Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta accidental).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, correspondiente al boletín N° 12234-02.

Para la discusión de este informe se otorgarán tres minutos base, más sesenta minutos distribuidos de forma proporcional entre las bancadas.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 14 de este boletín de sesiones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, sin lugar a dudas, hoy es un día muy importante para el perfeccionamiento democrático del país. Termina la tramitación, después de más de una década, del proyecto de ley que establece un nuevo sistema de inteligencia del Estado.

Recordemos que la discusión anterior se dio en un momento distinto, en el contexto del término de la transición, donde había muchas dudas y sospechas de distintos sectores. La ley N° 19.974, de 2004, que creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fue aprobada en ese contexto.

Hoy puedo decir que hemos discutido un proyecto que perfecciona el sistema de inteligencia, que fue elaborada de forma muy transversal, con mucho consenso, lo cual ha dado como resultado una iniciativa moderna, que nos va a permitir enfrentar de forma distinta el crimen organizado y el terrorismo, para coordinar de mejor forma a nuestras fuerzas de inteligencia, tanto del mundo militar como civil, en el sentido de que creamos una nueva institucionalidad con la ANI.

En suma, fortalecemos lo que ya existe. Así, vamos a tener agentes de campo que puedan acceder a fuentes abiertas y un sistema que va a permitir adelantarse al delito y al crimen organizado. Además, quiero recordar que el texto que hoy votaremos es fruto de un trabajo metódico, riguroso, con sentido común y mucho diálogo, lo que es muy importante.

El proyecto es muy distinto a la propuesta maximalista y retórica que ingresó, sin lugar a dudas. De hecho, en la Comisión Mixta se cambió, más o menos, un 70 por ciento de lo que era el proyecto. Es muy bueno reconocer también la labor sustantiva del Congreso Nacional, que pocas veces queda reflejada de forma tan nítida en proyectos de esta naturaleza. Eso demuestra que los consensos, los acuerdos, se pueden lograr.

Este sistema fortalece las capacidades de planificación y de ejecución de la labor de inteligencia civil, supervigilada por un comité de inteligencia conformado por ministros de Estado, con carácter eficiente y estratégico, inspirado en altos estándares democráticos. Además, fortalece la interrelación con la inteligencia militar, cuya vocación es la defensa y los intereses nacionales de nuestro país.

Quedará pendiente la ejecución de la ley en lo administrativo y en los recursos necesarios para comenzar con un sistema de inteligencia más robusto y eficaz.

Por lo tanto, podemos decir que hoy concluimos una tarea larga, de la cual uno se siente orgulloso, porque quedará una buena ley para la lucha contra el crimen organizado. Y todo se hizo -reiteroen un contexto de diálogo, de acuerdos, de ceder posiciones, poniendo al país por delante.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, hoy, en la última sesión antes del receso legislativo, por fin llega este proyecto de ley tan necesario para mi Región de La Araucanía.

No podemos seguir reaccionando cuando ya es demasiado tarde. Allá no nos enfrentamos a delitos comunes, sino al terrorismo, al crimen organizado y a grupos armados que planifican, se financian y actúan con inteligencia propia. Mientras tanto, el Estado muchas veces llega tarde, después de los ataques.

¿Qué hace este proyecto de ley en concreto? En primer lugar, permite al Estado anticiparse, no esperar el atentado o el funeral, reunir información estratégica para detectar amenazas reales y proteger rutas, faenas, predios e infraestructura crítica antes de que sean atacados.

En segundo lugar, este proyecto coordina de verdad a los organismos del Estado. Hoy, la información está dispersa y no se comparte. Con esta iniciativa, la inteligencia se ordena, se comparte y se analiza para desbaratar redes, no solo para detener al autor aislado.

En tercer lugar, entrega facultades modernas, como acceso a información clave y técnicas especializadas, siempre con autorización judicial, incluso de la Corte Suprema para las medidas más intrusivas. Aquí no hay abuso, sino control, democracia y Estado de derecho.

Lo único que todavía reprocho, y por lo que siempre he luchado desde que se creó el Ministerio de Seguridad Pública, es que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no trabaje directamente con el Ministerio de Seguridad y sí con el Ministerio del Interior, como se encuentra estipulado. El Ministerio del Interior hoy es una cartera meramente política y, por tanto, no requiere una asesoría como esta, la que sí necesita el Ministerio de Seguridad Pública para contar con una coordinación como corresponde.

La inteligencia no busca pruebas judiciales, sino evitar que ocurra el crimen. Eso en la Araucanía significa evitar atentados, incendios y muertes.

Este proyecto de ley no persigue ideas, sino amenazas reales. No es contrario a una causa, sino que ha sido pensado en contra de la violencia y el terrorismo en mi Región de La Araucanía.

Votaré a favor, porque Chile tiene derecho a defenderse y porque la Región de La Araucanía merece vivir en paz.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señorita Presidenta, para mí es un honor anunciar nuestro respaldo a los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.

La inteligencia ha existido en Chile y en el mundo independientemente de los gobiernos de turno, ya sea que se trate de Estados socialistas o capitalistas. Funciona para moros y cristianos. Lo importante es cómo esta se orienta y controla, y los resultados que entrega.

En Chile existen la inteligencia militar, la inteligencia policial y la inteligencia civil estratégica. La militar se ocupó como aparato de persecución y exterminio durante la dictadura cívico-militar; la policial también estuvo a ese servicio. Desde los años 90 en adelante se empezó a consolidar la inteligencia civil y a construir confianzas entre las instituciones. No obstante, esas confianzas han estado golpeadas por escándalos inaceptables.

En este Congreso Nacional me tocó denunciar las operaciones “W” y “Topógrafo” como acciones ilegales a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que en vez de seguir a los corruptos que estaban siendo procesados por el fraude más grande en la historia del Ejército, siguió a los denunciantes y a un periodista investigativo.

Cuando nos tocó defender la ilegalidad de esas operaciones y acusarlas en esta Sala, lamentablemente el Congreso Nacional de ese entonces las respaldó. Con todo, las dos autoridades a cargo de dichas operaciones recibieron condenas. El exdirector de Inteligencia del Ejército fue condenado por autorizaciones e interceptaciones ilegales, y el exjuez Juan Poblete , quien autorizó esas acciones, también fue condenado por falsear información.

También nos tocó revisar el montaje y asesinato de Camilo Catrillanca , a cargo de las direcciones de inteligencia de Carabineros de Chile, y nos tocó examinar otros casos que no entraré a detallar. Sin embargo, para nosotros esos hechos son importantes porque todos nos llevaron a aprender lecciones que se incluyeron en el informe de la Comisión Mixta.

Por ejemplo, en el proyecto establecemos sanciones claras. Cuando un agente de inteligencia excede los límites de una operación de inteligencia, cuando un jefe de inteligencia falsea información o cuando un juez de la república autoriza incorrectamente una interceptación telefónica o no hace los controles respectivos, estará arriesgando inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos.

Por otra parte, cuando el sistema de inteligencia, un servicio, una unidad o un agente se oriente a perseguir, espiar y obtener información de líderes sociales o políticos, sabrá que, cuando este proyecto se convierta en ley, arriesgará cinco años de cárcel y la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, porque en la Comisión Mixta acordamos tipificar el delito de espionaje político. Eso que algunos califican como “fantasmas de los izquierdosos” son realidades que ocurrieron en la Argentina de Macri y en la España de Rajoy. Esas realidades han estado muy subsidiadas por proveedores israelíes que han transgredido todas las comunicaciones y la privacidad en España, en México y en Argentina. No queremos que utilicen a Chile para sus negocios criminales.

El sistema de inteligencia se fortalece también con la contrainteligencia militar. Que militares chilenos hayan participado en operaciones de contrabando y narcotráfico es inaceptable. Si el crimen organizado quiere someter a Chile, intentará permear el Estado a través de las policías, del poder político, del Poder Judicial y de los militares. Por eso hemos establecido controles mucho más estrictos para el personal militar y policial, especialmente para el militar, de modo de evitar que el crimen organizado logre permearlo. Junto con estos controles, se exige mucha más transparencia respecto del patrimonio y movimientos bancarios de los funcionarios de esas instituciones, pero también controles más estrictos para que ninguno de ellos se desalinee del deber de servir a Chile 24/7, resguardando nuestra soberanía y libertad.

Sumado a todo eso, hay un aspecto que es fundamental. El proyecto inicial que los gobiernos anteriores quisieron promover tenía otra orientación, una que podríamos caracterizar como un intento por hacer que la inteligencia militar tomara más protagonismo dentro del sistema de inteligencia. Impedir que eso ocurra no dice nada en contra de los militares; muy por el contrario. Los militares saben muy bien que las amenazas híbridas contemporáneas que el mundo está experimentando requieren una inteligencia de defensa con capacidades, legitimidad y apoyo de los otros servicios públicos.

También es importantísimo que la inteligencia civil cumpla con su rol. Desde 1990 los militares no dictan leyes en Chile; somos los civiles los responsables de que la estrategia de seguridad del Estado funcione; somos los civiles los responsables de que el Estado tenga capacidades suficientes para resguardar la seguridad y la soberanía, y de que sigamos tomando decisiones para alcanzar nuestra prosperidad, aun cuando eso incomode a las potencias militares del mundo.

Usted podrá ser de izquierda o de derecha, pero todos somos chilenas y chilenos que tenemos la responsabilidad de alcanzar un futuro que no está garantizado, y una prosperidad que nuestros hijos quizás vean mucho más limitada que nosotros, producto de los cambios globales que se están experimentando. Es ahí donde la inteligencia civil, en esta reforma al sistema de inteligencia, toma protagonismo.

Hemos ratificado que la Agencia Nacional de Inteligencia Civil se dote de mayores capacidades, pero también de mayores controles y responsabilidades sobre las cuales deberá ser evaluada y medida. Sin embargo, no es aceptable que el Servicio de Inteligencia Militar no converse con la ANI, no para que uno reemplace al otro, sino para que juntos, en distintos roles, puedan contribuir a la misma tarea: hacer de Chile un país próspero y libre.

Esta reforma al sistema de inteligencia incorpora algo que para muchos de nosotros es un avance civilizatorio muy importante. Los servicios de inteligencia militar, policial y civil ya no harán lo que a cada uno se le ocurra que debe hacer. Ahora hay una directriz de inteligencia del Estado, una política pública que no pone en riesgo la seguridad ni la defensa de Chile, porque no tiene los detalles, pero que le permite al país comenzar a conocer cuál es el esfuerzo sostenido que se realiza día tras día, noche tras noche, para resguardar las condiciones que el país requiere.

Además, esta política, que será de conocimiento público, tendrá una bajada interanual, con un plan estratégico que el Congreso Nacional podrá fiscalizar mediante la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado y a través de una comisión que el Senado definirá, afín a esta materia. Sumado a lo anterior, existirá una Directiva Anual de Inteligencia, a fin de que la máxima autoridad del país, el Presidente de la República, pueda plantear con flexibilidad nuevas líneas de investigación frente a desafíos emergentes que puedan ocurrir en el país.

Pero, olvídense, nunca más tendremos que analizar situaciones como las que me tocó revisar en 2019, cuando se halló a un carabinero de Peñalolén incitando a tirar bombas molotov a una comisaría. En ese entonces se señaló, a partir de un reportaje periodístico, que se trataba de un agente de inteligencia. Uno de los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta establece que ningún agente de inteligencia podrá incitar a cometer delitos; porque si esa tarea, tan importante y delicada, no tiene los controles y límites suficientes, puede provocar mucho daño a Chile. Si se pierde la legitimidad en el sistema, poco será lo que se pueda mejorar en sus capacidades.

Por eso van de la mano el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia analítica y la creación de la Escuela de Inteligencia, a cargo de la Agencia Nacional de Inteligencia, de modo que también los agentes de Aduana y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda nos ayuden a ir detrás del dinero que acumulan las bandas de crimen organizado internacional. Porque para eso llevan pistolas y para eso buscan corromper a jueces, políticos, militares y policías: para acaparar dinero.

Gendarmería , la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile tienen mucho que aportar al sistema. Por esta razón también hemos establecido en esta reforma al sistema la posibilidad de que dichas instituciones colaboren. No forman parte del sistema, pero sí colaboran aportando la información con la que trabajan, con el objeto de impedir que el crimen organizado internacional se asiente en Chile como centro logístico, dado el potencial de nuestro país en el mundo, así como su comercio exterior y su tráfico marítimo, por los cuales buscan camuflarse.

En consecuencia, el acuerdo de la Comisión Mixta sobre el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia contiene importantes mejoras: fortalecimiento de capacidades, instrumentos de planificación y sinergia entre los servicios, pero cada uno de ellos en su rol, con cortapisas y con la debida tipificación de delitos, como el de espionaje político, para evitar actuaciones indebidas. Incluso, los jueces de la República y los jefes de inteligencia quedarán expuestos a sanciones penales si no cumplen bien con su labor. No se trata de que no se quiera que hagan su labor, sino de que la desarrollen dentro del Estado de derecho, conforme a la Constitución y a las leyes, de manera que puedan cuidarnos y protegernos.

Por eso, anuncio nuestro voto a favor e insto a esta honorable Sala a que apoye esta iniciativa. No todo generó acuerdo, como he señalado. Existen algunos temas que, lamentablemente, no pudimos lograr que fueran incluidos dentro de los acuerdos finales. Sin embargo, ustedes saben que la vida consiste siempre en avanzar. En ese sentido, este proyecto constituye un avance civilizatorio y el cambio más importante que ha tenido el sistema de inteligencia del Estado desde que funciona el Estado de derecho.

Es probable que la aprobación de esta iniciativa no salga en los grandes noticieros; pero sí es muy importante que el día de mañana no aparezcan en los noticieros casos de operaciones ilegales de inteligencia, de modo que podamos dormir en paz.

Por ello, solicitamos la aprobación de esta iniciativa, y enviamos un especial reconocimiento a quienes facilitaron su tramitación: al ministro Álvaro Elizalde y a su equipo; a quien en su momento viabilizó este proceso: la asesora del ministerio encabezado por la entonces ministra Ana Lya Uriarte , y a los equipos que la acompañaron; a los senadores que participaron en la discusión de esta materia.

Desde nuestra humilde diputación, ha sido un honor contribuir a un paso tan importante para Chile.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley, que hoy cumple su último trámite en este Congreso Nacional, ingresó el 13 de noviembre de 2018. Durante años lo discutimos, se corrigió y su tramitación se fue dilatando, tal como se ha señalado.

Mientras tanto, el crimen organizado no esperó al Congreso: se fortaleció, se adaptó, amplió su presencia territorial y sofisticó sus métodos. Es una realidad incómoda, pero que no podemos eludir.

Esta experiencia debe dejarnos una enseñanza clara, en el sentido de que cuando se legisla en materias de seguridad y crimen organizado, el Estado no puede actuar con lentitud, porque el delito sí actúa con urgencia. Cada retraso institucional abre una nueva ventaja para el crimen organizado.

Hoy, al menos, podemos reconocer que el trabajo de la Comisión Mixta permitió arribar a un buen texto final, equilibrado y serio, con controles democráticos, pero también con herramientas reales para fortalecer la capacidad del Estado, lo que debe ser valorado.

Ahora bien, la implementación de esta ley debe ser mucho más rápida que su tramitación legislativa. Reglamentos, fortalecimiento institucional y capacidades operativas deben avanzar con sentido de total urgencia.

Así lo entendimos en la Región de Magallanes, ya que mediante presupuesto regional se aprobaron cinco mil millones de pesos destinados a la implementación de sistemas de control biométrico que serán operados por la Policía de Investigaciones. Se trata de una herramienta moderna que fortalece la identificación, previene los delitos y mejora la trazabilidad de personas vinculadas a hechos delictivos y al crimen organizado.

Asimismo, la reciente ley que permite el acceso a los listados de pasajeros de líneas aéreas es clave para anticiparse al delito, seguir rutas, detectar patrones y enfrentar con mayor inteligencia al crimen organizado.

Estas medidas, que pueden parecer aisladas, son parte de un solo objetivo estratégico común: que el Estado deje de reaccionar tarde y comience a anticiparse.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, hoy Chile no cuenta con una ley de inteligencia moderna. La que existe es muy precaria.

¿Por qué necesitamos una ley de inteligencia moderna y acorde con estos tiempos? Para que el Estado pueda anticiparse a las amenazas graves y proteger a su población con reglas claras y con control democrático. Ese es el objetivo de una buena ley de inteligencia. Por eso respaldaremos este proyecto de ley.

Quienes habitamos en la macrozona sur hemos sufrido, desde 2021 a la fecha, más de mil hechos de violencia. Ello es la prueba palpable de que la inteligencia no ha operado en nuestro país, especialmente en la macrozona sur y en la Región de La Araucanía.

Tenemos la esperanza de que esta futura ley entregue un instrumento adecuado, un poder real y un sistema de inteligencia que permita anticiparse, porque el terrorismo no tiene piedad: ataca, destruye, causa muerte y desolación, y ahuyenta la inversión.

Este sistema de inteligencia, coordinado entre las Fuerzas Armadas y las policías, será un instrumento eficaz para el Ministerio Público, pero también para protegernos ante las amenazas graves que tenemos como país, y para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y el narcoterrorismo establecido en la Región de La Araucanía.

Confiamos en que, con esta ley, las policías y el Ministerio Público podrán hacer su trabajo. No resiste más el constatar que los hechos ocurren, que se consuman y que se presenten querellas contra los que resulten responsables, querellas que no llegan a nada y terminan archivándose. Estamos cansados de ello.

Con esta ley tenemos la esperanza de que contaremos con un instrumento mejor y más adecuado para dar seguridad y protección a nuestros habitantes.

Por eso, Chile merece una ley de inteligencia moderna; también la merecen La Araucanía y los habitantes de nuestro país.

Votaremos a favor este proyecto, con la esperanza de que tendremos un país mejor con una ley que nos va a dar protección efectiva.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a los diputados y diputadas presentes.

Respecto de este proyecto de ley, en primer lugar, señalo que la inteligencia es indispensable para el Estado de derecho.

Hay mucho resquemor y también mucho desconocimiento respecto de lo que hace un sistema de inteligencia y lo útil y necesario que es para el sistema democrático y para la seguridad de los conciudadanos.

Hemos visto cómo nuestro sistema de inteligencia, que es frágil, ha tenido muchos problemas. Hay mucha información que podría haberse aportado de manera oportuna, pero, lamentablemente, no se pudo. Eso no tiene que ver con falta de profesionales, sino con la estructura y la falta de recursos.

Si bien es cierto este nuevo proyecto de ley no satisface el ciento por ciento de lo que creemos que es necesario para el Chile de hoy, mejora, actualiza y robustece nuestro sistema. Crea una nueva estructura del sistema de inteligencia -eso es positivo-, mantiene el secreto de toda la información, crea nuevos tipos penales y también obliga a realizar declaración de patrimonio a todos los que intervengan con información de inteligencia.

Además, establece un control político de esta Cámara de Diputados, de la Contraloría General de la República y de una comisión mixta con el Senado que va a conocer de la planificación de inteligencia.

También establece -ahora de manera formalque van a colaborar con el sistema la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Gendarmería , el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que es muy importante y, por supuesto, hará trabajar de mejor forma al sistema.

Asimismo, crea un estatuto especial para el personal de la Agencia Nacional de Inteligencia. Además, una escuela que existe va a ser fortalecida. Esto es muy importante por cuanto no se trata de funcionarios públicos simplemente tales, sino de funcionarios públicos que manejan información altamente sensible o secreta, y que, por supuesto, deben tener un estatuto especial respecto de cómo se vinculan con el Estado.

También establece medidas para la obtención de información, como las intervenciones a las comunicaciones y a las redes, los funcionarios con identidad oculta o el uso de informantes. Esto también es relevante, pues son herramientas que hoy la Agencia Nacional de Inteligencia no posee y que, por supuesto, serán determinantes en lo que viene a continuación.

Finalmente, esto va a funcionar solo si todos colaboramos creyendo en el nuevo sistema y entendiendo que es indispensable un sistema de inteligencia y que debemos contribuir con la información cuando la tengamos y también contribuir desde el Congreso Nacional aportando los recursos económicos suficientes para que este nuevo sistema pueda funcionar.

Se requieren gastos reservados y financiamiento para el uso corriente de todo el sistema, porque va a ser un sistema en el cual vamos a tener que invertir para obtener los resultados que hoy necesitamos.

Anuncio que nuestro voto será a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la señora ministra, a las autoridades y a los colegas parlamentarios.

Hoy es el último día de este proceso legislativo que me ha tocado vivir. Deseo agradecer muy sinceramente a todos los funcionarios de la Corporación, particularmente a quienes forman parte del departamento de Comunicaciones, de la Unidad de Diseño y Publicaciones, de la Secretaría, de la Oficina de Prevención de Riesgos y Seguridad, a los funcionarios administrativos de la Sala y la placa, y también, por supuesto, a los funcionarios encargados del aseo. Sin ellos no podríamos realizar nuestra labor.

Hoy discutimos y votaremos el proyecto de ley que moderniza y fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado, adecuándolo a los desafíos reales que enfrenta hoy nuestra sociedad y a la grave crisis de inseguridad que vivimos como país.

Votaré a favor, dado que esta futura ley se podrá transformar en una herramienta con controles robustos y con un objetivo claro: proteger la soberanía nacional y la seguridad pública frente a amenazas nuevas y complejas, particularmente de las bandas extranjeras y del crimen organizado.

Frente a este tipo de amenazas, la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente a la persecución penal tradicional. Necesitamos anticipación, información y coordinación. Por eso, la iniciativa apunta en esa dirección, penetrando las redes delictuales, trabajando de manera articulada con las policías y otras instituciones públicas, y actuando antes de que el daño sea irreversible y perdamos la guerra contra la delincuencia.

Con esta futura ley me traslado en mi pensamiento hacia los habitantes de la Región de La Araucanía, que represento, porque se podrán utilizar herramientas para prevenir atentados y violencia, y vivir en paz como todos queremos.

Estamos poniéndonos a la altura de las democracias modernas. Esta es una herramienta necesaria, responsable y urgente para enfrentar los desafíos de Chile.

Por estas razones, apoyo decididamente este proyecto. Anuncio que votaré a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, este es un proyecto de ley importante y que lleva mucho tiempo discutiéndose.

Sin duda, hemos tenido diferencias, pero hemos podido discutirlas y llegar a acuerdos importantes en la Comisión Mixta.

La regulación del sistema de inteligencia quedó mejor que como está hoy y también mejor que en la última votación con que el proyecto salió de la Cámara de Diputados.

Recordemos que antes incluso hablábamos de un zar de la inteligencia, de un control político total del sistema, de pocos resguardos a la seguridad de la información, de un modelo impulsado por el entonces subsecretario Monsalve , algo que, sin duda, después de su caída, nos dejó a todos con muchas dudas.

He escuchado la intervención del diputado Jorge Brito . Llegamos a acuerdos dentro de la comisión, pero yo no estoy de acuerdo con él en la estigmatización del trabajo de inteligencia que hacen nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y del trabajo que hace el Estado de Chile, porque esos profesionales generan información esencial para la toma de decisiones estratégicas para nuestro país. El objetivo debe ser fortalecer, no estigmatizar.

¿Cuáles son los principales cambios que se hacen en este proyecto de ley? Se revisa la arquitectura institucional del sistema, generando mayor orden, coordinación y flujos adecuados de la información. También se ordena la carrera funcionaria dentro de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), se mantiene la reserva legal de su dotación y se mandata además para la posterior regulación de un estatuto especial para su personal.

También se establecen procedimientos especiales para la obtención de la información: técnicas intrusivas, mecanismos de autorización y controles y límites para su adecuada utilización.

Se regula adecuadamente la clasificación “secreto” y la desclasificación de la información, con responsabilidades adecuadas sobre quienes toman estas decisiones.

Así también se establecen controles externos, principalmente en el Congreso Nacional y en la Contraloría General de la República, contrapesos que además son muy medidos y que cuidamos que no fueran excesivos, así como también una norma de acreditación de seguridad para asegurar que los funcionarios de estas entidades que ejercen estos controles externos no sean cualquier persona y no estén eventualmente comprometidos.

Finalmente, quiero destacar algo que fue una causa personal mía: extender a ministros, subsecretarios y parlamentarios las sanciones por eventuales filtraciones de información tan sensible. No puede ser que hoy se filtre información sensible para el Estado y menos que eso ocurra por responsabilidad de altas autoridades. Si una alta autoridad filtra información a la prensa o a otras personas, irá a la cárcel.

Es hora de que nos empecemos a tomar en serio el secreto y la seguridad de la información, y un trabajo tan relevante como es generar inteligencia.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al ministro del Interior, a la ministra secretaria general de la Presidencia, a quienes nos acompañan hoy en la Sala y también a quienes están viendo este debate.

Hoy intervengo como quien tuvo el honor de presidir prácticamente toda la discusión de este proyecto en la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara y además como integrante de la Comisión Mixta que hoy nos propone este informe.

También quiero decir algo que en los tiempos que vivimos no siempre se dice con la frecuencia suficiente: este es un trabajo serio, bien hecho, transversal y con verdadera altura de Estado. Sin duda, aquí hubo diferencias, debates intensos y legítimos, y posiciones muy distintas. Precisamente por eso, el trabajo de la Comisión Mixta merece ser destacado, porque no se impuso una mirada ideológica ni se buscó sacar ventajillas políticas, sino que se construyó un acuerdo pensando en Chile y en los desafíos reales que enfrenta hoy en día nuestro país.

Este proyecto fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, le entrega una arquitectura clara, reglas precisas, controles efectivos y responsabilidades bien definidas. Asimismo, ordena la planificación estratégica, mejora la coordinación entre los distintos organismos, refuerza los controles y establece límites claros para evitar cualquier uso indebido de la inteligencia. Al mismo tiempo, le da herramientas reales al Estado para enfrentar amenazas que no son teóricas ni futuras, sino presentes y urgentes, toda vez que el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, las redes transnacionales y la situación geopolítica mundial son hechos cada vez más complejos e inestables.

Desde la oposición hemos sido claros en algo: la seguridad nacional no puede ser una mera consigna política ni puede haber espacios para la improvisación. Este proyecto demuestra que, cuando el gobierno y la oposición trabajan con responsabilidad, con datos, con respeto institucional y con miradas de largo plazo, los resultados son indudablemente los mejores.

Este proyecto pudo haberse ido por la borda en más de una ocasión. Fue presentado originalmente hace ocho años, durante el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera . En el intertanto vivimos un estallido social, quiebres políticos profundos, procesos institucionales complejos y, además, un escándalo mayor vinculado a quien tuvo a cargo parte de la tramitación del proyecto, quien justamente habría hecho mal uso de la ley de inteligencia vigente.

Todo eso pudo haber hecho naufragar este proyecto, pero no ocurrió, porque quienes participamos en este proceso, de izquierda y de derecha, fuimos capaces de estar por sobre las coyunturas, las diferencias y las dificultades del momento. Desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, oficialismo y oposición, se logró un acuerdo que no renuncia al control democrático ni a las garantías, pero que tampoco elude la urgencia de fortalecer el Estado.

Termino mi período parlamentario con la satisfacción de ver este trabajo concluido, y con esperanza de que este espíritu de diálogo, rigor técnico y sentido de Estado sea la regla y no la excepción para la política chilena.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señorita Presidenta, votaremos a favor este proyecto de ley porque el sistema actual no da para más, pero debemos ser sinceros: nos demoramos ocho años en llegar a lo que hoy se está viviendo.

Después de haber escuchado la intervención del diputado Brito , me parece insólito que solamente hablara de los controles internos y de evitar el mal uso de la ley, lo cual está bien, pero en ningún caso de la modernización de esta ley para perseguir al Tren de Aragua, al Primer Comando de la Capital (PCC), a grupos como Hezbolá o la infiltración de venezolanos y cubanos en nuestro país.

Tampoco mencionó que, cuando él fue Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, trancó la pelota y evitó que este proyecto de ley avanzara. Se negó a todo. Por ello, encuentro insólito que hoy diga que se siente orgulloso de algo que él no quería que saliera adelante.

En estos ocho años les dimos tiempo a todos los grupos terroristas; al crimen organizado le dimos tiempo para organizarse, armarse, modernizarse y prepararse para hacer lo que quisiera dentro de nuestro territorio nacional.

En el próximo gobierno, claramente, tendremos que modernizar esta legislación, porque la iniciativa que estamos discutiendo hoy fue pensada a inicios de los años dos mil. La anterior, la que hoy está en vigencia, es de los años noventa. Parece que no se dan cuenta de que hoy la inteligencia…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señorita Presidenta, Chile enfrenta desafíos de seguridad que ya no admiten improvisación. El crimen organizado, las redes transnacionales, las amenazas híbridas y la fragilidad de nuestras fronteras exigen un sistema de inteligencia profesional, moderno y con capacidades reales de anticipación estratégica.

Un país sin un sistema de inteligencia que esté a la altura de tales fenómenos es un país que reacciona tarde, opera a ciegas y expone a su ciudadanía. En consecuencia, es indispensable consolidar una estrategia unificada para resguardar el orden constitucional y proteger los intereses esenciales de la nación.

La Comisión Mixta avanzó precisamente en esa dirección y ordenó un texto que venía fragmentado, delimitó de mejor manera las funciones de la inteligencia policial y militar, fortaleció la estructura y profesionalización de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), estableció controles más claros sobre técnicas intrusivas, mejoró las normas de probidad y auditoría patrimonial y precisó instrumentos de planificación, como la policía nacional y la directiva anual de inteligencia.

Ese trabajo permitió simplificar, clarificar y dar coherencia a un proyecto…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta accidental).-

Ha concluido el tiempo de su intervención, señora diputada.

El señor BENAVENTE.-

Señorita Presidenta, sin duda que este proyecto es muy importante, y llega en un momento en que las circunstancias por las que atraviesan nuestro país y el mundo así lo exigen. Hoy vemos grupos organizados, delitos que no conocíamos y el crimen organizado actuando impunemente, además de grupos terroristas, muchos de ellos con conexiones internacionales.

No obstante, este proyecto de ley llega tarde. ¿Cómo hubiese sido la situación -a lo mejor, diferentesi una ley de este tipo hubiese existido en el momento del estallido, cuando se quemaron por lo menos dieciocho estaciones de metro de forma organizada y coordinada? Todavía no sabemos qué ocurrió. Solo sabemos que se utilizaron elementos acelerantes que no existían en Chile en ese momento.

Con esta futura ley, quizás el teniente Ronald Ojeda estaría vivo. ¿Cómo puede ser posible que en Chile actúen impunemente agentes de seguridad de otro país, de la dictadura comunista -valga la redundanciade Maduro , que lleguen muy campantes a nuestro país, que se dirijan al domicilio de una persona que tenía el carácter de refugiado político -sus datos personales eran confidenciales, y eran manejados por muy pocas personas del gobierno-, y que lo secuestren y asesinen?

Anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley, porque creo que recoge la realidad que estamos viviendo. No obstante, sigo insistiendo con la prevención de que llega tarde.

Durante mucho tiempo, la izquierda, con claras intenciones, detuvo y trancó este proyecto de ley. Ni hablar de que también en el segundo gobierno de la entonces Presidenta Bachelet se desmanteló totalmente la ANI, lo que permitió que grupos terroristas se fueran organizando y el crimen organizado viera en Chile un terreno fértil donde operar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto por el tiempo de la bancada del Partido Socialista.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, la bancada de diputados del Partido Socialista va a votar a favor el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.

Esta es una materia muy delicada. Los sistemas de inteligencia por antonomasia son de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, y también de las Fuerzas de Orden y Seguridad: Carabineros y la PDI.

Existe también la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que cumplía algún rol, pero todos -me refiero al gobierno anterior, a este gobierno y también a todas las bancadas políticas están de acuerdo en que este sistema de inteligencia del Estado no existe actualmente en nuestro país. Se cae a pedazos, como dice el Partido Republicano. Ocurre así por varias razones, de las cuales hay varios ejemplos.

La primera es que operaban por separado. Cada uno recolectaba información de fuentes abiertas, de fuentes cerradas y hasta de fuentes dispersas, pero las conservaba para sí, sin siquiera compartirlas o chequearlas con otros organismos de inteligencia, incluso del mismo Ministerio de Defensa Nacional. Esta manera aislada de funcionar evidentemente reducía enormemente la posibilidad de obtener información de inteligencia útil para poder detectar y prevenir atentados contra la tranquilidad y la seguridad de todos los chilenos y chilenas, también porque prácticamente no tenían muchos controles democráticos, ni siquiera disponían muchos controles dentro de las propias ramas de las Fuerzas Armadas.

Yo creo que van a pasar a la historia por tocar fondo en materia de inteligencia cuando se detectó que ramas de inteligencia del Ejército habían intervenido teléfonos de periodistas que hacían investigación sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas. Es decir, la Dirección de Inteligencia del Ejército, en vez de detectar las amenazas de su entorno, del crimen organizado, del narcotráfico y de la ciberseguridad, estaba buscando detectar a los denunciantes de la corrupción para alertar y prevenir a sus comandantes en jefe o al alto mando que estaba involucrado en este tipo de actos. Hay varios ejemplos de eso.

También tenemos el ejemplo del denominado caso operación Antorcha en materia policial, en que supuestamente se habían comprado mecanismos de interceptación telefónica o de captura de datos para utilizarlos en la macrozona sur, pero se detectó que era una operación de espionaje y de fabricación de pruebas para obtener condenas sin tener ningún fundamento. Es decir, se tocó fondo en materia de inteligencia por tres razones: falta de controles democráticos, falta de orientación de parte de las propias autoridades y también un funcionamiento fragmentado, disperso o aislado.

Bueno, todo eso nutrió el debate realizado durante la tramitación de esta iniciativa y hoy día podemos decir que lo que estamos ofreciendo para su aprobación como ley de la república es si un verdadero sistema de inteligencia del Estado puede establecer, primero, una coordinación efectiva y llena de mecanismos para asegurarla, a cargo de la ANI, que va a dirigir el Comité de Inteligencia del Estado, y permitir que todos los organismos de la inteligencia del Estado puedan per se ahí mismo compartir, ver la información que tienen y analizar la manera en que pueden dar mayor eficacia a la anticipación frente a la amenaza.

Una última razón de por qué también es necesario modificar el sistema de inteligencia del Estado tiene que ver con que las amenazas que hoy enfrenta Chile para la seguridad y la tranquilidad de su población no son las mismas de hace veinte años. Hoy, las amenazas y los atentados en contra de la ciberseguridad, tanto el control de armamento que tiene el Ministerio de Defensa Nacional como también en el funcionamiento de la infraestructura crítica, es un punto que evidentemente hay que proteger de manera muy activa. Los hackers, y a veces hasta gobiernos extranjeros que utilizan estos medios para poder debilitar a Chile, tienen que ser enfrentados de manera preparada, coordinada y concertada, y este sistema de inteligencia lo va a hacer.

Junto con establecer la gobernanza a cargo de la ANI y la dependencia que tienen las distintas direcciones de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Púbica también se amplía el alcance del sistema a organismos colaboradores. En este sentido, van a ser claves en la participación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de Gendarmería de Chile, de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos, de la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin. Todos esos organismos pueden proporcionar información útil para enfrentar las amenazas del terrorismo, del crimen organizado transnacional, del narcotráfico y de atentados contra la ciberseguridad.

Quiero destacar que las herramientas que se entregan también son bastante peligrosas para los derechos ciudadanos. Se establece la posibilidad de intervención de comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y correspondencia; intervención de sistemas informáticos y red informática; escucha y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual en lugares cerrados, no abiertos; entrada y registro en lugares cerrados sin autorización del propietario. Todo ello, que son medidas muy intrusivas, son las verdaderas herramientas que va a tener este sistema para conseguir el objetivo de dar más tranquilidad a todos.

Se han buscado varios mecanismos de contrapeso. No se trata de entregar atribuciones tan amplias sin tener los debidos controles: habrá un control judicial previo y bien detallado, que será un contrapeso fundamental. También hay un contrapeso parlamentario y una comisión encargada de controlar esto, un control de la misma Contraloría General de la República y un conjunto de sanciones penales que van a permitir, en caso de que se excedan los límites, que se puedan aplicar incluso sanciones con penas privativas de libertad.

Es un sistema robusto, moderno a cargo de organizaciones que tienen experiencia, pero que hasta ahora no sabían trabajar en conjunto. Por supuesto, ahora esperamos que sí cumplan con sus objetivos y puedan ser realmente una herramienta que colabore en dar más tranquilidad a la gente, a todos los chilenos las chilenas, que enfrentan amenazas desconocidas y que son de amplio alcance y de amplia penetración y afectación a nuestra infraestructura crítica.

Hoy vivimos en un mundo completamente relacionado. La globalización no tan solo es comercial; es en los aspectos de la vida cotidiana. Por lo tanto, estamos globalizando un sistema de inteligencia a nivel de Chile que permitirá dar una respuesta más robusta y anticipatoria, que va a evitar incidentes que dañen la calidad de vida de todos los chilenos.

Es fundamental que nunca se pierdan de vista estos organismos de inteligencia, ya que ellos sirven para resguardar el Estado de derecho y a la democracia chilena. Esa es su fundamentación última, y por eso tienen estas atribuciones tan excedidas.

Por ello, nosotros vamos a aprobar el informe de la Comisión Mixta: porque es equilibrado.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta accidental).-

Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje y moción refundidos, que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, modifica la ley N° 20.850, que Crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos , correspondiente a los boletines Nos 15047-11 y 17567-11.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Salud y de Hacienda son los señores Héctor

Barría y Felipe Donoso , respectivamente.

Antecedentes: Mensaje:

-Moción, boletín N° 15047-11, sesión 31ª de la legislatura 370ª, en martes 7 de junio de 2022. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Mensaje, boletín N° 17567-11, sesión 30ª de la presente legislatura, en lunes 2 de junio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 104ª de la presente legislatura, en miércoles 17 de diciembre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 115ª de la presente legislatura, en lunes 26 de enero de 2026. Documentos de la Cuenta N° 17.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

Antes de dar la palabra al diputado informante de la Comisión de Salud, quiero informar que ha llegado a la Mesa el oficio que establece que, por ausencia de la ministra de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli , actuará en calidad de ministra subrogante, para que nadie tenga dudas respecto de su presencia en la Sala.

En reemplazo del diputado Héctor Barría , rinde el informe de la Comisión de Salud el diputado Tomás Lagomarsino .

El señor LAGOMARSINO (de pie).-

Señorita Presidenta, la Comisión de Salud viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre dos proyectos referidos al tema anteriormente individualizado. El primero modifica la ley N° 20.850, que Crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, y rinde homenaje póstumo al señor Luis Ricarte Soto Gallegos , con el objeto de modificar la distribución del fondo para lograr mayor disponibilidad de los recursos en beneficio de los pacientes, iniciado en moción de los diputados Tomás Lagomarsino , Eric Aedo , Danisa Astudillo , Marta Bravo , Karol Cariola , María Luisa Cordero , Helia Molina , Agustín Romero , Patricio Rosas y Alexis Sepúlveda .

El segundo optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, modifica la ley N° 20.850, que Crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos , iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font .

Se hace presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la Corporación, a propuesta de la comisión, autorizó refundir ambos proyectos con fecha 9 de junio de 2025.

Hubo consenso en tomar como texto base para la discusión el contenido en el mensaje, al cual se le harían las indicaciones respectivas.

Idea matriz o fundamental

La idea matriz o fundamental de ambos proyectos es introducir modificaciones en la ley N° 20.850, que Crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, y rendir un homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto , con la finalidad de modernizar, asegurar la sostenibilidad del sistema y fortalecer su equidad y eficiencia, a fin de garantizar el acceso a los fondos a un mayor número de personas que lo requieran para las patologías cubiertas por dicha ley, mediante el aumento de recursos del fondo y la flexibilidad de los límites de gasto, de tal manera de adecuar la normativa legal a la creciente demanda y al contexto sanitario actual.

Antecedentes para la presentación del proyecto de ley

1. Reconocimiento de una demanda ciudadana

Se expone que la primera “Marcha de los Enfermos”, realizada hace doce años, visibilizó la necesidad de un fondo nacional para cubrir tratamientos de alto costo, demanda impulsada por Luis Ricarte Soto , cuya acción derivó en la promulgación de la ley N° 20.850. Esta normativa, conocida como “ley Ricarte Soto ”, ha permitido cubrir patologías de alto costo, como cánceres, enfermedades inmunológicas y algunas enfermedades raras. Desde su implementación en 2016, ha significado un avance en la protección financiera ante condiciones de alto impacto económico, garantizando el acceso a tratamientos, diagnósticos y tecnologías con alto valor terapéutico, lo que reafirma la relevancia del rol del Estado bajo principios de equidad, solidaridad y participación ciudadana.

A diciembre de 2024, 66.920 personas habían sido beneficiadas, mayoritariamente mujeres (64 por ciento), y con alta presencia de usuarios entre los 45 y 64 años y entre 0 y 9 años. Se señala, además, que el 59,1 por ciento de los beneficiarios estaba activo, es decir, recibía el beneficio al momento de la tramitación; el resto ya estaba inactivo, es decir, tenían su caso cerrado, ya sea por término de tratamiento, fallecimiento o rechazo del beneficio.

Asimismo, se destaca que el número de patologías cubiertas aumentó de 11 en 2015 a 27 en 2019, con 67 tecnologías sanitarias garantizadas.

Desde una perspectiva global, el proceso de la normativa se ajusta a las mejores prácticas internacionales y ha transformado el acceso a diagnósticos y tratamientos innovadores. Dado su impacto, se considera necesario comprender detalladamente su funcionamiento.

2. Funcionamiento del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo

La ley N° 20.850 garantiza cobertura económica a afiliados de los sistemas público o privado de salud (Fonasa e Isapre), como también a las cajas de previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de Carabineros de Chile (Dipreca), sin distinción socioeconómica, para enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes definidas por el decreto respectivo.

Para determinar qué diagnósticos y tratamientos se incluyen, el proceso abarca cuatro etapas: identificación y preselección de potenciales candidatos -se refiere a tecnologías-, evaluación científica de evidencia y recomendación, análisis o disposición financiera y decisión final. Se lleva a cabo en el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, que, mediante recomendaciones recibidas de comisiones técnicas o agrupaciones de pacientes, se determina los diagnósticos y tratamientos aplicables y sus costos anuales, que deben superar el umbral nacional de alto costo definido, cada tres años, por decreto de los ministerios de Hacienda y de Salud. Aclara, asimismo, que serán considerados como diagnóstico o tratamiento de “alto costo” solo aquellos que superen el 40 por ciento de los ingresos familiares anuales promedio, tras cubrir los gastos básicos de subsistencia, y solo esos podrán ser objeto del proceso de Evaluación Científica de la Evidencia (Etesa).

Mediante el proceso de Etesa, se evalúan y analizan factores como eficacia, seguridad, costos, mecanismos de pago, como el de Acuerdo de Riesgo Compartido (ARC), Precio Máximo Industrial (PMI) y aspectos sociales, éticos y jurídicos. El precio máximo industrial se utiliza con la doble finalidad de efectuar las proyecciones financieras y de controlar el gasto que se va cobrando una vez acordado con los proveedores. La evaluación culmina con un informe científico público revisado por la Comisión de Recomendación Priorizada, integrada por doce expertos y dos representantes de pacientes, que establece una prelación para la eventual inclusión de tratamientos, si es que hubiere fondos.

Finalmente, el Ministerio de Salud y el de Hacienda dictan un decreto con los diagnósticos y tratamientos a cubrir que formarán parte del sistema, así como los plazos y condiciones de revisión, cuya garantía es ejecutada por el Fonasa, que es el organismo que asegura que las personas beneficiarias, cualquiera sea su sistema de salud, reciban las respectivas prestaciones sin costo, y entregadas por la red de prestadores aprobada por el Ministerio de Salud. Estas coberturas tienen vigencia de tres años, prorrogable automáticamente si no existen modificaciones al vencimiento del plazo.

Dicha ley contempla que los tratamientos y diagnósticos se financian mediante el fondo de la “ley Ricarte Soto”, compuesto por aportes fiscales, donaciones, cooperación internacional y rentabilidad de inversiones. La ley fija límites al costo anual del conjunto de tratamientos cubiertos.

Otro componente del funcionamiento del sistema corresponde a la supervisión de cumplimiento de la normativa, para lo cual existe una Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, que monitorea y propone recomendaciones a la autoridad sanitaria. En los últimos tres años, esta comisión ciudadana ha emitido informes en los cuales ha identificado brechas y ha sugerido recomendaciones y mejoras.

3. Desafíos actuales en la implementación y sustentabilidad del fondo de la “ley Ricarte Soto”

Pese a los avances alcanzados, la creciente demanda por terapias de alto costo y los altos precios han generado nuevos desafíos financieros y regulatorios. Se plantea la necesidad de modificar el sistema para responder a esta demanda sin afectar la continuidad de las garantías vigentes ni la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias. Esto requiere aumentar los recursos del fondo y asegurar su uso eficiente. Se advierte que el aporte fiscal y el límite del costo anual resultan insuficientes para las necesidades actuales.

En 2021, la Dirección de Presupuestos alertó que el fondo, tal y como estaba planteado, dejaría de ser sustentable en 2027, lo que fue ratificado por la comisión investigadora de la “ley Ricarte Soto ”, frente a lo cual sugirió que un nuevo decreto continuara con las patologías vigentes hasta esa fecha, y solo contemplar su reemplazo en la medida en que nuevos tratamientos demostraran una mejor relación entre su costo y efectividad, o la inclusión de nuevos tratamientos con efecto neutro en el gasto, lo cual sucedió con posterioridad.

La comisión investigadora sobre el tema que se formó en 2024 en la Cámara de Diputadas y Diputados (CEI 40) coincidió con esas preocupaciones y recomendó aumentar el presupuesto, fortalecer la institucionalidad y mejorar los mecanismos de evaluación.

A su vez, junto con la inyección de recursos, se enfatiza la necesidad de asegurar eficiencia en el uso del fondo, dado que existen vacíos en la regulación respecto de responsabilidades, actualización del Precio Máximo Industrial (PMI) y transición entre regímenes de protección, como, por ejemplo, con el Sistema de Garantías Explícitas en Salud.

En concordancia con lo anterior, se advierte que la Comisión Ciudadana de Vigilancia sugirió revisar los diagnósticos y tratamientos del sistema, para alinearlos con el espíritu original de la ley, dado que el presupuesto no es suficiente para la demanda actual.

A lo anterior se agrega que en la tramitación de la ley de presupuestos para el año 2025 se acordó que el Ejecutivo presentaría un proyecto para mejorar la sustentabilidad del fondo.

Finalmente, luego de diez años desde la implementación de la ley, se identifican dos áreas donde el Ministerio de Salud ha observado dificultades regulatorias. Por un lado, la difícil integración de la Comisión de Recomendación Priorizada, atendido a que no ha habido suficientes personas expertas interesadas en participar (se requiere tiempo y dedicación), quorum reducidos e imposibilidad de efectuar sesiones telemáticas, a lo que se suman inhabilidades estrictas. Por ello, una de las recomendaciones de la comisión investigadora fue que la función de los integrantes de dicha comisión sea remunerada. Por otro lado, en cuanto a los mecanismos de Acuerdo de Riesgo Compartido (ARC), se reconoce que, aunque se trata de instrumentos que buscan mitigar la incertidumbre asociada al rendimiento y gestionar las tecnologías para maximizar su efectividad y controlar el impacto presupuestario, ha representado un desafío en la adquisición de medicamentos de alto costo y nuevas terapias para el Estado.

Objetivos y contenidos del proyecto de ley refundido

Se plantea que, dada la legitimidad y eficacia de la ”ley Ricarte Soto ”, se requiere modernizar sus herramientas para responder al aumento de la demanda por diagnósticos y tratamientos de alto costo. El proyecto de ley busca asegurar la viabilidad del Sistema de Protección Financiera, actualizando y perfeccionando la normativa para fortalecer su sustentabilidad y mejorar la equidad y eficiencia en la entrega de coberturas.

Se precisa que la iniciativa se estructura en tres ejes. El primero es un eje financiero orientado a incrementar los aportes del fondo; el segundo se centra en optimizar la sustentabilidad del fondo para garantizar que los recursos se destinen a diagnósticos y tratamientos de alto costo respaldados por evidencia favorable y coherentes con el espíritu de la ley, y el tercero corresponde al ámbito participativo, introduciendo cambios en la integración de la Comisión de Recomendación Priorizada y otorgando nuevas atribuciones a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control.

1. Eje financiero

El proyecto de ley plantea dos aspectos centrales en materia financiera.

1.1. Aumento del aporte anual permanente al fondo.

Se elevará el aporte fiscal anual permanente del fondo, pasando de 100.000 millones de pesos a 185.000 millones de pesos. Con ello se busca que el fondo responda mejor a las condiciones actuales y futuras del sistema sanitario, permitiendo ampliar la cobertura y los diagnósticos y tratamientos de alto costo.

1.2. Aumento del límite del costo anual esperado respecto del presupuesto del fondo.

Se aumentará de 80 al 90 por ciento, considerando que las proyecciones actuales superan el umbral vigente. Este ajuste se alinea con una moción parlamentaria presentada por integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, correspondiente al boletín N° 15047-11.

2. Eje de optimización de la sustentabilidad del fondo

Se busca resguardar el uso adecuado de los recursos del fondo mediante ajustes operativos del sistema.

2.1. Rol de la Subsecretaría de Salud Pública en materia de umbral nacional de costo anual y evaluación científica de la evidencia.

Se establece que la subsecretaría deberá verificar constantemente que cada tecnología del sistema supere el umbral nacional de alto costo, confirmando así la categoría de alto costo. Si una tecnología baja de dicho umbral, deberá dictarse un acto administrativo que modifique el decreto correspondiente. Asimismo, la subsecretaría deberá asegurar que las tecnologías mantengan evidencia científica favorable. Si la evidencia demuestra pérdida de eficacia o seguridad, deberá informarse al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda para modificar el decreto respectivo, indicando además la fecha a partir de la cual se excluirán del sistema los diagnósticos o tratamientos que hayan perdido su efectividad.

El proyecto también incorpora reglas para asegurar la disponibilidad de diagnósticos o tratamientos excluidos, regulando el tránsito desde la denominada “ley Ricarte Soto ” hacia el Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES) o hacia el régimen general, con resguardo de la protección financiera y la continuidad de tratamientos.

2.2. Creación de una norma especial para acuerdos de riesgo compartido.

Se propone fortalecer el uso de los Acuerdos de Riesgo Compartido (ARC) en las adquisiciones realizadas por la Cenabast, estableciendo expresamente su utilización y garantizando la confidencialidad necesaria. Se argumenta que la excesiva transparencia genera desventajas frente a estándares internacionales, los cuales aseguran algunos espacios de confidencialidad.

2.3. Precio Máximo Industrial (PMI) y su incidencia en el ejercicio de la condición resolutoria.

Se incorpora la obligación de que la Subsecretaría de Salud Pública publique mediante resolución el Precio Máximo Industrial (PMI) asociado a cada tecnología del sistema, con el fin de dar certeza a la industria y, a su vez, impedir abusos de esta, y reducir contingencias en la aplicación de la condición resolutoria de la Cenabast cuando los precios aumenten. También se faculta a la subsecretaría para actualizar el PMI cuando existan variaciones de mercado pertinentes y para ajustar nuevas tecnologías.

2.4. Cambios al sistema con efecto financiero neutro.

Se explicita que la autoridad puede introducir modificaciones a los diagnósticos y tratamientos del sistema, siempre que estas sean financieramente neutras para el fondo, lo que deberá ser acreditado mediante un estudio de equilibrio financiero público y fundamentado.

3. Eje de participación ciudadana

3.1. Modificaciones a la conformación y funcionamiento de la Comisión de Recomendación Priorizada.

Se propone reestructurarla debido a dificultades de participación, aumentando la transparencia y la imparcialidad.

Entre los cambios previstos se incluyen:

a) Reducir el número de expertos de doce a cinco, manteniendo dos representantes de agrupaciones de pacientes.

b) Permitir sesiones remotas.

c) Ajustar las inhabilidades por parentesco según la normativa administrativa general. d) Reforzar el deber de abstención.

e) Establecer una dieta de 8 UF por sesión, con tope de doce sesiones anuales.

f) Exigir declaración de intereses y patrimonio (DIP), conforme a la ley N° 20.880.

Todas estas medidas buscan fortalecer la integridad y calidad del proceso de priorización de tratamientos de alto costo.

3.2. Incorporación de una nueva función a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y

Control.

Se le otorga la facultad de advertir, fundadamente, a la Subsecretaría de Salud Pública sobre eventuales problemas de eficacia o seguridad en diagnósticos y tratamientos financiados por la ley. Esta atribución permite reforzar los mecanismos de control ciudadano y asegurar que los recursos públicos financien tecnologías con evidencia científica favorable. Se destaca el rol histórico de pacientes y sociedades científicas en este proceso participativo.

Contenido del proyecto de ley

El proyecto contiene un artículo único y tres disposiciones transitorias. El artículo único modifica distintos aspectos de la ley N° 20.850:

-Se modifica el artículo 7° para incluir las advertencias de la comisión ciudadana en la etapa de evaluación científica de la evidencia (Etesa).

-Se introducen ajustes al artículo 8° para mejorar el funcionamiento de la Comisión de

Recomendación Priorizada:

a) Reducir la cantidad de integrantes a siete.

b) Permitir sesiones remotas con quorum de cinco.

c) Ajustar la declaración de intereses al formato de la ley N° 20.880.

d) Precisar inhabilidades por parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

e) Establecer un plazo de doce meses para considerar dichas inhabilidades. f) Reforzar el deber de abstención y permitir recusaciones.

g) Incorporar una dieta de ocho UF por sesión, hasta doce sesiones anuales.

-Se modifica el artículo 9° para:

a) Incluir al Ministerio de Salud en el informe de sustentabilidad. b) Aumentar el límite anual del fondo de 80 al 90 por ciento.

c) Permitir modificaciones financieramente neutras fundamentadas en estudios conjuntos del Ministerio de Salud y la Dirección de Presupuestos.

d) Incluir al Minsal y a la Cenabast entre los organismos que deben entregar información para dichos estudios.

-Se incorpora un artículo 9° bis, que obliga a publicar o actualizar el Precio Máximo Industrial, dentro de treinta días de cada decreto, y permite modificarlo administrativamente cuando existan cambios de mercado.

-Se agregan incisos al artículo 10 para que la subsecretaría informe anualmente a la Dipres sobre variaciones de precios, seguridad o eficacia, obligando a modificar el decreto si dichas variaciones lo justifican, conforme a los nuevos artículos 11 ter y 11 quáter.

-Se incorporan los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quáter. El artículo 11 bis regula el tránsito de tecnologías desde la denominada “ley Ricarte Soto ” al sistema GES, asegurando la mantención de la protección financiera para afiliados al Fonasa , a las isapres y para beneficiarios de la Dipreca y de la Capredena. Los artículos 11 ter y 11 quáter regulan las consecuencias cuando un diagnóstico o tratamiento deja de cumplir requisitos de alto costo o evidencia científica.

-Se modifica el artículo 20, aumentando el aporte fiscal anual a 185.000 millones de pesos.

-Se modifica el artículo 25 para añadir, como función de la comisión ciudadana, la facultad de advertir sobre problemas de eficacia o seguridad de tecnologías financiadas.

-Se modifica el artículo 31 para regular los Acuerdos de Riesgo Compartido celebrados por la Cenabast, estableciendo su carácter público, pero permitiendo declarar reservados ciertos elementos cuya revelación afecte la negociación estatal.

Las disposiciones transitorias establecen:

–Un plazo de seis meses para adecuar reglamentos, protocolos y normas técnicas.

–Un plazo de treinta días para designar la nueva Comisión de Recomendación Priorizada, contados desde la adecuación del reglamento pertinente.

–La imputación del mayor gasto fiscal que generará la ley.

Intervenciones en el seno de la comisión

-La subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli .

-En representación de la Dirección de Presupuestos, el señor Pablo Jorquera .

-La jefa de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, señora Tania Herrera .

-El presidente de la Federación de Enfermedades Raras, señor Alejandro Andrade .

-El presidente de la Sociedad Chilena de la Hemofilia, señor Ismael Espinosa Campos .

-La vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile, señora Mariela Formas .

-El presidente de la Corporación de Familias Duchenne Chile, señor Marcos Reyes .

-La economista en el área de la salud, señora Daniela Sugg .

-El presidente de la Fundación del Síndrome Vogt Koyanagi Harada y Uveítis Chile , señor Cristian Antonio Quijada Ossa .

-El representante de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes Unidos por los Pacientes, señor Bernardino Fuentes .

-El representante de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes Unidos por los Pacientes, señor Gonzalo Tobar .

-La vicepresidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes (Fenpof-Chile), señora Jessica Cubillos .

-La economista de la Salud, señora Daniela Sugg Herrera .

-La ministra de Salud, señora Ximena Aguilera .

-El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), señor Camilo Cid Pedraza .

-El director de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), señor Jaime Espina Ampuero .

Votación en general del proyecto de ley

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en el proyecto, y luego de recibir la opinión del Ejecutivo, que permitió a sus miembros formarse una idea de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes (9 votos a favor).

Votaron a favor las diputadas Mónica Arce , Danisa Astudillo , María Luisa Cordero , Ana María Gazmuri y Helia Molina , y diputados Andrés Celis , Tomás Lagomarsino , Daniel Lilayu y Agustín Romero .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta accidental).-

En reemplazo del diputado Felipe Donoso , rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO, don Agustín (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Sala, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas Danisa Astudillo , Marta Bravo , Karol Cariola , María Luisa Cordero y Helia Molina , y los diputados Eric Aedo , Tomás Lagomarsino , Agustín Romero , Patricio Rosas y Alexis Sepúlveda , refundido con un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley Nº 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo (“ley Ricarte Soto ”), para optimizar el mecanismo de sustentabilidad del respectivo fondo.

Concurrió en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli , quien estuvo acompañada del subjefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, señor Pablo Jorquera .

La idea matriz del proyecto persigue asegurar la sostenibilidad del sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades de alto costo, introduciendo modificaciones en la “ley Ricarte Soto ” destinadas a modernizar y fortalecer su equidad y eficiencia, así como a garantizar el acceso a los fondos y patologías cubiertas por esta ley a mayor número de personas.

En su exposición, la subsecretaria Albagli destacó que actualmente la “ley Ricarte Soto ” beneficia a 71.550 personas, cubriendo 27 enfermedades y 67 tecnologías sanitarias. Sin embargo, observó que transcurrida una década de aplicación, la norma evidencia vacíos en materia de definiciones para garantizar que los tratamientos incorporados continúen cumpliendo los requisitos legales que justifican su cobertura financiera, así como áreas de mejora en la retribución al trabajo de la Comisión de Recomendación Priorizada y en la gestión de los acuerdos de riesgo compartido.

Se detuvo especialmente en la situación patrimonial del fondo, cuyo financiamiento es predominantemente fiscal, pues su stock, al finalizar cada ejercicio, observa un margen cada vez menor, a lo que se adiciona que los retiros anuales resultan insuficientes para cubrir el gasto efectivo y que la proyección para definir su sustentabilidad ha subestimado el gasto real. Más aún, de acuerdo con un informe de sostenibilidad elaborado por la Dirección de Presupuestos, la holgura del fondo sería insuficiente para financiar las garantías en régimen a partir de 2027, realidad que demostraría que la actual fórmula de financiamiento es insuficiente ante el crecimiento de la demanda y la cobertura de nuevas tecnologías.

En particular, el proyecto de ley aumenta el aporte fiscal anual al fondo en 85 por ciento, para llegar a 185.000 millones de pesos, y permite elevar el techo de su gasto desde el 80 por ciento actual al 90 por ciento.

Asimismo, para optimizar su gestión y sustentabilidad presupuestaria, se fortalece el rol de la Subsecretaría de Salud Pública, facultándola a monitorear el umbral de alto costo, supervisar la efectividad basada en evidencia científica y elaborar informes anuales de variaciones de precios y seguridad.

La iniciativa de ley modifica también las transiciones entre los sistemas “ley Ricarte Soto ” a GES, de modo de asegurar la protección financiera y la continuidad de tratamientos para los pacientes, y mejora luego la transparencia del precio máximo industrial, disponiendo su publicación obligatoria dentro de 30 días y su actualización periódica según los cambios del mercado.

Se fortalece la adquisición de tecnología sanitaria que realiza la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud a través de acuerdos de riesgo compartido, y se mejora el uso del precio máximo industrial para evitar eventuales abusos en los precios de los diagnósticos o tratamientos.

En el ámbito organizacional, se modifica la conformación y funcionamiento de la Comisión de Recomendación Priorizada, reduciendo el número de expertos de doce a cinco miembros, autorizando las sesiones remotas, flexibilizando las inhabilidades y creando una remuneración de 8 unidades de fomento por sesión a sus integrantes.

En la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control se robustecen los mecanismos de evaluación, control ciudadano y transparencia a través de la facultad de advertir fundad amente a la Subsecretaría de Salud Pública sobre posibles problemas de eficacia o seguridad de las tecnologías sanitarias financiadas por la ley.

En lo referido a sus efectos fiscales, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que la dieta establecida para los miembros de la Comisión de Recomendación Priorizada de 8 UF por cada sesión, con tope de 12 sesiones al año, significará desembolsos por hasta 26,7 millones de pesos.

De mayor impacto será el nuevo aporte al Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, que llegará a 185.000 millones de pesos anuales.

En materia de financiamiento se precisa que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario se imputará al presupuesto de la partida del Ministerio de Salud y, en lo que faltare, a recursos del Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.

Durante su tramitación en la comisión, los parlamentarios pidieron precisiones sobre la gestión del fondo, los incentivos para incrementar el aporte de privados y la identificación de la fuente de los recursos en el presupuesto vigente.

Finalmente, puestas en votación las disposiciones de su competencia, resultaron todas aprobadas, unas por unanimidad, otras por mayoría de votos, por los nueve parlamentarios presentes: los diputados Carlos Bianchi , Ricardo Cifuentes , Miguel Mellado , Agustín Romero , Juan Santana , Gastón von Mühlenbrock , Jaime Sáez , Boris Barrera y Felipe Donoso .

Como consecuencia de lo relatado, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable

Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministra que nos acompaña.

Sin duda, cuando una familia recibe el diagnóstico de una enfermedad grave o poco frecuente, comienza una de las etapas más complejas de la vida, ya que no solo debe enfrentar el dolor y la incertidumbre, sino también el miedo de no contar con los recursos para acceder a un tratamiento que puede ser vital. Esa es una realidad injusta, que el Estado no puede ignorar.

La “ley Ricarte Soto ” ha sido una respuesta concreta y profundamente humana frente a esa realidad, y ha significado esperanza y alivio para miles de familias en nuestro país, pero hoy debemos reconocer con responsabilidad que su sustentabilidad está en riesgo. Si no hacemos nada al respecto, a partir de 2027, el fondo no contará con los recursos suficientes para cumplir con las garantías comprometidas.

El proyecto que hoy discutimos da una respuesta seria a este desafío: aumenta el aporte fiscal en un 85 por ciento, elevándolo a 185.000 millones de pesos; mejora la eficiencia del sistema y fortalece la transparencia. Eso permitirá beneficiar a más de 71.000 personas que hoy dependen de esta ley y abrir la puerta a nuevos pacientes que esperan una oportunidad. Aquí no discutimos solo cifras. Hablamos de dignidad, de justicia social y del rol que debe cumplir el Estado cuando las familias más vulnerables enfrentan momentos complejos, difíciles y críticos.

Por eso, insto a los colegas a aprobar este proyecto de ley con convicción, porque un país justo es aquel que acompaña a su gente cuando más lo requiere, fundamentalmente en este complejo tema de salud.

Anuncio que votaré favorablemente esta iniciativa.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señorita Presidenta, la “ley Ricarte Soto ” ha sido altamente valorada por la ciudadanía y es un referente a nivel mundial que ha beneficiado a más de 70.000 pacientes.

El presente proyecto de ley nos otorga la oportunidad de perfeccionarla. Sin embargo, el aumento de 100.000 millones de pesos a 185.000 millones de pesos anuales que se presenta en este proyecto sigue siendo una cifra insuficiente, considerando que en el año 2024 el gasto real alcanzó a 193.000 millones de pesos y los compromisos futuros podrían superar los

200.000 millones de pesos. En ese sentido, creo que es imprescindible un análisis financiero más actualizado para dar real garantía de cobertura a los pacientes.

El proyecto contiene diversos aspectos altamente técnicos, a los que no me referiré, pero valoro sobremanera que mejoren los mecanismos de participación y control por parte de agrupaciones de pacientes y sociedades científicas, que han venido alertando, de manera constante, sobre los retrasos en la cobertura, las fallas en la evaluación de las tecnologías sanitarias y los problemas de eficacia y seguridad en los diagnósticos y tratamientos financiados por la “ley Ricarte Soto ”.

También valoro que el presente proyecto reduzca el número de expertos en la Comisión de Recomendación Priorizada, permitiendo así entregarles una dieta acorde a las funciones que desempeñan, ya que son una pieza clave en la evaluación de evidencia científica y en la priorización de las prestaciones para asegurar el uso eficiente de los recursos.

Sin lugar a dudas, voy a apoyar esta iniciativa.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señorita Presidenta, sin duda, el proyecto de ley que hoy discutimos representa un paso significativo para que el Estado asuma de manera decidida su responsabilidad en la protección de las familias y en la garantía efectiva del derecho a la salud. En particular, viene a corregir debilidades estructurales que ha tenido la “ley Ricarte Soto ” desde su implementación, especialmente frente a una realidad ineludible: el alto costo de los tratamientos y la incertidumbre que esto ha significado para miles de pacientes que llevan años esperando que esto pueda tener una mayor certeza.

El fortalecimiento financiero del fondo con una inyección de recursos relevante y el aumento del límite de gasto no solo son una medida presupuestaria; son una definición ética y política clara. La vida y la continuidad de los tratamientos no pueden quedar sujetos a la disponibilidad coyuntural de recursos. Ese nunca fue el espíritu de esa ley.

Este proyecto refuerza la sostenibilidad del sistema y entrega certezas a quienes hoy viven con el temor permanente de que su tratamiento se interrumpa o quede sin financiamiento.

Quiero subrayar que esta iniciativa moderniza la “ley Ricarte Soto ” sin alterar su esencia: se mejora el proceso de evaluación de diagnóstico y tratamientos de alto costo, asegurando que sea periódico, basado en evidencia científica y sustentado en criterios técnicos y no exclusivamente financieros. Al mismo tiempo, se avanza en transparencia y control ciudadano, obligando a fundamentar las decisiones, a publicar las solicitudes y a considerar formalmente las observaciones de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, fortaleciendo así la confianza pública en el sistema.

Un avance especialmente relevante es la continuidad garantizada de los tratamientos para todos los pacientes, independientemente de si pertenecen al Fonasa, a las isapres o a las Fuerzas Armadas. Si un medicamento deja de estar cubierto por la “ley Ricarte Soto ”, el paciente no queda en el abandono, pues se asegura su acceso a través del sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), con copago cero. Eso pone fin a una incertidumbre histórica y protege a las personas frente a la interrupción de las terapias vitales. Por lo mismo, será clave fiscalizar rigurosamente que este derecho se implemente sin que su costo sea traspasado a los planes de salud de los trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, el proyecto fija plazos claros y estrictos para dictar reglamentos, nombrar a las nuevas comisiones y realizar el primer traspaso de tecnología. Estos plazos no pueden convertirse en excusas administrativas; deben reflejar la urgencia de quienes esperan una respuesta del sistema de salud y garantizar que la burocracia no retrase tratamientos que muchas veces son de vida o muerte.

También se perfecciona la institucionalidad técnica, reduciendo y profesionalizando la Comisión de Recomendación Priorizada, estableciendo reglas claras de funcionamiento, transparencia y prevención de conflictos de intereses. Eso permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos y mejores decisiones.

Finalmente, se incorporan herramientas claves para equilibrar la relación con la industria farmacéutica, como el precio máximo industrial y los acuerdos de riesgo compartido, que ponen límites razonables al gasto público y vinculan los pagos a resultados clínicos reales.

En síntesis, este proyecto fortalece la sostenibilidad del sistema, amplia la cobertura, protege a los pacientes y reafirma que la salud es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.

Los invito a aprobar unánimemente este proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Marta Bravo .

La señorita BRAVO (doña Marta) .-

Señorita Presidenta, en la Región de Ñuble conocemos la urgencia de una salud accesible y oportuna.

La “ley Ricarte Soto ” es un logro histórico nacido del sentir ciudadano. Ha sido un salvavidas para más de 70.000 chilenos, pero el aporte fiscal tiene un tope insuficiente. Por eso, el Ministerio de Salud (Minsal) ha tenido que suspender la evaluación de nuevos tratamientos. Eso inaceptable, porque cierra la puerta a quien más lo necesita.

Este proyecto da un paso al aumentar el aporte a 185.000 millones de pesos, pero expertos advierten que sigue siendo insuficiente. Por eso, también debemos ser capaces de avanzar en innovación para Chile. Es inaceptable que nuestro país tenga tan baja participación en investigación clínica. Este proyecto alivia levemente las cargas, pero debemos ser audaces. Transformemos a Chile en un polo de investigación biomédica. Eso acerca terapias a nuestros pacientes y, sin duda, desarrolla el conocimiento nacional.

No podemos dejar que esta ley símbolo de alivio se convierta en una promesa vacía por falta de coraje legislativo. Aprobar la idea de legislar es el primer paso, pero debemos fortalecer este proyecto con reformas estructurales. Hablo, por ejemplo, por Benjita, de Cobquecura, y por muchos otros pacientes; o, por ejemplo, por Amandita, de Chillán, cuya mamá, Lidia , caminó desde Ñuble hasta el palacio de la Moneda para visibilizar una patología, el neuroblastoma y sus complicaciones, y la necesidad de que exista una forma real de protección y apoyo en el tratamiento, que es de alto costo y no disponible en Chile.

Parte de esa forma de ayuda es precisamente esta iniciativa, de la cual también me enorgullece ser una de sus autoras. Por lo mismo, por los miles de beneficiarios y por quienes esperan serlo, actuemos con la altura que Chile merece, y que los pacientes, sin duda, necesitan.

Votaré a favor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Lagomarsino .

El señor LAGOMARSINO.-

Señorita Presidenta, quiero partir por aclarar un elemento que es fundamental, porque el diputado Bianchi ha señalado en esta Sala que el fondo crece a un 85 por ciento. Es verdad que el fondo de la “ley Ricarte Soto” crece a un 85 por ciento respecto de la ley original del año 2015, pero en todos estos años se ha ido reajustando, y hoy alcanza una cifra que está en torno a 155.000 millones de pesos en la actual ley de presupuestos del sector público.

Entonces, el incremento efectivo no es de 85.000 millones de pesos, sino que está en torno a 30.000 millones de pesos. Es fundamental tener eso en cuenta, porque fue un elemento importante en la discusión en el seno de la comisión y abrió dudas muy importantes con el Ejecutivo y con el Ministerio de Salud.

Lo anterior no lleva, por supuesto, a rechazar esta iniciativa -no piensen en ello-, pero sí se debe tener en cuenta.

En particular, debido a que esa disponibilidad de recursos se mantiene dentro, por sobre el umbral de sustentabilidad, eso impediría que se incorporaran nuevas tecnologías.

Es por ello que en esta iniciativa legal se incorpora una herramienta fundamental, que es el traspaso de tecnologías desde la “ley Ricarte Soto ” al sistema de Garantías Explícitas en Salud. Si esa medida se ejecuta, nos permitirá disponer recursos para que se incorporen tecnologías que están hace mucho tiempo esperando espacios financieros en la “ley Ricarte Soto ”.

Sin embargo, no se nos dijo cuándo iba a ocurrir dicho traspaso, que se estaba regulando. Por eso, es importantísima la indicación que presentamos, que fue aprobada en la Comisión de Salud, al artículo primero transitorio, la que establece que “En el mismo plazo de seis meses indicado en el inciso anterior, se deberá hacer un traspaso de tecnologías desde el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis y siguientes.”.

El gobierno siguiente tendrá que ejecutar eso, y de él devendrá, cuando este proyecto sea ley de la república, que se cuente con los fondos suficientes para viabilizar la “ley Ricarte Soto ” más allá de los 30.000 millones de pesos efectivos que se están incorporando.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señorita Presidenta, la “ley Ricarte Soto ” nació para responder a una de las situaciones más dramáticas que puede enfrentar una familia: una enfermedad grave de alto costo, frente a la cual el esfuerzo individual resulta simplemente insuficiente.

El proyecto que hoy discutimos parte de un diagnóstico correcto. El Fondo de Tratamientos de Alto Costo enfrenta tensiones de sustentabilidad que, de no ser abordadas, terminarán traicionando su propio espíritu, y no hay nada más injusto que prometer una protección que el Estado no es capaz de sostener en el tiempo.

Por lo tanto, valoro que esta iniciativa busque ordenar el sistema. El aumento del aporte fiscal y la mayor flexibilidad de uso del fondo permitirían cumplir con los compromisos ya asumidos, pero sería un error -lo digo con claridad presentar esto como una solución definitiva, porque no lo es. En el mejor de los casos, es una corrección necesaria para evitar el colapso inmediato.

Lo verdaderamente relevante de este proyecto está en otro plano: en la introducción de reglas que devuelven la racionalidad al sistema. Me refiero en particular al deber de revisar permanentemente si las tecnologías financiadas siguen siendo realmente de alto costo y si cuentan con evidencia favorable, y a la posibilidad de que, cuando dejen de serlo, sean traspasadas definitivamente al GES.

Esa decisión no es solamente técnica, sino profundamente moral, porque permite que los limitados recursos del Estado se destinen a quienes verdaderamente los necesitan.

Del mismo modo, el fortalecimiento de los mecanismos de compra, el control de precios y los acuerdos de riesgo compartido son pasos en la dirección correcta en esta materia.

Si estamos de acuerdo en que el Estado tiene el deber de proteger a los pacientes, del mismo modo y con la misma intensidad debemos concordar en que tiene la obligación de cuidar los recursos de todos los chilenos. No hacerlo sería irresponsable y, a la larga, injusto.

Dicho lo anterior, no puedo dejar de advertir un riesgo: si este fondo se administra sin rigor, y si se cede a presiones políticas o emocionales, volveremos a discutir lo mismo en pocos años más, pidiendo más recursos, pero sin corregir las causas del problema.

La sustentabilidad no se decreta, sino que se construye con reglas claras, con evidencias y con coraje para tomar decisiones difíciles.

Por estas razones, votaré a favor este proyecto, y lo haré con una convicción muy clara: la verdadera defensa de los pacientes no está en prometerlo todo, sino en construir un sistema serio, honesto y sostenible, que cumpla hoy y también mañana.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, sin duda, la misión, la visión y la connotación valórica que conlleva la “ley Ricarte Soto ” son de alto vuelo. Esta ley es una herramienta financiera para ayudar de alguna manera a paliar la deuda constante del Estado frente a las patologías de alto costo.

Por lo tanto, este es un tema de Estado que debe ser transgubernamental y que debe afectar transversalmente a todos los sectores políticos de la sociedad.

Sin embargo, existe una brecha importante en el tiempo, que es determinada por los fármacos de alto costo, porque lo que subyace es un modelo de sociedad abusivo en que se concibe la salud como un negocio. Es un modelo segmentado entre ricos y pobres, con fármacos con costos abusivos determinados por la farmacopea internacional, que, a decir verdad, ningún bolsillo podría sustentar.

Desde esa perspectiva, estamos frente a una verdadera catástrofe humanitaria silenciosa. Suspender la evaluación de nuevas patologías en la “ley Ricarte Soto ” no es una decisión técnica, sino una sentencia de abandono para miles de personas.

Desde el año 2021, el Estado ha decidido que la salud de los pacientes con enfermedades de alto costo puede seguir esperando. Sin embargo, el cáncer, el mal de Crohn o la atrofia muscular espinal no conocen pausas legislativas ni informes de Hacienda pendientes.

Mientras aquí se discuten proyecciones financieras, en las casas de Chile hay más de 9.000 familias que hoy reciben la noticia de que su esperanza de vida puede quedar archivada por un largo tiempo.

No podemos permitir que la ventana de este proyecto de ley se transforme en un muro burocrático. Si el fondo es insuficiente, la solución no es cerrar la puerta, sino legislar con la urgencia que la vida exige. El éxito de una nación no se mide por su equilibrio fiscal, sino por la forma en que protege a los ciudadanos más vulnerables cuando la ciencia tiene la cura, pero el Estado no dispone de los recursos suficientes para garantizar el acceso.

Las enfermedades no pueden esperar presupuestos. Por eso, las personas deciden endeudarse, hacer marchas e hipotecar su futuro. No podemos seguir pasándonos la pelota gobierno tras gobierno. El tiempo de los pacientes se agota, mientras el nuestro se pierde en la burocracia legislativa.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, Chile necesita pensar seriamente en una gran reforma que financie absolutamente todos los tratamientos de alto costo y las enfermedades raras, ya que ninguna familia en Chile tiene la capacidad financiera para costear ese tipo de tratamientos y operaciones.

Llamo a reflexionar sobre la impotencia y el dolor que genera para muchas personas el hecho de depender de una rifa, de un bingo o de otro tipo de actividades para tratar de reunir millones y millones de pesos, y finalmente no lograr esas cifras para costear el tratamiento médico o la operación de su hijo, de su hija o de algún otro familiar.

Por eso, debemos ver cómo mejorar el modelo que rige actualmente, a objeto de que no solo se trate de un catálogo de enfermedades que se va actualizando por una comisión, lo que, entre otros factores, depende de un presupuesto disponible para incluir otras patologías. Aun así, se debe dejar fuera muchas otras enfermedades en cada proceso por el simple hecho de no contar con recursos.

Señor Presidente, espero que esta modificación legal ayude a salvar vidas. Por eso, vamos a aprobarla. Una vez que se convierta en ley de la república, representará un aumento de casi

85 por ciento en el monto de sus recursos. No puedo dejar de hacerlo si provengo de una región donde tenemos muchos niños y familias dando la pelea para poder pagar tratamientos de altísimo costo, sin la ayuda del Estado.

Cómo no pensar en Amanda Leiva, en Benjamín Ceballos , en Borja Carrasco y en tantos niños y niñas que siguen luchando por su vida y con el costo de tratamientos multimillonarios.

Por eso, es importante y necesario apoyar proyectos como este para salvar la vida de un niño o una niña.

Nunca más en Chile debemos dejar morir a personas por no tener la capacidad financiera para pagar un tratamiento médico. Por eso, esperamos que en el transcurso de los años se siga aumentando la lista de enfermedades incluidas.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

A continuación, tiene la palabra el diputado Roberto

Arroyo.

No se encuentra presente en la Sala.

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, la “ley Ricarte Soto ”, que es muy conocida -probablemente muchos pacientes son beneficiarios de ella-, ha tenido un transitar muy largo desde la época en que, en los hospitales, teníamos que solicitar fondos extraordinarios del ministerio y de la Presidencia, hasta que se consolidó como una ley que financia medicamentos de alto costo.

Todavía tenemos una tarea muy importante, además de lo que hoy se ha dicho respecto de la modificación legal en estudio, que aumenta el fondo de 100.000 millones a 185.000 millones de pesos. Esa es una parte de lo que tendríamos que hacer al respecto, así como incorporar más enfermedades poco frecuentes.

Como bien se dijo en la Sala, cuando el diagnóstico de una enfermedad poco frecuente llega a una familia, se genera un problema gigantesco para sus integrantes. Muchas veces ocurre que laboratorios elaboran un tratamiento en forma experimental, por lo que entregan muy pocas unidades y a precios muy caros a nivel mundial.

Ese tipo de situaciones no debiera depender de la familia afectada, sino del Estado y de su sistema de protección sanitaria. En ese sentido, cabe destacar que, afortunadamente, en nuestro país hoy tenemos uno de los buenos sistemas sanitarios en el mundo. Incluso, hemos sido felicitados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por cuanto, en materia de salud, estamos dentro de los ocho primeros países, aunque en educación estamos en el último lugar. Obviamente, tenemos mucho que avanzar.

Junto con la aprobación de este proyecto, creo que el desafío es revisar la política que tenemos en relación con las enfermedades raras, las terapias de alto costo y los equipos y tecnologías de costos elevados para muchas familias. Hoy es posible detectar esas enfermedades gracias a los estudios genéticos y de mapeo que hoy se hacen en Chile y no en otros países. En mi opinión, debemos dar una respuesta a los niños y a las personas que necesitan un medicamento de alto costo.

Entonces, sin perjuicio de aprobar hoy este proyecto, que es muy importante, invito al Ministerio de Salud y a las nuevas autoridades que llegarán a hacer una revisión de las políticas en la materia y de cómo enfrentarán de manera más global y no en forma parcelada, por medio de diferentes leyes, un problema que tiene que ver con la modernización de la medicina y con las nuevas patologías emergentes.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados de fijación de tarifa y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores, correspondiente al boletín N° 10795-33.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 111ª de la presente legislatura, en miércoles 14 de enero de 2026. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor CASTRO (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Víctor Pino .

El señor PINO.-

Señor Presidente, ayer aprobamos el proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización, después de que estuviera ocho años en el Senado, y hoy vamos a aprobar este proyecto después de diez años en el Congreso. Ingresó a tramitación en el 2016, así que creo que es motivo de alegría que se esté avanzando, no tan rápido como nos gustaría, pero avanzando al fin y al cabo.

Se modificó principalmente el artículo 11, que regula la creación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Se han introducido hartas enmiendas importantes y valiosas, y que ayudarán a que la superintendencia pueda fiscalizar de mejor manera a las sanitarias.

Sin embargo, hay algo pendiente que lamentablemente se rechazó ayer durante la discusión en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, que era el poder fiscalizar de mejor manera a las sanitarias, mediante el establecimiento de multas por las pérdidas de aguas no facturadas. Eso se rechazó y no está incluido en este proyecto, que sí modifica muchas otras cosas.

Queda algo pendiente que hay que seguir tramitando quizás en la próxima legislación. Ojalá alguno de mis colegas que seguirán en esta Cámara puedan tomar esta posta y hacer presente que es importante reducir las pérdidas, que hoy se encuentran en torno al 33 por ciento y que no han bajado en los últimos veinte años.

Voy a votar a favor de este proyecto, porque creo es un avance que llega tarde, pero llega.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, este proyecto representa un avance relevante luego de años de tramitación: por fin se logra destrabar una iniciativa largamente discutida gracias a un acuerdo político y técnico entre los senadores miembros de la comisión y el Ejecutivo, que permitió reconducir el debate hacia una solución viable.

Dicho acuerdo dio origen a un texto normativamente sólido, constitucionalmente correcto y con reales posibilidades de aplicación práctica, superando los obstáculos que durante años impidieron su avance. Esto no es menor; demuestra que, cuando hay voluntad, es posible mejorar la regulación sin improvisaciones ni atajos.

En esa línea, el fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios constituye una señal adecuada y necesaria porque mejora la capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar incumplimientos en un sector altamente sensible para la ciudadanía, como es el agua potable y el saneamiento.

Este fortalecimiento se realiza sin desnaturalizar el modelo regulatorio vigente, resguardando los incentivos a la inversión y la prestación eficiente de un servicio esencial.

Asimismo, la nueva estructura de infracciones y sanciones destaca por su racionalidad y proporcionalidad, corrigiendo la deficiencia histórica del sistema. La tipificación clara de las conductas sancionables y la fijación de rango objetivo de multas permiten evitar tanto sanciones meramente simbólicas como castigos desproporcionados, que pueden afectar la continuidad del servicio o desincentivar inversiones necesarias para mejorar la infraestructura sanitaria.

Ahora bien, quiero ser muy claro y firme en un punto que no puede seguir postergándose: el cuidado de nuestro entorno. No podemos seguir permitiendo la contaminación del lago Llanquihue mediante descargas supuestamente legalizadas. Tampoco es aceptable que existan alcantarillas rebalsadas frente a un colegio, como ocurre en Pichil, o frente a un lugar de recogimiento espiritual, como sucede en Las Cascadas. En estos casos, el Estado no solo debe fiscalizar; debe hacerse cargo y dar soluciones concretas.

Finalmente, el proyecto logra un equilibrio razonable entre un mayor control regulatorio y el resguardo de las certezas jurídicas a los prestadores.

El fortalecimiento de los mecanismos de reclamación judicial y la explicitación de criterios para la actuación de la autoridad administrativa reducen la discrecionalidad y fortalecen el Estado de derecho.

Especialmente, destaco que, tras los cuestionamientos de constitucional que marcaron su tramitación inicial, el texto cuenta hoy con el patrocinio del Ejecutivo, lo que otorga una base jurídica robusta y reduce riesgos de impugnaciones futuras.

Claramente, por esta razón anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, en representación de la Región de Los Lagos y de mi querido archipiélago de Chiloé, un territorio íntimamente ligado al agua, intervengo para apoyar este proyecto, que moderniza la fiscalización sanitaria.

Tras años de discusión, celebramos que un acuerdo político y técnico haya permitido destrabar esta iniciativa, presentándonos un texto jurídicamente sólido y con una aplicación práctica para nuestras comunidades que enfrentan desafíos únicos en materia de infraestructura.

El fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios es una señal necesaria. Significa que el Estado tendrá mejores herramientas para garantizar que el agua potable y el saneamiento, que son servicios esenciales, se entreguen con la calidad y continuidad que nuestras familias merecen.

Destaco tres avances claves: primero, la racionalidad en la nueva estructura de infracciones y sanciones. Un sistema proporcional y objetivo evita multas simbólicas que no disuadan, pero también castigos excesivos que puedan afectar las inversiones necesarias para mejorar las redes en territorios como el nuestro es un equilibrio fundamental.

Segundo, el fortalecimiento de la reclamación judicial. Esto otorga mayor certeza y defensa tanto a los prestadores como, crucialmente, a las personas y las comunidades afectadas por decisiones de la Superintendencia, fortaleciendo el Estado de derecho.

Tercero, el proyecto actualiza una normativa rezagada sin alterar el modelo regulatorio; mantiene incentivos a la inversión, aspecto vital para zonas aisladas, y dota al Estado de una fiscalización más robusta para enfrentar los estándares actuales. Es especialmente valioso que, superados los reparos iniciales, el texto cuente con el patrocinio del Ejecutivo, lo que le da robustez jurídica y reduce riesgos de impugnación.

Para los habitantes del archipiélago de Chiloé esto se traduce en una Superintendencia más capacitada para investigar cortes prolongados o deficiencias, para sancionar con justicia y dar más transparencia al sistema. Es un avance concreto para la calidad de vida de nuestros habitantes.

Por ello, otorgo mi respaldo a este proyecto, que perfecciona la protección de un derecho humano esencial desde la responsabilidad y el equilibrio.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Queda solamente una diputada inscrita y la señora ministra para hacer uso de la palabra, así que de todas maneras la iniciativa se va a votar hoy.

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo a las autoras y los autores de este proyecto, iniciado en moción, impulsado por nuestra bancada, porque han puesto en el centro del debate una discusión que es clave para la vida cotidiana de las personas. Me refiero a cómo el Estado responde cuando un servicio básico falla y quienes lo administran no asumen responsabilidades reales.

En el problema que aborda este proyecto hay una contradicción evidente: hoy, la distribución de agua potable y el saneamiento son servicios esenciales, pero funcionan bajo la lógica del mercado, del negocio, que han normalizado fallas reiteradas, mantenciones deficientes, afectaciones masivas -pan de cada día en nuestras poblacionessin ningún tipo de consecuencias proporcionales para las empresas responsables.

Cuando esto ocurre, quienes pagan el costo evidentemente no son los operadores, sino las familias, los barrios, las comunidades. Este hecho se agrava, porque hablamos de un sector que históricamente ha sido concesionado en nuestro país y está altamente concentrado. En este contexto, los incumplimientos no se absorben arriba; se trasladan hacia abajo. Las personas enfrentan cortes de suministro, mala calidad del servicio, cobros indebidos e, incluso, mala calidad del producto, en este caso del agua, y muchas veces no existen herramientas efectivas para recibir respuestas.

Por eso, hoy por hoy fortalecer facultades de fiscalización sin sanción del Estado no es un tecnicismo; creemos que puede ser una herramienta política para poner límites claros y también proteger en parte a la ciudadanía. Y digo “en parte”, porque en realidad el proyecto original no considera todo lo que hoy día tenemos en la Sala para la votación.

El proyecto sí avanza en un punto fundamental, que es que el incumplimiento deje de ser un costo asumible. También, establece sanciones efectivas, considera la reincidencia, refuerza la capacidad del Estado para exigir estándares reales de funcionamiento e incorpora reglas que ayudan a evitar que la infraestructura sanitaria se transforme en una barrera para la construcción de viviendas y el desarrollo de equipamientos de interés público, que lo vivimos habitualmente.

Con todo, debemos ser claros en determinar un resguardo fundamental: que estas nuevas obligaciones no pueden terminar trasladándose a las personas mediante tarifas regresivas o alzas injustificadas, porque durante todo este período legislativo en esta Cámara hemos dicho que el agua no puede ser financiada a costa de las personas, que son quienes utilizan este recurso fundamental.

Así, creemos que un negocio privado que opera sobre un derecho básico como mínimo tiene el deber de no fallar. Por eso, esta iniciativa hoy viene a resolver, al menos en parte -insistimos-, esta desregulación, que pone siempre a los más necesitados…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, diputada.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, este es un buen proyecto y, por lo tanto, lo vamos a aprobar.

Me gusta distinguir, a propósito de los servicios públicos, el interés público versus el interés privado. Y digo “interés público” porque lo servicios públicos, como los de entrega de agua potable, el alcantarillado y el saneamiento de aguas servidas son de interés público y siempre el Estado tiene que estar preocupado por el carácter de servicio público y de interés público.

No obstante, el servicio puede proveerlo un privado; no me complica aquello. De hecho, hay distintas experiencias sobre la materia. Yo mismo lo he visto en Atacama con empresas que han proveído muy mal el servicio público de agua potable y empresas que han ido mejorando -he sido testigo de ello en los últimos añosla prestación del servicio en dicha región.

Sin embargo, este servicio debe seguir siendo siempre de interés público, aunque no lo provea el Estado. Para eso, el Estado debe tener herramientas. La forma en que se provea bien el servicio público, porque el interés de todos los chilenos y chilenas está en la satisfacción de ellos. En este sentido, este proyecto de ley va en el camino correcto.

La solución, cuando tenemos problemas con la provisión de servicios públicos, como el agua potable u otro, no necesariamente es transformar al Estado en el salvador como proveedor directamente, sino que, manteniendo el interés público, este debe tener las herramientas para hacer que el proveedor cumpla con los estándares que él mismo le coloca. Por eso, subir las sanciones y establecer los procedimientos que se señalan acá, entre otras modificaciones, es el camino correcto.

No puede la empresa de servicios sanitarios de una región limitar la construcción de viviendas, el crecimiento de las ciudades, la satisfacción de las personas, la ampliación que tiene. Cuando tienen un área de explotación muy restringida, da la impresión de que no quieren avanzar o extender dicha área y se lavan las manos frente a las demandas de la ciudadanía en cuanto a crecimiento, por ejemplo, en materia de vivienda, en materia urbanística, que es muy importante.

Entonces, tiene que haber un equilibrio, y creo que este proyecto de ley avanza en ese camino: en que el proveedor privado cumpla los estándares porque está otorgando un servicio que tiene el interés público detrás. Y ese interés público lo tiene que cuidar el Estado a través de sus organismos, en este caso a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Por eso, me gusta la iniciativa. Insisto, creo que va en el camino correcto y tiene una lógica en la cual se debe avanzar.

Por esa razón, estimadas ministras que están presentes en la Sala, vamos a apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Por acuerdo de la Sala, corresponde votar, sin discusión, la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 10 de este boletín de sesiones.

El señor CASTRO (Presidente).-

Por acuerdo de la Sala, corresponde votar, sin discusión, las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica y prorroga la vigencia de la ley N° 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, con la salvedad de aquella cuya votación separada ha sido solicitada.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 12 de este boletín de sesiones.

El señor CASTRO (Presidente).-

Por acuerdo de la Sala, corresponde votar, sin discusión, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496 para reconocer el derecho de acceso de pacientes y sus familiares acompañantes a estacionamientos gratuitos en establecimientos de salud.

Antecedentes:

-Moción, sesión 79ª de la presente legislatura, en lunes 13 de octubre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 16.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 105ª de la presente legislatura, en lunes 5 de enero de 2026. Documentos de la Cuenta N° 37.

PREOCUPACIÓN POR INEXISTENCIA DE POLÍTICA PUBLICA COORDINADA PARA SUSPENSIÓN DE PEAJES DURANTE EMERGENCIAS DECLARADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIAS (SAE) (SOLICITUD DE ACUERDO N° 53)

ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PROXIMIDAD DE PROYECTO INTEGRADO DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA PARA LA GENERACIÓN DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE (INNA) A OBSERVATORIO PARANAL (SOLICITUD DE RESOLUCIÓN N° 1.621)

ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA AUTORIZAR AL ESTADO A ADQUIRIR BIENES DESTRUIDOS POR INCENDIOS AL VALOR COMERCIAL ANTERIOR AL SINIESTRO Y ESTABLEZCA PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA EVITAR DEMORAS EN ADQUISICIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS (SOLICITUD DE RESOLUCIÓN N° 1.623)

-Los textos íntegros de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:

https://www.camara.cl/fiscalizacion/Acuerdos/proyectos_acuerdo.aspx