Labor Parlamentaria

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, otorga otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales, iniciativa correspondiente al boletín N° 18.036-05.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 18.036-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Esta iniciativa tiene como principales objetivos reajustar las remuneraciones del sector público, los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias dispuestos en la ley N° 21.724; otorgar otros beneficios que indica, y modernizar la gestión del Estado en diversas materias.

La Comisión de Hacienda hace presente que discutió la iniciativa en general y en particular a la vez, y propone que en la sala sea considerada del mismo modo.

La referida comisión deja constancia de que aprobó en general el proyecto de ley por 3 votos a favor, de los honorables senadores señora Rincón y señores Insulza y Lagos, y 2 votos en contra, de los honorables senadores señores Galilea y Macaya. En particular sancionó la iniciativa con las modificaciones y las votaciones que registra en su informe.

Asimismo, se hace presente que los artículos 95, 103, 110, 111 y 113 del proyecto de ley tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren 26 votos favorables para su aprobación.

Por su parte, los artículos 100, 101 y 102 tienen el carácter de quorum calificado, por lo que precisan 26 votos favorables para su aprobación.

Finalmente, se consignan los informes financieros correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 228 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Cabe hacer presente que se ha presentado una serie de indicaciones y de solicitudes de votación separada, las que serán sometidas a la consideración de sus señorías en la medida que se avance en el orden del proyecto luego de que este haya sido aprobado en general.

Del mismo modo, recuerdo a sus señorías que, conforme a los acuerdos de comités, se resolvió que esta iniciativa de ley sea puesta en tabla y discutida hasta su total despacho.

Es todo, señor Presidente.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Voy a hacer un informe económico, en consideración a que debiéramos tratar de despachar este proyecto el día de hoy, para que la Cámara de Diputados lo vea pronto y, ante la eventualidad de una comisión mixta, esta pueda evacuar su informe y ambas cámaras votarlo lo antes posible. Ello, porque el Tribunal Constitucional sesiona hasta el 29 de enero, Presidente . Esto obliga a ambas cámaras a despachar la iniciativa en esta semana.

Como presidenta de la Comisión de Hacienda, me corresponde dar informe sobre el proyecto de ley que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público para el año 2026.

La Comisión estudió esta iniciativa en general y en particular en sesiones celebradas los días 15 y 19 de enero, en las cuales se contó con la participación de distintas organizaciones del sector público, del ministro de Hacienda, de la subsecretaria de Hacienda , de la ministra secretaria general de la Presidencia , de la contralora general de la República y de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo.

Tuvimos más de quince invitados en la Comisión, más las reuniones que cada uno sostuvo con distintos sectores; entre ellos, por cierto, organizaciones de funcionarios, alcaldes, representantes de gobiernos regionales y una larga lista de participantes.

Presidente , el proyecto fue aprobado en general por mayoría y, posteriormente, aprobado en particular, despachándose un texto que consta de 115 artículos, conforme a las votaciones que se consignan en el informe de la Comisión.

Principales ejes del debate

Los principales ejes de la discusión guardan relación con cinco aspectos.

Durante el estudio del proyecto, la Comisión centró su análisis no solo en lo relativo al reajuste, sino también en las implicancias para la Hacienda Pública, considerando el contexto fiscal en que se enmarca la iniciativa y la amplitud de materias que ella contiene.

1) Financiamiento del reajuste y sostenibilidad fiscal

Uno de los aspectos centrales del debate fue el financiamiento del reajuste y su coherencia con el marco presupuestario vigente.

En este punto, el Consejo Fiscal Autónomo planteó la necesidad de evaluar cuidadosamente los efectos fiscales de la iniciativa, advirtiendo que el Presupuesto 2026 no contempla un reajuste por inflación en el subtítulo 21 y que cualquier presión adicional del gasto debería analizarse a la luz del cumplimiento de las metas fiscales y del balance estructural.

El Consejo, Presidente, subrayó la importancia de que el reajuste se financie dentro de los márgenes presupuestarios disponibles, evitando generar compromisos que pudieran tensionar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

Uno de los temas resaltados por el Consejo fue que frente a emergencias, como la que estamos viviendo en estos días, no iban a existir recursos para poder abordarlas.

2) Informe financiero y trazabilidad del gasto

Por su parte, la contralora general de la República puso énfasis en las dificultades para validar plenamente las proyecciones contenidas en el informe financiero, señalando la falta de información suficientemente desagregada respecto de ciertos componentes del gasto, como asignaciones específicas, bonos y universos de beneficiarios.

Asimismo, advirtió que las provisiones del Tesoro Público, consideradas como fuente de financiamiento, no son exclusivas de este proyecto, lo que obliga a extremar el cuidado en su utilización, dado que compiten con otras necesidades y contingencias del Estado.

Además, hizo un largo análisis sobre las normas que contiene la iniciativa; en especial, lo relativo a la carrera funcionaria y a cómo esta se podría ver afectada.

Estas observaciones fueron recogidas por la Comisión como un llamado a reforzar los estándares de información, control de gasto y respeto a las normas que nos rigen.

3) Uso de holguras presupuestarias

El Ejecutivo explicó que el financiamiento del reajuste para el año 2026 se sustenta principalmente en el subtítulo 21, a través de holguras generadas por la regla de reposición parcial de vacantes, cambio de autoridades y reasignaciones internas, complementadas, de ser necesario, con recursos del Tesoro Público.

Varios senadores manifestaron preocupación por la disponibilidad efectiva y permanencia de dichas holguras, y plantearon la necesidad de cautelar que este mecanismo no termine afectando la ejecución regular de políticas públicas ni trasladando presiones a otros programas.

4) Contenido misceláneo del proyecto

La Comisión también analizó críticamente el hecho de que esta iniciativa de ley de reajuste incorpora un conjunto amplio de normas adicionales relativas a materias de gestión del Estado: teletrabajo, incentivo al retiro, capitalización de empresas públicas, exenciones tributarias específicas y ajustes procedimentales en distintos servicios.

Se hizo presente que, si bien muchas de estas disposiciones responden a compromisos o necesidades sectoriales, su incorporación en una ley de reajuste exige especial prudencia por los efectos fiscales directos e indirectos que puede generar.

En este contexto, se discutió, entre otras materias, la extensión de la facultad de capitalización del Banco del Estado, ciertas exenciones tributarias y ajustes a procedimientos administrativos con impacto en la ejecución del gasto.

5) Reposición de normas rechazadas en el primer trámite

Finalmente, el ministro de Hacienda informó que algunas disposiciones rechazadas en la Cámara de Diputadas y Diputados serían repuestas durante el segundo trámite.

En particular, se solicitó cautela respecto a la reposición de normas de carácter estatutario o institucional, considerando las observaciones formuladas por la contralora, con el objeto de evitar eventuales problemas de legalidad o de implementación futura.

Artículos y discusiones relevantes durante el trabajo de la Comisión

Durante el estudio del proyecto, la Comisión tuvo especialmente a la vista los artículos relativos a reajuste general de remuneraciones, aguinaldos y bonos, dejándose constancia de que su financiamiento se sustenta principalmente en las holguras del subtítulo 21, complementado con recursos del Tesoro Público, materias respecto de las cuales formularon observaciones el Consejo Fiscal Autónomo y senadores integrantes de la Comisión.

En este marco, la Comisión expresó reparos frente a disposiciones que refuerzan la continuidad de las contrataciones en el ámbito público, advirtiendo que ello puede afectar el adecuado desarrollo de la carrera funcionaria, lo que debe evaluarse con especial cautela desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal y de la correcta gestión administrativa.

Asimismo, se revisaron normas que buscaban modificar o extender autorizaciones de la Ley de Presupuestos, en particular aquellas vinculadas a la suspensión de reavalúos y a la ejecución de recursos de los gobiernos regionales, por su impacto en la programación del gasto público.

También se analizaron disposiciones referidas a salud, especialmente las relativas a la participación de mutualidades de empleadores en la resolución de listas de espera; así como normas sobre empresas públicas, entre ellas la extensión de la facultad de capitalización del Banco del Estado, atendiendo a criterios de responsabilidad fiscal y gestión de riesgos.

Se construyó un acuerdo para que, en caso de que eso fuera necesario, lo hiciera la próxima Administración.

Finalmente, se dejó constancia de la discusión sobre la reposición de normas rechazadas en el primer trámite y se planteó la conveniencia de actuar con prudencia a la luz de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República y el Consejo Fiscal Autónomo.

Conclusión

La Comisión de Hacienda realizó un examen detallado de esta iniciativa, reconociendo la importancia del reajuste para las y los trabajadores del sector público, pero poniendo especial énfasis en la responsabilidad fiscal, la calidad del gasto y la necesidad de contar con información suficiente y trazable para el adecuado control de los recursos públicos.

Con estas consideraciones, la Comisión aprobó el proyecto en general y en particular y lo despachó a la Sala para su conocimiento y resolución.

Es todo cuanto puedo informar, Presidente .

El señor NÚÑEZ .-

Presidente , es un punto de reglamento relativo a lo que acaba de señalar el Secretario del Senado respecto de los artículos que requieren quorum especial.

Yo quiero solicitar también que se evalúe si el artículo 97 del proyecto ley, que es una norma que habla sobre el uso de las veredas y las ferias libres, debe ser aprobado con un quorum mayor, porque la administración de los bienes públicos se rige por una ley orgánica constitucional. Y usted comprenderá, Presidente , que las veredas son un bien nacional de uso público y su ordenamiento le corresponde al municipio.

Entonces, en ese caso, pido que se haga la calificación del respectivo quorum cuando debamos pronunciarnos sobre el artículo 97, norma para la que solicité votación separada.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Sí, eso se va a ver en su minuto.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, exceptuadas las normas para las cuales se solicitó votación separada o han sido objeto de indicaciones renovadas (28 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Chahuán, Espinoza, Flores, Gahona, García, Insulza, Kast, Keitel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Edwards, Galilea, Kuschel, Macaya y Sanhueza.

Se abstuvo el señor Van Rysselberghe.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Además, se registra la intención de voto favorable del senador señor Bianchi.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Quedaron aprobadas todas esas normas, con el quorum requerido.

La señora SEPÚLVEDA .-

Presidente , también habría que considerar las indicaciones que hemos presentado algunos parlamentarios para poder argumentar la importancia de ciertos temas al ministro de Hacienda . Queremos ver la posibilidad de que las revise, sobre todo por las urgencias que se están viviendo hoy día en los sistemas de agua potable rural.

Entendemos que esto no es parte de lo establecido, pero es necesario aprobar normas para que las cosas funcionen cuando tengamos emergencias. El ejemplo más rápido de entender es lo que están viviendo ahora Biobío y Ñuble, donde se necesita tener herramientas para que por lo menos pueda llegar el Ministerio de Obras Públicas, como corresponde.

En definitiva, lo que quiero hacer presente es que hay indicaciones que espero poder argumentar. Las hemos conversado con el Ministerio de Obras Públicas -las estamos conversando también con los servicios sanitarios rurales- a fin de poder contar con herramientas para poder llegar a las emergencias.

Hoy día necesitamos habilitar de agua a muchos sectores que han sufrido incendios, así como por las catástrofes que pudieran ocurrir.

Por lo tanto, le quiero pedir al Ejecutivo que por favor revise esas indicaciones, para que se puedan incorporar, porque al parecer vamos a ir a comisión mixta de todas maneras.

Eso, Presidente .

Gracias.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

La idea es que vayamos tratando de hacer votaciones agrupadas, obviamente sin saltarnos las solicitudes de votación separada de los colegas ni tampoco las indicaciones específicas sobre determinadas normas.

Hay un primer grupo de disposiciones con votación dividida en la Comisión que hemos concordado con el Ejecutivo para votar en conjunto explicando cuáles son.

Voy a dar los números de los artículos y los numerales que comprenden.

La primera votación debiera incluir los numerales 1 al 11 del artículo 2; los artículos 114 y 115, y el numeral 15, también del artículo 2.

Repito: artículo 2, numerales 1 al 11 y numeral 15, y artículos 114 y 115.

El Ejecutivo puede dar cuenta de las materias que abarcan tales normas para luego someterlas a votación.

Tuvieron votación dividida en la Comisión, Presidente .

--Se aprueban los numerales 1 al 11 y 15 del artículo 2 y los artículos 114 y 115 (34 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Núñez, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, De Rementería, De Urresti, Durana, Espinoza, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

La señora RINCÓN.-

Como hubo unanimidad y se alcanzó el quorum requerido, esos tres artículos estarían aprobados en la primera votación, tal como lo señaló el señor Secretario .

Por consiguiente, pasaríamos ahora al tercer grupo, que serían las normas con indicaciones, donde tenemos las que presentó el Ejecutivo.

Debiéramos partir con las relativas a teletrabajo.

Ayer debatimos el punto largamente con el Ejecutivo . La Comisión le planteó al Gobierno que se reformulara el plazo y se cambiara de tres años a uno. No hubo espacio ni acuerdo para aquello, por lo que se rechazó. Durante el día de hoy construimos el acuerdo con el Gobierno, y el teletrabajo se prorrogaría hasta marzo del 2027.

Esa es la indicación que plantea el Ejecutivo.

Esto comprendería -y me corregirá el Ejecutivo , que está con el listado de artículos relativos a este asunto- los artículos 2, numeral 12; 18, 19, 20, 21 y 22.

Eso significa que tiene que haber ingresado la indicación respectiva del Ejecutivo. Y la debería tener la Secretaría.

El señor MACAYA.-

Es solo para entender.

Si acá se agrupa lo relativo al teletrabajo con los otros temas, contemplados en los artículos 20, 21 y 22, yo pediría que se votaran por separado, porque hay cuestiones respecto de las cuales tenemos disposición de votar diferente a lo del teletrabajo.

La señora RINCÓN .-

Son normas referidas al teletrabajo.

El señor MACAYA.-

Solo lo tocante al teletrabajo aparte.

Perfecto.

La señora NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Recordemos que había dos iniciativas, una que proponía un año; otra, tres años, y aquí estamos adecuándonos a lo mismo que se discutió el año pasado. Y si bien esto no les da certeza -es una opinión muy personal- sobre todo a las madres trabajadoras, obviamente es preferible que avancemos.

Por lo tanto, agradezco la propuesta, que, según entiendo, ingresó como indicación para que se pueda prorrogar por un año.

Ojalá sea aprobada por el resto de las senadoras y los senadores.

--Se aprueban las indicaciones del Ejecutivo recaídas en el artículo 2, número 12, y los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 (43 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Chahuán, Coloma, De Rementería, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentran inscritos dos pareos: del senador Juan Castro Prieto con el senador Soria, y del senador Cruz-Coke con la senadora Vodanovic.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Quedan aprobados.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Ahora debiéramos votar una serie de normas.

Vamos a ir una a una.

Propongo señalar el artículo, que el Ejecutivo lo explique, y luego, que lo sometamos a votación.

Respecto de estas normas hubo votación dividida en la Comisión, y fueron rechazadas.

Entonces, si le parece, Presidente , la norma que debiéramos votar ahora es el artículo 8, que dice relación con imputación al gasto.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

Considero de la mayor importancia, aprovechando la discusión del artículo 8, en que se habla de imputaciones al subtítulo 21, de reasignaciones presupuestarias y del Tesoro Público, que el ministro de Hacienda se haga cargo y le explique al Senado la situación en que nos encontramos desde el punto de vista de la partida fiscal para el año 2026, en la cual la ley de reajuste va a influir muchísimo.

Cuando se discutió y se aprobó en este Congreso la Ley de Presupuestos, se estimaba -fueron los datos que tuvimos al tercer trimestre del año 2025- que el déficit de nuestro país iba a rondar más o menos en 2,2 puntos del PIB.

Eso era lo que este Congreso tuvo a la vista.

Y cuando se construye, además, el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2026, lo que se trabajó y proyectó decía relación con tener -y seguir haciendo un esfuerzo para confluir en el gasto- un déficit de 1,1 por ciento.

Pues bien, en los últimos días diversos analistas han señalado que la meta para el 2025 se habría incumplido de una manera más o menos severa; esto es, en vez de estar con un déficit de 2,2, nos hallaríamos con uno de 3 por ciento o incluso algo superior. Ello significa un diferencial de déficit de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares.

A eso debemos sumar, además, que es bien probable que este problema se haya generado por los mucho menores ingresos que los previstos.

Contamos con los datos de octubre y de noviembre, en que efectivamente los ingresos estuvieron severamente caídos. Básicamente por la ley sobre cumplimiento tributario, tenemos que desde el inicio del ejercicio del año 2026 nos estamos enfrentando a condiciones macro, a condiciones de desequilibrios en los presupuestos del país muchísimo más relevantes que las que consideramos desde el primer momento.

Por tanto, Presidente , por una cuestión de responsabilidad, el ministro de Hacienda debiera explicarle a este Senado, con la información que tiene (debe presentar el 30 de enero los datos finales del ejercicio presupuestario 2025), dónde estamos parados, porque es imposible discutir el proyecto de ley de reajuste del sector público sin tener una mediana aproximación con respecto a lo que efectivamente ocurrió.

Así que, por la seriedad de esta discusión, más allá de la posibilidad de reasignar, de recurrir al Tesoro Público, creo que no sacamos nada si el desequilibrio es de las magnitudes que estamos hablando. Ya el 2023, el 2024 y el 2025, si hacemos un promedio, probablemente tuvimos un déficit del orden de tres puntos del PIB. Esto significa que todos los años estamos gastando cerca de 10 mil millones de dólares más de lo presupuestado.

Ese camino, inexorablemente, lleva a un problema fiscal severo.

Por ello, Presidente , tomé la posibilidad de hablar, a propósito de la votación del artículo 8, para pedirle al ministro de Hacienda una explicación razonada y fundada sobre dónde estamos parados.

Espero que la dé.

Ayer voté en contra de este artículo porque justamente tengo estas dudas, estas discrepancias y estos temores severos acerca de la marcha de nuestras finanzas públicas.

Muchas gracias, Presidente .

El señor MACAYA.-

Gracias, Presidente.

Así como valoro que se haya logrado conversar sobre un tema que sé que era de mucha preocupación por parte de los gremios, de muchos parlamentarios, como lo es el teletrabajo, probablemente en materia de estabilidad fiscal subyace toda la duda, la discusión que se ha dado, no solamente por la ley de reajuste del sector público, sino también a partir de la Ley de Presupuestos.

Cuando un país gasta más plata que la que ingresa, se genera un déficit fiscal. Y cuando hay más gasto que ingreso lo que se debe hacer es priorizar.

Cuando se presentan situaciones de emergencia, como la que está viviendo hoy día Chile, evidentemente hay reflexiones que se deben realizar, como ver de dónde se harán las reasignaciones de fondos para ir en ayuda de las zonas afectadas. Y obviamente, en cuanto a algo que es legítimo, como el reajuste del sector público, discusión que se da todos los años, debemos entender de dónde van a salir los recursos.

Por eso, respecto de las dos grandes discusiones que se han dado en este reajuste del sector público, en materia de estabilidad financiera le recomiendo a cualquiera que quiera entender lo que ha ocurrido acá que le ponga "play" a la presentación que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Hay una preocupación legítima que va a trascender a este Gobierno, que va a heredar el que asuma el próximo 11 de marzo, y es la realidad fiscal con que le tocará vivir.

En los demás temas, sobre estabilidad funcionaria, amarres o como quiera denominarse, creo que hay un debate pendiente también en términos de la modernización del empleo público.

Entonces ahí, así como recomiendo en el tema de equilibrio y estabilidad fiscal ponerle "play" al discurso del Consejo Fiscal Autónomo para entender lo que está sucediendo, también sugiero ponerle "play" a la presentación que hizo la contralora general de la República , tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Es la razón por la que, haciendo míos también los argumentos del senador Galilea , votamos en contra en la Comisión, cuestión que vamos a repetir el día de hoy en la sala.

El señor EDWARDS.-

Presidente.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¿Va a hablar ahora en general, senador?

Okey.

Tres minutos.

La señora EBENSPERGER .-

Son cinco en general.

El señor EDWARDS.-

Cinco, Presidente .

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

¡Pero con tres tiene de sobra...!

(Risas).

¡Yo lo he escuchado mucho...!

El señor EDWARDS.-

¡Veamos qué pasa...!

Presidente , si podemos empezar de nuevo, por favor, ya que me pone tres minutos. Trataremos de hacerlo en tres; si no, me da los otros dos.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¡Vamos, senador Edwards!

El señor EDWARDS.-

Presidente, por su intermedio, quiero decirle con mucho respeto al ministro que la verdad es que nos están dejando un pequeño desastre fiscal en general.

Dejar un país con un 3 por ciento de déficit y ante eso la respuesta del ministro es que no cuenta con el último dato de diciembre, no me parece suficiente. Yo esperaba un poco más, porque diciembre es un solo mes y tenemos información respecto de dos tercios del año.

Además, se plantea, claro, que hay algunos ingresos que son coyunturales y que podrían haber sido menores. Bueno, ¡este era el minuto para que supiéramos cuántos de esos eran coyunturales y qué se podía esperar después para entender lo que está pasando!

Se dice que la deuda pública va a estar mejor de lo que se tenía planeado, pero la deuda pública ya es muy alta, y además la que se computa ni siquiera considera la deuda de las empresas públicas. La verdad es que las reservas internacionales del Fondo de Estabilización están completamente utilizadas.

¡Chile tenía reservas y hoy día ya no! Nos las comimos.

Entonces, a mí me deja con un gusto bastante a poco la respuesta que ha dado el ministro.

Más encima ahora tenemos un problema de reconstrucción, porque se va a tener que gastar una gran cantidad de plata en eso, buenamente. Entonces, la situación fiscal es muy difícil.

En este proyecto de reajuste se están pasando una serie de asuntos sin debatirlos en las comisiones respectivas (de Educación, de Trabajo, etcétera). Por ejemplo, normas sobre educación, Estatuto Docente, los SLEP; temas previsionales, sanitarios, atención primaria; modificaciones a las universidades estatales, al transporte público, a Ferrocarriles, a Indap, al SML; normas para médicos cirujanos -¡qué tiene que ver!-, seguridad privada, concesiones del MOP; las normas de amarre; el recálculo de factores de electricidad, descuentos; temas sobre la deuda previsional municipal, jornada de profesionales embarazadas, atención a electrodependientes, compras públicas, pago automatizado de facturas, sumarios COVID en su extinción de responsabilidad, Banco Estado, modificaciones tributarias, plazos para energía nuclear, uso de veredas -¡qué tiene que ver el uso de veredas con este proyecto!-, reelección de rectores, exámenes de droga.

Entonces, de verdad este proyecto en general es lo más cercano a un bolsillo de payaso que me ha tocado ver.

Esta es una iniciativa que se aprovecha de la potencia que tiene el reajuste de los empleados fiscales, por cierto, e incluye todas estas materias. Por eso estamos en esta discusión, que es tan difícil, minuto a minuto, y tema por tema. La Comisión de Hacienda del Senado hizo una excelente labor, pero la verdad es que legislar de esta forma es muy poco serio.

Y, desde el punto de vista fiscal, más allá de las opiniones que podamos tener los senadores -también los invito a ver la presentación del Consejo Fiscal Autónomo-, ¡Chile no está bien! Y con este proyecto de ley vamos a dejar un hoyo adicional de alrededor de 1.000 millones de dólares, además del déficit que ya tenemos.

Por eso, Presidente , voto en contra.

He dicho.

--Se rechaza la indicación del Ejecutivo que repone el artículo 8 (23 votos en contra y 19 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra y Velásquez.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentran registrados dos pareos.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Ahora deberíamos votar, siguiendo las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo , el artículo 10, numerales 1, 2 y 3, que extiende al 2026 el plazo de pago de asignación extraordinaria para los funcionarios de la región de Atacama que se indican.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Esta también es una indicación del Ejecutivo, y se encuentra en la página 55 del comparado.

La señora PROVOSTE.-

Presidente, intervengo para fundamentar mi respaldo al artículo que extiende y reajusta el bono Atacama.

Aprovecho de saludar a las y los dirigentes de nuestra región que se encuentran presentes: a Wilfredo Neira ; también a quien está siguiendo el debate a la distancia, a la presidenta provincial de la CUT, Julia Véliz , así como a Carolina Noemi , de la Fenpruss Atacama .

Esta es una iniciativa que lleva once años implementándose, y este Senado, independiente de los gobiernos, siempre la ha aprobado. Por eso valoro que el Ejecutivo haya repuesto esta indicación en la sala.

Este no es un capricho ni una iniciativa menor. No estamos hablando de un privilegio ni de un gasto del que podamos prescindir, es una medida de justicia territorial, de reconocimiento al esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público que sostienen al Estado en una de las regiones más exigidas del país, como es la de Atacama.

También saludo a nuestra dirigente a nivel nacional en la asociación de funcionarios municipales, Sandra Anacona, quien está presente, porque el bono Atacama llega a los municipios, a los consultorios, a los hospitales, al Poder Judicial.

El bono Atacama nace para enfrentar un hecho muy objetivo: el alto costo de la vida en nuestra región. La dispersión territorial, las dificultades de acceso a bienes de servicio constituyen la realidad de una región donde todo cuesta más, desde la alimentación hasta los arriendos, el transporte y la vida cotidiana.

Esta iniciativa -que, insisto, lleva once años financiándose de manera ininterrumpida- cumple además una segunda función: ayuda a retener personal. Evita que profesionales y técnicos abandonen la región por falta de incentivos y mantiene la continuidad de los servicios sociales.

Y por eso, Presidente , llamo a la Sala a extender este beneficio durante el año 2026, como lo hemos hecho de manera reiterada en los últimos once años, a fin de permitir que siga cumpliendo el propósito para el cual fue creado: compensar las condiciones territoriales, objetivamente más costosas; proteger el poder adquisitivo de las familias de trabajadores y trabajadoras del sector público, de personas que cumplen funciones esenciales en nuestra región.

Si realmente creemos en la descentralización, si creemos en equilibrar la cancha, entonces necesitamos darle continuidad al bono Atacama . No podemos seguir castigando más a los territorios que enfrentan mayores dificultades...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Senadora, tiene treinta segundos; ya le dimos un minuto más.

La señora PROVOSTE.-

Por eso invito a las y los senadores a apoyar el bono Atacama.

He dicho, Presidente .

El señor PROHENS.-

Saludo a nuestros dirigentes que están en el segundo piso.

Solamente quiero decir que si bien es cierto este bono lleva once años desde su inicio, son más de trece años de trabajo para lograrlo. Y la diferencia con el resto de los bonos es que se rebaja del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y se les entrega a los trabajadores. No es plata que salga del presupuesto fiscal propiamente tal, sino que son recursos que la región coloca a disposición de los funcionarios públicos.

Por eso, Presidente, voy a votar a favor de esta indicación.

--Se aprueba la indicación del Ejecutivo que repone el artículo 10 (38 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Chahuán, De Rementería, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, Insulza, Keitel, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

(Aplausos en la sala y en tribunas).

El señor MACAYA.-

Por la situación fiscal que se ha expuesto, creo que sería poco entendible para los chilenos hablar de un bono de "término de conflicto" cuando no ha habido un conflicto.

Desde la perspectiva del nacimiento de este bono está bien recordar que se originó en la Administración del Presidente Piñera -que parece que no era tan malo desde el punto de vista de los trabajadores del sector público-, pero las condiciones, y particularmente la situación fiscal, hoy día en Chile son otras.

Desde esa lógica, y es la razón por la cual votamos en contra la idea de legislar, repetimos los mismos argumentos para esta votación, Presidente.

--Se aprueba la indicación del Ejecutivo que repone el artículo 16 (20 votos a favor y 16 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Gatica y Rincón y los señores Durana, Edwards, Gahona, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

El señor NÚÑEZ .-

Sí.

Presidente , estas normas habitualmente se estipulan en leyes misceláneas, como la del reajuste del sector público. Y lo que hay que explicar, y lo decía muy bien el ministro , es que simplemente se está validando a las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras del sector público.

Entonces, no entiendo por qué hoy día se quiere ver como una amenaza que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener asociaciones. ¡Si es lo más natural de la democracia!

Y si hay organizaciones, obviamente los dirigentes deben contar con un respaldo para ejercer su cargo. Si no, es una forma de limitarlas y perseguirlas.

Lo que quiero señalar es que se puede sentar un precedente bien complejo. Si se rechaza, quiere decir que en la práctica se está limitando y buscando que no se creen y no se promuevan las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público. ¡Cómo puede haber democracia si ponemos normas que les impiden y dificultan organizarse! ¿Es eso coherente?

Esto es bien de principios, Presidente .

Por eso considero que las indicaciones que propone el Ejecutivo deben ser respaldadas unánimemente, Presidente.

--Se rechazan las indicaciones del Ejecutivo para reponer los artículos 27 y 28 (20 votos en contra y 19 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Núñez y los señores Chahuán, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Latorre, Núñez, Ossandón, Saavedra, Velásquez y Walker.

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

En cuanto a las reformas previsionales que hemos hecho, sobre todo la última, con un gran consenso de todos los sectores políticos, si hay algo que complica es precisamente esta carga adicional que hoy día tienen los funcionarios de un servicio que, además, entrega múltiples, ¡múltiples! prestaciones a las chilenas y los chilenos.

Por eso a mí estos artículos me parecen de toda lógica, sobre todo a partir de la modificación que nosotros hicimos a las pensiones, que además en este minuto está en régimen a través del Seguro Social y de otras prestaciones que se están realizando, como la pensión garantizada universal, etcétera.

Entonces, por coherencia nuestra, tras haber aprobado una reforma tan importante y a fin de incorporar los beneficios que corresponden para que se haga carne y tenga un buen funcionamiento, debemos considerar los funcionarios necesarios para este servicio, tan importante y vital para muchos pensionados de nuestro país.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

Yo comparto con la senadora Sepúlveda que la reforma previsional fue muy importante y me alegra mucho que se estén viendo los frutos por estos días.

Eso es algo muy relevante que quizás en su momento no se apreció con toda profundidad pero que hoy día se está notando para 1 millón 500 mil jubilados.

Así que no puedo estar más satisfecho con esa reforma.

Pero, al mismo tiempo, quiero recordarles que en esa discusión se hizo ver un problema bien importante relacionado con las funciones del IPS. Nuestra preocupación de esa época -y de ahora- era que, ya que se le entregaba una función que era optativa respecto de la reforma previsional y del manejo de determinadas cuentas, aquella se transformara en la práctica, por la vía de los hechos, en algo obligatorio, por una cuestión de costos; es decir, que no fuera el Estado el que compitiera en esa lógica.

Y fue una discusión que se tuvo; no es que aparezca ahora.

Entonces, a mí me sorprende un poco que a propósito del proyecto de reajuste se proponga algo distinto de lo que se señaló en la reforma previsional, donde por algo no se establecieron nuevas labores ni tampoco un aumento de personal. Porque, si hubiera sido así, probablemente se habría rechazado en ese momento, ya que fue parte de la discusión.

Creo que esto es legítimo discutirlo.

Por las mismas razones por las cuales la reforma previsional fue un gran avance para el país al establecer un sistema de capitalización muy relevante que avanzaba hacia un esquema donde se mejoraban las pensiones, para que haya una debida competencia y no una actuación que no parece justa en ciertos organismos del Estado -sí en la lógica facultativa y optativa que es propio-, considero que no debemos generar un incentivo que, al final, evite lo que el sistema busca, que es una mayor competencia.

En consecuencia, porque no estuvo incluida en la reforma previsional, porque nunca se dijo que eso iba a ser parte de una modificación posterior, y porque siempre se buscó generar legítima competencia, votamos en contra.

Gracias, Presidente .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Resultado de la votación: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 20.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Latorre, Núñez, Ossandón, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Rincón y los señores Chahuán, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se ha producido un empate.

Corresponde repetir la votación.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

En votación.

(Luego de unos instantes).

¿Han votado todas las señoras y los señores senadores?

Cerrada la votación.

--Se rechazan las indicaciones del Ejecutivo para reponer los artículos 44, 45, 60 y 61 (21 votos en contra y 19 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Rincón y los señores Chahuán, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Se rechazan los cuatro artículos.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Ahora corresponde ver los artículos 62 y 64, mediante los cuales se modifica el plazo para la primera designación del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales y se precisan sus funciones y período de instalación.

El señor INSULZA.-

Muy brevemente, Presidente.

Quiero recordar que el proyecto demoró siete años y que la ley respectiva todavía no se echa a andar, por lo que cualquier decisión de adelantarla me parece bien.

Realmente, la protección de datos personales es una deuda que tenemos como país, incluso así lo comprometimos.

Se trabajó arduamente en ese proyecto en este mismo Congreso, y la verdad es que todavía resulta difícil entender por qué no se ha echado a andar.

Así que yo voto a favor, desde luego.

El señor ARAYA.-

Presidente, yo no estoy de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, por varias razones.

La primera es porque este Congreso discutió latamente dentro del tema de la creación de la Agencia los tiempos de implementación, así como el momento para que asumieran los nuevos directores.

Entonces, pareciera ser que ciertos comisionados están bastante interesados en ser director y pidieron una serie de cambios, entre otros, modificar la entrada en vigencia de los directores, el aumento de remuneraciones, que el Ejecutivo no aceptó, y otras cosas más.

Sin querer contradecir a la ministra Lobos , no veo la razón de ser para que estos directores comiencen a funcionar cuando todavía tenemos un largo plazo para que empiece la puesta en operaciones que, entiendo, será en diciembre del presente año.

Es bueno que la ministra despeje que el nombramiento lo hará el próximo Gobierno, pero todavía no escucho una razón de peso para que estos funcionarios deban empezar a cumplir labores prácticamente seis o siete meses antes.

En este propio Congreso se discutió largamente respecto de cuándo ellos debían entrar en funciones. Y el consenso que se generó es que fuera sesenta días antes. No se veía la razón de ser para adelantarlo, como sucede ahora.

Y lo otro es que viene también una norma de silencio respecto de la resolución del Senado.

Hubo un acuerdo transversal en el sentido de que quienes iban a integrar esta agencia debían ser ratificados por el Senado. Y aquí se coloca una norma según la cual, si el Senado no se pronuncia en un plazo equis, automáticamente se entiende aprobada la propuesta del Presidente .

Entonces, en ese sentido, creo que lo mejor sería no innovar en lo que contempla la ley en su punto original y mantener como están las reglas de conformación para estos directores.

--Se aprueban las indicaciones referidas (25 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Órdenes y Rincón y los señores Araya, Chahuán, Durana, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Gatica, Núñez, Pascual y Sepúlveda y los señores Bianchi, De Rementería, Insulza, Latorre, Núñez y Velásquez.

Se abstuvieron los señores Espinoza, Kusanovic y Pugh.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentran inscritos tres pareos.

--Se aprueban las indicaciones del Ejecutivo para reemplazar el artículo 62 y reponer los artículos 63 y 64 (20 votos a favor y 19 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Bianchi, Chahuán, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Latorre, Núñez, Pugh, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Campillai, Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Araya, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Sandoval y Sanhueza.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentran inscritos tres pareos.

La señora RINCÓN.-

La siguiente, Presidente , es la indicación del Ejecutivo para reponer el artículo 89, que autoriza al Ministerio de Educación para que decretos y resoluciones dictados por dicha cartera o por sus subsecretarías se publiquen en extracto en el Diario Oficial.

Además, autoriza a dichas entidades y a servicios dependientes del Ministerio a notificar a personas naturales y jurídicas mediante sus sistemas informáticos.

Le pido al ministro que lo explique.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Ministro , apriete el botón si quiere explicar el punto.

El señor GRAU ( ministro de Hacienda ).-

Sí.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Tiene la palabra.

El señor GRAU (ministro de Hacienda).-

Gracias, Presidente.

Creo que esta norma se autoexplica, por lo que ya señaló la senadora.

La justificación es simplemente un tema de eficiencia: en el Diario Oficial a veces se imprimen grandes extensiones de texto, y eso a veces no se requiere, porque hay cambios más acotados.

Por razones de eficiencia del Estado, se hace esta propuesta, Presidente .

--Se rechaza la indicación del Ejecutivo para reponer el artículo 89 (22 votos en contra y 17 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Chahuán, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra y Velásquez.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentran inscritos tres pareos.

--Se aprueba la indicación del Ejecutivo para reponer el artículo 93 (22 votos a favor y 18 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Latorre, Núñez, Ossandón, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Prohens, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se han registrado tres pareos.

La señora PROVOSTE.-

Presidente , tal como lo ha señalado el ministro de Hacienda , en la Comisión de Minería y Energía presentamos en su momento, junto con el senador Juan Luis Castro , estas indicaciones, las que fueron apoyadas por los senadores señor Galilea , señora Ebensperger y señor Rafael Prohens , quien preside dicha instancia, porque la idea central de esa iniciativa es la protección de las personas electrodependientes.

El contar con un suministro de energía eléctrica para muchas personas puede ser motivo de incomodidad, pero para miles de personas en nuestro país es un factor de vida o muerte.

Por ello, las empresas deben entregar un equipo de respaldo a cada uno de los clientes que están registrados como electrodependientes; el registro tiene que ser actualizado por parte de las empresas distribuidoras; estas deben instalar un equipo de medición remota del suministro eléctrico en el empalme asociado donde habita el paciente electrodependiente.

Todas esas indicaciones presentadas al referido proyecto de ley, formuladas por nosotros y aprobadas unánime y transversalmente en la Comisión de Energía, contenían ideas instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a cada una de las empresas de distribución.

Sin embargo, cuando las empresas presentan reparos ante la propia Superintendencia, tenemos que iniciar un proceso y un camino muy largo, como es el de la Justicia, para hacer exigibles estas medidas de protección para los pacientes electrodependientes.

No tengo que decir el drama que significa para una familia electrodependiente enfrentar una situación de emergencia, como incendios o inundaciones, que generan además cortes de energía eléctrica.

Por eso llamo, con el mismo espíritu transversal que tuvo la Comisión, donde se contó con los votos favorables de los senadores de la oposición, a respaldar esta disposición.

Y valoro que el Gobierno haya presentado la indicación para reponerla.

El señor MACAYA.-

A ver, a riesgo de que se pueda malentender, argumentaré en contra.

Obviamente -lo conversaba recién con la senadora Ebensperger -, nosotros empatizamos con este tema. De hecho, fue parte de una discusión bien profunda que se dio en la Comisión, y entendemos que hay una obligación distinta respecto a los electrodependientes.

Primero, debo hacer presente que estas son las dificultades que se presentan cuando se legisla sobre materias sectoriales en la ley de reajuste del sector público sin escuchar a los actores involucrados y a las personas que tienen obligaciones.

La obligación de mantener el registro actualizado para las concesionarias es obviamente una responsabilidad fundamental que le corresponde al Estado de Chile; me refiero particularmente a los servicios de salud, a los consultorios.

Cuando cambia la condición de una persona y se la incorpora a este registro de electrodependientes, debe llevarse a cabo, para que la concesionaria asuma la responsabilidad, un proceso de notificación.

Hay una obligación del Estado de Chile en ese sentido que, por lo menos en esta indicación, no está cubierta. No se trata de imponer la obligación de disponer los equipos, porque en eso estamos de acuerdo. Otra cosa es verificar permanentemente en terreno si un beneficiario está correctamente en ese registro.

Con lo que se propone, como que se busca reforzar la idea de que la concesionaria eléctrica tiene un grado de responsabilidad especial en la mantención de vida de una persona que se encuentra en ese registro, cuando la empresa no ha sido correctamente notificada de tal circunstancia.

Hoy día la fiscalización de la normativa eléctrica, en la que se cuenta la relativa a electrodependientes, le corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Nosotros consideramos que a esa institución le corresponde lo relativo al registro, con la información que provean los servicios de salud.

La segunda modificación propuesta en el artículo 111 varía el régimen actual, que señala que las concesionarias tienen que implementar la entrega temporal o permanente, en comodato, del equipamiento que permita abastecer de energía al dispositivo de uso médico respectivo. Lo propuesto habla derechamente de dispositivos de "respaldo", con lo que se limitan las opciones técnicas disponibles, como podría ser la instalación de paneles solares en zonas aisladas o de sistemas de batería.

También se señala que los costos son asumidos íntegramente por la empresa distribuidora, etcétera, etcétera, etcétera.

Esto habla de materias de especificidad. Es la razón por la cual este tema se está discutiendo en la Comisión de Energía en lugar de tratarse en una iniciativa de ley miscelánea sobre reajuste del sector público.

Y reitero que empatizamos con el tema de los electrodependientes, que consideramos fundamental

--Se aprueba la indicación del Ejecutivo para reponer el artículo 111 (26 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Gahona, Insulza, Kast, Keitel, Latorre, Núñez, Ossandón, Quintana, Saavedra, Sandoval, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Durana, Edwards, Galilea, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvieron la señora Aravena y el señor Prohens.

La señora PASCUAL.-

Presidente, yo quiero defender la reposición que se hace de este artículo. Creo que distinguir absolutamente entre el personal, los funcionarios y las funcionarias que son contratadas como de exclusiva confianza, como parte de los equipos asesores directos de las autoridades del gobierno de turno, versus los trabajadores del Estado en distintas unidades y departamentos dentro de los servicios y ministerios es muy relevante.

En segundo lugar, este texto lo que hace es precisamente dar claridad y certeza en relación con algo que puede decirse que anteriormente se ha hecho de palabra, aunque no se ha cumplido -doy testimonio de ello- en todos los traspasos de gobierno. El año 2014 me tocó asumir el Sernam y a mí la ministra anterior me dejó todo su personal de confianza en vacaciones, no renunciado.

Por lo tanto, esto es superrelevante porque precisamente permite hacer efectivo que el 11 de marzo se produzcan las vacantes en los cargos o cupos de asesores importantes para las nuevas autoridades.

Esto le conviene al gobierno que entra, sea del color que sea.

Gracias, Presidente .

El señor MACAYA.-

Gracias, Presidente.

Yo quiero dar lectura a una parte de la norma, porque efectivamente, desde la perspectiva que plantea el Ejecutivo, parece tener una intención loable; pero en la práctica los funcionarios de confianza de los ministros, la presidencia, los delegados presidenciales, que son cargos de confianza, están bastante identificados.

Cuando a una autoridad saliente se le impone un plazo -en este caso, a más tardar el 27 de febrero del 2026-, señalándose que "las autoridades establecidas en el inciso anterior deberán informar a la Dirección de Presupuestos, el número de funcionarios contratados, bajo cualquier modalidad", la primera pregunta que me hago es qué ocurre si esas autoridades no mencionan expresamente los cargos de confianza que tienen o los disfrazan en los listados.

La norma agrega que "no se aplicará lo dispuesto en el inciso primero a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública".

La pregunta que me hago es para qué innovar en una materia que ha funcionado (porque se conoce cómo funcionan los cargos de exclusiva confianza), particularmente en lo que hemos denominado como un cúmulo de "normas de amarre" y que la Contraloría General de la República cuestionó en sus informes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Tiene la palabra el ministro.

El señor GRAU ( ministro de Hacienda ).-

Muy breve, Presidente .

El concepto de amarre se ha instalado, yo diría, hábilmente en la prensa, a pesar de que no guarda relación con los contenidos de esta norma.

Además, en este caso en particular lo que se está haciendo es decir que por ley las personas de confianza tienen que salir. O sea, se está siendo más exigente que nunca respecto a que no debe existir una continuidad de las personas que trabajan.

Llamarle a eso "amarre" creo que ya es estirar excesivamente ese concepto, que ha sido muy beneficioso comunicacionalmente, pero que no tiene que ver con lo que propone realmente el texto.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Senador Macaya.

El señor MACAYA.-

A mí me gustaría, para aprobar con tranquilidad esta norma, que el ministro explicara cuál es el efecto práctico si al 27 de febrero del 2026 las autoridades establecidas en el inciso de que se trata no informan a la Dirección de Presupuestos el número de funcionarios contratados o adulteran la calidad de esos funcionarios en el listado.

Si usted me responde que no tiene ningún impacto que no se manden esas listas o que ellas puedan ser adulteradas, yo me quedo tranquilo con que esto no es un amarre.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Ministro .

El señor GRAU ( ministro de Hacienda ).-

Si alguien, por ejemplo, no saliera, por la razón que fuera...

El señor MACAYA.-

El listado.

El señor GRAU ( ministro de Hacienda ).-

Sí, voy a aclarar eso.

Pero si alguien no saliera, por la razón que fuera, lo que pasaría es lo mismo que ocurriría ahora si ustedes votaran esto en contra: no se generaría ninguna obligación en términos legales. La diferencia es que ahora tú les estás diciendo a las jefaturas de servicio que tienen una obligación legal de que estas personas salgan en conjunto con ellas.

Naturalmente, todas las personas que viven en una sociedad tienen la obligación de cumplir la ley, pero con mucha mayor razón la tienen las que trabajan en el Estado.

La señora EBENSPERGER .-

Pero, ¿qué pasa si no lo hacen?

El señor COLOMA .-

Si no mandan la lista.

El señor MACAYA.-

Yo hice una pregunta.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Vamos a abrir la votación.

El señor MACAYA.-

No quedó contestada la pregunta.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

¿Es de quorum esta norma?

El señor COLOMA .-

Lo planteó la senadora Rincón .

El señor COLOMA.-

Yo entiendo que esta norma se votó con quorum especial en la Cámara de Diputados y además tiene que ver con administración del Estado.

Y la siguiente está en el mismo caso.

Eso entendí, y la senadora Rincón , cuando dio una explicación al inicio, así lo planteó.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El informe de la Cámara de Diputados señala que el artículo 104 se aprobó con quorum simple.

Indica que solamente el artículo 117 fue aprobado en general y en particular con el quorum de norma orgánica constitucional, lo que no significa que no se pueda plantear debate sobre este punto ahora.

El señor COLOMA.-

¡No!

La señora EBENSPERGER .-

¡No, no, no!

El señor COLOMA.-

Presidente.

La señora EBENSPERGER .-

¡Pero, por Dios, esa interpretación!

El señor COLOMA.-

Presidente.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

El senador Coloma tiene la palabra.

El señor COLOMA.-

Presidente, hice la pregunta y el Secretario me respondió, pero no entiendo el sentido de la respuesta.

La norma, como acaba de describir, se votó como norma de quorum. No me puede decir ahora que no es de quorum porque siempre hemos respetado la calificación que en su momento hace la Cámara. Si no, tendríamos dos orgánicas distintas para una misma ley.

Por eso yo le dije al inicio que eso había sido votado así en la Cámara, y lo mismo tiene que hacerse acá.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Lo que estoy diciendo es que el único artículo que en la Cámara se votó como norma de quorum y fue aprobado es el 117.

Estamos en el artículo 104, el cual, según el informe de la Cámara, fue votado con quorum simple.

Las otras disposiciones que en la Cámara se calificaron y se votaron como de quorum no alcanzaron el número de votos necesario y fueron rechazadas.

La señora RINCÓN .-

Presidente , el tema es que aquí el Ejecutivo separó las normas. Entonces, ahí se cayó el quorum de esta. Pero sí es quorum de la de la Contraloría y los cinco años.

El señor COLOMA.-

¿Pero son las mismas numeraciones en la Cámara y en el Senado?

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Sí.

Entonces, esta no y la otra sí.

--Se rechaza la indicación N° 21, del Ejecutivo, que repone el artículo 104 (24 votos en contra, 17 a favor y 2 abstenciones).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Bianchi, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra y Velásquez.

Se abstuvieron la señora Campillai y el señor Araya.

La señora PASCUAL.-

Presidente, yo estoy a favor de esta norma.

Lo que ocurre es que, al crearse las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble, cuando se separan de las regiones originales, no contaban con una dotación adecuada, y con esto se busca generar la homologación con otras regiones de la misma cantidad de habitantes en relación con la cantidad de funcionarios.

Es solamente una normalización de plantas en estas tres regiones.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, simplemente para despejar cualquier sombra de duda.

Las tres regiones a las cuales se refiere esta norma fueron creadas por ley en los últimos años, desde el 2007 en adelante: la región de Arica y Parinacota, la región de Los Ríos y la región de Ñuble. Lo que se está haciendo es simplemente nivelar y recuperar los cupos que no se pudieron traspasar desde la región madre al momento de separarse.

Aquí no se está creando una asimetría; únicamente se trata de que puedan tener una situación equivalente a la de las regiones madres, tanto en materia de secretarías regionales ministeriales de vivienda como de los serviu.

Es importante dejar esa característica.

Yo suelo argumentar que no conviene legislar con leyes misceláneas al tratarse el reajuste u otras iniciativas. Aquí solo estamos actualizando y nivelando una cantidad de cargos que corresponden a cualquier región, en régimen, y que en las tres regiones a que se dio origen por ley en los últimos años, del 2007 en adelante, no estaban cubiertos.

Por eso es importante dejarlo en la historia de la ley. No se está haciendo otra cosa que reconocer o nivelar una situación que, en su origen, no pudo ser cubierta al momento de crearse las últimas regiones.

--Se aprueba el artículo 112 (26 votos a favor y 17 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, De Rementería, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Quintana, Saavedra, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Núñez y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh y Sandoval.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentran inscritos tres pareos.

El señor FLORES.-

Gracias, Presidente.

Había pedido la palabra para intervenir en la discusión anterior, pero los colegas lo hicieron muy bien.

Presidente , yo quiero solicitar a la honorable Sala, por su intermedio, que permita la incorporación de una indicación del Gobierno, que está fuera de plazo -la Sala es soberana en este sentido-, y que dice relación con lo planteado al inicio de esta sesión: la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas actúe en casos de catástrofe o en casos de emergencia directamente -en la actualidad no puede hacerlo-, para ir en apoyo y ayuda de los sistemas de agua potable rural.

Hoy día está impedido, aun cuando hay un decreto. La única manera es colocarlo en la ley.

Entonces, pido la incorporación de la indicación del Gobierno, Presidente.

El señor COLOMA.-

Quiero hacer una consulta respecto de algo que me llama la atención.

Cuando un Presidente decreta estado de catástrofe, ¿no puede hacer eso? Quiero saberlo, porque esto es reajuste. ¡No tiene nada que ver! Pero está bien, la idea matriz parece que al Gobierno le importa poco; en este caso es muy extensa.

Lo consulto porque considero que sería grave que en un estado de catástrofe no se pudiera hacer lo que esta norma está pidiendo.

Yo entiendo que está decretado ese estado.

Y esto la verdad es que debió haberse presentado en la Comisión, para que lo hubieran evaluado.

Me llama la atención. Por eso hago la pregunta, por su intermedio, Presidente.

El señor ESPINOZA .-

Es una buena pregunta. ¡Se puede!

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, al senador Coloma , que conoce muy bien los APR.

En la región del Maule ustedes tienen la mayor cantidad de APR de todo el país. O sea, Maule es la primera; O´Higgins, la segunda.

¿Cuál es la complicación? Que, cuando se produce el estado de emergencia, cuando se quiere invertir en los APR, por la ley que rige al Ministerio de Obras Públicas, por la Ley de Compras, se complica, porque las inversiones se tienen que hacer conforme a esa normativa.

Por eso en la ley N° 18.450, de Riego, hicimos algo especial para eso. En cambio hoy, con los APR que tenemos en los incendios, no puede comprarse una bomba, no pueden comprarse los materiales de conexión, no pueden comprarse los tableros. Esa es la dificultad.

Entendiendo que hay un decreto de catástrofe, este limita. Eso fue lo que conversamos, incluso, con los dirigentes de los APR, como también con la gente del Ministerio de Obras Públicas.

Entonces, esto facilita.

Además, lo que ha incorporado el Gobierno es una limitación de alrededor de 2.000 unidades tributarias. Lo que se pedía era mucho más amplio; se restringe harto, pero se otorga la facilidad para poder comprar en los momentos complejos, como el que estamos viviendo en Ñuble y en el Biobío.

Eso, Presidente .

El señor ESPINOZA.-

Yo quiero validar la consulta que hace el senador Coloma , porque, desde mi punto de vista, cuando ocurren inundaciones, incendios, terremotos -nosotros hemos tenido varios en la región: la erupción del Chaitén, el volcán Calbuco -, el Ministerio de Obras Públicas tiene una serie de funciones que están establecidas en la ley: ejecutar obras de emergencia de forma directa sin pasar por procesos normales y largos de licitación; puede contratar por trato directo a empresas, maquinaria y servicios necesarios; puede intervenir en infraestructura pública, caminos, puentes, defensas fluviales, agua potable rural, aeropuertos, embalses, y puede reasignar recursos en personal.

Entonces, me parece que estamos redundando.

Yo creo que es una buena idea, pero eso ya está establecido en lo que hoy día tenemos, desde mi punto de vista.

He dicho, Presidente .

La señora RINCÓN.-

Presidente , estamos discutiendo un tema que tiene que ver con las plantas municipales y, a requerimiento del senador Flores , se ha pedido esta indicación, que parece perfecta, y la podemos discutir. Pero hay aquí una modificación respecto de un decreto supremo. Así que creo que debemos revisar esto con calma.

Segundo, en cuanto a lo que estábamos viendo, porque nos desviamos de lo que está en discusión...

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Pero, entonces,...

La señora RINCÓN.-

¡Deje esta indicación para el final!

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

... la dejaríamos para el final.

La señora RINCÓN.-

Porque, Presidente, tenemos un orden.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Está bien.

La señora RINCÓN.-

Eso era lo que yo trataba de decir.

Tenemos un orden que nos dio el Ejecutivo .

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Así es.

La señora RINCÓN.-

Y estamos siguiéndolo.

De manera que las indicaciones, tanto del Ejecutivo como de los colegas, las veremos después de las votaciones separadas.

El señor COLOMA.-

Veamos esto al final.

La señora EBENSPERGER .-

Sí, al final.

El señor GRAU ( ministro de Hacienda ).-

Pero se puede votar.

La señora EBENSPERGER .-

No habrá unanimidad si se vota ahora.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Tendría que haber unanimidad para poder aceptar que ingrese la indicación.

¿Hay unanimidad para aceptar que ingrese?

La señora RINCÓN.-

Presidente, por favor, sigamos el orden. Discutamos esto al final.

Ahora, respecto del tema de las plantas municipales...

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Perdón, senadora, pero yo tengo la obligación de preguntar si hay unanimidad para gestionar la indicación que se presentó.

No puedo hacer otra cosa.

La señora RINCÓN.-

Y lo que le respondimos varios de nosotros es que discutamos eso al final, ver si hay o no unanimidad para ello. Si no, ¡no se la van a dar!

Así que, Presidente, déjelo para el final.

La señora EBENSPERGER.-

¡Para el final!

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Entonces, dejaríamos la indicación para el final.

La señora RINCÓN.-

Eso le estamos diciendo.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Sí, estoy de acuerdo. No debería ser así, pero bueno...

La señora RINCÓN.-

¿Por qué?

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Continuemos con las votaciones.

La señora RINCÓN.-

Presidente, yo le pido que, en atención al procedimiento, sigamos el orden.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Pero está claro el punto. Se ha entendido su mensaje, senadora. Dejaremos la indicación para el final y ahí preguntaremos si hay o no unanimidad para votarla.

La señora RINCÓN.-

Eso.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Muy bien.

La señora RINCÓN.-

Con relación a lo que estábamos discutiendo, Presidente , es importante señalarles a todos los colegas que aquí estamos viendo lo relativo a fortalecer, como dice el título de la canción, la gestión de personal y del régimen de plantas municipales.

En lo referente a esta norma -y es importante ver los artículos que estábamos discutiendo, que son el 122 y el 123-, se reduce el plazo para requerir la remoción del alcalde por haber incurrido en negligencia inexcusable en la proyección de ingresos y gastos asociados a las modificaciones o creación de una nueva planta: de treinta a quince días.

Sería bueno, Presidente, ver el texto de lo que estamos votando.

--Se rechazan los artículos 122 y 123 propuestos (22 votos en contra y 17 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, De Rementería, Espinoza, Flores, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana y Velásquez.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentran inscritos tres pareos.

El señor BIANCHI.-

Sí, Presidente, para hablar a favor.

Este punto, si bien ha sido controvertido, porque no forma parte netamente de la discusión del reajuste, es importante ya que Correos y la gente que hoy trabaja allí lo solicitan, debido a que el modelo de negocio está absolutamente obsoleto porque cambió la función para la que fue creado, cambió el mundo y han cambiado las empresas de correo estatales.

Por tanto, para poder mantener las fuentes laborales en Correos de Chile es necesario ampliar su giro, que la empresa se adapte hoy día a la realidad del negocio, la cual ya no dice relación con entregar un sobre, una carta, sino mucho más que eso. Sin embargo, hoy día están muy limitados: se hallan dependiendo solamente de las plataformas internacionales de compra y venta.

Por ello, para hacer que subsista Correos, ojalá se pudiese votar a favor de esta norma.

El señor MACAYA.-

Gracias, Presidente.

Ha existido una discusión de larga data con respecto a la subsistencia de Correos de Chile y que me parece justo dar. Además, creo que hay que buscar los mecanismos para que, si una empresa no es eficiente, encuentre fórmulas para ello, compita sin subsidio, con la posibilidad de tener igualdad de condiciones frente a las alternativas que hay en el sector privado.

Desde esa perspectiva, acá hay dos cosas: la ampliación de giro y la asociación con terceros.

Lo que el Ejecutivo olvida discutir o poner arriba de la mesa en este proyecto es la ventaja competitiva que hoy sí tiene Correos de Chile respecto de sus competidores, y así lo han señalado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, la cual básicamente se refiere a la exención del IVA -repito: la exención del IVA- de la que goza esta empresa estatal.

Esta exención del IVA, primero, desde la perspectiva de la asociación con terceros, les va a permitir a Correos de Chile y a esos terceros contar con una ventaja competitiva que hoy no tienen.

Si se quiere una discusión en general sobre el tema y que no se trate en una ley miscelánea, argumento que yo he esgrimido respecto de varias materias que se tocan acá en cuanto a cómo está funcionando una empresa del Estado ineficiente, hay dos opciones: o se cierra, o se mejora.

Yo estoy por la opción de que seamos capaces de mejorarla, de darle las condiciones, y que compita en un mundo sin subsidios, salvo que ello se requiera por alguna característica muy específica, como zonas extremas donde no está llegando el sector privado.

Pero particularmente en la discusión se debería entender lo que ocurre con esta ventaja de la exención del IVA respecto de sus competidores con la que sí cuenta Correos de Chile el día de hoy, y esa es la razón por la cual creemos que se tiene que dar...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Abriremos la votación, porque ya habló uno de cada lado.

Esta norma es de quorum especial.

El señor MACAYA.-

¡No he terminado, Presidente!

Le pido treinta segundos más para redondear la idea.

El señor LAGOS.-

¡Presidente!

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¡Ah!, perdón.

Senador Macaya, tiene treinta segundos, y después podrá intervenir el senador Lagos.

El señor MACAYA.-

Es básicamente para terminar la idea.

Cuando tengamos una discusión sobre la exención del IVA, evidentemente uno podrá discutir con respecto a la posibilidad de asociarse o de ampliar el giro de una empresa que hoy día es ineficiente y se reconoce de esta manera.

Gracias, Presidente .

El señor LAGOS .-

Voy a tratar de ser bien breve.

Esta discusión la tuvimos ayer en la Comisión de Hacienda.

La cuestión es la siguiente.

Lo que se plantea acá es ampliar el giro de Correos de Chile para que acceda a un mercado que hoy día tiene prohibido por ley. Eso es lo que debemos votar, no el tema de la exención.

Escuché al senador Macaya decir: "No, discutamos la exención, cuando sea el caso". Ya se discutió en esta casa, o en la casa de al lado, no me acuerdo, en la Cámara de Diputados, y se rechazó esto. Entonces, lo importante es que el debate hoy día es respecto de la ampliación del giro.

Si hoy día rechazamos la ampliación del giro, la exención del IVA sigue igual de vigente.

Entonces, ¡no arreglamos nada! Al contrario, favoreceremos a que la empresa Correos de Chile pueda desarrollar otras actividades. ¿Para qué? Para compensarla, pues, a diferencia de otras empresas que no voy a mencionar, como aquellas que terminan con un apellido "libre"...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Son treinta segundos, Presidente .

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Sí, le di un minuto.

Termine nomás, por favor.

El señor LAGOS .-

Presidente , a mi juicio, las empresas privadas persiguen la utilidad, y es correcto, es sano. Y no funcionan, no dan servicios en aquellos lugares de Chile donde no hay plata, donde no hay demanda.

En consecuencia, lo que se le está pidiendo a Correos de Chile es que cubra esa demanda con otros fines, con otro giro, dado que otras empresas que podrían asumir esto no lo hacen por una razón muy simple: porque ya no hay mercado...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Gracias.

Está claro el punto.

--Se rechaza el artículo 128, nuevo, propuesto por la indicación del Ejecutivo (24 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención), por no haber alcanzado el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvo el señor Keitel.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente , si este artículo quiere decir única y exclusivamente lo que acaba de señalar el ministro , yo le debo manifestar que es innecesario; porque si usted revisa la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, verá que dispone que todos los actos administrativos deben ser fundados.

Por lo tanto, la norma que el ministro acaba de explicar ya existe en una ley permanente desde hace bastantes años.

¡Todo acto administrativo debe ser fundado!

Gracias, Presidente .

--Se rechaza el artículo 129 propuesto (21 votos en contra, 18 a favor y 1 pareo).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Bianchi, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Saavedra.

El señor EDWARDS.-

Quiero hacer una pregunta al ministro -si usted me permite, Presidente-, pues lo que nos está diciendo el Ejecutivo es que ni el 2024 ni el 2025 las personas a contrata tuvieron este derecho.

Entonces yo pregunto: ustedes dejaron a gente sin este supuesto derecho y ahora lo disponen para el 2026. ¿Qué hicieron ustedes el 2024 y el 2025 si era tan importante esto?

Queda la pregunta, si la interpretación que usted habla es del 2024 y el 2025 ustedes dejaron ex profeso a toda la gente a contrata sin este derecho del cual usted nos habla ahora.

Es obvio que nos hagamos esta pregunta.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente , yo creo que lo básico y mínimo para la Administración es respetar la ley. Y tanto en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos como en el Estatuto para Funcionarios Municipales existe una norma que dice que los contratas son esencialmente, o ese es el fin, transitorios, y establece una disposición que obliga a las autoridades a no sobrepasar el 20 por ciento de contratas y el 10 por ciento de honorario

Eso se ha superado hace mucho rato y, efectivamente, es una realidad.

Entonces, este Gobierno, el futuro, los para atrás, alguna vez debieran ponerse serios y si esa es la realidad, bueno, se modificará la ley, pero no empecemos a establecer normas para saltar algo que ya está establecido. Hoy día la norma que expresa el 10 y el 20 para los contratas y los honorarios está vigente. Si no se respeta y hay otra realidad, bueno, modifiquemos esa norma.

Además, es muy cierto, Presidente , que esto permite saltarse la fila. Lo dijo la contralora ayer. Acá los más perjudicados son los funcionarios de planta, que para ir ascendiendo en un grado pasan años hasta que un cargo superior esté vacante. Entran en grado 10, otros en grado 15, y para llegar a grados altos pasan años. Y un funcionario a contrata puede ser contratado desde el día uno en grado 6 o en grado 5.

¡Eso es una deslealtad para con los funcionarios de planta!

Asumamos la realidad en nuestro país, pero hagámoslo en forma seria y responsable.

Yo creo, Presidente , que debemos votar en contra.

La señora PASCUAL.-

Presidente, lo primero es que aquí hay argumentos que pueden ser total y absolutamente casuísticos y no representan la realidad general de los funcionarios y las funcionarias a contrata.

La realidad es que el 80-20 no lo cumple siquiera el Ministerio de Hacienda o la Diprés, que son, lejos, los dos organismos que más planta tienen en todo el Estado.

La realidad del 80-20 se hizo, además, con plantas calculadas en el origen de las instituciones que nada tienen que ver con la cantidad de población que existe hoy día en nuestro país y, por tanto, con la cantidad de funcionarios y funcionarias que deberían tener los servicios públicos para un buen ejercicio de la política pública.

(Aplausos en las tribunas a favor).

El tema de fondo, Presidente...

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¡Silencio, por favor!

La señora PASCUAL.-

El tema de fondo, Presidente , es que cuando la realidad de los contratas, que usted me indica y que la senadora Ebensperger muy bien identifica en cuanto a que en el Estatuto Administrativo se establece que es un contrato transitorio, sería válida efectivamente si los contratas duraran un año, dos años, tres, ¡máximo! El problema es que la gran mayoría de la gente a contrata en el Estado tiene hoy un promedio superior a los diez años, Presidente .

¡Ese es el problema!

Y, perdóneme, pero quiero recordarlo acá, porque todo el mundo ha hablado de la contralora. Pero la actual contralora y el anterior contralor tenían disputas con respecto a la confianza legítima, a cómo defender a los contratas.

Entonces, precisamente porque no se ha hecho una ley que se adecúe a las nuevas realidades terminamos en este tipo de discusiones. Pero eso no es excusa para no dar el voto a favor hoy. De verdad que esta situación no se regula solo con el Estatuto Administrativo actualmente vigente, Presidente.

Esta es una norma que están estipulando hoy día los funcionarios, que piden en la mesa del sector público, pero que, me va a perdonar, no le quepa la menor duda de que en la próxima legislatura y en la próxima discusión de presupuesto y de reajuste, puede ser inclusive devaluada...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Treinta segundos, Presidente , para redondear.

Hoy día respaldo esta solicitud de los funcionarios, que me parece del todo lógica. No es justa la precariedad y la incertidumbre en la cual viven los contratas.

Gracias, Presidente .

(Aplausos en tribunas).

--Se rechaza el artículo 130, nuevo, por no reunir el quorum constitucional exigido (20 votos a favor y 20 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Bianchi, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Rincón y los señores Araya, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.

El señor MACAYA.-

Lo que correspondería ahora es la renovación de una indicación presentada por el Ejecutivo , al artículo 132, que plantea un nuevo cronograma de funcionamiento de los servicios locales de educación, específicamente, del Servicio Local de Educación de la provincia de Cachapoal.

Tengo el honor de representar a esa región en el Congreso.

Lo que establece es básicamente la anticipación del traspaso del servicio educacional de las comunas correspondientes a esa área geográfica de Cachapoal.

Presidente, después opino respecto al tema.

El señor MACAYA.-

Es bueno el comentario y también la aclaración que hace el ministro respecto a que hay algunos alcaldes que efectivamente han solicitado adelantar el traspaso por una situación presupuestaria, por recursos.

Yo voy a hablar en contra.

Lo decíamos ayer. No tengo duda de que los alcaldes, si tuvieran los recursos, no estarían tratando de entregar a las familias que hoy ellos educan a manos de servicios locales que han demostrado ser ineficientes, con malos resultados.

Acá han cambiado dos circunstancias. Hay alcaldes que efectivamente habían hecho un esbozo de solicitud. Menciono el caso del alcalde de Rengo , que no quiere traspasar la educación de su comuna. Y hay otros que, nobleza obliga, han solicitado hacerlo por razones de índole presupuestaria.

Pero acá estamos con dos situaciones que han cambiado.

La primera: hay un nuevo Presidente electo que ha planteado este tema como prioritario de su gestión, donde no ve y no vislumbra la vía para solucionar los problemas de la educación en Chile. Hay titulares todavía; no tenemos el alcance y el detalle de las medidas que se pretende implementar en los servicios locales de educación.

Me parece que es algo que hay que atender. Tenemos que exigirle que, a partir del 11 de marzo, se haga cargo. Pero no adelantemos decisiones. No podemos ir escondiendo problemas debajo de la alfombra en algo que tenemos que solucionar de una manera más integral.

Y, segundo, está el tema del proyecto de ley que le ha tocado encabezar al senador Sanhueza, que introduce modificaciones, adecuaciones, al funcionamiento de los servicios locales, que da cierta flexibilidad, pero que creo que, en particular, no conversa con esta iniciativa de adelantamiento.

Ayer se aprobó un proyecto respecto de un servicio local, el de Talcahuano, y creo que es positivo para ese alcalde y esa situación en particular. Pero hay que mirar caso a caso.

Hoy ha cambiado el escenario porque hay un Gobierno que asume el próximo 11 de marzo que ha planteado este tema como prioridad y que, además -lo digo abiertamente- ha planteado que ojalá posterguemos cualquier decisión sobre esta materia.

El señor SAAVEDRA.-

Presidente, las situaciones son distintas.

Hay alcaldes que efectivamente no quieren anticipar esto, y son los gestores, los que hoy día tienen el problema de la administración de la educación pública en las respectivas comunas. Y hay otros que sí, porque efectivamente quieren que se brinde de mejor forma el servicio.

Por eso es que no me aventuraría, apriori, a calificar a todos los SLEP como malos porque no es así. No se debe generalizar en esta situación. Se debe, por tanto, aplicar la medida respecto de aquellos que quieren, y los que no, bueno, que asuman la responsabilidad.

Y pido más franqueza, porque lo de frenar esto es una petición expresa del Presidente electo. Es mejor decirlo a que aquí lo estemos tratando de maquillar, porque eso no corresponde.

La señora PROVOSTE.-

Presidente, quería hablar a favor de Correos de Chile en su momento.

Pero ahora quiero hablar respecto de esta indicación, presentada por el Gobierno, que representa una contradicción bien importante con lo que el propio Ejecutivo está planteando.

En todos los procesos de traspaso de la educación a los nuevos servicios locales de educación se establecía un año. Como veníamos de fracaso en fracaso, el Gobierno plantea dos años para el traspaso en la nueva educación pública que estamos tramitando. Y resulta que aquí, en Cachapoal, estamos diciendo: "¡Ah!, pero todo eso no importa y queremos hacer el traspaso el 1° de julio".

La verdad es que no entiendo. Creo que las contradicciones del Gobierno en materia educacional son más evidentes en esta presentación, en donde, por una parte, pone en "discusión inmediata" el proyecto de nueva educación pública diciendo que los traspasos tienen que hacerse adecuadamente, dentro de un plazo de dos años, y por otra, les quiere dar cinco meses para el traspaso a territorios que tienen una ruralidad muy importante, pese a que el diseño de los servicios locales de educación pública no contempla la diversidad de nuestro país.

Por lo tanto, nos parece que es una muy mala idea.

Voto en contra, Presidente .

--Se rechaza el artículo 132, nuevo, propuesto por el Ejecutivo (27 votos en contra, 7 a favor y 1 abstención).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la afirmativa la señora Carvajal y los señores De Rementería, Espinoza, Insulza, Latorre, Núñez y Quintana.

Se abstuvo el señor Flores.

El señor MACAYA.-

Sí, vienen los artículos 135 y 136, del Tricel, que establecen una remuneración mensual de 20 UTM para el miembro del tribunal que corresponde al ciudadano que hubiese ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado.

O sea, básicamente es solucionar un problema, una situación, respecto del integrante no miembro del Poder Judicial que integra este tribunal, y se plantea la solución mediante la indicación que se presentó en la Cámara de Diputados.

El señor ESPINOZA.-

En la misma línea, quiero señalar que aquí se producía una asimetría muy grande, porque la función que cumple cada uno de los integrantes del Tricel es relevante en los cuatro años, ya que en ese lapso hay presentaciones en ámbitos relacionados con las elecciones municipales o de otras autoridades. No olvidemos que después de cada proceso eleccionario hay reclamaciones que demandan demasiado tiempo.

Además, existía una asimetría muy grande en cuanto a remuneraciones entre el miembro del Tricel que era un ex Presidente o Vicepresidente de la Cámara o del Senado con los demás integrantes, cuando el voto vale exactamente lo mismo para tomar las decisiones que se deben adoptar.

Voto a favor, por cierto.

--Se aprueban las indicaciones del Ejecutivo recaídas en los artículos 135 y 136, nuevos (20 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, De Rementería, De Urresti, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, Insulza, Latorre, Moreira, Núñez, Quintana y Velásquez.

Votaron por la negativa la señora Gatica y los señores Edwards, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Ossandón, Prohens, Pugh, Sanhueza y Walker.

Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Chahuán, Durana, Macaya, Sandoval y Van Rysselberghe.

El señor MACAYA.-

Gracias, Presidente.

Entiendo que sobre el tema que sigue el Ejecutivo iba a presentar una indicación renovada para agregar un artículo que otorga a la Subsecretaría de Derechos Humanos facultades para realizar investigaciones administrativas respecto de adopciones forzadas e irregulares.

Lo que se propone es otorgar a la Subsecretaría de Derechos Humanos la función de realizar investigaciones administrativas para la búsqueda de orígenes y familiares respecto de aquellas personas afectadas por adopciones forzadas e irregulares, y brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica.

Entiendo que el Ejecutivo tiene una indicación en el marco de los cuestionamientos que se hicieron ayer respecto de que esto debía ser solicitado por resolución judicial.

Alguien me mostró una indicación que se presentó, pero no sé si el Ejecutivo debe renovarla.

La señora PASCUAL.-

Presidente, gracias.

Yo estoy de acuerdo con la indicación propuesta por el Ejecutivo. Esto se lleva a cabo desde el 2018 y hay ministros en visita y existen autorizaciones judiciales.

Sin embargo, y la indicación se ocupa de ello, se había planteado la necesidad de habilitar la facultad para que la Subsecretaría de Derechos Humanos pudiera, por la vía administrativa, coordinar con el proceso judicial la búsqueda de orígenes y familiares de las víctimas de manera más ágil y cercana.

Me ha tocado personalmente, Presidente , conocer a hijos e hijas que fueron víctimas de procesos de adopción irregular, algunos de los cuales se produjeron durante la dictadura, pero ha habido casos anteriores que afectaron a familias rurales, a familias pobres. Y esas personas están buscando sus orígenes.

Entonces, no veo la dificultad de poder entregar nada más que una facultad a la Subsecretaría de Derechos Humanos para apoyar los procesos judiciales en esta materia, y operar de una forma más ágil en términos administrativos.

Por cierto, toda la verdad jurídica va a estar establecida en el marco del Poder Judicial y no de la Subsecretaría.

Muchas gracias, Presidente .

--Se aprueba la indicación del Ejecutivo recaída en el artículo 137, nuevo (32 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Rementería, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Gahona, Galilea, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Se aprueba la indicación.

Senador Macaya, tiene la palabra.

La señora PROVOSTE.-

Presidente, consigne mi voto a favor.

El señor QUINTANA.-

También el mío.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se consigna la intención de voto favorable de los senadores señora Provoste y señor Quintana.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, respaldo la propuesta, pero quisiera despejar una duda que hubo en una primera instancia.

Esta norma de los APR viene a operar en régimen y no en una situación de emergencia. Por eso varios hicimos la observación antes, cuando se presentó, que ya existían las facultades desde el punto de vista de las emergencias para operar con los APR y, por lo tanto, no era necesario.

De igual forma, ratifico que en la Ley de Presupuestos se aprobó la glosa hídrica para facilitar que los gobiernos regionales también intervengan en aquellas fallas o problemas menores que presentan muchas veces los APR y no tengan que hacer todo el proceso de nuevo para subsanar los inconvenientes.

Esta norma está bien enfocada y por eso invito a que la aprobemos. Claramente ayuda a los APR, pero en régimen, no en el sistema de emergencia. Por lo tanto, en situaciones de escasez hídrica, sequía o en algún accidente, permite concurrir con los medios necesarios para ayudar de mejor manera en aquellas dificultades.

Todo lo que sea avanzar en agua potable rural, facilitar, acortar y mejorar los procedimientos debiera ser aprobado por unanimidad, Presidente .

Valoro que el Ejecutivo haya recogido esta propuesta.

El señor COLOMA.-

¡No me mire con resignación, Presidente...!

Es que tengo una consulta.

Esto ha sido bien inmediato, porque debió haber pasado por la comisión pertinente para poder estudiarse mejor. Yo entiendo la idea, pero la consulta al ministro es la siguiente.

Estamos tratando de conocer la opinión de los técnicos, que es importante en este tema. Porque parece buena idea, pero hay que comprender qué significa dejar fuera la aplicación del decreto supremo N° 263, del MOP, que se hace cargo de los controles respecto a las compras. Entonces, mi pregunta es: ¿qué tipo de control lo va a reemplazar?

No tengo ningún problema en dar la unanimidad. Pero ¿se da cuenta, Presidente ? Cuando se legisla en el proyecto de reajuste una norma técnica de obras públicas, tenemos la complicación respecto de los efectos que producirá. Por eso uno trata o aspira a que siempre se presenten las indicaciones donde corresponda.

Repito, no tengo problema en dar la unanimidad, pero me gustaría que me dieran una explicación respecto de cuál es el control que supondría este tipo de adquisiciones. ¡Porque después vienen los problemas!

Es nada más que para ayudar a hacer las cosas bien; es lo único que estamos tratando de hacer.

El señor GRAU ( ministro de Hacienda ).-

La pregunta me parece muy pertinente y por lo mismo ya pedí la información.

Presidente, le pido que me dé unos minutos para poder entregar una respuesta. Tal vez podemos seguir con las otras votaciones.

El señor EDWARDS.-

¿Sabe qué, Presidente ? Esta norma ha demostrado ser bastante más compleja de lo que se dijo inicialmente.

Varios de nosotros estamos bien aburridos de este árbol de Pascua que ha llegado con todo tipo de cosas. Por lo tanto, no voy a dar la unanimidad, independiente de si el ministro entrega la respuesta.

Si él quiere realizar una modificación legal, que pase por la comisión que corresponde, como debiera de haberse hecho con una gran cantidad de materias que estamos legislando.

Así que no doy la unanimidad.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Tal como señala el ministro , esto fue largamente debatido en la Comisión de Salud, para buscar maneras de cómo resolver o colaborar con disminuir las listas de espera. Tenemos 3 millones de personas esperando por una consulta especializada y cerca de 350 mil por una cirugía.

Las mutuales tienen una capacidad instalada muy superior a lo que les significa atender a los pacientes derivados por la Ley de Accidentes del Trabajo. Las mutuales hoy día atienden por Fonasa y cuentan con toda la gama de especialidades a disposición de la ciudadanía.

Hoy día tenemos una situación parecida a la que vivimos en pandemia, donde se echó mano de toda la instalación pública y privada para resolver y enfrentar la emergencia, y queremos usar el mismo mecanismo para atender a la ciudadanía dentro de los hospitales de las mutualidades y así ayudar a resolver el problema de las listas de espera.

Las mutualidades no tienen fines de lucro y pueden disminuir los precios al usuario.

Las mutualidades quieren plantearse igual que las clínicas privadas y poder atender la salud común, no solamente los accidentes del trabajo.

Para eso, el acuerdo que bien menciona el ministro , aunque nosotros queríamos dejarlas en libertad, tal como las clínicas privadas, fue que les sacáramos la instancia política, que es el Ministerio de Trabajo, pero dejáramos la instancia técnica, que es la Suseso.

Y cuando las mutuales pidan actuar en la medicina común, la Suseso tendrá un plazo para responder: sesenta días. Y si consideramos que quieren participar sin fines de lucro, parece un plazo más que razonable.

En esos aspectos estuvimos de acuerdo en la Comisión, Presidente.

Por lo tanto, hay que aprobarlo.

--Se aprueba el artículo 87, que pasó a ser 70, que contiene las enmiendas de la Cámara de Diputados al artículo 29º del decreto ley N° 1.819, de 1977 (34 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Rementería, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

La señora PROVOSTE.-

Presidente , yo pedí la votación separada de este artículo, que votaré en contra.

Yo entiendo los propósitos nobles que ha planteado el senador Flores en la Comisión de Salud, que están circunscritos más bien a todo lo relacionado con medicina nuclear.

Sin embargo, en esta norma también se habla de autorizar para construcciones, emplazamientos y operaciones de instalaciones nucleares.

Usted comprenderá que, para quienes vivimos en el norte, esta es una amenaza permanente, y por eso yo voy a votar en contra.

El señor FLORES.-

Presidente, yo quiero hablar a favor del artículo, a pesar de que mi jefa de bancada tiene una preocupación.

Debo decirlo con mucha honestidad: este debate se originó a raíz de un equívoco que ocurrió al modificar la Ley de Seguridad Nuclear hace algún tiempo, lo que generó una tremenda alarma dentro de los especialistas de medicina nuclear en todo el país.

Escuchamos las exposiciones de ellos: de la gente que hace radioterapia, braquiterapia, medicina nuclear. Nos dijeron que se les cuadruplicaban los plazos. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Nuclear efectivamente amplió los plazos para revisar los proyectos.

¡Pero aquí nadie va a hablar de una planta nuclear, nadie va a hablar de ese tipo de cosas!

¿Qué hicimos, entonces? Introducir esta modificación para plantear que, en el caso de la medicina nuclear, se rebajen los plazos a lo que es hoy: ciento sesenta días. Pero hay una gradiente de seis o siete pasos distintos, por lo que, en algunos casos, podrían ser hasta treinta días sencillamente; por ejemplo, para hacer mejoramiento o renovación de equipos de radioterapia.

En definitiva, hay una gama de opciones, Presidente, estimados colegas, que dan mejor respuesta a lo que se hizo al modificar la Ley de Seguridad Nuclear, que implicaba un tremendo riesgo para responder a los tratamientos de cáncer, particularmente.

Por lo tanto, hay que aprobar la norma que plantea el Ejecutivo , Presidente .

Gracias.

La señora PASCUAL.-

Presidente, tengo una pregunta.

Entiendo absolutamente el argumento que da el senador Flores. Me queda claro cuando la norma dice "laboratorios de producción o manipulación de radiofármacos o nuevas tecnologías", etcétera.

Pero en la primera parte de la norma se habla de "construcción y operación de instalaciones nucleares".

Entonces, si no dice a continuación "con fines de salud" o algo por el estilo que nos dé a todos la tranquilidad, se hace difícil votar.

Por eso pregunto: ¿es posible poner en alguna parte que es "con fines de salud" para que no tengamos ninguna otra interpretación?

Y así votar tranquilos, digo yo.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Es que a esta altura no se puede cambiar la norma.

La señora PASCUAL.-

Pero se podría generar ad referéndum. ¿O no?

--Se aprueba el artículo 96 (28 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes y Sepúlveda y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Rementería, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, Insulza, Kuschel, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votó por la negativa la señora Provoste.

Se abstuvo el señor Kusanovic.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se registran cinco pareos.

La señora SEPÚLVEDA .-

Presidente , pido volver a insistir, si le parece a la Sala, en consultar si hay acuerdo para ver la indicación relativa a agua potable rural.

Yo conversé con el senador Edwards , y se recabó toda la información desde el Ministerio de Obras Públicas, de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, y efectivamente esto se hace a través de compras públicas.

Solo pido ver la posibilidad de tratar esa indicación.

Gracias.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

El senador Sanhueza dice que no, pero igual creo que se puede preguntar.

¿Habría acuerdo?

(Rumores).

Consultaremos si hay unanimidad al final.

La señora SEPÚLVEDA .-

Gracias.

La señora PROVOSTE.-

Presidente , respecto de la indicación separada que ha solicitado el senador Daniel Núñez , a nosotros nos parece muy pertinente.

Hace pocos días estábamos discutiendo en esta misma sala el proyecto sobre ferias libres. Esta indicación echa por tierra y hace absolutamente inviable la futura ley en esa materia.

Pero mi punto de reglamento es para que la Mesa se pronuncie sobre el quorum.

A nuestro juicio, esta es una norma de ley orgánica constitucional porque aborda materias relativas a la administración de un bien nacional de uso público. En ese marco, es una disposición de rango orgánico constitucional.

Por ello, quisiera el pronunciamiento de la Mesa en esta materia.

El señor NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Primero, hago presente que este es un tema sobre el cual seguramente varios senadores han tenido comunicación.

A mí la inquietud me la planteó la Asociación de Ferias Libres (ASOF), que señaló que, si esta norma se mantiene como fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la práctica cientos de ferias en Chile podrían dejar de funcionar, por cuanto establece que tiene que haber una autorización expresa del dueño de la casa frente a la vereda. Y las ferias libres usan la calle y también parte de la vereda.

Desde ese punto de vista, este artículo efectivamente borra gran parte del debate y de los avances que alcanzamos hace diez días en esta misma sala del Senado cuando votamos el proyecto sobre ferias libres.

Esto viene de la Cámara; no es una norma nuestra. Me parece a mí que debe ser rechazada.

Y, por último, Presidente , yo quiero insistir en lo que señaló la senadora Provoste: la administración de un bien nacional de uso público le corresponde al municipio, ¡al municipio!, y aquí se está modificando esa autorización, pues se le están estableciendo condiciones.

Por consiguiente, resulta evidente que esta es una norma de quorum especial.

La Ley Orgánica de Municipalidades es la que determina cómo se administran los bienes nacionales de uso público. Si vamos a modificar esa materia, obviamente hay que cumplir con el quorum constitucional.

De lo contrario, aprovecho de hacer reserva de constitucionalidad, porque, si la Cámara se equivocó, eso no quiere decir que nosotros incumplamos la normativa vigente en esta materia.

Le pido revisar lo del quorum, Presidente .

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Abrimos la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se deja constancia de la reserva de constitucionalidad.

--Se rechaza el artículo 97 (28 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención).

Votaron por la negativa las señoras Campillai, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Chahuán, De Rementería, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votó por la afirmativa el señor Prohens.

Se abstuvo la señora Ebensperger.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Además, en la Secretaría se han registrado cinco pareos.

--Se retiran las dos indicaciones.

El señor WALKER.-

Muchas gracias por la declaración de admisibilidad.

Presentamos esta indicación por una razón muy simple: la ley, tal como está hoy, no se hace cargo de la realidad de muchas caletas pesqueras de Chile.

La Ley de Caletas busca promover el desarrollo integral de estos territorios, entendiendo que no son solo lugares de trabajo, sino comunidades vivas con identidad social, cultural y económica.

Sin embargo, hoy la ley tiene un vacío importante. No reconoce que en muchas caletas pesqueras las personas viven ahí de manera permanente. Hay pescadores y familias que, por aislamiento geográfico, por tradición o por la propia lógica del oficio, han construido su vida en esas caletas.

Sin embargo, la ley no los nombra, no los reconoce y, por tanto, tampoco los protege.

¿Qué genera esto en la práctica? Que hoy el Estado puede expropiar terrenos para regularizar una caleta, pero no puede incluir las viviendas donde viven los pescadores, porque la ley no las considera parte del espacio productivo. Y cuando intenta regularizar sus casas por la vía tradicional, muchas veces no puede porque existen juicios pendientes o conflictos históricos de dominio.

En consecuencia, tenemos una contradicción -si me da treinta segundos más, Presidente , se lo agradecería- absurda: la ley quiere fortalecer las caletas, pero deja fuera a las personas que las sostienen.

Nuestra indicación no crea nuevos derechos ni cambia el procedimiento de expropiación; lo único que hace es reconocer una realidad que ya existe: que en ciertas caletas el poder residir permanente o temporalmente es parte esencial de su funcionamiento. Esto permitirá que cuando corresponda...(se desactiva el micrófono y se vuelve a activar por indicación de la Mesa) ... y esté plenamente justificado por Sernapesca, esas viviendas puedan ser consideradas dentro del polígono de la caleta, para así dar seguridad jurídica a familias que llevan décadas ahí.

El mejor ejemplo en nuestra región de Coquimbo, y bien lo saben los senadores Sergio Gahona y Daniel Núñez , es la caleta Sierra , un asentamiento reconocido oficialmente desde el año 1998, con más de ochenta años de historia, donde viven más de cien personas vinculadas directamente a la pesca artesanal. Están a más de 100 kilómetros del centro urbano más cercano, que es la comuna de Ovalle.

Entonces, ¿dónde pueden vivir esos pescadores? Y lo mismo pasa en muchas de las regiones que ustedes representan. Esta comunidad fue incluso parte del origen de la Ley de Caletas y hoy, paradójicamente, la misma normativa no les da una solución. Lo que sí hace esta indicación...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor INSULZA.-

Con mucho respeto y entendiendo los temas que plantea nuestro colega, este es un proyecto de ley. Si quiere presentar una iniciativa en este sentido, yo lo acompaño cuando quiera, y si el Gobierno le puede poner urgencia, ¡mejor! Pero la verdad es que no veo qué tiene que ver esto de las caletas, a esta hora, en el último tema de la discusión de la Ley de Reajuste.

Ahora, yo no tengo inconveniente en votarlo, pero, si vamos a seguir legislando así, la verdad es que no vamos a llegar muy lejos, Presidente .

Gracias.

--Se aprueba la indicación presentada por el senador señor Walker (25 votos a favor y 1 abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Rementería, Durana, Flores, Gahona, Galilea, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Se abstuvo el señor Insulza.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Se declara inadmisible.

¿Queda algo más?

Están todas las indicaciones votadas; por tanto, se despacha el proyecto a tercer trámite constitucional.