Labor Parlamentaria

El señor CASTRO (Presidente).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y de Biobío, de la Región del Biobío, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República.

Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Antecedentes:

-Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor CASTRO (Presidente).-

En discusión la solicitud. Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, queda muy poco del actual gobierno.

El estado de excepción constitucional ha sido permanentemente prorrogado, en circunstancias de que, en un principio, el actual gobierno no quiso establecerlo, pero con el tiempo se dio cuenta de que era estrictamente necesario.

El estado de excepción constitucional debió haber sido analizado permanentemente. En algún momento planteamos que había comunas dentro de las provincias que estaban con estado de excepción constitucional en que no se justificaba esta medida, porque no había hechos de violencia, por lo que de alguna manera había que ir sacándolas de ahí, y que había otras que no estaban dentro de las provincias con estado de excepción constitucional que tenían mucha violencia, particularmente en la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos.

Por lo tanto, hubo una ineficiente aplicación del estado de excepción constitucional durante todo el actual período presidencial.

Por otro lado, a pesar de haber ofrecido en muchas ocasiones la posibilidad de buscar una alternativa distinta al estado de excepción constitucional, para buscar una solución más definitiva a la problemática que vivimos en la Región de La Araucanía y en la macrozona sur, pero nunca se nos convocó para analizar este tema.

Siento que el gobierno desaprovechó una oportunidad única para buscar una solución definitiva a este tema y no mantener un estado de excepción constitucional, que había sido la solución planteada por el gobierno anterior, del Presidente Sebastián Piñera .

A pesar de haber tenido en este Congreso, en particular por mi ofrecimiento, la posibilidad de buscar alguna alternativa para una región, donde yo vivo y vive toda la gente que hoy represento, finalmente no se consiguió.

Creo que, si bien el estado de excepción es necesario, y lo votaré a favor, no se pudo avanzar más.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, hago presente la razón por la cual en algún momento empezamos a votar a favor del estado de excepción, en circunstancias que lamentablemente continúan. También quiero hacer presente que la Constitución Política de la República no establece solo que el período de un estado de excepción que limita los derechos constitucionales de los ciudadanos debe ser acotado -cosa que ya no es, porque es un estado permanente de restricción constitucional para los ciudadanos-, sino que también señala, por ejemplo, las facultades del jefe de la Defensa Nacional.

No existe en nuestra Constitución algo como un estado de excepción acotado, pero durante años hemos tenido a nuestros jefes de la defensa haciendo el loco con facultades cercenadas, amputadas, insuficientes, a pesar de que es la Constitución Política de la República la que establece qué facultades tiene el jefe de la Defensa Nacional, no el Presidente de la República en su decreto.

Los decretos no están por sobre la Constitución, pero en este Congreso hemos tolerado una intervención inaceptable en el ordenamiento jurídico en materia de derechos constitucionales de nuestros ciudadanos, así como en las facultades que se entregan al jefe de la Defensa Nacional, porque aquí no se quieren hacer las cosas como corresponde, nadie quiere asumir el costo político de explicar por qué un par de narcotraficantes se lleva una sobredosis de plomo -esa es la situación-, y preferimos mantener a millones de ciudadanos sometidos a un régimen de excepción constitucional que violenta sus derechos constitucionales antes de hacer las cosas que se deben hacer, y de la manera en que se deben hacer, para recuperar el control y la seguridad en nuestro sur.

Esto se ha transformado en el “Panadol” contra el violentismo en nuestro sur, damas y caballeros, porque no nos queremos hacer cargo de enfrentar la enfermedad de base, ocasionada no por comunidades, sino por todos aquellos grupos violentistas organizados y entrenados que se dedican a la violencia política, cuando no se están dedicando al tráfico de madera, de drogas o de alguna otra cosa, respaldados ideológicamente por algunos partidos presentes en esta Sala.

El señor Presidente de la República no ha hecho su trabajo, el Ministerio de Defensa Nacional no ha hecho su trabajo en esta materia. Su trabajo es recomponer, restablecer el imperio de la ley y devolverles a los ciudadanos, en el plazo que establece esta Constitución, el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. Tener que renovar una vez más el estado de excepción no es nada más que la confesión del fracaso total del Ejecutivo al no haber restituido y restablecido el imperio de la ley chilena, de la democracia chilena en todo su territorio.

Entonces, se va Gabriel Boric dejando el problema tal como lo encontró y sin haber hecho una mayor diferencia en la materia, y quienes sufren las consecuencias de aquello son nuestros compatriotas, gente que no tiene por qué pagar por la inoperancia, por la cobardía de nuestro sistema político y, por qué no decirlo también, por la complicidad de algunos con quienes violentan sus derechos fundamentales.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Defensa Nacional, quien nos acompaña; a los parlamentarios y, por supuesto, a los funcionarios de la Corporación.

Siempre lo he sostenido: el terrorismo en La Araucanía no se ha detenido, siguen los atentados y se debe prestar reparación a las familias, lo cual es para mí lo más importante.

Sin ir más lejos, el 31 de diciembre de 2025, se produjo un ataque en el fundo Santa Balbina , ubicado en el kilómetro 2 de la ruta hacia San Andrés , en la comuna de Collipulli, donde se vieron afectados dos camiones forestales, dejando a familias con una profunda depresión y preocupación. Así también, el 2 de enero se registró el primer atentado incendiario de este año en La Araucanía, ocasión en que fueron quemadas dos máquinas retroexcavadoras en Nueva Imperial. Esos hechos dan cuenta de la necesidad de contar con una presencia permanente de las Fuerzas Armadas en la zona.

Quiero recordar que he sido el diputado que ha votado a favor de todos los estados de excepción, porque juré defender a mis vecinos, y esta medida los ayuda a sentirse un poco más seguros.

Finalizo mi intervención valorando y agradeciendo el trabajo de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y particularmente del Ejército de Chile por los esfuerzos que realizan para dar tranquilidad a nuestra gente recorriendo los distintos caminos de esa zona.

Del mismo modo, es importante reiterarle a la ministra de Defensa Nacional -por su intermedio, señor Presidente que el gobierno debe darles todas las facultades necesarias a nuestras Fuerzas Armadas.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, ya hemos renovado más de 60 veces el estado de excepción constitucional de emergencia, y este gobierno va a terminar su mandato con esta disposición vigente, un estado de excepción que se transformó en una normalidad, normalidad que ha generado que muchas veces ni los propios vecinos, los ciudadanos de las provincias de Arauco y de Biobío, nos demos cuenta del estado de excepción, porque ya no provoca el mismo impacto que en sus inicios, cuando el gobierno actual se negó a mantenerlo después de que el gobierno del Presidente Piñera lo había impuesto por aproximadamente dos meses, cuando tuvo que hacerlo porque los hechos ya no daban para más.

Esta es la única medida que ha habido y siempre la he votado a favor, porque es la única herramienta con que los ciudadanos cuentan de manera excepcional, aunque, insisto, ya está normalizada, porque el desborde del control del orden público debido al terrorismo no pudo ser controlado por las Fuerzas de Orden y Seguridad y las policías de manera normal. Entonces, llegaron las Fuerzas Armadas a colaborar en ello.

Desde los inicios de este mandato, de este gobierno del Frente Amplio, de izquierda, se pretendió minimizar esos hechos, e incluso se buscó alguna justificación basada en reivindicaciones históricas de derechos ancestrales. En cierta medida, algunos de ellos podrían ser legítimos y hay que abordarlos y reconocerlos, pero nunca a través de la violencia, que es lo que han hecho las organizaciones radicales que han desafiado al Estado; lo han hecho públicamente, con armamento de grueso calibre, cobrando víctimas, vidas humanas, que es lo más grave.

En nuestra provincia de Arauco se cometió el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete, cuyo juicio aún no se inicia y no sabemos cómo va a concluir. También se perpetró en la zona el ataque al Molino Grollmus, que afectó a más de 20 personas, en el cual los atacantes iban dispuestos a matar a quienes se encontraran dentro de la casa. Ellos se resistieron y pudieron repeler el ataque, luego de lo cual llegaron las fuerzas de orden.

No obstante, el asalto concluyó con algunas personas que perdieron partes de sus cuerpos, y el dueño del molino, don Helmuth Grollmus , perdió la vida poco tiempo después de ocurrido el ataque. El juicio ya va a iniciarse y no hemos visto los resultados que quisiéramos.

Actualmente, la violencia y el terrorismo siguen. Mis colegas han dicho que hubo ataques incendiarios el 31 de diciembre y el 2 de enero, y esos ataques van a continuar; disminuyen un poco durante esta temporada debido al efecto turístico, porque muchas personas viven del turismo, una actividad que debe recuperarse, pues la situación en la zona aún no está normalizada. Hoy tenemos muchos incendios en nuestra Región del Biobío, los cuales han sido devastadores. Ya todos conocen las señales. Por ello, hoy más que nunca, el estado de excepción debe optimizarse para prevenirlos.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, estamos en temporada estival, época muy importante para el sur de nuestro país, porque muchos compatriotas y extranjeros visitan nuestra región. Sin embargo, en varios países con democracias consolidadas, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, se han emitido advertencias a sus ciudadanos respecto de viajar a Chile, particularmente a la Región de La Araucanía. Sin ánimo de chovinismo, la de la Araucanía es una de las regiones más hermosas de nuestro país, principalmente por lo que representa; sin embargo, la advertencia que hacen esos países es que en ella hay terrorismo.

De acuerdo con el Índice Global de Terrorismo, Chile ocupa el puesto 21 a nivel mundial. Efectivamente, hace un par de años estábamos en el lugar 17 y hoy hemos mejorado al descender al puesto 21. Frente a esto, nosotros, como Estado, debemos dar una respuesta que aún no hemos entregado. Más allá del gobierno de turno, no hemos sido capaces de responder como tal. No es normal que exista permanentemente terrorismo en Chile, como tampoco lo es aceptarlo y convivir con él, especialmente en una democracia consolidada y de alta intensidad como la nuestra. Peor aún es que ahora, estando en plena temporada de incendios -porque ahora se habla de “temporada” y en tiempo de cosecha, se deba cosechar con el resguardo de militares. He manifestado, de manera permanente, que no es normal cosechar custodiados por militares, pero no tenemos otra alternativa. Tener que cosechar con militares es algo que atenta contra los derechos de las personas que viven en esos lugares, porque, en definitiva, lo que ocurre allí es que las personas no pueden expresar sus derechos civiles ni sus libertades públicas. Simplemente no las pueden expresar porque conviven con terroristas, a quienes conocen. En efecto, los conocemos: uno se cruza con ellos. Uno va al supermercado y los ve allí y saben quiénes son. La pregunta es si, como Estado, algún día seremos capaces de dar una respuesta integral.

Seguramente, esta será la última prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que discutamos en esta legislatura. Por cierto, esperábamos mayores avances en esta materia, pero la verdad es que hemos avanzado poco. Sin embargo, debemos reconocer -nobleza obliga que efectivamente ha disminuido el número de atentados, lo que se explica fundamentalmente por la expresión que han tenido las fuerzas militares y también por el trabajo que ha hecho la fiscalía. Eso es real.

Además, desde el inicio del actual gobierno, ha habido un cambio y una evolución en la forma de entender el fenómeno, en términos de reconocer que hay terrorismo en la Araucanía. El propio Presidente de la República lo reconoció después del atentado al Molino Grollmus. Por lo tanto, hemos tenido avances en ello. Hoy ya no se habla de “conflicto mapuche”; qué bueno que así sea, porque esto nada tiene que ver con el mal llamado “conflicto mapuche”. Lo que tenemos no es un conflicto; es una situación que se llama “tensión intercultural”. Michel Wieviorka , quien fue presidente mundial de los sociólogos, señala que la situación en la Araucanía es una tensión intercultural, la cual debemos resolver.

No obstante, no podemos tolerar que en la Araucanía convivamos con gente que se dedica al crimen organizado y al narcotráfico, y que posea armamento de guerra, y que eso se acepte. Finalmente, los que se joden -discúlpenme por la expresión tan de Benedettison las personas que viven allí, que conviven con ellos y que saben que deben quedarse calladas, especialmente el pueblo mapuche, porque, si hablan, tomarán represalias en su contra.

Espero que sigamos avanzando y que de verdad terminemos con el terrorismo en la Araucanía.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, hoy efectuaremos nuestra última votación para renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur durante este período legislativo; también será mi última votación como diputado por la Región de La Araucanía.

El gobierno ha fracasado en esta situación. Quiero hablarles a las víctimas del terrorismo y de la violencia en la Región de La Araucanía, las que han sido injustamente olvidadas por este gobierno; personas con las que he trabajado directamente, alzando la voz por ellas y mostrando la realidad que viven, lo que a muchos les molesta. Mientras tanto, el gobierno habla de cifras, mostrando que todo está bien.

Durante 2025, el 39 por ciento de los ataques golpearon al sector forestal e, incluso, cobraron la vida de un trabajador; se registraron al menos 69 hechos violentos ese año en la macrozona sur. De no ser por la labor que ha hecho la fiscalía, no veríamos resultados en materia de persecución. Pero ¿qué pasó con la anticipación? Nunca la vimos; solo hubo reacciones tardías. Ni siquiera se llamó a las víctimas. ¡Solo se contactaban por WhatsApp con ellas cuando les sucedía algo o cuando alguna víctima informaba algo!

Tengo la confianza y estoy seguro de que bajo la administración del Presidente José Antonio Kast , las autoridades no se olvidarán de las víctimas ni tampoco de la Región de La Araucanía, que estuvo abandonada durante los últimos cuatro años. Este gobierno anunció planes, como el Plan Buen Vivir, de los amigos del Presidente, pero nunca vimos nada. Anunciaron la creación de mesas de trabajo; parecía un gobierno de carpinteros por tantas mesas que hacían, con las que tampoco llegaron a nada.

A partir de marzo veremos cambios y habrá prioridad. Espero que quienes asuman como diputados no dejen de lado a quienes hoy sufren como consecuencia del terrorismo. La violencia en la macrozona sur no puede tener color político, pues hay familias que están sufriendo. El Estado no puede quedar al debe.

Durante cuatro años, este gobierno baipaseó a la Región de La Araucanía y a las comunidades mapuche de esa región. No ha terminado con el terrorismo porque no tuvo la mano dura para…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mauro González .

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, me inscribí no para hablar directamente acerca de la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional, sino de una emergencia que está ocurriendo en este momento en la Región de Los Lagos.

Señor Presidente, por su intermedio, pido la atención de la ministra de Defensa, porque la situación es sumamente importante.

Ministra, no sé si usted está en conocimiento, pero…

El señor CASTRO (Presidente).-

Señor diputado, estamos discutiendo la prórroga del estado de excepción constitucional. No puede salirse del tema en discusión.

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, se trata de una emergencia. Seis personas se encuentran desaparecidas en Estuario de Reloncaví.

Por su intermedio, señor Presidente, solicito a la ministra que disponga el monitoreo de la emergencia en este momento en Estuario de Reloncaví, y que se agoten todas las instancias…

El señor CASTRO (Presidente).-

Señor diputado, no puede salirse del tema en discusión. Tiene la palabra la diputada Karen Medina .

La señora MEDINA (doña Karen).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra y a mis colegas.

El estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y de Biobío no es una medida ideal, pero ha sido necesaria. Los hechos así lo demuestran. Durante su aplicación han disminuido los atentados, la violencia rural y los ataques armados, lo que ha permitido recuperar un poco la seguridad en caminos, en faenas y en las zonas donde el Estado estuvo ausente durante años. Hoy, muchas familias pueden volver a transitar con más tranquilidad y trabajar y vivir con menos miedo. Eso es algo que debemos reconocer con responsabilidad.

Los hechos de violencia no han disminuido en su totalidad, como sería lo ideal, pero obviamente el estado de excepción constitucional de emergencia, que ha sido decretado de manera permanente, ha ayudado en tal sentido.

También debemos ser claros en decir que esta medida no puede ser permanente. El estado de excepción es una herramienta de emergencia, no una solución de fondo. Es urgente mejorar la coordinación entre las policías y las Fuerzas Armadas, fortalecer la inteligencia, dar celeridad a las investigaciones, y asegurar que los responsables de esos delitos sean efectivamente sancionados. Además, el Estado debe llegar con mayor fuerza en lo social, con inversión, con servicios y con oportunidades para las comunidades, porque la seguridad real también se construye con presencia y desarrollo.

Por eso, apoyaré esta solicitud de prórroga, porque es la herramienta mínima que estamos ofreciendo para seguir protegiendo a las personas. A la vez, exijo avanzar en la implementación de medidas definitivas y duraderas para los territorios.

Por eso, votaré a favor esta nueva prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia de la medida señalada en el decreto supremo N° 78, de 24 de febrero de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejercieran las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta, en virtud de lo dispuesto en los párrafos quinto y final del número 21° del artículo 32 de la Constitución Política de la República.

Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Antecedentes:

-Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia de medida para el control migratorio y detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor CASTRO (Presidente).-

En discusión la solicitud del Presidente de la República. Tiene la palabra, hasta por siete minutos y cuarenta y cinco segundos, el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Defensa Nacional. Me habría gustado que estuviera también el ministro de Seguridad Pública o el ministro del Interior, pero entiendo que están cumpliendo labores relevantes propias de su cargo para atender las urgencias que vive el país.

La ministra o los ministros, en general, hablan de las cosas en las que se ha avanzado, de lo que se ha hecho bien en la macrozona norte; del control de nuestras fronteras para evitar el contrabando, el crimen organizado y el ingreso de personas de manera ilegal o irregular a nuestro país. Sin embargo, no se refieren a las deficiencias o a la falta de Estado, entendiendo que el Estado ha hecho un esfuerzo mayor en la macrozona norte. Lamentablemente, la gente solo se entera de las deficiencias cuando organismos como la Contraloría General de la República realizan sus informes.

¡Qué bueno sería que los ministros y las autoridades señalaran claramente que hay déficits, que falta infraestructura o no hay cobertura para hacerse cargo de ciertas situaciones que ocurren en nuestra frontera! Lo digo a propósito del informe final de la Contraloría General de la República, dado a conocer el 31 de diciembre pasado, en relación con la visita de la contralora al paso fronterizo de Colchane.

Uno se sorprende respecto de situaciones que deberían estar operando y no lo están. Primero, respecto del Comando Conjunto Norte, que le corresponde a la ministra de Defensa Nacional, nos enteramos de que el Sistema Integrado de Frontera (Sifron) no tiene un protocolo para el respaldo de las grabaciones de las cámaras diurnas y nocturnas. Por lo tanto, existe el riesgo de manipulación o pérdida de evidencia audiovisual, elemento fundamental para las persecuciones por parte del Ministerio Público y de las policías.

¿Cómo no hay protocolos en el Sistema Integrado de Frontera (Sifron), que es la gran novedad de los últimos años?

Señor Presidente, por su intermedio le pregunto a la ministra por qué está ocurriendo aquello y cuándo se va a subsanar. Son cosas que, a primera vista, parecieran ser básicas para el buen funcionamiento del Sifron en nuestras fronteras.

También hemos sabido de la falta de entrega de equipamiento. En este caso, hablamos de 18 drones tácticos, que fueron recepcionados en septiembre, pero no han sido entregados en comodato por parte de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá. En estas cosas no debería haber mayor demora; debiese existir una coordinación fluida por parte de los servicios. En ese sentido, existe el principio de coordinación, consagrado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, pero pareciera ser que hay determinados organismos públicos a los que les cuesta mucho ponerse de acuerdo.

Esos drones son fundamentales para el control de nuestras fronteras, por lo que le pregunto a la ministra cuándo se podrán implementar o comenzarán a funcionar.

En relación con los puestos de observación fronteriza modulares, hay cuatro equipos portátiles de vigilancia y cuatro puntos de visualización o de vigilancia que están en la misma situación.

Por otro lado, quiero mencionar lo que ocurre con la tecnología body scan. La contralora constató que esos equipos están en una bodega, no están funcionando. Quizás hace cuantos años están allí. El body scan es una tecnología fundamental para el control antidrogas o para verificar el contrabando de mercancías en los pasos habilitados. Si no tenemos body scan, me pregunto qué está funcionando. El body scan es lo básico, es el primer eslabón de seguridad que deben tener nuestras fronteras para detectar sustancias ilícitas. Se constató que no había sido repuesto y que está absolutamente inoperativo en la frontera de nuestro país.

Segundo, la ausencia de personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco). ¿Se puede creer que no tenemos personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de manera permanente en la frontera de Colchane? La respuesta es que realizan controles aleatorios y que trabajan conjuntamente con el Comando Conjunto Norte. La presencia de esta policía especializada tiene que ser permanente. ¿Cómo la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado no va a estar en la frontera con un puesto establecido y con personal para verificar si hay o no ingreso de sustancias ilícitas?

¡Es francamente insólito!

El informe de la Contraloría es contundente. Entre otros aspectos, la contralora constató que no había presencia de carabineros al interior del complejo fronterizo de Colchane. ¿Se puede creer que no había carabineros en el control fronterizo de Colchane? Ello significa que no se puede resguardar el ingreso por pasos habilitados y no habilitados. Si se producían alteraciones al orden público, no había carabineros presentes. ¿Cómo se resguarda al personal que trabaja en esa zona si Carabineros no está presente en ese lugar?

¿Saben cuál fue la respuesta de la delegada presidencial provincial del Tamarugal? Que esto era competencia de la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública. La Contraloría fue muy clara en ese aspecto y señaló que tienen la obligación de coordinarse; las policías deben estar allí de manera permanente. Hay que precaver que Carabineros esté en la frontera norte, porque la prioridad de nuestro país es resguardar de buena manera nuestras fronteras. Allí está la gran brecha; por ahí ingresan el crimen organizado, el narcotráfico y los migrantes irregulares a nuestro país, entre los cuales hay, sin ninguna duda, miembros del crimen organizado. Les aseguro que el crimen organizado está observando esas brechas y ha concluido que Chile es un país que no cumple con los estándares mínimos para resguardar, de buena manera, sus fronteras, a pesar de los esfuerzos que se han hecho.

Solicito a la ministra, por intermedio del señor Presidente, que por favor nos señale en qué plazo, en qué momento se hará, y por qué ocurrió eso.

Por último, mucho se ha hablado de las cifras de ingreso irregular de migrantes a nuestro país. Hay que ser honesto intelectualmente: se dice que hubo un descenso, pero resulta que el único año en que hubo un ascenso evidente durante el gobierno del Presidente Piñera fue en 2021. En los otros años, en 2018 y 2019, hubo 8.000 y 10.000 ingresos irregulares, respectivamente. En el acumulado del gobierno del Presidente Piñera fueron 88.000 y en el acumulado del Presidente Boric las cifras superan los 140.000 migrantes que han ingresado de manera irregular a nuestro país.

Por lo tanto, uno tiene que analizar los cuatro años completos de gobierno. Y si uno analiza los cuatro años completos del Presidente Gabriel Boric , los ingresos fueron infinitamente superiores a los que se produjeron durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a pesar de las leyes que promulgamos y que han permitido un mayor resguardo de nuestras fronteras en la macrozona norte.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, cuando hablamos de frontera no estamos hablando solo de un límite geográfico, sino de soberanía, de seguridad nacional y de capacidad real del Estado para ejercer su autoridad donde más se le exige y donde más se le requiere.

La renovación y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera norte no es un gesto simbólico ni una medida transitoria: es una decisión estratégica. Su mantención y permanencia son claves para enfrentar los desafíos actuales y, sobre todo, para viabilizar los planes estructurales que el futuro gobierno impulsará en materia de seguridad.

En la Región de Tarapacá lo sabemos muy bien: la frontera no puede seguir siendo un espacio débil, desprotegido o reactivo. Requiere presencia efectiva, capacidades modernas, equipamiento adecuado y coordinación operativa con las policías y otros servicios del Estado. Sin Fuerzas Armadas preparadas y con despliegue sostenido, cualquier política fronteriza está destinada al fracaso.

Por eso, el plan “Escudo Fronterizo” no se entiende sin esa base. No es un plan de corto plazo ni una respuesta improvisada, sino una estrategia integral que exige continuidad, control territorial, tecnología, inteligencia y recursos humanos capacitados, lo que descansa, en gran medida, en una presencia militar renovada, profesional y permanente en la frontera, con recursos, con facultades precisas y, sobre todo, con estricto cumplimiento de protocolos y procedimientos, teniendo en consideración el lapidario informe emitido por la Contraloría General de la República, que consignó una serie de hechos impresentables y vergonzosos que previamente habíamos denunciado y fiscalizado.

Esto debe cambiar. Hoy requerimos enmiendas y soluciones con urgencia, sin derivación a la próxima administración. Proteger a la Región de Tarapacá es proteger Chile; fortalecer la frontera significa garantizar desarrollo, seguridad y estabilidad para el día de mañana.

No hay crecimiento posible sin orden ni orden posible sin una frontera resguardada con decisión y responsabilidad. Ese es el compromiso, esa es la convicción y ese será el camino que impulsaremos con claridad en el próximo gobierno.

Por tanto, una vez más nuestro voto será a favor.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Corresponde pronunciarse respecto del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos legales en materia del fortalecimiento del Ministerio Público, correspondiente al boletín N° 16374-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.

El señor CASTRO (Presidente).-

Se ha solicitado el ingreso a la Sala del subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En discusión el informe de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, primero, lamento que la ministra no me haya contestado absolutamente nada acerca del informe de Contraloría, que fue lo suficientemente contundente para que diera un plazo respecto de cuándo se van a subsanar aquellas deficiencias.

El señor CASTRO (Presidente).-

Ya estamos en otro proyecto, diputado.

El señor LONGTON.-

Le solicito, por favor, que pida silencio. Están un poquito alterados los diputados socialistas.

Además, le echaron la culpa al Presidente de ese entonces de la entrada de inmigrantes al país cuando fue a Cúcuta.

Les pediría que hicieran una autocrítica sobre el comportamiento del actual Presidente cuando fue oposición respecto de cómo impedía que avanzaran las leyes para detener la migración irregular y cómo invitaba a los migrantes irregulares a venir a Chile.

El señor CASTRO (Presidente).-

Señor diputado, pasemos al siguiente proyecto.

El señor LONGTON.-

Me parece que hay que hablar con la verdad en esta Sala y no hacer un discurso político.

El señor CASTRO (Presidente).-

Por favor, diputado.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor LONGTON.-

Y les pido, por favor, respeto a los colegas que están cacareando al lado mío.

El señor CASTRO (Presidente).-

Por favor, refiérase al proyecto en discusión.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público hace una cosa que es muy muy relevante y que tiene que ver principalmente con la dotación adicional de fiscales en nuestro país. Eso es fundamental para la persecución penal, porque hoy día existe, sin ninguna duda, una sobrecarga en los fiscales de Chile que genera como consecuencia el archivo, el sobreseimiento de causas o el privilegiar ciertas causas por sobre otras que terminan postergándose.

Hoy vamos a incorporar 205 fiscales adicionales en un período de cuatro años, sumados a los 35 fiscales de la Fiscalía Supraterritorial y a los 24 fiscales de la ley de responsabilidad penal adolescente. Probablemente, de 3,7 fiscales por cada 100.000 habitantes pasaremos a tener 5 fiscales por la misma cantidad de habitantes. Ese es un avance relevante.

¿Qué hicimos en materia de fortalecimiento del Ministerio Público? No solo aumentamos el número de fiscales, sino que fortalecimos la estructura orgánica del Ministerio Público, como la División de Atención a Víctimas y Testigos, y la División de Probidad Interna. En este punto, la única diferencia que había entre la Cámara de Diputados y el Senado se relacionaba con el carácter de unidad o división. La verdad es que eso fue rápidamente subsanado por la Comisión Mixta.

Por lo tanto, el proyecto queda en condiciones de ser aprobado, considerando el fortalecimiento que va a tener no solo la estructura desde el fiscal nacional hacia abajo, sino también los mecanismos de control y contrapesos dentro del Ministerio Público para mejorar la persecución penal. Me parece que es un avance relevante.

Se fortalece una institución fundamental en la persecución penal. Espero que sea el inicio de la incorporación de muchos más fiscales que trabajen mancomunadamente con esta Fiscalía Supraterritorial, que es esencial para perseguir al crimen organizado.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, de acuerdo con nuestra Constitución Política de la República, la investigación del delito es una labor exclusiva del Ministerio Público y ningún otro organismo o ciudadano puede ejercer tales facultades. Por este motivo es que el trabajo realizado por los fiscales tiene gran importancia para el país y es esencial para garantizar el éxito de la persecución punitiva. Ellos son quienes finalmente, con la ayuda de las policías, realizan el trabajo pesado, que es juntar la prueba, rendirla en juicio, probar la culpabilidad del acusado y exigir las penas que conforme a la ley le corresponde aplicar al juez.

Por su complejidad, esa labor requiere un trabajo minucioso y dedicado, en que se invierten varias horas para realizar las distintas tareas que esa profesión considera. Quizá en su momento existía cierta proporcionalidad entre el número de hechos delictivos y la cantidad de fiscales asignados por causa. Sin embargo, esta relación ya dejó de ser la regla general y dista mucho de la realidad actual porque, debido al aumento exponencial de la criminalidad en nuestro país, cada fiscal enfrenta una carga laboral importante y excesiva para una rápida gestión.

Al igual que mejoramos la capacidad operativa y fortalecimos la institucionalidad del Estado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, debemos reforzar otros organismos, como el Ministerio Público, que también son claves a la hora de disminuir el umbral delictual. Ha quedado demostrado que no basta con la detención del delincuente, sino que se requiere un proceso penal exitoso para garantizar su neutralización. Por tal razón, no podemos aceptar una fiscalía debilitada, sin los recursos humanos y físicos necesarios para contrarrestar el avance del crimen organizado.

Aumentar el número de fiscales y la capacidad del Ministerio Público es urgente y necesario, y si para lograr ese objetivo debemos inyectar grandes recursos, tenemos que hacerlo, porque es la seguridad de las personas lo que está en juego. No podemos permitir que otro delincuente más salga libre porque la Fiscalía no tiene los recursos suficientes. Ese es el estándar de protección que el Estado debe asegurar a todos los chilenos.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, si queremos enfrentar al crimen organizado, necesitamos instituciones capaces de responder a su ritmo y a su complejidad.

El Ministerio Público fue creado hace casi treinta años y hoy enfrenta una carga de trabajo que supera cualquier estándar razonable. Un fiscal debe revisar en promedio 1.777 causas anuales. Esa realidad limita la investigación, afecta a las víctimas y fortalece la impunidad.

Este proyecto aborda esa urgencia aumentando la planta, fortaleciendo la estructura interna y creando mecanismos de supervisión más exigentes. El país no puede seguir enfrentando fenómenos del siglo XXI con capacidades del siglo pasado. Un Estado que se toma en serio la persecución penal fortalece controles internos y previene riesgos antes de que se materialicen.

La creación de una unidad de probidad junto con el oficial de cumplimiento va en línea con estándares modernos de prevención y control especialmente útiles en un contexto en que el crimen organizado intenta infiltrarse en instituciones públicas. A ello se suma un sistema de evaluación externa cada tres años, que permitirá identificar brechas y mejorar la gestión.

La confianza en la justicia se construye con reglas claras, fiscalización real y estándares de transparencia exigentes. Un país que exige resultados debe entregar herramientas reales a quienes investigan y acusan a delincuentes, y protegen a víctimas y testigos.

El aumento de la dotación, la modernización de las unidades internas y los nuevos sistemas de supervisión apuntan al corazón del problema: mejorar la eficacia de la persecución penal en tiempos en que la criminalidad organizada avanza rápido y con gran sofisticación.

Fortalecer al Ministerio Público es fortalecer la seguridad de todos. Por eso, votaremos a favor.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la bancada de diputados del Partido Socialista va a aprobar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público. Lo va a hacer como lo ha hecho con todas las iniciativas de este gobierno que han buscado fortalecer todos los componentes del sistema de persecución delictual.

Lo primero que hizo este gobierno fue fortalecer a las policías. El Estado que se recibió, tanto en infraestructura como también en equipamiento de Carabineros y de la PDI, era calamitoso. Ese fortalecimiento ya se hizo. Las policías no solo han modernizado su funcionamiento, porque también se ha autorizado el aumento de sus dotaciones. Esto ha ocurrido en la PDI.

En materia del Ministerio Público, los fiscales son los que persiguen al crimen organizado y al narcotráfico. También se ha modernizado esta institución, puesto que se creó la Fiscalía Supraterritorial, una entidad que no va a tener un domicilio fijo, sino que va a perseguir al crimen organizado por todo el país, incluso en el extranjero. Además, autorizamos la creación de varios cargos de fiscales: un nuevo fiscal con estatus de fiscal regional, con equipamientos y recursos, y unos cuerpos de élite de fiscales y de policías para perseguir toda la dinámica que se da en la cultura criminal del crimen organizado.

Sin embargo, no nos olvidamos del resto del Ministerio Público. Esta institución tiene casi treinta años de existencia. Hoy, con este proyecto estamos terminando la tramitación de una ley que hará la modernización y la ampliación más grande desde que fue creada la Fiscalía. Son 819 cargos que se desglosan en 4 jefes de unidades, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares.

Junto con eso, se ha reforzado el personal a cargo de la atención a víctimas y testigos, porque no tan solo es importante la persecución penal; también hay que preocuparse de las víctimas y los testigos.

Este gobierno aprobó la ley que crea la Defensoría de Víctimas, una demanda largamente postergada cuya solución los gobiernos anteriores fueron incapaces de materializar. Nosotros lo hicimos.

Hoy, con este fortalecimiento del Ministerio Público, la atención a víctimas y testigos va a tener un tratamiento especial, particularmente cuando involucre a niños, niñas y adolescentes. También se ha modernizado la persecución y la reinserción social en materia de responsabilidad penal adolescente.

Estas han sido las modificaciones estructurales más grandes en nuestro sistema judicial. Hemos hecho un esfuerzo notable. Los parlamentarios de oposición -la derecha sensata, si podemos decir que existe algo así han apoyado esta iniciativa, lo que viene muy bien para que el próximo gobierno pueda hacer su trabajo.

Nosotros entregamos un sistema judicial modernizado y cárceles con un 50 por ciento más de personas privadas de libertad, de delincuentes cumpliendo condenas.

Vamos a apoyar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro.

Chile ha cambiado, y no solo en lo social, económico o político; han cambiado también los patrones delictivos que enfrenta nuestro país.

Hoy no hablamos solo de delincuencia común, sino de organizaciones criminales complejas, con estructuras jerarquizadas, presencia territorial, vínculos transnacionales y capacidad de corrupción y de intimidación. Frente a ese nuevo escenario, debemos tener el coraje de reconocer que la institucionalidad diseñada a comienzos de los años 2000 ya no es suficiente.

El Ministerio Público fue concebido para una realidad distinta, con delitos menos complejos y menos coordinados. Su estructura altamente descentralizada ha tenido virtudes, pero también ha generado una fragmentación excesiva en la persecución penal.

Hoy enfrentamos un problema serio. El diseño con que se concibieron las fiscalías locales y regionales ha terminado en la práctica por debilitar la posibilidad de construir una política de persecución penal con una visión nacional coherente y de largo plazo.

El fiscal nacional no cuenta con herramientas reales para orientar estratégicamente la acción del sistema, lo que impide responder de forma coordinada frente a fenómenos criminales que no reconocen fronteras regionales. Mientras el delito se organiza, el Estado sigue fragmentado.

Las cifras son claras: homicidios, secuestros, extorsiones, delitos violentos y crimen organizado muestran una tendencia al alza. No son solo números; son personas, familias y comunidades que hoy viven con miedo. Como sociedad y como Estado, tenemos el deber de defendernos, de recuperar el control del territorio y de garantizar el derecho básico a la seguridad.

No obstante, debemos hacerlo bien, con las herramientas de la democracia, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, porque el combate al crimen organizado no puede significar renunciar a nuestros principios, sino afirmarlos con más fuerza.

Este proyecto, perfeccionado en la Comisión Mixta, avanza en la dirección correcta. No elimina la necesaria consideración de las realidades locales e incorpora una conducción estratégica nacional capaz de fijar prioridades, coordinar esfuerzos y proyectar una política de persecución penal moderna, eficaz y coherente.

Por eso, este informe tiene un valor adicional: no es de un sector, es de todos. Se construyó con diálogo, con sesiones, entendiendo que la seguridad es un tema de Estado que nos obliga a dejar de lado nuestras diferencias políticas cuando está en juego la protección de nuestro país.

Por ello, llamo a votar a favor de este informe.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, este proyecto de ley es muy importante. Necesitamos un Ministerio Público que no solo cuente con las atribuciones necesarias para realizar una correcta persecución penal, sino que también disponga de los medios apropiados y de mecanismos al interior de la institución que permitan cautelar la probidad y el correcto trabajo de la fiscalía.

Claramente, existen fiscales muy comprometidos con la persecución penal y con la mano dura que hoy necesita el país para recuperar el orden en las calles. Sin embargo, lamentablemente, en la historia reciente también hemos visto casos de fiscales que a veces están más interesados en hacer un punto político, o quizás en hacerse famosos, y eso no podemos permitirlo.

Eso también es parte del fortalecimiento…

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre el uso de agua de mar para desalinización, correspondiente al boletín N° 11608-09.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Recursos Hídricos y Desertificación y de Hacienda son el señor Cristóbal Martínez y la señora Camila Rojas , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 88ª de la presente legislatura, en lunes 17 de noviembre de 2025. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sesión 111ª de la presente legislatura, en miércoles 14 de enero de 2026. Documentos de la Cuenta N° 13.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 115ª de la presente legislatura, en lunes 26 de enero de 2026. Documentos de la Cuenta N° 18.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

El señor MARTÍNEZ (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, paso a informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de suma, iniciado en una moción de las entonces senadoras Isabel Allende y Adriana Muñoz y los entonces senadores Alejandro Guillier , Felipe Harboe y Jorge Pizarro .

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en establecer una regulación para el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, contribuyendo con ello a una mejora en la seguridad hídrica, una mejor adaptación al cambio climático, el resguardo de la biodiversidad y el uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros. Del mismo modo, busca regular el desarrollo de una estrategia nacional de desalinización y todo lo relativo a las concesiones o destinaciones marítimas especiales de desalinización.

Los autores del proyecto de ley exponen la necesidad imperativa de establecer un marco regulatorio para la desalinización en Chile, motivada por la prolongada escasez hídrica y los efectos del cambio climático, que reduce la disponibilidad de agua para consumo humano y fines productivos. Advierten que, ante la proliferación de proyectos aprobados sin una planificación estratégica, el Estado carece de una normativa específica que resguarde el bien común y asegure la utilización sustentable del recurso en áreas de interés nacional.

Como diagnóstico de la regulación actual, en primer lugar, los parlamentarios observan que la actividad se rige por un conjunto disperso de normas que resulta insuficiente para abordar la complejidad del sector en diversos aspectos. Del mismo modo, los autores sostienen que la legislación vigente presenta imperfecciones críticas que generan incertidumbre jurídica, como ocurre, por ejemplo, con la discusión sobre la naturaleza jurídica del agua desalada, ya que se discute si el resultado del proceso es un producto industrial libremente apropiable por el transformador bajo la figura de especificación complementada en el Código Civil o si debe mantener su carácter original.

En cuanto al rol del Estado y el bien común, los autores subrayan la urgencia de que el Estado asuma un rol decisivo para garantizar el uso eficiente del borde costero, evitar las concentraciones de derechos y prevenir los errores de gestión observados en las aguas terrestres.

Sobre la sustentabilidad ambiental de esta actividad, advierten una carencia de normas sobre las externalidades de la desalinización, particularmente respecto del manejo de salmueras y el impacto en el ecosistema de extracción a gran escala.

Finalmente, reconocen que la propuesta debe ser complementada en el ámbito de la gestión pública, por cuanto esta moción constituye un paso fundamental para dotar de certeza jurídica a una actividad estratégica para el país.

Resumen del contenido del proyecto de ley

La mayor parte del proyecto propone el establecimiento de normas nuevas que regulan la parte general de este nuevo ordenamiento, la Estrategia Nacional de Desalinización, las características y el contenido de la concesión y destinación de la desalinización de agua de mar, así como el procedimiento para su concesión, sus condiciones de ejercicio, término y caducidad, la servidumbre legal de desalinización y las normas sobre fiscalización y sanciones.

Del mismo modo, se modifican la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la ley N° 18.885, que Autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de agua potable y alcantarillado, y dispone la constitución de sociedades anónimas para tal efecto.

En definitiva, el proyecto de ley contiene 46 artículos permanentes y 6 disposiciones transitorias.

El texto propuesto contiene los siguientes títulos: Título I: Disposiciones preliminares Título II: Estrategia Nacional de Desalinización. Título III: Características y contenido de la concesión y destinación. Título IV: De la servidumbre legal de desalinización y otras procedentes. Título V: Otorgamiento de una concesión o destinación de desalinización. Título VI: De las condiciones de ejercicio de la concesión. Título VII: Fiscalización y sanción. Título VIII: Término y caducidad de la concesión. Título IX: Disposiciones varias.

En la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que presido, el proyecto de ley fue sometido a votación general, siendo aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados y las diputadas Chiara Barchiesi , Héctor Barría , Marta González , Cristóbal Martínez , Benjamín Moreno , Víctor Pino , Marlene Pérez , Jorge Rathgeb , en reemplazo de la diputada María Luisa Cordero ; Carolina Tello , en reemplazo de la diputada María Francisca Bello ; Nelson Venegas y Flor Weisse .

Las observaciones de la discusión en particular están contenidas in extenso en el presente informe.

Durante la discusión del proyecto estuvieron presentes el asesor del Ministerio de Obras Públicas, señor Carlos Estévez , y la abogada asesora de la Dirección General de Aguas, señora María Graciela Veas . Asimismo, se escuchó a diversos representantes de organizaciones gremiales relacionadas con esta actividad.

Se hace presente que el artículo 46 del proyecto fue aprobado por el Senado con quorum calificado, por tratarse de una norma que autoriza al Estado a desarrollar actividades empresariales, según lo establecido en el artículo 19, número 21°, párrafo segundo de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en el inciso segundo de su artículo 66. La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación coincide con esta calificación.

Por lo anteriormente expuesto, la comisión recomienda aprobar las adiciones y enmiendas propuestas al texto del proyecto de ley aprobado por el Senado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario de Obras Públicas, señor Danilo Núñez ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Hacienda.

La señora ROJAS, doña Camila (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de las exsenadoras y los exsenadores Isabel Allende , Alejandro Guillier , Felipe Harboe , Adriana Muñoz y Jorge Pizarro , sobre uso de agua de mar para desalinización. El Ejecutivo hizo suya la idea matriz del proyecto y presentó indicaciones referidas al gasto en su implementación en marzo de 2022.

Concurrió en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el asesor del Ministerio de Obras Públicas, señor Carlos Estévez .

La idea matriz del proyecto consiste en establecer una regulación para el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización de agua de mar, contribuyendo con ello a una mejora en la seguridad hídrica, a una mayor adaptación al cambio climático, al resguardo de la biodiversidad y al uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros. Del mismo modo, se busca regular el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desalinización y las concesiones o destinaciones marítimas especiales de desalinización.

En particular, y mediante 46 artículos permanentes y seis disposiciones transitorias, el proyecto de ley establece un marco normativo para regular el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, posibilitando distintos usos, y para contribuir a una mejora en la seguridad hídrica y a una mejor adaptación al cambio climático.

Asimismo, declara que el mar territorial, el fondo marino y el subsuelo, así como sus playas, son bienes nacionales de uso público, sin perjuicio de que puedan ser objeto de concesión o destinación de conformidad con las reglas establecidas en la ley.

La norma en trámite crea una estrategia nacional como un instrumento rector para orientar el desarrollo sostenible de la actividad, la cual es elaborada por la Dirección General de Aguas y aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, más los ministerios del Interior; de Defensa Nacional; de Hacienda; de Economía, Fomento y Turismo; de Minería; de Bienes Nacionales, y del Medio Ambiente.

Esta estrategia será actualizada cada seis años e incluirá diagnósticos, metas, indicadores y criterios para definir zonas aptas, áreas sensibles a descargas de salmueras, estimación de necesidades hídricas futuras, y la promoción de innovación tecnológica y de eficiencia energética.

Se establece que las concesiones y destinaciones se otorgarán mediante decreto supremo por un plazo máximo de treinta años, renovable por una vez, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, y comprenderán el uso de bienes nacionales en la zona costera para extraer, tratar, conducir y disponer agua de mar desalinizada, habilitando al titular a solicitar servidumbres legales y realizar obras, así como llevar a cabo labores de investigación, construcción, mejoramiento y operación de las obras de la actividad de desalinización.

Se establecen limitaciones respecto de áreas protegidas y se refuerza el resguardo del interés público. Se regula el procedimiento para otorgar concesiones o destinaciones de desalinización, se disponen las condiciones de las mismas, así como su fiscalización, sanción, término y caducidad de la concesión.

En lo referido a sus efectos fiscales, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que el mayor gasto se originará por las nuevas funciones que se le asignan a la Dirección General de Aguas, que significarán la contratación de nuevos funcionarios en el nivel central y regiones.

En síntesis, el mayor gasto fiscal que irrogará la aplicación del proyecto de ley será de 202 millones de pesos durante el primer año de vigencia, y de 343 millones de pesos en régimen.

En materia de financiamiento, se precisa que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario se imputará al presupuesto de la partida Ministerio de Obras Públicas y, en lo que faltare, con recursos del Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva ley de presupuestos del sector público.

Durante su tratamiento en la comisión los parlamentarios solicitaron detalles sobre la entrega de concesiones, las servidumbres derivadas, los criterios de selección de áreas para desaladoras y el riesgo ambiental originado por sus operaciones.

Finalmente, puestas en votación las disposiciones de su competencia resultaron todas aprobadas por la unanimidad de los once parlamentarios y parlamentarias presentes. La comisión aprobó también, por mayoría de votos, una indicación parlamentaria que incorporó entre los criterios para determinar áreas aptas de actividad desaladora el eventual impacto ambiental que podrían generar las actividades asociadas a los proyectos.

Votaron en la sesión los diputados Carlos Bianchi , Ricardo Cifuentes , Luis Cuello , Miguel Mellado , Agustín Romero , Juan Santana , Frank Sauerbaum , Jaime Sáez , Gastón von Mühlenbrock , Boris Barrera (Presidente), y esta diputada informante, Camila Rojas .

Como consecuencia de lo relatado, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos informados.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, hoy estamos discutiendo un proyecto que no es meramente técnico, sectorial o marginal. Estamos discutiendo un proyecto que aborda la seguridad hídrica, la dignidad humana y el futuro territorial.

Esta iniciativa reconoce algo que en regiones como la que represento, la de Coquimbo, se vive desde hace años: el agua ya no puede seguir dependiendo solo del ciclo natural cuando el cambio climático ha alterado estructuralmente ese ciclo.

La desalinización no es una solución mágica, pero sí es una herramienta estratégica cuando está bien regulada, cuando tiene control público, cuando pone en el centro el consumo humano y el saneamiento, y cuando contempla un punto que ya se mencionó en la lectura del informe: el debido resguardo del medio ambiente y el entorno.

Este proyecto avanza justo en esa dirección al crear una Estrategia Nacional de Desalinización, que contará con conducción estatal, coordinación interministerial y planificación a largo plazo. Esto es clave para evitar la presentación de proyectos aislados, desordenados y sin respeto ni visión territorial.

También, establece un régimen claro de concesiones especiales, fiscalización efectiva por parte de la Dirección General de Aguas, sanciones proporcionales y mecanismos de control, lo que entrega no solo certeza jurídica, sino también protección del interés público.

Otro punto muy relevante es que permite que parte del agua producida por proyectos no destinados originalmente al consumo humano pueda ser destinada a comunidades cercanas que lo necesitan, reforzando el principio de prioridad del derecho humano al agua.

Aquí no estamos legislando para empresas, sino para territorios que hoy no tienen suficiente agua, para familias que viven de lo que les proveen camiones aljibe, para comunidades rurales y para sistemas de agua potable rural (APR) colapsados.

Por lo mismo, este proyecto no se trata solamente de infraestructura; es una política pública de adaptación al cambio climático, de justicia territorial y de responsabilidad intergeneracional. Es por eso que llamo a votar a favor este proyecto.

Agradezco el trabajo hecho por el Ejecutivo y por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Esperamos dar una buena noticia a regiones como la de Coquimbo, a la cual represento, donde abordar la crisis hídrica es una prioridad. Sabemos que este proyecto otorgará una solución estructural responsable y, sobre todo, respetuosa con el entorno, que es otra de las prioridades para quienes represento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Pino .

El señor PINO.-

Señor Presidente, hace dos días, el 25 de enero de 2026, se cumplieron ocho años desde que este proyecto ingresó al Congreso Nacional. ¡Ocho años! Totalmente tarde estamos llegando con una respuesta que este país necesitaba desde hace rato.

Este proyecto de ley estuvo más de siete años en el Senado. Por eso quiero felicitar a los miembros de las comisiones de Recursos Hídricos y Desertificación, y de Hacienda de esta Cámara, porque en ellas el proyecto se tramitó durante un poco más de tres meses. Eso demuestra voluntad política para avanzar en cosas realmente importantes, en cosas que cambiarán y mejorarán las condiciones la vida de las personas y, sobre todo, que harán progresar a nuestro país.

En Chile ya operan treinta y dos plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar; además, están en carpeta otros cincuenta proyectos, en distintas etapas de desarrollo. Por eso, hoy podemos decir que esta cartera de cincuenta y un proyectos traerá inversiones por sobre los 24.000 millones de dólares, lo que posiciona a Chile como uno de los países más activos en infraestructura hídrica de Latinoamérica.

En la actualidad, el ciento por ciento del agua que abastece a las ciudades de Antofagasta y Mejillones proviene de agua de mar, gracias a la ampliación de la Planta Desaladora Norte de Aguas Antofagasta, que produce 1.436 litros por segundo. Mientras tanto, en la Región de Coquimbo, a la cual represento, avanza la primera concesión en Chile de una planta desaladora multipropósito, destinada especialmente al consumo humano y otras áreas.

Este proyecto de ley es una buena noticia para Chile. Sin embargo, como bien dije, llega un poco tarde ante las necesidades que el país ha enfrentado en los últimos años, como la sequía, que ha impactado en muchas regiones de nuestro país, especialmente en las de Coquimbo y de Valparaíso. Se espera que, de aquí al año 2050, esta crisis se acreciente, por lo que se hace más necesario que nunca avanzar en este tipo de iniciativas legislativas.

Hoy, la Cámara de Diputadas y Diputados le está traspasando la responsabilidad al Senado de que este proyecto no dure otros ocho años más en su tercer trámite constitucional. Ojalá que esta iniciativa sea aprobada por esta Sala en forma unánime y que, lo más pronto posible, el Senado la apruebe en tercer trámite constitucional para avanzar en una solución concreta y en una política de Estado necesaria para el crecimiento y el desarrollo de nuestra gente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, la función de una planta desaladora consiste en ocupar agua de mar para distintos usos. En los últimos años la minería, principalmente, ha impulsado la instalación de esas plantas con muy buenos resultados. Sin embargo, todavía tenemos grandes deudas, en particular con nuestra gente de los sectores rurales.

No puedo dejar de mencionar lo que sigue sucediendo en el acceso sur de la Región de Atacama, especialmente en Domeyko, Cachiyuyo , Incahuasi , Chañaral de Aceituno y Carrizalillo , cuyos habitantes siempre dependen de si llueve o no llueve, y de si acumulan agua las napas subterráneas para pasar un buen año y asegurar el recurso hídrico para el consumo humano.

Cuando hay años de sequía, tenemos grandes problemas. El resultado es que la gente se queda sin agua potable por mucho tiempo, incluso durante varios días. Los APR fallan y no hay agua para el consumo humano.

Como Estado debemos avanzar en la implementación de plantas desaladoras; pero es importante que estas no sean usadas solo para el servicio de la industria, sin perjuicio de que esta es muy importante. Nuestra principal misión es establecer que estén al servicio de nuestra gente.

Sin lugar a dudas, el Estado tiene recursos. Recordemos que, por ingresos del royalty, entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo hay destinados doscientos millones de dólares anuales por un plazo de tres años. Sin embargo, esto debe ir de la mano de una planificación del futuro gobierno para que no esperemos tres, cuatro o cinco años más para preocuparnos de la instalación de plantas desaladoras.

Sabemos que la tecnología, últimamente, nos ayuda mucho a conservar el medio ambiente; aquí existe una labor muy importante y una toma de decisiones que no podemos dejar a un lado.

Por eso, felicito a quienes han avanzado en este proyecto. De todas maneras, hoy lo aprobaremos por el bien de nuestra gente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señorita BRAVO (doña Marta) .-

Señor Presidente, Ñuble , así como todo Chile, vive una crisis hídrica en la que los agricultores ven secarse sus campos, y las comunidades rurales dependen de camiones aljibe. Por eso, apoyo este proyecto, ya que la desalinización regulada es una pieza clave para la seguridad hídrica de nuestro país.

Veo tres puntos clave en esta iniciativa.

En primer lugar, da poder a las regiones. Al crear estrategias regionales de desalinización, obliga a que proyectos en la costa se planifiquen pensando también en el interior. De este modo, Ñuble podrá sentarse a la mesa y decir que el agua que se genere debe priorizar el consumo humano y la agricultura de subsistencia.

En segundo lugar, protege a nuestras comunidades costeras, ya que establece reglas uniformes y exige estudios serios, monitoreo y planes de cierre. Ello defiende la pesca artesanal y el turismo en comunas como Cobquecura. La verdadera traba no es la regulación, sino el conflicto social y la judicialización que nace de proyectos sin legitimidad.

En tercer lugar, otorga certeza a todos. Un marco único clarifica las reglas, acelera la evaluación y reduce la incertidumbre que hoy frena las inversiones responsables. La urgencia no está en saltarse salvaguardias, sino en tener un camino claro y expedito que combine rapidez con responsabilidad.

En cuanto a las concesiones, el agua es un bien nacional de uso público. Un plazo que equilibre la viabilidad del proyecto con la tutela del Estado es lo que protege el interés de las comunidades en el largo plazo.

Este proyecto representa una oportunidad para construir soberanía hídrica con participación, protección ambiental y visión de futuro. La planificación integral es la que evita el daño, protege los ecosistemas marinos y costeros y garantiza que las comunidades no sean meras espectadoras, sino parte activa y beneficiosa del proceso.

¡Por un Chile donde el agua llegue a todos!

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, hace casi cuatro años, cuando comenzó este período legislativo, llegué a la Cámara de Diputadas y Diputados con un sueño: la lucha por la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, consagrado no solo legalmente, como ocurre hoy, sino también constitucionalmente.

Asimismo, soñaba con que, para tales efectos, se implementara una lógica y una estrategia de Estado que otorgaran a este recurso natural la importancia que merece, ya que de él dependen todas las actividades productivas, mineras, económicas y de cualquier otra naturaleza, pero, sobre todo, la vida misma. Sin agua, no hay vida.

Considero que, como Estado de Chile, estamos en deuda respecto de una cuestión que es prioritaria. Aquí se habla de democracia, del sistema político y del sistema económico; sin embargo, nos olvidamos de que nada de eso es posible si no existe una consagración del agua como un derecho vital, puesto que el agua, como señalé, es vida, pero, lamentablemente, continúa estando en manos de privados. Es decir, quien tiene mayor cantidad de derechos de aprovechamiento de agua cuenta con más recursos y, por lo tanto, tiene mayores posibilidades de acceso a tener ese bien.

Esa situación, lamentablemente, se profundizará con el tiempo, ya que el cambio climático hará que cada vez exista menos agua. Cuando ello ocurra, serán los pobres quienes se queden sin agua, mientras que quienes tienen más acciones tendrán siempre más privilegios. Ello derivará en una sobreutilización del agua en actividades mineras y agrícolas, en perjuicio -insisto de los sectores más desposeídos.

No hemos hablado del derecho al agua con la profundidad que corresponde. En este contexto, no nos queda otra cosa que ir sorteando, en la medida de lo posible, las dificultades existentes, sobre todo en aquellas regiones en que existe un deficiente manejo del agua. Por esa razón se genera la alternativa de la desalinización, la cual ha sido ampliamente discutida. En rigor, no me gustaría que se desalara; sin embargo, es una cuestión necesaria y fundamental; no existe otra posibilidad.

Con todo, debemos ser cuidadosos al desarrollar una política de desalinización. Hay que evitar que se afecten las bahías y la naturaleza, así como impactar negativamente territorios. Sobre todo, hay que procurar que el provecho que se saque del agua desalinizada llegue a todos los sectores y no, una vez más, a los mismos de siempre, que históricamente se han quedado con este recurso básico y fundamental para la vida.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, ¡por Dios que nos demoramos en despachar proyectos tan importantes como este! Hemos perdido oportunidades y seguimos perdiéndolas, lo que redunda en que la gente viva peor. En la medida en que existe inversión y un desarrollo sostenible y sustentable, la gente vive mejor.

Chile es un país pequeño, con veinte millones de habitantes, y considerando la cantidad de recursos con que cuenta, no debería tener pobreza.

Hoy tenemos la posibilidad de generar energía alternativa. Sin embargo, están los grupos que se oponen a este tipo de iniciativas, incluso al hidrógeno verde y a la industria del litio. En este último caso, ya hemos perdido una oportunidad. Actualmente, los alemanes encontraron un yacimiento profundo importante que nos dejará fuera de la competencia mundial, porque nos demoramos.

En relación con la desalinización de agua, es necesario que exista coherencia. Se planteó que esta industria prácticamente destruiría nuestras costas y la biodiversidad, lo que no es así, ya que hoy los procesos son limpios y sustentables. Eso constituye una gran oportunidad para el país. Tal como señaló un diputado presente en la Sala -creo que fue el diputado Winter -, podríamos regar el desierto.

Chile es un país pequeño, con un ancho promedio de 177 kilómetros en la zona norte. En el sur, en cambio, alcanza su mayor extensión a la altura de Puerto Montt, con aproximadamente 445 kilómetros. Por esa razón, allá no se necesita esto como en el norte.

Podríamos ser perfectamente una potencia silvoagropecuaria si nos pusiéramos de acuerdo en sacar adelante estos proyectos sin demorarlos y evitáramos que algunas agrupaciones que tienen intereses -no entendemos de dónde vienen detengan el progreso y el desarrollo sostenible y sustentable. Nadie está pensando en pasar por sobre la naturaleza; estamos hablando de que exista inversión para que haya más trabajo y más impuestos para hacer más cosas.

Estamos hablando de un proyecto importante en materia de seguridad hídrica, que nos permitirá sacar adelante iniciativas no solo en el norte, sino en todo Chile. Existen proyectos, en cartera de inversión, por montos de tres mil, diez mil e incluso once mil millones de pesos. Están a la espera, pero confiamos en que la tramitación medioambiental esté a la altura de las circunstancias. Chile requiere no quedarse atrás; ya lo hemos hecho en varios de los proyectos que señalé al principio. Como dije, hoy podríamos ser una potencia en varias áreas.

Repito: espero que en esta materia no nos quedemos atrás, ya que la desalinización del agua no tiene riesgos, y si las cosas se hacen bien, podemos salir adelante.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, este proyecto, como ya se ha señalado, tardó mucho más de lo necesario, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Hoy podemos superar o, al menos, minimizar el problema relacionado con la escasez hídrica que afecta a la mayoría de las regiones de nuestro país, excepto a la zona sur. Algunas zonas han sido decretadas como de catástrofe hídrica, e incurren en gastos para distribuir agua en camiones aljibe. Ello, además de ser absolutamente insuficiente, resulta muchas veces injusto y pasa a ser un gasto y no una inversión. Por lo tanto, se trata de recursos públicos que, a mi juicio, hasta ahora han ido solamente en el sentido de gastar y no en invertir para resolver este problema.

Esta iniciativa tiene por objeto desalinizar el agua y crear un marco jurídico para planificación, autorización, ejecución, fiscalización e inversión pública y privada, con el fin de fortalecer la seguridad hídrica, pero siempre con un resguardo a los ecosistemas marinos costeros y reconociendo el carácter de bien nacional de uso público del mar y sus aguas.

Ese es un foco muy importante. Existen muchas condiciones, que son los marcos regulatorios con una Estrategia Nacional de Desalinización, un régimen especial de concesiones y el resguardo del interés público, permitiendo que la autoridad exija, en determinados casos, un aporte obligatorio de hasta un 5 por ciento de la capacidad productiva del agua desalada para consumo humano y saneamiento, con pago al titular a costo marginal.

A mi juicio, aquí se establece el punto fundamental, pues se obliga a que exista entrega de agua para consumo humano.

Además, se regulan las servidumbres legales especiales para viabilizar la infraestructura asociada, con indemnización a los propietarios afectados. En suma, tenemos fiscalización, sanciones con multas elevadas y un sistema que resguarda nuestro medio ambiente.

Sin embargo, no compartimos algunas normas aprobadas por el Senado, ya que son temas que están muy resguardados en relación con el medio ambiente. No caigamos nuevamente en empezar a limitar la inversión para que haya seguridad hídrica, especialmente cuando se exacerba todo lo que es más bien declarativo en la protección medioambiental, que ya está establecida.

En la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación se debatió lo relacionado con los plazos de las concesiones. Al respecto, se establece una cantidad de años que no nos da la tranquilidad para que estos proyectos puedan surgir.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, Chile enfrenta un desafío hídrico estructural que exige planificación seria y herramientas permanentes.

La desalinización ha pasado a ocupar un lugar central en nuestra seguridad hídrica: permite asegurar agua para consumo humano, sostener actividades productivas y responder con realismo a un escenario de sequía con signos cada vez más severos.

La magnitud de esta tarea exige una institucionalidad sólida, moderna y capaz de coordinar de manera coherente los esfuerzos públicos y privados.

Durante el trabajo en la comisión escuchamos a expertos, revisamos experiencias comparadas y analizamos las observaciones de la industria. No basta con habilitar proyectos; necesitamos un marco que otorgue certezas, proteja nuestros ecosistemas y permita que la desalinización se convierta en un pilar estable y predecible de nuestra seguridad hídrica.

Sin embargo, esta iniciativa llega con brechas que deben corregirse si queremos consolidar una verdadera institucionalidad en materia de desalinización.

Lo primero es que los plazos de las concesiones no dialogan con la realidad de los proyectos que buscan regular. La minería, responsable de más del 80 por ciento de la capacidad de desalinización del país, opera con yacimientos cuya vida útil suele extenderse bastante más allá de lo que permitiría la combinación entre concesión y su única renovación.

Fijar plazos rígidos y estrechos desalienta inversiones multipropósito, introduce riesgos de continuidad y no pone los incentivos adecuados para desarrollar infraestructura crítica de largo plazo. Necesitamos certezas estables para operaciones estables.

Tampoco podemos omitir dos errores básicos de técnica legislativa. El primero es la fórmula del ministerio competente, repetida a lo largo de todo el articulado, sin una definición estable de la ley permanente. Una ley que crea obligaciones permanentes no puede descansar en una institucionalidad transitoria o incierta. La gobernanza hídrica exige claridad orgánica, no ambigüedad.

El segundo error es la duplicidad normativa, especialmente en materia de cierres y garantías, creando obligaciones paralelas a las del Servicio de Evaluación Ambiental, sin un fundamento técnico que lo justifique. Chile no necesita más capas regulatorias superpuestas; necesita reglas coherentes, aplicables y proporcionales.

En síntesis, este proyecto avanza, pero continúa sin resolver de manera precisa aspectos esenciales para su correcta implementación. Requerirá ajustes para garantizar viabilidad técnica, certeza jurídica y una institucionalidad sólida que acompañe el desarrollo de la desalinización en las próximas décadas.

Por estas razones y entendiendo la relevancia estratégica de contar con una ley de desalinización, anuncio mi voto a favor e insisto en la necesidad de aprobar las indicaciones que corrigen los puntos críticos ya señalados.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, tenemos problemas de sequía a lo largo de nuestro país. Este es un drama que se vive no solo en el norte o en la zona centro, sino también en el sur de Chile.

Lamentablemente, la capacidad hídrica de nuestro país ha llegado a niveles insospechados; ya no tenemos como antes este recurso tan importante, tan vital, no solamente para una serie de actividades productivas, sino también para lo que es más importante: el uso doméstico, el consumo humano, su uso prioritario.

Quienes hemos trabajado fuertemente con los sistemas sanitarios rurales, con la agricultura familiar campesina, conocemos la necesidad y la importancia de contar con agua. También sabemos el drama que se vive cuando se quiere hacer un pozo, cuando se perfora a ochenta, noventa o, incluso, cien metros de profundidad, se rompe la roca madre y no se obtiene agua o sale muy poca.

Frente a eso, tenemos que buscar alternativas. Esta es una que ya se utiliza de manera exitosa en algunos lugares de nuestro país. Entonces, por qué no replicarla y facilitar su uso en otros sectores, por cierto buscando un equilibrio adecuado entre el ecosistema y actividades productivas, como la pesca artesanal.

Ahora bien, necesitamos desalar agua; es así de claro y sencillo. Lamentablemente, no tenemos otra fórmula. Necesitamos años lluviosos para no desalar agua, pero no ha ocurrido así. Es tal la sequía estructural que hemos tenido en el país, que, aunque llueva varios años seguidos, tendremos déficit de agua.

Por ese motivo, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa, que busca el justo equilibrio en la utilización de este recurso, desalando agua, pero sin que esto genere un daño a actividades importantes que no queremos que desaparezcan. Al contrario, queremos fortalecer y apoyar esas actividades, como es el caso de la pesca artesanal.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el proyecto que discutimos, en términos generales, es un avance necesario y está bien orientado.

La desalinización es una herramienta clave para el futuro hídrico del país, pero su des arrollo debe equilibrar adecuadamente protección ambiental, eficiencia regulatoria y certeza jurídica; de lo contrario, corremos el riesgo de frenar soluciones que hoy son urgentes.

En primer lugar, este proyecto plantea riesgos relevantes de sobrerregulación y aumento de la burocracia. La multiplicidad de estrategias, planes, reglamentos, informes técnicos vinculantes y exigencias sectoriales en la práctica pueden traducirse en mayores plazos, mayores costos y una mayor incertidumbre para el desarrollo de proyectos de desalinización.

Esto resulta especialmente preocupante en un contexto en el cual el país requiere rapidez, eficiencia y certezas para enfrentar una crisis hídrica que no admite dilaciones.

A ello se suma una segunda inquietud de fondo: la insuficiente certeza jurídica del régimen concesional. Durante la discusión en la comisión se intentó fortalecer la confianza de los inversionistas mediante indicaciones orientadas a ampliar los plazos de las concesiones o el número máximo de renovaciones. Me refiero específicamente a las indicaciones al artículo 6º y al artículo tercero transitorio, las cuales, lamentablemente, fueron rechazadas.

Esta decisión mantiene un marco concesional restrictivo y de corto horizonte que puede desincentivar inversiones de largo plazo en infraestructura intensiva en capital, afectando la viabilidad económica de los proyectos y, en definitiva, la capacidad del país para avanzar con la urgencia que la situación hídrica exige.

Dicho lo anterior, es importante reconocer el objeto central de la iniciativa: regular de manera integral el desarrollo de la desalinización del agua de mar en Chile estableciendo un marco jurídico uniforme para la planificación, la autorización, la ejecución, la fiscalización y el término de los proyectos, tanto públicos como privados.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad hídrica, facilitar la adaptación al cambio climático y resguardar los ecosistemas marinos y costeros reconociendo el carácter de bien nacional de uso público del mar y sus aguas.

Asimismo, se regula un régimen especial de concesiones y destinaciones, otorgadas por hasta treinta años y renovables por una sola vez, que habilitan el uso de bienes nacionales para la captación, el tratamiento, la conducción y la disposición final del agua desalinizada.

Además, se establece un procedimiento administrativo detallado, con un rol central de la Dirección General de Aguas (DGA), cuyos informes técnicos tendrán carácter vinculante.

Por estas razones, claramente anuncio mi voto a favor del proyecto, pero solicito votación separada de la indicación presentada por la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, celebro que hoy estemos discutiendo este proyecto de ley, cuyo primer objetivo no es entregar certeza jurídica, sino garantizar el agua para el consumo humano. Por supuesto, esa es una finalidad esencial que hemos tenido durante todo este período legislativo a través de diversas iniciativas de ley para garantizar las APR y el uso del agua para la sobrevida de la humanidad.

¿Cómo no va a ser así si resulta que la norma contempla expresamente que un 5 por ciento de lo que se produzca debe estar destinado al consumo humano? Esto será previa consulta sobre la disponibilidad hídrica a la Superintendencia de Servicios Sanitarios o a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.

Fíjense, en primer lugar, que con 10 litros cúbicos se provee agua para el consumo humano a 5.000 personas. Solo en la comuna de Pichilemu tenemos 20.000 habitantes. Precisamente, las localidades costeras son las que tienen falta de provisión de agua potable. Estoy hablando de Bucalemu, Pichilemu , Navidad , de todo nuestro borde costero y, por supuesto, del secano costero.

Por lo tanto, este proyecto es una prioridad esencial, ya que permitirá garantizar el establecimiento del agua para el consumo humano no solo como un derecho, sino como una realidad.

En segundo lugar, esto debe favorecer a las localidades costeras. No puede ser que este beneficio se lo lleven únicamente las mineras, sino que el uso del agua tiene que estar garantizado en las comunidades costeras. Este proyecto de ley así lo contempla, a través además de políticas públicas que debe fijar la DGA.

En tercer lugar, no se debe dañar el medio ambiente. Ahí tenemos organismos competentes, como la DGA, que van a estar regulando aquellas materias.

Finalmente, espero que esta futura ley no sea letra muerta. Es decir, que todas estas materias tengan una tipología especial dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para que su instalación sea una realidad.

Respecto de la duda que planteó la diputada Barchiesi en cuanto a que hay una falla regulatoria y no existe un ministerio competente en esta materia, solo me resta citar el artículo segundo transitorio del proyecto, que establece claramente que cualquier referencia al ministerio competente se entenderá aludida al Ministerio de Defensa Nacional o aquel que realice sus funciones, Por lo tanto, esa falla regulatoria no es tal.

Por todas estas consideraciones voy a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY .-

Señor Presidente, hoy Chile vive una crisis hídrica grave, profunda y estructural. No es una situación transitoria ni acotada a una zona del país, sino una realidad que afecta al consumo humano, a la agricultura, a la producción, al empleo y al desarrollo futuro de nuestras regiones. Frente a una crisis de esta magnitud el Estado no puede improvisar ni legislar a medias.

Por eso, el debate de este proyecto debe abordarse con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad y prevención. Resolver la escasez de agua requiere inversiones a largo plazo, especialmente en infraestructura estratégica, como la desalinización. Esas inversiones solo ocurren cuando existe institucionalidad sólida y certeza jurídica.

Hoy Chile arrastra un marco fragmentado, con reglas dispersas y procedimientos poco claros para proyectos de este tipo. Eso no solo retrasa soluciones frente a una emergencia hídrica, sino que también genera incertidumbre para quienes están dispuestos a invertir en una materia crítica para el país.

Este proyecto apunta precisamente a corregir esa debilidad, estableciendo reglas claras, procedimientos definidos, plazos conocidos y una institucionalidad especializada.

Desde una mirada preventiva, es clave que esta nueva institucionalidad se implemente de manera coherente, evitando discrecionalidades, resguardando criterios técnicos y objetivos, y entregando estabilidad regulatoria en el tiempo.

La Estrategia Nacional de Desalinización, la concesión marítima especial y el sistema de fiscalización y sanciones no deben verse como trabas, sino como herramientas de orden, planificación y certeza.

La experiencia internacional es clara: países que han enfrentado sequías severas y estrés hídrico crónico, como Australia, lograron avanzar cuando entendieron que la seguridad hídrica no depende solo de la tecnología, sino de reglas claras, planificación de largo plazo y un Estado capaz de ordenar y fiscalizar sin bloquear la inversión.

Chile no puede seguir reaccionando tarde frente a la escasez de agua. Esta ley debe ser parte de una respuesta estructural a la crisis hídrica que ya estamos viviendo, en que el consumo humano sea prioridad, se resguarde el medio ambiente y, al mismo tiempo, se entreguen señales claras a quienes deben invertir.

La crisis hídrica exige decisiones responsables hoy, con instituciones fuertes, reglas claras y visión de futuro.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, quiero ser muy claro respecto de por qué se ha intentado crear un nudo político artificial con este proyecto. La indicación incorporada en el artículo 5°, letra c), tal como quedó aprobada, no es una norma inocua ni meramente declarativa; es una disposición que introduce por la puerta trasera un filtro adicional previo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y eso es un error legislativo grave.

En Chile todas las plantas desalinizadoras ya ingresan al SEIA con estudios de impacto ambiental, participación ciudadana, pronunciamientos técnicos y exigencias estrictas. Agregar ahora un nuevo criterio en una estrategia nacional no fortalece la institucionalidad; la duplica, la confunde y la politiza. No hablamos de proteger mejor al medio ambiente; hablamos de crear discrecionalidad administrativa, de permitir que desde una estrategia centralizada se pueda bloquear o desalentar proyectos antes siquiera de evaluarlos técnicamente. Eso no es planificación; es incertidumbre jurídica.

Este proyecto nació en el año 2018 para ordenar, dar certezas y facilitar una actividad clave para el país, no para transformarla en una nueva trinchera ideológica.

Si aprobamos el artículo 5°, letra c), en estos términos lo que estamos diciendo en la práctica es: “Sí a la desalinización, pero solo si pasa primero por un filtro político adicional”, y eso retrasa inversiones, encarece proyectos, pone en riesgo los empleos y, lo más grave, retrasa la llegada de agua a zonas que hoy viven con estrés hídrico permanente.

Por eso, hago un llamado claro y responsable a esta Sala: rechacemos la indicación incorporada en el artículo 5°, letra c), y respaldemos la votación separada solicitada por la diputada Flor Weisse , que tiene por objeto eliminar la indicación, pero no dejemos caer este proyecto.

Chile necesita una desalinización ahora, no en siete años más; necesita reglas claras, no nuevas barreras; necesita agua, empleo y desarrollo, no más burocracia.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, las primeras tecnologías para desalinizar agua a pequeña escala fueron para los náufragos. Entonces, cuando una región naufraga es cuando necesita finalmente una planta desalinizadora.

A mí me preocupa mucho que se esté ensalzando a las desalinizadoras como si fuéramos un mejor país mientras más tengamos, pero la realidad es que ellas deben ser el último recurso no solamente porque sean más caras, sino por los daños que pueden significar en los ecosistemas marinos.

Asimismo, creo que es importante legislar con la ciencia. Yo estoy de acuerdo con el proyecto; considero que es importante regular dicha actividad, que se defina dónde se puede hacer eso y dónde no, de manera que las inversiones también tengan certeza y nos evitemos un montón de conflictos. Y cuando digo legislar sobre la base de la ciencia, quiero recordarles que existen argumentos tales como que el agua se pierde en el mar, que atentan incluso contra lo que se enseña en los colegios.

La verdad es que los ecosistemas marinos desde donde se extraen esas aguas son esenciales; son los ecosistemas marinos costeros. Muchas criaturas que tal vez no son conocidas porque no las extraemos, pero las cuales se alimentan de lo que sí extrae en la pesca artesanal e industrial. Además, muchas de estas criaturas tienen una vida muy aguas adentro, en las profundidades, pero tienen un ciclo reproductivo en las costas, porque es en estas donde hay más nutrientes, una temperatura y una oxigenación adecuadas.

Entonces, extraer agua de mar no es solamente extraer agua con sal. Las aguas de mar están llenas de vida, son aguas vivas. Por eso en los procesos industriales, por ejemplo, en las centrales termoeléctricas, el agua que se devuelve es denominada por la ingeniería como aguas muertas, porque entran con vida y salen sin vida.

Por lo tanto, cuidado con exacerbar esta fiebre incluso por planteamientos como regar todo el desierto con el agua del océano. Parece una idea genial, pero la verdad es que es la peor ocurrencia del mundo, porque transformaríamos el océano en un desierto, porque estaríamos liquidando los ecosistemas marinos.

Así, me parece que es del todo razonable que se ponga en el artículo 10 de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente la obligación de pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que se determine una estrategia que establezca que las materias ambientales tienen que ser consideradas.

Por último, me preocupa que la derecha, específicamente la diputada Flor Weisse , haya pedido que esa parte sea votada por separado. La verdad es que es muy necesario que se puedan evaluar ambientalmente los proyectos.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, iorana.

El proyecto que regula la desalinización aborda uno de los desafíos más urgentes de nuestro país: la crisis hídrica desde el árido norte hasta regiones como la nuestra, Valparaíso , que sufren sequías recurrentes. El agua es un tema de seguridad nacional, y por eso estamos de acuerdo con este proyecto y lo vamos a votar a favor.

Este marco legal es necesario para dar certeza y uniformidad a una actividad clave para el futuro de nuestro país. Chile tiene una costa enorme y un potencial desalinizador inmenso; regularlo con estándares ambientales claros como se propone es sensato, pero también muy responsable. No obstante, al votar a favor expreso una preocupación: la iniciativa puede caer en la sobrerregulación y también en la burocracia, alargando plazos y encareciendo proyectos justo cuando necesitamos agilidad.

La indicación que se propone en términos de rechazar proyectos sobre criterios preventivos de impacto ambiental es redundante. La ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ya existen para eso, de modo que agregar capas duplicativas desincentiva la inversión y retrasa soluciones para comunidades que hoy ya están sufriendo sequías.

Votaremos a favor este proyecto, pero con la lucidez de no entramparlo en trámites innecesarios.

Invito a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación a trabajar en un reglamento ágil, pero a la vez práctico. El agua no puede esperar por excesos burocráticos de quienes quieren implementar tales medidas.

Iorana e maururu.

He dicho.

PREOCUPACIÓN POR IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SOSTIENEN EL MODELO FORESTAL CHILENO, BASADO EN MONOCULTIVO DE PINO Y EUCALIPTO, EN LA OCURRENCIA Y PROPAGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (Solicitud de acuerdo N° 52)

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE VUELOS DE “NARCOAVIONETAS” DESDE Y HACIA AERÓDROMOS PRIVADOS (Solicitud de resolución N° 1.619)

-o-

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Queremos saludar a quienes se encuentran en las tribunas y que vienen desde Rancagua , la familia Figueroa Pérez , invitados por la diputada Marta González .

También saludamos a los diputados electos del Partido Nacional Libertario Paulina Muñoz, Hans Marowski y Erich Grohs , invitados por el diputado Cristóbal Urruticoechea .

Sean todos muy bienvenidos.

-Aplausos.

-o-

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA FRENAR AVANCE DE MOSCA DE LA FRUTA EN REGIÓN DE COQUIMBO (Solicitud de resolución N° 1.620)

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

No hay inscritos para hablar sobre esta solicitud de resolución.

-Los textos íntegros de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:

https://www.camara.cl/fiscalizacion/Acuerdos/proyectos_acuerdo.aspx