Labor Parlamentaria

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales, correspondiente al boletín N° 18036-05.

Por acuerdo de los comités parlamentarios, se destinará una hora para el debate de este proyecto. Cada diputado o diputada que se inscriba dispondrá de tres minutos para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 8 de este boletín de sesiones.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, quiero valorar algunas modificaciones incorporadas por el Senado, ya que permiten viabilizar determinadas normas que esperamos concretar posteriormente en comisión mixta y que fueron rechazadas en la Cámara. No obstante, hay situaciones pendientes, como la protección de la estabilidad laboral de trabajadoras y trabajadores, que fue rechazada con las enmiendas introducidas por el Senado.

Además, el honorable Senado nos está metiendo una cuchufleta, por decirlo de algún modo, porque hace una modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, particularmente respecto de lo establecido en su artículo 15, que señala: “La declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley o de reforma constitucional que vulnere lo dispuesto en el inciso primero del artículo 65 de la Constitución Política o de la solicitud que formule el Presidente de la República de conformidad a lo establecido en el artículo 68, será efectuada por el Presidente de la Cámara de origen. No obstante, la Sala de dicha Cámara podrá reconsiderar esa declaración.”.

Es complejo, porque la modificación que se realiza en el Senado hace que ahora las reclamaciones de inadmisibilidades tengan que contar con la mayoría absoluta, lo que coarta, en definitiva, la posibilidad de las diputadas y los diputados de indicar distintos proyectos de ley. Esto más bien parece ser una camisa de fuerza, situación que es inaceptable y que no formó parte de ninguna discusión por parte de bancada alguna y de ningún partido durante la tramitación de este proyecto en su primer trámite constitucional.

Entonces, desde el Frente Amplio vamos a solicitar la votación separada de este artículo en particular. Por su intermedio, señor Presidente, solicito a toda la Cámara que ponga atención a esta modificación, porque, a todas luces, es un atentado al trabajo y a la labor que cada uno de nosotros debe desarrollar acá.

Por lo mismo, vamos a presentar esa solicitud de votación separada.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar a la Sala que se supone que las leyes misceláneas no son aceptables en nuestro ordenamiento jurídico, y esta es una ley tan miscelánea que el informe de la Corte Suprema del que se dio cuenta hoy la describe como ley miscelánea.

Hay todo tipo de cosas subsumidas bajo un titular. Evidentemente, de esa manera no se puede legislar en un país serio. Pero, bueno, no sé qué tan serios somos todavía como país en materia legislativa cuando aceptamos este tipo de cosas, o qué tan serios somos cuando el Ejecutivo envía un proyecto de reajuste del sector público financiado con 600.000.000 de dólares y después manda uno que está exigiendo entre 1.500.000.000 y 1.600.000.000 de dólares de gasto, es decir, con un déficit de 800.000.000, y no sé qué tan responsable es el futuro Ejecutivo si respalda esta iniciativa de ley.

¿Cómo van a votar a favor de una futura ley de reajuste que lo que hace es crear de inmediato un hoyo fiscal de 800.000.000 de dólares en el próximo ejercicio? Eso es simplemente inaceptable. No importa cuáles sean las consideraciones políticas que se hagan, pero este déficit que está generando este Ejecutivo y que el próximo Ejecutivo no ha criticado con la fuerza y voluntad que yo habría considerado necesaria, va a significar que en otra parte van a faltar los recursos o que tendremos que endeudarnos más.

Eso es populismo fiscal, damas y caballeros: dos gobiernos, de signos completa o supuestamente opuestos, respaldan una ley de reajuste que ignora absolutamente la realidad fiscal. No, si a la hora de los quiubos es como decía el gran poeta don Nicanor Parra : la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas cuando se trata de vencer la disciplina fiscal del Estado.

Esta ley en proyecto nunca debió ser tramitada, y no debiese ser votada a favor por nadie que después quiera mirar a sus votantes a la cara y les tenga que explicar por qué no hay plata para llegar a final de año en los hospitales, por qué no hay plata para los implementos de la Junaeb, por qué no hay plata para nuestros ancianos: porque no hay plata. Y por qué no hay plata para la reconstrucción de nuestro sur, advertencia muy razonable que hizo la contralora general de la República: ¡porque no hay plata!

Lo que hace este proyecto es reforzar la falta de recursos para el futuro Ejecutivo. No entiendo por qué este no ha reclamado con más fuerza.

Nosotros, los nacionalibertarios, somos responsables fiscalmente y vamos a votar en contra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, parece que al gobierno tampoco le interesa el reajuste del sector público, porque debe tener vergüenza para decirnos de dónde va a sacar la plata, pues no está aquí presente.

Hablemos con la verdad a los chilenos. Yo invito a este gobierno a dejar de mentirles a los trabajadores del sector público. Está colocando un papel con un monto que no tiene financiado; el reajuste que llegó del Senado no tiene financiamiento.

Ministro Grau , dígaselo claro a esta Sala cuando llegue, sin esconderse, por favor: ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Qué ministerio va a pagar el costo?

Le informo que este reajuste cuesta 1.700.000.000 de dólares y faltan alrededor de 800.000.000. Y esto no es una opinión: son los números.

El Consejo Fiscal Autónomo y la contralora general de la República ya advirtieron sobre el riesgo fiscal. Estamos entregando promesas sin respaldo.

Acá prefiero ser honesto y decirles a los trabajadores que están viendo esto que hoy no hay dinero para financiar este reajuste y que esta irresponsabilidad la van a pagar otras personas en Chile. No habrá plata para las listas de espera; no habrá plata para cultura, algo que tanto le gusta a este gobierno. Se tendrá que recortar recursos en todos los ministerios. ¡Es una irresponsabilidad del porte de un buque! Sin embargo, este gobierno se esconde para decir que, efectivamente, lo único que hará el artículo 8 es reasignar recursos del subtítulo 21 de los respectivos presupuestos. Por eso el Senado rechazó esa disposición.

Mire, hago un llamado al gobierno a que sea transparente. Todos sabemos que en estos cuatro años los números no eran los de ellos, ni siquiera los del Presidente, pero expliquen alguna vez de dónde van a sacar este dinero. Y también les hablo a los diputados: dejen de vender humo para ganar votos y seamos responsables con los recursos de nuestro país. Pongámonos los pantalones con la situación de Chile, que no está en condiciones de pagar este reajuste. Estamos jugando con fuego, honorables colegas.

Mi llamado es a tener un poco de conciencia, porque acá se les está mintiendo a los trabajadores del sector público: no está la plata, no hay 800.000.000 de dólares para pagar este reajuste, y mientras el ministro Grau no diga de qué ministerio va a sacar esos recursos, este presupuesto no se puede aprobar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, el doble estándar y el doble discurso que tiene la derecha nos sigue asombrando.

Cómo no recordar la imagen de cuando celebraban de pie y aplaudían el rechazo de la reforma tributaria. Lo digo, porque, efectivamente, las arcas fiscales están en una situación compleja y se necesitaba recaudar más para lo que dicen ustedes: para los hospitales, para las listas de espera, para todas las necesidades que efectivamente tiene nuestro país, etcétera. Celebraron de pie el rechazo de la reforma tributaria y hoy día dicen que hay un déficit, que este reajuste no se va a poder cumplir. Entonces, será el gobierno que ustedes hoy están impulsando el que tendrá que ir a decir de dónde el Estado va a recaudar más y a lo mejor ahí ustedes proponen una reforma tributaria en que los grandes capitales de nuestro país por fin se pongan con Chile y tributen lo que tienen que tributar para satisfacer todas las necesidades de nuestra nación.

Dicho esto, además en la Comisión de Hacienda quedó clarificado que el gobierno se ajustó al gasto que se había propuesto, algo que nosotros tampoco compartimos, porque si hay tantas necesidades, como las vitales y las de los trabajadores, el Estado tiene capacidad para endeudarse más.

Así, este reajuste hoy viene con falencias en esta iniciativa de ley miscelánea, que, dicho sea de paso, también se ha señalado que es una falla estructural y que deben legislarse de forma permanente muchas de las materias que hoy están en ella. Esperamos que también se puedan hacer cargo de eso.

Me preocupa cómo se ha jugado con la estabilidad laboral, con la confianza legítima de los funcionarios de carrera, que durante años e, incluso, durante décadas han peleado con sus herramientas, con sus calificaciones para tener el puesto que tienen.

También me preocupa enormemente lo que pasó con artículos relativos a la libertad sindical y cómo se quiere corroer o limitar la práctica del gremialismo y de la libertad sindical con derechos adquiridos para poder resguardar los mismos derechos de los trabajadores del sector público. Y si esto sigue en esa línea de mermar la libertad sindical, llamo también a los dirigentes gremialistas, a agrupaciones de trabajadores a que puedan presentar una denuncia en la OIT, porque acá se están vulnerando sus derechos.

Por último, quiero insistir al ministro Grau que se la juegue por las madres cuidadoras y que considere la ley permanente del teletrabajo para el sector público con una mirada de conciliación, una promesa que está pendiente y que aún puede repararse.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Informo a la Sala que hubo un accidente en la ruta 68 y eso ha dificultado la llegada oportuna de diputados, diputadas y también de ministros a la Sala. Lo señalo para que se sepa que esta situación no es una cuestión de mera voluntad. Tiene la palabra el diputado Jorge Durán .

El señor DURÁN (don Jorge).-

Señor Presidente, al parecer, como dicen algunos, la excusa solo agrava la falta. Señalar que el ministro viene atrasado -quizá no se levantó temprano, como lo hacemos todos los diputados que venimos de Santiago- nuevamente demuestra la falta de compromiso, de seriedad y de capacidad para cuidar las arcas fiscales.

¿Cómo hacemos entender a este gobierno que no hay plata? ¿Cómo lo hacemos entender que las necesidades son muchas?

Este gobierno, lamentablemente, no fomentó la inversión, no cuidó las arcas fiscales, endeudó al Estado, y el próximo gobierno, les guste o no, va a tener que ajustar el cinturón. No están los recursos económicos para ofrecer un bono a los trabajadores del sector público, por mucho que lo merezcan.

Hoy estamos enfrentando una serie de incendios gigantescos en todo el país. ¿Cómo vamos a ejecutar la reconstrucción de los sectores afectados por los incendios? Vamos a necesitar recursos y ya no tenemos capacidad de endeudamiento. Si queremos atraer más inversión al país, no podemos seguir aumentando los impuestos. Entonces, ¿cómo lo hacemos?

¿Quieren hundir cada día más a nuestro país? Invito a los parlamentarios a votar en conciencia, a tener nociones de administración financiera, a entender cómo funcionan las finanzas para que al país le vaya bien. No se trata de que al próximo gobierno de derecha le vaya bien; se trata de que al país le vaya bien.

Anuncio mi voto en contra y llamo al nuevo gobierno a que no se articule sobre este proyecto. Tal vez, piensan que llevando las cosas por este camino con las organizaciones de trabajadores del sector público van a evitar problemas, pero la verdad es que van a ir a huelga igual, porque no van a entender que hay que ajustarse el cinturón para que este país salga delante de una vez por todas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, voy a aprobar este proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público y otorga una serie de asignaciones, porque son justas para los funcionarios públicos.

Mantener el valor real de sus remuneraciones es una exigencia mínima que se debe hacer al Estado respecto de sus trabajadores. Yo no satanizo a los funcionarios públicos, pues creo que son grandes colaboradores del Estado. Lamentablemente, hay operadores políticos que desprestigian a los servicios públicos, y esa es una realidad que ha ocurrido en distintos gobiernos y, por cierto, también en el actual. A veces, llegan operadores políticos con sueldos tremendos y los funcionarios públicos quedan en una situación de desmedro.

Espero que el nuevo gobierno avance en esta materia y contrate como asesores de los ministros a los funcionarios de carrera que hay en los distintos ministerios. Ojalá lo haga así, porque vamos a estar escrutando, vigilando, que esos asesores sean funcionarios públicos de carrera y no operadores políticos.

Ahora bien, respecto del reajuste de remuneraciones, lo mínimo que le podemos exigir al Estado es que mantenga el valor real de las remuneraciones de sus trabajadores y entregue los bonos correspondientes.

La exageración en la que cae la derecha, una y otra vez, me parece realmente terrible. Estamos entregando un gobierno con algunos índices fantásticos. La Bolsa de Comercio tiene más de 11.000 puntos. ¡Se ha más que duplicado en este gobierno! La inflación anual es del orden del 3 por ciento, convergiendo con la propuesta del Banco Central. Las exportaciones van en 105.000 millones de dólares anuales y siguen creciendo. La deuda del Estado es inferior al 45 por ciento, pues está en 42,3 por ciento. Durante los últimos gobiernos, se ha registrado un menor crecimiento de la deuda pública por parte del Estado. Los promedios de la OCDE en deuda son del 115 por ciento. Para qué seguir.

¡Y hoy día estamos haciendo cuestión por el reajuste de las remuneraciones de los trabajadores del sector público! El país tiene una carga tributaria del 22 por ciento y el promedio OCDE es de 31 o 32 por ciento.

¿Qué quieren? ¿No le quieren reajustar las remuneraciones a los trabajadores del sector público? Tenemos un país que está avanzando, aunque creciendo poco, pero está avanzando. Les va a tocar tomar el mando. ¡Háganlo bien! Ojalá le vaya bien a ese gabinete que designaron ayer. ¡Ojalá! Se ve difícil, pero deseo de corazón que le vaya bien al gobierno. Pero no se quejen y no se restrinjan tanto con este reajuste mínimo que deben tener los trabajadores del sector público.

Voy a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA.-

Señor Presidente, tras extensas jornadas de tramitación legislativa, marcadas por muchas horas de trabajo, de diálogo, de negociación y de voluntad política de la mayoría de las partes involucradas, salvo lamentables excepciones, estamos ad portas de aprobar el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público, impulsado por esta administración.

Este es un proyecto de ley profundamente significativo para los trabajadores y trabajadoras del Estado. Lamentablemente, la discusión pública se ha visto contaminada por descalificaciones y caricaturas que en nada contribuyen al necesario clima de respeto que en este debate debiese primar.

Hemos escuchado expresiones como “ley de amarre”, “norma para los apitutados” e, incluso, en las últimas horas, se ha insinuado que no existirían recursos para financiar este reajuste, a propósito de la emergencia que se vive en el sur del país.

Este fenómeno no es casual. Durante años, ciertos sectores han insistido en socavar la imagen del Estado, y en reducir a los funcionarios públicos a una caricatura, la del burócrata distante, indiferente, atrapado en la rutina administrativa y ajeno a las necesidades de las personas.

Entonces, revisemos esta realidad.

Los funcionarios y funcionarias públicas no son el gobierno de turno; son quienes sostienen cotidianamente la presencia del Estado en el territorio. Son los equipos de la atención primaria en los Cesfam, son los docentes y los asistentes de la educación en nuestras escuelas, son los brigadistas de la Conaf, que hoy, junto a bomberos, arriesgan su vida combatiendo los incendios forestales; son los carabineros, son los guardias municipales que patrullan nuestras calles, entre otros.

Para amplios sectores de nuestra sociedad no existe alternativa; no se pertenece al Fonasa por preferencia ni se acude al Cesfam por convivencia social. Para millones de chilenos y chilenas, la atención pública no es una opción entre varias; es la única opción. El Estado es la única garantía de dignidad. Por eso, esta discusión no es técnica ni es presupuestaria; es profundamente política y ética, porque el derrotero ideológico que hay detrás de esta discusión es precisamente abrirle la puerta al mercado en aquellas áreas en donde hoy día no hegemoniza a nuestro país.

Cuando durante años se ha buscado desacreditar el rol del Estado y cuando vuelve al centro del debate la pregunta sobre cuánto Estado necesita Chile, resulta imprescindible reafirmar una convicción fundamental: es el Estado y son sus trabajadores quienes permiten corregir, aunque sea parcialmente, la profunda desigualdad que vive nuestro país.

Hoy en Chile existen 900.000 funcionarios públicos, considerando la administración central, servicios descentralizados, municipalidades y el sector de salud, lo que representa cerca del 11 por ciento del empleo total del país, una proporción incluso inferior al promedio de los países de la OCDE.

Aprobar este reajuste no es un acto de complacencia; es un acto de justicia, de responsabilidad fiscal y de compromiso con la idea de un Estado presente, profesional y digno, porque cuando se fortalece a sus trabajadores, se fortalece al Estado, y cuando se fortalece al Estado, se fortalece la democracia y la dignidad de Chile.

Los socialistas vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señorita Presidenta, comienzo mi intervención pidiéndoles a cada uno de las parlamentarias y de los parlamentarios que estamos en esta Sala respeto por la clase trabajadora. Veo que muchos ni siquiera se limpian la boca para criticar la función que cumple el funcionario público. Se nota que no conocen la labor que desarrollan. Se deberían acercar a un Cesfam, pero no lo hacen porque se atienden en clínicas; se deberían acercar a un municipio, deberían ir a ver las necesidades que tiene la gente y conocer dónde acuden. Las personas van al sector público, a los colegios públicos, van a cualquier lugar donde puedan cubrir sus necesidades.

Ahora que estamos discutiendo el reajuste de remuneraciones para el sector público, aparecen todas estas artimañas: que no habrá recursos, que faltan 800 millones de dólares, etcétera. En campaña decían que el gobierno que asume a contar del 11 de marzo iba a ser eficiente, iba a ser para la gente y para mejorar la calidad de vida, pero hoy cuestionan un mísero reajuste para el sector público.

Creo que el país no se está cayendo a pedazos y lo que viene en el futuro va a ser mejor todavía. Lo dije en mi intervención de la semana pasada: el precio del cobre está en torno a los seis dólares la libra. Con ese antecedente, ¿no van a ser capaces de gestionar para que, con esos excedentes del cobre no considerados para este año, se pueda entregar el reajuste que merece el sector público?

Con todo respeto, le pido a esta Sala que mire los bolsillos de cada una de las personas, de quien trabaja en el sector público y gana 700.000 u 800.000 pesos, del que tiene hijos estudiando, de la que es madre soltera y enfrenta múltiples necesidades. No podemos ser tan mezquinos en esta Sala como para solo mirar al techo y decir que sigan pagando las consecuencias.

En este momento, ¿cuántos funcionarios públicos están en el sur ayudando a la gente que más lo necesita? Y quienes no están allí están realizando gestiones y actividades para apoyar a los damnificados.

Aprobemos este reajuste del sector público. Daría vergüenza darle la espalda una vez más a las trabajadoras y a los trabajadores.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

En consideración a que hay comisiones que están funcionando, a continuación haremos una excepción y otorgaré la palabra al diputado Félix González , quien debe concurrir a votar a una comisión. Tiene la palabra el diputado Félix González , hasta por tres minutos.

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señorita Presidenta, la derecha ha anunciado que va a votar en contra del reajuste al sector público. El diputado Kaiser -por su intermedio, Presidenta- ha señalado que lo hará por responsabilidad fiscal, pero la primera responsabilidad fiscal es cuidar a los funcionarios del Estado.

Quiero recordar que este proyecto no es un aumento de sueldo, sino solo un reajuste equivalente al IPC. Por si no lo sabían, les quiero contar que las cosas suben de precio, y han subido de precio. Por lo tanto, si no se reajustan los salarios del sector público, en la práctica se está bajando el sueldo a los funcionarios. Quienes voten en contra estarán bajándoles el sueldo a Carabineros, a la PDI, a Gendarmería, a los funcionarios de la salud, de la educación, a los funcionarios municipales que hoy están desplegados en los incendios y a los funcionarios de la Conaf, entre otros. Esa responsabilidad que dicen tener, y por la cual van a votar en contra, tiene como resultado bajarle el sueldo a la gente.

Por otra parte, dicen que no hay plata y llaman a ajustarse el cinturón. Los mismos que votaron en contra una reforma tributaria para que las empresas más ricas de este país pagaran más impuestos, ¿por qué tienen que ajustarle el cinturón a la ciudadanía? Pudieron haberlo dicho en campaña, pero lo dicen ahora, una vez que ganaron la elección. Lo que le prometen a la gente es ajustarse el cinturón. Dicen que no van a subir la PGU, que no van a terminar con las listas de espera. Es decir, dicen lo mismo que Milei: no hay plata.

¿Por qué no lo dijeron en campaña? Ahora ofrecen ajustar el cinturón, pero los primeros que deben hacerlo son los funcionarios públicos. ¿Por qué no se ajusta el cinturón el grupo Luksic , el grupo Angelini o el grupo Matte? No estamos pidiendo que saquen el pan de su mesa: lo que queremos es que se ponga pan en la mesa de quienes no tienen.

Ahora que van a gobernar a partir de marzo no se podrán escapar de discutir nuevamente una reforma tributaria para que las personas más ricas de este país -que no es un país pobre, sino uno en que las riquezas están mal repartidas- deban pagar más impuestos y así la ciudadanía no tenga que ajustarse el cinturón.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, he escuchado a muchos colegas hablar de los funcionarios públicos, pero yo quiero hacerlo con propiedad, desde mi experiencia personal, tras haber trabajado durante 45 años en un hospital.

Este proyecto de ley se originó tras un proceso de negociación con la mesa del sector público, encabezada por la CUT, que culminó en diciembre de 2025 con la firma de un protocolo de acuerdo entre el gobierno y diversas organizaciones gremiales. Ese es el marco formal que el Ejecutivo pretende exhibir.

No obstante, una cosa es el relato y otra muy distinta es la realidad legislativa que hoy enfrentamos, ya que, pese a existir un acuerdo previo y contar con el respaldo de una parte importante de los representantes de los trabajadores del sector público, el gobierno dilató de manera inexplicable la presentación de este proyecto. Entre otras cosas, intentó justificarlo en el contexto de la elección presidencial. Sin embargo, una vez terminado el proceso electoral, pasaron más de 15 días antes de que el texto ingresara a esta Cámara, lo que ocurrió recién el 6 de enero de 2026.

Señorita Presidenta, digámoslo con todas sus letras: esto no tiene precedentes. Nunca en la historia reciente un proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público había sido presentado en una fecha tan tardía. Lo normal es que estas leyes estén despachadas antes de enero.

Por lo tanto, aquí no hubo desprolijidad, sino negligencia política. Y como si eso no fuera suficiente, el proyecto ingresó acompañado de críticas fundadas, que se confirmaron plenamente al conocerse su contenido y que el gobierno decidió ignorar.

Primero, estamos ante un proyecto desfinanciado, presentado sin respaldo presupuestario real, una irresponsabilidad mayúscula que compromete la seriedad fiscal del Estado y demuestra una preocupante liviandad en el manejo de los recursos públicos.

Segundo, el Ejecutivo introduce normas que buscan derechamente amarrar a funcionarios contratados durante su propia administración, hipotecando la capacidad de decisión del próximo gobierno. Esta no es una política pública, sino claramente una maniobra política.

Y tercero, se incluyen materias misceláneas de alto impacto administrativo y fiscal, que nada tienen que ver con un reajuste y que, por su complejidad, no pueden ni deben aprobarse a la rápida, amparadas en una iniciativa que se tramita bajo presión de plazos.

Más allá del reajuste, el proyecto tiene un objetivo evidente: blindar decisiones de esta administración y perpetuar contratos y estructuras creadas al alero del actual gobierno, utilizando para ello un instrumento legislativo que, por definición, exige responsabilidad, seriedad y foco.

Lo que hace el Ejecutivo es aprovechar los plazos acotados de una ley de reajuste, para forzar la aprobación de normas que no resistirían un debate serio, profundo y transparente. Esta forma de legislar no solo es inaceptable, sino que vulnera principios básicos de probidad.

En aras del tiempo, votaré a favor, pero no como un respaldo político a este gobierno, sino como una señal de responsabilidad fiscal con los trabajadores del sector público.

Insisto: trabajé durante 45 años como funcionario, por lo que nadie me va a contar cuentos sobre lo que representa un empleado público. Por lo mismo, vamos a solicitar votación separada respecto de seis materias específicas que, lamentablemente, no alcanzo a exponer en esta intervención.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señorita Presidenta, valoro que, en el segundo trámite constitucional en el Senado, se aprobaran las normas referidas al reajuste del 3,4 por ciento, lo que permite avanzar en una materia urgente para las trabajadoras y los trabajadores públicos.

Sin embargo, junto con este avance, se rechazaron normas que no son accesorias ni ideológicas, sino derechos laborales mínimos, y esta cámara debe ser consciente de ello: me refiero al rechazo de disposiciones que protegían la indemnidad de las remuneraciones durante el fuero sindical, que otorgaban horario de asamblea sin afectar la jornada laboral y que establecían la obligación de los jefes de servicio de recibir a las asociaciones de funcionarios, lo que evita que sus dirigentes tengan que recurrir a la ley del lobby para ser escuchados. Esos rechazos no solo debilitan el derecho sindical, sino que también eliminan herramientas básicas para compatibilizar la actividad sindical con una función pública eficiente y productiva.

Defender derechos laborales no es un obstáculo para el Estado, sino una condición para que funcione mejor.

Con todo, lo más grave es que, una vez más, se rechazó la norma que otorgaba dignidad y estabilidad laboral a funcionarios y funcionarias a contrata con más de cinco años de servicio -ello excluye la posibilidad de que sean funcionarios de esta administración-, que ingresaron por concurso público y que hoy siguen expuestos al despido sin justificación. Las amenazas de desvinculación para justificar recortes presupuestarios atentan contra el mérito, la experiencia y la vocación de servicio.

Quiero decirlo con claridad: los funcionarios y funcionarias públicos no trabajan para un gobierno de turno, sino para el Estado de Chile. El problema de fondo sigue siendo estructural. La regla del 80 por ciento de planta y 20 por ciento de contrata, fijada hace décadas en un Chile completamente distinto, atenta contra la estabilidad mínima que deben tener estos trabajadores y trabajadoras.

Hoy, somos más, con necesidades más complejas, y el Estado requiere funcionarios y funcionarias con estabilidad laboral, ganada por años de esfuerzo, de compromiso y de servicio público.

Además, este proyecto de reajuste marca una diferencia clara entre funcionarios de carrera y funcionarios de confianza política. Ya lo decía en mi intervención en el primer trámite. Por primera vez se establece en la iniciativa que estos últimos cesarán en sus cargos el 11 de marzo próximo, dejando de depender solo de la voluntad política. Ese es un avance institucional que valoramos profundamente y que esperamos que sea respetado en los gobiernos venideros.

En la parte miscelánea del proyecto, destacamos positivamente la capacidad que se da a los gobiernos regionales para fortalecer el desarrollo mediante transferencias de inversión a empresas públicas regionales, y la ampliación del giro de la ENAP hacia el hidrógeno verde, que abre oportunidades de encadenamiento productivo y desarrollo estratégico.

Por lo mismo, resulta contradictorio el rechazo a la modernización del giro empresarial de Correos de Chile, en una industria en la que la logística y el delivery hoy son parte esencial del servicio público.

Defender el reajuste no puede implicar renunciar a la dignidad laboral, a los derechos sindicales ni a un Estado moderno que cuide a quienes lo sostienen día a día.

Eso es lo que hoy está en juego, más allá de la caricatura que pretende hacer la derecha, escudándose en la falta de recursos y precarizando a quienes sostienen el Estado y su prestación de servicios sociales, como la salud, la vivienda o la educación.

Defender a los trabajadores…

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señorita Presidenta, ministros, honorable Sala, en esta discusión que estamos teniendo en la Sala vuelvo a hacer la constatación que hice ver en la Comisión de Hacienda: la derecha está teniendo un relato en el que de alguna manera está justificando lo que podría ocurrir desde marzo en adelante: la desvinculación de una importante cantidad de funcionarias y funcionarios públicos.

Lo anterior tiene relación con lo que el propio Presidente electo, José Antonio Kast , le dijo al país, esto es, que tiene que llegar a un recorte fiscal del orden de los 6.000 millones de dólares. ¿Y cómo se llega a ese recorte fiscal? Entre otras cosas, haciendo una masiva desvinculación de trabajadores del sector público.

Es así que, a través del proyecto que hoy tenemos que votar sobre reajuste de remuneraciones del sector público, encuentran la justificación para hacerle ver al país, primero, que no están los fondos para este reajuste de remuneraciones y, segundo, que en razón de ello será necesario desvincular a una suma significativa de trabajadores del sector público, pues, de lo contrario, se tendrán que hacer recortes en lo social, en la PGU o en otras áreas en las que serán otras las personas afectadas.

Esta situación la constaté en la Comisión de Hacienda y la vuelvo a constatar ahora, cuando escucho a colegas con relatos casi apocalípticos en términos de que no habría cómo financiar el reajuste. El financiamiento efectivamente existe, y ya lo ha señalado insistentemente el ministro.

Otro tema de esta discusión -me alegro de que el Senado lo haya recogido- tiene que ver con el aporte que los gobiernos regionales harán a las empresas públicas, particularmente, en Magallanes, a la EPA.

Asimismo, por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle al ministro de Hacienda que me preocupa la ampliación del giro de la ENAP con respecto al hidrógeno verde. Hoy hemos conocido que casi todas las empresas del hidrógeno verde se estarían yendo de la Región de Magallanes. Por tanto, requiero información por parte del ministro para constatar qué tan real es eso.

Tengamos cuidado con esta votación. Votaré favorablemente porque los funcionarios públicos trabajan…

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, aquí se ha hecho una serie de aseveraciones; sin embargo, debemos explicar a los colegas que una parte importante de las disposiciones que se rechazaron en el Senado fueron precisamente las referidas a las fuentes de financiamiento que el gobierno proponía para este proyecto de reajuste.

El gobierno propone que se hagan reasignaciones que, en verdad, son difíciles de comprender luego de que se hizo una crítica tan fuerte a la propuesta del Presidente electo, José Antonio Kast , de hacer un recorte y reasignaciones por 6.000 millones de dólares. Hay que preguntar al gobierno si las reasignaciones habrá que hacerlas disminuyendo los subsidios de vivienda, la PGU, los alimentos de la Junaeb o la entrega de computadores a los niños de séptimo básico. ¿Qué es lo que se recortará para poder pagar este reajuste que no tiene financiamiento? Esto no lo decimos nosotros; lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, entidad que sostiene que por lo menos faltan 822 millones de dólares que no están financiados.

La situación más grave, ministro, es que en los próximos días se dará a conocer el informe de finanzas públicas de la Dipres, en el que indica que el déficit fiscal va a llegar mucho más allá del 2,2 por ciento que se había proyectado inicialmente. En consecuencia, la regla fiscal no se va a cumplir y, por tanto, los niveles de endeudamiento van a aumentar. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento más allá del 43 por ciento, lo que nos hará pagar intereses por 4.600 millones de dólares durante 2026, que podrían haberse ocupado para entregar beneficios sociales.

Me sorprende cuando se habla de que nosotros votamos en contra el reajuste. Eso no es verdad y lo pueden comprobar en la votación. Nosotros votamos a favor el reajuste, con la esperanza de que el gobierno llegara a un acuerdo en el Senado para poder financiarlo debidamente. Sin embargo, el propio Consejo Fiscal Autónomo y la contralora han dicho que este proyecto de reajuste no tiene los financiamientos debidos, por varias situaciones que ya he explicado, y, además, porque tenemos una situación de emergencia que no está debidamente provisionada, que debemos enfrentar y cuyo costo ya bordea los 2.000 millones de dólares.

Por lo tanto, la situación es compleja y vamos a tratar de buscar alternativas para poder financiar este reajuste de remuneraciones, que el propio Presidente electo, José Antonio Kast , nos ha pedido que aprobemos, para que los trabajadores tengan, por lo menos, la recuperación de su poder adquisitivo.

Quiero terminar con unas frases que no son mías, pero que hablan mucho de lo que dice la izquierda en el sentido de que no quisimos aprobar la reforma tributaria. Dice: “No llegarás a la prosperidad despreciando la economía; no promuevas la hermandad de los hombres incitando al odio de las clases; no puedes ayudar al pobre despreciando al rico; no puedes establecer una seguridad bien fundada con el dinero prestado; no puedes dar al hombre valor y carácter quitándole su iniciativa e independencia; no puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer por sí mismos.”. Reitero: “No llegarás a la prosperidad despreciando la economía.”. He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Camila Rojas .

La señorita JILES (doña Pamela) .-

Señorita Presidenta, pido la palabra por un asunto de Reglamento.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Pamela Jiles .

La señorita JILES (doña Pamela) .-

Señorita Presidenta, usted, que se nos va, debe hacerlo respetando el Reglamento. Hace aproximadamente 15 minutos que estamos sin quorum. Por lo tanto, usted tiene que suspender la sesión.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Sí, señorita diputada. De hecho, se están haciendo sonar los timbres para llamar a los diputados a la Sala.

Le voy a dar la palabra a la diputada Camila Rojas , y después de su intervención, si no tenemos quorum, voy a suspender la sesión.

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señorita Presidenta, todos sabemos que, mientras discutimos el reajuste de remuneraciones del sector público, Chile vive una tragedia inconmensurable. Pese a que no pueda parecerlo, ambos temas están conectados: hay policías, funcionarios municipales, trabajadores de la salud y brigadistas de la Conaf trabajando sin descanso por responder a la emergencia. Todos y cada uno de ellos son funcionarios públicos.

Después de que pase la emergencia, también serán trabajadores del Estado quienes deberán acudir en respuesta a las familias: funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, del Registro Civil, del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Salud. Por lo tanto, será un enorme trabajo interconectado el que se va a requerir para resolver y volver a poner en pie las zonas afectadas y a las familias damnificadas.

Por eso, llama la atención que se establezca una diferencia en materia de recursos entre ir en apoyo a la emergencia o aprobar el reajuste de remuneraciones del sector público, como si no fuera precisamente el Estado, y sus trabajadores, el principal responsable de enfrentar y dar respuesta a esa catástrofe.

Sobre el articulado del proyecto, quiero poner algunas alertas y hacer algunas consideraciones. El rechazo en ambas cámaras de la normativa sobre confianza legítima va a significar un mayor gasto para el Estado ante la judicialización de casos por despidos arbitrarios. Lo mismo sucederá en relación con el artículo 8, rechazado por el Senado, que establece flexibilidad presupuestaria para el financiamiento de la ley.

Otros rechazos que resultan particularmente preocupantes son el de las facultades para mejorar la libertad sindical y no perseguir a dirigentes, y el de la creación de nuevos cargos de planta del IPS para la modernización de la gestión de la reforma de pensiones.

Finalmente, llama la atención que se haya rechazado la obligación del cese de funciones del personal de gabinete de las autoridades salientes, dado que fue la derecha la que inventó que esto era una ley de amarre, pero luego se opuso a que salgan los asesores. Cuando se resolvió ese asunto, inventaron que no había recursos, pese a que tenemos uno de los mejores estados financieros en deuda externa en el mundo. Imagino que hoy se van a presentar nuevas excusas.

Vamos a pedir votación separada de las disposiciones referidas a todo lo que he mencionado, pero, además, respecto del artículo que agregó el Senado que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y que altera el procedimiento respecto de las declaraciones de admisibilidad e inadmisibilidad de las iniciativas. Me parece que eso, sin duda, es inaceptable y, por lo mismo, esperamos que esta Cámara lo rechace.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada Karen Medina .

La señora MEDINA (doña Karen).-

Señorita Presidenta, quiero partir mi intervención saludando a los ministros que nos acompañan, a los trabajadores del sector público y a los dirigentes que han trabajado para representar las necesidades de sus asociados.

Lamento mucho que estemos haciendo esta discusión tan tarde. Este proyecto no solo habla de reajustes y de números, sino que habla de personas, de miles de trabajadoras y trabajadores del Estado que por años han sacado adelante el sector público de nuestro país: trabajadores de los hospitales, trabajadores de las escuelas, funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de los municipios y de distintos servicios públicos. Muchos de esos trabajadores viven con la incertidumbre de saber si el próximo año van a seguir o no en sus puestos de trabajo, porque están a honorarios, a contrata o a plazo fijo.

Me da mucha pena que aquí se esté amenazando con votar en contra este proyecto de ley. Eso quiere decir que no valoran el trabajo de la gente del sector público.

Quiero apelar por los despidos que están ocurriendo en el área de la educación. Agradezco al señor Miguel Ángel Araneda , presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Educación Municipal (Confucem), porque vino a pedir y apelar por todos aquellos trabajadores.

Hablamos con el ministro de Educación, con el ministro de Hacienda y con el ministro secretario general de la Presidencia, y hoy esos trabajadores fueron considerados para crear una nueva herramienta: una bonificación por retiro voluntario. Sabemos que, con el traspaso a los servicios locales de educación pública (SLEP), es inevitable que haya despidos, por la baja matrícula que tienen los establecimientos educacionales públicos. De eso hay que hacerse cargo.

Por lo tanto, esta herramienta de bonificación por retiro voluntario permitirá que muchas personas que hoy están amenazadas con ser despedidas puedan mantener su fuente laboral, porque la necesitan. También les damos la oportunidad a aquellos que quieran salir del sistema a través de un reconocimiento económico.

Ministro, le agradezco por haber considerado esta petición, porque, sin duda, va a alivianar un poco el despido de la gente en el sector público.

Por supuesto que votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Saludo a los dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), a su presidente y a su directorio, y al resto de los dirigentes de las distintas reparticiones públicas que hoy nos acompañan en las tribunas.

Bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados.

(Aplausos)

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Arturo Barrios .

El señor BARRIOS.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a los dirigentes de la ANEF, especialmente a su presidente, señor José Pérez . Un gran abrazo para todos ellos.

Quiero partir mi intervención señalando que hoy esta Sala se pronuncia sobre un proyecto que no es solo una cifra o un porcentaje, sino el resultado de un proceso de diálogo social, de negociación responsable y de acuerdos construidos con realismo en un contexto económico complejo, pero sin perder de vista la dignidad del trabajo público.

El reajuste del sector público para el año 2026 que hoy votamos recoge el trabajo serio desarrollado entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del Estado, y fue perfeccionado durante su tramitación, incorporando ajustes que permiten dar mayor certeza, gradualidad y sostenibilidad fiscal sin desvirtuar el espíritu de acuerdo.

Valoramos especialmente que este proyecto combine reajuste salarial responsable con mantenimiento y fortalecimiento de beneficios históricos, como los aguinaldos, los bonos y las asignaciones, que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias a lo largo de nuestro país.

No se trata de privilegios. ¡Que nadie hable aquí de leyes de amarre! ¡Que nadie hable aquí de que el Estado tiene mucha “grasa”! Aquí se defiende a las funcionarias y los funcionarios públicos. En definitiva, no se trata de establecer una suerte de privilegio.

Es importante destacar que los acuerdos alcanzados permiten entregar una señal de estabilidad y continuidad, evitando la incertidumbre que tanto daño genera en los equipos de trabajo del Estado.

Como señaló un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, se dice que se van a recortar 6.000 millones de dólares, pero hasta el día de hoy no se sabe dónde, no se sabe cuándo ni se sabe cómo. ¿Así se pretende gobernar Chile? Ese costo no lo pueden pagar los funcionarios públicos que trabajan día a día por hacer posible y entregar las políticas públicas del Estado a nuestros vecinos y vecinas.

Por eso, quiero decirlo con claridad: un Estado que cuida a quienes trabajan por el bien común es un Estado más fuerte, más eficiente y más cercano a la ciudadanía. Por esta razón, sin lugar a dudas, anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al señor ministro, a los colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

Soy un diputado que escucha a sus representados, que recorre las calles de la Región de La Araucanía y que toma el sentir de los vecinos para luego aquí ser su voz. Muchos funcionarios públicos han agradecido las palabras que hace unos días emití en este hemiciclo por la votación del reajuste del sector público.

Por eso, tal cual lo he realizado en cada una de las instancias en que hemos discutido este tema, votaré a favor, porque no podemos olvidar que la gran mayoría de ellos cumple un rol clave para Chile.

Reitero: este es un voto a favor pensando en quienes siempre he defendido. Me refiero a los funcionarios de la Policía de Investigaciones, a los funcionarios de Carabineros de Chile, a los profesores, a los asistentes de la educación y a los servidores públicos de las municipalidades y de distintas reparticiones del Estado que hacen la pega, que hacen su trabajo y que están en terreno, al igual que yo, junto a los vecinos y las vecinas.

También quiero señalar que estoy pensando en la gente del área de la salud, en esos funcionarios que trabajan codo a codo para salvar muchas veces la vida.

Este voto no es político; es un voto pensando en ellos y en sus familias, porque, como todos los chilenos, han visto cómo el costo de la vida sube y sube, afectando su calidad de vida.

En definitiva, reitero mi apoyo a este proyecto que otorga reajuste general de remuneraciones a las trabajadoras y los trabajadores del sector público y concede sus respectivos aguinaldos.

Por supuesto, me opongo firmemente a las indicaciones de amarre que ha querido instalar este gobierno. El próximo gobierno, del Presidente José Antonio Kast , requiere unidad, no acciones de mala política que generen trabas al desarrollo y al progreso de la patria. Eso no lo permitiremos.

Anuncio que votaré a favor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Danisa Astudillo .

La señorita ASTUDILLO (doña Danisa) .-

Señorita Presidenta, este proyecto de reajuste no es una consigna política ni una disputa ideológica; es un proyecto de ley concreto que busca dar estabilidad, certeza y un mínimo de justicia salarial a miles de trabajadoras y trabajadores del sector público que cumplen funciones esenciales para el país.

La derecha suele mirar este tipo de iniciativas solo desde el gasto; nosotros las miramos desde otra lógica: desde la inversión en capacidad del Estado. Porque un Estado que paga mal, que precariza y que inestabiliza a su personal es un Estado más débil, menos eficiente y más vulnerable a errores.

Este reajuste no es alto, no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada y no genera privilegios. Lo que hace es impedir que la brecha entre el costo de la vida y los salarios públicos siga creciendo sin control.

Aquí no estamos discutiendo beneficios corporativos; estamos discutiendo la calidad del servicio que el Estado puede entregar a la ciudadanía. Porque la continuidad, la experiencia, la estabilidad laboral y la motivación de sus trabajadores son parte de la calidad de las políticas públicas.

Además, este proyecto no se limita a reajustar cifras: introduce reglas de mayor racionalidad administrativa, fortalece derechos laborales básicos, ordena procesos, da más certeza jurídica y mejora la gestión pública. Eso también es eficiencia y buena administración del Estado.

Cuando se critica este tipo de proyectos de ley desde una lógica meramente contable, se olvida lo esencial: el Estado no es una empresa privada; su objetivo es garantizar derechos, seguridad, justicia, educación, salud y protección social.

Un Estado barato puede ser un Estado caro para la ciudadanía: caro en errores, caro en inestabilidad, caro en mala atención y caro en pérdida de confianza. Por eso este proyecto no debe verse como una carga, sino como una inversión mínima para que el aparato público funcione con seriedad, continuidad y profesionalismo.

Nosotros no defendemos un Estado inflado; defendemos un Estado capaz, un Estado que respeta a sus trabajadores, porque respetarlos es respetar a la ciudadanía, que depende del trabajo que ellos realizan.

Por eso, votaremos a favor del reajuste, no por populismo ni por cálculo político, sino porque creemos que fortalecer el Estado comienza por fortalecer, con responsabilidad y realismo, a quienes lo hacen funcionar todos los días.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señorita Presidenta, considero totalmente justo el debate de este proyecto de ley, ya que debemos darle la altura de miras que se merece y aprobarlo.

Lamentablemente, hubo muchos temas que quedaron atrapados en el Senado, como derechos sindicales y gremiales; sin embargo, un atraso nos llevaría a no tener esta ley de reajuste a tiempo.

Desde la bancada de la Democracia Cristiana, hacemos un llamado generoso a todos los sectores. Sabemos que asumirá un nuevo gobierno y, sin duda, a fines de año volveremos a dar este mismo debate del reajuste, con otra mirada seguramente, pero también buscarán la manera de mejorar las condiciones de los trabajadores.

Déjenme decirles que, lamentablemente, hay sectores que, en época de campaña -me parece bien que hoy actúen con mayor moderación-, trataron a los funcionarios públicos de “zánganos”, y hoy los vemos rasgar vestiduras, porque un determinado partido político quedó sin representación como esperaban en el ministerio, porque aparentemente no serán nombrados subsecretarios, porque hay muchos independientes.

¿No era que el sector público no constituía un botín? ¿No decían que no era una bolsa de empleos? Por una parte, tratan mal a los funcionarios públicos de carrera; pero, por otra, también quieren este botín.

Estuvieron en contra de lo que malamente se denominó “ley de amarre”. Cuando se hablaba de que se debía dar certeza a quienes llevaban más de cinco años trabajando, era, en su gran mayoría, a aquellos funcionarios que ingresaron durante el segundo mandato del entonces Presidente Sebastián Piñera , y no en este gobierno.

Hay tantas contradicciones, que, en definitiva, deben llevarnos a votar a favor, puesto que debemos privilegiar el bien común por sobre todas las cosas.

Por aquellos funcionarios, profesores y carabineros que hacen patria en la isla Caguach, que tuve la ocasión de visitar este fin de semana con motivo de la festividad religiosa más importante de la Región de Los Lagos; por quienes trabajan en Carabineros, en el Servicio de Impuestos Internos, en los centros de salud y en las escuelas municipales, debemos sacar adelante este proyecto, sin ningún tipo de egoísmo.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, por supuesto, aprobaremos este proyecto. Se trata de un reajuste necesario, legítimo y absolutamente razonable.

Sin embargo, quiero referirme a otra situación en este instante; quiero hablar de la dignidad del rol del servidor público y de la servidora pública. No olvidaré que en el debate político y público del último tiempo se les trató de “parásitos”. Esas no solo son palabras de campaña; no solo son palabras al voleo; son palabras que dejan de manifiesto lo que algunos sectores de nuestro país creen que son los funcionarios y las funcionarias públicos.

No es la primera vez que los tratan de esa manera: anteriormente, los habían tratado de “la grasa” del Estado, siempre con conceptos descalificatorios, estigmatizándolos como personas, al señalar que no son dedicadas, que no son eficientes. Sin embargo, no es así. Se trata de personas que han dedicado gran parte de su vida no solo a la retribución económica de la remuneración, sino también a la colaboración con sus respectivas comunidades, en ámbitos como la salud, la educación, el orden, la seguridad y en todas las dimensiones que nos permiten constituirnos como colectividad.

Quienes hablan de “la grasa” del Estado o de “parásitos” lo hacen porque no creen en lo público, porque simplemente creen en lo privado, porque les encantaría privatizar todo y que el único móvil de la sociedad fuera el lucro y la ganancia, nunca la colaboración y la solidaridad.

El concepto que subyace en estos estigmas es, precisamente, que no creen en la sociedad; creen que la sociedad no es más que el conjunto de individuos. Por lo tanto, resulta fundamental volver a situar, en la dimensión que corresponde, el rol del servicio público y de quienes lo ejecutan.

Sería muy importante que el Presidente electo llamara a uno de sus principales colaboradores -seguramente una persona muy cercana en el próximo gobierno-, para, a lo menos, pedir disculpas a las funcionarias y los funcionarios públicos, a quienes se les trató de “parásitos”. Eso no corresponde.

Más allá del reajuste, lo que corresponde es otorgarles la dignidad que merecen nuestros funcionarios y funcionarias, que dejan parte de sus vidas no solo en pos de su remuneración, sino también en beneficio de otras personas.

Por supuesto, votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, los republicanos, en el ánimo de sacar adelante este proyecto lo más rápido posible y tratar de evitar que vaya a comisión mixta, para dar tranquilidad a los trabajadores que nos acompañan el día de hoy, estamos dispuestos a retirar las siguientes peticiones de votaciones separadas: la número 19, la número 20 y la número 21.

Después iremos viendo cómo avanzamos.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, originado en mensaje, sobre armonización de la ley N° 21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y Modifica Normas Legales que Indica, y la ley N° 20.032, que Regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados, con la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, correspondiente al boletín N° 15351-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación la señora Carla Morales .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 3ª de la presente legislatura, en lunes 17 de marzo de 2025. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, sesión 110ª de la presente legislatura, en martes 13 de enero de 2026. Documentos de la Cuenta N° 7.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora MORALES, doña Carla (de pie).-

Honorable Cámara, de conformidad con el mandato que me confirió la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar el proyecto de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje del Presidente de la República.

La idea matriz del proyecto, en los términos propuestos por el Senado, consiste en concordar y armonizar las leyes N° 20.032 y 21.302 con la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de dotar de coherencia al sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, para asegurar la operatividad y el adecuado funcionamiento de esta nueva institucionalidad, de manera de garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto contiene tres disposiciones que requieren quorum calificado para su aprobación, calificadas así en su primer trámite constitucional por el Senado, por tratarse de normas relativas a información cuya publicidad podría afectar los derechos de las personas, en particular de los niños, niñas y adolescentes, en contravención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Se trata de los numerales 8 y 10 del artículo 1°, y del numeral 13 del artículo 2°, normas que esta comisión aprobó sin modificación, y respecto de las cuales comparte la calificación normativa ya señalada.

El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la comisión, con ocho votos, correspondientes a las diputadas María Candelaria Acevedo Sáez , Yovana Ahumada Palma , Viviana Delgado Riquelme , Claudia Mix Jiménez y Carla Morales Maldonado , y a los diputados Roberto Celedón Fernández , José Carlos Meza Pereira y Juan Carlos Beltrán Silva .

Antecedentes del proyecto

En marzo de 2022 se publicó la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que impuso al Ejecutivo la obligación de impulsar a continuación un proyecto de ley con el objeto de concordar y armonizar dicha ley con las leyes N° 20.032 y N° 21.302 “en todas las materias necesarias, a excepción de las relativas al régimen de subvenciones”.

La armonización de las tres leyes mencionadas busca dotar de coherencia al sistema de protección integral de la niñez y adolescencia para asegurar la operatividad y el adecuado funcionamiento de esta nueva institucionalidad, que viene a reemplazar al antiguo Sename , de manera de garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En efecto, la instalación de un sistema de protección integral de la niñez y adolescencia ha sido una recomendación reiterada que el Comité de Expertos de la Convención de los Derechos del Niño ha efectuado al Estado de Chile ya desde el año 2022, en el sentido de adoptar todas las medidas apropiadas para que se aplique sin demoras la ley N° 21.430 en todos los ámbitos que son de su competencia.

Existe amplio consenso en el sentido de que, para alcanzar dicho objetivo, es necesario implementar una serie de reformas y adecuaciones a la normativa nacional vigente y en la política pública, y, además, modificando la manera en que los niños, niñas y adolescentes son percibidos, realzando su calidad de sujetos de derechos.

Por tales consideraciones, y dados los relevantes intereses jurídicos involucrados, la armonización mandatada por la ley N° 21.430 no puede limitarse únicamente a corregir aspectos formales de las leyes N° 21.302 y N° 20.032, que regulan el sistema de protección a la niñez y adolescencia, por lo que este proyecto de ley las modifica dotando de coherencia y armonía lógica a sus normas, y perfecciona las funciones, actuaciones y procedimientos administrativos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de manera de corregir los problemas y derribar los obstáculos que se han detectado durante su primer año de funcionamiento.

En definitiva, el proyecto busca contribuir a un proceso de modificación y actualización de la legislación nacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, y así dotar al país de un ordenamiento jurídico e institucional robusto en esta materia, capaz de asegurar su efectiva promoción y protección.

Tramitación del proyecto

Durante la discusión en segundo trámite constitucional ante esta comisión, iniciada en marzo de 2025, tanto en general como en particular, el proyecto en los términos propuestos por el Senado en su primer trámite constitucional fue objeto de un análisis detallado por parte de la comisión, con la colaboración del Ejecutivo durante toda la tramitación, especialmente a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de su Subsecretaría de la Niñez y de otras autoridades, con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil.

Entre las autoridades se oyó al director de la Comisión de Familia e Infancia de la excelentísima Corte Suprema, al director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señor Claudio Castillo , y al defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille .

Entre los representantes de la sociedad civil estuvieron presentes la organización Bloque por la Infancia, la Fundación Crea Equidad, la Fundación Infancia, la Corporación La Matriz, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Mi Casa y la Fundación Ya No Están Solos, cuyas opiniones y aportes al debate se contienen en detalle en el informe de esta comisión.

Además, lo tienen a su disposición todas las diputadas y los diputados.

Una vez aprobado en general y por unanimidad el texto propuesto por el Senado, como se indicó, en el mes de septiembre de 2025, durante la tramitación se incorporaron al texto en debate del orden de sesenta indicaciones o enmiendas, tanto por parte del Ejecutivo como por diputadas y diputados, las que fueron detalladamente debatidas y contaron, en su mayoría, con un amplio consenso, si no unanimidad, al interior de la comisión.

Las principales modificaciones que esta comisión incorporó al texto aprobado por el Senado, y que ahora se ponen a consideración de la Sala, se pueden resumir en los siguientes puntos:

-Se incorpora al Ministerio Público como institución que forma parte del Sistema de Garantías, facilitando o ampliando así la celebración de convenios para transferir información de niños, niñas y adolescentes.

-Se establece un régimen de prohibiciones e inhabilidades para ser funcionario de las oficinas locales de la niñez, con lo que se busca que las personas que se encuentran inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes o tengan condenas por determinados delitos que pongan de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas o adolescentes no puedan ser funcionarios de esos organismos.

-Se posibilita el traspaso de información entre las distintas instituciones implicadas, de forma que favorezcan intervenciones integrales, oportunas, eficientes y adecuadas en favor de niños, niñas o adolescentes.

-Se abre el acceso a la participación de los representantes de la sociedad civil para que, en el nivel comunal, integren las mesas de articulación interinstitucional, cuya función esencial es revisar el funcionamiento del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en su respectivo nivel territorial, con especial énfasis en la articulación de políticas, planes, programas, servicios, prestaciones y procedimientos vinculados a la protección integral de la niñez y adolescencia.

-Se extiende la atención del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia a jóvenes hasta los 24 años de edad, que se encuentren bajo el cuidado alternativo y que voluntariamente continúen con su proceso de transición a la vida independiente, ya sea por continuidad de estudios o habilitación para su proceso de independencia económica.

-Se amplían de forma importante las funciones del director nacional del servicio para que pueda promover y desarrollar acciones de difusión y sensibilización sobre acogimiento familiar y la adopción de niños, niñas y adolescentes, con énfasis en los beneficios y desafíos asociados a acoger o a adoptar a aquellos de mayor edad, pertenecientes a grupos de hermanos o con necesidades especiales.

-Se considera en los programas de protección especializada la participación activa de niños, niñas y adolescentes y sus necesidades específicas.

-Finalmente, se regula con mayor detalle la labor de los organismos colaboradores, así como los requisitos para su acreditación, su reacreditación, la evaluación de su actuación y el proceso de transferencia de recursos, entre otras materias.

Por las consideraciones expuestas, y dado el amplio consenso alcanzado en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, que presido, esta ha dado su aprobación al proyecto de ley al cual me he referido, por cuanto en aquel se logra la coherencia en el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, y asegura la operatividad y el adecuado funcionamiento de esta nueva institucionalidad, de manera de garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Muchas gracias, diputada Carla Morales .

Se suspende la sesión por falta de quorum.

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señorita Presidenta, el proyecto que discutimos es, sin duda, uno de los más urgentes que enfrenta esta Corporación, porque viene a armonizar normas fundamentales para la protección de niños, niñas y adolescentes que, por distintas razones, requieren el resguardo y la protección especial del Estado.

Esta iniciativa es clave porque permite construir un marco normativo más sólido, coherente y claro, otorgando certezas jurídicas y fortaleciendo la coordinación entre los distintos actores del sistema.

Avanzar en esta armonización no es solo un ejercicio técnico, sino también una condición necesaria para que el sistema de protección funcione y genere cambios reales en la vida de niños, niñas y adolescentes.

Valoramos especialmente que este proyecto clarifique el rol de las oficinas locales de la niñez, particularmente en materia de protección administrativa, evitando superposiciones y vacíos de competencia con los tribunales de familia, lo que fortalece la respuesta del Estado.

Pero debemos ser claros: la ley por sí sola no basta. Los avances normativos deben ir acompañados de recursos, capacidades institucionales y una coordinación intersectorial efectiva.

Por eso, desde esta Sala hago un llamado al próximo gobierno a asumir con convicción el desafío de implementar y fortalecer este sistema, para que la protección integral de la niñez no quede solo en el papel.

Además, quiero destacar brevemente el trabajo de la Corporación Cambiando Destinos, de la Región de Los Ríos, organización sin fines de lucro creada por egresados del Sename que acompaña a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y demuestra que, con compromiso y trabajo territorial, es posible generar oportunidades reales y esperanza.

Proteger la infancia es una responsabilidad de toda la sociedad. Aprobar este proyecto es avanzar en dignidad, justicia y futuro.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo a la señora subsecretaria de la Niñez.

Comienzo mi intervención señalando que votaré a favor este proyecto de armonización de leyes sobre el sistema de protección integral a niños y adolescentes, que, en términos simples, busca resolver la necesidad de avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes del país y contar con el financiamiento y las facultades de fiscalización. ¡Cómo no hacerlo! ¿Cómo se hace? Dándole coherencia a todas estas normas sobre la niñez, conectándolas adecuadamente para su funcionamiento.

Las normas que se busca armonizar son la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la ley de aportes financieros y la ley de garantías, para que todas estén vinculadas con la protección de nuestros niños.

Mi voto es favorable porque se podrá abordar el destino de los jóvenes que egresan del sistema de protección Mejor Niñez y que no continúan estudiando, como también la instalación de las oficinas locales de la niñez y la revisión de todas las dotaciones de los funcionarios que las integran.

Además, podrá hacerse cargo de la revisión de la oferta de atención especializada de niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes y la priorización de su cuidado por parte de la familia de origen o de acogida por sobre la internación en residencia. Dicho de otro modo, se irá priorizando para que se vayan con las familias de acogida en vez de que vuelvan al recinto de Mejor Niñez.

Finalmente, respaldo esta iniciativa porque, respecto de la fiscalización, busca que la Subsecretaría de la Niñez tenga un rol rector, y, en caso de incumplimiento, tendrá la facultad de ordenar medidas inmediatas para garantizar los derechos de los niños y solicitar fiscalizaciones cuando los proyectos sean ejecutados por organismos colaboradores.

En definitiva, son medidas que van en directo beneficio de quienes se han visto afectados en sus derechos y que son el futuro de nuestro país.

Es nuestra responsabilidad protegerlos y apoyarlos.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Se despacha el proyecto a tercer trámite constitucional. Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, llama mi atención que el retiro de las solicitudes de votación separada se haga después de la votación en general de un proyecto. ¿Por qué? Porque cuando votamos en general, lo hacemos teniendo presente que después existen votaciones separadas. No se puede suponer la intención de voto en general respecto del proyecto si es que las solicitudes de votación separada después se retiran.

En ese sentido, creo que las solicitudes de votación separada deberían retirarse antes de la votación en general para que no se produzca un conflicto en la voluntad de voto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

En tercer lugar, corresponde continuar con el debate del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces, correspondiente al boletín N° 17933-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe de este proyecto ya fue rendido.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 110ª de la presente legislatura, en martes 13 de enero de 2026, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Hacienda.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, estamos en la discusión de un proyecto sobre el cual se puede tener distintas visiones, porque el Estado necesita recursos. Entiendo que los recursos del impuesto territorial son importantes. Sin embargo, estos impuestos, como se ha señalado y como seguramente se va a discutir en la Sala, fueron establecidos en determinado contexto, en otra época, y lo que se busca con el proyecto es que, en justicia, aquellas personas que durante toda su vida han pagado impuestos y han sido respetuosas respecto del Estado no los sigan pagando. A mucha gente se los siguen cobrando incluso después de muerta.

Por ello -reitero-, lo que pretende este proyecto es que las personas mayores puedan prescindir de ese pago, que ya no se condice con los tiempos, toda vez que, como acabo de decir, durante toda su vida han pagado impuestos y van a seguir pagándolos, en circunstancias de que muchas de ellas simplemente no tienen los recursos o no ganan lo suficiente para ello. Se trata de una iniciativa que debemos apoyar para que en la última etapa de su vida esas personas ocupen tales recursos en temas personales.

Creemos que este tipo de impuestos hay que ir estudiándolos. Los impuestos tenemos que sacarlos fundamentalmente a partir del crecimiento. Si hay crecimiento, hay empleo; si hay empleo, naturalmente habrá más impuestos y podremos hacer muchas más obras sociales: mejorar los caminos, las viviendas, etcétera, pero no a costa de los impuestos que se cobran a las personas mayores.

Ese es el fondo de este proyecto y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por tanto, vamos a respaldarlo en lo relativo al reevalúo de los bienes raíces, como aquí se señala, y a que no se les cobre a las personas mayores un impuesto que, en justicia, ya han pagado suficientemente durante su vida.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señorita Presidenta, es frustrante ver que algunos levantan la bandera de la patria con tanta fuerza, pero cuando se trata de garantizar que una persona mayor no tenga que sacrificar una parte importante de su pensión para pagar contribuciones de bienes raíces, de pronto ese patriotismo se les acaba. Eso lo escuchamos cuando partió este debate hace algunas sesiones y también en la Comisión de Hacienda, donde se discutió este proyecto.

Esta iniciativa corrige una injusticia evidente: que una persona mayor que vive con ingresos fijos y muchas veces insuficientes no vuelva a quedar atrapada entre el alza del avalúo de su casa y una pensión que no sube al mismo ritmo.

Con el proyecto no estamos protegiendo a grandes fortunas ni a especuladores inmobiliarios; estamos protegiendo a personas que trabajan toda su vida, que construyen su hogar ladrillo a ladrillo y que hoy viven en la incertidumbre de si podrán seguir pagando el impuesto en cuestión. Eso es lo que está en juego.

Lo que hacemos con la iniciativa es sencillo: que las contribuciones de bienes raíces que pagan las personas mayores nunca excedan una parte razonable de sus ingresos. Eso permitirá que vivan sus últimos años con la tranquilidad que merecen. ¿De verdad alguien puede decir que eso es excesivo?

Y es importante decirlo claramente: este beneficio no les quita recursos al Estado ni deja a los municipios pequeños desfinanciados. Lo que hace es ordenar las cargas para que los municipios que tienen mayor holgura, y solo ellos, aporten un poco más al Fondo Común Municipal. La idea no es castigar a nadie, sino equilibrar la balanza para que este beneficio sea viable, sin poner en riesgo a municipios pequeños, que dependen fuertemente de dicho fondo para mantener consultorios, áreas verdes, cultura, seguridad y servicios básicos.

Me impresiona y me indigna escuchar que se diga que esta medida castiga a las comunas ricas. Castigo es obligar a las personas mayores a elegir entre comprar remedios o pagar contribuciones; castigo es decirles que deben seguir asumiendo cargas que ya no pueden sostener; castigo es invisibilizar su realidad. Y más grave aún: algunos plantean eliminar completamente las contribuciones sabiendo sus consecuencias. Esa propuesta no solo es irresponsable; es una amenaza directa al funcionamiento del país; sería un “Kastigo” para todas y todos los chilenos de las comunas más pobres del país, que son la mayoría.

Las personas mayores merecen descanso y tranquilidad, no nuevas preocupaciones. Por ellas y por el país real, no el del “depende” ni el de los eslóganes, es que este proyecto debe aprobarse.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señorita Presidenta, cuando hablamos de contribuciones y del Fondo Común Municipal no estamos hablando de tecnicismos ni de números abstractos; estamos hablando de justicia territorial, de cómo el Estado garantiza que todas las comunas de Chile puedan ofrecer servicios básicos a su gente.

El Fondo Común Municipal es un mecanismo solidario: las comunas con mayores ingresos aportan más para que las comunas con menos recursos puedan financiar la provisión de servicios. Así, se financian consultorios, áreas verdes, cultura, aseo, seguridad municipal y vida de barrio en 340 comunas del país. Y esto no es un dato menor: en muchas comunas pequeñas y rurales, por ejemplo, las contribuciones representan entre el 75 y el 80 por ciento de su presupuesto local.

¿Por qué es necesario ese fondo? Porque hoy los grandes ingresos tributarios no se quedan donde se produce la riqueza ni donde se genera la contaminación. Las grandes empresas pagan contribuciones donde tienen sus casas matrices, concentradas en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. El Fondo Común Municipal corrige, al menos en parte, esa desigualdad histórica. Además, las contribuciones cumplen otra función clave: desincentivan la especulación inmobiliaria evitando que grandes propietarios acumulen terrenos vacíos esperando que suba su valor, mientras el resto del país enfrenta una crisis habitacional.

Sin embargo, hoy afrontamos una grave amenaza, ya que el Presidente electo, José Antonio Kast , durante su campaña habló de eliminar las contribuciones que pagan precisamente las comunas más ricas de Chile. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cuál es su efecto? Significa quitar recursos a las comunas más pobres para beneficiar a quienes ya tienen más; significa recortar consultorios, áreas verdes, seguridad y servicios básicos en casi todo Chile.

Cuando Kast dice que va a eliminar las contribuciones a los más ricos del barrio alto le está diciendo al resto del país que le va a quitar los servicios municipales básicos. Por ejemplo, su propuesta implica quitarles más de 40.000 millones de pesos a comunas como Puente Alto o -un caso más dramático- como La Pintana, que recibe 120 millones al año. ¿Y todo esto para qué? Para traspasarlo a sectores de altos ingresos, como Las Condes.

Este proyecto de ley va en la dirección contraria: mejora el sistema, corrigiendo situaciones injustas que afectan a algunos adultos mayores que viven en viviendas antiguas cuyo avalúo subió por gentrificación, no por ser millonarios sus dueños; y lo hace sin reducir la recaudación, porque el beneficio se compensa con un mayor aporte de las comunas de mayores ingresos.

Aquí hay una definición de fondo: o defendemos un Chile solidario y equilibrado o aceptamos un modelo que concentra privilegios y profundiza desigualdades. Frente a eso no podemos seguir en silencio.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señorita Presidenta, es urgente que el Congreso Nacional atienda una situación que se ha prolongado por mucho tiempo y que ha afectado a miles de adultos mayores que hoy no pueden seguir pagando el impuesto territorial, conocido comúnmente como contribuciones. Este panorama ha empeorado debido al alza del avalúo de bienes raíces, tanto urbanos como agrícolas, incrementándose la base para calcular el impuesto, situación que encarece enormemente el tributo.

En la práctica, se ha demostrado que gravar el patrimonio puede ser contraproducente y totalmente injusto en algunos casos, ya que no por poseer un bien raíz se tiene la capacidad económica para asumir tal nivel de carga tributaria. Lo anterior va en contra del principio de equidad tributaria, reconocido en el artículo 19, número 20, de la Constitución, que señala que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.

Por lo tanto, es de especial urgencia ponderar los casos en que el pago de contribuciones puede generar situaciones económicamente injustas. En ese sentido, el proyecto de ley que hoy discutimos se instala como una oportunidad para debatir sobre la materia. Además, es una instancia para reconocer que el Servicio de Impuestos Internos ha sobrevaluado, lejos del valor real que corresponde aplicar, algunas propiedades, aumentándose, en consecuencia, el monto a pagar por concepto de impuesto territorial. A pesar de explicar la fórmula que aplica para determinar el avalúo, sigue habiendo cierta opacidad en torno a este cálculo, que no aclara las principales dudas.

A su vez, también es necesario evaluar la manera en que compensaremos al Fondo Común Municipal, que con las exenciones claramente verá disminuido su presupuesto.

Esta iniciativa propone una solución que no considero correcta, esto es, aumentando el aporte al Fondo Común Municipal de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, lo cual pone en evidencia que a este gobierno lo mueve una ideología basada en quitarles a quienes tienen más para darles a quienes tienen menos. Me parece una decisión arbitraria.

Si bien creo que disminuir las contribuciones o derechamente eximir de su pago a las personas mayores es el camino correcto, no comparto la manera en que se financiará esta reforma.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señorita Presidenta, siempre hemos dicho que la dignidad con la que tratamos a nuestros adultos mayores refleja el tipo de país que queremos construir. Por eso, valoramos que el gobierno finalmente haya cambiado su postura respecto del pago de contribuciones, con una propuesta que tiene luces y sombras.

Lo fundamental aquí es que, por primera vez, se reconoce parcialmente una injusticia evidente: el impuesto territorial no puede seguir golpeando a quienes tras toda una vida de esfuerzo viven con ingresos fijos y limitados. Hacer que la carga de las contribuciones sea contingente al ingreso, especialmente tratándose de adultos mayores, es un principio básico de justicia tributaria que debimos haber adoptado hace mucho tiempo. Esta corrección, aunque insuficiente, apunta en la dirección correcta. Aliviar esta carga es un acto de mínimo respeto hacia quienes hoy sostienen su hogar con pensiones o ingresos muy acotados.

Sin embargo, ese reconocimiento no puede distraernos de la necesidad de una reforma integral al impuesto territorial. Esta señal del Ejecutivo es positiva, pero no resuelve el problema estructural de un sistema que ha permitido aumentos de avalúo poco transparentes y difíciles de impugnar.

Reconocer la injusticia es un avance, pero quedarse ahí sería renunciar a corregir el problema de fondo. Chile necesita un esquema de contribuciones más claro, más justo y más coherente con la realidad de las familias.

Por otra parte, la prórroga del reavalúo ofrece un alivio inmediato a familias que hoy soportan cargas excesivas debido a un proceso opaco y difícil de corregir. Suspender temporalmente el reavalúo es razonable mientras se revise su metodología y se establezcan criterios más objetivos y transparentes. El Estado debe corregir sus propios errores antes de exigir nuevos sacrificios a los contribuyentes.

Y hay un aspecto que quiero considerar. Debemos ser claros respecto del artículo 2 y del segundo transitorio del proyecto. Esa modificación creo que no corresponde. Aumentar de manera selectiva la carga del Fondo Común Municipal para dos comunas específicas, sin justificar técnicamente el impacto ni considerar su realidad social, no es una reforma seria, pues produce efectos regresivos, castiga la buena gestión y reduce recursos para programas sociales que benefician directamente a miles de vecinos. La equidad territorial no puede construirse a punta de medidas aisladas y fiscalmente regresivas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señorita Presidenta, hablar de deudas de contribuciones me causa un tremendo dolor personal. Durante muchos años, mi abuelita, Teresa Ferrán , vivió en el centro de Rancagua, como muchas familias antiguas de mi comuna natal. Actualmente, el centro de Rancagua, solo por su ubicación, no por el valor de los inmuebles en sí, de su construcción, tiene altos avalúos. Eso ha ocasionado que, con los años, la gente tenga que abandonar el centro de las ciudades, con los consiguientes problemas de seguridad pública que eso provoca. ¿Para qué? Para destinar esos inmuebles al comercio.

Esta realidad afecta a muchas familias que han perdido sus propiedades, que pertenecen principalmente a adultos mayores que no pueden defenderse y tampoco tienen recursos para pagar las contribuciones. En el lamentable caso de mi abuelita, ella no pudo con esa deuda: se enfermó gravemente y falleció a los pocos días de ser notificada por Tesorería.

Esta es la realidad de muchos adultos mayores. El alto avalúo de propiedades ubicadas en el centro de las ciudades genera tremendas deudas, lo que obliga a sus dueños a vender sus inmuebles a inmobiliarias, muchas veces inescrupulosas, que aprovechan esta situación, o bien a destinarlos a fines comerciales, disminuyendo su calidad de vida.

Por eso, este proyecto de ley, que voy a aprobar, compatibiliza el necesario fin de proteger a nuestros adultos mayores, de proteger su único patrimonio en muchos casos, con los fondos que reciben los municipios. Eliminar las contribuciones per se es un costo muy alto para los municipios que hoy no pueden solventar. Esa ayuda está destinada, en su gran mayoría, precisamente a adultos mayores o a las personas que más lo necesitan.

Este proyecto de ley propone una reducción específica y determinada y una exención para quienes realmente lo necesitan.

Sin duda, por mi abuelita y por todas aquellas personas que han sufrido el cobro de altas contribuciones sobre sus inmuebles ubicados en el centro de las ciudades y que han perdido sus propiedades, votaré a favor.

He dicho.

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, vamos desactivando mitos. El hecho de que las contribuciones no se despachen a las municipalidades no significa que no se asigne un impuesto de reemplazo a las mismas, por ejemplo, el impuesto al tabaco, que genera más o menos la misma cantidad de plata.

Sin embargo, ese no es el punto, sino que, respecto de personas que ya pagaron impuestos sobre el dinero que ganaron, que pagaron impuestos al construir su casa, y que han pagado y siguen pagando contribuciones, muchas veces por generaciones, llega el Estado y les dice:

“¿Sabe qué más? No me importa cuánta plata gana usted. Si usted no le paga un arriendo al Estado, le voy a quitar lo que tiene”.

El proyecto se hace cargo de un grupo de adultos mayores, pero el problema no solo los afecta a ellos. ¿Qué pasa con quienes quedan cesantes o con aquellos que quedan incapacitados para trabajar a causa de un accidente?

Señorita Presidenta, las contribuciones son impuestos sobre impuestos. Esa plata ya tributó. Es como si a ustedes se les cobrara impuesto por la ropa que visten y todos los meses tuviesen que tributar por la ropa que guardan en sus clósets, por sus anteojos o su teléfono. Ya pagaron impuestos por esos bienes, ya tributaron por esa plata y ya decidieron a qué destinar el dinero que honestamente les quedó en el bolsillo. Algunos lo destinan a fiestas, otros lo gastan en sus hijos, y muchos de ellos a sus hijos a través de sus casas. ¿Por qué los voy a castigar por la forma en que decidieron ahorrar? Si el medio de ahorro es un depósito a plazo, no los castigo; si ahorran a través de alguna AFP, no los castigo -espero que aún no se les haya ocurrido-; sin embargo, si ponen las lucas en una casa, el Servicio de Impuestos Internos, por sí y ante sí, decidirá que esa propiedad vale tanto y cobrará montos que, a veces, superan el valor de un arriendo. Con eso segregan las ciudades: quienes no tienen plata para pagar, se tienen que ir a vivir adonde sí les alcanza la plata para pagar. Con eso dejamos a los ricos viviendo con los ricos y a los pobres viviendo con los pobres. ¡Esa sí que es una política estatal de segregación social!

Damas y caballeros, el dinero que pretenden gravar ya pagó impuestos. No existe ninguna razón por la cual no pudiésemos destinar otro impuesto en favor de las municipalidades.

¿Cuántos políticos fueron descubiertos, hace poco tiempo, no pagando contribuciones por propiedades de más de un millón de dólares? ¡Cero! Allí figuraban expresidentes de la República, senadores, diputados, etcétera. Claramente, no tienen interés en eliminar las contribuciones, porque ellos no las pagan.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael ).-

Señorita Presidenta, las contribuciones son impuestos fundamentales para el funcionamiento del país. Eso es lo primero y más importante. Sin embargo, efectivamente existen personas que no tienen el dinero para pagarlas, en su mayoría, adultos mayores. Son personas que, al no tener un trabajo remunerado, viven de una jubilación, cuyo ingreso mensual no les alcanza para pagarlas. Esto ocurre especialmente en aquellos casos donde el avalúo fiscal ha ido aumentando. Por ejemplo, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el avalúo fiscal de las propiedades aumentó a raíz de la construcción de estaciones de metro, lo que ha implicado, en consecuencia, un alza en el valor de las contribuciones.

Estoy a favor del proyecto de ley, ya que resuelve este dilema, ampliando el beneficio de reducción de contribuciones para adultos mayores. Hoy, los adultos mayores que reciben entre 11 y 25 millones de pesos al año pagarían la mitad del impuesto o el 5 por ciento de su renta anual; es decir, lo que sea menor. Sin embargo, no van a poder acceder a este beneficio aquellas propiedades que estén avaluadas en más de 300 millones de pesos, lo cual me parece razonable, porque es necesario establecer salvedades a esta situación.

A pesar de que estamos ayudando, en este caso, a pagar este impuesto a quienes están en una situación económica complicada, las contribuciones se mantienen. Cuando hablamos del pago de contribuciones, la plata va al Fondo Común Municipal. Ese Fondo Común Municipal es el que luego se divide entre las municipalidades. Las que más aportan son las comunas de Las Condes, Vitacura , Providencia y Santiago , y las que más se benefician son las que cuentan con menos recursos para hacerse cargo de las necesidades de sus vecinas y vecinos, por ejemplo, las comunas de mi distrito.

Es fundamental también mencionar que solo el 23 por ciento de los hogares en Chile pagan contribuciones, los que en general corresponden a personas con más ingresos. Solo un 13,4 por ciento de los adultos mayores pagan contribuciones completas.

Presidenta, discursos tales como decir que hay que terminar con el pago de las contribuciones no se hacen cargo de que el Fondo Común Municipal, financiado con esas contribuciones, paga la salud de los vecinos de las municipalidades de San Ramón, Lo Espejo, Maipú , Puente Alto. ¿Qué le van a decir a esos vecinos los diputados que sostienen esos discursos? ¿Cómo se va a financiar la salud en Chile?

Necesitamos hacernos cargo de la tremenda desigualdad del país, y las contribuciones aportan.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señorita Presidenta, valoro que hoy exista consenso para mejorar una situación que afecta a miles de adultos mayores en nuestro país y que el impuesto territorial sea uno de los temas que se esté debatiendo hoy en la Sala.

Cada vez es más difícil acceder a una vivienda en atención al alza de los precios y las exigencias de crédito que encarecen enormemente su valor. Considerando el nivel de endeudamiento y el enorme capital que debe aportar cada persona para comprar una propiedad, lo lógico sería que el Estado disminuyera, por cierto, la carga impositiva, más aún cuando estamos frente a una crisis habitacional que da cuenta de un stock deficitario de viviendas a lo largo del país.

En la compra de un bien raíz se paga el impuesto al valor agregado por la compraventa, se paga otro importe por concepto de renta, pues se genera un aumento en el patrimonio del adquirente, y, para rematar, se debe pagar el impuesto territorial, el que, a diferencia de los dos primeros, no se paga solo una vez, sino durante toda la vida, mientras la persona continúe siendo propietaria de su inmueble.

Esta realidad afecta a nuestros adultos mayores, que deben pagar contribuciones hasta el final de sus días, los que en muchos casos llegan incluso a perder su propiedad.

Con esto se ha demostrado que el impuesto al patrimonio genera situaciones injustas, y que no solo por tener una propiedad se tiene la capacidad tributaria para asumir tal carga impositiva.

El proyecto que discutimos el día de hoy es, sin duda, un reconocimiento a lo difícil que ha sido para todos los chilenos, especialmente para quienes pertenecen a la tercera edad, continuar cargando con esta mochila que pesa cada día más, atendiendo el alza de los avalúos de los bienes raíces.

Vamos a votar a favor.

Muchas gracias, Presidenta.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y representante del Maule, donde semana a semana comparto con clubes de adultos mayores, asociaciones de madres, juntas de vecinos, clubes deportivos y organizaciones comunitarias integradas por adultos mayores, tengo la convicción de que esta discusión es profundamente necesaria.

El análisis del proyecto, más allá de artículos, cifras o fórmulas de financiamiento, nos invita a mirar de frente a un grupo de mujeres y hombres que han trabajado toda una vida, que levantaron hogares, que criaron familias y formaron tejido social en sus comunidades. Sin embargo, paradójicamente, cuando finalmente deberían vivir con tranquilidad, se ven enfrentados a un costo de vida que no perdona, a pensiones insuficientes, a un sistema de salud frágil y, peor aún, a la angustia de tener que pagar por el inmueble que les tomó toda una vida construir, con el temor de perderlo por no poder pagar las contribuciones.

Señor Presidente, ¿de qué justicia tributaria estamos hablando si permitimos que una persona de 70 u 80 años, que vive de una pensión modesta, si no miserable, tenga que elegir entre comprar sus medicamentos o pagar las contribuciones de la vivienda que constituye su único patrimonio? Eso no es justicia, eso no es dignidad y eso no corresponde a un país que honra a quienes lo construyeron.

Por eso este proyecto es importante, porque corrige un vacío largamente diagnosticado y establece un principio que debiese ser evidente en cualquier sociedad decente: ninguna persona mayor debe pagar por vivir en su propia casa un monto que exceda su capacidad real de ingresos.

Por ello, el tope del 5 por ciento es un límite ético. Es decir, con total claridad, una persona mayor no puede seguir desfinanciándose en nombre de una supuesta justicia tributaria.

Respecto a este tema quiero ser enfático. Esto no es un privilegio ni un regalo; es una restitución, porque las personas mayores no son una carga para el Estado; son la razón de ser del mismo, y son la base sobre la cual se construyó todo el progreso que hoy Chile ha alcanzado. Esa es su mayor contribución, y es hora de reconocerla no solo con palabras, no solo en períodos de elecciones, sino con decisiones concretas.

No hay responsabilidad fiscal sin sensibilidad social, y no se sacrifica a uno por sostener a otro; al contrario, este proyecto nos recuerda que la política tributaria no es solo técnica, sino también una conversación ética sobre cómo distribuimos las cargas y cómo protegemos a quienes más lo necesitan.

Por lo expuesto, anuncio mi voto a favor, por justicia, por coherencia, por humanidad, por las personas mayores de la Región del Maule y porque un país que cuida a sus mayores es un país que protege, en definitiva, a quienes han entregado una gran contribución.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, saludo a todos los invitados que nos acompañan en el Hemiciclo.

Siempre he sido un diputado que ha trabajado a favor de cada proyecto de ley o política pública que vaya en directo beneficio de nuestros queridos amigos los adultos mayores. No son palabras vacías. Es el compromiso que he tenido con ellos en terreno, porque no ha habido ninguna semana en la que no me haya reunido con adultos mayores en la Región de La Araucanía, tanto en la provincia de Malleco como en la provincia de Cautín, para recoger sus inquietudes y, sobre todo, sus necesidades. Una de estas dice relación con la necesidad de alivianar la carga tributaria de miles de adultos mayores que, a menudo, se ven perjudicados por alzas en las contribuciones, a pesar de sus bajos ingresos, con sueldos que, lamentablemente, no les alcanzan para pagar su comida, tratamientos médicos o remedios, que es lo más importante para ellos.

Por estas razones, votaré a favor de este proyecto de ley que busca beneficiar a adultos mayores con menores ingresos frente al impuesto territorial, estableciendo un tope del 5 por ciento de sus ingresos anuales. Sumado a esto, se prorroga el reavalúo de bienes raíces no agrícolas de 2026, incorporándose mejoras en la determinación de los valores fiscales.

Asimismo, esta iniciativa permite ajustar la redistribución de recursos entre comunas, a través del Fondo Común Municipal, para que puedan beneficiarse más adultos mayores.

Al inicio de mi intervención señalé que he compartido con grupos de adultos mayores en la comuna de Lonquimay, en mi querida comuna de Curacautín, pero también en Vilcún, Victoria y Traiguén . Esa gente realmente necesita el apoyo del Congreso y el de cada uno de los parlamentarios.

Votaré a favor, y también solicito a mis colegas parlamentarios que voten a favor y en conciencia, especialmente para apoyar a nuestros queridos adultos mayores.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, quiero partir con una convicción muy clara: nuestros adultos mayores merecen protección y respeto.

Personas que trabajaron toda su vida no pueden verse ahogadas por contribuciones que suben, producto del avalúo de su vivienda, sin que exista un aumento real en sus ingresos. En este sentido, este proyecto aborda un problema real y legítimo, y por eso lo valoro. Y por eso también lo votaré a favor.

Cuando hablamos de adultos mayores, no hablamos de cifras; hablamos de personas que construyeron este país, y no podemos exigirles más cuando ya lo dieron todo; un Estado serio los debe proteger, no asfixiarlos.

Sin embargo, también quiero ser muy responsable. Las buenas decisiones no justifican malas políticas públicas. La solidaridad no puede significar cargar de manera desproporcionada a ciertas comunas que han hecho bien las cosas. No corresponde que una política de alcance nacional se financie debilitando la autonomía local, ni castigando la buena gestión, y porque unas pocas comunas no pueden transformarse en la billetera permanente de decisiones que son nacionales y de responsabilidad del Estado en su conjunto.

Cuidar a los adultos mayores, respetar a los municipios y ordenar las finanzas públicas debe ser posible, y es el camino responsable que debemos seguir.

Anuncio mi voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, como planteaba el diputado Eduardo Durán , es necesario reevaluar lo que está pasando con el Fondo Común Municipal, a propósito de la distribución de quienes ponen más, de acuerdo a los ingresos que perciben los municipios de las respectivas comunas en nuestro país.

Si seguimos solamente cargando la mano a ciertos municipios, y no incorporando a otros que, con el paso del tiempo, han percibido más ingresos y, por lo tanto, razonablemente, si se hace un cálculo equitativo, podrían ingresar y aportar más al Fondo Común Municipal, la verdad es que estamos generando una inequidad desde el punto de vista de asumir que los municipios que están en la cabecera siempre van a tener que asumir la mayor carga de los ingresos que ponen en el Fondo Común Municipal.

En ese sentido, me parece relevante lo que se está haciendo con este proyecto, sin perjuicio de que nos hubiese gustado ir mucho más allá, no solamente con respecto a los adultos mayores, sino también con respecto a la primera vivienda de muchas familias en nuestro país, porque, debido a la falta de transparencia, a la falta de criterio y de avalúos que están hechos a las espaldas de la ciudadanía, se termina generando un incremento en las contribuciones imposible de asumir.

Esto no solamente pasa en algunas comunas de Santiago o en otras comunas del país; esto pasa en comunas pobres, en comunas donde personas que tienen escasos recursos, como algunas comunas del interior de la Región de Valparaíso, cuyas familias trabajaron toda la vida en sus pequeños campos, en sus pequeñas zonas agrícolas, que después se convirtieron en zonas habitacionales, y que de la noche a la mañana vieron incrementadas sus contribuciones de manera exacerbada, algunas incluso superiores al 500 por ciento. Esos incrementos -reitero- son imposibles de resistir, lo que ha generado que las personas empiecen a migrar de los terrenos que adquirieron con mucho esfuerzo sus familias o generación tras generación. Me refiero a sectores que tenían un destino determinado, de núcleos familiares y de comunidad, y que, debido al desplazamiento de sus habitantes, la identidad de dichas comunas se comenzó a perder, situación que he constatado a través de distintos reclamos, a propósito de una plataforma que generamos, producto de los exacerbados incrementos de contribuciones.

Las historias son infinitas, historias de las cuales tenemos que hacernos cargo, más allá de lo que establece esta ley respecto a la exención a los adultos mayores, estableciendo que solamente van a poner el 5 por ciento anual respecto de quienes perciben ciertas pensiones en nuestro país.

Me parece que esto es insuficiente, pero, sin embargo, es un avance importante.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señorita BRAVO (doña Marta) .-

Señor Presidente, las personas mayores no pueden esperar más. Hablo por los de mi Región de Ñuble, que, con sus manos cansadas, mantienen su casa impecable, pero que no pueden con el peso de un impuesto que no entienden y que los ahoga.

Este proyecto tiene un nombre y un apellido: alivio inmediato, y frente a eso, mi postura es una sola: a favor.

No compliquemos con tecnicismos lo que es simple. Nuestras personas mayores llevan años en un limbo, cargando una injusticia sobre sus hombros. Hoy tenemos la oportunidad concreta de empezar a corregirla. No es el proyecto perfecto, pero es un paso firme en la dirección correcta; es un mensaje claro que dice que su tesón y su vejez merecen respeto y protección. Cada día que debatimos sin actuar es un día más de angustia para ellos. Aprobar esta iniciativa es una señal de humanidad, es cumplir con nuestro deber más básico: cuidar a quienes nos cuidaron.

Por eso, con toda la fuerza de mi representación por Ñuble, voto sí por las personas mayores de Ñuble, voto sí por las personas mayores de Chile, quienes merecen envejecer en paz, en su hogar y sin que el miedo a un impuesto robe su tranquilidad.

Aprobar este proyecto de ley no es política; es decencia, respeto y consecuencia.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, hablamos mucho de los adultos mayores, de ese miedo que muchos chilenos tienen de llegar a la tercera edad con pensiones de miseria y tener que hacer malabares para elegir entre comprar comida o medicamentos y, más encima, ver cómo pagar las contribuciones. Se trata de una carga imposible de sostener.

Por eso me alegro de que hoy en la Cámara de Diputados discutamos un proyecto de ley que busca reducir las contribuciones que deben pagar los adultos mayores de nuestro país. Es un proyecto muy esperado, ya que, como dije, es un drama para miles de adultos mayores tener que vivir con pensiones de miseria y pagar contribuciones cuatro veces al año.

Celebro esta idea y que se presente una alternativa seria que se preocupa de apoyar a los adultos mayores y, al mismo tiempo, no perjudicar a los municipios que dependen del Fondo Común Municipal, como la gran mayoría de los municipios rurales ubicados en las periferias, con situaciones muy distintas y diversas, los que dependen del Fondo Común Municipal para mantener, por ejemplo, el cesfam, las postas, algunas escuelas, el alumbrado y una serie de necesidades de los vecinos y vecinas.

Esta iniciativa propone reducir las contribuciones a los adultos mayores, pero también hacer que los municipios más ricos del país, como Las Condes, Lo Barnechea , Providencia y Vitacura , aporten más al Fondo Común Municipal y que quien tiene más realmente contribuya más para hacer de este un país más justo.

De esa manera, desde el 1 de enero de este año, quienes ganen menos de 11 millones de pesos anuales, cerca de 926.000 pesos mensuales, van a pagar como máximo el 5 por ciento de sus ingresos en contribuciones, y quienes ganen menos de 2.000.000 de pesos mensuales, pagarán el menor valor entre el 50 por ciento mínimo de las contribuciones legales y el 5 por ciento de sus ingresos, lo que sea más bajo. Así apoyaremos a 76.000 adultos mayores, cerca del 67 por ciento de quienes pagan contribuciones en nuestro país. Es una noticia que habla de equidad territorial y que hace que quienes ganen menos no sean aplastados por los pesos que, muchas veces injustamente, deben pagar.

Anuncio mi voto favorable por todos los adultos mayores de la Región de Ñuble y por todos los adultos mayores de Chile.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda muchas veces sostuvimos esta discusión sobre la opacidad del cálculo de las contribuciones en Chile. Incluso, invitamos al entonces director del Servicio de Impuestos Internos, señor Javier Etcheberry , quien reconoció que había una opacidad en la fórmula de dicho cálculo. Se formó una comisión para revisarlo y por eso este tema terminó en el proceso de reajuste y se prolonga en este proyecto hasta fines de 2027.

Entonces, se congela el aumento hasta saber de qué forma se calculan las contribuciones, porque de repente nos llegan casos, sobre todo de sectores agrícolas, en que campos aledaños tienen contribuciones diferentes y resulta que le dicen al agricultor, quien tiene renta presunta, que se aumentará el pago de sus contribuciones producto de que el 10 por ciento, supuestamente, de las contribuciones es su utilidad, y eso a veces no sucede. Eso ocurre en el campo.

En la ciudad, en el caso de Santiago, si llegan a colocar una estación del Metro cerca de una casa que se construyó en 1960, las contribuciones van a subir por plusvalía y serán mucho más caras para esa persona que antes no pagaba, pero ahora debe pagar una contribución carísima.

Este proyecto de ley es un vasito de agua al mar; tiene que ir más allá. Espero que el Presidente electo, José Antonio Kast , lo revise, porque está en primer trámite y no creo que vea la luz en este período legislativo, puesto que falta que sea revisado por el Senado. Por lo tanto, el Presidente electo, José Antonio Kast , tiene la misión de eliminar las contribuciones de la primera vivienda en Chile.

Al respecto, espero que la oposición del futuro gobierno entienda que hay personas que, no por la tasación de la propiedad ni por la plusvalía, sino por temas externos, a veces deben comenzar a pagar contribuciones.

Creemos que la primera vivienda donde vive el adulto mayor no debe pagar contribuciones. Es más, este proyecto no origina gastos al gobierno, sino a los municipios de Lo Barnechea y de Las Condes, pues les van a quitar recursos para compensar esta rebaja.

Como dije, creo que le falta un poquito más a este proyecto. El Senado lo va a mejorar -se los aseguro-, y va a volver en tercer trámite de una manera distinta. Quizá se incorpora lo de la primera vivienda definitivamente, igual como en la PGU, en el sentido de que el 90 por ciento de aquellas personas de los quintiles más bajos no debieran pagar contribuciones y al 10 por ciento más rico que lo dejen pagar contribuciones.

Pero aquí el tema tiene que ser de…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, este tema lleva mucho tiempo, y es necesario y justo que nuestros adultos mayores más vulnerables tengan una rebaja o exención del pago de contribuciones.

Se trata de una materia que se aborda en este proyecto y que dice relación con temas que no solo afectan a los bienes raíces urbanos, sino también a los agrícolas. Esto fue tema de una comisión bicameral que se constituyó, pero que aún no tiene resultados, en la que participo como integrante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, donde se ha planteado el alza que se produce cuando hay cambio de uso de suelos, alzas que se producen de un día para otro, en circunstancias de que muchos adultos mayores viven solo de una pensión y ven cómo se van instalando carreteras aledañas y simplemente no pueden pagar.

Este tema sigue pendiente por la opacidad que existe respecto de cómo se realiza el cálculo, reconocido por el propio Servicio de Impuestos Internos. Además, la contralora, señora Dorothy Pérez , detectó errores en el cálculo del impuesto territorial. Sin embargo, desde el Servicio de Impuestos Internos esto aún sigue siendo opaco, técnico y de difícil comprensión, incluso para quienes se ven afectados directamente por estos resultados. Por eso, me parece muy importante abordar este tema.

Este proyecto es el inicio, pero va a dar lugar a revisar todo el proceso de reavalúo, que tiene que ser muy riguroso, no solo para los adultos mayores, que es muy importante para el objeto de este proyecto, sino también para todos quienes son contribuyentes, ya sea en sectores rurales o urbanos.

Menciono especialmente los sectores rurales, porque el mundo campesino hoy día está pasando por una crisis tremenda, pues el reavalúo se aumenta en dos, tres, cuatro o cinco veces y la capacidad productiva sigue siendo la misma o, incluso, menor, lo que hace que cada día el agobio sea mayor y produce que el desplazamiento desde los sectores rurales a los urbanos sea una realidad, porque simplemente no tienen nada más que hacer que vender sus predios.

Entonces, se trata de una situación muy crítica, y esperamos que se aborde con rigurosidad y responsabilidad en el futuro gobierno. Como señalé, en el caso de los adultos mayores hacer esta rebaja en las contribuciones es de justicia. Estoy absolutamente a favor de que esta medida avance y haya exención, pero también hay que ser responsables. Tengo dudas y críticas respecto de la forma y del mecanismo propuestos, en el sentido de que recaen solamente en algunas comunas. Claramente, esas son las comunas que tienen mayores ingresos, pero me parece que no debiesen considerarse o revisarse solo esas comunas. Hay comunas de similar naturaleza a las mencionadas en el proyecto que también tienen un alto ingreso producto del Fondo Común Municipal. Me parece que eso tiene que revisarse.

El proyecto es positivo -lo apoyo y voy a votarlo a favor-, pero hay temas en que todavía hay que seguir trabajando.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señorita Presidenta, valoro este proyecto de ley porque apunta a algo muy concreto y sentido por miles de familias en todo Chile: dar alivio real a las personas mayores frente al pago de contribuciones, en un contexto donde el costo de la vida se ha vuelto insostenible para muchos hogares chilenos.

Esta iniciativa amplía y mejora la rebaja del impuesto territorial para los adultos mayores vulnerables, estableciendo un principio que me parece fundamental: el pago de las contribuciones no puede transformarse en una amenaza para la dignidad y para la permanencia en la vivienda. Aquí hay un avance clave. Incluso, en los casos en que el avalúo fiscal supera el límite actual, se incorpora un mecanismo para que la contribución no supere el 5 por ciento de los ingresos anuales. Es decir, se introduce un criterio de justicia y proporcionalidad para que nadie tenga que elegir entre pagar contribuciones o pagar medicamentos, alimentos o servicios básicos.

Esto impacta directamente en comunas de mi distrito en la zona sur de Santiago, como El Bosque, La Cisterna o San Miguel , entre otras, donde hay una alta presencia de personas mayores que han trabajado toda su vida, muchas veces con pensiones bajas, y que merecen seguridad y tranquilidad en su hogar.

Además, este proyecto incorpora un componente de equidad territorial, porque para compensar la menor recaudación municipal se fortalecen los aportes del Fondo Común Municipal, aumentando los aportes de las comunas con mayores ingresos, como son Las Condes o Lo Barnechea, por nombrar algunas, lo que permite sostener recursos para municipios que dependen permanentemente del Fondo Común Municipal. Porque seamos claros: hay algunos en esta Sala que pareciera que buscan que los municipios y los sectores con más ingresos dejen de pagar contribuciones, lo que deja en desventaja a los sectores de menos ingresos, que son los mayoritarios en Chile.

Por eso, postergar el reavalúo de bienes raíces no agrícolas, entregando mayor estabilidad y evitando alzas bruscas e inesperadas para las familias, también es una buena noticia.

En síntesis, este proyecto protege a las personas mayores, mejora la justicia tributaria y fortalece la solidaridad municipal. Por todas estas razones, la bancada del Partido Socialista votará a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señorita Presidenta, apoyaremos esta iniciativa porque va en el sentido correcto. Sin embargo, se queda corta porque es insuficiente el tema que aborda.

La prórroga del reavalúo que se establece es algo que ya hemos aprobado en el proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público, que fue aprobado en esta Sala y que hoy viene en tercer trámite constitucional para ser sometido a votación en esta Sala nuevamente.

¿Por qué digo que se queda corta la iniciativa? Porque no basta con postergar o posponer el reavalúo de los bienes raíces. En este caso, la postergación se establece para los bienes urbanos. El proyecto habla de la vivienda, particularmente de la primera vivienda. Hacia allá está orientada esta propuesta. El tema de la postergación del reavalúo solamente no va al fondo. Como señalaron otros parlamentarios, hay una opacidad, hay algo raro, hay algo que no está bien claro, lo cual ha sido señalado por distintas autoridades de servicios, respecto del cálculo de los reavalúos. Hay propiedades que sencillamente están sobrevaloradas. Esto no ocurre solo en el sector urbano, sino también en el rural, lo cual pega muy fuertemente en los beneficios que puedan obtener las personas. Les afecta en el cálculo de su renta y en la postulación a ciertos beneficios, como pertenecer al INDAP, en el caso del sector agrícola, o como la gratuidad en el caso de la educación de los hijos. Esa situación también les impide sanear un determinado bien si tiene un avalúo exageradamente alto.

Por lo tanto, si bien se persigue postergar para el próximo año el reavalúo que correspondía este año, si no atacamos en el fondo la forma de cálculo de los reavalúos, sean estos urbanos o rurales, o agrícolas o no agrícolas, finalmente no vamos a solucionar el problema, sino que vamos a chutearlo para más adelante, porque si la propiedad tiene un avalúo excesivamente alto, claramente, la persona dueña no va a tener la calidad de vulnerable por cuanto aparece con un patrimonio demasiado alto, lo que -reitero- va a afectar su acceso a un sinnúmero de beneficios o de aspectos a los cuales he hecho referencia.

Así que espero que el proyecto que hoy existe al respecto -que aborda otra materia de ley- pueda avanzar efectivamente para eliminar esa opacidad en el reavalúo de los bienes raíces.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, la bancada del Partido Socialista va a apoyar este proyecto que establece una rebaja del impuesto territorial o de las contribuciones para determinados adultos mayores.

Pero, respecto de las contribuciones, yo partiría diciendo que idealmente todos tendrían que pagar en proporción a sus ingresos los impuestos que significan vivir en sociedad. Evidentemente, las casas del barrio alto, muchas de las cuales tienen avalúos superiores a 500 millones de pesos o a 1.000 millones de pesos, por supuesto que tienen que pagar contribuciones. Lo digo a propósito de que aquí hay varios parlamentarios libertarios que per se están en contra del impuesto territorial y que dicen que no hay que pagar contribuciones. Ellos sueñan con tener los estilos de vida de los países del primer mundo, pero pagar los impuestos de los países africanos, que son cercanos a cero. Ese es el mundo ideal en que viven.

Nosotros buscamos un mundo de mayor justicia. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es rebajar el pago de contribuciones para los adultos mayores que obtienen ingresos inferiores a 2 millones de pesos mensuales y que son propietarios de viviendas con avalúos mayores a 225 millones de pesos. En esos casos se ha detectado que ha habido un incremento del valor de los avalúos que ha ido restando las posibilidades o comiéndose casi todos los ingresos inferiores a 2 millones de pesos.

Por eso, este proyecto establece que en esos casos los adultos mayores no pagarán más del 5 por ciento de sus ingresos anuales en contribuciones de bienes raíces. Es una medida pro adulto mayor, de mucha justicia. Ahora, como ello va a significar una rebaja en la recaudación del Estado, esta se va a compensar aumentando el aporte al Fondo Común Municipal que hoy hacen la comuna de Las Condes y la comuna de Lo Barnechea, que son los lugares más ricos de Chile.

Por eso, esta mejora, que consiste en ponerle límite al pago de contribuciones para los adultos mayores, se inscribe con todas las otras anteriores mejoras que hemos aprobado, que eximen de todo pago de contribuciones por su vivienda a los adultos mayores que ganen menos de 940.000 pesos mensuales y que también otorgan una rebaja del 50 por ciento a los que tengan ingresos inferiores a 2 millones de pesos.

Por supuesto que el resto tienen que pagar. Nosotros no los vamos a eximir de contribuciones ni de otros impuestos, mientras Chile tenga altos niveles de pobreza y de desigualdad, como la que viven millones de vecinos de nuestras comunas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley tiene dos conceptos no menores: uno es quiénes pagan el impuesto territorial y, otro, cuál es el aporte que hacen las municipalidades al Fondo Común Municipal (FCM).

Por eso, me parece fundamental dejar en claro dos criterios: primero, quienes tienen más no pueden optar a este beneficio. Este beneficio debe apuntar única y exclusivamente a las chilenas y chilenos y a la gente de la tercera edad que tienen menos recursos. Si se hiciera generalizado, se estaría cometiendo una tremenda injusticia, porque de lo que se trata es de que los que tienen más aporten más a través de impuestos o de otros mecanismos.

En ese sentido, el criterio para establecer quiénes quedan exentos del pago del impuesto territorial, en el caso de los adultos mayores, debiera ser el mismo criterio que se utiliza para el pago de la Pensión Garantizada Universal; es decir, que solo la pueden recibir quienes están por debajo del 90 por ciento de la ficha del Registro Social de Hogares.

En segundo lugar, es importante que el aporte que hacen las distintas municipalidades al Fondo Común Municipal mantenga ese criterio. Las municipalidades que tienen más recursos económicos deben mantener, e incluso debieran subir, el aporte que hacen al Fondo Común Municipal, justamente para ir en auxilio de aquellas comunas que son más pobres y que tienen menos recursos. Es cosa de ver cómo aquellas municipalidades que disponen de muchos recursos y de muchos medios propios hacen grandes obras en sus comunas y poseen equipos de seguridad desproporcionados para el número de habitantes que tienen. En cambio, es fundamental para las comunas pobres recibir el aporte del Fondo Común Municipal para poder desarrollar sus labores.

Por lo mismo, el criterio que debe haber en esta iniciativa legislativa es, primero, que el beneficio respecto del pago del impuesto territorial no sea generalizado; debe ser para aquellos que estén por debajo del 90 por ciento de la ficha del Registro Social de Hogares, y, segundo, que los municipios que tienen más recursos hagan un aporte mucho mayor al Fondo Común Municipal, y no como uno ve en este proyecto de ley, en el que, incluso, se les está bajando el aporte que están haciendo algunas comunas de más recursos, como Lo Barnechea, Las Condes , Providencia , por señalar algunas.

Considero que este proyecto tiene sentido si mantiene un criterio de justicia social y de distribución de los recursos en el país.

He dicho.