Labor Parlamentaria

En el Orden del Día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y de Biobío, de la Región del Biobío, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República.

Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Antecedentes:

-Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío. Documentos de la Cuenta N° 22 de este boletín de sesiones.

El señor CASTRO (Presidente).-

Solicito avisar al ministro del Interior que puede ingresar a la Sala.

Asimismo, pido a los Comités que nos hagan llegar los nombres de quienes quieran intervenir en el debate.

En discusión la solicitud.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, quiero contarles al ministro y al gobierno que todavía no termina noviembre y van siete atentados terroristas en la macrozona sur. Promediamos un atentado cada tres días. No sé qué opinan en el gobierno. No sé si siguen destapando champañas por la supuesta baja de los atentados. Destapan champaña por algo que todavía no ha terminado, porque Contulmo , Angol , Collipulli y Nueva Imperial han sido víctimas de terrorismo. En Nueva Imperial, una orgánica terrorista, que es una facción de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quemó un camión a metros de casas y zonas urbanas. ¿Qué decir de la Weichan Auka Mapu (WAM)? Que hace lo que quiere, porque nadie es capaz de ponerle freno.

Lo cierto es que existe una reorganización completa de los grupos terroristas, y no lo digo yo. ¿Saben quién lo dice? El terrorista más grande de Chile: Héctor Llaitul , que está preso. Los medios de comunicación y Gendarmería le dan la posibilidad de que haga declaraciones públicas y entrevistas. Según Llaitul , el movimiento de resistencia mapuche está reflotando por él y los esfuerzos están puestos en el proceso de resistencia a todo nivel.

Desde la cárcel, este terrorista nos está informando que seguirán los atentados y los ataques del terrorismo, que es exactamente lo que está pasando. ¿Y qué hace el gobierno? No se asoma. Ni siquiera se ha comunicado por WhatsApp con Javier Hueche por el atentado que le hicieron en Vilcún. La tónica ha sido la misma en los últimos cuatro años.

Los señores del gobierno llevan casi cuatro años de estado excepción constitucional, porque no han tenido los pantalones para terminar con el terrorismo. Estos cuatro años se han reído de toda La Araucanía. Incluso, a los mapuches de verdad, que no lucran y que no delinquen con el plan, tampoco los respetan aquellos de su propia etnia.

Por lo tanto, raya para la suma, cierren…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, saludo a todos los colegas en la Sala y también al señor ministro.

Como mencionó el diputado Miguel Mellado , han ocurrido siete atentados en los últimos días, ¡siete atentados! En esa cifra no están consideradas las dos veces que cortaron la carretera a la altura de Quepe, camino al aeropuerto, durante el sábado y el domingo pasados, en nuestra querida Región de La Araucanía.

Ministro, tuve la oportunidad de conversar con usted vía WhatsApp y también con el ministro Luis Cordero cuando se iniciaron estos atentados. Tienen que tomarse todas las medidas, porque ustedes tienen la responsabilidad de estar gobernando el país hasta el 11 de marzo.

No podemos permitir que un delincuente como el señor Llaitul , desde la cárcel, termine amenazando a la Región de La Araucanía y al país, manifestando que va a tener nuevos y renovados bríos para seguir cometiendo ilícitos dentro de la región. Este delincuente debería estar en la cárcel sin celular y sin dar entrevistas ni nada por el estilo. Él debe quedarse callado. Lo digo a propósito de que, desde la cárcel, ha seguido mandando mensajes para la reorganización de este tipo de actividades.

Ministro, gobiernen hasta el 11 de marzo. La noticia es que solo quedan 105 días para que termine el gobierno, así que hagan las cosas bien. Esperamos que, con el gobierno del presidente José Antonio Kast , a partir del próximo 11 de marzo, podamos tomar las riendas del país, especialmente de nuestra querida Región de La Araucanía, que ha estado sometida permanentemente a esta situación.

¡Dios bendiga a Chile y a nuestra querida región!

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los colegas presentes y al ministro del Interior.

En las últimas semanas, en la macrozona sur han sucedido atentados incendiarios coordinados, todos con el mismo sello: maquinaria agrícola y forestal reducida a chatarra, instalaciones productivas quemadas y lienzos de una agrupación terrorista para reivindicar dichos ataques.

Mientras la zona vive bajo un fuego calculado, el gobierno repite la fórmula que todos hemos constatado que tiene escasos resultados, por no decir muy bajos resultados: querella por ley común o, en el mejor de los casos, por ley antiterrorista; un comité de emergencia improvisado y anuncios de refuerzos focalizados. El patrón se repite con una exactitud desoladora: la Moneda llega tarde y los terroristas llegan siempre a la hora. Las cifras del daño no son simples columnas en un informe o una planilla Excel , sino que son restos humeantes de una vida productiva que se desvanece y un terror que se esparce rápidamente.

En Vilcún, ahora recientemente, fueron incendiados una bodega, una vivienda, una oficina y un galpón con equipos agrícolas en un predio contiguo. Los trabajadores perdieron su casino y maquinaria indispensable para el desarrollo de sus funciones.

En Carahue, también recientemente, ardieron dos maquinarias pesadas. En Cunco, siete equipos forestales fueron destruidos totalmente.

La ausencia de víctimas fatales responde más al azar que al mérito del Estado.

En cada punto apareció un lienzo para exigir libertad para delincuentes condenados por crímenes gravísimos.

Aquí no solo se queman fierros, sino que también se queman la inversión, el empleo, el desarrollo, la reputación internacional y la confianza básica en que el Estado puede proteger a su gente.

En ese escenario, el gobierno exhibe su peor rostro: improvisación, voluntarismo, ¡mucho voluntarismo!, y una desconcertante indiferencia hacia la magnitud del colapso regional, que se contagia al resto del país, por cierto.

La Araucanía, el granero de Chile, no puede aspirar a ser potencia agroalimentaria ni un destino turístico mientras sus caminos se llenan de vehículos militares y cada semana nuevas faenas se convierten en cenizas, como ha estado ocurriendo hasta hoy. Un territorio amenazado no produce, no tiene inversión, no sueña, sino que sobrevive a duras penas.

La Araucanía no necesita frases inspiradoras ni giras ministeriales sin resultados; necesita autoridad, aplicación de la ley y del Estado de derecho, protección real y compromiso sin dobleces. Cada niño de la región merece crecer sin miedo.

La paciencia del sur está agotada. Los terroristas han demostrado su determinación firme y el gobierno ha demostrado su improvisación crónica. Es hora de invertir las prioridades, para que el gobierno vuelva a imponer la pauta, los violentos sean encerrados y el desarrollo, ese que solo existe cuando hay seguridad, deje de ser una promesa vacía para transformarse en una realidad.

Estimados colegas, los vecinos de La Araucanía ya han dado su veredicto, pues hablaron claro el 16 de noviembre. Este gobierno fracasó rotundamente en proveer seguridad, porque nunca tuvo una estrategia integral. He preguntado en cada renovación del estado de excepción constitucional cuál es la estrategia. No hay una estrategia. Siempre nos decían: “Estamos trabajando en algo”. Nunca hubo una estrategia integral real de seguridad para desarticular el terrorismo. Para acostumbrarnos a convivir con él sí, pero para desarticularlo no.

Además, el gobierno fracasó porque nunca tuvo ni la voluntad ni la valentía política de ir frontalmente en contra de los grupos narcos paramilitares que operan en la macrozona sur.

Precisamente por eso van a venir, según confiamos y esperamos, tiempos nuevos, tiempos de cambio radical en esta materia. Frente a la pasividad indolente de este gobierno y de la izquierda, nosotros decimos que se requiere seguridad y acción frontal contra la delincuencia. Frente al abandono del Estado, nosotros decimos que nunca más un chileno estará solo frente a las vulneraciones de sus derechos. Somos el cambio radical que Chile y La Araucanía necesitan, y que van a obtener.

Vamos a aprobar este nuevo estado de excepción sabiendo, como lo hemos dicho siempre, que esta no es la solución, sino solo un paliativo. Ya vendrán autoridades con los pantalones bien puestos y con determinación para enfrentar y poner término al terrorismo en la macrozona sur.

Votaremos a favor.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, lamentablemente, durante el actual gobierno no se ha avanzado en este tema.

Partimos con un gobierno que no quiso establecer o prorrogar un estado de excepción que venía del gobierno del entonces Presidente Piñera , y que con el correr de las semanas se dio cuenta de que sí lo tendría que hacer.

Respecto de ese tema no hemos podido avanzar en algo definitivo.

Desde la última renovación ha habido un recrudecimiento de la violencia en la Región de La Araucanía. Son muchos los hechos conocidos, pero son más los hechos desconocidos, esos que ni siquiera aparecen en la prensa, particularmente los que golpean a la pequeña y mediana agricultura, como el delito de abigeato, que ha ido recrudeciendo en zonas como Saavedra, Carahue , Traiguén , Lumaco , Los Sauces , Galvarino , Cunco , etcétera. Es una realidad que golpea fuertemente a la economía de esos pequeños y medianos agricultores, que viven permanentemente con miedo, y que en muchos casos ya ni siquiera denuncian tales hechos, porque saben que no obtienen ningún resultado.

Apoyaremos nuevamente esta prórroga, pero sabiendo que esta no es la solución, y reiterando una vez más que hemos estado permanentemente disponibles -se lo hemos manifestado al gobierno en esta misma Sala, en reuniones en forma privada y en los pasillos del mismo Congreso Nacional para colaborar con una solución definitiva, que, lamentablemente, este gobierno ya no va a entregar, y seguramente va a concluir su mandato legando al próximo gobierno un estado de excepción que no quisieron establecer en un principio, y que ni siquiera sirvió como medio para una solución definitiva.

He dicho.

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, la verdad es que la historia de este estado de excepción eterno que hemos tenido, básicamente, de poco ha servido.

El gran argumento a su favor es que, gracias a este estado de excepción, se ha logrado mantener un ambiente de tranquilidad y ha disminuido el número de atentados. También han dicho que gracias a esto se ha logrado detener a muchos líderes.

Sin embargo, les quiero decir que los atentados están recrudeciendo. Claramente, las orgánicas que derivan de la CAM y todas estas orgánicas raras que tenemos en la región, que son orgánicas narcoterroristas, siguen operando. Ellas han demostrado que están volviendo a articularse.

De hecho, tenemos al líder de la CAM, que en este momento se encuentra en un recinto penitenciario cumpliendo una condena, desde donde sigue hablando como si fuera el líder de todos, pero expresando una realidad: que ellos van a seguir cometiendo cada vez más atentados, y no solamente eso. Esto es como una cabeza de medusa, pues cortas una y salen diez, porque, efectivamente, están apareciendo nuevos liderazgos.

Este estado de excepción es humo. Es un estado de excepción que da una falsa sensación de seguridad a quienes vivimos en la zona, porque en la práctica la sensación de seguridad real no existe. Hoy te pueden balear en un camino público, y eso no lo vamos a aceptar.

Por lo tanto, seguiré votando en contra mientras esto no sea bajo el nuevo gobierno y con nuevas normas.

He dicho.

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, saludo por su intermedio al señor ministro y a mis colegas parlamentarios.

He sido el diputado que ha votado favorablemente todos los estados de excepción, porque considero que algo más de seguridad nos dan. No cabe duda de que la medida es insuficiente, pues queremos que nunca se produzcan esos atentados, pero es necesario apoyar a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, desplegadas durante la emergencia en nuestra Región de La Araucanía.

No podemos bajar los brazos. Debemos mantener una estructura de seguridad robusta, liderada por nuestras policías y el Ejército de Chile, pero que tenga realmente todas las facultades necesarias. Aun así, hemos visto que nuevamente se han cometido actos terroristas, como el ataque incendiario que hace unos días afectó a un camión y a una camioneta en la ruta que une Collipulli con Angol, perjudicando nuevamente a un modesto y esforzado trabajador, a don Luis Barrientos .

Señorita Presidenta , don Luis Barrientos ha sufrido ya tres atentados, y el Estado de Chile hasta el momento no responde en lo más mínimo. Eso es lo malo. Se requiere que el gobierno responda a personas como don Luis Barrientos .

Señorita Presidenta, por su intermedio quiero pedirle al señor ministro, con sentido de urgencia, que no abandonen a los vecinos de Purén, quienes, desde los incendios del verano de 2023, siguen esperando respuesta a la demanda de subsidios de arriendo.

También quiero solicitarle, señor ministro, si me escucha, una pronta solución a la deuda que tiene este gobierno con los camiones aljibe en La Araucanía, pues ya se han cumplido cinco meses sin que se les cancelen sus servicios. En esas condiciones, ¿cómo llevan el agua, que es un elemento vital, a la gente del sector rural?

He dicho.

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, cómo cambian las cosas, ¿no?

Al principio de este gobierno hablaban de la necesaria desmilitarización de La Araucanía, y transformaron el estado de excepción constitucional en un estado ¡permanente!, en el cual se violan los derechos constitucionales de los ciudadanos de manera sistemática, violando el espíritu mismo del estado de excepción constitucional. ¿Cómo lo violan? Bueno, porque ya no es excepcional.

Yo me pregunto si el Tribunal Constitucional o algún otro tribunal estaría dispuesto, efectivamente, a considerar que este era el sentido de la norma cuando se redactó.

Y ¿por qué no es excepcional? ¿Por qué el conflicto no se solucionó en el tiempo considerado en la Constitución para resolver los problemas de seguridad que existen en La Araucanía? Porque no existe la voluntad de ir a buscar a los amigos armados que se encuentran allá; porque no hay voluntad para ir a destruir a los grupos armados que en algún momento recibieron apoyo ideológico y político, y quién sabe de qué otro tipo también, por parte de fuerzas políticas que están representadas en este Congreso Nacional. Nunca ha existido la voluntad de liquidar a esos grupos, y no existe esa voluntad porque son amigos, o son cercanos, ¿no es cierto?

¿Cuántas veces acusaron al gobierno anterior de violar los derechos humanos, cuando se trataba de perseguir a esos grupos violentistas? Durante este gobierno, ustedes han mantenido un estado de excepción de paja, un espantapájaros para mantener a la gente más o menos tranquila, mientras sus amigos, en las reducciones y en las comunidades, se rearticulaban, se rearmaban, generaban más metástasis violentas, más metástasis delictuales, que van a empezar a operar probablemente justo cuando asuma el próximo gobierno; ahora ya estamos empezando a sentir los efectos. ¡Qué raro!, ¿no es cierto?, así como la ANEF también nos anuncia todo tipo de movilizaciones; vean cómo todo el resto de su organización de calle empieza a anunciar que se vienen tiempos duros.

Pero, damas y caballeros, no vaya a ser que se venga también un gobierno duro, porque, en ese caso, nos vamos a ver las caras. Este estado de excepción constitucional no puede continuar así, porque está violando los derechos de los ciudadanos, pero sin resolver el problema en profundidad.

He dicho.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, saludo por su intermedio al ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde .

En el debate de la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia para la macrozona sur, integrada en parte por la Región de La Araucanía, estamos obligados a pronunciarnos respecto de cómo se ha ido avanzando en ese aspecto durante estos tres años y medio de gobierno: si ha sido positivo y si va mejorando la situación de tranquilidad en esa zona.

Efectivamente, al hacer la revisión, es imposible no considerar que en las últimas semanas hubo un recrudecimiento, particularmente de incendios, en distintos lugares de la macrozona sur. Hemos visto un doble atentado incendiario en Vilcún, un atentado incendiario en Carahue y otro en Cunco. Eso ha motivado a varios parlamentarios, particularmente de la extrema derecha de esta Cámara, para realizar severos cuestionamientos a la mantención del estado de excepción constitucional de emergencia, que permite que haya fuerzas conjuntas de militares y de policías haciendo patrullaje y control policial y mejorando la situación de tranquilidad en la zona.

Pero eso también nos obliga a mirar que, particularmente en el contexto de los últimos tres años de este gobierno, ha habido una reducción muy grande de los episodios de violencia rural, los cuales han disminuido a un mínimo histórico desde el 2017. En lo que va de este año, que está terminando, no ha habido más de 299 episodios de violencia rural.

En 2021, en el último año del segundo gobierno de Piñera, hubo 1.531 episodios de violencia rural, y este año solo hubo 299. Eso es tranquilidad concreta para el conjunto de la macrozona sur, porque es 80 por ciento menos de la violencia rural que se vivía. Sin duda, también ha habido mayores controles en rutas, más equipamiento y tecnología para las policías, mejoramiento de la seguridad en cada una de las rutas y, sobre todo, persecución penal efectiva y muchas más condenas en la macrozona sur.

Asimismo, en este período de gobierno se han presentado 518 querellas criminales y se han dictado 628 condenas por los tribunales de justicia para los autores de ese tipo de violencia, y así se va avanzando para cumplir con el objetivo de dar tranquilidad en la zona.

Sin embargo, la utilización electoral de la extrema derecha realmente me produce mucha preocupación, porque, por una parte, como acaba de decir el excandidato presidencial Kaiser y otros diputados, se va a poner mano dura, los militares van a hacer control efectivo y prácticamente van a utilizar su armamento en tareas de orden público.

(Manifestaciones en la Sala)

Les pido, por favor, que me dejen hablar. Ustedes no respetan nada, con tanta educación que tienen…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta accidental).- Diputados, por favor, les pido que guarden silencio, porque hay un colega interviniendo.

Diputado Leonardo Soto , continúe, por favor.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Gracias, señorita Presidenta.

En un reportaje del diario El Mercurio, el general en retiro Cristián Vial , quien obtuvo la primera mayoría republicana en la Región del Maule, dijo -cito textualmente-: “Quiero hacer una aclaración. El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen capacidades para colaborar y apoyar en seguridad interior, por ejemplo en la macrozona sur, en la frontera norte, pero no en orden público. El Ejército -dice este senador electo republicano no es para las calles, el Ejército no es para las ciudades, sí para la seguridad interior”. Y el mismo candidato presidencial José Antonio Kast dice que va a sacar a los militares a las calles sin siquiera tener fundamento legal y constitucional para ello, pero el propio senador republicano electo Cristián Vial lo desmiente.

Por ello, quiero que los diputados republicanos, de la extrema derecha, aclaren qué van a hacer con los militares en el próximo período.

He dicho.

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al ministro Elizalde .

Sin duda, la Región del Biobío puede mostrar mejores números que la Región de La Araucanía en cuanto al estado de excepción. Se ha producido un aprendizaje y, por cierto, también existen desafíos. Por ejemplo, nos gustaría conocer las brechas que van a quedar en materia de seguridad para nuestras policías en la macrozona sur, porque sabemos que Carabineros de Biobío ha pedido camionetas blindadas, pero no se han entregado. Después lloramos sobre la leche derramada, porque, al término de un gobierno, es bien difícil reclamar a quienes ya no están. Creo que allí hay un desafío respecto de cómo fortalecemos a nuestras policías con las brechas existentes. Sería bueno que el ministro, si tuviera la buena voluntad de escucharme, pudiera, a lo menos, tomar nota sobre este estado de excepción.

Lo otro que reclamo es, por ejemplo, respecto del atentado a la central Rucalhue , donde una empresa china, supuestamente por fiscalía -lo dijo el propio ministro de Seguridad Pública-, entregó seguridad a través de nuestras policías, con las fuerzas especiales.

En ese sentido, me gustaría que el ministro del Interior respondiera por qué el Estado cuida el patrimonio de una empresa china, que, además, no cumple con los temas laborales, que hoy tienen paralizada a la empresa.

Entonces, Presidenta Karol Cariola , por su intermedio, me gustaría que pusiera atención. Es una falta de respeto, y se lo digo al ministro Elizalde y a usted, como Presidenta.

He dicho.

El señor GUZMÁN.-

Señorita Presidenta, se han cumplido tres años y medio del establecimiento del estado de excepción. No voy a discutir las cifras que el gobierno hoy nos muestra, pero sí quiero decir algo que el gobierno no nos muestra, cual es que, números más o números menos, el conflicto sigue igual de vivo y que la estrategia a largo plazo simplemente nunca existió. Aun cuando llevamos casi 1.300 días, decenas de prórrogas y un despliegue militar que le ha costado al país más de 26.000 millones de pesos, las preguntas son obvias: ¿Es sostenible aquello? ¿Se ha trabajado para lograr un efecto real y duradero? Por supuesto que algunos hechos de violencia disminuyeron, y se lo agradezco principalmente a las Fuerzas Armadas, pero también debemos preguntarnos algo incómodo: ¿la violencia que hoy persiste es menor? Pareciera que es más organizada, más selectiva y más firme, porque no debemos olvidar que, bajo este mismo estado de excepción durante este gobierno, vimos dos de los actos más crueles de los últimos años: el triple homicidio de carabineros en Cañete y el ataque incendiario a la central Rucalhue .

Por eso, no nos dejemos engañar por cifras parciales, pues el conflicto sigue allí y el estado de excepción constitucional no lo resolvió. La razón es muy simple: el gobierno nunca tuvo una estrategia a largo plazo, no tuvo visión ni plan ni conducción.

Raya para la suma: se va un gobierno que solo administró el conflicto, que lo extendió en el tiempo y ahora deja una crisis que tendrá que asumir el próximo gobierno. Si no fuera así, entonces pregunto cuál es la propuesta final del gobierno, porque nunca la conocimos.

Además, cabe recordar algo que muchos olvidan. Un estado de excepción constitucional no solo cuesta dinero, sino también libertades y derechos y afecta la vida de las personas. Por eso, es una herramienta excepcional y no permanente, como lo ha hecho este gobierno.

He dicho.

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el contrato de buceo y actividades conexas, correspondiente al boletín Nº 17005-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 88ª de la presente legislatura, en lunes 17 de noviembre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 9.

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señorita Presidenta, muchos se preguntarán por qué voy hablar en este proyecto de ley. La razón es porque no tengo la menor duda de que los trabajadores del mar son de los más precarizados en nuestro país.

Es por todos sabido que somos esencialmente un país pesquero y naviero, y que nuestro mar ha sido el sustento económico que nos dota de grandes recursos de toda índole. Y aunque no esté de moda en estos días, nosotras y nosotros siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, sin medias tintas, sobre todo de aquellos que arriesgan su vida y que, fundamentalmente, ganan tan poco en beneficio del desarrollo de nuestra economía. A nuestro criterio, un piso mínimo de justicia es que sus empleadores cumplan condiciones mínimas y reconozcan una labor que es crucial.

Este proyecto va en la dirección correcta al establecer estándares mínimos, como es la obligación del empleador de proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras, precisando que deben proporcionarse los medios técnicos para su supervivencia.

Es importante precisar que esto no solo se trata de la labor que desarrolla el buzo; también estamos hablando de los trabajadores que preparan equipos, operan embarcaciones de apoyo, manejan líneas, realizan labores de fondeo, mantención, carga y descarga en centros de cultivo a faenas marítimas, quienes muchas veces están sometidos a las mismas presiones productivas del gran empresariado y a riesgos muy similares, pero sin el nivel de reconocimiento de derechos ni resguardos.

Por eso nos parece que este es un proyecto importante de aprobar.

He dicho.

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señorita Presidenta, muchas veces escucho que este gobierno o este sector está en contra del desarrollo del extremo sur de Chile a través de la salmonicultura.

En esto quiero ser muy clara. En estos cuatro años la salmonicultura sigue siendo el tercer exportador de nuestro país, y no hay nada que este gobierno haya hecho durante estos años para que esta industria no sea una industria sostenible, que respete a sus trabajadores y trabajadoras y también al medio ambiente.

Todo lo demás se puede entender en contexto electoral, pero que lleguemos a este punto de la tramitación de este proyecto de ley, ya en tercer trámite, demuestra lo contrario.

Lamentablemente, la industria de la salmonicultura en Chile tiene tasas de mortalidad y de accidentabilidad de los buzos mucho más alta que los países con los que competimos y con aquellos a los que nos gusta parecernos. Por eso era necesario avanzar en mayores estándares de seguridad, y así lo hicimos saber distintos parlamentarios del extremo sur de Chile a través de solicitudes de resolución.

Esas solicitudes de resolución, que todos ustedes votaron a favor y aprobaron, fueron recogidos por el gobierno, el que hizo un trabajo en mesas a lo largo del sur de Chile, donde nos sentamos a conversar con la industria, con los buzos, con los pescadores, y logramos un proyecto de consenso, que yo espero que hoy día termine su tramitación y se convierta en ley.

Por eso, quiero agradecer al ministro Giorgio Boccardo y a la entonces ministra Jeannette Jara , porque acá damos una demostración adicional de que queremos una industria responsable, que cuide a sus trabajadores y trabajadoras y cuide el medio ambiente, conscientes de que hoy día hay miles de empleos en el sur de Chile que se desarrollan en la industria de la salmonicultura, y que todos esos trabajadores y trabajadoras merecen estándares de seguridad para volver a sus casas después de la jornada laboral.

He dicho.

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley, que incorpora el contrato de buceo y actividades conexas al Código del Trabajo, es un proyecto del todo necesario porque tiene como objetivo regular de manera específica este trabajo, estableciendo estándares claros en materia de seguridad -eso me parece central en este rubro-, equipamiento, dotación mínima, registro de operaciones y, muy importante, la responsabilidad de las empresas. Busca dar respuesta a una actividad que, como aquí se ha dicho, presenta altos riesgos y que, a mi entender, hasta ahora ha estado regulada solo con normas poco claras e insuficientes.

En lo central, esta iniciativa crea un contrato especial de trabajo para el buceo, algo que no existía en nuestra legislación, que define las labores asociadas o conexas, como las hemos denominado; establece -como dije la obligación de contar con dotaciones de seguridad, fija requisitos técnicos para la inmersión y regula el uso de cámaras hiperbáricas, que sabemos que también es muy relevante y por lo cual hemos luchado particularmente desde nuestras regiones para que siga funcionando 24/7 en el Hospital San Pablo de Coquimbo. Así lo hemos oficiado en su oportunidad.

De igual modo, me parece que crear estándares de registro electrónico es muy necesario hoy, sobre todo con la tecnología y lo pioneros que estamos siendo en materia de inteligencia artificial en nuestro país.

Por cierto, el proyecto entrega a un reglamento la determinación de procedimientos y exigencias técnicas, algo a lo que nos parece muy importante también hacer seguimiento para que este sea un contrato eficiente que sirva a las personas que trabajan en este rubro, a fin de que se sientan protegidas, seguras y escuchadas, después de mucho tiempo en que se han ido relevando situaciones que han tenido que sufrir muchas veces quienes se desempeñan en esta loable labor.

Es por eso que invitamos a esta honorable Sala a votar favorablemente este proyecto, toda vez que lo que hace es generar mayor protección desde un cuerpo normativo que me parece que debía completarse, que es el Código del Trabajo, y así tener una legislación mucho más clara y completa.

Así, invitamos a votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor TEAO.-

Señorita Presidenta, iorana.

Hoy quiero dirigirme a esta honorable Cámara para hablar sobre una actividad que representa tanto el potencial como las deudas pendientes de nuestro país en temas marítimos: el buceo profesional.

En regiones como la de Valparaíso el buceo constituye un pilar fundamental para el ecoturismo, la educación ambiental y la investigación científica.

Nuestra riqueza marina, alimentada por la corriente de Humboldt, ofrece ecosistemas únicos y naufragios históricos que constituyen un patrimonio natural y cultural.

Esta actividad no solo genera desarrollo económico sostenible, sino que, además, fomenta en nuestras comunidades el respeto y cuidado del medio ambiente marino. Sin embargo, detrás de este potencial existe una realidad laboral preocupante: el buceo enfrenta riesgos extremos por su complejidad técnica y exposición a condiciones adversas, lo que puede generar patologías y accidentes graves a quienes lo ejercen.

Las cifras son elocuentes. Durante el año 2023 la Dirección del Trabajo registró 515 denuncias contra empresas del rubro, que resultaron en 412 sanciones, y solo en lo que va del 2024 ya suman 125 denuncias y 119 sanciones. Estas cifras nos muestran una realidad ineludible, cual es que existe una vulnerabilidad sistemática de los trabajadores buzos que no podemos seguir ignorando.

Por ello, valoro el apoyo a este proyecto, que busca incorporar al Código del Trabajo el contrato de buceo y actividades conexas. Esta iniciativa establece obligaciones claras en seguridad laboral, impulsando la certificación de competencias, y reconoce simbólicamente el 18 de diciembre como el Día Nacional de las y los Buzos de Chile.

Por último, regular esta actividad no solo es una necesidad técnica; es un imperativo moral. Debemos garantizar que el desarrollo de nuestra economía azul se sustente en el trabajo digno, pero también seguro para proteger a quienes trabajan y exploran en nuestras profundidades marinas, lo que también es honrar el compromiso con todos y cada uno de esos trabajadores chilenos.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señorita Presidenta, como integrante de la Comisión de Trabajo y como diputado de una de las regiones con mayor presencia de hombres y mujeres dedicados a la actividad del buceo, quiero anunciar mi voto favorable a este proyecto, porque, sin duda, representa un paso histórico en el reconocimiento de los derechos laborales para un sector que sostiene buena parte de la economía del sur de nuestro país.

Por fin estamos creando un contrato de trabajo específico para el buceo, un contrato pensado para hombres y mujeres que pasan semanas fuera de sus hogares, lejos de sus familias, muchas veces incomunicados. No solo enfrentan labores de alto riesgo, sino también una tremenda carga emocional por saber que la vida sigue avanzando mientras ellos se encuentran embarcados.

Este proyecto reconoce esta realidad y regula los riesgos propios de esta actividad. Establece obligaciones claras para los empleadores, define dotaciones de seguridad, el protocolo de primeros auxilios y los registros electrónicos de inmersión y de descanso, según los estándares de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

Durante años estos trabajadores han debido realizar sus labores en condiciones adversas, sin la protección, la seguridad y la certeza que merecen. En este sentido, quiero reconocer que este proyecto fue trabajado junto con sindicatos, empleadores y autoridades, y llega a esta Sala con el respaldo unánime.

También se asegura la responsabilidad efectiva, porque no puede volver a pasar que cuando ocurren accidentes -este año ya lamentamos cinco fallecidos-, nadie responda frente a esos hechos de máxima gravedad.

Además, quiero subrayar algo fundamental para nuestras regiones: el acceso oportuno a cámaras hiperbáricas. Con este proyecto, dicho acceso ya no va a depender de la suerte ni de la distancia; el Estado deberá garantizar cobertura preventiva y eficaz, incorporando criterios geográficos.

Para finalizar, quiero dirigirme a quienes hoy nos escuchan, especialmente a las mujeres y los hombres de la actividad del buceo de la Región de Los Lagos. Reconozco su esfuerzo diario. Sé que muchos aman vivir del mar, pero ese amor no puede ser excusa para trabajar sin condiciones dignas, porque merecen volver sanos y salvos a sus hogares.

Por eso, votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señorita Presidenta, desde ya anuncio mi voto a favor de este proyecto, que crea el contrato de buceo y actividades conexas, pues fortalece la protección de trabajadores que desarrollan labores de alto riesgo en la acuicultura y actividades asociadas.

El Senado amplió el ámbito de aplicación del artículo 145 bis A, incorporando no solo la extracción, sino también el cultivo y procesamiento de recursos hidrobiológicos.

Asimismo, se precisan los estándares de seguridad establecidos en los artículos 145 bis C y 145 bis D, asegurando dotaciones mínimas, supervisión adecuada y la plena responsabilidad del empleador en la protección de la vida y salud de los buzos.

En materia de subcontratación también se disponen obligaciones claras para la empresa principal y se presume legalmente que el buceo en concesiones marítimas o centros de cultivo se realiza bajo este régimen, imponiendo responsabilidad solidaria en caso de lesiones o muerte.

Se mejoran, también, las disposiciones sobre el acceso a cámaras hiperbáricas y el registro obligatorio de inmersión y equipamiento, elementos que son esenciales para la prevención y la trazabilidad.

Esas modificaciones fortalecen el espíritu del proyecto y avanzan en garantizar condiciones más seguras y más dignas para quienes arriesgan su vida bajo el mar.

Por eso, invito a esta honorable Cámara a aprobar este proyecto.

Al mismo tiempo, saludamos con mucho cariño y con mucho respeto, y agradecemos a los tantos hombres y mujeres que realizan esta importante actividad de trabajo como es el buceo.

He dicho.

El señor ARROYO.-

Señorita Presidenta, hoy discutimos un proyecto de ley que, seamos honestos, el gobierno no impulsó por convicción, sino porque ya no podía seguir ignorando la tragedia silenciosa que viven miles de buzos en Chile, especialmente en la Región del Biobío. Mientras en esta Sala algunos hablan de dignidad, hay familias en Talcahuano, Lota , Coronel, Hualpén y San Vicente que han tenido que enterrar a sus hijos, padres y hermanos, porque el Estado -este Estado no fue capaz de darles protección mínima a quienes desempeñan uno de los trabajos más peligrosos del país.

¿Dónde estuvo el gobierno cuando nuestros buzos quedaron con lesiones irreversibles?

¿Dónde estuvo cuando una descompresión mal hecha dejó a un hombre joven inválido para toda la vida? ¿Dónde estuvo cuando las familias tuvieron que realizar rifas para pagar por los funerales de sus seres queridos? El gobierno estuvo ausente, dolorosamente ausente.

Por eso, hoy no venimos solo a votar un proyecto de ley; venimos a decir la verdad: Chile mantuvo a sus buzos trabajando tal como en el siglo pasado, esto es, sin contrato especial, sin descanso, sin supervisión, sin estándares de seguridad y sin fiscalización. Mientras este gobierno hacía discursos, nuestros buzos seguían bajando al fondo del mar sin las garantías que cualquier trabajador merece para desarrollar su labor.

Este proyecto crea, por fin, un contrato especial para el buceo, con obligaciones claras, descansos, supervisiones obligatorias, responsabilidad de la empresa principal y estándares de seguridad que ya no se pueden seguir improvisando. Quiero que quede claro: esto no repara el dolor de las familias que ya perdieron a alguien ni devuelve las vidas que se fueron porque nadie quiso mirar a tiempo lo que ocurría.

Hoy, a las familias de los buzos del Biobío les digo, con el corazón en la mano: ustedes han sido valientes; ustedes han sostenido esta lucha cuando el Estado les dio la espalda. El Congreso Nacional les debe un acto mínimo de justicia.

Al gobierno le digo que no basta con aprobar este proyecto de ley. Los buzos no necesitan ceremonias; necesitan una fiscalización real, necesitan que el reglamento que rige su actividad no sea letra muerta, que las empresas cumplan la ley, que las sanciones sean reales, que el Estado no vuelva a llegar tarde.

En la Región del Biobío, cuando un buzo baja al fondo del mar, su familia se queda rezando para que vuelva. Con este proyecto de ley queremos que vuelvan más seguros, que vuelvan vivos, que nunca más una madre, una esposa o un hijo tenga que llorar la muerte de un ser querido por una negligencia del Estado.

Por ellos, por su memoria, por su coraje, por su valentía, votaré a favor, pero no olvido.

He dicho.

El señor BERNALES.-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley es muy importante para la Región de Los Lagos. Así como otros colegas lo han manifestado respecto de sus regiones, debo afirmar que en mi región es muy relevante.

Los buzos llevan muchos años solicitando que se avance en este proyecto de ley que crea un contrato especial para quienes realizan las labores de buceo. No es un misterio ni un secreto para nadie que una gran cantidad de buzos ha fallecido en nuestra región en distintas circunstancias. Por lo tanto, es relevante que la iniciativa avance.

Tal como han señalado mis colegas, el proyecto de ley se va a aprobar para dar más seguridad a los buzos a la hora de trabajar. La iniciativa también exige a sus empleadores contar con todos los estándares para minimizar cualquier tipo de riesgo y darles las garantías necesarias a quienes practican esta noble actividad en la Región de Los Lagos, la cual no solo alimenta a los habitantes de nuestra región, sino que alimenta prácticamente a todo Chile. Me refiero a los buzos de Maullín, Carelmapu , Calbuco , Quellón , Ancud y otros lugares muy importantes no solo para la Región de Los Lagos, sino para todo el país.

Reconociendo esa labor, reconociendo la historia y el valor patrimonial del trabajo de los buzos, este proyecto de ley incluye la designación del 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los Buzos de Chile. Quiero agradecer al ministro del Trabajo, aquí presente, porque la designación de ese día era un proyecto que presentamos y que se acogió como una indicación en este proyecto de ley, para que no solo se haga realidad la protección de los buzos, que es lo más relevante, sino que también se haga un gesto mínimo de reconocimiento a la labor que durante tantos años han cumplido nuestros buzos en el país. Así como hay días nacionales dedicados a otras actividades, tendremos este día en el calendario que va a destacar la labor que cumplen nuestros buzos. Esta idea la trabajamos con los buzos de la Región de Los Lagos, en especial con los de la provincia de Chiloé.

Agradezco, de nuevo, al ministro por el gesto que tuvo de incluir la celebración de ese día en el proyecto de ley.

He dicho.

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señorita Presidenta, quería contar que, en mi larga vida de médico, atendí a muchas personas que se dedicaban al buceo. Iba a atender pacientes a Puerto Montt y a Coyhaique. En el universo de los pacientes que se dedicaban al buceo hay una alta prevalencia de respiradores bucales, lo que significa que tienen disminución de la oxigenación en todos los tejidos, lo cual es un factor de riesgo de ocurrencia de los accidentes que sufren las personas que se ganan la vida bajo el mar.

Entonces, sería interesante que alguien se preocupara, a lo mejor los colegas que representan a zonas costeras, como mis coterráneos de Puerto Montt, de anticipar este hecho. La forma de hacerlo es establecer la obligación de hacer un examen médico a la gente que se va a dedicar al buceo, porque los accidentes que les suceden están en estrecha relación con la presencia del fenómeno de la respiración bucal, que es, en el fondo, una apnea. Por ello, es necesario ponerles una máscara de oxígeno en sus horas de descanso.

Sé que el ministro es una persona muy sensible y humana, así que le sugiero considerar lo que acabo de mencionar. Me parece fantástico que se formalice la actividad del buceo con este proyecto de ley, pero estoy hablando de prevención de riesgo.

He dicho.

El señor GIORDANO.-

Señora Presidenta, colegas, cuando hablamos de buzos -bien lo decía el ministro-, no nos referimos a un oficio romántico ni a postales turísticas, sino a trabajadoras y trabajadores que todos los días se juegan la vida bajo el mar para que el negocio de otros funcione en la superficie. Son personas que, muchas veces, bajan veinte o treinta metros en jaulas con mala mantención, con equipos parchados y con el tiempo medido no por la seguridad, sino por la producción.

Por eso, es muy relevante que este proyecto cree un contrato de buceo y de actividades conexas, precisamente para hacerse cargo de una realidad brutal que hemos denunciado muchas veces en este hemiciclo.

Después de años en que los buzos han sido tratados casi como servicios anexos, por fin el Código del Trabajo reconoce su contrato, fija obligaciones específicas para los empleadores y responsabilidades claras para la empresa principal. Asimismo, establecerá registros electrónicos de inmersiones y descansos, junto con protocolos frente a accidentes y acceso oportuno a cámaras hiperbáricas.

Esto refuerza el deber de protección de un sector donde un error no significa un simple parte, sino una lesión permanente o, muchas veces, la muerte.

Por eso, no es casualidad que este proyecto llegue a su tercer trámite constitucional con acuerdos amplios y mejoras que surgieron, justamente, del diálogo con quienes se juegan el pellejo en la salmonicultura y otras faenas de alto riesgo. Por ejemplo, que hoy se expliciten normas relacionadas con el ámbito de la acuicultura, en particular de la industria salmonera, no es un detalle técnico, sino reconocer que durante años hubo explotación, subcontratación abusiva y un reguero de accidentes que, lamentablemente, el país prefirió no mirar o hacer la vista gorda en forma permanente.

Desde esta bancada hemos insistido una y otra vez en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que hoy tengo el orgullo de presidir, en que esto no es algo para armar una frase bonita ni un titular grandilocuente. Para cientos de familias hay preguntas diarias: ¿vale más una tonelada de salmón que la vida de quien se sumerge a arreglar una jaula en plena marejada? ¿Vale más el cumplimiento del contrato de exportación que el derecho de un buzo a tener un equipo en regla, una cámara hiperbárica disponible y un registro real de sus tiempos de inmersión y descanso? La respuesta es obvia.

Ahora, por fin nos hacemos cargo legislativamente de estos temas, aunque no es la primera vez que hablamos de esto. De hecho, lo hemos denunciado en esta misma Sala: trabajos en altura sin arneses, faeneros que cargan pesos imposibles y accidentes en la construcción. Todavía hay muchas deudas por atender.

Por eso, quiero recordar y aprovechar este debate para señalar la importancia de ponerle urgencia a un proyecto de ley que tramitamos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que esperamos que llegue prontamente al Senado, conocido como “que el trabajo no cueste la vida”. Así como hoy reconocemos en el buceo una actividad de alto riesgo que requiere una legislación específica, también debemos hacernos cargo de la deuda pendiente con la clase trabajadora.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

Corresponde tratar el segundo informe del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, correspondiente al boletín N° 17461-15.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género la señora Alejandra Placencia .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sesión 78ª de la presente legislatura, en miércoles 8 de octubre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 12.

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 56ª de la presente legislatura, en miércoles 6 de agosto de 2025, ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. La discusión del proyecto de ley continuó en las sesiones 64ª y 69ª de la misma legislatura, en martes 2 y miércoles 10 de septiembre de 2025, respectivamente.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PLACENCIA, doña Alejandra (de pie).-

Señor Presidente, honorables diputadas y diputados, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción de mi autoría, junto con las diputadas Ana María Bravo , Marta González , Emilia Nuyado , Daniela Serrano y Gael Yeomans , y los diputados Boris Barrera , Felipe Camaño y Luis Cuello, correspondiente al boletín Nº 17461-15, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

La idea matriz del proyecto consiste en adecuar el contenido de la Ley de Tránsito a la normativa vigente que promueve el sistema de pago de pensiones de alimentos, de modo de garantizar el cumplimiento efectivo de esta responsabilidad, particularmente en lo que concierne a la prohibición de la entrega o renovación de licencias de conducir a quienes figuraren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La comisión, en su primer trámite reglamentario, aprobó la idea de legislar por unanimidad. La Sala aprobó la iniciativa en general y la remitió a la comisión para el análisis y votación de las indicaciones presentadas en esa instancia.

En relación con su estructura, cabe señalar que el proyecto de ley aprobado en el primer trámite reglamentario consta de un artículo único que, mediante tres numerales, modifica el inciso primero del artículo 13 y el artículo 14 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, e incorpora en dicho texto legal un artículo 20 bis.

En resumen, las modificaciones propuestas son las siguientes.

Se exige que el solicitante de licencia de conducir no esté inscrito como deudor en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, para reforzar el control al momento de otorgar licencias.

Se permite cancelar licencias ya otorgadas si hay inscripción posterior o falla municipal, con lo cual se corrigen errores y se fortalece el cumplimiento del registro.

Esta cancelación se concreta en las siguientes situaciones:

1. Al renovar, si la persona figura como deudora en el registro.

2. Cuando se otorga sin consultar el registro, como exige la ley.

3. Si, después de obtenerla, la persona es inscrita como deudora en el registro.

En caso de que la licencia sea necesaria para trabajar, se mantendrá la excepción judicial si el titular acredita que es indispensable para trabajar. El tribunal deberá verificar que es esencial para generar ingresos, que se garantice el pago de la deuda y que se otorgue un tiempo acotado, de seis a doce meses.

De este modo, se refuerza la operatividad de la ley N° 21.389, que Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos; se aumenta la efectividad del registro; se proporcionan herramientas claras a los municipios para fiscalizar; se aumenta la presión efectiva sobre quienes eluden el pago de pensiones, y se protege a madres e hijos frente al abandono económico.

Durante el segundo trámite reglamentario se analizaron las indicaciones presentadas, tanto en la Sala como en el seno de la comisión, las cuales estaban referidas a los siguientes aspectos:

Modificar la periodicidad de la revisión del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que debe efectuar el Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal, de modo que dicha revisión se realice aleatoria y semestralmente, no mensualmente, como fue aprobado en la comisión.

Precisar que, en caso alguno, dicha revisión aleatoria podrá ser inferior al 20 por ciento de los domiciliados en la comuna con licencia vigente.

Establecer en el artículo 20 bis, relativo a la cancelación de licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos, que aquella no procederá en caso de que las personas se encuentren dentro de alguna de las excepciones contempladas en el artículo 34 de la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias; esto es, cuando la licencia de conducir sea indispensable para el ejercicio de la actividad o empleo que genere ingresos al deudor de pensiones de alimentos.

Tales indicaciones fueron desestimadas por la comisión. Particularmente, se hizo notar que esta última modificación propuesta constituye una reiteración de la excepcionalidad a la que ya alude el proyecto en el numeral 1, que modifica el artículo 13 de la Ley de Tránsito.

En consecuencia, se recomienda a la Sala de esta honorable Cámara aprobar, sin más trámites, el texto propuesto por esta comisión en el primer trámite reglamentario.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

No va a hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, hoy analizamos un proyecto que trasciende lo jurídico para adentrarse en lo más profundo de nuestra responsabilidad social: modificar la Ley de Tránsito para vincular el ejercicio del derecho a conducir con el cumplimiento de las obligaciones familiares.

Las cifras que motivan esta iniciativa son alarmantes, ya que en nuestro país más del 80 por ciento de las pensiones alimenticias no se pagan total o parcialmente.

Detrás de cada estadística hay rostros concretos: miles de mujeres que han debido asumir en solitario la crianza, con el doble costo económico y emocional que ello implica.

No podemos normalizar que existan padres que conduzcan vehículos libremente mientras deben millones de pesos en pensiones alimenticias; que disfruten de un privilegio mientras sus hijos e hijas ven vulnerado su derecho fundamental a la alimentación.

Valoro que este proyecto establezca un mecanismo efectivo para impedir la obtención o renovación de la licencia de conducir a los deudores morosos e, incluso, cancelar las ya otorgadas. Se trata de una medida proporcional que contempla excepciones cuando un tribunal así lo determine y que obliga a los municipios a fiscalizar su cumplimiento.

Sin embargo, debo manifestar una preocupación. Muchos municipios, especialmente aquellos con menos recursos técnicos y humanos, podrían verse sobrecargados operativamente. Por ello, resulta fundamental implementar un sistema automatizado de verificación y articular un trabajo interinstitucional entre el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Poder Judicial y los municipios.

Esta iniciativa es un mensaje claro que como sociedad debemos dar. Quien no cumpla con su deber más elemental, que es alimentar a sus hijos, no puede gozar de privilegios como conducir. Es una medida de justicia para la infancia, de apoyo a las madres que crían solas y de coherencia con los valores que todos decimos defender.

Implementemos esta ley con seriedad, con los recursos necesarios y con la convicción de que estamos protegiendo a quienes más lo necesitan.

Iorana e maururu.

He dicho.

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, vamos a apoyar esta iniciativa, pues nos parece del todo necesaria para adecuar el contenido de la Ley de Tránsito a la normativa vigente que promueve el sistema de pago de pensiones de alimentos. Se trata de una ley que moderniza dicho sistema y que hace justicia a muchas mujeres a quienes se les debe la pensión de alimentos.

Sabemos que en muchos casos por primera vez se efectuó el pago gracias a este nuevo sistema de responsabilidad parental y de pago efectivo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que, lamentablemente, existía un vacío que llenar en relación con la obligación que tienen los municipios de otorgar o renovar la licencia de conducir de quienes se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Sabemos que fue bastante injusto para muchas familias el hecho de que, lamentablemente, no pudieran recibir de manera oportuna el pago efectivo, debido a que diversos municipios no cumplieron con esta obligación legal.

Por eso se hizo necesario reforzar la normativa mediante este proyecto, que espero podamos apoyar decididamente y de manera unánime en esta Sala. No hay explicación válida cuando se trata de pagar el alimento de nuestros hijos e hijas, elemento básico para un desarrollo integral de la vida en sociedad.

Saludo a las autoras de este proyecto de ley, tramitado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, bajo la presidencia de su autora principal, la diputada Alejandra Placencia . En buena hora se trabajó esta iniciativa que busca corregir, completar y hacer justicia a miles de niños y niñas que aún no han podido recibir por primera vez este pago, que es un derecho para ellos y ellas.

Los invito a revisar el texto que se encuentra en sus pupitres y a apoyarlo decididamente al momento de votar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, recuerdo cuando tramitamos el proyecto que se convirtió en la ley que establece el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, dictada no durante este gobierno, sino bajo la administración del entonces Presidente Piñera . En esa oportunidad se hizo el cambio sustancial respecto del ingreso de deudores de pensiones de alimentos que, además, acumulaban cifras exorbitantes en relación con el pago de dichas pensiones, principal obligación que deben asumir los padres con sus hijos.

En ese sentido, quedó una norma bien robusta y clara sobre lo que pasaba con las licencias de conducir. En el artículo 16 de dicha normativa se estableció que cuando se adeudara una o más cuotas de pensión, se podía solicitar al juez -a petición de parte, obviamente la suspensión o, finalmente, la cancelación de la licencia de conducir. El juez otorgaba un plazo razonable para cumplir con la obligación, y, de no hacerse, procedía a cancelar la licencia de conducir.

Ello se hizo por una razón lógica: porque para no pocos el vehículo es una herramienta para generar recursos y, eventualmente, cumplir con la obligación. Por lo tanto, el control del juez era necesario, de manera que, en caso de que no se realizara el respectivo pago, se cancelara inmediatamente la licencia.

También se estableció, a través del artículo 33 de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que los municipios no podían entregar la licencia de conducir si el solicitante estaba en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, es decir, si debía tres mensualidades continuas o cinco discontinuas. Ahí es donde participa la municipalidad.

Pero ¿qué ocurre en el caso de que el solicitante ingresa al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en el intertanto, es decir, después de habérsele otorgado la licencia de conducir? Por esa razón, se estableció un procedimiento ante el juez, porque el juez aprecia estos elementos a efectos de determinar un plazo razonable de suspensión de la licencia de conducir o, eventualmente, terminar con esta inmediatamente si no tiene un efecto productivo para generar los recursos para pagar la pensión de alimentos.

El problema es que esto habría quedado de manera más clara si el municipio notificara al juez que este deudor de alimentos entró a este registro. Por lo tanto, el juez debería proceder a la cancelación o no, estableciendo el plazo del artículo 16 de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, a efectos de que sean coherentes ambas leyes y no haya una incompatibilidad o una obligación de los municipios que en la práctica va a ser muy difícil de cumplir.

He dicho.

La señorita PLACENCIA (doña Alejandra) .-

Señor Presidente, agradezco que durante la tramitación se haya entendido cuál es el objetivo de este proyecto. Valoro el avance que ha significado para nuestro país, principalmente para los niños, niñas y jóvenes, el hecho de que se exija la obligación de pagar la pensión que a ellos les corresponde. El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ha cumplido un rol fundamental en esta materia. Sin embargo, en la aplicación de la ley existen algunas brechas que hemos tenido que corregir y enmendar sobre la marcha.

Me ha tocado leer el segundo informe de la comisión técnica, que ratifica el hecho de que este proyecto debe avanzar porque es justicia para las niñas y las mujeres de nuestro país. Porque hasta antes de que entrara en vigencia esta ley miles de madres, abuelas y cuidadoras sostenían solas la crianza de sus hijas e hijos, mientras el Estado no contaba con ninguna herramienta o disponía de muy pocas para hacer efectivo y exigir el cumplimiento de una obligación tan básica como es alimentar a los propios hijos.

Entonces, cerrar esta brecha y ajustar la Ley de Tránsito es importantísimo, porque no es posible que alguien que aparezca en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos pueda renovar o mantener una licencia de conducir y, al mismo tiempo, eludir su responsabilidad.

Si puede manejar, también puede hacerse cargo de esta obligación. Esa es una premisa fundamental. Esta medida no es un castigo, sino que es responsabilidad y coherencia, es decirle al país que los privilegios deben ir acompañados justamente de deberes, principalmente cuando se trata de niños y niñas.

Para que no haya distorsiones -aunque, por las alocuciones anteriores, entiendo que se ha ido comprendiendo-, quien realmente necesita su licencia para trabajar puede solicitar la autorización judicial -eso sigue vigente siempre que asuma el compromiso del pago efectivo.

La ley contempla esa excepción porque se trata de justicia, no de castigo. Con esto fortalecemos el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y damos herramientas más reales para que los municipios puedan fiscalizar y asegurar que los tribunales también apliquen las excepciones solo en casos justificados y verificables.

Hoy avanzamos en justicia para las mujeres y para la niñez. Quien no cumple con el deber de alimentar a sus hijos no puede seguir conduciendo con normalidad como si este fuera un privilegio.

Este proyecto es un paso firme hacia la responsabilidad y la dignidad. Las pensiones de alimentos no son un favor, sino que son un derecho.

Por eso, esperamos que podamos aprobar este proyecto de ley sin más dilaciones.

He dicho.

El señor RIVAS (vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, gracias a la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, se han recuperado más de 2 billones de pesos, equivalente a 52 teletones, para más de 282.000 familias chilenas.

A mí me gustaría que hoy los parlamentarios de derecha, especialmente republicanos, miraran a la cara a esas madres y a esos hijos e hijas, y les dijeran que esto es un fracaso, que les dijeran que esta ley que sacó adelante el gobierno del Presidente Gabriel Boric es un fracaso y que se trata de un gobierno fracasado.

La ley de responsabilidad parental, la “ley papito corazón”, es un éxito de este gobierno y de quienes hemos apoyado la medida consistentemente. Algunos, en su cálculo electoral pequeño y mezquino, no lo dirán, pero yo lo digo, porque en época de elecciones mentir es gratis, pero la realidad de las familias no miente. Porque si antes eran las madres las que tenían que buscar y perseguir a los padres de sus hijos cuando no se responsabilizaban por ellos, hoy es el Estado de Chile quien se hace presente. Sí, ese mismo Estado que algunos quieren llevar a su mínima expresión. Ese Estado ha asumido la labor y se ha encargado de achicarles la cancha a progenitores irresponsables para que cumplan con algo que es su obligación, que no es un favor, que no es un regalo, sino que es un deber.

Hoy estamos dando un paso más en ello. En esto quiero ser clara: este Congreso Nacional ya aprobó una ley que impide a deudores de pensiones de alimentos sacar licencia de conducir.

Lo que hoy estamos legislando es una mejora a esa norma, luego de que se descubriera que el 70 por ciento de las municipalidades la incumplieron, porque de todas formas entregaban las licencias de conducir a los deudores de pensiones de alimentos.

Por lo tanto, cuando se incluye el hecho de retener la licencia de conducir a deudores de pensión, no estamos creando una norma más dura de la que ya existe, sino que estamos corrigiendo una sinvergüenzura que cometieron algunos funcionarios municipales, entre los cuales se cuentan casos de deudores que son funcionarios municipales y que se tramitaron licencias para ellos.

Parece que una vez más hay que recordarlo: la pensión de alimentos es un deber de padres y madres, es un derecho de los niños y niñas. El deber no se extingue si mi expareja se vuelve a casar, si me cae mal o si nos llevamos bien. Es una responsabilidad con los niños y niñas de nuestro país.

Los niños y niñas dependen de nosotros. Por lo tanto, legislar en pos de su bienestar sigue siendo un deber de este Congreso.

Por ello, nuestra bancada va a aprobar esta norma.

He dicho.

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, hoy existen muchas personas deudoras de pensiones de alimentos. Así ha sido lo que hemos constatado en este mismo ciclo legislativo, donde también hemos debatido en reiteradas ocasiones la necesidad de atacar el bolsillo de aquellos “papitos corazón”, como son conocidos en nuestro país.

Ante esta realidad, resulta necesario actualizar la normativa, porque, tal como señaló la colega que me antecedió en el uso de la palabra, la normativa de la ley N° 21.389 mandata a los municipios a consultar al servicio si el solicitante de licencia de conducir es deudor de alimentos y realmente esta no pude ser entregada.

En este sentido, tal como manifestó la diputada Alejandra Placencia , esta iniciativa no busca castigar, sino hacer cumplir. Hoy estamos actualizando una normativa que, lamentablemente, se quedó corta.

Según la Contraloría General de la República, entre el 2022 y el 2024 hubo más de 3.400 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que obtuvieron o renovaron licencias de conducir, acumulando más de 17.000 millones de pesos en pensiones impagas.

Esos números son el reflejo de un sistema que aún permite la impunidad frente al abandono parental.

Este proyecto corrige esa situación, fortalece la fiscalización municipal, establece revisiones mensuales del registro y autoriza la cancelación inmediata de las licencias otorgadas a deudores, salvo en algunos casos excepcionales donde el tribunal determine que la licencia es indispensable para trabajar y pagar la deuda, y no una justificación donde muchas veces aquellos datos son falseados, lamentablemente, por aquel que no paga pensión de alimentos y que dice que necesita la licencia para trabajar, pero sabemos que, en los hechos, no es así.

Con ello se protege el principio de proporcionalidad, pero también se refuerza el deber moral, la responsabilidad que tenemos con los niños y niñas que estamos protegiendo, de modo que lleguen los recursos para que aquellos niños y niñas puedan ser criados, educados y ser felices, lo que también es parte de uno de los objetivos de este proyecto de ley.

Durante el segundo trámite reglamentario, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género mantuvo el proyecto en su contenido original, confirmando la solidez de esta iniciativa.

Esto no es un gustito ideológico, no es un proyecto que represente solo a un sector político; estamos hablando de la necesidad de legislar, de poner a los niños y niñas en primer lugar.

Por eso estamos apoyando esta iniciativa, porque no se trata de una medida punitiva, sino de hacer justicia, de cumplir con la normativa y de perfeccionarla, porque son los niños y niñas quienes necesitan esa pensión. No es solamente para sus madres, como muchas veces se dice para justificar que no se paguen las pensiones de alimentos.

Por eso, vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, nadie en esta Sala puede ser indiferente ante el problema que causan los deudores de pensiones de alimentos. Me refiero con ello al drama de miles de madres que crían solas a niños que se ven vulnerados.

Este proyecto busca modificar la Ley de Tránsito para impedir que quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos obtengan su licencia de conducir o la mantengan. Sin embargo, no basta con buenas intenciones si la herramienta es ineficaz.

Por ello, a través de esta iniciativa se busca en los hechos que se cumpla una ley que ya existe. La normativa ya prohíbe otorgar licencias de conducir o renovarlas a quienes figuren en dicho registro. El problema no es la falta de reglas, sino que hay municipios que no las cumplen.

La Contraloría General de la República informó que el 70 por ciento de las municipalidades ha otorgado tales documentos a deudores de pensiones de alimentos, con miles de licencias emitidas en contravención a la ley. El Estado ya fracasó en hacer cumplir la norma vigente.

¿Qué hace, entonces, este proyecto? Carga a los departamentos de tránsito con una tarea casi imposible, cual es revisar mensualmente el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cruzar dicha información con las licencias vigentes y notificar cancelaciones caso a caso. Eso no es eficacia, sino burocracia, y, cuando llenamos de burocracia a los funcionarios, sin sistemas tecnológicos ni personal suficiente, la norma termina siendo letra muerta.

Por eso, presentamos indicaciones para establecer revisiones semestrales, aleatorias y acotadas, focalizando el control. También buscamos armonizar mejor las excepciones que reconoce la propia ley del registro, a fin de no castigar a quienes necesitan la licencia para trabajar y poder pagar así la pensión adeudada.

Todas esas indicaciones fueron rechazadas en la comisión, y el proyecto quedó con un diseño ineficiente, poco aplicable, y que no asegura un mejor cumplimiento del pago de pensiones, pero que sí recarga el trabajo de los municipios.

Nuestro compromiso es con los niños y con el cumplimiento efectivo de las pensiones de alimentos, no con titulares fáciles.

Lo que falta no es seguir dictando leyes simbólicas, sino que el Ejecutivo implemente sistemas automatizados, licencias digitales interconectadas con el registro de deudores, fiscalización real y sanciones claras para los municipios que no cumplan con el ordenamiento vigente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, la verdad es que uno puede aprobar este tipo de iniciativas con entusiasmo, y, de hecho, lo hicimos en su momento, pero me hace ruido que se aboque exclusivamente a las licencias de conducir, que para algunas personas son una herramienta de trabajo.

¿Por qué no considerar también las patentes comerciales, por ejemplo? Así, a una persona que se dedica al comercio o a la gasfitería, a un abogado, a un médico, ¿por qué no se les limita su patente para el ejercicio legítimo de su profesión?

Hoy en día las licencias de conducir son de carácter profesional; por lo tanto, es una profesión, y se está limitando, claramente, el ejercicio libre de una profesión.

Nos manifestamos entusiastas con este tema, porque queremos que los niños y niñas puedan tener una pensión garantizada, para efectos de que un padre irresponsable -o una madre, en algunos casos, porque también se puede dar esa situación pague la pensión de alimentos que corresponda, a fin de que los hijos tengan educación y bienestar.

Pero, ojo con ese tipo de cosas, porque estaríamos incurriendo en una situación compleja. Reitero: si se limita el ejercicio libre de una profesión, como es la de conducir, ¿por qué no se limita también alguna otra actividad comercial, profesional o técnica que pudiese ejercer cualquier persona?

Entonces, me queda la duda frente a este tema. No fui parte de las comisiones técnicas que tramitaron este proyecto, pero me queda la duda respecto de su pertinencia.

Creo que las pensiones de alimentos se deben pagar y se debe exigir el pago con las medidas que correspondan, sobre todo a aquellos que tienen los recursos y que no las quieren pagar sencillamente por mala voluntad, por mala intención, o por problemas que tengan con la otra progenitora o con el otro progenitor, de modo que no sean los niños quienes deban pagar las consecuencias.

Me queda la duda respecto de esta situación, que afecta puntualmente a las licencias de conducir que pueden ser de carácter profesional, pero que no se extiende a otras situaciones que puedan ser privativas de una actividad legítima para generar ingresos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

No hay más diputados inscritos para hacer uso de la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor CASTRO (Presidente).-

El diputado Cristián Araya ha renovado una indicación que tiene por objeto agregar en el inciso primero del artículo 20 bis propuesto, la siguiente oración final, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

Tiene la palabra, señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorables diputados, la enmienda propuesta dice lo siguiente:

“No se procederá a esta cancelación cuando el deudor se encuentre dentro de algunas de las excepciones contempladas en el artículo 34 de la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia.”.

Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que deroga el artículo 114 de la Ley de Tránsito, que regula el sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes en los caminos públicos, correspondiente al boletín N° 16346-15.

Cada parlamentario tendrá cinco minutos para hacer uso de la palabra. El informe de este proyecto se encuentra rendido.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 66ª de la presente legislatura, en miércoles 3 de septiembre de 2025, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. La discusión del proyecto de ley continuó en las sesiones 74ª y 82ª de la misma legislatura, en martes 30 de septiembre de 2025 y lunes 27 de octubre de 2025, respectivamente.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, ya había intervenido sobre este punto en alguna de las sesiones en que se trató este proyecto de ley, que tiene que ver con eliminar la multa que se les cobra a los vehículos por no transitar con el dispositivo electrónico que todos conocemos como TAG.

Este dispositivo es para uso en vías concesionadas, donde se cobra un peaje por transitar, principalmente en las áreas urbanas, si bien este cobro también se ha extendido a carreteras interurbanas, como, por ejemplo, la ruta 68 y la Autopista del Sol.

Quienes hayan estudiado economía, y específicamente lo que se conoce en economía industrial como monopolios naturales, sabrán que este es un ejemplo claro de un monopolio natural, en que el Estado concede la administración -primero, la construcción; luego, la operación, y después, el mantenimiento de una carretera, de una infraestructura física a una empresa que se gana la licitación, en la cual participan muchas empresas con propuestas, y en que gana la mejor oferta. Luego viene lo que se refiere a este proyecto.

¿Por qué es un monopolio natural? Porque no existe una carretera paralela, sino solo una, por razones obvias, y la administra una empresa. Lo mismo sucede con las empresas de gas. Metrogas , por ejemplo, tiene un monopolio natural, porque no puede haber una línea paralela ofreciendo el mismo servicio para que los consumidores opten por una empresa u otra. Lo mismo sucede con la luz, que es otro monopolio natural. No existen dos líneas entre las cuales la gente pueda decidir a qué empresa adscribirse. En economía eso existe, y se conoce como monopolio natural.

Pues bien, en esta Cámara de Diputados ya se había eliminado una parte del problema cuando existían distintas multas. Si yo entraba en una autopista concesionada, por ejemplo, en Lo Espejo, y no tenía el TAG, me multaban Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda , La Cisterna, San Ramón, La Florida , y podía dar vuelta por la autopista Américo Vespucio , pero me multaban en todas las comunas por las cuales yo pasaba. Eso se eliminó y se corrigió a través de un proyecto de ley. Ahora se multa solo por transitar sin TAG por la comuna por la que se pasa por primera vez; es decir, se recibe una sola multa. Antes uno recibía las multas de todas las comunas; ahora solo una.

Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué el Estado tiene que ayudar a la empresa concesionaria que ganó una licitación a construir, mantener y operar la vía, cobrando una multa adicional al infractor, en circunstancias de que la empresa tiene todas las posibilidades, con su infraestructura financiera, física y económica, para perseguir al deudor a través de los cauces naturales como cualquiera empresa comercial? Por ejemplo, si me atraso en pagar la cuenta de la energía eléctrica, me cortan el suministro y no tengo el servicio, pero el Estado no me impone una multa adicional. Si no pago la cuenta del gas, me cortan el servicio, pero el Estado no me carga una multa adicional. ¿Por qué el Estado lo hace respecto de las autopistas? Si la vía está concesionada, el Estado se hace parte y cobra una multa adicional a la deuda que uno tiene con la empresa concesionaria.

Por eso apoyo este proyecto, lo que no significa que estoy en contra del sistema de concesiones; muy por el contrario, ha sido un factor decisivo para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Celebro que exista el sistema de concesiones, esta asociación público-privada entre el Estado y las empresas particulares, para que se promueva el desarrollo y haya más obras de infraestructura en el país. En lo que no estoy de acuerdo es en que el Estado se haga parte cobrando una multa adicional al infractor por el hecho de no pagar su cuenta con la empresa concesionaria.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, iorana.

Este proyecto busca eliminar la sanción por circular sin TAG. En la práctica, significa dejar sin efecto la multa de una unidad tributaria mensual y la calificación de infracción grave para quienes no utilizan el sistema electrónico de cobro. En ese sentido, si bien se comprende el malestar de la ciudadanía frente al alza de las tarifas, esta iniciativa no es la solución correcta.

Eliminar esta obligatoriedad traería graves consecuencias. En primer lugar, se generaría una clara inequidad entre los usuarios, ya que actualmente cerca del 97 por ciento de los conductores cumple con la ley y paga el uso de las autopistas, mientras que la derogación terminaría beneficiando a un pequeño grupo de infractores que corresponden, a lo menos, al 3 por ciento, en desmedro de la gran mayoría que sí aporta y que en este caso dirá “¡qué injusto, si cumplo!”.

En segundo lugar, esta medida impactaría negativamente en el financiamiento y la mantención de las vías porque el menor ingreso por peaje significaría menor capacidad para mantener los estándares de seguridad, señalización y conservación de infraestructuras, lo que afectaría a millones de personas que dependen diariamente de todas estas rutas.

Finalmente, existe un serio riesgo jurídico y contractual, puesto que, al modificar unilateralmente las reglas de las concesiones, el Estado se expone a litigios, renegociaciones y eventuales compensaciones millonarias a las concesionarias, lo que tensionaría aún más las arcas fiscales y generaría una inseguridad jurídica. Es más, existen diversos análisis que señalan que esta iniciativa no aborda de manera solvente problemas como las tarifas elevadas o la mala calidad del servicio, y advierten que despojar al Estado de su facultad sancionatoria deteriora el marco de concesión público-privada, que ha permitido desarrollar infraestructura vial en nuestro país.

Es cierto que hay un malestar legítimo de la ciudadanía porque muchas personas han recibido multas acumuladas por cientos de miles de pesos o cobros tardíos que se sienten bastante abusivos. Esa frustración es real y debemos hacernos cargo de ella; pero la salida no es eliminar la norma y fomentar la evasión, sino mejorar el sistema y hacerlo más justo, transparente y con canales de reclamo claros para los usuarios.

En mi Región de Valparaíso, las comunidades sienten con fuerza el costo de los peajes en la Ruta 68 y en la ruta Las Palmas, porque muchas familias deben desplazarse diariamente desde sectores periféricos hacia sus lugares de trabajo o de estudio con buena iluminación y señalización. No es justo que quienes cumplen vean cómo algunos se aprovechan del sistema, sin aportar ni un solo peso.

Por eso, anuncio mi voto en contra de esta iniciativa, porque lo responsable no es eliminar la norma, sino mejorar los mecanismos, como, por ejemplo, fortalecer la fiscalización y revisar fórmulas de reajuste que sean sostenibles. Nuestra responsabilidad no es premiar al infractor, sino corregir abusos sin debilitar la ley.

Por eso –reitero anuncio mi voto en contra de este proyecto.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, ¿por qué surgen estas iniciativas? ¿Por qué surgen estas normas? Por el abuso que existe en muchas rutas de nuestro país.

Yo represento a una zona donde no existe el sistema de TAG. Ocurre que los habitantes de esa zona, cuando se desplazan a la Región Metropolitana o a otros lugares donde está implementado ese sistema, se encuentran con que este no está bien señalizado en la autopista.

¿Por qué no está bien señalizado? Por lo siguiente: la persona que pasa sin TAG por esas vías se da cuenta tarde de que en ellas opera ese sistema, esto es, una semana u once días después, cuando le llega la notificación de cobro. En consecuencia, debe pagar ese peaje dentro de los treinta días siguientes a través de la página web de la concesionaria, que en muchos casos no es tan amigable. ¿Y saben qué pasa? La persona debe pagar ese peaje con un recargo de 25 por ciento. Muchas concesionarias no tienen bien señalizado que en la ruta opera el sistema TAG; por tanto, el conductor se distrae y pasa por ella sin TAG, lo que permite a la concesionaria ganar un 25 por ciento más cuando le cobre el peaje.

Además, existe el consiguiente riesgo para el conductor de ser multado, porque cuando ingresa a la página web de la concesionaria para pagar se encuentra con que esta no es amigable o muchas veces ni siquiera le permite hacer el pago. En consecuencia, la persona se da cuenta de que debe pagar una multa recién cuando debe renovar su permiso de circulación, ya que para ello primero debe pagar esa multa y más encima los peajes por TAG pendientes, que nunca pudo pagar.

Por eso surge este tipo de iniciativas, que van en beneficio de aquellas personas que vivimos en zonas donde efectivamente no existe el TAG o Televía, sistema que provoca que muchas personas sencillamente se sientan perjudicadas cada vez que transitan por rutas concesionadas.

Esta situación sucede una y otra vez. ¿Por qué? Porque hay un abuso. Ello -reitero genera que surja este tipo de normas.

Por lo tanto, apoyo con entusiasmo esta iniciativa, porque son cientos los casos que he conocido de personas que pasan sin el TAG, que luego tratan de pagar el peaje, pero no lo pueden hacer, o que lo pagan con un 25 por ciento de recargo. Las empresas concesionarias claramente ganan plata porque al tener mal señalizado que en la autopista opera el TAG, los conductores sin este dispositivo se equivocan y pasan por ellas, y posteriormente tienen que pagar un cobro excesivo por el peaje, además de una multa.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, ¿por qué no disminuyen los precios de las concesiones? ¿Por qué no bajan los valores de los peajes? Propusimos la creación de una comisión especial investigadora en diciembre del año pasado para revisar lo relativo a la renovación de los contratos del TAG. Muchos colegas concurrieron con su firma, pero muchos otros no lo han hecho.

¿Por qué sucede aquello? Porque con la renovación de contratos, lo que ha hecho el fisco ha sido comenzar a cobrar de nuevo toda la infraestructura ya construida. Un ejemplo de donde podemos ver esta práctica es la ruta 5: en el tramo entre Santiago y Los Vilos , el fisco cobra a las concesionarias 6.546.000 UF, que se deben pagar durante el período de renovación; en el tramo entre Talca y Chillán, cobra 7.740.000 UF; en el tramo entre Temuco y Río Bueno, cobra tres millones de UF; en la ruta 78, cobra 8.512.956 UF, y en la ruta 68, que usamos nosotros todos los días, cobra 12 millones de UF, que tiene que pagar la gente, después de la renovación de la concesión, a través de los pórticos de TAG.

¿Por qué ocurre lo anterior? Porque el Ministerio de Obras Públicas, porque el Estado, en distintas administraciones, ha decidido transformar a las concesiones en un sistema de recaudación de impuestos sin pasar por este Congreso; porque a través de la renovación del contrato está obligando a las concesionarias a pagar de nuevo por infraestructura que ya se había pagado. ¿Y a quién le cobran las concesionarias? Al ciudadano, a ese ciudadano que no llega a fin de mes. Sin embargo, aquí, en el Congreso, no hay suficientes firmas para crear una comisión investigadora sobre ese punto específico. Son millones y millones de unidades de fomento las que se están cobrando por rutas que ya fueron construidas. Esa es la situación.

En este caso, el problema no es que se cobren multas por el no pago del TAG; el problema es que el fisco, el Estado de Chile, ha decidido mentirle a la ciudadanía, ha decidido violentar la confianza que había puesto la ciudadanía en el sistema de concesiones, y ha transformado a las autopistas en un sistema de cobro automático para él mismo. Y para hacer eso no le preguntaron a nadie, porque esa decisión no pasó por este Congreso, lo que, sin duda, violenta el espíritu de la ley que se dictó en su momento.

Les pido a quienes todavía no han puesto su firma para crear una comisión investigadora, que ahora, que pasó el período electoral, pongan su firma y voten a favor de la creación de una comisión investigadora que transparente lo que ha ocurrido con la renovación de los contratos y que le explique a la gente dónde está yendo su plata, la plata que está pagando a través del TAG por usar las rutas concesionadas en las que se renovaron las concesiones. La gente tiene derecho a saber quién se está enriqueciendo o en qué se están gastando esos recursos.

Si es el fisco el principal recaudador de esos recursos, los ciudadanos deben saberlo, porque ellos son nuestros votantes, porque son el señor en nuestro país y tienen que saber quién les está metiendo la mano en el bolsillo y por qué. Renovaron los contratos e hicieron pagar o están haciendo pagar de nuevo a la ciudadanía por las rutas que ya habían pagado. Eso en mi mundo se llama “haber mentido y haber estafado a la ciudadanía”, y queremos saber quién lo hizo.

Votaré en contra este proyecto, porque el fisco debe dar explicaciones en esta materia. Tenemos que revisar los contratos y qué se ha hecho. Ustedes no pueden simplemente por secretaría sacar las manos del plato en el cual se han embadurnado los dedos.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: