Labor Parlamentaria

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el informe de la comisión mixta, constituida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, a fin de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, correspondiente al boletín N° 16.374-07.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.374-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto compuesto de tres artículos permanentes y ocho disposiciones transitorias, con el objetivo de reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para fortalecer los procesos administrativos y tramitación de causas, mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal, así como la atención a víctimas y testigos de delitos, de manera de ampliar la cobertura que presta actualmente.

Asimismo, se busca perfeccionar los mecanismos de incentivo al desempeño para fiscales y otros funcionarios del referido organismo.

Posteriormente, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al proyecto, las cuales en el tercer trámite fueron aprobadas por esta cámara de origen, con excepción de las siguientes enmiendas, que fueron rechazadas, dando lugar a la formación de la respectiva comisión mixta:

-En el artículo 1°, la sustitución del literal c) propuesto por la letra c) del número 5, que era el número 2 de la Cámara.

-La incorporación de un artículo 23 propuesto en el número 3, nuevo, y la supresión del número 11.

-En el artículo 2°, nuevo, la incorporación del literal b) propuesto en la letra a) del número 3.

La comisión mixta, como forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre ambas Cámaras y con la votación unánime que consigna en su informe, propone lo siguiente:

-En el artículo 1°, que introduce las modificaciones a la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en el literal c), propuesto por la letra c), número 5, numeral 2 de la Cámara de Diputados, que modifica el inciso primero del artículo 20, acerca de las unidades administrativas con que cuenta la Fiscalía Nacional, mantener en el artículo 20 la creación de la División de Probidad, Integridad y Auditoría Interna, y regular su organización y funciones en el nuevo artículo 20 ter.

-En el numeral 3, nuevo, de la Cámara de Diputados, en cuanto incorpora un artículo 20 ter, nuevo, sustituir el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que regula la organización y funcionamiento de la Dirección de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, por la que se indica.

-En el numeral 11 del Senado, suprimido en la Cámara de Diputados, que sustituye el artículo 52 relativo a si el inculpado de alguna infracción a sus deberes fuera un fiscal regional, mantener el texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional.

El artículo 2°, nuevo, de la Cámara de Diputados, introduce modificaciones al artículo 1 de la ley N° 21.771, que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, e incorpora otras enmiendas a dicho cuerpo legal.

-En el número 3, que modifica el numeral 18, al número 18 modificado en el artículo 51, modificatorio del artículo 51 de la ley N° 19.640, aprobar el texto acordado por la Cámara de Diputados para la letra b), con la enmienda de sustituir la frase "Unidad de Probidad Interna" por "División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna".

Además, hace presente que, como consecuencia de la reincorporación del numeral 11 en el artículo 1° del proyecto de ley, se han hecho ajustes formales de referencia en los artículos primero, segundo y quinto transitorios, con el fin de mantener la coherencia de estas disposiciones con el articulado permanente.

La comisión mixta deja constancia de que su proposición, en lo relativo a los artículos 1° y 2° del proyecto de ley, requiere de 24 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Corresponde, por tanto, que el Senado se pronuncie respecto de la propuesta efectuada por la referida comisión.

En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por esta cámara de origen en el primer trámite constitucional; las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional; de ellas, las enmiendas que fueron rechazadas por el Senado en el tercer trámite constitucional; la proposición de la comisión mixta, y el texto que quedaría de aprobarse dicha propuesta.

Es todo, señor Presidente.

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, señor Presidente .

Gracias a sus señorías también por permitirnos ver el proyecto en este momento.

Esta tarde la Sala del Senado debe pronunciarse sobre el informe de la comisión mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre ambas cámaras del Congreso Nacional respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público (boletín N° 16.374-07).

Este proyecto tuvo origen en un mensaje presentado al Senado el 17 de octubre de 2023.

Luego de su aprobación por esta Corporación, fue estudiado en segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados, la cual le introdujo diversas enmiendas.

El Senado examinó en tercer trámite constitucional las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 14 de enero de 2026, ocasión en que rechazó cuatro de ellas.

Cabe recordar que esta iniciativa busca reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal, así como la atención a víctimas y testigos de delitos. Asimismo, persigue el mejoramiento de los mecanismos de gestión institucional mediante un conjunto de reformas a la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Las discrepancias que han dado origen a esta comisión mixta fueron las siguientes:

En el artículo 1°:

1. Literal c) del número 5 (número 2 de la Cámara de Diputados), en cuanto a la creación de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna.

La discrepancia se suscitó por cuanto la Cámara sustituyó el rango de división por unidad, alterando la estructura organizacional.

2. Artículo 20 ter, aprobado por la Cámara de Diputados, que regula la Unidad de Probidad Interna y el Oficial de Cumplimiento.

El Senado rechazó la incorporación de este artículo 20 ter tal como lo aprobó la Cámara, dado que agregó un artículo 20 ter, nuevo, que establecía una Unidad de Probidad Interna (no división) a cargo de un Oficial de Cumplimiento con funciones específicas detalladas.

La razón de la discrepancia es que el Senado consideró que este diseño impedía que el investigador tuviera rango jerárquico suficiente para instruir sumarios administrativos a fiscales regionales.

3. Supresión del numeral 11, relativo a las facultades del jefe de la División de Probidad para investigar fiscales regionales.

El Senado, en primer trámite, aprobó el numeral 11, que sustituía el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para facultar explícitamente al jefe de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna como investigador en casos de infracciones cometidas por fiscales regionales. La Cámara de Diputados suprimió este numeral.

La discrepancia tuvo su origen en la eliminación de la división y en la creación solo de una unidad; por lo tanto, la Cámara consideró innecesario este numeral.

El Senado rechazó esta supresión para mantener la coherencia con la estructura de división.

En el artículo 2°, nuevo:

-El literal b) del numeral 18 del número 3, aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía que el fiscal nacional podrá disponer que las investigaciones administrativas contra fiscales fueran continuadas por un funcionario de la Unidad de Probidad Interna.

La discrepancia se produjo por coherencia sistémica. Al rechazar la existencia de una unidad en lugar de una división de alto rango en el artículo 1°, el Senado desechó esta referencia en el artículo 2°.

Como consecuencia de estas discrepancias, el Senado designó como integrantes de la comisión mixta a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, honorables senadores señoras Ebensperger y Núñez y señores Araya , Cruz-Coke y De Urresti .

Por su parte, la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 19 de enero de 2026 tomó conocimiento de lo anterior y designó como miembros de esta instancia a los honorables diputados señoras Fries y Placencia y señores Benavente , Longton y Soto .

La comisión mixta se constituyó el 20 de enero de 2026 y eligió presidenta a quien habla, por unanimidad.

Durante la sesión, el honorable senador señor Matías Walker reemplazó al honorable senador señor Cruz-Coke .

Participaron en la comisión el ministro de Justicia y Derechos Humanos , señor Jaime Gajardo , y el fiscal nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia , junto a sus respectivos equipos de asesores.

Señor Presidente, la comisión mixta adoptó los siguientes acuerdos por la unanimidad de sus integrantes:

En el artículo 1°:

-En el numeral 5, literal c), mantener en el artículo 20 la creación de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna y regular su organización y funciones en el nuevo artículo 20 ter.

-En el numeral 3, nuevo, artículo 20 ter, sustituir el texto aprobado por la Cámara de Diputados para establecer la organización y funcionamiento de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna.

-En el numeral 11, mantener el texto aprobado por el Senado en primer trámite constitucional, que faculta al jefe de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna como investigador en casos de infracciones cometidas por fiscales regionales.

En el artículo 2°, nuevo:

-En el número 3, numeral 18, letra b), aprobar el texto acordado por la Cámara de Diputados, con la enmienda de sustituir la frase "Unidad de Probidad Interna" por "División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna".

Asimismo, la comisión hizo presente que, como consecuencia de la reincorporación del numeral 11 en el artículo 1° del proyecto de ley, se efectuaron ajustes formales de referencia en los artículos primero, segundo y quinto transitorios, con el fin de mantener la coherencia de esas disposiciones con el articulado permanente.

Cabe señalar que las propuestas de la comisión mixta recaen en disposiciones contenidas en el artículo 1° del proyecto, que modifican la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y en el artículo 2°, que modifica la ley N° 21.771; en consecuencia, para ser aprobadas requieren el voto favorable de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio.

Señor Presidente , las enmiendas que hoy se debaten persiguen una adecuada modernización en la organización y funcionamiento del Ministerio Público.

La resolución de estas discrepancias permite avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de probidad interna del órgano persecutor, asegurando que cuente con una estructura orgánica apropiada para llevar adelante investigaciones administrativas respecto de todos sus funcionarios, incluidos los fiscales regionales.

Dados los desafíos a que se enfrenta el Ministerio Público y la naturaleza de la criminalidad que actualmente sufre nuestro país, resulta imperioso reforzar las herramientas y recursos del órgano persecutor con el fin de contar con equipos que lleven a cabo una investigación y persecución penal eficaz.

Por las razones anteriormente mencionadas, la comisión mixta propone aprobar este informe.

He dicho.

Gracias, señor Presidente.

--Se aprueba el informe de la comisión mixta (33 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, García, Huenchumilla, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe y Velásquez.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se deja constancia de la intención de voto a favor de los senadores señores Espinoza y Walker.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional en orden a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío, declarado a través del decreto supremo N° 189, de 16 de mayo de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y prorrogado en sucesivas oportunidades, la última de las cuales fue mediante el decreto supremo N° 285, de 26 de diciembre de 2025, del Ministerio del Interior, por el plazo adicional de treinta días, a contar del vencimiento del período previsto, asunto correspondiente al boletín N° S 2.708-14.

--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.708-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Para los señalados efectos, el Ejecutivo hace presente que una serie de hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío, han afectado gravemente el orden público, la vida y la integridad física de habitantes, trabajadores y trabajadoras. Tales hechos, agrega, han dificultado el normal desarrollo de la vida y de las actividades económicas en dichas zonas.

Atendido lo anterior y en virtud de la norma constitucional citada, fue declarado, conforme al indicado decreto supremo N° 189, el estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas antes mencionadas por un término de quince días, siendo prorrogado con posterioridad mediante sucesivos decretos supremos.

Durante su vigencia, enfatiza la solicitud, el estado de excepción ha promovido una mejor gestión y coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo efectos positivos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.

Sin embargo, advierte el Ejecutivo , los hechos de violencia que motivaron la declaración del estado de excepción aún subsisten, por lo que se hace necesario prorrogar su vigencia por treinta días adicionales, según lo dispone el actual inciso cuarto del artículo 42 de la Constitución Política de la República.

Lo anterior, puntualiza, tendrá como objetivo facilitar la adopción de medidas de protección para los habitantes de la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.

En consecuencia, atendido que el estado de excepción constitucional declarado y prorrogado vence el próximo 25 de febrero de 2025, y en consideración además a las circunstancias y antecedentes mencionados mediante el oficio en actual trámite, se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para los efectos de que se prorrogue la vigencia del referido estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas indicadas por un plazo adicional de treinta días a contar del vencimiento del período previsto.

Finalmente, cabe mencionar que, junto a la solicitud en referencia, el Primer Mandatario informa acerca de las últimas medidas adoptadas durante el estado de excepción constitucional vigente.

Es todo, señor Presidente.

El señor INSULZA.-

Presidente , me voy a permitir decir algunas cosas al respecto.

Esto me parece importante, porque, como ya hemos dicho en varias oportunidades, hay solicitudes para prorrogar la vigencia de estados de excepción en este Senado que se han ido repitiendo a lo largo de todo este período, y según entiendo esta sería la última vez en que se pediría para La Araucanía durante el actual Gobierno, aunque no estoy seguro de si todavía se solicitará alguna más en marzo.

El señor COLOMA .-

¡No sabemos eso!

El señor INSULZA.-

Este tema es bien complejo, porque no cabe duda de que la situación en La Araucanía ha mejorado. Esa es una realidad. Hemos tenido mejorías; algunas de ellas han sido relevantes: ha caído la cantidad de víctimas y en otras ocasiones ha disminuido el número de atentados.

Sin embargo, muchas veces, al producirse estas discusiones, de pronto surge alguna situación, un incendio u otra cosa que hace que el tema emblemático se siga prorrogando.

En tal sentido, solo quiero repetir un argumento que siempre he entregado: creo que en La Araucanía existe un movimiento subversivo que ha tenido muchos retrocesos, muchas pérdidas y muchas derrotas, pero que, al mismo tiempo, no ha perdido aquello que en cierta jerga se llama su "convicción de triunfo".

Ellos todavía esperan de alguna manera que haya una ocasión, por ejemplo, ahora con un nuevo gobierno -y no me estoy refiriendo en absoluto a la Administración actual, sino a la próxima-, en que nuevamente existan las condiciones en las cuales puedan hacer resurgir su movimiento.

Se ha debilitado mucho, eso es cierto, no cabe ninguna duda; sin embargo, todavía tenemos la gran duda acerca de si el retroceso de las fuerzas de subversión es permanente o simplemente es una maniobra táctica para asegurarse de que posteriormente puedan volver a hacer lo mismo.

Ese tema no lo hemos dilucidado, Presidente .

En este caso no voy a votar en contra de la prórroga, desde luego, sino a favor; pero todavía no tenemos certeza de si los retrocesos de la subversión allá son consistentes o si realmente son maniobras tácticas.

Aún existe mucha propaganda, muchos incidentes, muchos problemas.

Entonces, simplemente quiero dejar en claro que, reconociendo los éxitos alcanzados y aceptando que realmente la situación ha mejorado bastante, terminamos este período presidencial sin tener la convicción de que el asunto de fondo haya terminado, de si la subversión que ahí reina no pueda volver a surgir.

Sobre ello sería interesante conocer las opiniones tanto de este Gobierno como de los representantes de la próxima Administración acerca de cómo están viendo esto. Porque espero que no sigamos teniendo cuatro años más de estados de emergencia.

Ahora, quiero referirme a lo que algún senador ha señalado en el sentido de que los estados de emergencia son una anomalía. ¡No, Presidente ! Los estados de emergencia están en la Constitución y se pueden prorrogar todo el tiempo que se quiera; no estamos discutiendo eso. Pero quisiéramos tener alguna certeza de que todo el esfuerzo desplegado en estos años ha dado algún resultado efectivo y que sea durable en otras condiciones si ellas se producen.

En todo caso, voto a favor.

Muchas gracias, Presidente .

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Gracias, senador.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

Aprovecho de saludar a la ministra de Defensa, quien nos acompaña en esta sesión.

Dicho lo anterior, quiero señalar que hace menos de dos semanas, el pasado miércoles 14 de enero, en esta misma sala, luego de escuchar la exposición sobre el tema del ministro del Interior , Álvaro Elizalde , aprobamos el primer estado de excepción del 2026 por una amplia mayoría de los senadores presentes.

En la parte final de su intervención el ministro Elizalde señaló con meridiana claridad que en las actuales condiciones que se viven en la macrozona sur "no es posible sacar a las Fuerzas Armadas de la zona", algo que para quienes conocemos en profundidad la realidad que se vive en las regiones de La Araucanía y del Biobío tiene todo el sentido del mundo, por lo que durante más de tres años apoyamos plenamente esta medida, que se ha mantenido vigente en la macrozona sur.

Sin embargo, al día siguiente de la última aprobación de esta medida, el jueves 15 de enero, la ministra de Defensa , quien hoy día nos acompaña, en una visita a la región del Biobío planteó la posibilidad -fue lo que se entendió- de iniciar una desescalada del estado de excepción constitucional en la macrozona, contradiciendo la señal que había entregado el jefe de gabinete del Gobierno.

Estas declaraciones finalmente mostraron una descoordinación al respecto y se generó una sensación de inseguridad e inquietud, especialmente en las comunas que han vivido el terrorismo durante los últimos años.

En tal sentido, cabe volver a repetir una idea que vengo señalando en este Senado cada vez que nos corresponde renovar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur: que los ataques que cada cierto tiempo ocurren allí son una demostración de que las células terroristas siguen operando; que aún tienen la fuerza, la organización y la capacidad operativa para atentar contra la propiedad, privada y pública, razón por la cual esta medida no puede dejarse de aplicar.

El estado de excepción no puede terminar mientras estas organizaciones terroristas no sean definitivamente desarticuladas y llevadas a la Justicia.

Para finalizar la intervención de hoy, quiero volver a reiterar, en ese mismo sentido, que mientras continúen existiendo grupos o células terroristas con capacidad operativa en la macrozona sur será importante para la tranquilidad de los vecinos de esta zona del país que el Ejecutivo declare con absoluta certeza que no está disponible para desescalar el estado de excepción. Y al revés, que está dispuesto a que este se mantenga vigente todo el tiempo que sea necesario, hasta que nuestras autoridades, las policías, las Fuerzas de Orden y de Seguridad desplegadas en la zona, puedan definitivamente desarticular a los grupos que están detrás de todo esto.

En ese contexto, estimado Presidente, voto a favor de la renovación el día de hoy.

Muchas gracias.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Gracias.

El señor SAAVEDRA.-

Muchas gracias, Presidente.

Le agradezco los saludos enviados por usted a mi familia. Es muy amable.

Quiero decir que, si en nuestras intervenciones aseveramos que aún existen situaciones pendientes en materia de violencia, de terrorismo, de bandas organizadas, es porque sigue siendo necesario el estado de excepción constitucional. Y cuando uno entra a revisar los detalles respecto de cómo han ido variando los diferentes delitos, observa que van en permanente disminución, lo cual significa que la medida es asertiva.

Aún no están los tiempos para poder desactivarlo. Pero sí reitero una petición hecha a lo menos durante los meses en que hemos aprobado acá el estado de excepción constitucional. Creo que hay que acotar, hay que desescalar algunos territorios en donde no resulta necesario tener este estado de excepción constitucional, sobre todo en la región del Biobío.

Efectivamente, hay contribuciones, diría yo, importantes respecto de cómo se repara a las víctimas de estos actos violentos. Y en ello tenemos que poner el acento, porque a veces hay alocuciones que son tendenciosas respecto de este punto.

El Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural ha permitido avanzar en esto. Y el presupuesto asignado para el año 2025, que era de 5.893 millones de pesos, aumentó para el 2026 a 6.076 millones de pesos. Por tanto, es una mejora sustantiva en la materia.

Entre los años 2022 y 2025 se atendió a 2.184 usuarios en los centros de apoyo a víctimas, cuestión que también es importante y que hay que resaltar, porque era una de las carencias que había. Creo que se ha emprendido el camino de la reparación, además haciendo justicia, porque en este Gobierno igualmente tenemos que concluir que hay personas que están cumpliendo condenas y que justamente fueron parte de las actividades violentas y terroristas que se efectuaron en la zona.

Por tanto, se cumple con la aplicación de este estado de excepción para traer mayor tranquilidad e ir hacia una convivencia más armónica en el territorio, cuestión que aún nos falta.

Por eso tenemos que aprobar esta solicitud, que contribuye a la existencia de un territorio más tranquilo, y al mismo tiempo a desarrollar actividades que, con la aplicación de otros planes, permitirá que la producción se mantenga.

El fin de semana estuve en la comuna de Quilaco, donde se está aplicando el plan Cosecha Segura, con todo lo que son los resguardos no solamente para contener y detener incendios, sino también para impedir actos que atenten contra la producción y el empleo, lo mismo que para dar más seguridad en el proceso que se está llevando adelante en este tiempo, como son las cosechas.

Ahí hay otra muestra clara de que el objetivo del estado de excepción y los diferentes instrumentos de que dispone el Estado en cuanto a proteger no solamente a la población, sino también la actividad productiva principal, que es la agricultura, también se cumple.

Por tanto, Presidente, voy a aprobar este estado de excepción para que se mantenga en el tiempo, a lo menos durante este mes, tremendamente importante debido a que hay situaciones que se mezclan con el proceso de excepción, como el cambio climático, que no permiten distinguir y sancionar a quienes cometen este tipo de acciones atentatorias contra la paz y el buen vivir en el sector.

En consecuencia, estimado Presidente , votaré a favor, una vez más, de la aplicación del estado de excepción constitucional, haciendo presente la solicitud de evaluación para desescalarlo en los territorios donde no es necesaria su aplicación.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

Yo me quiero hacer cargo del tema que se planteó al inicio de la discusión y que tiene que ver con que, si bien es cierto el estado de excepción está establecido en la Constitución y, por tanto, es perfectamente legítimo, también es cierto que, como se define, es excepcional, de emergencia.

Presidente , yo entiendo que esta es la última vez que este Gobierno va a presentar una solicitud de prórroga, que, si ustedes observan, busca extender el estado de excepción del 26 de febrero hacia adelante. Eso es lo que dice la solicitud. O sea, es la última vez que este Gobierno lo va a hacer.

Y a mí me parece de sentido común que haya una evaluación más completa respecto de qué es lo que ha significado este estado de excepción, que, si no me equivoco, se inició casi con este Gobierno, o sea, es casi simultáneo.

Entonces, yo pido que no nos acostumbremos a esto tampoco, porque por algo el artículo 42 de la Constitución, cuando trata el estado de emergencia, habla de una "grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad" del país. Y está, precisamente, dentro de esas normas excepcionales.

No me cabe duda de que las circunstancias lo ameritan, por lo que dicen particularmente los senadores de la región, que uno escucha. Uno también tiene capacidad de visualizar lo que está ocurriendo, pero tras cuatro años de solicitarlo el Gobierno, yo creo que la última vez que lo hace por lo menos debería dar una explicación o un razonamiento, una reflexión, un análisis, un criterio respecto de cuál es la situación y cómo se plantea hacia adelante.

De otra manera, a mí me cuesta entender que una situación de emergencia se extienda indefinidamente. O tenemos problemas de diferente envergadura en parte del país que requieren otro tipo de medidas. Recordemos que se hizo un esfuerzo, un acuerdo de paz en esta materia. Pero, a mi juicio, Presidente , hay que pedirle al Gobierno que explique, porque esta es la última ocasión que tenemos para eso.

Está la ministra acá. Yo sé que ella puede pedir la palabra, si le parece, pero yo le pediría que lo hiciera. Porque es muy importante para un Congreso, para un Senado, para un país, tener una evaluación respecto de lo que ha significado esta aplicación excepcional del artículo 42 de la Constitución.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo a la ministra de Defensa , Adriana Delpiano .

Sobre el asunto en discusión, en todo este periodo yo he votado a favor de los estados de excepción constitucional. Y reconozco que era uno de los que tenían muchas dudas en cuanto a implementar esta medida al comienzo del Gobierno. Lo planteé acá, en la sala, en varias oportunidades; me opuse también a los estados de excepción en el Gobierno anterior.

Y tenía dudas, básicamente, Presidente , por los antecedentes que había. Si nos remontamos, por ejemplo, a lo que fue la operación Huracán en su momento, hace pocas semanas fueron condenados cinco o seis agentes del Estado por esa operación. Y también en el periodo del Presidente Piñera se produjo el asesinato de Camilo Catrillanca , durante el primer año de Gobierno, que generó muchos conflictos y problemas de gobernabilidad, diría yo, no solo en la zona, sino en otras regiones.

Por tanto, mi planteamiento era que las Fuerzas Armadas se iban a involucrar en un conflicto para el cual, aunque no necesariamente, se podían generar mayores problemas aún.

Y debo reconocer, Presidente, que el comportamiento de las Fuerzas Armadas ha sido extremadamente profesional, extremadamente prudente. Han incorporado inteligencia y han colaborado con las fuerzas policiales y el trabajo de inteligencia del Estado para poder desbaratar y desarticular bandas violentas, que cometen delitos. Se han desbaratado varias bandas vinculadas al tema del robo de madera, donde nos hemos llevado algunas sorpresas de algunos empresarios vinculados con ello. O sea, acá no estamos hablando solo de organizaciones mapuches que operan para cometer delitos en la zona.

Y en eso creo que las Fuerzas Armadas han generado un trabajo de colaboración y de inteligencia para hacer ese trabajo.

Ya estamos llegando al fin de un gobierno, al inicio de un nuevo ciclo, y varios senadores han planteado, bueno, ¿cuál es el plan para la zona del Presidente electo, José Antonio Kast ? ¿Es continuar esto cuatro años más? ¿Va a haber un plan de desescalada, va a haber un plan de salida gradual de las Fuerzas Armadas o de mantenerlas y profundizar ese trabajo?

En campaña, algunos candidatos y parlamentarios lo han planteado. Acá viene la senadora Kaiser , que va a asumir en marzo, por la región. Ella ha señalado en varias entrevistas, y es parte de su argumento público, que las Fuerzas Armadas no solo tienen que estar ahí para colaborar con inteligencia, sino que tienen que apretar el gatillo. Y vamos poniéndole balas a un conflicto tremendamente complejo, que el Estado de Chile ha tenido muchas dificultades para abordar.

Y en eso, Presidente , es importante mencionar en este tipo de sesiones, en estas votaciones, que también quedó una propuesta que hizo la Comisión para la Paz y el Entendimiento, donde participaron el senador Huenchumilla , la senadora Carmen Gloria Aravena , el exministro Moreno , Adolfo Millabur , Emilia Nuyado . Esta comisión estuvo trabajando harto tiempo y generó una propuesta que en su momento todo el espectro político apoyó y respaldó. A mí me tocó firmarla como presidente de partido.

Pero, claro, llega el fin del Gobierno y esas propuestas ahora les toca debatirlas, discutirlas acá, en el Parlamento, al nuevo Congreso , al nuevo Gobierno.

Algunas tienen que ver con cuestiones políticas, con reformas constitucionales, con institucionalidad pública, con reformar la Conadi, con reivindicación territorial, restitución territorial. También en eso tendrán que hacer su colaboración, su contribución a la solución de este problema, por ejemplo, la gran industria forestal, que tiene millones de hectáreas en la zona.

Por tanto, tendrán que acercarse a un acuerdo razonable para reparar la deuda histórica. Es decir, este documento y esta propuesta tiene varios capítulos que el próximo Gobierno y el próximo Parlamento tendrán que habilitar y llevar adelante.

Esto es complementario a lo que decíamos en cuanto a si el Gobierno va a continuar o no con la idea de prorrogar el estado de excepción de emergencia, si lo va a desescalar o si va a generar un plan gradual.

Voto a favor, Presidente , pero quería dejar esta reflexión instalada, sobre todo al término de un ciclo y al inicio de uno nuevo, donde no conocemos cuál será el plan.

Gracias.

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Gracias, Presidente.

Por cierto que hemos respaldado una y otra vez las distintas renovaciones de este estado de excepción.

Y, a la luz de lo que dicen los senadores que representan las regiones afectadas, parece pertinente hacer una evaluación que yo, por su intermedio, le pediría a la ministra de Defensa , a quien saludo en esta oportunidad, para que podamos calibrar bien cuál es el objetivo deseado en su origen; cuál es la meta cumplida hasta ahora; cuáles son los despliegues que aún son necesarios de llevar adelante, recordando que hay cabecillas o líderes que ya han sido capturados.

Pero esto requiere una cierta reflexión, porque lo que no puede pasar es normalizar una situación, producto de ya cuatro años, en que no sabemos con detalle cómo militarmente, cómo desde el punto de vista de la seguridad, se están cumpliendo los objetivos trazados.

Yo sé que a todos nos da tranquilidad decir que ya se renueva nuevamente, ¡bien! Pero otra cosa es si realmente las cosas están para pasar a otro estadio de situación o no, y sobre todo en qué condiciones las entrega el Ejecutivo finalmente.

No sé si esta es la última renovación; todavía puede que quede una en los primeros días de marzo, no lo sé. Pero en esto debe haber una suerte de balance de qué ha pasado, en definitiva, en estos cuatro años de aplicación del estado de excepción en esta zona.

Cada cierto tiempo nos enteramos de hechos nuevos, por cierto, no de la magnitud que tuvieron en su origen. Obviamente, eso se valora, porque es parte del esfuerzo desplegado.

Hasta ahí llego, pero creo que sería pertinente, en esta ocasión, escuchar a la señora ministra, porque es muy relevante, y sobre todo en las postrimerías del Ejecutivo actual, tener esa consideración.

Muchas gracias.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

A usted, senador.

La señora CARVAJAL.-

Gracias, Presidente.

Primero que todo, saludo a nuestra ministra de Defensa , Adriana Delpiano ; al ministro de Justicia , que estaba hasta hace algunos minutos acá, también.

En definitiva, se ha planteado aquí un tema bien de fondo, que tiene que ver con la evaluación de sucesivas autorizaciones del Senado de los estados de excepción, que obviamente se justifican, que tienen una realidad que es latente y que afectan particularmente a las regiones mencionadas, entre ellas la región vecina del Biobío, dado que yo represento a la región de Ñuble.

Pero hay una cuestión, insisto, de fondo, que tiene que ver con algo que yo quisiera pensar y que efectivamente he comprobado, porque el documento que nos ha llegado a manera de síntesis, y que todos tenemos sin duda a la vista, hace una evaluación estricta de lo que ha significado la disminución de los delitos, a propósito de la macrozona sur.

Ello revela, efectivamente, que incluso en el periodo 2025-2026, año calendario, ha ocurrido una disminución bien sostenida respecto de la tasa delictual. Y eso, obviamente, da cuenta de la efectividad que han tenido estos estados de excepción.

Ya se menciona que este es el último, y es obvio, a propósito de la competencia de nuestro Gobierno, y también se arroja una evaluación que nos permite pensar que a lo mejor no tendremos que renovar en el futuro periodo de Gobierno este estado de excepción.

Entonces, mi primera pregunta es: ¿se debe esto solo al plazo? ¿Se debe a que también hay una evaluación positiva que hace posible entender que no va a haber más estados de excepción constitucional?

Y, en segundo término, a mí, al igual que al senador Latorre , me sería muy interesante saber cuál es la disposición, opinión, proyección política en materia de seguridad que va a tener en la macrozona sur el futuro Gobierno del Presidente Kast.

Lo digo porque todos aquí tenemos vasta experiencia en política y sabemos que hay decisiones de Estado y, sin duda, esta es una de ellas.

Llama poderosamente la atención que acá no hay un pronunciamiento, por parte de los colegas, probablemente de enfrente, que son parte del futuro Gobierno o que van a ser parte del...

El señor MOREIRA .-

¡Colaboradores...!

La señora CARVAJAL.-

Veo caras dudosas.

No me corresponde interpretarlas.

Pero creo que sería muy interesante que nosotros lo supiéramos, en el seno de la discusión, entendiendo que además queda solo una sesión en este periodo, que es la del día de mañana, antes del receso legislativo.

Y esa es una pregunta que hoy día al Senado se le debiera dar, si no por la prensa, por las voceras, no sé por quién -sería interesante-, porque creo que los datos hablan por sí mismos; para la claridad del país, del Estado de Chile, de la macrozona sur, incluyendo, por cierto, las regiones de Los Ríos, Biobío , La Araucanía , y yo me hago cargo, también, de lo que pasa en Ñuble.

Y ahí formulo una pregunta bien de fondo, por su intermedio, Presidente .

Primero -no sé si podría tener el atrevimiento; lo digo con humildad, como decimos en el campo- pregunto al Presidente Kast y a su equipo de seguridad cuál será su política nacional de defensa en la macrozona sur, cómo se va a abordar la situación.

Uno conoce lo que ha pasado en el norte, hacia donde está haciendo viajes sucesivos y mirando un poco el contexto de la región, pero creo que a los chilenos y chilenas les interesa saber qué ocurrirá con la defensa de los territorios y el respeto a los derechos humanos, porque las acciones deben orientarse en el sentido de resguardar no solo las fronteras, sino también la macrozona sur.

Creo que eso es muy importante.

Y lo segundo, Presidente , tiene que ver con la contingencia. Los últimos acontecimientos han sido ante todo dolorosos. Y aprovecho de agradecer a todos los colegas sus muestras de solidaridad; también al pueblo y al Estado de Chile, por la cantidad de ayuda material que ha llegado a las regiones de Ñuble y del Biobío.

Y, a propósito de aquello, hay elementos de fondo que tienen que ver con acciones temerarias en materia de incendios, que han provocado y siguen provocando estragos incalculables, incluso con resultado de vidas humanas sesgadas.

En tal sentido, consulto a la ministra de Defensa cuál es el nexo que se puede, a lo mejor, analizar con mayor acuciosidad en la discusión sobre el hecho de provocar incendios forestales, que, sumado a la condición climática, hacen pensar que ahí hay un continuo y un actuar que, a juicio de quienes vivimos en las regiones afectadas, resulta macabro y provoca dolor y al cual hay que ponerle límite y freno absolutamente.

Formulo la pregunta y espero que algo se pueda señalar en el seno de la discusión en la sala o a futuro, en un documento que se pueda analizar con mayor detenimiento durante el receso legislativo. Considero que sería interesante contar con el respectivo diagnóstico, Presidente .

Por cierto, anuncio mi voto favorable a la nueva renovación del estado de excepción.

Gracias, Presidente .

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Como muy bien decía y reconocía el senador Latorre al inicio de su intervención, él sustentaba una posición que fue, de una u otra manera, cambiando positivamente hasta entender que los estados de excepción han resultado una herramienta para el Estado que ha sido usada -y también desde mi punto de vista- con responsabilidad, con sentido democrático, y que ha buscado responder a una realidad que todo el mundo tiene claro que es compleja y dolorosa en la zona de La Araucanía.

La medida del estado de excepción no ha nacido desde la improvisación ni desde la negación de los problemas históricos que afectan ese territorio. Por el contrario, ha surgido como una respuesta excepcional a una situación que también resulta excepcional, donde la violencia, todos sabemos, ha puesto en riesgo la vida de trabajadores, de comunidades y de familias que solo desean vivir en paz.

Ha habido un debate político respecto a si son hechos constitutivos de actos terroristas y yo soy de los que creen que sí lo han sido. Y ha sido lamentable que el propio Estado se haya visto impedido, a través de sus ministros, de acceder a ciertos territorios dentro de nuestra propia nación.

Desde mi punto de vista, el estado de excepción en La Araucanía ha permitido reforzar la presencia del Estado donde antes había abandono; resguardar rutas estratégicas; proteger medios de transporte, y devolver condiciones mínimas de seguridad para que la vida cotidiana pueda desarrollarse con mayor normalidad.

Gracias a ello muchos vecinos y trabajadores han podido volver a transitar sin miedo, con mayor tranquilidad y han podido confiar en que el Estado no los dejará solos.

Por lo tanto, Presidente , considero importante decir, con mucha claridad, que seguridad y diálogo no son opuestos. Al contrario, la seguridad es una condición necesaria para que el verdadero diálogo exista. No puede haber entendimiento ni desarrollo en medio del temor.

El estado de excepción ha contribuido a crear un piso básico de orden que permite avanzar en soluciones políticas, sociales y culturales de largo plazo.

La Araucanía es un territorio maravilloso donde viven personas que son compatriotas, trabajadoras y esforzadas que merecen paz, justicia y desarrollo. El estado de excepción no es un fin en sí mismo, sino un medio transitorio para proteger a las personas mientras el país avanza en resolver las causas profundas del conflicto: el reconocimiento, el diálogo intercultural, la reparación y el desarrollo integral del territorio.

La medida del estado de excepción, cuya discusión se ha ido morigerando en la sala con el correr de los años -me parece que llevamos más de sesenta aprobados-, se ha aplicado bajo el marco de la Constitución, con control civil y respeto a los derechos humanos, con lo cual se reafirma que la democracia posee herramientas para defenderse sin renunciar a sus principios. Porque cuidar la vida, la seguridad y la dignidad de quienes habitan en La Araucanía también es una forma de compromiso con la paz.

En reiteradas ocasiones he planteado estas razones con motivo de esta discusión en la sala, porque, a pesar de que no es la región que represento, me ha tocado recorrerla por diversas actividades, conversar con sus habitantes y ver que valoran que los jóvenes que hacen el servicio militar estén resguardando la seguridad en Lumaco, en Angol y en toda la zona roja en conflicto. Y por eso considero necesario y relevante que cada vez el Gobierno nos siga mostrando las cifras y los elementos que nos llevan a seguir renovando este estado de excepción.

El mes pasado tuvimos la presencia, señora ministra, del ministro Elizalde , quien daba a conocer que las cifras han bajado en un porcentaje bastante importante. Pero no es menos cierto que también ha habido delitos de alta connotación, dolorosos, fuertes. Y por más que los números disminuyan, muchas veces suceden situaciones tan dolorosas como las que vivimos hace un tiempo, cuando se discutió la ley Nain-Retamal, que efectivamente votamos a favor. Porque debemos recordar los momentos aciagos que estaba viviendo el país: tres carabineros fueron vilmente asesinados, quemados y dejados en el pick-up de una camioneta.

Fue en ese marco de discusión que este Parlamento, llamado por la propia ciudadanía, votó a favor de la ley Nain-Retamal, que ha recibido cuestionamientos en la última semana debido a la absolución de Claudio Crespo en una causa judicial que esperamos, y tengo la esperanza, que sea acogida en su tramitación la nulidad que ha solicitado la defensa.

Voto a favor, señor Presidente.

Gracias.

El señor QUINTANA.-

Gracias, señor Presidente.

Quiero saludar, en primer lugar, a la ministra de Defensa , Adriana Delpiano , quien nos acompaña.

Y, en tiempos de balance, quiero destacar el rol que ha tenido el Gobierno del Presidente Boric y también el impulso que le ha dado la ministra durante el último año a tareas de la defensa que son centrales, porque aquí estamos hablando del rol de las Fuerzas Armadas en labores que a veces están un poco en el límite entre tareas policiales y propiamente de defensa.

Pero además es el momento para destacar lo que se ha hecho.

Hace muy poco se inauguró el Centro Espacial Nacional, en Cerrillos, que va a permitir construir satélites. Es un avance muy importante que ha significado un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea.

Y en el mismo ámbito destaco el nuevo avión de instrucción. Conversábamos con personeros de la Fuerza Aérea hace pocos días y nos comentaban la importancia del Newén, que es un avión de instrucción que va a reemplazar al Pillán.

Todas esas capacidades de la defensa se están desarrollando en Chile.

Qué decir en materia naval, donde es por todos conocido lo que está ocurriendo con la flota, que durante este Gobierno ha recibido un fortalecimiento en recursos, en capacidad, en coordinación, extraordinario. Por ejemplo, el Viel es un rompehielos que ya está en operación; entiendo que el Escotillón I está muy avanzado y que en el caso del Escotillón II ya están cortando las planchas, por decirlo en jerga naval.

Entonces, las capacidades para contar con nuestras propias unidades y dispositivos -y lo sabe muy bien el senador Kenneth Pugh - es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos.

Yo creo que las Fuerzas Armadas, cuando están desarrollando estas labores, que son policiales en gran medida, no pueden dejar de avanzar en sus tareas propias, como las que he mencionado. Asmar, por ejemplo, cumple un rol fundamental en esta materia.

Así que destaco un poco el papel que ha desempeñado la ministra Adriana Delpiano, mandatada por el Presidente Boric, para avanzar en las capacidades de la defensa.

En relación con lo que nos convoca hoy, que es la renovación del estado de excepción, varios colegas señalaban -por ejemplo, el senador Espinoza - que los números hoy día son muy distintos a los existentes el año 2021. Mientras el año 2021 teníamos en esas mismas tres provincias del sur 1.680 hechos de la llamada "violencia rural", al finalizar 2025 alcanzaban 359. O sea, la baja es realmente ostensible. La provincia de Cautín, y debemos destacarlo, hoy día no presenta ninguna diferencia, en términos de violencia, con cualquier otra provincia de Chile. ¡Ninguna!

En efecto, hay algunas situaciones más acotadas en Malleco y en Arauco, las cuales están bien estudiadas por los servicios de inteligencia, desde luego en coordinación con las policías, particularmente con Carabineros. Y eso está operativo. Pero los números son favorables desde el punto de vista que se los mire.

Y a propósito de que hasta hace algunos meses, en especial en el período de campaña, se decían muchas cosas en términos de seguridad, bueno, las que acabo de mencionar son cuestiones muy concretas que muestran una baja ostensible.

Sin embargo, la situación presenta complicaciones. Por eso partí hablando de lo que pasa con las Fuerzas Armadas y terminaré hablando de lo mismo.

Las Fuerzas Armadas, y el Ejército particularmente, han debido mover tropas de todo el país hacia la zona sur, producto de lo cual los jóvenes conscriptos, y también soldados profesionales, han tenido que ir quince o dieciocho veces en una de estas misiones, por varios meses y muchos de ellos con su familia, lo cual constituye un problema. Claro, muchos de ellos dicen: "Nosotros entramos a una escuela de las Fuerzas Armadas no para ser policías; si no, hubiéramos ingresado en la escuela de Carabineros o de la PDI".

Entonces, también hay que mostrar comprensión por lo que ha significado esto.

Sin embargo, todas estas incursiones dejan experiencias, lecciones, capacidades y entrenamiento en diversas tareas. Por lo tanto, yo creo que, en general, el resultado para las provincias y las regiones involucradas es positivo.

En muchas ocasiones escuchamos aquí a algunos colegas insistir el terrorismo, ¡el terrorismo! Bueno, afortunadamente ha salido poco en este momento, porque las cifras así lo indican, pero también porque en época estival es muy dañino -en realidad, en cualquier época- estigmatizar a una población, a un territorio con el terrorismo. Por supuesto que ha habido hechos terroristas y se han conducido por la vía que corresponde y se han investigado por la ley especial que este propio Senado, después de quince años, actualizó.

Pienso que es necesaria esta renovación. Creo que hoy día la situación está menos estigmatizada a como estaba cuando partió, hace cuatro o cinco años, cuando estaba más bien dirigida a determinados pueblos. Ahora se usa para enfrentar, en general, hechos que guarden esta calidad.

Por todo lo anterior, señor Presidente, y destacando el rol de las Fuerzas Armadas en estos estados de excepción, voto a favor.

Muchas gracias.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Gracias.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Saludo, por su intermedio, a la señora ministra.

La verdad es que cada vez me preocupa más este tema, porque no sé si estamos muy perdidos o estamos dando mal uso a las herramientas que tenemos.

Los estados de excepción son para usarse de una manera limitada en cuanto al tiempo -quince, veinte, treinta días- y para solucionar un problema puntual. No se puede abusar de los estados de excepción porque atentan contra la democracia e incluso atentan contra los derechos de las personas, porque se coartan no solo los derechos de los malos, sino también de los buenos, aparte de que producen un tremendo desgaste en las Fuerzas Armadas al asumir un asunto de permanente tensión, que no puede seguir.

A mí me preocupa cuando alargamos una herramienta que debería utilizarse para ponerle fin a determinado problema. Todos dicen: "No, ¡si ha mejorado la situación!". Claro, si la medida está vigente por tres años y ocho meses, es obvio que debería haber mejorado.

¿Y la vamos a seguir aplicando por cuántos años más: por diez, por quince, por veinte años?

Porque esta agonía es una falta a los derechos humanos de los habitantes de la región. Es como decirles: "Yo tengo la herramienta para poner orden, pero no quiero hacerlo de una vez, sino de a poco". ¿Y por cuánto tiempo? ¿Diez, quince, veinte, treinta años?

Acá hay una falta de respeto tremenda a los habitantes de la región de La Araucanía y de los alrededores que a mí me preocupa cada vez más, porque como que da la impresión de que nadie quiere hacer nada de inmediato: "No, ¡si esta cuestión se va a ir arreglando!".

¡Pero si en tres años y ocho meses no hemos visto ni un arreglo! ¿Ha mejorado la situación? Sí, aunque es obvio que si tengo Fuerzas Armadas desplegadas por todas partes va a mejorar un poco, pero no se ha solucionado el problema.

Estos estados de excepción son para poner orden y terminar el problema. Obviamente que hay que negociar en La Araucanía y arreglar el asunto, pero aquello no se hace con un arma y un atentado sobre la mesa. No se puede negociar con terroristas; es imposible.

Primero terminamos con el terrorismo y luego nos sentamos a negociar todo lo que quieran. Hagamos las cosas bien.

Yo no sé si el próximo Gobierno lo querrá hacer.

El Gobierno anterior no lo hacía por temor; yo creo que el actual no lo hace por convicción, y el próximo no sé por qué no lo hará. Parece el cuento de Pedrito y el lobo.

Gracias.

El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).-

Gracias, senador Kusanovic.

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

Yo entiendo las reflexiones del senador Kusanovic e incluso las podría compartir. Pero vivimos una realidad mucho más compleja, con una historia que sin duda hemos tenido que ir reparando poco a poco.

Y esto que se hizo con el senador Huenchumilla , la senadora Carmen Gloria Aravena , etcétera, era un camino que quizá deberíamos recorrer y profundizar para buscar la fórmula de cómo reencontramos dos situaciones históricas que llevan siglos. Uno tiene la impresión de que, sin ese camino y ese grado de reflexión, no vamos a avanzar nunca.

Entonces, entendiendo que el estado de excepción constitucional constituye un parche, nosotros vamos a apoyar -yo ya voté favorablemente-, porque tenemos que buscar ese camino de largo plazo que a algunos no les gusta, o encontrar una fórmula. Pienso que estamos ante la medida más inteligente, con la cual se ha podido tratar de conciliar ambos mundos, considerando que la dura historia que ha antecedido ha complicado lo que hoy día estamos viviendo.

¿Ha fallado el Estado? Sí.

¿Hemos fallado nosotros? También.

Y por eso han sido tan interesantes no solo las cifras que nos ha podido entregar hoy día la ministra de Defensa, las cuales han ido mejorando, sino además porque ahora existe un catalizador de esas cifras, que es la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio.

La pregunta es qué pasará cuando se retiren, qué quedará cuando se retiren.

Por eso que siempre le señalaba a la ministra Tohá cuando venía para acá, como al ministro Elizalde , que la falta de Estado también tenía que ver con los servicios, con cómo se llegaba al territorio. Ahí había una falencia permanente. Los niveles de pobreza en esas regiones son mayores a los que muestran las otras regiones. Estoy pensando fundamentalmente en La Araucanía, donde en el mundo rural, y siempre lo repito, tenemos un 30 por ciento de pobreza multidimensional en comparación con el sector urbano.

Creo que la falta de servicios se ha ido, de alguna manera, solucionando con el estado de excepción constitucional, y se ha ido acortando esa brecha: acortando en agua potable, en vivienda, en caminos, en telecomunicaciones, etcétera.

Es por eso que ahora, cuando ya termina el Gobierno, quizás este informe es muy necesario, porque tenemos que saber cuál es la línea base, de ahora en adelante, con el próximo Gobierno. O sea, cómo se deja el territorio a partir de todo lo que se ha hecho en la Administración del Presidente Boric .

Por eso a nosotros nos interesaría -por lo menos a mí y creo que a gran parte de los senadores y las senadoras- un informe completo con relación a las cifras -por su intermedio, a la ministra-, pero también con todo lo que se ha invertido en las regiones, con todo lo que se ha invertido en la zona y cómo hemos sido capaces de revertir esa falta de Estado, esa falta de servicio, esa falta de infraestructura, esa falta de comunicación.

Porque, Presidente , ¿cómo medimos nosotros el accionar del Gobierno que viene? ¿Cómo lo mides tú?

Con la línea base que nos deja este Gobierno.

Entonces, creo que son importantes las cifras, son importantes los que están hoy día en el territorio, pero al mismo tiempo me gustaría que nos pudieran hacer un resumen de estos cuatro años mediante un informe que nos permita cuantificar cómo hemos ido avanzando a fin de que no retrocedamos en el Gobierno que viene en términos de los servicios que hemos entregado, la conexión y el desarrollo desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, en las regiones que hoy día estamos incorporando nuevamente a este estado de excepción constitucional.

Muchas gracias, Presidente .

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Muchas gracias, senadora.

El señor NÚÑEZ.-

Muchas gracias, Presidente.

La verdad es que esta es una discusión que nos ha tocado abordar en muchas ocasiones. Hemos apoyado lo que ha pedido el Gobierno. Pero hay un tema que se comentó acá del cual tenemos que hacernos cargo.

No puede ser que el estado de excepción, que, redundando en sus palabras, es excepcional, se transforme en permanente.

Esa es la mayor preocupación que tenemos.

Claro, nosotros podemos opinar.

Yo soy senador de la región de Coquimbo; uno ve las noticias, a veces uno tiene contacto con alguien que está en los territorios directamente afectados, como la provincia de Arauco -así lo ha señalado el senador Saavedra - o la región de La Araucanía, pero en general carecemos del contacto cotidiano y, por tanto, solo podemos ver cifras generales que nos indican si ha bajado el nivel de atentados que ponían en riesgo la vida de las personas, que es, sin lugar a dudas, lo más grave de todo.

Pero acá seguimos teniendo un problema que nos complica. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar el hecho de que no podemos estar tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o diez años con los militares desplegados en el territorio con este estado de excepción?

Tenemos que hacernos cargo de ese problema, señor Presidente.

Y lo primero que a uno le preocupa -quiero ser muy sincero- son los anuncios del próximo Gobierno. Ellos han anunciado un ajuste fiscal de 1.600 millones de dólares en dieciocho meses. Y la primera inquietud que a uno le surge es si eso va a repercutir en los fondos de que dispone la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Lo que nosotros entendemos es que el pueblo mapuche existe, tiene problemas y sigue en un conflicto histórico que el Estado no ha sido capaz de resolver, a pesar de que se han hecho esfuerzos.

Pero si vamos a recortar los recursos ni siquiera podremos darle al pueblo mapuche el trato que se merece, por ejemplo, en materias de desarrollo productivo, de créditos Indap, de tierras. Porque la compra de tierras es un problema, Presidente.

¡Si al pueblo mapuche hay que devolverle tierras! Yo no sé cuál es el miedo de decirlo. ¡Hay que devolverle tierras!

Aquí se ha alegado que la Ley Lafkenche ha dejado miles y miles de hectáreas de mar en manos de un pueblo originario. Bueno, ¿y los latifundistas en Chile? ¡Miles y miles de hectáreas de tierra! En la Decimosegunda Región hay una familia que es dueña de miles y miles de hectáreas de terreno.

Entonces, ¡hay que devolver tierra, Presidente! Y eso se hace con recursos.

Por lo tanto, a mí me preocupa mucho que la inversión que se debe hacer quede disminuida y llevada a la nada por este anuncio de ajuste fiscal.

Yo miraba la minuta del Gobierno, la cual nos dice que hay dos planes -el plan Buen Vivir y el plan Ercilla- y daba cuenta de los recursos invertidos. Alguien encontrará que es poco, pero son planes concretos.

Entonces, lo primero que quiero pedir, Presidente , es que ojalá alguna autoridad del futuro Gobierno -tal vez alguna está en la sala- nos pueda decir si van a continuar con ambos planes -el plan Buen Vivir y el plan Ercilla-, porque son necesarios, ¡son necesarios!

En tal sentido, yo lamento que el espacio de diálogo político que suponíamos iba a jugar la Comisión para la Paz y el Entendimiento hoy día aparezca absolutamente olvidado.

Por lo tanto, la inquietud que le quiero plantear a la ministra -me gustaría mucho que nos contara- es cómo piensan seguir en las semanas que quedan, pues creo que el deber del actual Gobierno, que termina el 11 de marzo, es gobernar hasta el último día, hasta el último minuto y a lo menos avanzar en alguna propuesta responsable de desescalamiento.

Pero eso tiene que ir acompañado con medidas de inversión social, con medidas de desarrollo productivo, con el plan de diálogo político que está planteado, que no sabemos cuánto ha avanzado.

En resumen, Presidente, pido que podamos escuchar una exposición de la ministra en tal sentido y, sobre todo, tomar conciencia de que no podemos esconder el conflicto histórico que existe con el pueblo mapuche. Tenemos que abordarlo y encontrar un camino de solución.

Hoy día estamos abordando la emergencia, una situación que se nos salió absolutamente de control, pero requerimos un abordaje más estructural, más permanente.

Creo que eso va a ser sumamente importante para poder terminar definitivamente con los estados de excepción.

He dicho, Presidente .

El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).-

Gracias, senador Daniel Núñez.

La señora ÓRDENES.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo a la ministra de Defensa , Adriana Delpiano , presente en la sala.

Periódicamente comparecemos en este Senado para evaluar la renovación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, particularmente en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y de Biobío, de la región del Biobío, y no es casual que varias de las intervenciones que hemos escuchado planteen la preocupación o la inquietud respecto de lo que ha hecho particularmente el Ejecutivo y si es posible pensar en un desescalamiento, tal como señalaba el senador Núñez .

Por eso me gustaría que la ministra pudiera hacer una reflexión respecto de ese tema, porque parte de las conversaciones siempre apuntan a que estamos hablando de una medida que entendemos extraordinaria, pero que con el tiempo la hemos sostenido durante un período bastante prolongado.

Yo la he votado a favor, Presidente, porque creo que aún es necesaria y es responsable, particularmente frente a la realidad que viven miles de compatriotas en las regiones del Biobío y de La Araucanía en Chile.

O sea, el Estado tiene el deber irrenunciable de garantizar la seguridad y el orden público, así como también proteger la vida y la integridad de las personas que viven en esa zona.

Es cierto igualmente que aún persisten graves hechos de violencia; todavía somos testigos de ataques incendiarios, de uso de armas de fuego y, a veces, de daños a la infraestructura crítica.

Entonces, hay ahí un entramado de hechos que evidentemente el Gobierno, a través de una serie de medidas, ha tratado de abordar.

Yo leía -creo que es algo positivo y por eso lo quiero destacar- que el 2025 se consolida como el año con menos eventos de violencia rural desde el 2017.

Por lo tanto, aprovecho para plantear otra pregunta: ¿cuáles son a juicio del Gobierno, dentro de los ejes que se han priorizado, las medidas que deberíamos mantener en el tiempo? Porque, más allá de cuestionar el tiempo que llevamos adoptando este tipo de medidas, claramente se han registrado, por ejemplo, menos atentados incendiarios en la macrozona sur -se habla de un 21 por ciento menos que el 2024-, lo cual quiere decir que las medidas han funcionado.

El estado de excepción, obviamente, no es algo que quisiéramos mantener en el tiempo, pero era necesario el control de las rutas. Y lo digo porque yo represento a una región donde el abastecimiento se hace a través de transporte terrestre y los camioneros, por ejemplo, siempre nos han planteado que esa era una zona roja y que les preocupaba cuando les tocaba cruzar por ella.

Me parece que han sido importantes los controles de ruta que se han realizado, así como el apoyo que se ha entregado en equipamiento y tecnología, principalmente para las policías que están a cargo, y el reforzamiento del despliegue militar.

Asimismo, creo que han sido relevantes los planes. Y hay una buena pregunta, que también se ha formulado, relacionada con si vamos a mantener los planes Buen Vivir y Ercilla , porque esta realidad tiene como base un conflicto ante el cual deberíamos avanzar con diálogo. O sea, no vamos a solucionar este tema si no abrimos más espacios de conversación.

Del mismo modo, quiero dejar en evidencia que estamos hablando de zonas de rezago. Por eso no es casual que estemos pensando en estos dos tipos de planes.

En tal sentido, opino que incluso deberíamos seguir reforzando a nivel presupuestario y a nivel de políticas públicas.

Por eso, Presidente , al terminar mi intervención, quiero puntualizar que cuando enfrentamos problemas de esta complejidad y reconocemos que tenemos una tensión ahí con el pueblo mapuche no hay otra cosa más válida que el diálogo político. Creo que no hay otro camino.

Asimismo, me parece necesario evaluar cuáles fueron los verdaderos avances que obtuvimos con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, porque cuando se cortan los diálogos no solo se ve afectada la instancia donde se proponen una serie de reformas constitucionales para, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas u otras, sino también porque nos vemos impedidos de avanzar en esas materias.

Espero que este tipo de medidas no solo se reconozcan, sino que se mantengan a partir del 11 de marzo próximo, cuando asuma un nuevo gobierno.

Eso de mi parte, Presidente .

Pienso que ha pasado mucho tiempo y es necesario evaluar cada una de las medidas y las políticas públicas que se han traducido en una serie de planes y programas para seguir avanzando en esta materia.

Obviamente, el objetivo es que algún día todos, en consenso, finalmente podamos decir que ya no se requiere un estado de excepción en la región de La Araucanía y en varias zonas del Biobío.

Muchas gracias, Presidente .

Voto a favor.

He dicho.

El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).-

Gracias, senadora Ximena Órdenes.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , honorable Sala, señora ministra, a quien saludo en esta nueva renovación del estado de excepción, nosotros estamos concurriendo, ya me olvido, a no sé qué número de renovación del estado de excepción.

¿Cuarenta?

¿Qué número es?

Yo he sido crítico de varias de estas renovaciones porque no hay una real evaluación de cada una de ellas.

Cuando un estado de excepción se convierte en normalidad, yo creo que nosotros, como Estado, principalmente como Ministerio de Defensa en este caso, debiéramos hacer un balance mucho más exhaustivo, porque la normalización de una situación de violencia y de excepción constitucional nos lleva a que nos quedemos en la tranquilidad de que el estado de excepción es el que impera en provincias importantes de nuestro país.

Eso no solo constituye una anomalía desde el punto de vista institucional, sino que también significa una destinación de recursos y de esfuerzos que no son los ordinarios y para lo cual no fueron creados.

Por lo tanto, concurriré, obviamente, a la aprobación de esta solicitud del Presidente de la República.

Asimismo, creo que es importante destacar, principalmente cuando estamos a un mes y medio de que asuman nuevas autoridades, que esta Administración -tanto el Ministerio de Defensa como el del Interior- ha cumplido los propósitos de bajar los índices de violencia y evitar mayores atentados. Pero tiene que haber un plan de transición.

Creo que no se puede legar al próximo Gobierno simplemente la renovación número cincuenta, o no sé cuál, del estado de excepción.

Por eso me permito sugerir responsablemente, ministra, que puedan hacerse anuncios para la primera semana de marzo, seguramente cuando tendremos que aprobar una nueva renovación, de un diálogo democrático con quien haya sido designado ministro de Defensa por parte de la nueva Administración para entender qué cambia.

Creo que ese es un tema de responsabilidad institucional y tenemos que hacernos cargo.

Nos hicimos cargo en su momento decretando el estado de emergencia, no obstante que muchos se negaban o decían "esto no puede ser". ¡No! Hoy día se cuenta con unanimidad.

Pero también es responsable, democrático y coherente con un traspaso de Administración, más aún de un signo político distinto, el tener una visión y una evaluación distintas.

Cuando las unidades militares de despliegue terminan institucionalizándose y permaneciendo largo tiempo ya no hay un nuevo estado de alerta.

Yo echo de menos en la discusión el haber escuchado el punto de vista del Ministerio Público, el punto de vista del programa Buen Vivir. No he oído cuál va a ser la continuación de ese plan, que en muchos aspectos fue positivo y respecto del cual se pusieron de acuerdo una serie de actores para llevar adelante iniciativas de diálogo y un conjunto de propuestas.

Creo que lo peor es que los esfuerzos sean inútiles, estériles y terminen a la mitad del camino para partir, con una nueva Administración, desde cero.

Me parece que en buena hora este tipo de situaciones han salido del debate candente de la opinión pública y tienen que convertirse en una política de Estado, más aún en el Ministerio de Defensa, que es el encargado de llevar esto adelante.

Por lo mismo, ministra, quiero sugerirle que para la próxima renovación, que seguramente también le tocará a usted, en los primeros días de marzo, pueda haber una sintonía y una información -obviamente no puede comparecer el ministro de Defensa que asuma- que nos permita mirar con una perspectiva de solución, de terminar con esta anomalía que claramente es el estado de excepción.

Chile avanza en una serie de recuperaciones económicas y de otras mejorías que se han ido dando en el país, pero también necesita regularizar esta situación y no simplemente renovar y renovar.

Yo voto a favor, pero le pido expresamente, señora ministra, que a través de usted podamos tener, en la próxima renovación, al menos una opinión, en lo que corresponda, de las nuevas autoridades para los efectos de que desde esa discusión no partamos de cero, entendamos qué es lo que va a haber y, si las propuestas son sensatas, coordinadas, discutidas, obviamente podamos buscar la solución.

A lo que uno aspira -y lo hemos aprendido- es a que situaciones de violencia e inseguridad no sean un arma arrojadiza de un gobierno a la oposición o de tal o cual sector.

Esto son problemas que debemos enfrentar. Para eso se constituyeron comisiones, se escucharon distintas opiniones, y hay propuestas. Y creo que tenemos que hacernos cargo de esas propuestas y no simplemente repetir renovaciones de estados de excepción.

Por eso, le reitero a la ministra la posibilidad de contar con esos antecedentes, en lo que corresponda, para la próxima renovación, que ocurrirá la primera semana de marzo.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Gracias, senador Alfonso de Urresti.

La señora VODANOVIC.-

Muchas gracias, Presidente .

Ante todo, saludo a la ministra de Defensa , a quien agradezco las explicaciones que ha dado.

Creo que es importante hacer una reflexión, al término del Gobierno y de, prácticamente, esta legislatura, en la que hemos aprobado un sinnúmero de renovaciones de este estado de excepción. Entendemos que es la nomenclatura que usa nuestra Constitución, pero de excepción le va quedando poco.

La verdad es que constituye una medida necesaria, como se ha explicado; una medida que ha producido cambios favorables en La Araucanía. Y es una medida a la que, probablemente, no es fácil darle término. El desescalamiento, por cierto, será gradual, tal como lo hemos escuchado muchas veces en la Comisión de Defensa.

Pero considero que al análisis que ha hecho la ministra se le debe sumar un análisis de parte nuestra y de distintas instituciones del Estado.

Aquí ha habido cambios que no tienen que ver solo con las medidas del estado de excepción constitucional y la acción disuasiva de las Fuerzas Armadas, que por cierto se reconoce y que es bien valorada por la ciudadanía, sino también con medidas y con leyes que hemos implementado desde este Senado y desde este Congreso.

Menciono entre ellas la ley antiterrorista y la ley de robo de madera, que no fueron de fácil discusión ni de fácil despacho, pero también debieran ser objeto de análisis sobre cuál ha sido su impacto en la persecución criminal, cómo han sido utilizadas por la Fiscalía y cuál ha sido su efecto disuasivo, pues se trata de normas que permiten no solo dar una señal política y penal -por las altas penas, digamos-, sino también porque entregan herramientas importantes para la persecución criminal.

Ahí la Fiscalía creo que también ha tenido posibilidades de hacer investigaciones con herramientas distintas, que antes probablemente no tenía.

Por lo tanto, la situación de La Araucanía, que, como se ha dicho, tiene causas distintas, problemáticas muy diferentes, debe también ser objeto de un abordaje distinto. Y ahí resulta pertinente lo que señalaba la ministra: cómo el Estado de Chile se ha involucrado en solucionar las raíces más profundas de la desigualdad que existe en La Araucanía y la importancia de que esto se aborde con una visión de Estado.

La verdad es que la Comisión para la Paz y el Entendimiento que se creó -entiendo que a ella aludía la ministra con la expresión "mesa de diálogo"- tuvo miembros también de este Senado, como la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Francisco Huenchumilla , quienes hicieron un tremendo trabajo en pro de buscar reparación para quienes han sido objeto de violencia, pero también soluciones para las causas de la desigualdad en La Araucanía, una región que evidentemente requiere un apoyo muy distinto del que pueden necesitar otras.

Aquí ha habido inversiones importantes por parte del Estado en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado; se ha mejorado la seguridad en las rutas; ha existido persecución penal efectiva con condenas obtenidas producto de las leyes que hemos señalado, pero también ha habido una visión desde el Gobierno para enfrentar el rezago con el plan Buen Vivir y el plan Ercilla .

Se han ejecutado miles de kilómetros nuevos de pavimentación, que permiten sacar del aislamiento a comunidades de La Araucanía. Ha habido una visión en cuanto a entregar subsidios de vivienda, en cuanto a la construcción y puesta en marcha de centros comunitarios de cuidados, a las factibilidades de agua potable rural en lugares donde aún falta mucho por avanzar en ese sentido.

En Chacaico, por ejemplo -lugar de mis bisabuelos Schnake -, cabe mencionar las entregas de créditos Indap, con una visión para poder llegar a muchas más personas y lograr un desarrollo territorial integral que tienda a la igualdad.

A estas políticas se suman aquellas que ha impulsado el Fosis, el mejoramiento de la infraestructura de los cesfam, en fin. Aquí todos los senadores por La Araucanía tienen claridad de los avances que se han podido hacer.

Quisiéramos también que sean evaluados con una perspectiva de continuidad, de seguir avanzando en todos estos beneficios para las comunidades, porque son las personas, finalmente, las que han visto este beneficio.

Por eso, mi voto es a favor de la mantención del estado de excepción constitucional, pero como una medida más de las muchas otras que son necesarias para que por fin La Araucanía logre la paz.

Muchas gracias, Presidente .

El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).-

Gracias, senadora Paulina Vodanovic.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias.

Presidente, quiero, por su intermedio, saludar a la ministra de Defensa, no sin antes decir también que me extraña la ausencia del Ministerio del Interior, que ha sido siempre el que ha estado junto al de Defensa en estas tramitaciones, porque hay una serie de consultas que es necesario resolver antes de pronunciarnos.

El estado de excepción constitucional, que se mantiene aún en la macrozona sur, es una medida extraordinaria, pero que lleva ya demasiado tiempo vigente sin mostrar resultados que justifiquen su permanencia.

Los estados de excepción constitucional existen en nuestro ordenamiento jurídico constitucional para situaciones extremas, pero además con carácter transitorio, en donde las herramientas ordinarias del estado resultan insuficientes. Son medidas de ultima ratio, no políticas públicas permanentes.

Y lo que hoy estamos viendo aquí en esta nueva solicitud de renovación del estado de excepción constitucional es ya, a todas luces, una política pública permanente.

La Constitución es clara: estas son medidas excepcionales y temporales. Sin embargo, llevamos años renovando sistemáticamente el estado de excepción en la macrozona sur.

Cuando el Gobierno del Presidente Gabriel Boric dice estar preocupado de sus legados, bueno, este va a ser uno de ellos. Pasó todo el período presentando a este Parlamento solicitudes de renovación del estado de excepción.

Y uno se pregunta cuáles han sido los resultados de esta militarización prolongada en la macrozona sur. Los mismos problemas persisten, los ataques incendiarios continúan, la violencia no ha cesado, las comunidades siguen viviendo con miedo. Y lo más grave es que no hemos avanzado un milímetro en resolver las causas profundas del conflicto.

Es más, hoy tenemos un sobreagotamiento de las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona.

Según datos del propio Gobierno, durante el estado de excepción los ataques incendiarios no han disminuido significativamente, las detenciones no se traducen en condenas efectivas, la sensación de inseguridad de los habitantes en la zona persiste y las organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de abusos.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿para qué seguimos con el estado de excepción si no está funcionando?

No podemos ignorar que el estado de excepción implica una restricción de derechos fundamentales; implica que nuestras Fuerzas Armadas hagan labores de orden público; implica facultades especiales; implica controles que en democracia deberían ser la excepción absoluta. Y cuando estas medidas se prolongan en el tiempo, sin resultados claros, el costo en términos democráticos se vuelve inaceptable.

Además, las comunidades indígenas han denunciado reiterados allanamientos, desproporcionados, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza.

No estoy diciendo que todos los casos sean así, ministra -por su intermedio, Presidente -; pero, cuando hay un patrón de denuncias, no podemos simplemente ignorarlas invocando la seguridad.

Y en ello nos parece que está el problema de fondo: hemos confundido presencia militar con una política de seguridad. Y no son lo mismo.

Se requiere una verdadera política de seguridad para la macrozona sur: primero, una inteligencia policial efectiva, no operativos masivos que no distinguen entre comuneros pacíficos y grupos violentos; segundo, una justicia que funcione, porque de nada sirven las detenciones si no tenemos condenas, de nada sirven los procedimientos si los casos no llegan a los tribunales.

Le solicito a la Mesa un minuto adicional para terminar. Justo me está llamando el senador Sanhueza y debo contestarle. Le pido al senador que me tenga un poco de paciencia.

Presidente , en este debate hay voces que sistemáticamente no se escuchan: las voces de las comunidades mapuche, que rechazan la violencia, pero que también sufren la militarización; las voces de los niños y niñas que crecen viendo tanquetas en sus caminos; las voces de familias que viven entre la violencia de los grupos radicales y la presión de las fuerzas de seguridad.

Entonces, creo que debemos ser capaces de abordar las demandas históricas. Porque, como lo han dicho en reiteradas oportunidades quienes me han antecedido en el uso de la palabra, con mucha expectativa se estableció la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, con hartas expectativas también se elaboró un programa especial; sin embargo, son exiguos los logros que se pueden mostrar desde el punto de vista de la reducción de la pobreza.

Por consiguiente, me parece que aquí, en lugar de renovar mecánicamente los estados de excepción constitucional, deberíamos establecer indicadores claros, objetivos, haciéndonos las siguientes preguntas: ¿qué tiene que pasar para que termine el estado de excepción? ¿Cuáles son las metas? Porque sin esto la excepcionalidad no tiene fin.

Creo que estamos en presencia de un escenario en donde esta excepcionalidad no tiene un fin claro en que podamos señalarles a quienes integran las Fuerzas Armadas cuál es el derrotero para que vuelvan a desarrollar las actividades para las cuales se han formado.

Además, pienso que debemos avanzar simultáneamente en el diálogo político.

No podemos esperar que termine la violencia sin conversar. Debemos dialogar con todos y con todas para que finalice esta situación de violencia; tiene que haber una inversión real en materia de desarrollo del territorio (caminos, escuelas, hospitales, oportunidades económicas), porque el Estado ausente es gran parte del problema.

En reiteradas oportunidades hemos escuchado a los parlamentarios de la región de La Araucanía plantear las dificultades para la reposición de infraestructura básica en el ámbito educacional, y eso sigue esperando.

Quiero insistir en ello, Presidente: el Estado ausente es parte del problema. Cuando las rondas médicas no llegan, es el Estado el que les está fallando a estas comunidades.

En consecuencia, si aceptamos que un estado de excepción puede durar años sin resultados claros, creo que estamos enviando un mensaje equivocado, en donde la excepcionalidad es la nueva normalidad y la militarización es una política pública válida.

Nos parece que estos tres elementos son parte de las dificultades por las que nosotros no concurrimos con nuestro voto a favor a la renovación del estado de excepción constitucional.

Esto debería preocuparnos a todos, independientemente del color político, porque lo que normalizamos hoy puede usarse mañana en otros contextos, en otras regiones, con otras justificaciones.

Entonces, como senadora no puedo apoyar la renovación automática del estado de excepción sin que haya cambios sustanciales en la estrategia.

Con esto no estoy diciendo que haya que levantar el estado de excepción mañana sin más, pero sí que debe existir un plan con indicadores claros, con plazos definidos para su término, con protocolos estrictos de respeto a los derechos humanos, con avances simultáneos en diálogo político y en soluciones de fondo, y además con una rendición de cuentas sobre resultados muy concretos.

Por estas razones, porque la excepcionalidad por definición no puede ser permanente, no concurro a apoyar esta solicitud de prórroga de vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Gracias, senadora.

--Se aprueba la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío (39 votos a favor y 1 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votó por la negativa el señor Kusanovic.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentran inscritos tres pareos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, N° 21, párrafos quinto y final, y en la disposición quincuagésima tercera transitoria de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional en orden a prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, según dispone el decreto supremo N° 78, de 24 de febrero de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que ha sido prorrogado en once oportunidades, la última de las cuales fue mediante el decreto supremo N° 269, de 8 de noviembre de 2025, del Ministerio del Interior, por el plazo adicional de noventa días, a contar del vencimiento del período previsto en el citado decreto supremo N° 269, asunto correspondiente al boletín N° S 2.709-14.

--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.709-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Para los señalados efectos, el Ejecutivo expone que en los últimos años ha habido un aumento de los flujos migratorios hacia Chile, lo que ha incidido en la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados en varios lugares de la extensa frontera de nuestro país.

Tal situación, agrega, ha afectado especialmente la calidad de vida de los habitantes de las comunidades impactadas por estos nuevos flujos migratorios irregulares.

Atendido lo anterior, se ha buscado contar con los mecanismos necesarios para mejorar la vigilancia de las fronteras a fin de asegurar el adecuado control migratorio en Chile que permita, por un lado, controlar los niveles de migración y cumplir los requisitos exigidos para ella, y por otro, proteger la vida, la integridad física y la seguridad de quienes ingresan a nuestro país y de los habitantes de estas áreas.

Para tales efectos, puntualiza, entre otras medidas, se ha estimado necesario que en determinadas áreas de zonas fronterizas se adopten formas de resguardo adicionales, por lo que, mediante el citado decreto supremo N° 78, se dispuso, por el término de noventa días, el ejercicio de las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

Dicha medida fue prorrogada por medio de los decretos supremos números 139, de 24 de mayo de 2023; 220, de 22 de agosto de 2023; 338, de 20 de noviembre de 2023; 114, de 16 de febrero de 2024; 182, de 17 de mayo de 2024; 273, de 16 de agosto de 2024; 364, de 14 de noviembre de 2024; y 50, de 11 de febrero de 2025, todos del ministerio señalado, y por los decretos supremos números 150, de 13 de mayo de 2025; 227, de 11 de agosto de 2025, y 269, de 8 de noviembre de 2025, del Ministerio del Interior, en cada oportunidad por el plazo de noventa días, contado desde la publicación de los mencionados decretos supremos en el Diario Oficial.

Lo anterior, añade el Ejecutivo , ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, lo que ha tenido positivos efectos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados. En particular, ha permitido aprovechar los recursos logísticos, tecnológicos y humanos que poseen diferentes instituciones del Estado de manera sinérgica, alcanzando un mejor control territorial. Sin embargo, agrega, a pesar de dichas medidas, las situaciones de peligro grave o inminente que motivaron la dictación del decreto supremo N° 78 aún subsisten.

Adicionalmente, el resguardo de determinadas áreas en zonas fronterizas dispuesto por el citado decreto supremo N° 78 y su última prórroga culmina el próximo 6 de febrero de 2026, por lo que, en consideración a las circunstancias y antecedentes previamente invocados, el Ejecutivo propone su nueva prórroga.

Por consiguiente, mediante el oficio en actual trámite se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del decreto supremo N° 78, de 2023, por un plazo adicional de noventa días, a contar del vencimiento del período previsto en el citado decreto supremo N° 269.

Sobre la materia, cabe señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del numeral 21° del artículo 32 de la Carta Fundamental, es atribución especial del Presidente de la República disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.

El párrafo quinto establece que esta medida no podrá extenderse por más de noventa días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por iguales períodos, con acuerdo del Congreso Nacional, mientras persista el peligro grave o inminente que dio lugar a su ejercicio.

Por su parte, el párrafo final del mismo numeral 21° dispone que esta atribución especial también se podrá utilizar para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país.

Finalmente, cabe mencionar que, junto a la solicitud en referencia y conforme a lo establecido en los citados párrafos quinto y final del numeral 21° del artículo 32 de la Constitución Política de la República, el Primer Mandatario informa acerca de las últimas medidas adoptadas en el marco del resguardo de áreas de zonas fronterizas del país.

Es todo, señor Presidente.

El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).-

Gracias, señor Secretario .

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Anuncio mi voto favorable, sin perjuicio de lo cual quisiera señalar que las fronteras siguen descontroladas en el norte. ¡Eso es un hecho cierto! Y siguen descontroladas sobre todo con respecto al crimen organizado: se entra y se sale con los productos de los delitos. Y mientras eso no pare, vamos a seguir con mucho drama en el norte.

Y, como dice la ministra, creo que ahí hay un problema de cómo contar los ingresos: el Gobierno ha cambiado la forma de hacerlo, pues antes lo hacía la PDI; ahora se hace con los avistamientos de las Fuerzas Armadas. Son dos cosas distintas.

Pero, cuando uno vive en la región, observa que las situaciones críticas siguen. Seguimos viendo los colegios copados; seguimos viendo cada día más tomas en Alto Hospicio, todos con migrantes irregulares; seguimos viendo las grandes listas de espera en salud; seguimos viendo cómo el hospital además colapsa con partos de personas extranjeras que dicen: "Miren, nosotros vamos a tener la guagua, vamos a vender el ajuar que nos dan y nos devolvemos". Incluso son mujeres de Bolivia que vienen a Chile a tener su guagua, a usar el hospital, a que les den los bienes, a venderlos y a devolverse a su país.

Así que hay muchas cosas que todavía no somos capaces de controlar.

Los jardines infantiles están cien por ciento copados, con priorización para ellos. Lo mismo pasa en los colegios.

Entonces, más allá de cantar victoria, creo que la situación sigue siendo crítica.

Ocurren hechos que a mí me parecen de la mayor gravedad -por su intermedio, Presidente, se lo digo a la ministra-, porque de alguna manera incluso atentan contra nuestra soberanía.

Yo voy una vez al mes, cada dos meses a Colchane, y al llegar allá el celular me dice "Bienvenida a Bolivia". O sea, ni siquiera hemos sido capaces de tener una buena señal en nuestro país. ¡Eso no es cuidar tu soberanía!

Todavía queda mucho por hacer.

Yo quisiera recordar que en febrero del 2023 se publicó la reforma constitucional que permite que el Presidente ejerza la facultad de custodia de la frontera. Y en esa reforma o en una normativa transitoria se le permite al Ministerio del Interior dictar un DFL para regular esta facultad mientras no se dicte la ley.

¡Llevamos tres años!

En abril del 2023 se dicta el decreto con fuerza de ley N° 1, que establece las facultades que tienen las Fuerzas Armadas, que por cierto son bastante pocas. Y seguimos a la espera de la tramitación de la ley de infraestructura crítica y de esta facultad.

Se nos dijo por mucho tiempo que se había priorizado la iniciativa de ley de inteligencia. En cuanto a esta, entiendo que la comisión mixta ya terminó su estudio la semana pasada. Sería bueno, entonces, pedirle hoy día al Gobierno que le pusiera urgencia, que estableciera claramente en una ley cuáles van a ser las facultades de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de esta nueva prerrogativa presidencial.

Porque, de verdad hoy día, ministra -por su intermedio, Presidente -, es insostenible que cuando un militar no detiene, sino que "recibe" a alguien que ha ingresado clandestinamente, la única facultad que tenga sea pasarlo a la PDI, que es la policía migratoria. Y solo puede revisarle sus vestimentas y su equipaje si hay presunciones fundadas que acrediten un delito.

¡Qué delito va a haber, si viene ingresando a Chile!

Entonces, uno compara eso: que al que entra por la ventana ni siquiera le revisan la maleta ni el ropaje y puede traer armas, drogas, etcétera, y al que entra por el paso habilitado lo pasan por el escáner y le revisan todo. O sea, ¡el peor de los mundos!

Efectivamente, hay que fortalecer el paso ancestral. De alguna manera hay que determinar quiénes son las personas que pueden circular por ahí libremente, tanto de Bolivia a Colchane como de Colchane a Bolivia, que son los transeúntes habituales de ambas comunas, cosa que hoy día no ocurre.

Ni siquiera está tan demarcado. No hay un camino exacto; las rejas que rodeaban ese paso hoy día están por los suelos, en fin. Creo que falta determinar eso porque por el paso ancestral circula mucha gente que no cumple con los requisitos para ello.

De verdad, Presidente , yo espero que se avance en la ley de infraestructura crítica; que eso venga con una solución para establecer las funciones que permitan regular la frontera, y que se establezcan verdaderos desincentivos a que sigan ingresando. Y eso pasa por dar prioridad a los chilenos en materia de educación, salud, jardines infantiles, porque hoy día, al menos en la región de Tarapacá, eso sigue sin ocurrir.

Voto de todas maneras a favor, Presidente .

Muchas gracias.

He dicho.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Gracias, senadora Ebensperger.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Esta es la última vez que me corresponde intervenir con ocasión de la prórroga de la disposición que autoriza la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en las fronteras del norte de Chile.

Durante el período de vigencia de esta medida hemos podido constatar que su eficacia ha sido, a lo menos, relativa, precisamente porque no ha estado acompañada de políticas públicas integrales, coherentes y verdaderamente eficaces, destinadas a impedir de manera total el ingreso de migrantes en situación irregular a nuestro territorio.

Las últimas cifras oficiales disponibles, correspondientes al primer trimestre del año 2025, informan -y se presentan como un éxito- una disminución de 14,3 por ciento en el ingreso de migrantes por pasos no habilitados. Sin embargo, dichas cifras también revelan que en ese mismo período fueron detectadas 6.342 personas ingresando irregularmente al país, de acuerdo con los registros de la Policía de Investigaciones.

No podemos conformarnos ni celebrar el hecho del cambio de metodología solo porque esas 70 personas diarias que siguen ingresando de manera irregular a Chile sea una cifra inferior a las 82 personas diarias que entraban antes. Cabe preguntarse, ¿es un éxito? Eso es falso, porque solamente estamos disminuyendo mediante la generación de un sistema de autodenuncia sobre el cual existe un modelo de registro biométrico, pero finalmente no sabemos dónde están, qué hacen, dónde comen, dónde duermen ni a qué vienen a Chile.

Por lo tanto, no se trata de números menores.

Y a ello tenemos que agregar una realidad aún más preocupante: quienes se autodenuncian, quienes no son detectados por la PDI y aquellos que ingresan regularmente pero permanecen de forma irregular en el territorio nacional.

Durante todo este tiempo he insistido de manera reiterada en la falta de facultades efectivas de nuestras Fuerzas Armadas para controlar y prevenir el ingreso de migrantes por pasos no habilitados; en la ausencia de acuerdos reales y operativos con los países vecinos: mientras por Perú ingresaban y llegaban a Chile, no había ni un problema, pero, como ahora se trata de que ellos se quieren devolver, hoy día Perú no los deja ingresar y se genera una situación difícil en la frontera.

La peligrosa relativización del fenómeno del crimen organizado por parte del Gobierno nos conduce, lamentablemente, a una misma conclusión: nada sustantivo ha cambiado.

El resultado de la obstinación de este Gobierno por no evaluar ni fortalecer adecuadamente la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera será que el Gobierno del Presidente Kast recibirá un verdadero "presente griego": más de 125.000 migrantes irregulares adicionales respecto del inicio de la actual Administración.

El norte de Chile merece respeto y la región de Arica y Parinacota merece recuperar la tranquilidad frente al avance del crimen organizado y sentir que el resto del país reconoce su enorme importancia estratégica y geopolítica. Espero sinceramente que el nuevo Gobierno asuma, con responsabilidad y decisión, los deberes pendientes y las deudas históricas que se mantienen con el norte y en especial con Arica y Parinacota.

Por estas razones, señor Presidente , voto a favor de la solicitud de prórroga del decreto que establece la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, y ojalá en un corto plazo podamos tener una verdadera política pública para de una vez por todas devolverles la tranquilidad a los chilenos, que tanto se la merecen.

Gracias, Presidente .

El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).-

Gracias, senador José Miguel Durana.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Primero, quiero corregir un grave error que cometí al comienzo de mi intervención hace un rato y saludar a mi querida amiga y distinguida ministra, doña Adriana Delpiano , a quien agradezco su presencia. Y también quiero agradecerle los muy importantes datos que nos ha entregado en el caso de ambas medidas de excepción que hemos estado trabajando hoy día.

Como ella decía, resulta extraño que, habiendo dos estados de excepción, no los veamos juntos. Y aquello ocurre porque son completamente distintos, en realidad. Porque nada de lo que ocurre en La Araucanía ocurre en Arica, en Antofagasta o en Tarapacá. Y al revés, no hay problemas fronterizos en el sur.

Presidente, el asunto que analizamos ahora deviene de un proceso bastante largo, bastante extenso. Pero, ya que han comenzado con el tema mis apreciados colegas de Arica y de Tarapacá, que ya se han retirado, yo aprovecho de decir que en realidad ellos han abordado solamente un pedacito del problema, que se refiere a lo ocurrido en los últimos dos o tres años, sin ver el proceso en su conjunto, tal como lo hemos vivido.

Presidente , el año 2016 un distinguido profesor venezolano (dicho sea de paso, de la Universidad de Harvard), llamado Ricardo Hausmann , publicó un grupo de artículos sobre los problemas de la economía de distintos países de América Latina, los cuales, como se estila ahora, fueron promovidos con distintos avisos en diarios y en medios de comunicación. Y en la parte relacionada con Chile, Ricardo Hausmann decía: "El problema de Chile es que hay demasiados chilenos", con lo cual quería indicar que, como país, una de nuestras fallas era la escasa cantidad de extranjeros que venían a trabajar acá.

En ese momento, la cifra de residentes extranjeros en Chile estaba entre 1,3 a 1,5 por ciento de sus habitantes. En las últimas cifras que yo manejo -en realidad no quiero cansar demasiado con estas cosas-, la estimación total de extranjeros viviendo en Chile era de 1.918.583 personas, cifra cercana al 10 por ciento, en un país que está llegando a los 20 millones de habitantes.

Y ese es el problema que estamos asumiendo en realidad cuando hablamos de las fronteras del norte, porque aquello no ocurre en la frontera del sur. Entonces, la mayor parte de los extranjeros que han llegado en el último tiempo, tanto legal como ilegalmente -bueno, antes arribaban por el aeropuerto también-, lo ha hecho a través de la frontera, y eso es cierto.

Este proceso ocurre en una región que históricamente ha sido muy poco violenta como frontera, y todavía es bastante poco violenta, en realidad.

Y hay una falsedad grande en esta materia, Presidente . Se dice que no sucedía porque el territorio estaba minado. Sí, pero cuando sacamos las minas no pasó nada, pues. ¿Por qué? Porque por ahí circulaban regular y libremente ciudadanos peruanos, chilenos, bolivianos, y muchas veces sin siquiera molestarse en pasar por la frontera. Y era una frontera tremendamente pacífica y además poco traspasada, salvo en la parte de Tacna-Arica, por cierto, que históricamente ha sido muy importante.

Y eso porque, sobre todo, muchos bolivianos pasan a trabajar a Chile y muchos chilenos pasan por turismo hacia Perú, y es una frontera que realmente nunca enfrentó grandes dificultades o grandes problemas.

Además, hace pocos años hemos cumplido además el acuerdo que teníamos con Perú de tener la frontera abierta las veinticuatro horas, porque antes ni siquiera eso se consideraba tan fundamental.

¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que llegaron a Chile en los últimos diez años, de manera bastante brusca e inusitada, una cantidad enorme de extranjeros procedentes del norte, principalmente de Venezuela, desde luego, y también colombianos y no pocos haitianos, a pesar de que los haitianos son bastante menos, en realidad.

Muchas veces dicen: "El Gobierno de Bachelet trajo a los haitianos". ¡No! La masa grande empezó a venir cuando nuestro Presidente de la época, desgraciadamente, invitó a los venezolanos a vivir a Chile. Y creó una visa con ese nombre. Se llamaba "visa de responsabilidad democrática". Chile asumía tal responsabilidad, como país democrático, invitando a venir a Chile a los venezolanos que estaban siendo privados de la democracia.

Y para demostrar que no quiero crear aquí problemas, no olvidemos que el presidente Milei dijo lo mismo cuando recién asumió el cargo: "Que vengan todos los venezolanos que quieran". Después, a los pocos días, se dio cuenta de que la situación era mucho más grave y no lo dejó hacer.

Pero llegaron, literalmente, cientos de miles, Presidente. Se ha dado la cifra aquí.

Hace pocos días, el Presidente electo tuvo la posibilidad de habitar ese cargo cuando fue a Perú a plantear la idea del corredor humanitario y se encontró con que le dijeron: "Nosotros tenemos el doble".

Esa es la realidad: pedirle a Perú que pasen los venezolanos que están en Chile significa pedirle triplicar el número de venezolanos que viven ahí.

Ese es el problema real, y es el que hemos vivido. No nos sigamos echando la culpa entre nosotros. Tenemos la realidad de una población extranjera que de 1,3 a 1,4 por ciento creció al 10 por ciento de la población del país.

Que hemos debido enfrentar dificultades para lidiar con ellos, no cabe ninguna duda, no solamente en Arica y en Antofagasta o en Iquique, sino que también en Santiago y en el resto del país, porque están por todas partes. Y quien sale a las calles de Chile lo experimenta.

Así que no sigamos contando ese tipo de historias, Presidente, porque es profundamente equivocado.

¿Qué hizo el Gobierno con esto?

Dicho sea de paso, de esos cerca de dos millones de extranjeros, por lo menos la mitad, o más, llegaron legalmente a Chile. Y llegaron legalmente porque tenían derecho a entrar con su pasaporte, al ser ciudadanos de países de América del Sur, fundamentalmente ligados al Mercosur, a los cuales habíamos agregado otra decisión durante el Gobierno I del Presidente Sebastián Piñera , cuando se les retiró a los colombianos la necesidad de visa para entrar a Chile. Y con los venezolanos pasaba prácticamente lo mismo.

Entonces, entraron porque podían entrar.

En el momento cuando me tocó presentar, junto al senador Felipe Kast , el primer libro del Centro de Estudios Públicos, ocurrían dos cosas especiales. Esto fue el año 2018, más o menos.

Primero, la mayor parte de los extranjeros había entrado legalmente. No habían tenido que pedir visa en ninguna parte porque no se necesitaba. Lo que pasa es que después cayeron en la ilegalidad, que es otra cosa, porque ya no se fueron. Decían que venían por tres o cuatro meses a ver a sus familias, les timbraban el pasaporte y entraban. Y después dejaron de irse, desgraciadamente.

Sin embargo, también había otra cosa curiosa en ese año 2018, y la primera encuesta de la época del Centro de Estudios Públicos lo demostraba: eran bienvenidos los extranjeros en Chile. La gente los recibía de manera favorable.

Lo que pasa es que la segunda avalancha extranjera que empezó el año 2018 fue mucho más fuerte, y se acrecentó con la pandemia, integrada por un grupo bastante más hostil y también bastante más pobre.

Porque en la primera oleada había muchos médicos. El Presidente Piñera una vez, en una discusión que tuve con él, precisamente me dijo: "Mira, tenemos no sé cuántos miles de médicos". Y es cierto. Si ustedes van a algunos lugares del norte de la Quinta Región o empezando la Cuarta verán que todos los médicos son venezolanos. ¡Y vayan a Illapel a decir que van a echar a los venezolanos a ver cómo les va! Porque son los únicos médicos que tienen.

Entonces, esa parte fue buena, pero después vino la parte que no era buena, y mucho más difícil. Y vino esta identificación tan fuerte entre criminalidad e inmigración que realmente está afectando mucho al país.

Y no solamente los gobiernos del Presidente Piñera y de la Presidenta Bachelet , sino también el del Presidente Boric han tenido que lidiar con un fenómeno común. Y en lugar de discutir aquí, en este Congreso, qué hacemos para resolverlo, nos hemos dedicado a pelearnos y a echarnos la culpa unos a otros. Al país le pasó un fenómeno para el cual no estaba preparado y que no tiene una solución de corto plazo.

Nada más equivocado que decir: "Vamos a mandar de vuelta a su país a toda esta gente". ¡Si no caben en los aviones, pues! Con dos o tres aviones llenos al día podrían demorarse varios años en retornar a su país. Por lo tanto, es un tema que debemos enfrentar de otra manera.

Ahora, la parte de la inmigración se ha manejado razonablemente. La verdad es que, más allá de lo que hayan dicho los senadores de nuestra región, ha habido una reducción sustantiva del tránsito y del cruce de extranjeros.

Y esto se hizo precisamente por dos razones.

Primero, fue la decisión del control, del estado de emergencia, y luego la decisión de una reforma constitucional que permite al Presidente de la República emplazar tropas en la frontera.

Y aquí hay nuevamente engaño. No estamos obligando a nadie a ir a la frontera. Nuestros militares están contentos. Están trabajando ahí y han trabajado con gran seriedad. Y al que no lo crea, ¡que vaya a verlos, que vaya a visitarlos, a ver si es cierto que están tan bien o tan mal! Porque realmente ha sido un gran trabajo el que ellos han realizado, ¡un gran trabajo!

¿Que pasan todavía? Claro, pues, Presidente , si es cuestión de mirar la frontera. En la parte baja de la frontera, usted los puede divisar a dos kilómetros de distancia. Pero, por arriba, la cosa se pone un poco más difícil, sobre todo cuando se trata ya de Tarapacá, no tanto de Arica. Porque la frontera ariqueña es como de 170 kilómetros, algo así, pero la frontera de Tarapacá es más grande. Y por la frontera de Tarapacá no es fácil cuidar que no se pasen en la noche...

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Un minuto más, senador.

El señor INSULZA.-

Sí, Presidente, con mucho gusto.

Y se ha obtenido un buen resultado, creo yo. Y la criminalidad, con todo, ha bajado, no a los estados de los años anteriores, por cierto. Pero, ciertamente, ha habido un proceso de generación de un mayor orden. Y tenemos que seguir trabajando en eso.

O sea, desgraciadamente -y repito lo que quería decir antes-, la decisión de levantar las minas no provocó ningún problema, ninguna dificultad. Y los que todavía dicen "no, es que antes estaba minado y no pasaban; por eso ahora pasan", mienten. No es verdad, no aumentó nunca. Lo que pasa es que después ya fue necesario vigilar la frontera por el problema de la migración.

Esa es la realidad.

Por lo tanto, el problema no se resuelve con minas, sino custodiando adecuadamente la frontera, como lo hacen muy bien nuestros militares, y también, como ha recordado la ministra, nuestros marinos y nuestros aviadores, porque no olvidemos que con Perú tenemos una amplia frontera marítima.

Así que yo por lo menos, Presidente, evalúo esto de manera muy positiva en general.

Lamento haberme retrasado mucho.

Creo haber dado los antecedentes principales, además de los que entregó la Ministra.

Por cierto, yo voto a favor de la mantención de la situación actual.

Y ojalá la ley que el Presidente de la República ha propuesto para regularizar esta situación de manera permanente pueda ser aprobada en este Congreso.

Muchas gracias, Presidente .

El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).-

Gracias, senador José Miguel Insulza.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidente.

Quiero partir saludando a la ministra de Defensa , Adriana Delpiano , que se encuentra en esta sesión, y pronunciarme sobre la solicitud del Ejecutivo para prorrogar el resguardo de las áreas fronterizas de la zona norte del país, específicamente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Y seré clara desde el inicio: yo voy a apoyar esta iniciativa. Pero no la apoyo por inercia o porque ya sea un acto de normalidad, como lo veíamos recientemente con la solicitud relativa a la zona sur del país. La apoyo porque, a diferencia de otras medidas excepcionales que hemos discutido en este Senado, esta prórroga tiene medidas claras, tiene objetivos definidos y tiene también resultados medibles.

Cuando hablamos del estado de excepción en la zona norte, estamos refiriéndonos a algo muy específico, que es el resguardo fronterizo. No estamos hablando de la militarización de ciudades ni de controles en zonas donde se restringen libertades como en Arica, Calama o Antofagasta.

Estamos hablando de la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas, en lugares que muchas veces son inhóspitos, en pasos no habilitados, en áreas donde el crimen organizado opera con impunidad absoluta. Y en particular nuestras Fuerzas Armadas apoyan el trabajo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Y aquí, Presidente , quiero reiterar mi alta valoración hacia la ministra de Defensa , a quien le ha correspondido liderar, en conjunto con las Fuerzas Armadas y con su presencia en ese mismo territorio en distintos momentos, hechos que son muy concretos: el control efectivo de pasos no habilitados, el desmantelamiento de redes de tráfico de personas, la intervención del narcotráfico trasfronterizo, y la protección tanto de migrantes como de comunidades locales.

Y los resultados están a la vista.

Ayer leíamos que el director del Servicio Nacional de Migraciones , Luis Eduardo Thayer , informaba sobre el primer vuelo con expulsiones del presente año: 83 personas extranjeras que fueron devueltas a sus países de origen, de las cuales 52 son colombianas y 31 bolivianas. De esos 83 casos, 56 corresponden a expulsiones administrativas y 27 a expulsiones judiciales por delitos graves como homicidios, robos, delitos sexuales, tráfico de droga y porte ilegal de armas.

Y en esta materia el director Thayer fue categórico. La regularidad con que estas medidas se han ejecutado refleja una clara priorización del Gobierno por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y fortalecer la seguridad del país.

Se trata de una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo. Y el director tiene razón: esto tiene que ser una política de Estado.

Yo creo que es hasta agotador para las personas que sufren y padecen los impactos de la crisis migratoria escuchar "bueno, es que aquí un Presidente fue a Cúcuta y abrió la puerta". Sí, efectivamente, durante ese período Chile tuvo la ola migratoria más fuerte.

Pero, más allá del dato, lo que hoy día ocurre es que tenemos una realidad de la cual hay que hacerse cargo.

Por eso creemos que el esfuerzo que hace el Servicio de Migraciones, además de algunas medidas excepcionales que se han hecho realidad en el resguardo de la frontera norte, va en un sentido y en una posición común, que es entregar seguridad a nuestros connacionales frente a los procesos migratorios.

Nos parece también que las cifras demuestran que los ingresos irregulares van a la baja; tanto las denuncias como las detenciones que hace Carabineros en la frontera han disminuido. Y uno dice: "Bueno, ¿por qué?". Porque hay presencia del Estado, porque hay control efectivo, porque el crimen organizado sabe que ya no puede operar con la impunidad con que lo hacía en años anteriores.

Como representante de la región de Atacama, uno conoce bien la realidad del norte.

Le pido un minuto más, Presidente .

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Le damos dos, senadora.

La señora PROVOSTE.-

Gracias, Presidente.

Conozco las preocupaciones de nuestras comunidades en la frontera y su temor legítimo ante el crimen organizado y el avance del narcotráfico -y escuchábamos la reciente cuenta pública del fiscal regional el viernes pasado en la ciudad capital de Atacama: Copiapó-, pero también sabemos del esfuerzo que están haciendo las instituciones del Estado para dar respuesta a una crisis migratoria sin precedentes.

Me parece que la diferencia con la macrozona sur -y quiero ser muy clara en cuanto a por qué apoyo esta medida en el norte pero cuestiono la prolongación indefinida del estado de excepción en la macrozona sur- radica en que en el norte hay tareas específicas de control fronterizo para poder intervenir, interceder y desarticular las redes criminales y el narcotráfico; hay además resultados medibles de incautaciones y detenciones de traficantes; hay plazos razonables. En el norte la medida no afecta a los radios urbanos, sino que solo se concentra en zonas fronterizas y se complementa con una política migratoria consistente en empadronamientos, regularizaciones de casos legítimos y expulsiones de quienes delinquen.

Entonces, si nosotros queremos llevar adelante una migración segura, ordenada, regular, como país necesitamos tener claridad sobre nuestra política migratoria, claridad que ha dado el director Thayer .

Queremos una migración segura, ordenada y regular. Y eso significa que aquellos que quieren venir a trabajar, a aportar, a construir una vida digna, a respetar nuestras leyes, a integrarse a nuestras comunidades, ¡sí! Pero ¡no! a quienes ingresan por pasos no habilitados, ¡no! a quienes tienen antecedentes penales, ¡no! a quienes cometen delitos en nuestros territorios, ¡no! al crimen organizado, que se aprovecha muchas veces de la vulnerabilidad de los propios migrantes.

Y para lograr aquello necesitamos un control fronterizo efectivo, el cual requiere, en las condiciones actuales, el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Así que quiero expresar mis felicitaciones al liderazgo que le ha imprimido la ministra Adriana Delpiano .

Esto tiene que transformarse en una política de Estado, no de un gobierno.

Es fundamental que la política migratoria y de control fronterizo sea una posta que nos permita a todos tener claridad, porque el crimen organizado no descansa, el narcotráfico no toma vacaciones y las redes de trata de personas operan todos los días.

Por eso, más allá de las diferencias políticas que podamos tener en otros temas, en este debemos tener un acuerdo transversal. Nuestro país debe controlar sus fronteras, debe aplicar su ley migratoria, debe expulsar a quienes delinquen y debe proteger tanto a sus ciudadanos como a aquellos que vienen de buena fe a nuestro país.

Señor Presidente, hay momentos en que el Estado debe actuar con decisión, y el control fronterizo es uno de esos momentos.

No se trata de establecer una militarización, sino de soberanía.

No se trata de mantener una presencia permanente sin objetivos, sino de orden.

No se trata de cerrar las puertas, sino de que quienes entren lo hagan por la puerta correcta, respetando nuestras leyes.

Chile seguirá siendo, en este sentido, un país que le da tranquilidad a quienes vivimos en la macrozona norte de nuestro país.

Voto a favor de esta prórroga, porque tiene sentido, porque tiene resultados, porque tiene límites claros, porque es parte de una política de Estado que trasciende a los gobiernos y porque protege a quienes vivimos no solo en el norte del país, sino a todos los habitantes del territorio nacional.

He dicho.

Muchas gracias, Presidente .

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Gracias, senadora Yasna Provoste.

--Se aprueba la clausura del debate (19 votos a favor y 14 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Castro Prieto, Chahuán, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kusanovic, Kuschel, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra y Velásquez.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran registrados cuatro pareos.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Quiero argumentar mi voto.

La ministra de Defensa , a quien aprovecho de saludar, ha sido clara en manifestar una rebaja en la cantidad de denuncias y autodenuncias.

Y más que referirme al periodo desde el 2021 al 2025, quiero comparar entre los años 2023 y 2025, donde de 44.235 denuncias y autodenuncias se llega a solo 26.275 el año pasado.

¿Por qué creo importante esto? Porque refleja una política sistemática: 2.042 expulsiones administrativas materializadas en lo que va de este Gobierno son más que las 1.300 del período entre 2018 y 2021.

Quisiera haberle preguntado a la ministra, pero ustedes clausuraron el debate, sobre la creación del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras. Me gustaría saber si acaso se espera que este organismo, que es un comité asesor del Presidente y de coordinación entre ministerios y servicios con competencias en fronteras, entregue o no un informe de lo abordado para poder transformar su contenido en políticas de Estado.

Entiendo que hubo un refuerzo militar. La propia senadora Ebensperger planteó que en febrero del 2023 se aprobó la reforma constitucional que permitió aquello. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista quiero saber cuántas personas han sido controladas. Entiendo que son más de 560 mil, gracias a ese resguardo.

También me habría gustado que nos hubieran podido contestar, si no se hubiese clausurado el debate, cuántos camiones con escáner y rayos equis se han comprado; cuántos están operativos; cuánto se ha invertido en la Directemar, tanto por la modificación legal que permite la contratación y el aumento de la planta en oficiales y suboficiales como en materia de apoyo táctico y tecnológico.

Por supuesto, también me gustaría saber en qué consisten la Muralla Digital, que maneja Carabineros, y el Sifrón, que manejan las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, cuál es la distinción entre uno y otro.

Y, por otro lado, quiero consultar por el corredor bioceánico vial: ¿cuánto está en operaciones?, ¿qué no está en operaciones?, ¿cuál es el plan de acción de este corredor?

En la Comisión de Seguridad hace un tiempo tramitamos, por ejemplo, a propósito del control fitosanitario, una moción del senador Durana , orientada a poder darle mayores capacidades al SAG para controlar la mosca de la fruta y una serie de otras situaciones que nos complican, no solo en lo que respecta al ingreso irregular o ilegal de migrantes, sino también al contrabando de productos que nos traen enfermedades fitosanitarias. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se ha hecho?

Y, para ir terminando, me parece importante también que se dé cuenta de las mejoras en infraestructura en los complejos fronterizos de Chacalluta, Chungará, Colchane y Ollagüe .

Por último, quiero concluir con dos cosas que me parecen bien relevantes.

Primero, el Acuerdo de Cooperación Internacional con Bolivia.

Entiendo que hay un acuerdo de cooperación migratoria, la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo y la cooperación contra el narcotráfico. Pero pareciera que el corredor con Perú no va a tener el mismo destino.

Por lo tanto, qué espera dejar establecido este Gobierno para el que ingresa en marzo, puesto que se nos prometió, supuestamente, un corredor humanitario, pero entiendo que Perú ya ha contestado que no va a ser posible reconducir migrantes ilegales o irregulares a través de su territorio.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, reconociendo que hay un avance, quiero decir, sin embargo, que me parece imposible afirmar que todas las políticas en este plano, producto de que requieren ser mucho más sistemáticas y de Estado a partir de las grandes cifras de migrantes que planteó la ministra al inicio de esta sesión, son un éxito.

Sí hay avances -es más, entiendo que ha aumentado la persecución penal del Ministerio de Seguridad Pública, etcétera-, por lo que voy a dar mi voto a favor en esta materia.

Quiero pedirle, Presidente , que ojalá la ministra haga una precisión sobre los aspectos que he consultado, al final de la votación.

Muchas gracias.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Gracias, senadora Pascual.

El señor VELÁSQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Es importante tener presente que estamos modificando la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras del norte para el control del crimen organizado, como lo señala el documento.

Presidente , en razón de lo que escuchamos en el relato de la ministra y los importantes antecedentes que ella entregó, creo que todos coincidimos en que no se trata solo de la presencia de los militares y las Fuerzas Armadas en la frontera del norte. Porque, ¿qué sucede si mañana, por equis razón, hay un retiro de la Fuerzas Armadas? Puede ser porque el nuevo Gobierno así lo define, porque hay un estudio no sé de dónde, porque hay buena voluntad de las partes, porque vienen relaciones diplomáticas de otro orden con los vecinos, en fin, pueden ocurrir muchos escenarios que hasta hace algunos meses no vislumbrábamos y que hoy día están presentes.

Algunos vivimos en el norte; otros solo se imaginan cómo es vivir allá. A veces eso nos ocurre a nosotros cuando oímos a los colegas del sur describirnos cómo es su realidad, realidad que uno no ha vivido a fondo. Lo mismo les pasa a los colegas del sur con la situación que se vive en el norte.

Entonces, no se trata solo de lo que está ocurriendo hoy día, o de lo que viene sucediendo en los últimos años; hay una historia de postergación del norte que probablemente sentimos aquellos que nos hemos dado cuenta de que, cuando se trata de decisiones gubernamentales, estamos al final de la lista.

Y, claramente, estas últimas semanas son momentos de balances, de elecciones, de orientaciones propias de un Gobierno que está entregando el poder -ya decía la ministra que se ha puesto de acuerdo con su par, seguramente para hacer la mejor entrega posible del cargo- en todas las esferas.

Por eso es importante esta pausa, porque nos damos cuenta de que incluso el tono de la discusión es distinto al de hace algunos años. Francamente, cuando hablábamos del norte, ¡era criminalizar el norte! Y probablemente cada uno de nosotros tenía su argumento en materia de vivienda, de educación, de salud, de distintas áreas, pero había en el mensaje, en el ímpetu que cada uno colocaba, ¡un sentido casi de poner siempre a la migración como causante de la criminalidad! Y eso azuza ánimos: el discurso, la forma como llega, predispone incluso al ciudadano, a la familia.

No obstante, ello no ha sido el devenir del norte durante muchas décadas, sino al contrario, como dijo muy bien el senador Insulza , en una descripción muy clara y diáfana de cómo se desarrollan las relaciones internacionales.

Sin ir más lejos, si alguien está escuchando o si después se comparte lo que acá se ha estado manifestando, recordemos y pensemos lo que está sucediendo en el norte. Es tiempo de carnavales, como sabemos quienes somos de la zona, y en los carnavales hay una integración cultural, folclórica, histórica, familiar, permanente.

Nadie entiende cómo hoy día vamos a tener en Arica -la ciudad del senador Durana- un carnaval andino "con la fuerza del sol" y una serie de otros calificativos que resaltan el territorio de la región, integrando a miles y miles de familias que, probablemente, tienen un fondo cultural de encuentro.

Y en la misma ciudad de Arica hay un agro en donde usted no sabe si el comerciante es chileno, es peruano o es boliviano, porque efectivamente se vive lo que este Senado busca en sus distintas políticas: inclusión, integración del otro sencillamente porque es persona.

Ese concepto cultural hoy día se exacerba con lo que vamos a tener en el norte; pero además estamos emulando fiestas religiosas -sabemos que usted, Presidente , y muchos líderes políticos en esta sala son creyentes-: en el Carnaval de Oruro se venera a la Virgen del Socavón, y tenemos nombres de vírgenes en cada uno de los lugares; cada uno de nosotros podría mencionar la suya.

¡De eso estamos hablando!

Ahora, los problemas en educación, vivienda, salud, los dolores y la postergación del norte a lo mejor se exacerbaron con la migración, ¡efectivamente!, y algunas autoridades comunales se vieron apuradas y se desesperaron. Pero este déficit lo tenemos desde hace mucho rato en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Calama, y no se colocaron los recursos para el desarrollo de cada una de estas y otras áreas.

Para terminar, Presidente , respecto a la conectividad, una cuestión que nos une. ¿Sabe usted que hace pocos días el MOP dejó sin efecto la licitación de la doble vía entre Caldera y Antofagasta? Por cuestiones técnicas, porque va a continuar mejorando el proyecto. Oiga, ¡pero si debió haberse partido por la región de Arica y Parinacota hace rato, con la doble carretera, para llegar al centro que es Santiago, no al revés!

¿Cuántos años más vamos a esperar: veinte, treinta, cuarenta?

Por supuesto que del Gobierno recién electo, del Presidente Kast , uno espera que venga con los bríos que nos anunció hace un par de meses, cuando estuvo en la región como candidato, oportunidad en que manifestó que conocía la realidad del norte.

Quiero decir, Presidente, que no basta con mil funcionarios de las Fuerzas Armadas en el norte; no se trata de dejarlos o retirarlos. El problema es cómo miramos ese territorio, territorio que, pienso yo, debemos ver con solidaridad.

Y hay que tener claro un concepto que se mencionó acá: cuando no se desarrollan los territorios, se abandona la verdadera soberanía. Hoy día no tenemos conectividad hacia la región de Arica y Parinacota porque basta un pequeño rodamiento para que efectivamente queden aisladas incluso las Fuerzas Armadas si se requiere que lleguen por tierra a esos sectores.

Es bastante más que una prórroga lo que se está necesitando en el norte. Hay que mirar a fondo ese territorio, del que nos acordamos cuando entrega cifras azules que permiten financiar programas sociales de política pública. ¡Ahí está el norte minero!, norte minero que en muchos casos solo queda en alguna medida demasiado punitiva, como ha ocurrido hasta ahora.

Por supuesto que, con la esperanza de lo que pueda hacer el próximo Gobierno, teniendo como piso lo que ha entregado hoy día la ministra en este sentido, respaldamos la solicitud de mantener a las Fuerzas Armadas en la frontera del norte, Presidente.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Gracias, senador Esteban Velásquez.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, vuelvo a saludar a la ministra de Defensa , Adriana Delpiano , y al ministro de Justicia , Jaime Gajardo .

Yo espero que la ministra pueda responder al final de la sesión algunas de las consultas que se han realizado acá.

Ella hizo una larga, muy buena y contundente exposición al inicio, pero después surgieron algunas preguntas, algunos comentarios, y es importante que ella responda.

Para fundamentar mi voto a favor, quiero valorar la presencia de las Fuerzas Armadas en la custodia de la frontera norte. A diferencia de la solicitud que votamos anteriormente, sobre el estado de excepción constitucional en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, donde dije que tenía dudas al inicio y que la había votado en contra, yo respaldé esta medida desde el primer momento.

Además, varios senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores tuvimos una sesión conjunta con las Comisiones de Seguridad y de Defensa, si no me equivoco, en el norte, donde visitamos a las fuerzas desplegadas allí. Y fuimos testigos del profesionalismo con el que trabajan, de la organización que tienen, de la precariedad que les afecta también.

Por tanto, sabemos de la necesaria inversión que hay que realizar permanentemente en tecnología, en la labor de inteligencia para el control de las fronteras, tanto en los pasos regulares como en los no regulares.

En una frontera tan amplia, tan extensa como la nuestra, es obvio que hay que estar custodiando permanentemente todos los pasos no habilitados.

Los mismos agentes del Estado, los mismos profesionales de las Fuerzas Armadas nos decían a los senadores que estuvimos en esa sesión, en terreno, cómo hay que distinguir, por un lado, la persona que viene caminando largos kilómetros, mujeres con hijos, probablemente en situación de vulnerabilidad, que entran a nuestro país, de aquellas bandas organizadas que cometen delitos de contrabando, tráfico de drogas o de armas, etcétera. Es preciso hacer esa distinción. Y eso lo dicen -repito- los propios profesionales de las Fuerzas Armadas.

Por tanto, siendo una realidad muy compleja, con muchos factores relacionados; se requieren políticas que sean consistentes en disminuir la presencia y el ingreso de personas por pasos no habilitados. Y creo que lo que estamos votando acá ha sido una contribución, obviamente que no al ciento por ciento, a la disminución significativa de ingresos de personas por pasos no habilitados.

Esto hay que complementarlo con otras políticas, por ejemplo, de empadronamiento; por ejemplo, con lo que plantea el gran empresariado en las zonas agrícolas, con trabajadores temporeros. El gran empresariado puso sobre la mesa, en el debate nacional, la regularización acotada de quienes vienen a realizar esa labor.

Y ahí surge una pregunta. Este Gobierno ya va de salida; hizo un trabajo en términos de avanzar en ese proceso de regularización. No sé si alcanza a completarlo; hubo una gran resistencia en el debate presidencial. La pregunta es para el Gobierno que asume en marzo, para el Presidente electo José Antonio Kast y sus ministros: ¿va a avanzar en políticas que sean racionales, que han sido probadas, que funcionan?

¿Para qué? Para tener mejor información de la gente que está en Chile. O sea, es una muy mala noticia el que haya cientos de miles de personas sin que se sepa quiénes son, dónde viven, en qué situación están. También es información básica, de inteligencia, para el Estado de Chile. Y, como digo, un sector económico está pidiendo avanzar en procesos de regularización.

Ya sabemos que lo que se prometió en términos de corredor humanitario es poco viable, complejo; se requiere coordinación con distintos países. Uno de nuestros vecinos ya dijo que no está muy de acuerdo.

Bueno, eso va a ser difícil.

Es fácil vender humo en período de elecciones, pero otra cosa es chocar con la realidad compleja con la que se va a enfrentar en marzo, donde no hay una varita mágica.

¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuántas personas va a expulsar? ¿Por dónde? ¿A dónde las va a ir a dejar? ¿Cuál va a ser la situación con Venezuela? ¿Dónde va a ir a dejar a los migrantes que quiere expulsar del territorio nacional? ¿Va a generar una policía migratoria, como lo hizo Trump en Estados Unidos, con todas las barbaridades que están ocurriendo en materia de derechos humanos? ¿Cuál va a ser la línea, cuál va a ser el plan?

Una cosa son los eslóganes que se usaron en campaña para ganar adhesión en términos de expulsión masiva de migrantes en situación irregular, pero otra cosa es gestionar la política pública.

¿Va a mantener a las Fuerzas Armadas en el norte? ¿Va a invertir más en tecnología? ¿Por dónde va a ir el plan?

Creo que sería bueno conocer eso, saberlo a partir de marzo; pero mientras tanto, obviamente, debemos respaldar esta medida, que sí ha dado resultados, no al ciento por ciento, pero ha mejorado la situación: hay una realidad mucho más ordenada en la frontera norte del país.

Voto a favor, Presidente .

Gracias.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

A usted, senador.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Hoy día se ha producido una discusión que se ha extendido durante la tarde para aprobar estados de excepción que son necesarios para el país, tanto en el norte como en La Araucanía.

Este debate, que se ha ampliado por la importancia, obviamente, de la temática, va a generar también un hecho político relevante: la "ley Chahuán", que pretende liberar a criminales, a pedófilos, a chacales, va a debatirse en el mes de marzo. Eso es lo positivo de la jornada, para que por lo menos haya un período de reflexión en un verano en que se pretende implementar retrocesos en una materia de alta sensibilidad.

Abocándome al asunto que nos convoca, señor Presidente , quiero decir que el norte, como todos sabemos, y especialmente Arica y Parinacota, pero también Antofagasta, ha recibido un flujo migratorio irregular muy elevado, que muchas veces ha generado problemáticas de diverso tipo, como el colapso de los servicios locales de educación, de salud, como los campamentos improvisados, en conflicto con las comunidades locales, y que en los últimos años ha traído de la mano, lamentablemente, un aumento sostenido del crimen organizado.

En la zona que he mencionado -por eso estamos apoyando este estado de excepción- se han producido incrementos tremendamente elevados de los delitos de mayor magnitud, como el tráfico de personas, el narcotráfico, el contrabando, la presencia de bandas transnacionales que operan en la frontera. De hecho, hoy día salió la noticia de una banda dedicada exclusivamente a la llegada de inmigrantes ilegales por pasos no habilitados. Y las policías, por sí solas, no dan abasto para controlar territorios extensos, de muy alta complejidad.

Lo anterior ha llevado a establecer el estado de excepción, el cual permite, entre otras cosas, desplegar a nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a nuestras policías, en apoyo a Carabineros, en apoyo a la PDI, vigilando los pasos fronterizos, controlando rutas estratégicas. Pero, obviamente, tenemos plena claridad de que los militares no reemplazan a la policía, aunque sí la apoyan en tareas de control y vigilancia.

No obstante eso, y la trascendencia del hecho de poder tener una ampliación del estado de excepción, no ha sido posible terminar con la problemática. Y la sensación de inseguridad existente ha generado una justa y legítima presión ciudadana en el norte, porque las comunidades han sentido el abandono del Estado, falta de seguridad, y por lo tanto, como resultado de aquello, un impacto directo en su vida diaria.

Entonces, para ir finalizando, el estado de excepción ha sido una herramienta que se ha generado como una respuesta rápida ante una situación que consideramos grave y extraordinariamente compleja en esa zona.

Por eso, señor Presidente , así como hace un par de horas dimos el voto favorable para poder ampliar el estado de excepción en La Araucanía, el que en esa zona ha permitido, como ya lo señalé en mi primera intervención, reducir de manera sostenida los altos niveles de delitos cometidos, es necesario que aprobemos con fuerza, más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, la ampliación del estado de excepción en la zona norte del país.

Hago un llamado a los colegas parlamentarios a que la otra materia, que no se va a poder discutir hoy día y cuyo tratamiento generaba tanta ansiedad en algunos, sea motivo de reflexión en el verano e impida que nuestro país sea apuntado con el dedo en un ámbito tan sensible como los derechos humanos.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

Voto a favor.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).-

Gracias, senador Fidel Espinoza.

El señor NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Efectivamente, creo que la ministra de Defensa nos ha ilustrado muy bien con respecto a la baja de ingresos de ciudadanos extranjeros en forma irregular por la frontera norte.

Uno puede mirar los números, los datos, que hablan por sí solos; pero también uno constata esto en la realidad, cuando recorre las comunas de La Serena y de Coquimbo.

Uno de los puntos en los cuales se concentraban muchos migrantes irregulares que entraban por la frontera norte era justamente la región de Coquimbo, probablemente en su paso a la región Metropolitana o a otros puntos del sur. Nosotros los veíamos ahí, en la carretera, a la salida de Coquimbo, en la Herradura, en el sector de El Panul, haciendo dedo para que los llevaran; o también los podíamos apreciar en la ruta 5, con Francisco de Aguirre, instalados con rucos, familias enteras, muchas de ellas con niños chicos.

Obviamente, es un hecho objetivo que esos fenómenos han disminuido de forma significativa.

Compartimos el hecho de que, probablemente, todavía tenemos algún nivel de ingreso irregular no deseable; pero el despliegue de los militares en la frontera ha tenido un efecto positivo. De modo que considero un error del debate que ha habido acá, en la sala, no reconocer esa situación.

Pero el problema no solo es que nos afecte esta entrada de migrantes irregulares, de un migrante que se traslada a otra ciudad mayor; también hay algo que no podemos negar y que, aunque sea marginal en número, es real: lamentablemente, tenemos presencia de personas que vienen a delinquir a Chile y que forman parte de grupos criminales.

Un ejemplo que por desgracia se ha dado en nuestra región es que migrantes irregulares o delincuentes que han entrado de forma anónima, que no están registrados en el país, se hallan involucrados incluso en las plantaciones ilegales de marihuana. Eso ha generado un conflicto muy relevante en la zona de Quilimarí, donde vemos esta presencia de bandas criminales que adoptan técnicas, tácticas, formas de operar propias de grupos narcotraficantes extranjeros. Y ello agrava un problema que ciertamente ya teníamos.

Otro fenómeno, Presidente , también presente en forma muy relevante en la región de Coquimbo y que lamentablemente se ha ido extendiendo al resto del país, es lo que se ha llamado elegantemente el "préstamo informal" o, dicho de manera más popular, "el gota a gota". Es decir, son grupos -sobre todo en este caso- de prestamistas informales pertenecientes a bandas del crimen organizado de origen colombiano que hacen préstamos a toda aquella gente que está fuera del mercado formal, y por la vía del préstamo informal, les cobran a un costo usurario en términos de las devoluciones, pero también los involucran en actividades ilegales: cuando estas personas no pagan, las amenazan o derechamente las obligan a formar parte de una red de protección para actividades delictivas.

Nos parece que esos fenómenos que hemos visto deben terminarse, y en tal sentido es necesario promover iniciativas legales que nos permitan combatirlos.

Por último, Presidente -y esto ya lo han señalado, pero es bueno reiterarlo-, acá se dijo que había un problema de gestión del Gobierno y que era muy fácil resolver esto de sacar migrantes irregulares, ya que por vía aérea -como explicó muy bien el senador Insulza - era tremendamente costoso y en ello podían demorarse tres, cuatro, cinco años.

Entonces, se inventó la tesis de que se establecería un corredor humanitario, es decir, que sacaríamos a los migrantes poco menos que transitando por una especie de carretera que iba a unir Perú con Ecuador, Colombia, para llegar a Venezuela. Y en medio de la campaña presidencial mucha gente pensó que esa solución, casi mágica, estaba acordada y funcionando; pero en los últimos días nos hemos enterado de que Perú formalmente ha desistido de esa iniciativa, lo cual, por cierto, le quita cualquier credibilidad.

También era bastante ridículo suponer que se iba a sacar a un migrante por un corredor humanitario cuando no estaba claro si su país de destino lo acogería o no, porque hoy día no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela.

Por lo tanto, Presidente, en este debate ha quedado en claro que hay propuestas que no sirven. Y, en este sentido, tendremos que reiterar el apoyo a mantener la presencia militar en la frontera como una medida que a lo menos nos permita limitar en forma significativa el ingreso de migrantes, aun cuando hay que acompañar esto con más medidas para terminar con un fenómeno que lamentablemente nos afecta: el descontrol en los procesos migratorios en la frontera norte de Chile.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Gracias, senador.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Me dirijo a ustedes hoy para fundamentar mi voto a favor de la renovación de la medida de resguardo de áreas en la frontera norte de Chile. Esto es crucial para abordar los desafíos de seguridad que nuestra nación enfrenta en esta zona estratégica.

La frontera norte de Chile es una zona que ha sido objeto del crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y el contrabando. Estas actividades ilícitas no solo ponen en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos, sino que también afectan la estabilidad económica y social de la región.

Esta es una herramienta de nuestro Estado de derecho que nos permite enfrentar situaciones de emergencia que afectan la seguridad nacional. En este caso, la renovación de esta medida es necesaria para combatir el crimen organizado, proteger la seguridad nacional y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Al aprobar la prórroga del decreto supremo N° 78 en la macrozona norte, lo hacemos en un momento político clave. Nos encontramos en la fase final de un Gobierno que ha enfrentado con seriedad los desafíos de seguridad en nuestras fronteras y a pocos meses de que una nueva Administración asuma la conducción del país.

Esta coyuntura no solo nos obliga a votar con responsabilidad, sino además a proyectar, con mirada de Estado, las decisiones que estamos tomando.

Valoro, en primer lugar, que se haya logrado una disminución sostenida en los ingresos irregulares por pasos no habilitados (más del 50 por ciento con respecto al 2021) y que se haya duplicado el número de expulsiones administrativas en comparación con el período 2018-2021.

Reconozco también el esfuerzo institucional y presupuestario desplegado, que incluye más de 46 mil millones de pesos invertidos en tecnología, infraestructura y capacidades para nuestras policías, Fuerzas Armadas y servicios públicos en la frontera.

En un informe de quien fuera delegada presidencial regional de Tarapacá , doña Ivonne Donoso Olivares , se señala como hitos el mejoramiento en la ruta 15CH Colchane, en sus distintos tramos, por un total superior a 80 mil millones de pesos; inicios de obras de mejoramiento del complejo fronterizo de Colchane por más de 11 mil millones de pesos; se instaló e inició el trabajo de un camión escáner de Aduanas en el complejo fronterizo; se institucionalizó la mesa de servicios básicos de la comuna de Colchane, dado que en esa comuna también hay compatriotas que viven en una comuna fronteriza que tiene grandes problemas de conectividad, servicios básicos y, por ende, problemas en la calidad de vida tanto de las comunidades aimaras como de funcionarios públicos que viven y cumplen funciones en la frontera de Chile; se avanzó en los contratos de Sifrón II y III para el Ejército, entre otras muchas medidas.

Sin embargo, hay que expresar con claridad que no se puede permitir -y me hago cargo de la crítica que muchas veces escuchamos respecto de su destinación- que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior se convierta en una solución permanente por falta de institucionalidad civil robusta.

Esta prórroga es necesaria, pero no puede interpretarse como un cheque en blanco ni como una forma de consolidar una lógica de excepción en democracia.

Nos preocupa que, estando a meses de un cambio de gobierno, se continúe empujando una agenda de seguridad sin que contemos aún con una evaluación independiente, clara y pública de los resultados de esta estrategia. La continuidad de políticas públicas requiere de consenso, pero también de transparencia, y no se puede condicionar la acción del futuro Gobierno con decisiones tomadas al cierre del actual mandato.

Si bien valoro los avances en cooperación internacional y empadronamiento biométrico, quiero reiterar que toda política migratoria debe estar fundada en el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Lo hemos dicho desde el socialismo democrático y lo reiteramos hoy: la seguridad no puede construirse a costa de la dignidad de las personas, especialmente de quienes huyen de contextos de violencia o vulnerabilidad.

Hago un llamado a que esta estrategia sea revisada por la próxima Administración desde una perspectiva integral. Que el despliegue militar no reemplace lo que debe ser una política permanente de fortalecimiento institucional, con policías capacitadas, sistemas tecnológicos eficientes y un enfoque claro de desarrollo local para las regiones del norte.

Votaré a favor para proteger a nuestros territorios. Pero insisto: esta es una medida que no puede perpetuarse y que requiere una evaluación clara que nos hubiera gustado escuchar; sin embargo, se canceló el debate.

El desafío del próximo Gobierno, sin duda, será consolidar...

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¿Terminó senadora?

La señora VODANOVIC.-

Decía, Presidente , que el desafío del próximo Gobierno será consolidar una política de fronteras que combine seguridad, legalidad y humanidad, y en eso estaremos siempre disponibles para colaborar desde este Senado.

He dicho, Presidente .

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Gracias.

--Se aprueba la prórroga de la vigencia de la medida de resguardo de zonas fronterizas por parte de las Fuerzas Armadas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta (35 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran inscritos cuatro pareos.