Labor Parlamentaria

El señor CASTRO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y de Biobío, de la Región del Biobío, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República.

Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Solicito a los jefes de Comités que hagan llegar a la Mesa los nombres de las diputadas y diputados que se inscribirán para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, sesión 108ª de la presente legislatura, en lunes 12 de enero de 2026. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor CASTRO (Presidente).-

En discusión la solicitud.

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, muy buenos días. Por su intermedio, saludo a los diputados presentes en la Sala.

Hoy votaremos nuevamente una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en nuestra macrozona sur. Lo digo con total claridad: esto dejó de ser una medida extraordinaria desde hace mucho tiempo. Hoy ya es absolutamente una normalidad, y cuando la excepción se mueve a la costumbre, lo que fracasa no es la herramienta, sino el Estado.

Llevamos más de 1.300 días consecutivos bajo estado de excepción en nuestra querida Araucanía , más de tres años y medio, y, sin embargo, el propio informe de la Multigremial es categórico: entre marzo de 2022 y diciembre de 2025 se han registrado 653 atentados terroristas, es decir, más de tres atentados por semana.

Si algunos indicadores respecto de lo ocurrido dicen otra cosa, no nos engañemos: la violencia sigue en nuestra zona, y se concentra y adapta a los distintos sectores de nuestra querida Región de La Araucanía. En la provincia de Malleco se cometen tres de cada cinco atentados. Hay 12.700 hectáreas donde el Estado no puede entrar, donde no hay control territorial, donde no se pueden ejecutar diligencias judiciales. Sin embargo, sí entra el Estado entregando bonos a los que allí viven. Esto se tiene que terminar a partir del 11 de marzo.

Vamos a apoyar esta prórroga, y esperamos que la Sala también lo haga.

Y doy una buena noticia, señor Presidente: faltan 58 días para que termine este gobierno.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, esta podría ser una de las últimas renovaciones del estado de excepción constitucional de emergencia para la macrozona sur que nos toque votar en este período.

Recordemos cómo comenzó esto.

Esto comenzó durante este período, en que un gobierno que asumió se comprometió a no militarizar la macrozona sur. Sus autoridades estaban convencidas de que el diálogo era suficiente y de que eso era lo que se necesitaba, lo cual no se había hecho, a su entender.

Así comenzamos, pero eso duró muy poco, porque lo que era evidente, lo que todos veíamos, lo que la realidad demandaba no lo veían nuestros gobernantes. Suspendieron el estado de excepción constitucional, se permitieron ingresar a la zona roja y fueron sacados a balazos. Ese muy lamentable hecho hizo que el mismo gobierno que hablaba de no militarizar sea aquel que ha mantenido a Chile con más tiempo en su historia bajo un estado de excepción constitucional.

Aclaro que el estado de excepción constitucional no es algo deseable. Yo, por lo menos, no soy un fan del estado de excepción. Simplemente, dado que no han hecho nada más -o han hecho muy poco respecto de esto; ya voy a explicar por qué-, esa medida vendría siendo la única herramienta paliativa, y siempre lo hemos mencionado así. El estado de excepción no resuelve el problema de la macrozona sur, pero es una herramienta que ha resultado útil.

¿Qué ha pasado en el intertanto? Primero, se reconoce por parte del gobierno que hay terrorismo; luego, retira ese reconocimiento y vuelve a hablar de “violencia rural”, lo cual es grave, porque implica un retroceso. Cuando no se hace un buen diagnóstico, no se puede aplicar un buen medicamento.

Luego vimos que el Ministerio Público comenzó a aprender respecto de qué significaba, en conjunto con las policías, perseguir el terrorismo en La Araucanía, terrorismo que reconocieron -insistoque existía en La Araucanía.

Algo que hizo bien este gobierno fue fortalecer las capacidades de Carabineros a través de implementos. Eso lo he mencionado siempre. Eso era necesario -debió haberse hecho antes, pero no se hizo-, y en este gobierno se hizo muy bien. Eso era indispensable. Claro, muchas radiopatrullas y furgones quedaron muy destruidos después del estallido de 2019, y había que renovar también otro material. Eso era necesario.

Sin embargo, esos hechos, esto es, el trabajo bien coordinado entre el Ministerio Público y las policías, la persecución penal, los implementos entregados a Carabineros y el estado de excepción no son suficientes. Lo que se ha hecho necesario desde un comienzo es algo que este gobierno no ha concretado, que es actuar en la dirección de desbaratar a los grupos terroristas que están actuando en la macrozona sur. Eso no lo ha hecho.

El estado de excepción constitucional es una herramienta que ha prestado utilidad porque se ha logrado contener la mayor cantidad de violencia. La persecución penal también ha dado algo de resultados. Sin embargo, esto no termina y no va a terminar hasta que no exista por parte del Estado la voluntad política de desbaratar a los grupos terroristas; pero, claro, qué difícil es cuando les cuesta siquiera mencionar la palabra terrorismo. En un momento no sé por qué lo hicieron -la realidad era muy grande-, pero luego retrocedieron todos en conjunto al mismo tiempo: dejaron de hablar de terrorismo. Ese es un grave problema que deja este gobierno para el futuro gobierno y para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque hace tiempo se debió haber iniciado un proceso para desbaratar a los grupos terroristas.

Hemos perdido tiempo, y ese tiempo ha permitido que esos grupos tengan más recursos económicos y más redes, que logren corromper de mayor forma, que tengan más poderío bélico y, en el fondo, que sean más potentes y más difíciles de sacar.

De eso es responsable este gobierno, porque ha hecho cosas como las que acabo de mencionar, pero no ha llevado a cabo lo más importante, que debió haber hecho desde un principio, porque no tuvo la voluntad política.

Es lamentable, porque esas decisiones las terminamos pagando todos; pero no todos; más bien quienes vivimos en la macrozona sur; más bien esa cantidad de chilenos distantes de Santiago, que es un grupito que vive en el campo. Algunos dirán: “Están lejos, no duele tanto”. Pero la realidad dramática y brutal que viven nuestros compatriotas de esa zona debería sensibilizar a quienes hoy están en el gobierno para hacer todo lo que esté de su mano, no solo algunas cosas, para hacer que el terrorismo termine y dejemos de acostumbrarnos a convivir con él, como nos hemos tenido que acostumbrar. Eso no es deseable para Chile.

Aquí está presente el ministro del Interior. Muy bien, señor ministro del Interior; lo saludo por intermedio del señor Presidente y le vuelvo a preguntar, tal vez por última vez, porque ya me he cansado y porque se lo he preguntado desde el día uno: ¿cuál es la estrategia de este gobierno para desbaratar el terrorismo, más allá del estado de excepción y de la persecución penal? Insisto, estas dos medidas pueden tener una utilidad, pero basta con que descabecemos al número uno, y el número dos asumirá en el lugar del número uno y se acabará el problema para ellos. En la práctica, el estado de excepción ha tenido un impacto menor.

¿Cuál es la estrategia para desbaratar el terrorismo? No para convivir con él, no para que tenga menos fuerza, sino para desbaratarlo.

Lo escucho, señor ministro, por su intermedio, señor Presidente. Por última vez, le vuelvo a preguntar: ¿cuál es la estrategia para terminar con el terrorismo? Mientras eso no ocurra, lamentablemente, estamos condenados a tener que seguir aprobando la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro y, por supuesto, le doy la bienvenida a la Cámara de Diputados; también saludo a cada uno de mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

Estamos en una época clave para la Región de La Araucanía, que tengo el alto honor de representar. Por ello, debemos tomar todas las medidas que se requieran para evitar que se vea afectado el trabajo de miles de agricultores que ven cómo sus productos quedan en riesgo debido a los incendios forestales.

Saco a colación este tema porque a lo largo de los últimos años hemos tenido ejemplos de incendios intencionales en la zona, muchos de los cuales se han producido en el marco del terrorismo en La Araucanía.

Sin ir más lejos, al finalizar el año anterior, vimos cómo se materializó un atentado en el sector de Peleco, en la comuna de Nueva Imperial, que derivó en un incendio forestal. Lamentablemente, la respuesta no ha sido la tónica de este gobierno: mantuvieron silencio y no actuaron con la celeridad ni con la prioridad que se requería en ese caso.

Por esta razón, además de votar como siempre lo he hecho, con responsabilidad y a favor esta renovación del estado de excepción constitucional, solicito redoblar los esfuerzos para garantizar que, debido al riesgo inminente de incendios forestales, se adopten todas las medidas que mitiguen al máximo su origen y manejo con la ayuda de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Así me lo han pedido vecinos del sector rural, emprendedores del rubro forestal y, sobre todo, los agricultores de mi distrito, que sienten que, a pesar de todos los llamados de alerta que se han puesto sobre la mesa, no han sido debidamente escuchados. En ese sentido, debemos resguardar las principales fuentes económicas y laborales de las comunas de La Araucanía.

Aunque sea por única vez, solicito respetuosamente al gobierno que haga el trabajo para el cual fue elegido. Esperamos que gobierne hasta el último día.

También, quiero agradecer al Ejército de Chile y, particularmente, a cada una de las avanzadas militares que están trabajando en las comunas de Curacautín, Traiguén y Lumaco , en La Araucanía.

Por ello, votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, hace unos días se dieron a conocer los datos de la encuesta Casen a nivel nacional y algunos aplaudían porque la pobreza disminuyó cuatro puntos. Sin embargo, si no hubiese sido por los subsidios directos, ese ítem no habría disminuido. Ello ocurrió fundamentalmente gracias a impuestos, no a la generación de empleos y de riqueza. Reitero: eso fue esquilmando y agarrando impuestos. Si bien en La Araucanía disminuyó un poco, nuevamente pasamos a ser la región más pobre de Chile, con un 28,7 por ciento, o sea, casi el 30 por ciento de la población. Una de cada tres personas en La Araucanía vive bajo la línea de la pobreza y, además, el 13 por ciento del total vive en extrema pobreza, lo que se debe en parte a lo que estamos discutiendo.

Desde hace tiempo hemos dicho que tenemos un problema de informalidad, pues casi el 40 por ciento de los habitantes de la Región de La Araucanía trabaja informalmente, lo que se refleja en las cifras de pobreza. El 80 por ciento de lo que se invierte en La Araucanía proviene del Estado; es una región que vive del Estado, y en verdad no debería ser así, sino al revés. En definitiva, si el Estado no invirtiera allí, habría mucha más pobreza y no habría trabajo.

¿Por qué no se invierte allá? Fundamentalmente, porque hay terrorismo, algo que fue negado durante muchos años. Hoy es normal que se hable de terrorismo, y sí lo es. El índice internacional de países con terrorismo demuestra que estamos en el puesto vigesimoprimero, superando solo a Colombia, ubicado en el decimoquinto lugar.

Por lo tanto, como se ha señalado, estamos en una situación que se ve poco, pero en los sectores duros, donde permanentemente se queman camiones, faenas forestales y campos, ahora estamos en la temporada de incendios. Nosotros tenemos temporada de incendios y temporada de cosecha. Como he manifestado en reiteradas oportunidades, la cosecha se hace con militares, lo que no es normal en una democracia como la nuestra, que se supone es de alta intensidad.

Frente a esas cifras, no escuché al delegado presidencial hacer, a lo menos, un mea culpa, porque hay que ver cuál fue la política del gobierno. No lo estoy personalizando en usted, ministro, por intermedio del señor Presidente, pero los delegados deben hacer su tarea; para eso están en ese cargo. Y el gobernador tampoco ha hecho su trabajo.

¿Cuál es la política? Se han hecho muchas declaraciones, pero la Región de La Araucanía no tiene foco, menos un modelo de desarrollo. Parece que hoy estamos en una especie de indiferencia, de acostumbramiento. Como diría Durkheim , estamos en una sociedad de la anomia, desviada. Lo cierto es que la región seguirá igual, porque parece que la gente se acostumbró a esta situación. Eso es lo malo, por cuanto la realidad muestra que es la zona más pobre de Chile, la que presenta mayor informalidad, de 40 por ciento, con 13 por ciento de habitantes en extrema pobreza, y la que está en el lugar vigesimoprimero en términos de terrorismo; o sea, nos sacamos todos los premiados.

La verdad es que las autoridades que ustedes han nombrado, ministro, por intermedio del señor Presidente, no han estado a la altura, porque allá no han hecho su trabajo. Esa es la realidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB .-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro.

Apoyaremos esta nueva prórroga, que será una de las últimas del actual gobierno, sin tener claro hasta aquí cuál va a ser el plan de salida. En verdad, vamos a terminar con el estado de excepción constitucional de emergencia como se inició, sin ninguna modificación ni plan de salida.

En la Región de La Araucanía, en muchos casos, no se contratan seguros, porque es una zona muy riesgosa, y si ello se hace son tres veces más caros que en el resto del país. La inversión es muy baja, porque sencillamente los prestadores de servicios y la gente no va hacia allá, porque no se atreven o no quieren, lo que implica que la producción sea mucho más cara, porque el arriendo de maquinaria y la llegada de camiones para cargar materiales implica un costo mucho mayor.

La reparación a las víctimas aún no se ha concretado en muchos casos, lo cual ha generado frustración, desesperanza y una permanente postergación, transformándose en un círculo vicioso, porque sencillamente donde no hay apoyo y ocurre lo que acabo de señalar, es decir, que los seguros y la producción son más caros y no se pueden realizar trabajos, la pobreza sigue avanzando y siendo el caldo de cultivo para que grupos la consideren como la excusa perfecta para representar una causa que no les pertenece y llevar adelante actos de violencia.

A pesar de que ofrecimos colaboración una y otra vez para sacar adelante un plan, ver alternativas de solución o, a lo menos, buscar algo, lamento que al finalizar este gobierno no haya un plan de salida para este estado de excepción constitucional, que heredaron del gobierno del Presidente Piñera. Lamentablemente, no se pudo buscar o tener una alternativa distinta, a pesar de que, como he dicho innumerables veces, lo ofrecimos una y otra vez.

Votaremos a favor, porque, desafortunadamente, hoy el gobierno no nos plantea otra alternativa distinta y mejor que esta. No es lo óptimo, pero de alguna manera ha permitido disminuir en algo los hechos de violencia, que todavía siguen en la Región de La Araucanía, los cuales generan intranquilidad, frustración, falta de oportunidades y de trabajo y que en la Región de La Araucanía sigamos sintiéndonos como ciudadanos de segunda o de tercera categoría.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la Ley N° 18.290, de Tránsito, para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos, correspondiente al boletín N° 17702-15.

Para la discusión del proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Felipe Camaño .

Antecedentes:

-Moción, sesión 52ª de la presente legislatura, en martes 22 de julio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 100ª de la presente legislatura, en martes 9 de diciembre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 28.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Felipe Camaño , rinde el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones el diputado Jaime Mulet .

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MULET (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar el proyecto que modifica la Ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos, iniciado en una moción copatrocinada por los diputados Francisco Undurraga , Jorge Guzmán y Christian Matheson , en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”.

I.Constancias previas

1. Idea matriz o fundamental del proyecto

La idea matriz de la presente iniciativa se fundamenta en reformar el tipo penal de “carreras no autorizadas” contenido en el artículo 197 ter de la Ley de Tránsito, eliminando los elementos subjetivos y estructurales relacionados con la competencia o desafío entre vehículos, para reemplazarlos por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción temeraria o peligrosa, con el fin de asegurar una aplicación más efectiva de la norma penal y una mejor protección de la vida e integridad física de las personas.

De igual forma, se amplía la aplicación de la pena de comiso del vehículo a todas las hipótesis reguladas en el artículo 197 ter.

2. Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

No hay.

3. Trámite de Hacienda

No hay.

4. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

Votaron a favor la diputada Emilia Nuyado y los diputados Carlos Bianchi , Fernando Bórquez , Felipe Camaño , Cosme Mellado , Jaime Mulet , Leonidas Romero y Jaime Sáez .

Con el mérito de los fundamentos contenidos en la moción y lo expuesto por las autoridades y demás organizaciones invitadas, la señora diputada y los señores diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar en esta materia.

Se estimó de innegable importancia reformar el tipo penal de carreras no autorizadas, contenido en el artículo 197 ter de la Ley de Tránsito, eliminando los elementos subjetivos y estructurales relacionados con la competencia o desafío entre vehículos para reemplazarlos por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción temeraria o peligrosa, con el fin de asegurar una aplicación más efectiva de la norma penal y una mejor protección de la vida e integridad física de las personas.

Junto con ello, se amplía la aplicación de la pena de comiso del vehículo a todas las hipótesis reguladas en el artículo 197 ter, como es conducir excediendo la velocidad permitida, mediante desplazamientos simultáneos o sucesivos en relación con otros vehículos y ejecutar destrezas, deslizamientos, derrapes o maniobras que puedan poner en peligro la vida o integridad física de terceras personas, entre otras.

Asimismo, la comisión se manifestó favorable en cuanto a aumentar la sanción aplicable a un rango máximo de tres años al que condujere un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas, y si como resultado de la acción se causaren lesiones menos graves o graves, elevar la sanción a un rango máximo de cinco años. La sanción pecuniaria se ve incrementada a un tramo de entre veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Además, se manifestó favorable a sustituir la expresión “clandestinas” por “no autorizadas”, dando una mayor precisión a la configuración del ilícito. Para quien organizare carreras no autorizadas se aumenta el rango de sanción de multa de ocho a veinte a de ocho a cincuenta unidades tributarias mensuales.

También hubo consenso en cuanto a considerar como una circunstancia agravante el ejecutar las referidas conductas en las inmediaciones de establecimientos educacionales, centros de salud o lugares de alta afluencia de personas ubicados en zonas urbanas o en zonas cuya velocidad máxima sea igual o inferior a cincuenta kilómetros por hora.

Asimismo, se concordó en que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pueda determinar la instalación de dispositivos del Sistema Automatizado de Tratamiento de Infracciones del Tránsito, establecido en la ley N° 21.549, en vías o tramos que formen parte de las autopistas o caminos concesionados, de acuerdo con la metodología establecida en el reglamento a que se refiere el artículo 5º de dicha ley, previa coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, con el fin de determinar que los lugares donde ellos sean instalados no afecten la seguridad vial de los usuarios de las concesiones de obras públicas viales.

Tales dispositivos podrán ser utilizados para la fiscalización de la infracción en que incurra el propietario o tenedor del vehículo motorizado que sobrepase en 60 kilómetros por hora los límites de velocidad fijados en la ley, siendo sancionado con una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, salvo que acredite que no conducía el vehículo al momento de la infracción o que este fue tomado sin su conocimiento o sin su autorización expresa o táctica.

Las infracciones detectadas por estos dispositivos se sujetarán íntegramente al procedimiento, notificación, mecanismos de impugnación y limitaciones dispuestos en la ley Nº 21.549 y sus reglamentos.

También hubo consenso en cuanto a que sea la sociedad concesionaria la obligada a permitir la instalación, operación y mantenimiento de dichos dispositivos, bastando que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comunique al inspector fiscal respectivo la necesidad de instalarlos en la obra pública fiscal vial correspondiente.

Finalmente, los integrantes de la comisión se manifestaron contestes en que el inspector fiscal establezca las pertinentes coordinaciones con la sociedad concesionaria respectiva, con el fin de que esta otorgue las facilidades que permitan la instalación, operación y mantenimiento de los referidos dispositivos en los puntos que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solicito la autorización de la Sala para que ingrese el subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, estimados diputados, este proyecto aborda un problema grave, real y cotidiano que afecta directamente la seguridad de nuestras ciudades: las famosas carreras clandestinas y la conducción temeraria.

En la Región de La Araucanía esto no es una excepción ni un fenómeno aislado en Temuco, por ejemplo. Estas conductas ocurren en sectores urbanos, en avenidas estructurantes y también cerca de parques y espacios familiares.

No estamos hablando de caminos rurales ni de horarios marginales; hablamos de vías por donde circulan familias, niños y adultos mayores. Muchas de estas conductas terminan siendo tratadas como simples infracciones, con sanciones que no disuaden a nadie. Eso genera una peligrosa sensación de impunidad, y cuando el Estado no pone límites claros el mensaje es que todo vale.

Este proyecto va en la dirección correcta, porque tipifica claramente las carreras clandestinas, endurece las penas, permite el comiso del vehículo, sanciona no solo al conductor, sino también a quienes organizan o facilitan estas conductas, y establece agravantes cuando ocurren en zonas urbanas o de alta afluencia de personas.

Aquí no se trata de criminalizar el deporte; se trata de poner orden, de proteger la vida y la integridad de quienes usan el espacio público y el buen derecho a circular. Primero está la responsabilidad de todos.

Desde La Araucanía decimos con claridad: no podemos seguir normalizando estas conductas ni permitiendo que se sigan desarrollando estas situaciones, porque pueden ocasionar, como ha sucedido en algunas oportunidades, muertos o lesionados.

Por eso, este proyecto es necesario y urgente, porque recuperar el orden en las calles también forma parte concreta para cuidar al resto de la ciudadanía.

Dios bendiga a Chile y a nuestra querida Región de La Araucanía.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, en primer lugar, parto agradeciendo a la alcaldesa de Vitacura, quien, como parte de mi distrito, se acercó a conversar y ver la solución a este problema cuyo proyecto hoy se votará.

En segundo lugar, y muy importante, como autor de la iniciativa, agradezco al gobierno, al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y al subsecretario de Transportes, quienes participaron activamente de su discusión y, además, le pusieron urgencia.

En tercer lugar, doy las gracias a mis compañeros de bancada, quienes me acompañaron en esto, y, por cierto, a los miembros de la comisión, que aprobaron la iniciativa en forma unánime.

El Estado no puede ir más lento que los imprudentes al volante. Durante años hemos visto cómo las llamadas carreras clandestinas y otras conductas de conducción temeraria se han ido normalizando en nuestras ciudades y carreteras. No son hechos aislados, no son anécdotas de fin de semana ni juegos de jóvenes ricos; son prácticas criminales tan irresponsables como disparar un arma al azar, que generan miedo, ruido e inseguridad, y que dejan heridos y muertos, situaciones perfectamente evitables.

La ley vigente, aprobada en 2022, partió de un diagnóstico correcto, pero la experiencia ha sido clara y no podemos seguir ignorándola: tal como está diseñada hoy, no funciona, ya que exige probar la existencia de una competencia o de una carrera entre vehículos, cuando lo que realmente pone en riesgo la vida de las personas es una conducta objetiva, esto es, velocidades extremas, derrapes, maniobras temerarias y un desprecio absoluto por el entorno y por la vida ajena.

Cuando una ley no se aplica, cuando no logra sancionar conductas que todos vemos, no solo fracasa jurídicamente, sino que también genera impunidad y deniega justicia a quienes viven con miedo por esas atrocidades. En ese contexto nació este proyecto de ley, que fue trabajado, tal como señalé, con la alcaldesa de la comuna de Vitacura y -nobleza obliga-, vuelvo a repetir, con el gobierno actual, representado por el ministro y el subsecretario.

Apoyar y dar urgencia a una iniciativa que corrige un problema de fondo es relevante. Lo que hace este proyecto es cambiar el foco, pues deja atrás la intención subjetiva de competir y se centra en el daño y en el riesgo real que se produce en la vía pública y, con ello, protege mejor el bien jurídico más importante que tenemos: la vida y la integridad física de todas las personas.

En el fondo, el tema es bastante simple: conducir no es un juego y menos cuando se hace a 180 o a más de 200 kilómetros por hora en una autopista urbana o cerca de zonas habitadas. Esto no solo ocurre en Vitacura, sino también en San Bernardo, Concepción , Chiguayante, Copiapó , La Serena y en muchas otras comunas del país. Además, esta iniciativa responde a una exigencia ciudadana muy clara: que el Estado utilice de manera efectiva…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, felicito a los autores de este proyecto de ley y también al gobierno por haberlo patrocinado, porque aborda una realidad que se vive en todas las ciudades e, incluso, en los sectores rurales.

Las carreras clandestinas, además de provocar un eventual daño a las personas, que pudieran ser víctimas de atropellos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la ciudad de Temuco, tampoco dejan dormir en la noche, por los ruidos molestos que generan los vehículos.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿cómo es posible que autos que están arreglados, enchulados -como dicen hoy día-, pasen la revisión técnica? ¿Cómo es posible que circulen por las calles? ¿Por qué no son sacados de las calles? ¡Esos autos no debieran pasar la revisión técnica!

Ahí tenemos un problema, y también tenemos un problema con el control policial, porque existe muy poco, porque nos faltan carabineros, ya que tenemos un déficit de 40 por ciento de carabineros. Hay que poner mucha atención en ese aspecto, porque esos autos -reiterono debieran salir a la calle, porque han sido arreglados y, por tanto, no debieran pasar la revisión técnica. Si la pasan, significa que ahí tenemos otro problema.

Apoyaré este proyecto, pero también quiero apuntar a otro foco: a cómo esos vehículos llegan a las calles, en circunstancias de que muchos de ellos han sido arreglados. Por cierto, también hay autos de alta gama que participan en carreras clandestinas.

También me preocupa, por lo que veo en la ciudad de Temuco, que las carreras se realicen en las calles principales y no en las carreteras. Me refiero a calles principales, como las avenidas San Martín , Alemania y Caupolicán . Allí hacen carreras, sobre todo en la noche, sin ningún control. ¿Cómo salen a la calle esos autos absolutamente arreglados?

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -está presente el subsecretario debiese tener más control al respecto, para que esos autos, cuando transitan por la calle, inmediatamente sean sacados de circulación, para que ni siquiera lleguen a realizar la carrera. Falta dar un paso en tal sentido.

Esta ley nos va a ayudar, pero esos autos, como dijo el diputado Francisco Undurraga , que son conducidos por personas irresponsables, ni siquiera debieran llegar a las calles.

Reitero que vamos a apoyar este proyecto, pero me preocupa que esos autos enchulados puedan circular por la vía pública y no pasa nada, porque nadie los controla. En el día se siente el ruido de los motores, y muchas personas del centro de Temuco me han comentado que, durante la noche, el ruido no los deja dormir.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, en la Región de Ñuble, como en muchas otras regiones de Chile, hemos sido testigos de tragedias viales provocadas por maniobras irresponsables. Nuestras rutas, como la N-55, la costanera o los accesos a la ciudad de Chillán, no son pistas de competencia. Sin embargo, el actual el artículo 197 ter de la Ley de Tránsito exige acreditar un desafío o competencia entre vehículos, elemento subjetivo que dificulta la persecución penal y deja impunes conductas claramente peligrosas.

No podemos cerrar los ojos. Esta es una realidad que se repite en caminos, autopistas y calles a lo largo de todo Chile. No se trata solo de perseguir, sino también de comprender y canalizar.

Mientras avanzamos en una norma más efectiva, también debemos preguntarnos: ¿estamos generando espacios seguros donde quienes sienten esta atracción por la velocidad puedan expresarla sin estar expuestos a peligros y sin poner en peligro a otros? La política pública debe incluir, en paralelo, la promoción de circuitos autorizados, pistas seguras y alternativas recreativas controladas, donde esta energía encuentre su cauce y no exponga a peatones, ciclistas ni a otros conductores.

Las cifras nacionales muestran un aumento de los siniestros por conducción temeraria, y la Región de Ñuble no está ajena a esa realidad. Necesitamos una norma que no dependa de probar si dos conductores competían, sino que sancione objetivamente acciones como aceleraciones extremas, zigzagueos abruptos o desplazamientos a altas velocidades en zonas urbanas. Eso fortalece el principio de legalidad y da certeza a fiscales y jueces.

Además, el proyecto incorpora herramientas modernas de fiscalización, como el uso de medios tecnológicos cruciales para autopistas concesionadas y vías interurbanas. En nuestra región, donde la conectividad es vital para pequeños agricultores, estudiantes y trabajadores, garantizar carreteras seguras es un imperativo de justicia territorial. Esta reforma no criminaliza la conducción habitual, sino que se enfoca en quienes transforman el espacio público en un campo de riesgo, protege a ciclistas, peatones y familias enteras que transitan con responsabilidad y nos llama, como Estado, a no solo prohibir, sino también a ofrecer opciones.

Avancemos hacia una ley clara, preventiva y disuasiva que ponga en el centro la vida y la integridad física de cada ciudadano de Ñuble y de todo Chile.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley trata de subsanar una problemática real, cual es sancionar debidamente, con reproche penal, a aquellos que tienen una conducción temeraria y realizan carreras en lugares públicos.

Quiero destacar dos cosas. Como este es un delito de peligro abstracto, la tipicidad, por más que los autores o la propia comisión quisieran plantearlo, sí requiere que concurran los hechos que constituyen un delito penal, vale decir, el dolo efectivo o un dolo eventual que puedan existir en este tipo de delitos.

Este proyecto lo mejora, por cierto, pues establece hechos más objetivos para determinar la conducta que se reprocha y, por eso, claramente es un avance. Sin embargo, es importante avanzar en los procedimientos para sancionar, porque si bien se puede elevar la sanción, siempre están, por ejemplo, supeditados a procedimientos que no son monitorios y, muchas veces, las salidas alternativas al proceso penal son más convenientes para agilizar estos proyectos cuando no existen, obviamente, delitos asociados, como lesiones o muertes, donde sí se eleva, eventualmente, como agravante.

Ahora bien, este es un tema que existe, que es una realidad, pues hay muchos jóvenes, de distintos sectores, que arreglan sus vehículos. El Estado, como lo señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, no ha dado una respuesta oportuna para poder cobijar o permitir la realización de este tipo de conductas que, para muchas personas, adultos y jóvenes, es una forma sana de entretención, pero que no está permitido realizar en la vía pública, y eso es importante y hay que validarlo, pero también debieran existir autódromos, lugares, calles cerradas o pistas que permitan desarrollar esta actividad que practican muchos jóvenes. Nunca se debe hacer en la vía pública, porque constituye un riesgo para aquellas personas que, como se ha visto en los últimos tiempos, están expuestos a lesiones e, incluso, la muerte por asistir a este tipo de espectáculos.

Vamos a votar a favor este proyecto de ley, que avanza en mejorar la tipicidad. No obstante, esperamos que en el segundo trámite legislativo se pueda precisar y mejorar aún más.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, hoy no estamos discutiendo sobre fierros, motores ni reglamentos; hoy estamos hablando de vidas humanas, de personas que salen de su casa por la mañana convencidas de que a lo mejor no van a volver, de niños que cruzan una calle en un país donde la velocidad es un acto común y el asesinato vial no existe. Hablo de familias que esperan sin saber que alguien tomó una decisión irresponsable mucho antes de encender el motor de su vehículo.

Hoy, en nuestras calles circulan vehículos que nunca debieron existir: vehículos armados de manera artesanal, modificados sin normas, sin certificación ni control alguno; camionetas tremendamente altas que, debido a ello, afectan la visibilidad, lo que propicia el atropello de personas. En otros países, tanto la altura como la longitud de las camionetas están normadas.

Son vehículos que avanzan, sí, pero que también amenazan. Son verdaderas bombas de tiempo rodando entre nosotros. Y digámoslo también sin rodeos y con claridad: esto no es creatividad, ni ingenio ni emprendimiento, sino una imprudencia grave cuando se trata de vehículos; es negligencia y, en demasiados casos, indiferencia frente a la vida de otros.

Nuestra ley castiga al conductor temerario, pero guarda un silencio doloroso frente a quien construye o modifica un vehículo, sabiendo que eso es inseguro, sabiendo que puede fallar, sabiendo que cuando falle alguien puede no volver a su casa. Ese silencio del Estado también mata y ese vacío legal ya no se puede seguir justificando.

Este proyecto no busca revancha ni castigo por castigo, sino algo fundamental, humano y justo. Si bien no es lo más completo, será factible de modificar, ya que hoy nos hacemos cargo del tema.

Es importante que quien crea riesgo se haga responsable de él, porque la tragedia no empieza en el accidente, sino en el taller improvisado, cuando alguien decide soldar sin norma, cortar un chasis sin certificación, eliminar frenos, alterar sistemas críticos de un vehículo o reutilizar piezas sin saber siquiera de dónde vienen.

Cuando ese vehículo falla -porque la verdad es que va a fallar-, no muere solo quien va al volante; mueren peatones que cruzaban confiados, mueren ciclistas que respetaban la ley, mueren familias completas.

Quiero ser claro: este proyecto no persigue al mecánico honesto y no criminaliza al trabajador responsable ni al pequeño taller que cumple con todas las normas.

Después de una familia rota, nuestro deber es no llegar tarde, porque legislar en serio es evitar el funeral, no dar discursos cuando ya es demasiado tarde.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, los vecinos de La Victoria, en Limache, están desesperados por las carreras clandestinas. Lo mismo ocurre en comunidades de tantos lugares de nuestro país.

Las carreras clandestinas han generado accidentes fatales y provocan ruidos molestos. Muchas veces están vinculadas con drogas y con armas de fuego que amedrentan a los vecinos. Frente a esa realidad es fundamental que las personas que quieren correr entiendan que tienen que hacerlo en un autódromo. En Quilpué tenemos un autódromo que hace vibrar a mucha gente y que es un espacio familiar. Eso es lo que necesitamos.

Es por eso que hoy vamos a apoyar este proyecto de ley, que busca tipificar como delito y sancionar la conducción temeraria de vehículos. Con esta iniciativa vamos a aumentar las multas y penas aplicables y también -esto es muy importantea facultar al Ministerio de Transportes para determinar la instalación de dispositivos del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), creado en virtud de la “ley CATI”, lo que será coordinado con el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Concesiones.

Estamos dando un paso importante para que muchos vecinos vuelvan a vivir tranquilos. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, este proyecto fue iniciado en moción de un conjunto de diputados, entre los que se encuentra el diputado Francisco Undurraga y otros que lo patrocinaron. En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde nos correspondió tramitarlo, insistimos en incluir el comiso del vehículo como sanción para las distintas conductas que tipifica el proyecto de ley. Tengo la convicción de que el comiso del vehículo es lo que más les duele a esas personas.

En efecto, muchas personas tienen muchos recursos y se dedican a las carreras clandestinas, al derrape y a enchular los vehículos de manera ostentosa, con los que obviamente generan problemas graves en distintos vecindarios y lugares a altas horas de la noche. A esas personas muchas veces les da lo mismo la vida o la integridad física de los transeúntes. Es gente muy irresponsable y muchas veces vinculada al narcotráfico. Es muy típico ver esos vehículos asociados a narcotraficantes. Lo digo porque así lo veo en distintos sectores y así también me lo han planteado.

Por ello, insisto en que la figura del comiso es la que más les duele a esas personas. Si se trata de pagar una multa, esas personas la pagan; si la multa es de 10 UTM -700.000 pesos-, la pagan; pero lo que más les duele es perder la propiedad del vehículo. El proyecto precisamente sanciona con el comiso del vehículo, figura que hace perder el dominio sobre el bien usado en la conducta ilícita.

Reitero que agregamos esa sanción en las distintas conductas incluidas en la iniciativa, lo que me parece muy importante para disuadir que se altere el orden público en distintos lugares y a altas horas de la noche, pues ello perjudica la vida normal del resto de la población.

Esas personas pueden correr en sus vehículos en distintas autopistas. Pueden ir a Las Vizcachas, a Huachalalume, en La Serena, o a otros lugares en los que incluso se puede practicar el automovilismo como deporte. El problema se produce cuando las carreras se realizan en barrios, cuando la conducta constituye un acto de prepotencia, cuando se convierte en un acto de desprecio hacia los vecinos. Eso es lo que tiene que disuadir esta norma. Por eso, a mi juicio, el comiso es muy importante en este caso.

Muchas veces esa gente prefiere más el vehículo que las personas; cuidan y dan más importancia al vehículo que a las personas, lo que es realmente impresionante. Por eso creo que el castigo señalado va bien dirigido.

Con mucha fuerza vamos a apoyar este proyecto de ley. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por falta de quorum.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, este proyecto constituye una respuesta necesaria y proporcionada frente a una problemática real y creciente que afecta directamente a la seguridad vial en el país.

Las cifras de siniestros, de lesionados y de fallecidos asociadas a la conducción temeraria de vehículos justifican plenamente una actualización del marco normativo orientada a cerrar vacíos que hoy impiden una persecución efectiva de esa conducta.

En ese sentido, la iniciativa fortalece el principio de legalidad y tipicidad penal al reemplazar descripciones excesivamente restrictivas por un catálogo más claro y operativo de conductas objetivamente peligrosas.

Esto no solo mejora las certezas jurídicas, sino que permite una aplicación más coherente y consistente de la norma por parte de los órganos persecutores y jurisdiccionales. Además, el proyecto avanza en una lógica preventiva y disuasiva, reforzando las sanciones y ampliando herramientas, como el uso de medios tecnológicos de fiscalización.

Debo hacer mención a la importancia de la experiencia que deben tener los conductores, sobre todo aquellos que conducen vehículos de alto tonelaje y transporte de pasajeros en las carreteras. Nos encontramos muchas veces con conductores muy jóvenes manejando camiones de alto tonelaje como si fueran vehículos de juguete y a exceso de velocidad. Un conductor maduro sabe que de esa forma arriesga no solo a su vida, sino también la de muchas personas.

Por otro lado, el fortalecimiento de la fiscalización y la posibilidad de imputar responsabilidad cuando no es posible identificar al conductor permiten superar obstáculos prácticos que hoy debilitan la aplicación de la ley, especialmente en el contexto urbano y en autopistas concesionadas.

Sin duda, ello viene a complementar un proyecto que he presentado sobre control de drogas para los conductores. La vida de las personas siempre tiene que ser una prioridad.

Claramente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, el texto del proyecto que estamos revisando lo debatimos latamente en el período legislativo anterior, en conjunto con la entonces ministra Gloria Hutt , ocasión en la que logramos generar dos normas en un mismo proyecto de ley.

La primera dice relación con las carreras clandestinas y el efecto nocivo que provocan en diversas comunas del país. La segunda se refiere a la sanción como delito de la conducta de conducir a velocidad temeraria.

De acuerdo con el proyecto original que presentó el diputado Francisco Undurraga , esta iniciativa viene a mejorar esa primera instancia, en orden a definir correctamente qué se entiende por carrera clandestina, lo cual, en ese ámbito, es un aporte porque mejora el concepto.

Ahora bien, tengo varias observaciones respecto de cómo quedó elaborado el texto del proyecto. Lamentablemente, por estar en otras comisiones, no pude participar en la totalidad del debate de esta iniciativa; estuve presente en parte de él, defendiendo el concepto de delito de conducir a velocidad temeraria. Sin embargo, luego de la lectura del texto final, me parece que varias cosas requieren mayor maduración.

Por ejemplo, la comisión aprobó la incorporación del artículo 197 sexies a la Ley de Tránsito, que dispone que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá determinar la instalación de dispositivos del Sistema Automatizado de Tratamiento de Infracciones del Tránsito en autopistas concesionadas. Este artículo en particular quedó con el concepto “podrá”; es decir, es facultativo para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El proyecto que presentó el diputado Francisco Undurraga establecía la obligación para las concesionarias que sí pueden llevar adelante esa medida. Si hoy no hemos sido capaces de instalar las pocas cámaras del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), sistema que también aprobamos en el período pasado y que aún no implementamos, ¿seremos capaces de tener esta tecnología actualmente? Creo que no.

En segundo lugar, la comisión aprobó la incorporación de un inciso final en el artículo 203 de la Ley de Tránsito, que establece una sanción que entra en contradicción con un artículo que ya es ley.

Así, existe una serie de deficiencias en la redacción del texto final de esta iniciativa, sin perjuicio de lo cual, en lo particular, la apoyaré porque efectivamente la conducción temeraria es un problema; pero -reiterocreo que el texto necesita mayor maduración por parte de la comisión.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO .-

Señor Presidente, iorana.

Quiero referirme a este proyecto que tipifica y sanciona la conducción temeraria, una iniciativa que busca salvar vidas y recuperar la seguridad de nuestras calles y rutas.

La conducción temeraria no es un error; es una decisión consciente que pone en riesgo a todos. El exceso de velocidad, como lo vimos en la ruta 68, donde un conductor circulaba a una velocidad de entre 193 y 197 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70 kilómetros por hora, o las carreras clandestinas, que transforman vías públicas en verdaderas pistas ilegales, son actos que ya no podemos tolerar.

Esas conductas no solo ocurren en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales interurbanas, donde la fiscalización es escasa y, además, la ayuda tarda en llegar, por lo que las consecuencias pueden ser aún más graves.

No es casualidad que más del 70 por ciento de las muertes en siniestros viales ocurran fuera de los centros urbanos. Cada número es una familia destruida y una comunidad en duelo.

Este proyecto va en una dirección correcta porque no solo aumenta las sanciones, elevando las multas de 2 a 10 UTM, sino que fortalece la fiscalización con herramientas modernas, como los dispositivos del sistema CATI, que permitirán obtener evidencia objetiva y actuar a tiempo, antes de lamentar otra tragedia.

Quiero agregar algo fundamental: la fiscalización debe ser integral y llegar también a las rutas no concesionadas y a los accesos costeros, como el tramo entre el Tabo y San Sebastián , por ejemplo, o la ruta F-30-E de Concón a Quintero, o la antigua carretera entre Valparaíso y Viña del Mar. Son zonas de alto riesgo, con poca presencia policial, y donde la alta velocidad y las carreras ilegales se han normalizado.

Sabemos que Carabineros y los juzgados de policía local tienen sobrecarga laboral. Por eso, este proyecto no busca reemplazar al juez, sino dar a los juzgados herramientas eficaces para prevenir y sancionar. La tecnología debe ser nuestra aliada para cubrir los vacíos de una dotación insuficiente.

Legislar sobre tránsito también es legislar sobre salud pública, seguridad y calidad de vida. Un conductor temerario no solo infringe la ley; también arrebata la paz a nuestras comunidades y vulnera el derecho fundamental a transitar sin miedo.

Por eso, y porque creo en un Estado que protege a sus ciudadanos con leyes y herramientas efectivas, anuncio nuestro voto a favor de este proyecto. Que sea un paso firme a un Chile donde la vida en la vía pública valga más que la imprudencia de unos pocos.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, julio de 2024, localidad de Las Vizcachas, distrito N° 12, comuna de Puente Alto: ese lugar, que se aproxima a ser un verdadero santuario de la naturaleza, a ratos se ha convertido en un espacio demoníaco para conducciones temerarias y carreras clandestinas. Es bastante paradójico, porque a escasos metros, en el complejo deportivo Las Vizcachas, existe un autódromo que es bastante conocido.

En una acción temeraria, un joven junto a su pareja salió de la discoteca Calafate en su automóvil zigzagueando entre los demás vehículos y terminó por impactar a una joven, quien murió. Tres jóvenes estudiantes estaban celebrando haber terminado satisfactoriamente su primer semestre de carrera universitaria, pero la joven murió y los otros dos quedaron gravemente lesionados.

Por lo tanto, me sumo con toda fuerza a esta iniciativa porque no es posible que espacios públicos sean condenados por inescrupulosos. El joven que provocó el accidente estaba claramente bajo el influjo del alcohol; tenía una alcoholemia muy alterada, lo que le costó la vida a una joven estudiante universitaria de tan solo veinte años de edad, lastimando en forma definitiva a una familia y a una comunidad completa.

En varias oportunidades hemos concurrido a esa comunidad para hablar con los vecinos y las vecinas. Incluso, concurrimos a una radio local, a la Radio Cajón, donde elevamos esta queja hacia la delegación presidencial. También hemos hablado con las autoridades de Carabineros, pero estas conductas no se han logrado reprimir, no se han logrado sancionar ni se han logrado detener.

¿Cuá es el motivo? No lo sabemos. Pensamos que probablemente el contingente policial no es suficiente y que, además, no existe la voluntad para terminar con estas prácticas.

Creemos que es indispensable dar celeridad a este proyecto, porque no podemos seguir exponiendo la vida, sobre todo de jóvenes que, en el contexto de celebraciones sanas, sufren accidentes que los dejan en riesgo vital, con las implicancias que he descrito.

Vaya mi saludo para esa familia que hasta el día de hoy vive un dolor inagotable y para todas las familias del Cajón del Maipo que permanentemente se están quejando de este ilícito que requiere una sanción ejemplar, para que estas prácticas se terminen de una vez por todas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, intervengo con la voz de Chiloé, un archipiélago donde las distancias se miden en horas de viaje, donde la lluvia y la niebla son parte de nuestro camino y donde la vida transcurre junto a rutas que no solo son vías, sino también espacios compartidos con peatones, animales, niños que van a la escuela y adultos mayores que caminan hacia sus labores.

La realidad de nuestras carreteras, como la ruta 5 Sur, en el tramo de la isla, o los accesos a Castro, Ancud y Quellón , no es ajena a una problemática que afecta a todo Chile. Me refiero a las conductas temerarias al volante, que ponen en riesgo lo más preciado: la vida.

El artículo 197 ter de la Ley de Tránsito nos exige probar un desafío o una competencia, elementos subjetivos que en la práctica han demostrado ser un obstáculo para la justicia.

No podemos ignorar que esto ocurre en todos los rincones del país. El archipiélago de Chiloé y la Región de Los Lagos no son la excepción. En nuestras rutas, donde muchas veces no existen veredas ni ciclovías, una aceleración brusca o un exceso de velocidad no solo es una infracción; es una amenaza directa a la integridad de nuestras familias, de nuestros pescadores que caminan al amanecer y de nuestros niños que esperan el transporte escolar.

Este proyecto llega para hacerse cargo de esa realidad, reemplazando elementos subjetivos por una descripción clara y objetiva de lo que es una conducción peligrosa.

Pero como Estado debemos mirar más allá de la sanción. Necesitamos generar, en diálogo con las comunidades y los entusiastas del automovilismo, espacios seguros y autorizados donde esa pasión pueda expresarse sin poner en peligro a terceros.

Mientras tanto, nuestra obligación es proteger a quienes transitan día a día por caminos que de por sí presentan desafíos por la geografía y el clima.

La norma que discutimos fortalece la seguridad vial, incorpora herramientas de fiscalización adaptadas a los tiempos y, sobre todo, prioriza la vida por sobre cualquier conducta temeraria.

En Chiloé, donde la conectividad es sinónimo de desarrollo, no podemos permitir que el miedo a un accidente sea parte del viaje.

Este proyecto -señor Presidente, por su intermedio al subsecretarioes una respuesta proporcional a un problema real, porque dota de certeza jurídica a la persecución de conductas reprochables y porque en el fondo refleja un principio básico: en las carreteras de Chile quien conduce tiene una responsabilidad con la vida de los demás.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que permite a las personas solteras postular, en igualdad de condiciones, a subsidios habitacionales.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es la señora Marcia Raphael .

Antecedentes:

-Moción, sesión 6ª de la legislatura 370ª, en lunes 4 de abril de 2022. Documentos de la Cuenta N° 15.

-Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 105ª de la presente legislatura, en lunes 5 de enero de 2026. Documentos de la Cuenta N° 38.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora RAPHAEL, doña Marcia (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción del honorable diputado señor Gaspar Rivas Sánchez , que permite a las personas solteras postular, en igualdad de condiciones, a subsidios habitacionales.

Idea matriz

Esta iniciativa se orienta eliminar la discriminación que enfrentan las personas solteras al postular a subsidios de vivienda social, estableciendo que deben tener igual preferencia que las personas casadas o unidas civilmente, garantizando así el acceso equitativo a los beneficios habitacionales del Estado.

Con tal objeto, sobre la base de un artículo único, el proyecto:

a) Establece que las personas solteras tendrán siempre igual preferencia que las casadas o unidas civilmente para postular, tramitar y obtener un subsidio fiscal de vivienda social.

b) Prohíbe a los órganos públicos establecer cualquier tipo de discriminación o preferencia a este respecto.

Antecedentes

La iniciativa señala que surge a partir de un compromiso del autor con la organización LGTBI “Corporación Féminas Diversas en Acción”, de la comuna San Felipe, cuyos integrantes denunciaron discriminación hacia personas gais y lesbianas solteras en el acceso a subsidios de vivienda social, por el solo hecho de ser solteras.

La moción indica que el decreto supremo N° 49, de 2011, establece que el subsidio está dirigido a “familias vulnerables”, excluyendo de hecho a las personas solteras. Asimismo, se hace presente que los decretos forman parte de la potestad reglamentaria autónoma de los órganos de la Administración Pública, por lo que no pueden ser modificados directamente mediante ley, lo que obliga a que esta iniciativa establezca un principio general a nivel legal que corrija dicha situación.

Fundamentos

Se indica que la exclusión de personas solteras del subsidio fiscal de vivienda social constituye un acto discriminatorio y arbitrario, sin justificación atendible, puesto que cualquier persona vulnerable, independiente de su orientación sexual o de su estado civil, merece la asistencia del Estado para acceder a una vivienda social. Por lo anterior, se estima necesario establecer en la ley un principio que imponga igualdad de trato entre personas solteras y grupos familiares, evitando discriminaciones que actualmente derivan de la reglamentación vigente.

Discusión general

Durante la discusión general en la comisión, el diputado Rivas sostuvo que la iniciativa buscaba asegurar ecuanimidad y equidad para las personas solteras en el acceso a subsidios habitacionales, especialmente en el marco de los comités de vivienda, señalando que estas enfrentaban dificultades por no estar casadas ni tener hijos.

Precisó que el proyecto pretendía permitir que cualquier persona soltera pudiera postular en igualdad de condiciones, evitando discriminaciones basadas en el estado civil, y recalcó que la protección a los núcleos familiares no debía traducirse en una exclusión de quienes no habían formado familia.

El subsecretario subrogante de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Araya Salazar , explicó que el proyecto se relacionaba principalmente con el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el decreto supremo N° 49, indicando que dicho programa no establecía restricciones fundadas en el estado civil, sino que priorizaba hogares con mayor vulnerabilidad, especialmente aquellos con más de un integrante y con presencia de niños, personas con discapacidad, adultos mayores o jefaturas monoparentales.

Señaló que el concepto de hogar era autodeclarativo y que el reglamento ya permitía la postulación de hogares unipersonales pertenecientes a grupos de especial protección, además de contemplar un porcentaje adicional de hogares unipersonales dentro de los comités habitacionales. Añadió que existían otros programas habitacionales que permitían la postulación de personas unipersonales, por lo que la aprobación de esta iniciativa alteraría el diseño y la finalidad del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

Algunos parlamentarios plantearon que la discusión debía centrarse en el acceso de las personas solteras a la vivienda, sin vincularla a materias de diversidad sexual o de género, ya que la iniciativa se fundaba en una supuesta discriminación por orientación sexual que, a su juicio, no se reflejaba en la realidad expuesta, señalando que las diferencias existentes respondían a criterios objetivos de vulnerabilidad habitacional. Además, se advirtió la posibilidad de generar una discriminación inversa en perjuicio de las personas casadas.

Otros diputados manifestaron su acuerdo con la idea de que las personas solteras contaran con los mismos derechos que las personas casadas o unidas civilmente para acceder a subsidios habitacionales, formulando consultas respecto del porcentaje aplicable a los hogares unipersonales y cuestionando la postura del Ejecutivo frente a una iniciativa calificada con suma urgencia.

Votación general

Luego de este debate, y por no haberse reunido el quorum de aprobación requerido -3 votos a favor y 3 votos en contra-, se rechazó la idea de legislar.

Votaron por la afirmativa la diputada Emilia Nuyado y los diputados Tomás Hirsch y Jorge Saffirio . Votaron en contra los diputados Cristián Araya , Fernando Bórquez y quien les habla.

Por los argumentos y las razones señalados, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales recomienda a la Sala rechazar esta iniciativa.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, si bien este proyecto señala que permite a personas solteras postular en igualdad de condiciones a los subsidios habitacionales -por supuesto, valoro y comparto el principio de igualdad, porque todas las personas merecen las mismas oportunidades-, debemos ser responsables y mirar con honestidad la situación real en la que hoy se encuentra nuestro país.

La situación habitacional es crítica. Lo vimos con claridad en la comisión investigadora por el megaincendio en Viña del Mar, en la que comprobamos que el Estado aún está al debe con más de 2.000 familias que perdieron sus viviendas. Si ampliamos la mirada a nivel país, hablamos de miles de familias que llevan años esperando una solución habitacional definitiva, muchas de ellas en condiciones de alta vulnerabilidad.

Aquí quiero ser muy claro, porque no se trata de discriminar por el hecho de ser soltero, por condición de género ni por la forma en que las personas deciden conformar su hogar. El problema de fondo es que hoy no contamos con los recursos ni con la oferta habitacional suficiente para ampliar los universos de postulación sin afectar a quienes ya se encuentran en lista de espera desde hace años, bastantes años, no cinco ni seis. Incluso, hay personas que llevan más de diez o doce años esperando esa casa, ese hogar.

Actualmente, existen programas que consideran los hogares unipersonales incorporados dentro de los porcentajes definidos, precisamente para resguardar criterios de priorización social. El desafío no es eliminar esos criterios, sino fortalecer el sistema, aumentar la oferta de viviendas y asegurar que el Estado pueda responder, primero, a quienes enfrentan las condiciones más críticas: familias con niños, personas con discapacidad, adultos mayores y hogares que nunca han tenido una vivienda propia.

Además, es importante señalar que hoy existen programas habitacionales que consideran los hogares unipersonales a través del DS 49. Por ejemplo, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda permite la incorporación de familias unipersonales dentro de los comités de vivienda, con un porcentaje definido del 5 por ciento, precisamente como una forma de equilibrar el acceso y resguardar los criterios de priorización social.

Sabemos que los núcleos familiares han cambiado y que existe una tendencia creciente a vivir de manera independiente, realidad muy legítima y que debe ser considerada en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, la realidad social actual de nuestro país nos obliga a priorizar, especialmente en un escenario de recursos limitados y de una demanda habitacional alta.

Sin ir más lejos, en el distrito N° 7, al que represento en la Región de Valparaíso, tenemos un ejemplo nítido de la situación que intento compartir desde la fundamentación. Hablo de la megatoma de San Antonio. Allí la toma agrupa a miles de familias, principalmente de bajos ingresos, que buscan una solución habitacional definitiva. En ella destaca la presencia de niños -más de 3.000-, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas vulnerables. Se estima que en la megatoma hay incluso hasta 10.000 personas, incluyendo 4.000 familias, en más de cien…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, diputado Teao . Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, quiero felicitar a los autores del proyecto, pero no a los que votaron en contra de este en la comisión, según tengo entendido, porque considero que los chilenos y las chilenas tenemos los mismos derechos.

En mi experiencia como dirigente social, allá por el año 1985 formamos el primer comité de vivienda en la ciudad de Coyhaique. En ese tiempo no existían beneficios para ningún sector determinado, no existía discriminación positiva, pero con el tiempo, a través de la lucha que dieron los comités de vivienda o los sin casa en esa época y sus dirigentes, se logró inyectar un compromiso social en quienes gobernaban nuestro país. Por eso, hoy día existen algunos merecidos beneficios para la gente con apellido indígena, para los discapacitados, para las jefas de hogar, etcétera.

Sn embargo, hoy se está haciendo una discriminación negativa al no considerar en igualdad de condiciones a los solteros o sin cargas.

Este proyecto es un avance positivo para muchos chilenos y chilenas que no tienen el derecho a la casa propia. Si bien es cierto el reglamento o la ley de postulación no los inhabilita, o sea, no los deja fuera, el proceso de evaluación sí deja fuera a la gente soltera y sin carga.

Por lo tanto, creo que es necesario aprobar este proyecto para los miles y miles de chilenos y chilenas que hoy día no tienen ese legítimo derecho, que es la casa propia.

Voy a votar a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones que manifestó el diputado que me precedió en el uso de la palabra, en favor de los autores de este proyecto.

Se trata de un proyecto de ley de artículo único, de una narrativa sencilla, que, sin embargo, fue rechazado por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, lo que da cuenta de una realidad macabra y muy recurrente en el sistema de postulación a las viviendas en nuestro país.

Muchas veces he intervenido para abogar por los comités de vivienda, especialmente por Héroes de la Salud de Rancagua, donde, pese al cumplimiento de todos los requisitos, más de veinte personas quedaron fuera por ser postulaciones unipersonales.

La discriminación que existe no solo tiene que ver, por ejemplo, con la orientación sexual. Tiene que ver con un sistema de postulaciones que entrega poco o nada de posibilidades a quienes tienen, por diversas circunstancias, una familia distinta: no tienen hijos, cónyuge u otra configuración.

Hoy alzo la voz por Jonathan , Carlos , Sandra y Jocelyn , entre otros, quienes, pese a tener historias de vida complejas, buscan salir adelante con esfuerzo y trabajo; sin embargo, el Estado de Chile les ha negado la posibilidad de acceder dignamente a una vivienda.

Si bien, y como se ha planteado, existe una disponibilidad de un 5 por ciento aproximadamente para este tipo de postulaciones en el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, es absolutamente insignificante, puesto que esta es una demanda ciudadana creciente, que sigue en las sombras en forma encubierta, aumentando la desigualdad y limitando el acceso de quienes no tienen las condiciones económicas necesarias para financiar un sistema privado.

En efecto, son personas demasiado ricas para el sistema público y demasiado pobres para los bancos. En esas circunstancias, su único camino es esta postulación.

Los legisladores no estamos para construir realidades que no existen; estamos para reconocer la realidad que ya está asentada en nuestro país. Nadie puede negar la existencia de familias unipersonales, ni que esas personas también deben tener acceso a una vivienda por medio de una postulación estatal, si cumplen con todos los demás requisitos.

No puedo dejar de hacer mención a la comunidad LGTB, que durante años también ha enfrentado esa desigualdad en el acceso a la vivienda, y que se suma a una lucha histórica por la igualdad y el reconocimiento.

Confío en que podamos avanzar y no retroceder, tanto en esta materia como en todo lo logrado y consolidado en el aspecto social. Chile merece avanzar y no retroceder. Por ello, los invito a aprobar este proyecto que, con toda justicia, da un espacio a quienes hoy postulan a una vivienda de forma unipersonal.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señor Presidente, respecto de la presente iniciativa, que fue rechazada tanto en general como en particular en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, mantengo una posición contraria por razones de fondo y de forma, que es necesario dejar claramente establecidas.

En primer lugar, es importante aclarar algo que a veces se omite en este debate: hoy ya existe una cuota para personas solteras en los comités de vivienda, que alcanza el 5 por ciento. Por lo tanto, no estamos frente a un grupo completamente excluido del sistema.

Nuestra preocupación es legítima y concreta: ¿este proyecto busca aumentar esa cuota?, ¿en cuánto?, ¿con qué criterios y con qué impacto para el resto de las familias que esperan una solución habitacional? Esas son preguntas que, hasta ahora, no han tenido una respuesta clara por parte del Ejecutivo.

En segundo lugar, creemos que el criterio suficiente para postular no puede ser tan simple como el solo hecho de establecer que alguien es soltero. De aprobarse una norma de este tipo, sin mayores exigencias, podríamos llegar al absurdo de tener postulando a personas de apenas 18 años, sin considerar variables básicas de vulnerabilidad social o necesidad habitacional real.

Si se pretende avanzar en esta materia -lo digo con responsabilidad-, se deben establecer requisitos mínimos, como edad, situación económica, caracterización socioeconómica en el Registro Social de Hogares, condiciones de habitabilidad, entre otros. De lo contrario, se debilita el sistema, se generan expectativas que no podrán cumplirse y se afecta la equidad en el acceso a la vivienda.

Cabe señalar, además, que estas mismas aprensiones fueron planteadas en la Comisión de Vivienda por representantes del propio Ejecutivo. El subsecretario subrogante de Vivienda, señor Carlos Araya , quien participó en la sesión, manifestó cuestionamientos relevantes a esta propuesta, reconociendo que el diseño actual del proyecto presenta falencias importantes.

No se trata, entonces, de una oposición antojadiza, sino de una preocupación compartida incluso por la autoridad técnica del ministerio.

Seamos serios. Por un lado, el subsecretario subrogante de Vivienda cuestiona el presente proyecto con todos los argumentos técnicos sobre la mesa, y, por otro lado, el Ejecutivo le asigna suma urgencia.

Quiero ser muy clara: reconocemos que existe una necesidad real, que las personas solteras también tienen derecho a contar con una vivienda propia y que hoy enfrentan dificultades concretas para acceder a ellas. Eso no está en discusión; lo que sí está en el debate es la forma, el momento y la coherencia con que el Ejecutivo está impulsando esta iniciativa.

Frente a aquello, como legisladores tenemos el deber de pedir mayor claridad, seriedad y responsabilidad en el uso de las urgencias legislativas.

Por esta razón, creemos que este proyecto no está en condiciones para avanzar.

Por lo mismo, solicito al Ejecutivo -que, lamentablemente, no está representado en la Sala, con lo cual podemos darnos cuenta del interés que tiene en este proyectoque entregue una explicación más profunda, que revise su diseño y proponga una solución equilibrada, justa y técnicamente sólida.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, permitir a las personas solteras postular a subsidios habitacionales en igualdad de condiciones nos abre distintos frentes.

En primer lugar, una realidad que existe en el país es la cantidad de personas solteras, cuyo estado civil puede obedecer a distintos casos, como quienes no tienen la capacidad de encontrar una pareja por diversas condiciones, etcétera.

Esto genera y abre un debate, sobre todo en un tema tan sensible como la vivienda, pues conocemos el déficit habitacional que tenemos en el país.

Proyectos como este nos abren la mirada para considerar y ampliar mucho más el espectro, y con ello analizar las distintas realidades que existen en nuestro país. Como dijo un colega, hoy en día existen beneficios sociales en distintas aristas, para personas indígenas o con otro tipo de condiciones que les permiten tener un trato preferente.

Cuando hablamos de algo tan sensible como la vivienda, el Estado de Chile debe tener la capacidad de mirar un poco más allá y ver las distintas realidades del país, porque una de ellas es precisamente la que no afecta solo a las personas con familia, sino además a las que no tienen la suerte de poseerla.

Desde ese punto de vista, se incluye además algo relacionado con el aspecto económico. Hoy en día, tener una vivienda en Chile es prácticamente un sueño muy largo de alcanzar, partiendo, por ejemplo, por las personas que no cuentan con las capacidades económicas y que ni siquiera cumplen los requisitos para pedir un crédito; es decir, es imposible.

Este tipo de proyectos abre quizás una ventana para mirar esa condición. Sin embargo, más allá del estado civil de soltería, también es importante ver la situación de vulnerabilidad, que va muy de la mano con la forma en que podemos ofrecer condiciones y alternativas para que los chilenos puedan postular indistintamente de sus circunstancias.

Incluso, hay casos de autoridades comunales que han ganado subsidios por sobre personas con más necesidades, y eso también nos abre una ventanilla: ¿por qué ellos sí y otros no?

Creo que esta condición es positiva, pero por supuesto que hay que considerar también el aspecto de la vulnerabilidad.

Tener familia en la actualidad es más complejo, porque hay parientes que albergar, y a la soltería hay que verla desde ese punto de vista para ofrecer también garantías sociales a ese grupo de personas en nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, “el casado, casa quiere”. Ese era un dicho popular que estaba instalado en nuestra sociedad cuando el matrimonio era una obligación social. Sin embargo, hace mucho tiempo que eso pasó a ser una elección personal, individual, y no tiene ningún sentido que se transforme en una variable discriminatoria a la hora de optar a un derecho.

La vivienda es un derecho; a pesar de que no está consagrada en nuestra actual Constitución Política, la vivienda es un derecho.

Por lo mismo, quiero felicitar al autor de esta moción, el diputado Gaspar Rivas , porque el proyecto recoge una problemática de los movimientos LGTB de su distrito, que le manifestaron la preocupación de que, a la hora de postular a los subsidios, eran efectivamente discriminados.

Sin embargo, no se trata solo de la población LGTB. Tenemos que pensar en la cantidad de mujeres jefas de hogar que existen en nuestro país, quienes buscan darles a sus hijos e hijas un lugar digno para vivir, pero que muchas no están casadas ni tienen una unión civil, es decir, no cuentan con ese respaldo del documento de matrimonio, lo que hace que sufran discriminación a la hora de postular.

Lamento que el proyecto se haya rechazado en la comisión, si bien hay que considerar que solo votaron seis de sus integrantes. De todos modos, espero que en la Sala se apruebe, porque no podemos mantener más barreras que las que ya existen, y sumarlas a las dificultades que enfrentan las personas que no tienen vivienda para conseguir el ahorro y cumplir con los requisitos. No es posible que, más encima, el hecho de estar solteras sea otra barrera.

Estamos en pleno siglo XXI y debemos entender cómo la sociedad enfrenta necesidades más profundas que este tipo de discriminaciones. Por tanto, el Estado tiene la obligación de resguardar y garantizar un derecho básico como es la vivienda.

En consecuencia, llamo a votar a favor de este proyecto, que es muy simple. Creo que cualquier tipo de discriminación para acceder a un derecho tan fundamental no puede ser avalado por esta Cámara, así que ojalá aprobemos este proyecto, para que siga avanzando.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra al diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, es muy importante, y así lo establece nuestro Reglamento, que nos remitamos a discutir sobre el proyecto de ley que se plantea.

La iniciativa legal que se formula, pero que fue rechazada en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, señala que una persona soltera puede concursar o participar de un proceso de adquisición o de postulación a una vivienda social en iguales condiciones que una persona casada. Toda la política habitacional no dice relación con el estado civil de una persona. Una persona soltera tiene exactamente las mismas posibilidades de participar que una persona casada o que esté afecta a una unión civil, porque así lo mandatan la Constitución Política, en su artículo 19, número 2°, y la ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación, conocida como “ley Zamudio”. No puede haber discriminación de ninguna especie, porque el elemento central en la política habitacional -y lo podríamos discutirdice relación con el grupo familiar. Para eso podrá haber distintos tipos de familia: con un solo padre, una sola madre, dos padres o dos madres. Esa diversidad existe, se reconoce y se ampara. Por eso, este proyecto de ley, que señala que no se puede discriminar a una persona soltera, no tiene sustento alguno.

Me permito llamar poderosamente la atención sobre el hecho de que el Ejecutivo ponga urgencia a un proyecto de ley que no tiene destino, objetivo ni funcionalidad alguna.

Podemos discutir sobre la política habitacional del gobierno, pero dice relación con el grupo familiar. Por eso existe un Registro Social de Hogares, en función de la mayor necesidad de postular a una vivienda. Sin embargo, en caso alguno hace discriminación, porque así lo garantiza la Constitución y lo establece la ley antidiscriminación entre personas solteras y casadas.

Este es un proyecto que no tiene fundamento alguno ni desarrollo legislativo o argumentativo. Por tanto, hay que rechazar esta iniciativa, por cuanto no permite habilitar o establecer formas distintas, sino que no hace nada, es inocuo.

Por eso -insisto-, llama profundamente la atención que el Ejecutivo le ponga urgencia a un proyecto que no tiene finalidad ni objetivo alguno.

Por todo aquello, hay que rechazarlo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, como se ha señalado, no se entiende mucho que el gobierno haya indicado en la comisión que el proyecto tenía problemas y, al mismo tiempo, le ponga urgencia.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo es una de las carteras con más recursos. Más de 6.000 billones de pesos se le otorgaron para que, entre otras cosas, pudiera asignar subsidios a personas que los necesitan. Pero la verdad es que tenemos un problema con la política pública.

Chile es de los pocos países en América Latina que otorga este tipo de subsidios. Por lo que me ha señalado el director del Serviu de La Araucanía, una casa le cuesta al Estado más o menos 70 millones de pesos, y el ahorro de la persona será de aproximadamente un millón y medio de pesos. Por lo tanto, después de un proceso, el Estado le entrega a una familia 70 millones de pesos. En ese sentido, me parece bien que la persona no aparezca con deuda.

Sin embargo, también hay vicios, y uno espera que el ministerio los subsane. Lo que pasa es que, una vez entregadas las viviendas, después se ven buenas camionetas en las casas, grandes antenas de televisión en los techos, etcétera. Se supone que es gente carenciada, que esto se lo estamos dando a personas que no tienen capacidad de ahorro ni para pagar una vivienda, pero la realidad es otra -digamos las cosas como son-, porque, una vez que se entrega la vivienda, se observan costosos vehículos afuera de dichas viviendas. Está bien que la gente se supere, pero estos subsidios son para gente carenciada.

Asimismo, he observado que personas de Santiago postulan, a través de una ficha de protección social fraudulenta y que llenan en la región, para obtener una vivienda en el sector lacustre -lo he denunciadoy luego, además, tienen su casa en la playa.

Por lo tanto, seguir y seguir con esto no tiene sentido. Estos subsidios son para personas y familias que de verdad los necesitan. Tenemos una tremenda lista de espera y una serie de campamentos con gente muy carenciada, y creo que por ahí están las prioridades, para las personas con problemas reales, sobre todo cuando se trata de familias que, a veces, son lideradas por madres que tienen la necesidad de una vivienda. Uno observa en los comités de vivienda que eso es así: son fundamentalmente mujeres.

Yo esperaría que un gobierno que deja una deuda pública de 43 por ciento no apurara la tramitación de este proyecto, porque hay muchas personas que están en la lista de espera con más necesidades que otras que pueden hacer un esfuerzo y trabajar un poco más para lograr obtener ahorros y acceder a una vivienda a través de un crédito hipotecario.

Por lo tanto, no solo no apoyaré este proyecto, sino que, además, considero que es una mala iniciativa.

He dicho.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Saludo con mucho afecto a Amanda Jara Turner , hija de Víctor Jara y presidenta de la Fundación Víctor Jara , quien ha sido invitada por el diputado Tomás Hirsch , que me acompaña en la testera.

Bienvenida, Amanda .

-Aplausos.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continuando con el debate, ofrezco la palabra al diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, estamos ante un proyecto de ley que establece que las personas solteras siempre tendrán igual preferencia que las casadas o que aquellas que estén bajo el pacto de unión civil, para los efectos de postular, tramitar y obtener un subsidio habitacional.

Efectivamente, las cosas han cambiado. La sociedad ha cambiado y las normas también se van ajustando a esos cambios sociales. Pero lo que no ha cambiado es la Constitución y el rol relevante que cumple la familia como núcleo fundamental.

El artículo 1° de la Constitución, en su inciso segundo, señala: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.”, y eso no ha cambiado. Hoy, más que nunca, hay que fortalecer el rol de la familia.

Un proyecto como este establece que no se puede discriminar a las familias por sobre otros grupos para la obtención de subsidios.

Cabe recordar que ya existe una norma que establece que el 5 por ciento de los cupos deben ser utilizados en los comités habitacionales para hogares unipersonales. Hablamos de hogares y no de familias -ojo con el lenguaje-, porque no existen las familias unipersonales, pero sí los hogares unipersonales.

Ahora bien, es de todo sentido que una familia, mientras más numerosa, requiere y tiene más dificultad para conseguir una vivienda que una persona que viva sola. Ello no quiere decir que la persona que viva sola no merezca un subsidio y tener su casa propia. No obstante, cuando estamos ante recursos escasos, debemos priorizar el uso de esos recursos donde de verdad sean necesarios y puedan ser utilizados de mejor forma.

¿Se puede señalar que hay una discriminación? Sí. Como política pública, ante los escasos recursos, estamos discriminando, pero no de forma arbitraria, sino de manera racional.

¿Tiene sentido que los pocos recursos que tenemos para vivienda los hagamos llegar, de manera privilegiada, a las familias, mientras más numerosas sean estas, antes que a personas solteras?

Insisto: ello no quiere decir que las personas solteras no puedan postular ni obtener un subsidio -de hecho, lo hacen-, pero no debemos establecer una prioridad, porque lo que estamos haciendo con ello es socavar la institucionalidad de la familia, y eso no lo podemos permitir. Lo que pueda hacer una familia sigue siendo y cumpliendo un rol relevante en materia de vivienda, pero también en materia educacional, de cuidados y de crianza.

En consecuencia, el Estado, dentro de sus recursos, debe mantenerla como preferentes al momento de optar a subsidios habitacionales, porque así lo requiere y, como establece nuestra Constitución, es el núcleo fundamental de la sociedad. Dejaría de serlo si se la pone al mismo nivel de otros, como los solteros.

Por una razón muy importante y que tiene todo sentido, las familias cumplen un rol especial y deben ser protegidas, pero esta norma va en el sentido contrario de aquello.

Por esa razón, la votaremos en contra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, este es un proyecto que realmente llama mucho la atención. Contiene un artículo único, en el cual se establece que las personas solteras tendrán siempre la misma preferencia que aquellas casadas o que hayan celebrado un pacto de unión civil para postular, tramitar y obtener un subsidio fiscal de vivienda social, no pudiendo los organismos públicos establecer ninguna forma de discriminación o preferencia al respecto.

Primero, este proyecto no se entiende realmente, porque no hace ningún cambio ni se refiere a ninguna otra ley matriz que tenga relación, por ejemplo, con la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Todos sabemos que en la actualidad hay personas que son solteras que pueden postular a subsidios habitacionales de acuerdo con su condición de vulnerabilidad, procedimiento que está reglamentado vía decretos. Tenemos la experiencia en nuestros distritos de que la condición de ser soltera no necesariamente excluye a una persona para postular a un subsidio habitacional.

Nos faltan subsidios para cumplir con todas las demandas que existen en materia de vivienda en nuestro país, de modo que uno no entiende a qué se refiere realmente este proyecto y cómo avanzó en su tramitación. En algún minuto, al parecer, el gobierno le otorgó urgencia, pero, a la vez, no hubo acuerdo respecto de él en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Es impresionante que estemos tratando esta iniciativa hoy, en circunstancias de que hay otras urgencias que son importantísimas.

Me parece que solo hay que poner un poquitito de criterio y sentido común. No me referiré a la legislación, pero sería ridículo que personas que tienen recién 18 o 19 años de edad tengan la posibilidad, al igual que una persona soltera incluso de 40 años de edad, de postular a una vivienda. ¿Qué pasará si esa condición civil cambia después? ¿Qué pasará si dos personas solteras que han postulado a una vivienda a través de este beneficio se casan?

¿Se acabará el beneficio? No sé.

Este proyecto es tan pobre que no vale la pena perder el tiempo y continuar discutiéndolo. Si se quiere realmente tratar de eliminar algún tipo de discriminación, hagámoslo bien, aludiendo a alguna ley matriz, pero dar una preferencia a una persona soltera sin siquiera establecer un límite de edad, sino solo la condición de ser soltera, condición civil que puede cumplir cualquiera, me parece que es algo que no corresponde.

No sé cómo se originó este proyecto, pero no está resolviendo el problema de discriminación que tiene por objeto abordar. Muy por el contrario, diría que la discriminación incluso va a aumentar, porque ni siquiera pone condiciones a esa…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, este proyecto llama poderosamente la atención, particularmente cuando uno lee en su título que permite a las personas solteras postular en igualdad de condiciones a los subsidios habitacionales. Lo señalo porque las personas en esa condición civil no tienen impedimento alguno para postular en la actualidad a los subsidios habitacionales. Lo que ocurre es que existen diversas categorías de solteros determinadas por diferentes puntajes en la ficha del Registro Social de Hogares.

Si una madre soltera tiene a sus hijos registrados en la ficha del Registro Social de Hogares, no tiene ningún problema para postular. Asimismo, un padre soltero que tiene inscritos a sus hijos en la ficha del Registro Social de Hogares tampoco tiene impedimento para postular.

Ahora, si una persona es soltera, químicamente pura -por decirlo de algún modo-, y no tiene cargas familiares, también puede postular. El problema es que tendrá un puntaje menor que aquellos que sí tienen cargas. De hecho, al DS-49, que es un subsidio sin deuda, tiene más dificultades para postular un soltero que no tiene cargas. En cambio, al DS-19, que es un subsidio con deuda hipotecaria, muchos solteros han accedido sin ninguna dificultad. Entonces, me sorprende este proyecto, porque veo que no tiene ni pies ni cabeza.

Tengo entendido que el diputado Rivas es el autor de esta iniciativa. Imagino que porque forma parte de la Mesa estamos tratando este proyecto, porque de otra manera no tiene explicación.

Reitero, no hay ninguna restricción hoy para que los solteros sin carga puedan postular a los diferentes subsidios habitacionales que existen, tanto al establecido en el DS-19 como en el DS-49. Evidentemente, los solteros que no tienen cargas tienen más dificultades para acceder al DS-49, porque tienen un menor puntaje. En cambio, al DS-19, que es un subsidio con deuda hipotecaria que financia parte de la vivienda, lo pueden hacer sin ninguna dificultad.

Insisto, como en verdad no lo le encuentro ni pies ni cabeza a este proyecto, lo votaré en contra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY .-

Señor Presidente, quiero partir siendo muy claro, para no confundir a la opinión pública respecto de esta iniciativa: las personas solteras hoy sí pueden postular a subsidios habitacionales. No existe una prohibición legal ni reglamentaria que los excluya del sistema.

Lo que este proyecto busca no es permitir la postulación, sino imponer por ley una igualdad de condiciones absoluta, equiparando situaciones que no son equivalentes desde el punto de vista de la vulnerabilidad social. Y ahí está el problema de fondo.

Esta iniciativa nace a partir de la demanda de un grupo específico que pretende que el Estado los trate, para efectos de prioridad habitacional, exactamente igual que una familia altamente vulnerable. Pero la política social no se construye sobre identidades, sino sobre realidades objetivas.

No es lo mismo una persona soltera sin cargas familiares que una madre jefa de hogar con tres hijos, que vive allegada, enfrenta hacinamiento, gastos permanentes, cuidados diarios y riesgos sociales evidentes. Decir que ambas situaciones deben tener la misma prioridad no es igualdad; es desconocer la esencia de la equidad.

Durante la discusión en la comisión, el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue claro en señalar que el sistema no discrimina por estado civil ni por orientación sexual. Lo que hace es priorizar según vulnerabilidad, considerando la presencia de niños, personas con discapacidad, adultos mayores, hacinamiento y jefaturas monoparentales. Incluso, hoy existen cupos para hogares unipersonales dentro de los programas.

Entonces, seamos honestos: este proyecto no corrige una exclusión real, sino que desarma los criterios de priorización del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Este fondo no es un beneficio universal, sino que es una herramienta focalizada para quienes más lo necesitan.

Forzar una igualdad de condiciones sin considerar la composición del hogar termina perjudicando a las familias más vulnerables, especialmente a mujeres con hijos.

Pongámoslo en términos simples: ¿de verdad vamos a decir a una madre con tres hijos que el Estado debe tratar su situación como idéntica a la de una persona sola?

Por estas razones, rechazo este proyecto, no por negar derechos, sino porque la política habitacional debe basarse en vulnerabilidad real y no en igualdades artificiales.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley debe ser rechazado. La idea de legislar debe ser objeto de un rotundo rechazo por parte de la Sala, tal como ocurrió en la comisión que lo trató en particular, porque es una iniciativa que no tiene sentido, justificación ni fundamentación.

El mocionante del proyecto propone que se permita a las personas solteras postular en igualdad de condiciones a subsidios habitacionales.

Entendemos que son los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo los que deben garantizar el acceso a las personas, a través de programas con ahorro previo, con situación de vulnerabilidad acreditada a través del Registro Social de Hogares, a una vivienda donde vivir, derecho que esperamos se cumpla para todos.

Pero en este proyecto se establece, primero, una premisa que es falsa. Dice que permite a los solteros postular. Los solteros pueden postular. No existe ningún requisito ni ningún impedimento reglamentario o legal para ello. Los solteros pueden postular.

Es más, en el programa del DS-49, al cual se postula a través de comités de vivienda, el 5 por ciento de los postulantes podrían ser personas que pertenecen a familias unipersonales. Pero no es lo que está sosteniendo el mocionante, ya que él dice: “personas solteras versus las casadas o con unión civil”, como si el certificado de matrimonio o de unión civil, o su ausencia, esto es, ser soltero, sea un factor de discriminación.

Jamás se exige en ningún programa de vivienda que la persona tenga algún estado civil específico: se atiende a los hogares, a las cargas familiares. Por eso, el Registro Social de Hogares evalúa el hogar, no el certificado de soltería, si existiera, o el de casado o el de unión civil.

Por ello, este proyecto no tiene patas ni orejas y no puede flotar de ninguna manera; confunde todos los conceptos.

Efectivamente pudiera ser que personas solteras sin hijos, o familias unipersonales, o viudas, o personas en situación de discapacidad o personas mayores puedan ser adjudicatarias en el programa del DS-49. Eso está permitido. Incluso, podría tratarse de familias unipersonales, de mujeres particularmente. Pero todos ellos también podrían acceder a otros programas, como los que tienen que ver con el leasing u otros en que se postula a financiamiento bancario.

Este proyecto, en cuanto exige, permite que personas solteras postulen a subsidios habitacionales para evitar una discriminación que no existe. No tiene ningún sentido.

Por eso, vamos a rechazarlo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, hoy la crisis en términos de buscar soluciones habitacionales en nuestro país es grave. Si bien el gobierno y este Congreso han avanzado en forma importante con la ley que permite la extensión del decreto de emergencia habitacional y con el cumplimiento de la meta de construir más de 250.000 viviendas para dar solución a la gente que no tiene casa, lo cierto es que es absolutamente insuficiente. Hoy existe un número importantísimo de familias que están esperando poder cumplir con el sueño de la casa propia y que este proceso, que en general es una pesadilla, sea verdad.

Cada uno de nosotros se relaciona día a día con muchos comités de vivienda, con muchas familias que esperan poder contar con las llaves de su casa. Sin embargo, este proyecto de ley nos viene a decir: “¿Sabe qué? Hoy día todos esos grupos familiares deben competir en igualdad de condiciones con una persona sola”. Resulta que si hacemos esto, los pocos recursos de que disponemos van a ser muy mal distribuidos, en circunstancias de que el Estado, cuando tiene pocos recursos, debe generar herramientas que sean objetivas para poder dar preferencia a uno u otro grupo. Este proyecto en particular lo que hace es olvidarse de este tipo de requisitos objetivos y nos dice que aquí todos compiten en igualdad de condiciones.

Por lo tanto, las personas solteras tendrán siempre las mismas preferencias que las casadas para postular, tramitar y obtener un subsidio fiscal de vivienda social. Esto es un absurdo.

Cuando tenemos problemas financieros, de flujo de recursos, lo cierto es que el Estado tiene que ser eficiente en el otorgamiento de los subsidios. Este proyecto viene a romper ese principio.

Ahora, me llama mucho la atención que el gobierno, mi gobierno, le haya puesto urgencia a un proyecto de estas características. Este proyecto no debió haber pasado a la comisión y no tendríamos que estar perdiendo tiempo valioso de este Congreso Nacional discutiendo una propuesta que debe ser rechazada en todas sus partes.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En cuarto lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces, correspondiente al boletín N° 17933-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Hacienda es la señorita Gael Yeomans .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 83ª de la presente legislatura, en martes 28 de octubre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 100ª de la presente legislatura, en martes 9 de diciembre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 32.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Gael Yeomans , rinde el informe la diputada Karol Cariola .

Tiene la palabra, su señoría.

La señorita CARIOLA, doña Karol (de pie).-

Señor Presidente, honorable Sala, en nombre de la Comisión de Hacienda, en calidad de comisión técnica, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que introduce beneficios para las personas adultas mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes del Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces.

Concurrieron en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Nicolás Grau ; la subsecretaria de dicha cartera, señora Heidi Berner , y el coordinador de Política Tributaria, señor Diego Riquelme .

La comisión escuchó también las opiniones de alcaldes y representantes de agrupaciones de municipios, quienes manifestaron diversas observaciones a esta iniciativa de ley.

La idea matriz del proyecto apunta a perfeccionar el beneficio que rebaja total o parcialmente el impuesto territorial a las y los adultos mayores, medida que se compensa financieramente con un cambio en el aporte que los municipios de mayores ingresos realizan al Fondo Común Municipal, con el fin de no afectar las rentas percibidas por aquellas comunas con menores ingresos.

Adicionalmente, el proyecto posterga el proceso de reavalúo de bienes raíces que correspondía efectuar el año 2026, a fin de adecuar su metodología de cálculo a las recomendaciones técnicas que proponga un comité de expertos convocado para tal efecto. Todo ello, en el marco de avanzar en mayor equidad tributaria y territorial.

La subsecretaria de Hacienda recordó que actualmente existen 1.540.827 adultos mayores propietarios de inmuebles con destino habitacional, de los cuales 396.473 tienen inmuebles gravados, y de estos, 189.644 acceden actualmente al beneficio para adultos mayores. Sin embargo, observó que la normativa contiene un vacío regulatorio, pues no considera la pérdida de la rebaja total o parcial del impuesto territorial causada por el aumento del avalúo del inmueble como resultado de un reavalúo, aunque el adulto mayor mantenga su nivel de ingresos.

La autoridad fiscal recalcó también que el Fondo Común Municipal es el principal mecanismo de financiamiento de la mayor parte de las municipalidades del país, fondo al cual el impuesto territorial aporta el 60 por ciento de los recursos que lo componen.

Precisó que el 74 por ciento de los municipios presenta una dependencia superior al 50 por ciento de este fondo, de modo que, con el fin de compensar la menor recaudación derivada de la ampliación del beneficio a los adultos y adultas mayores y avanzar en mayor equidad territorial, el proyecto de ley propone aumentar el aporte de los municipios de Las Condes y Lo Barnechea.

Por otra parte, en materia del reavalúo de bienes raíces no agrícolas, proceso ejecutado cada cuatro años, el mensaje busca posponer el correspondiente al año 2026, y con ello también los posteriores, de modo de recibir las conclusiones de un panel de expertos e introducir perfeccionamientos metodológicos para mejorar la transparencia del reavalúo en el futuro.

En particular, el proyecto de ley consta de tres artículos permanentes y dos disposiciones transitorias que modifican tres normas legales vigentes.

Con el primer artículo se interviene en la ley N° 20.732, sobre rebaja del impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, disponiendo que cuando el adulto mayor perciba ingresos por hasta 13,5 UTA y el avalúo sea mayor al límite legal, el monto de la contribución será solo del 5 por ciento de sus ingresos, mientras que si sus ingresos se sitúan entre 13,5 y 30 UTA, el impuesto será el valor inferior entre el 50 por ciento de la contribución y el 5 por ciento del total de sus ingresos.

El Ministerio de Hacienda proyecta que esta modificación favorecerá a cerca de 80.000 personas adultas mayores, con lo que el 67 por ciento de los sujetos a impuesto territorial accederían al beneficio tributario.

Asimismo, el proyecto modifica el artículo 14 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, incorporando a Lo Barnechea entre las comunas con obligación de aportar el 65 por ciento de los ingresos por impuesto territorial y dentro de las que deben aportar por recaudación de patentes comerciales. En el caso de Las Condes, se incrementan sus porcentajes de aportes de 65 a 80 por ciento, en el caso de sus ingresos por impuesto territorial, y de 65 a 70 por ciento de sus ingresos por patentes comerciales.

En el artículo tercero se modifica el artículo 3° de la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, prorrogando hasta el año 2027 el reavalúo que el Servicio de Impuestos Internos debería realizar en 2026.

En lo referido a sus efectos fiscales, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que la recaudación asociada al impuesto territorial no es parte de los ingresos del gobierno central, sino de los ingresos municipales. Agrega que la administración y distribución del Fondo Común Municipal tampoco es parte de la gestión del gobierno, por lo que las modificaciones del presente proyecto de ley no tendrán incidencia sobre el presupuesto fiscal del gobierno central.

Observa, sin embargo, que el límite propuesto del 5 por ciento de los ingresos para las y los adultos mayores disminuirá los ingresos por contribuciones de bienes raíces, mientras que la postergación del reavalúo de inmuebles generará efectos en las arcas municipales que no es posible calcular anticipadamente, pues ese proceso podrá significar incrementos o disminuciones en los avalúos y, consecuentemente, en la recaudación comunal.

Durante su tramitación en la Comisión de Hacienda y como resultado de las aprensiones formuladas en el debate, el Ejecutivo presentó una indicación para permitir el uso del beneficio de rebaja en las contribuciones cuando el inmueble mantenga una copropiedad con personas distintas al cónyuge o cuando los copropietarios sean hijos menores de 24 años y se encuentren estudiando.

Asimismo, se ajusta al 70 por ciento del impuesto territorial recaudado el aporte al Fondo Común Municipal para la comuna de Las Condes, y se mantiene en 65 por ciento en las patentes comerciales. Lo Barnechea , por su parte, aportará 65 por ciento en impuesto territorial y 55 por ciento en patentes municipales.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda valoraron unánimemente la ampliación del beneficio tributario a más adultas y adultos mayores, como también la indicación del Ejecutivo, pero se dividieron en la forma establecida para financiar el gasto tributario derivado de la medida, pues no todos compartieron la decisión de hacer recaer en tres comunas del país -Las Condes, Lo Barnechea y Santiagola compensación por menores ingresos al Fondo Común Municipal.

Finalmente, puesto en votación general, el proyecto resultó aprobado por once votos a favor y una abstención. Votaron a favor la diputada Camila Rojas y los diputados Carlos Bianchi , Ricardo Cifuentes , Luis Cuello , Felipe Donoso , Miguel Mellado , Agustín Romero , Juan Santana , Gastón von Mühlenbrock , Jaime Sáez y el Presidente Boris Barrera . Se abstuvo el diputado Diego Schalper .

Por su parte, las votaciones en particular se aprobaron en su totalidad, algunas por unanimidad y otras por mayoría de votos, en la forma que se señala en el informe respectivo.

Como consecuencia de lo relatado, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos informados.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala de la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner .

Acordado.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, vamos a respaldar este proyecto.

Recuerdo que durante la discusión del proyecto de reforma de pensiones nos reunimos con el entonces ministro Marcel para hacerle saber la necesidad de avanzar en la rebaja de las contribuciones para los adultos mayores.

Actualmente, hay adultos mayores que ganan muy poco, pero que pagan contribuciones como si fuesen millonarios. Eso no puede ser. Se trata de adultos mayores que compraron una vivienda hace muchos años y sus contribuciones han subido enormemente por la ubicación en la que se encuentran. Por eso, sufren cada vez que les llega el cobro del impuesto territorial. Hoy día no les alcanza para pagar.

Por lo tanto, la iniciativa que discutimos va en buena dirección. No podemos seguir tolerando que nuestros adultos mayores, que trabajaron toda una vida, que se esforzaron para pagar sus viviendas, hoy tengan que pagar contribuciones por ellas.

A nosotros nos alegra que estemos discutiendo este tema, ya que va a favorecer a 80.000 adultos mayores que van a acceder a estas rebajas. Asimismo, el impuesto territorial nunca va a superar el 5 por ciento de sus ingresos. Además, se pospone el reavalúo de las viviendas hasta el año 2027 para evitar alzas injustificadas.

En mi distrito, llegan a mi oficina muchísimos adultos mayores -hablamos de personas de clase mediaque han trabajado toda su vida y que no acceden a ningún beneficio, por lo que sufren cuando les llega el cobro de las contribuciones. Si no pagan, les rematan sus viviendas. No lo podemos permitir. Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa.

Reitero: la bancada Liberal se juntó con el entonces ministro Marcel para contarle esta problemática que sucede no solo en la Región de Los Lagos, en Arica y Parinacota y en Antofagasta, sino en todo Chile.

Más de alguna vez esta Cámara ha votado solicitudes de resolución para pedir que a los adultos mayores no se les cobren contribuciones respecto de su primera vivienda.

Este proyecto es un avance y lo vamos a aprobar.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra al diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, con mucho orgullo respaldo este proyecto del Ejecutivo, puesto que esta rebaja de las contribuciones a los adultos mayores nació del trabajo que realizamos con afectados por los reavalúos de las viviendas en el distrito que represento, especialmente con doña Carmen Andrea Hales , quien ha sido una de las principales luchadoras por visibilizar la dramática situación de adultos mayores que ven el peligro de perder la propiedad que con años de esfuerzo han podido adquirir.

Llevamos este tema -un dramaal entonces ministro de Hacienda, señor Mario Marcel , a inicios del año 2024, mostrándole que el beneficio propuesto para los adultos mayores vulnerables no significaba una pérdida sustancial de contribuciones territoriales para las municipalidades, ya que el tramo que se vería beneficiado sería el de aquellos que, por los reavalúos de sus casas -muchas veces inexplicables-, quedan fuera del beneficio de la rebaja del 50 al 100 por ciento.

Por tanto, esta rebaja no implicaría una gran afectación al Fondo Común Municipal. Se buscaron distintas fórmulas de rebaja y finalmente se acordó poner el tope en el 5 por ciento de los ingresos anuales de los adultos mayores vulnerables que pagan contribuciones, porque es una forma eficaz de detener el drama que hemos presenciado en la materia.

Finalmente, esta propuesta se materializó en el mensaje que hoy discutimos. Incluye, también, modificaciones al aporte que hacen al Fondo Común Municipal Lo Barnechea y Las Condes, dos comunas de mi distrito, las dos más ricas del país. De este modo, el beneficio para los adultos mayores vulnerables no será resentido por los municipios más pobres del país, que necesitan de los fondos para mantener la salud, la seguridad y la educación en sus comunas.

También es importante destacar que se congelará el reavalúo de las propiedades que correspondía realizar el año 2026, y se postergó para 2027. Esperemos que para ese entonces el Servicio de Impuestos Internos tenga una mejor metodología para los reavalúos, que no perjudique a las familias cuyas propiedades aumentan de valor, como sucede en sectores cercanos al Metro o a centros comerciales, pero que no coincide con un aumento en los ingresos de las familias que viven en esas zonas, como sucede, por ejemplo, en sectores de Las Condes, que albergan una pobreza oculta de adultos mayores; en zonas de La Reina, como el sector Las Campanas; o en sectores aledaños al Metro, donde viven familias que están fuertemente endeudadas, que ven aumentado el valor de sus propiedades, pero, al mismo tiempo, han visto reducirse sus ingresos económicos, fruto de haberse jubilado, dados los bajos niveles de las pensiones que, lamentablemente, hoy reciben los adultos mayores.

Hago un llamado a esta Sala a aprobar, ojalá por unanimidad, este proyecto de ley que va a beneficiar a miles de adultos mayores de nuestro país.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, la verdad es que me emociona estar hablando sobre este tema, porque efectivamente los avalúos se transformaron en un verdadero drama para muchísimos adultos mayores a lo largo de todo Chile, no solo en el distrito que represento. Personas que con mucho esfuerzo compraron su casa, por distintos motivos -por ejemplo, llegó la modernidad y con ella el metrovieron cómo su vivienda fue adquiriendo un mayor avalúo. Eso pasa mucho en mi distrito.

Esas personas, que tienen menos renta, porque están mayores y jubiladas, no tienen cómo pagar esa obligación, lo que abre incluso la posibilidad de que pierdan el único bien que tienen y pueden heredar a sus hijos a lo largo de la vida.

Me parece que este proyecto es muy solidario, tiene mucho sentido común, va en el camino correcto y efectivamente se hace cargo de la problemática que se suscitaba cuando uno pensaba que, al acabarse el pago de las contribuciones, ello afectaría el Fondo Común Municipal, fondo que sabemos que nutre a muchísimas municipalidades que no tienen rentas propias ni entradas por pago de patentes. Incluso, hay muchos lugares donde ni siquiera se pagan contribuciones. De alguna forma la justicia se construye así: el que tiene más, tiene que dar más.

Ahora, vemos cómo se le piden aportes a Lo Barnechea. Se trata de un caso muy notable, porque por alguna razón que desconozco, esa comuna no ha aportado nada a través de las patentes comerciales. Es una situación histórica que hoy se viene a resolver, porque esa comuna va a empezar a aportar un 55 por ciento de sus ingresos por patentes comerciales. Normalmente, los demás municipios aportan, pero históricamente Lo Barnechea no lo estaba haciendo. Lo mismo ocurría con Las Condes.

Sabemos cuáles son los municipios que tienen la fortuna de tener un presupuesto mayor y que aportan muchísimo al Fondo Común Municipal, lo cual se agradece. Fui concejala por Las Condes y para muchos aportar era un acto casi de generosidad, en circunstancias de que se trata de un acto de justicia. El que tiene más, tiene que dar más a aquellos que tienen menos. Hoy, se intenta balancear esta situación a través del mecanismo que se plantea. Estoy segura de que las personas de esas comunas lo entenderán muy bien y que dispondrán de otros recursos para mantener sus estándares de ayudas sociales en beneficio de la gente más vulnerable, porque todas las comunas los tienen. Así al menos lo viví en Las Condes.

Me parece que esto viene, si no a resolver, al menos a paliar una situación que es muy dolorosa y que causa mucha inquietud a muchos adultos mayores de nuestro país, cual es la incertidumbre de no tener de dónde sacar plata para pagar sus contribuciones.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, compartimos plenamente y anunciamos que votaremos a favor el proyecto en debate, pues otorga mayor certeza y reduce la carga tributaria que enfrentan los adultos mayores respecto del pago del impuesto territorial. Se espera que la iniciativa pueda seguir perfeccionándose durante su tramitación legislativa.

No comparto que esta iniciativa no proporcione una justificación técnica transparente para seleccionar solo a dos municipalidades para financiar este proyecto, lo que introduce un elemento de arbitrariedad y un trato desigual respecto de otras comunas en condiciones similares. A ello se suma que el informe financiero carece de información esencial: no expone el costo fiscal efectivo de la rebaja; no cuantifica el monto que implicaría extender el beneficio al total de adultos mayores afectos al impuesto territorial ni explica cuánto se espera recaudar por el aumento de aportes municipales.

Señor Presidente, el sistema vigente continúa siendo excesivamente opaco y técnico, de difícil comprensión, incluso para quienes se ven directamente afectados por sus resultados. Debemos avanzar hacia una reforma que establezca parámetros transparentes, verificables y asequibles para la ciudadanía, especialmente considerando que el impuesto territorial recae sobre un bien esencial como es la vivienda principal.

Claramente, anuncio mi voto a favor por todos los adultos mayores, pero pedimos votación separada del artículo 2 y del artículo segundo transitorio.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, si bien la intención de este proyecto es valorable, para mi gusto es mucho ruido y pocas nueces. Si lo que realmente buscamos es aliviar la carga del impuesto territorial a los adultos mayores, la base para el cálculo solo debe depender del menor o mayor ingreso, ya que el valor del bien raíz no tiene relación con la capacidad económica de un adulto mayor.

Presentar esta iniciativa como un gran beneficio del gobierno para adultos mayores, junto con la postergación del reavalúo fiscal, me provoca la sensación de que se está encubriendo un problema real de falta de transparencia, excesiva discrecionalidad y errores garrafales en los cálculos del impuesto, lo que, en la práctica, ha provocado cobros excesivos que no reflejan el valor real de las propiedades.

Es por ello, señor Presidente, que este proyecto se aleja de lo que realmente se necesita para resolver el problema de fondo y obedece más bien a una cierta improvisación y poca transparencia. Además, vulnera garantías constitucionales para los municipios de Las Condes, Providencia y Lo Barnechea .

Lo verdaderamente urgente, señor Presidente, es la postergación inmediata del reavalúo fiscal, que ha provocado cobros excesivos e injustos, y, por cuerda separada, estudiar un proyecto serio y bien planteado para rebajar o eximir el pago del impuesto territorial, ya que, para mi gusto, este está quedando al debe. No obstante, aún es posible mejorarlo si hay voluntad real de alivianar la carga de los adultos mayores.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, hoy debatimos este proyecto de ley que establece beneficios en relación con el impuesto territorial para las personas mayores, iniciativa que toca el corazón de la justicia social y la protección de quienes han forjado y construido nuestro país.

Desde el principio declaro mi apoyo a este proyecto, porque equilibra el alivio tributario a nuestros adultos mayores con la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento municipal.

Mi primer argumento es de justicia intergeneracional y dignidad. Miles de personas mayores en mi región, en Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio , Quintero , etcétera, viven con pensiones bajas, mientras el avalúo fiscal de sus viviendas, su único patrimonio, ha subido ostensiblemente. Para ellos, la vivienda no es un activo especulativo, sino el fruto de toda una vida de trabajo.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cerca del 19 por ciento de los adultos mayores que cumplen requisitos de ingresos hoy no accede a ningún beneficio tributario, una brecha que este proyecto corrige con sensibilidad.

Mi segundo argumento es de responsabilidad fiscal y equidad territorial. Este beneficio tiene un costo estimado de 20.000 millones de pesos anuales y es fundamental que no se traduzca en un debilitamiento de los municipios, especialmente aquellos con baja base tributaria.

Por eso, valoro que el proyecto modifique y fortalezca los aportes del Fondo Común Municipal, protegiendo a comunas como El Tabo o Quintero , y otras localidades pequeñas que dependen de esos recursos para financiar la salud primaria, programas sociales y servicios básicos. No se trata de transferir la carga de un grupo vulnerable a otro, sino de redistribuir con inteligencia y solidaridad.

Añado un dato relevante: en Chile, el 30 por ciento de los hogares con adultos mayores destina más del 10 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de impuestos territoriales y gastos básicos solo de la vivienda, lo que obliga a muchas familias a elegir entre pagar las contribuciones o cubrir medicamentos y alimentación. Este proyecto no solo es un alivio económico; es también una herramienta contra la pobreza y -por qué no decirlocontra la vejez.

Legislar con empatía no significa descuidar las cuentas públicas. Este proyecto avanza hacia un Chile que honra a sus adultos mayores sin descuidar la salud financiera de los municipios.

Por eso, y porque creo que un Estado debe proteger a los más vulnerables con medidas concretas y fiscalmente responsables, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

Ojalá que en el futuro también podamos ir más allá, incluso hacia la exención total de contribuciones para nuestros adultos mayores, porque después de una vida de esfuerzo merecen envejecer con tranquilidad y dignidad.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día.

El proyecto queda pendiente para una próxima sesión.