verdad y en la memoria, y no es un deber del pasado, sino una garantía para el presente y futuro.

Por eso, votaremos a favor esta iniciativa, porque también es humanidad y responsabilidad política. Las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos no son opcionales. Debemos mantener viva la memoria, reconocer a las víctimas y afirmar que en democracia no hay espacio para el olvido.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, el solo hecho de tener que crear un registro de personas desaparecidas de manera forzada, ese solo hecho, nos dice mucho sobre las atrocidades que se cometieron durante la dictadura cívico-militar, pero sobre todo nos habla de la lamentable calidad humana de los cómplices pasivos, como los llamaba el propio Sebastián Piñera , y del grosero pacto de silencio que hasta el día de hoy impide el avance de muchas causas de derechos humanos.

El distrito que represento fue testigo de esos crímenes: Villa Grimaldi , en Peñalolén; el siniestro cuartel Simón Bolívar , en La Reina, y el aeródromo Tobalaba , en el límite entre ambas comunas, desde donde salió la siniestra “Caravana de la Muerte”, son un recordatorio del horror que puede provocar un ser humano que ha perdido todo rasgo de humanidad a otro ser humano.

Si la derecha hubiese actuado con un mínimo de humanidad cuando se terminó la dictadura, habríamos podido tener justicia y hubiésemos podido juzgar a los asesinos, a quienes hicieron desaparecer a otros chilenos y chilenas. Si quienes callaron hubieran tenido un poco de decencia, habríamos podido ver a un asesino como Pinochet tras las rejas y no sentado como senador vitalicio, lo cual fue una vergüenza mundial. Mientras la derecha siga actuando de manera inhumana con la memoria y las garantías de no repetición, la dictadura no será solo un recuerdo del pasado, sino una herida actual y futura.

Este es un tema de futuro, porque algunos sentados en esta misma Sala todavía tratan a los asesinos y torturadores como héroes de guerra. Es un tema muy actual, porque todavía un candidato presidencial se declara férreo defensor del dictador y mantiene su negacionismo de los peores crímenes de nuestra historia.

Digámoslo claramente: Kast es un peligro para la democracia. Nadie que se diga demócrata puede celebrar ni justificar que se haya asesinado a compatriotas. Alguien que aspira al sillón presidencial no puede negar los antecedentes sobre la matanza de Paine, que le debe sonar bastante conocida.

Este proyecto debe ser ley, porque solo así aseguraremos a las futuras generaciones que nadie podrá borrar nuestra historia dolorosa.

Este proyecto debe ser ley, porque aquí mismo en esta Sala tenemos el testimonio vivo de tres mujeres que vivieron el horror de la desaparición forzada de sus seres queridos: una perdió a su marido, otra perdió a su padre y otra vivió el inimaginable dolor de la inmolación de su padre para salvar la vida de sus hijos. Mi saludo con respeto para Carmen, Lorena y María Candelaria .

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, este proyecto representa un paso fundamental en la búsqueda de verdad, de justicia y de memoria.

Al crear la figura de ausente por desaparición forzada, el Estado chileno reconoce oficialmente lo que por décadas las familias han sabido en silencio: que sus seres queridos no desaparecieron por azar, sino por la acción sistemática del aparato represivo del Estado en la dictadura cívico-militar de Pinochet.

En la zona sur de Santiago, en el distrito N° 13, diversos nombres siguen doliendo: Jorge Luis Ojeda Jara , vecino de Lo Valledor Sur, miembro del Grupo de Amigos Personales de Salvador Allende (GAP), detenido desaparecido; Gary Olmos Guzmán , artesano, poblador de la población La Bandera, cuyo rastro también fue borrado por la dictadura, en la comuna de San Ramón, y Cecilia Bojanic , de la población Paraguay. Ellos y ella representan a muchos hombres y muchas mujeres humildes, cuyo rastro también fue borrado por la dictadura.

Este proyecto busca dignidad; busca que cada nombre de mujer y de hombre, y que cada historia tengan un lugar en la memoria del Estado chileno, y, por cierto, para las futuras generaciones. Frente a la agenda negacionista de la extrema derecha, que una vez más intenta minimizar o justificar los crímenes de la dictadura, debemos decir con claridad: negar lo ocurrido no construye futuro, sino que lo destruye.

Por eso, la bancada del Partido Socialista votará a favor este proyecto de ley, para que el “nunca más” quede claro y firme, porque nunca más también significa siempre democracia y siempre presente.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, Lucía Méndez murió en su mecedora meciendo en sus brazos a un muñeco. Días después, sus hijas encontraron una vieja maleta que contenía la ropa de su hijo Sergio, la cual estaba perfectamente bien planchada. Habían pasado más de cuarenta años. Lucía partió de este mundo esperando el regreso de su retoño.

Se dice que aquello que no te conmueve no te mueve.

Al mirar el hemiciclo, advierto la mirada atenta y conmovida de algunos y de algunas de nosotros, pero también la mirada indiferente y cómplice de otros que ocultan sus sospechosos rostros.

En esta oportunidad, quiero homenajear a Sergio Tormen Méndez y a Luis Guajardo , ciclistas connotados, detenidos desaparecidos; a los hermanos Peña Solari , detenidos desaparecidos, hijos de una querida profesora de música de mi colegio, el Instituto Nacional; a María Isabel Joui Petersen y Renato Sepúlveda , estudiantes de Economía y de Medicina, respectivamente, detenidos desaparecidos. Sus rastros se perdieron en calle Irán 3037 o en la Villa Grimaldi, en el perímetro de la muerte.

Señor Presidente, de no ser porque se soltó el alambre que mantenía fijo el cuerpo de Marta Ugalde a un riel, no sabríamos con precisión que los cuerpos fueron arrojados al mar, como denota el documental conocido como El botón de nácar.

Es indispensable terminar con el silencio cómplice para reparar definitivamente el daño producido. Para que las heridas puedan restañar es necesario asegurar verdad, justicia, reparación y, por sobre todo, garantías de no repetición.

El miércoles recién pasado, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios fue terrorífico contemplar que una diputada de este hemiciclo, la señora Gloria Naveillan , encaraba a la compañera Lorena Pizarro Sierra , a quien le dijo “eres una resentida social”. A 52 años de este holocausto nuestro, es terrible que sigan existiendo estas miradas cómplices y atrevidas que continúan desafiando nuestra memoria.

Por el recuerdo de todos aquellos que ya no están, pero que permanecen en la memoria. Nos encargaremos hasta el último día de nuestras vidas de que así sea.

¡Honor y gloria por siempre!

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Estimados colegas, les recuerdo que, cuando se refieran a otro diputado o a otra diputada, lo hagan por intermedio de la Mesa.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista, por supuesto, va a aprobar, en tercer trámite constitucional, este proyecto, que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial para su inscripción. Evidentemente, esta iniciativa tiene que ver con la memoria de lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar.

No puedo dejar de mencionar que hoy, 6 de octubre de 2025, se conmemora, por ley, el Día Nacional del Trabajador Ferroviario, en homenaje a los once obreros de la maestranza ferroviaria de San Bernardo que fueron sacados desde las dependencias de esta para luego ser fusilados. Se desconoce el paradero de algunos de ellos. Fueron fusilados en el cerro Chena dos días después, con el solo ánimo de infundir terror a los trabajadores de esa maestranza. No tenían ninguna acusación en su contra; no habían cometido delito alguno; ningún tribunal había establecido algún cargo que los condenara. Ello ocurrió el 6 de octubre de 1973, solo para intimidar a todos aquellos que quisieran cuestionar la dictadura que se estaba instalando.

En el caso de mi distrito, en la comuna de Paine hubo setenta ejecutados y detenidos desaparecidos. Se ha hecho un trabajo notable con la ministra Marianela Cifuentes , de la Corte de Apelaciones de San Miguel, para buscar justicia. A pesar de que ha habido personas condenadas, algunas en ausencia y otras con posterioridad a su fallecimiento, aún hay veinticuatro víctimas cuyo paradero no se conoce.

En verdad, uno convive con todas las familias que están agrupadas en torno al Memorial de Paine, pero la justicia no ha podido desentrañar lo que ocurrió con sus familiares. Sin duda, esta es una herida que aún está abierta en la sociedad.

Como varios diputados han expresado, si bien este proyecto trata de hacer un reconocimiento simbólico, pero muy potente a las víctimas de la dictadura para que sus nombres queden en este registro y que, para efectos legales, no aparezcan, por ejemplo, como ciudadanos habilitados para votar en el padrón electoral, sino que tengan una condición que los excluya de allí, también es para el futuro, porque no hay garantías de que esto no se vuelva a repetir.

Lamentablemente, en torno a esta campaña hemos visto que algunos candidatos presidenciales anuncian con mucho desparpajo, sin pudor alguno, que si hubiera condiciones parecidas a las de 1973 apoyarían un golpe de Estado y una dictadura militar tan brutal y sanguinaria o peor que la que vivimos desde 1973 en adelante.

Por eso, no hay garantías de no repetición. Hoy, un candidato del Partido Nacional Libertario presentó una querella criminal en contra del ministro Cordero por detenidos desaparecidos, patrocinada por los mismos que apoyaron…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, diputado Leonardo Soto . Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, uno no puede eludir los proyectos porque puedan representar a un lado u otro lado. Nosotros, los demócratas, siempre vamos a condenar toda violación a los derechos humanos, venga de donde venga y en cualquier parte del mundo.

Por cierto, valoramos este proyecto y lo vamos a apoyar sin discursos ideologizados, porque la historia es la historia. No se puede desconocer una dictadura ni los crímenes cometidos; pero se debe resarcir cuando el Estado lo hace de manera correcta y no cuando se equivoca o cuando, después de un estallido, trata de indemnizar a los delincuentes.

Entonces, no se trata de en qué parte de la historia les tocó estar a ustedes. Yo no viví el golpe militar, pero no puedo desconocer los horrores que tuvimos en dictadura. No obstante, queremos un Chile que mire hacia el futuro, con justicia y con la posibilidad de resarcir el daño causado.

Muchas veces, cuando este tipo de proyectos se discuten ad portas de elecciones, créanme que son utilizados de lado y lado, y, finalmente, la gente ve que esto a veces se hace según el período de campaña.

En ese sentido, valoro algo que hicimos en algún momento de 2021, después del estallido social, pero que nadie ha mencionado. Durante el gobierno pasado, cuando me correspondió presidir la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, elaboramos un proyecto para mejorar la democracia, y lo logramos con votos transversales, de lado y lado. En ese minuto, la señora Lorena Pizarro no era diputada; sin embargo, estuvo en dicha comisión. También estuvo presente el entonces ministro Monckeberg , para respaldar una indicación, que firmamos de manera transversal, para que nunca más en un proceso electoral -a mí siempre me interesa fortalecer la democracia y, por cierto, también hacer justiciaaparecieran personas calificadas como detenidas desaparecidas, en circunstancias de que en ese momento utilizábamos la calificación de desaparición forzada.

Creo que también se hace justicia con pequeños hechos, que después se pueden forjar en un proyecto como el de hoy. No obstante, también debemos valorar la historia y las voluntades de ambos lados. A lo menos, Demócratas está para buscar acuerdos y sacar adelante proyectos de país en materia de seguridad y reactivación, pero también para no dejar de lado nuestra historia y resarcir los daños históricos. En esto también menciono el daño histórico a personas que han fallecido. El Estado todavía sigue teniendo deudas históricas en otras materias, como el cierre de Enacar. Al respecto podemos hablar mucho de un Estado que no ha cumplido al día de hoy. No vamos a comparar una cosa con otra. También tenemos el caso de Rodrigo Cisterna: nunca el Estado -y podría hacerlo hoyresarció el daño por esa persona fallecida en democracia. Entonces, hay un desafío tremendo.

Vamos a apoyar este proyecto, pero queda mucho por hacer todavía.

He dicho.

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, primero, me gustaría decir que lamento mucho lo ocurrido hace unos días en la Sala. Hoy, sin duda, estamos dando un paso histórico; sin embargo, en esta misma Sala, en esta misma Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto que reduce la búsqueda de la verdad, memoria y justicia a un mero trámite administrativo. Y ahora, cuando estamos discutiendo este proyecto, que, sin duda, es un avance histórico, uno escucha un silencio sepulcral en la parte de enfrente.

Voy a recordar lo que nos dijeron hace unos días: que se hacía un negocio con la búsqueda de los detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas, y que eran falsos detenidos desaparecidos y desaparecidas. No es la primera vez que lo dicen, pero parece que en época electoral ello se exacerba. Ahora pareciera que lo midieron electoralmente y hay silencio. Incluso, no han dicho una palabra de las ofensas que constantemente hacen a la memoria de este país.

Sin embargo, a pesar de aquello, quiero volver a señalar que este proyecto va en la dirección correcta y que responde a una deuda histórica, no solamente con las familias víctimas de la dictadura civil y militar; también es una deuda que se asume con la historia de nuestro país.

Tras décadas se ha esperado verdad, justicia y reparación, y este paso no es solamente un reconocimiento simbólico; es una categoría jurídica que refuerza el reconocimiento de las obligaciones del Estado de Chile. Porque el Estado de Chile tiene responsabilidad, aunque muchas veces lo nieguen, y sí ejecutó y sí hizo desaparecer a militantes de partidos políticos y a adeptos al gobierno de la Unidad Popular. Eso también es ideología; lo aclaro porque hay algunos que dicen: “no, si este proyecto no puede ser ideológico”.

Hay que avanzar en reforzar el reconocimiento del Estado de Chile. Quiero hacer un recordatorio a muchos diputados y diputadas: las obligaciones del Estado de Chile no son opcionales ni dependen del gobierno de turno. Cuando muchas veces en esta Cámara se cae en epítetos negacionistas o, incluso, en proyectos que hacen pasar la búsqueda de la verdad y la justicia como algo solamente administrativo, se eluden esas responsabilidades.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita ÑANCO (doña Coca Ericka) .-

Señor Presidente, durante el 11 de septiembre de este año se celebró, en el Palacio de la Moneda, la actividad llamada Democracia Siempre, con el único fin de recordar a todos los chilenos y a todas las chilenas que para nosotros, como gobierno, la democracia siempre será el camino. En ese instante, el Presidente de la República nombró este proyecto de ley y dijo que sería justamente aquí en la Cámara donde ingresaría y se votaría. Celebro que sea hoy el día en que esta propuesta se haga efectiva.

Durante esa celebración también hubo diversos nombres que salieron a la luz. Hasta el día de hoy muchos nos preguntamos: ¿dónde está Julia Chuñil ? ¿Dónde está José Huenante ?

¿Dónde están todos aquellos que han sido desaparecidos? Estas preguntas resuenan en todo Chile y en distintos lugares con la misma angustia con que hace décadas sonaba el nombre de Nelson Curiñir Lincoqueo , desaparecido en La Araucanía, y el de tantos otros.

Julia Chuñil desapareció un 8 de noviembre de 2024, y hace pocos días supimos que, al parecer, el principal sospechoso habría declarado en una llamada telefónica que ella fue quemada. Julia fue desaparecida en plena democracia, así como también José Huenante . Sus familias siguen esperando respuestas.

La desaparición forzada no es solo una historia; también es presente doloroso cuando no se recuerda de la manera debida.

Hoy votaremos a favor este proyecto para las víctimas de la dictadura entre 1973 y 1990. Este proyecto de ley es un acto de reparación y de justicia histórica necesario. Por eso lo apoyaremos con convicción.

¿Qué pasa con aquellas familias cuyos casos no fueron incluidos en los informes por miedo, por desconocimiento o por dolor? Esto es parte de un elemento fundamental que se eliminó en el Senado y que fue aprobado aquí en la Cámara.

Aun así, votaré a favor este proyecto porque representa un avance en la memoria, en la verdad y en dignidad para las víctimas de la dictadura y sus familias. El Estado reconoce oficialmente la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y crea un registro público permanente. No obstante, al aprobar esta iniciativa, también debemos hacer un compromiso: que el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, nos encuentre trabajando por prevenir que estos crímenes sigan ocurriendo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, primero, quiero hacer una observación respecto del tono del debate, que ha sido muy intenso. Quiero comenzar señalando algo que me parece fundamental. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener en esta Sala, hay causas en las que debemos ser capaces de reencontrarnos. Una de ellas, sin duda, es la dignidad de las víctimas de la violencia política.

Este proyecto busca crear la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada. Es un proyecto simbólico, que no genera compensaciones económicas. Es sencillamente un gesto de humanidad hacia las familias que por más de cincuenta años han cargado con el dolor de no poder cerrar un duelo. Colegas, no se les puede exigir a esas familias declarar la muerte presunta de sus seres queridos. Ese acto es doblemente cruel. Lo fue la desaparición misma y lo sería también la obligación de certificar una muerte que nunca pudieron conocer, porque un ser querido desapareció y nunca más volvieron a tener noticias de él. Ellos saben que sus familiares no volverán y que fueron asesinados, pero siguen siendo y seguirán siendo detenidos desaparecidos. Este proyecto les permite nombrar esa realidad, sin obligarlos a renunciar a su verdad.

Soy consciente del reciente caso de la militante del MIR que se creía desaparecida y que hoy estaría viviendo en Argentina. Esas situaciones deben investigarse a fondo y sancionarse con firmeza, pero no confundamos la excepción con la regla. Una mentira individual no puede borrar los crímenes cometidos hace cincuenta años: crímenes reales, sistemáticos y documentados, que fueron reconocidos también por el entonces Presidente Sebastián Piñera y por una derecha, de la que me siento parte, que supo tomar distancia de la dictadura y decir: ¡democracia siempre!

Señor Presidente, por su intermedio, me quiero dirigir directamente a ambos extremos de este hemiciclo. A los colegas republicanos: los crímenes de la dictadura existieron y están acreditados. Negarlos es negar a las víctimas, negar nuestra historia y negar un gesto mínimo de humanidad y de convivencia cívica y democrática. A los colegas comunistas: pensar distinto a ustedes no nos convierte en fascistas ni en enemigos de la democracia. Por el contrario, es el sectarismo, tanto como la justificación de la violencia, lo que daña profundamente nuestra democracia. Colegas, dictadura es dictadura en Chile, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Este proyecto no es de izquierda ni de derecha; es un proyecto de humanidad, ¡y cuánta humanidad falta en esta Sala!

Anuncio mi voto favorable a esta iniciativa porque soy un convencido de que la política, cuando se hace con grandeza y no gritándonos los unos a los otros, sino siendo capaces de reconocer el dolor del otro aun mediante nuestras diferencias, implica responder con gestos de justicia y dignidad.

Votaré a favor, porque legislar con humanidad es el primer paso…

-Aplausos.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo especialmente a nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo , y le mando un gran abrazo. Ministro, usted sabe la profunda admiración que le tengo, sobre todo en estos temas en que se ha avanzado.

Al mismo tiempo, quiero señalar que en la intervención de quien me antecedió en el uso de la palabra se plantearon algunos errores puntuales.

Quiero relevar el nombre de Lorena Pizarro, con quien fuimos compañeras de militancia, aunque no hoy, pero sé que seguiremos caminando por la misma senda, a quien aprovecho de expresarle la profunda admiración que le tengo. Y nadie en esta Sala me va a decir de qué puedo hablar y de qué no, y bien sabe ella que tengo mucho que decir. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque hoy estamos dando esta discusión, de la que amo ser parte, como amo que se dé en este contexto, con silencio y respeto debido a que hay muchos que no están.

¿Sabe quién no está? Quien abandonó Paine , Lonquén , los Hornos de Lonquén, y yo, como representante del distrito N° 14 -no es “mi” distrito, como dicen algunos, porque parece que se lo han comprado-, y quiero relevar a mi compañero Nacho Molina , a Hernán Cárcamo , a don Pablo, que no fueron desaparecidos y hoy son parte de mi vida y de mi trabajo día a día, a Holanda Vidal y al compañero Cartagena ; estoy ahí todos los días.

Quien le rinde homenaje a Krassnoff no puede estar acá, quien releva el nombre de Krassnoff no puede estar acá, y por eso el silencio, señores.

Y vuelvo a decirlo: nadie me va a decir de qué puedo o no puedo hablar, porque sé que los errores se corrigen, pero los horrores no se pueden vestir de presidente, no pueden volver a la Moneda; los horrores quedaron atrás.

Este es un gran paso, y es por ti, querida compañera Lorena Pizarro -por su intermedio, señor Presidente-, que pido perdón por mis errores, porque no son horrores.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, la historia está ahí; el problema es su interpretación, la hermenéutica con que cada uno trata de interpretarla. La hermenéutica es una línea de la filosofía muy interesante y que es coherente con la interpretación y promoción de los derechos humanos. Se aplica a la ética y a la filosofía moral para enriquecer la concepción de los derechos humanos -para eso sirve la hermenéutica-, que son considerados justamente los valores morales de las necesidades humanas. La hermenéutica analógica permite ver los derechos humanos como una consagración jurídica de valores morales y su aplicación ética ayuda a estructurar la filosofía del derecho. Eso lo que estamos discutiendo hoy.

Por lo tanto, en ese contexto, estamos haciendo algo que es parte de la democracia, y que es necesario en ella. La democracia plena, sin apellidos y sin inventar sobre qué es la democracia, son las libertades públicas y los derechos civiles, que es su definición mínima, y por esto último entra justamente este proyecto, que dice relación con la historia de Chile. En Chile hubo dictadura y en Chile hubo violaciones sistemáticas y permanentes de los derechos humanos y efectivamente hubo desaparición forzada.

Acá se está haciendo algo -algunos dirán que pudo haberse hecho antes, pero, bueno, se está haciendo y discutiendo ahora-, que se debe discutir como se hace en democracia: sin utilizar esto desde algún lugar y tampoco sin descalificar, porque acá estamos haciendo justamente lo que hace la hermenéutica de los derechos humanos para tratar de valorar moralmente algo que tiene que ver con la democracia. Por eso este proyecto es necesario y va en la línea de construir la historia desde lo que esta fue.

Hay cosas que no se pueden borrar, hay cuestiones que, naturalmente, nos habría gustado que hubiesen sido distintas, pero no lo fueron. No obstante, hay cosas que sí se pueden enmendar, y enmendar, desde el punto de vista de lo que le corresponde al Estado, es tener un instrumento que nos permita decir que hay una calificación jurídica de ausencia por desaparición forzada, además de crearse un registro, que es lo mínimo para las familias que siguen buscando y para las familias que aún no tienen consuelo porque no saben dónde están sus seres queridos.

Votaré a favor.

He dicho.

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto que viene a hacer justicia ante tantos años de impunidad y falta de respuestas.

Me parece que la creación de la categoría de ausente por desaparición forzada es una deuda que tenemos con nuestra sociedad y con nuestra historia, ya que, durante décadas -lo sabemos en este hemiciclo, pues se ha hablado mucho acá-, cientos de familias han vivido sin verdad, sin justicia y sin siquiera el reconocimiento legal de la ausencia de sus seres queridos. Por tanto, este proyecto de ley viene a reparar esa deuda, al menos, en esa parte.

No hay Estado democrático posible si sus instituciones no son capaces de nombrar lo que en Chile ocurrió, de decir que en Chile hubo desaparición, violencia y víctimas, y que todavía quedan familias que merecen verdad.

El 8 de septiembre pasado, el gobierno entregó a nueve familias de mi Región de Coquimbo, la cual represento, las carpetas correspondientes a sus familiares víctimas de desaparición forzada y ejecución política durante la dictadura. Vaya mi agradecimiento al gobierno del Presidente Gabriel Boric, a sus ministros y subsecretarios, acá presentes, por haber podido avanzar y dar una respuesta a aquellas familias que durante tantos años han vivido en la incertidumbre, en el más profundo dolor y en la injusticia. Creo que esas carpetas contienen antecedentes judiciales y de prisión relacionados con estos casos, a 52 años del golpe cívico-militar.

Me parece que aún estamos a tiempo de saber la verdad y de agotar todos los esfuerzos por esclarecer el paradero de los más de 1.400 detenidos desaparecidos que aún buscamos -sí, que aún buscamos-, y no agotaremos los esfuerzos en hacerlo.

Por eso hemos patrocinado una iniciativa de la diputada Lorena Fries , para que el Plan Nacional de Búsqueda no solo sea una política de este gobierno, sino que sea una política permanente del Estado de Chile, y espero que se tramite prontamente en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, la cual presido, porque no podemos detenernos hasta dar respuesta y hacer justicia por todos y todas. Por cada una de las personas que han sido ciudadanas y han vivido en nuestro país, no podemos dejar estos hechos en la más absoluta impunidad.

Votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, desde el mismo 11 de septiembre de 1973, fui testigo presencial de muchas de las situaciones que hoy condenamos, pero, lamentablemente, pareciera ser que no todos tienen esa misma visión y posición, lo cual es preocupante y angustiante. La semana pasada, en esta misma Sala se estaba discutiendo prácticamente una segunda ley de punto final; hoy, felizmente, estamos colocando las cosas en su lugar.

Por eso, lamento profundamente que aún haya parlamentarias y parlamentarios que no quieran reconocer las graves violaciones a los derechos humanos.

Por eso, valoro enormemente las palabras de la diputada Ximena Ossandón y del diputado Jorge Guzmán . Son palabras de esperanza y de aliento, en el sentido de que hay sectores de derecha que hoy reconocen las graves atrocidades cometidas en el pasado.

Yo formé parte del Parlamento en 1990. En esa época jamás habría escuchado las intervenciones que escuché hoy de algunas parlamentarias y algunos parlamentarios que ni siquiera habían nacido en 1973. Sin embargo, hoy actúan de una manera que duele. Duele escucharlos por el dolor que deben sentir los familiares de todas las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Resulta difícil entender que, transcurrido tanto tiempo, aún existan personas que sean incapaces de pedir perdón; que se resistan a conocer la verdad, a que haya justicia y a que las víctimas reciban reparación moral y económica. Después de tanto tiempo, habría aspirado a escuchar intervenciones que realmente apunten a la gravedad de los hechos.

Por último, quiero decir a aquellos parlamentarios que no reconocen las graves violaciones a los derechos humanos que les puedo garantizar que, si el día de mañana alguno de ellos o de su sector político viviera lo que nosotros vivimos, levantaría mi voz con la misma fuerza para salir en su defensa.

He dicho.

El señor MANOUCHEHRI.-

Señor Presidente, lo que sistemáticamente han promovido la derecha, los libertarios y los republicanos en este Congreso es bien simple: que los asesinos, criminales y delincuentes que hoy están en Punta Peuco salgan libres gracias a la ley de amnistía. Ha sido un intento sistemático de la ultraderecha el tergiversar la verdad y enterrar la búsqueda. Nosotros no lo vamos a permitir; vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras atribuciones para que los criminales se sequen en la cárcel. Y aquí no hablamos de simples errores del pasado; hablamos de los crímenes de una dictadura asesina, corrupta y ladrona, de militares y civiles cobardes que actuaron como bestias, como criminales horribles, como psicópatas, sin ningún gramo de humanidad. En mi región, la Caravana de la Muerte ejecutó a compatriotas cuyo único delito fue pensar distinto. Los mataron, los torturaron, los hicieron desaparecer. Son familias completas las que todavía buscan los restos de sus padres, hijos y hermanos.

Por eso, tampoco puedo permitir que un diputado pretenda poner al mismo nivel a las víctimas y a los victimarios. Porque pensar distinto no es lo que los convierte en fascistas. Lo que los convierte en fascistas es haber respaldado un régimen genocida, con todos los crímenes que ello implica. Incluyo a aquellos que dicen ser de centro, liberales, etcétera, pero que terminan como aliados serviles de la ultraderecha.

Y ahora estos herederos políticos querían que nos olvidáramos de aquello mediante un proyecto, en un plazo de dos años y con un timbre de archivo. Si realmente quisieran ayudar a la verdad, hablarían con sus amigos, familiares y camaradas que participaron en esa masacre fascista para que dijeran dónde están los cuerpos, pero no lo hacen porque lo que hicieron no lo ven como un crimen; lo ven como un acto del que todavía se sienten orgullosos. Y lo más grave es que si pudieran, lo repetirían.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señor Presidente, ayer se conmemoró el triunfo del “No”, y no puedo dejar de reflexionar que dicho triunfo no se logró gracias a un lápiz y un papel, no se dio por la magnificencia del tirano; se logró gracias a la movilización y resistencia de un pueblo oprimido, mutilado y, en muchos casos, desaparecido. Algunos fueron desaparecidos incluso por enfrentarse a la tiranía, como sucedió con Julián Peña , Alejandro Pinochet , Manuel Sepúlveda , Gonzalo Fuenzalida y Julio Muñoz .

No obstante, tras ese triunfo del pueblo de Chile ni la justicia, ni la verdad, ni mucho menos la reparación llegaron de manera oportuna. Sin ir más lejos, la semana pasada, en el campo de concentración de Pisagua, se realizó una serie de diligencias judiciales en diversos sitios en razón de causas sobre desaparición forzada por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar.

Entre los detenidos desaparecidos en manos del terrorismo de Estado está Michel Selim Nash, soldado conscripto que fue víctima de sus propios compañeros de armas tan solo porque se negó a disparar a su pueblo.

Hace unos años, uno de los hoy candidatos presidenciales de la derecha, el fascista Kaiser , dijo que esas personas estaban bien fusiladas.

Pero las instituciones y el Estado han decidido olvidar. En el caso de Michel, su familia ha solicitado de manera reiterada al Ejército su reconocimiento, petición que ha sido negada una y otra vez, como sucede respecto de muchos otros detenidos y detenidas desaparecidos en nuestro país.

Esa es la lamentable realidad que vivimos, en que el negacionismo campea y en que proyectos como este, promovido por nuestra compañera Lorena Pizarro Sierra y que avanzó gracias a la convicción de las organizaciones de familias de detenidos y detenidas desaparecidos, se paran frente al olvido que algunos sectores quieren instalar. Porque la creación del registro y de la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada es combatir el olvido y construir un futuro para que las generaciones actuales y venideras, cuando escuchen un “nunca más”, sepan que detrás de esa frase hay rostros, nombres, vidas y familias. Además, sin duda, con la aprobación de este proyecto, hoy avanzaremos en algo en materia de memoria. Y a quienes preguntan hasta cuándo seguiremos debatiendo al respecto, solo les puedo responder que mientras algunos promueven la impunidad y el negacionismo, nosotros no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos hasta que exista justicia, verdad y reparación.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, artículo 90, número 6.

Solo como un detalle, pido que se elimine del acta el concepto “fascista Kaiser ” emitido por el diputado Ramírez , porque me parece que no corresponde y, además, no tiene nada que ver con la discusión de este proyecto.

Asimismo, solicito que quede constancia de que los diputados pueden decir lo que consideren necesario para argumentar a favor de un proyecto, pero sin faltar el respeto a los demás miembros de esta Cámara.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, artículo 167 del Reglamento.

Una vez que se dio lectura a la Cuenta de esta sesión, solicité que el proyecto que está ubicado en el punto Nº 14 de ella, iniciado en moción de los diputados Mulet , Oyarzo y Palma , y de las diputadas Jiles y Riquelme, que modifica la Carta Fundamental para asegurar la participación mayoritaria del Estado en empresas que tengan por objeto la exploración, explotación o beneficio del litio, correspondiente al boletín Nº 17883-07, pasara desde la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento a la Comisión de Economía.

Efectuada la votación, se registraron 36 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones. Tras revisar la votación, pude constatar que la diputada Javiera Morales , que estaba pareada, participó en la votación, en la que se abstuvo, en circunstancias de que no correspondía que votara.

Por lo tanto, solicito que se corrija esta situación, que el proyecto pase a la Comisión de Economía y, además, que la diputada Javiera Morales sea sancionada, de acuerdo con lo que establece el Reglamento.

He dicho.

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, correspondiente al boletín Nº 14532-15.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 71ª de la presente legislatura, en martes 16 de septiembre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, iorana.

Chile necesita reglas claras para promover su carga entre puertos, pero sin perder empleos ni tampoco soberanía marítima.

El proyecto que hoy discutimos ordena el cabotaje de manera responsable, mantiene la reserva de carga para naves chilenas, y solo cuando la oferta nacional no es suficiente se habilitan excepciones regularizadas y fiscalizadas, con procedimientos más simples y con tiempos ciertos.

Cuando la demanda supera la oferta nacional, se abren vías acotadas y bajo control público, licitaciones para cargas de 3.000 toneladas con impugnaciones rápidas ante el Ministerio de Transportes, un permiso anual renovable por una vez, solo si no existen servicios regulares de bandera chilena y restringido a naves de mayor eslora, y una ruta de salida para aprovechar la capacidad ociosa de naves que ya descargaron en puertos nacionales carga proveniente del comercio exterior, con una aplicación gradual del 50 por ciento el primer año, y ciento por ciento el segundo. Todo esto se encuentra acompañado de publicidad, itinerarios y resoluciones fundadas, lo que le da previsibilidad a la cadena logística y reduce los espacios de discrecionalidad.

Este ordenamiento también protege el trabajo y proyecta capacitaciones y capacidades para Chile. Se establece el deber del Estado de promover la formación de oficiales y tripulantes nacionales, con acceso equitativo entre hombres y mujeres. Y en las naves consideradas chilenas se exige dotación nacional en los plazos fijados, con márgenes acotados solo cuando exista una escasez debidamente acreditada. A la par, la autoridad marítima mantiene la potestad de excluir embarcaciones riesgosas para resguardar la seguridad de la navegación y el medio ambiente. La modernización es responsable y gradual.

Además, se facilitan condiciones para que más empresas navieras se constituyan en Chile y compitan bajo nuestra normativa laboral tributaria.

Este marco tiene efectos concretos en nuestros puertos y comunidades. En San Antonio , por ejemplo, se necesitan reglas de licitación claras y reclamos con plazos breves para menos tiempos muertos y una mejor coordinación con el transporte terrestre. En Valparaíso, la publicidad de itinerarios y autorizaciones fundadas favorece la planificación puerto-ciudad y alivia costos logísticos para exportadores y también para pymes. En Rapa Nui, contar con instrumentos específicos de pasajeros y abastecimiento, junto con autorizaciones acotadas en emergencias, asegura la continuidad de servicios. La realidad insular exige esas certezas.

Por todo lo anterior, voy a votar a favor las modificaciones del Senado a esta iniciativa.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, espero que la aprobación de esta norma se traduzca en mayor competencia, ya que al abrir más rutas o permitir más actores se reducen los precios. Al aumentar la oferta en transporte marítimo, se aprovechan mejor las costas chilenas, existe un mayor uso de los puertos, se optimizan las rutas, se reducen los tramos vacíos y las vueltas innecesarias.

Por otro lado, la reducción de costos para los consumidores y generadores de carga, especialmente para empresas más pequeñas, que tienen un impacto ambiental positivo, es bueno para el país, ya que el transporte marítimo tiene menor huella de carbono, de modo que, si se mueve más carga por mar en vez de por camiones, se podrían bajar las emisiones y descongestionar las rutas.

Chile debe mirar más hacia el mar; pero, ¡ojo!, hay que tener especial cuidado con la competencia desigual de naves extranjeras, ya que tienen menores costos laborales y menor cumplimiento de los estándares nacionales, lo que puede hacer muy difícil la competencia para las empresas chilenas. Además, los riesgos de fuga de bandera o uso de banderas de conveniencia pueden reducir la fiscalización, el control y el cumplimiento de normativas nacionales, situaciones que hemos visto durante los últimos días.

Hay que tener claro que el cabotaje no es solo un asunto comercial, sino que también implica estrategias como defensa y logística nacional en casos de emergencia. Permitir muchas excepciones podría debilitar esta capacidad.

El proyecto tiene muchas ventajas potenciales, especialmente en un país como el nuestro, que tiene una geografía tan extensa, costas largas y muchas rutas marítimas que podrían aprovecharse de mejor manera. Los beneficios en logística, eficiencia y reducción de emisiones parecen importantes; pero esos beneficios no son automáticos, pues dependen mucho de cómo se implementan las reglas, de que tan estrictos sean los requisitos para navieras extranjeras, de cómo se fiscaliza que se cumplan los estándares laborales y ambientales, y de cómo se protegen los puestos de trabajo del sector nacional.

Si las excepciones del cabotaje quedan muy amplias o si los controles son laxos, se podría producir el desplazamiento de empresas nacionales, la pérdida de capacidad técnica y soberana, y la reducción de empleos decentes.

Por eso, voy a votar a favor el proyecto, y ojalá que el reglamento de esta norma no llegue en un par de décadas más, porque Chile y los empresarios de cabotaje lo requieren ahora.

Repito: votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, este es un proyecto que reviste mucha importancia para la Región de Los Lagos. De hecho, cuando por primera vez pasó por Sala, rechazamos un par de artículos, porque vimos que afectaban a la Región de Los Lagos, la cual represento.

Debo decir que, al revisar el proyecto, pude ver que hay ciertos aspectos que, en lo personal, nuevamente me generan preocupación, ya que autoriza que empresas navieras chilenas sean controladas por capital extranjero. Esto ha sido presentado como una modernización económica, pero omite su impacto estratégico y de seguridad, especialmente -como dije en la región que represento.

La Región de Los Lagos tiene una relevancia geopolítica por su ubicación estratégica y requiere un resguardo especial. La marina mercante nacional es también un instrumento esencial en nuestra soberanía. Por tanto, la presencia de naves con bandera chilena es la forma más efectiva de ejercer dominio marítimo, ya que una marina propia garantiza la subsistencia y conectividad del país, como ocurre con este rubro en la región que represento.

Este debate no se puede reducir a una cuestión meramente de mercado, ignorando los riesgos de entregar el control naviero a intereses extranjeros. En ese sentido, insisto en que nuevamente tengo dudas respecto de este proyecto final, en cuanto a abrir el cabotaje en el sur austral de nuestro país. Esto no solo debilita una industria que, en el caso de la Región de Los Lagos -la cual represento-, es bastante sólida, reconocida y presta un gran servicio, sino que también compromete la seguridad y la soberanía del país. Espero que los ministros presentes puedan aclarar ese punto.

En la primera ocasión en que se discutió esta iniciativa, nos habría gustado haber tenido mayores gestos por parte del gobierno hacia la marina mercante en la Región de Los Lagos. Hace poco, en Incidentes, planteé el tema relacionado con la fiscalización. Entiendo que ello ha sido mejorado por la Armada. Hoy tenemos más fiscalizadores, para que esas empresas, esos barcos, puedan realizar su trabajo. Muchos de ellos estaban esperando, porque había falta de fiscalizadores que otorgaran permisos. Eso se ha mejorado, lo que agradezco. Gracias a esa intervención, hoy se han presentado más fiscalizadores en la región que represento.

Dicho eso, espero que las dudas que hice presente en mi intervención puedan ser aclaradas por los ministros.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, estamos en la etapa final de una discusión que se ha llevado adelante en el Congreso casi por dos períodos legislativos completos. El origen de esta discusión se remonta al gobierno del presidente Piñera y al período legislativo inmediatamente anterior, y la discusión ha continuado en este gobierno.

Se pueden decir muchas cosas respecto de este proyecto de ley, pero lo que no se puede decir es que acá no ha habido participación de los principales actores, incumbentes en esta materia, particularmente la marina mercante de Puerto Montt al sur y los distintos gremios de armadores y sindicatos de trabajadores. Todos han podido pasar tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado y hacer sus planteamientos, muchos de los cuales han sido recogidos en la propuesta a la que finalmente se ha arribado y que ha sido ampliamente respaldada en el Senado.

Fui Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones cuando este proyecto se comenzó a tramitar en la Cámara -a retomarse más bien con una indicación sustitutiva del Ejecutivo de 2022. Desde ese momento, las dudas que se planteaban por algunos de los gremios, por algunos de los sindicatos de trabajadores, por ejemplo, respecto de la presencia de extranjeros en las flotas marítimas, se fueron despejando en el transcurso de la discusión.

Ahora, desde luego que hablamos de un proyecto que fomenta la competencia en un mercado que desde la Región del Biobío al norte se encuentra altamente concentrado, lo que está ampliamente evidenciado, pero la participación de los gremios, los sindicatos, la buena disposición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y también del Ministerio de Economía condujeron a concretar una iniciativa lo suficientemente robusta que viene a dinamizar un sector que es clave para nuestro país: el movimiento de carga marítima.

Con esto no solo se recupera el transporte, sino que, además, se fortalecen nuestros puertos, una asignatura pendiente sobre la cual nos hubiese gustado avanzar mucho más en este periodo. En ese sentido, creo que faltó ambición política de parte del gobierno para avanzar efectivamente en una política nacional portuaria mucho más ambiciosa que pusiera a nuestro país a la vanguardia y permitiera recuperar el espacio perdido, por ejemplo, ante Perú.

Creo que este proyecto va en la línea correcta. Tiene un amplio respaldo que ya logró hace dos años en esta misma Sala, el que ha sido ratificado en el Senado. Hoy estamos en condiciones de aprobarlo, ojalá por unanimidad, y si no es así, por la más amplia mayoría que sea posible.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que me genera dudas. Lo planteé también en el primer trámite. Repito: me genera dudas. Creo que si esto fuera a avanzar, se tienen que tomar todo tipo de resguardos, y si eventualmente no se tomasen, quiero tener la paz interior de que hice presente estos eventuales problemas.

En primer lugar, durante al menos ese año y medio en que se autorice la operación de naves mercantes extranjeras para efectuar servicios regulares de cabotaje entre puertos chilenos, cuando no existan empresas nacionales que los realicen, vamos a tener embarcaciones foráneas, eventualmente con permiso y autorización de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), llevando a cabo esas operaciones.

Para quienes no saben bien qué efectos tiene eso, una embarcación se rige por la ley del país de la bandera que flamea en la embarcación. ¿Qué significa eso para efectos prácticos? Que sigue habiendo dudas, por lo menos para mí, respecto de cuál es la ley laboral y la ley comercial que rige en esos barcos. Me han señalado acá que, al parecer, existe un régimen tributario especial que va a exigir tributar a estas empresas dentro del país. Existiría, al parecer, cierta igualdad de condiciones, al menos en lo tributario, pero en un montón de otros aspectos no la hay.

Hoy, en países asiáticos, en países de la Polinesia, la legislación es bastante más laxa en relación con lo que existe en Chile en materia laboral, en cuanto a permisos y autorizaciones de todo tipo, como la normativa medioambiental, que en Chile es mucho más exigente. Todo ello significa un costo mucho mayor para operar esas rutas. Sin embargo, eventualmente, las empresas extranjeras van a poder realizar esas operaciones a un costo mucho más bajo, lo que en lo personal considero que sería competencia desleal. Independientemente de que no haya empresas chilenas realizando esas rutas, existe la posibilidad o el espacio para cuestionar una competencia desleal, porque una empresa chilena va a tener que ceñirse por reglas mucho más caras que una empresa extranjera a la que le van a dar permiso y abrir todas las puertas para venir a operar acá con costos mucho más bajos. Entonces, eso me inquieta e incomoda.

Ni hablar de los riesgos respecto de la seguridad nacional. ¿Qué protección estamos dando, por ejemplo, a las cartas náuticas en nuestro país? Cualquiera de esas embarcaciones puede llevar un sonar colgado para sacar una foto completa de todas las rutas y de todo el borde costero chileno. Eso tiene una implicancia o podría tener eventuales implicancias.

Quiero dejar muy claro que esta futura ley me inquieta, no me deja tranquilo, por lo que ya la estamos revisando.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, la verdad es que no solo me preocupa, sino que nunca me deja de asombrar cómo el Congreso es capaz de legislar disparándose en los pies, sin tomar en cuenta lo que puede pasar más adelante. Pretendemos legislar respecto de la marina mercante y el cabotaje a nivel nacional, sin considerar que, en vez de promover que exista más industria en relación con la marina mercante y más cabotaje con bandera nacional, abrimos la posibilidad para que entren banderas extranjeras a competir y a matar nuestra industria nacional. No me deja de asombrar la capacidad infinita que tenemos en la Cámara y en el Senado para matar la industria nacional con este tipo de legislación.

Entiendo que la mayoría de los diputados debe tener tomada una decisión, pero quiero ver el día de mañana cuántos exparlamentarios, parlamentarios o familiares de parlamentarios estarán asociados con industrias extranjeras relacionadas con el cabotaje. A lo mejor por ese motivo están hablando tanto a favor y no son capaces ni siquiera de escuchar los argumentos en contra de este proyecto de ley. A mí me parece asombrosa la capacidad que tenemos de matar la industria nacional y de hacerlo sin ningún miramiento.

Este proyecto de ley atenta de manera grave contra la seguridad nacional. Estamos poniéndonos en manos de banderas extranjeras. En vez de fortalecer la industria nacional, estamos privilegiando que operen aquí barcos con banderas extranjeras, con un tipo de legislación mucho más débil en materia laboral y con el maltrato que ejercen sobre los trabajadores.

Hoy tenemos un serio problema con el tráfico de drogas. Nuestros puertos se han transformado en verdaderos canales de distribución de drogas. ¿Qué seguridad nos da este tipo de legislación de que no se seguirán usando nuestros puertos como un verdadero canal de distribución de drogas de otros países o de otras banderas si hoy no tenemos ni siquiera la capacidad de revisar todo lo que pasa por nuestros puertos? En el puerto de San Antonio, que es el principal puerto que tenemos, apenas dos camiones revisan la mercadería, y en cuanto al resto de los puertos, hay muchos que ni siquiera tienen camiones para fiscalizar.

Estimados amigos, nosotros nos vamos a terminar inundando de lo malo que pueden traer otras banderas a Chile en vez de fortalecer la industria nacional. Me parece impresentable que quienes dicen defender la industria nacional y a los trabajadores chilenos estén dispuestos a votar a favor esta legislación. Yo, por lo menos, no me voy a poner en esa posición porque voy a votar en contra este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mauro González .

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, el proyecto en discusión ha tenido una tramitación que ha sido compleja. Esta iniciativa ha preocupado desde un inicio a los trabajadores de la marina mercante, tanto a los hombres como a las mujeres, especialmente en el sur austral de nuestro país.

En ese contexto, quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones laborales que han mantenido una postura firme, una mirada técnica, pública y social, considerando el impacto que tendría este proyecto en las familias del sur.

En su momento, en el primer trámite constitucional, se logró un acuerdo con parlamentarios del sur, específicamente de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes , para aplicar una moratoria de ocho años en la ley, que fue aprobada en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pero luego fue rechazada aquí en la Sala.

En ese momento señalamos que era una actitud un tanto mezquina o individualista, porque el problema de la competencia se encuentra en el norte del país, no en el sur. Por arreglar un tema del norte se va a perjudicar el sur del país.

Por lo mismo, participamos en la discusión del proyecto en la comisión técnica del Senado, en donde hicimos ver nuevamente los riesgos de no tener la moratoria en el sur para ver los efectos de la modificación de la ley, especialmente desde el punto de vista laboral, más aún cuando ahora último hemos tenido en la Región de Los Lagos tasas de desocupación históricas, donde el desempleo ha crecido de manera muy importante.

En ese contexto, por lo menos se logró un acuerdo y se entendió que es relevante una prórroga o una moratoria en el sur. Quizás no los ocho años que estábamos pidiendo, porque ahora se habla de tres años. Esos tres años nos van a permitir analizar el comportamiento de la modificación y ver la competencia y los efectos, sobre todo los efectos en el mundo laboral. También nos va a dar un poco más de tiempo para analizar otras acciones pertinentes.

La tramitación de este proyecto ha sido compleja. Quedamos con una sensación extraña, pero si analizamos las condiciones y las posturas aquí en la Cámara, constataremos que algo se avanzó, pues se alcanzaron algunos acuerdos que son relevantes, como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la nacionalidad de los tripulantes, que tienen que ser chilenos.

Quiero reconocer el trabajo que se ha hecho por parte de tantos hombres y mujeres de la marina mercante, quienes solamente han luchado por conservar sus puestos laborales.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día. El ministro ha solicitado hacer uso de la palabra.

¿Habría acuerdo para acceder a su solicitud? No hay acuerdo.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor CASTRO (Presidente).-

Si el plazo de tramitación del proyecto vence hoy por la urgencia que se le ha puesto, se debe votar el día de hoy.

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, dado que en muchas de las intervenciones transversalmente se han planteado inquietudes, por su intermedio solicito al Ejecutivo que al menos tenga la buena fe de retirar la urgencia y renovarla, a fin de aclarar las inquietudes de diputados de forma transversal.

Yo escuché al diputado Araya y a otros colegas más del oficialismo…