Labor Parlamentaria

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica normas legales que indica para mejorar la fiscalización y procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior, correspondiente al boletín N° 16402-04.

El informe de la Comisión de Educación ya fue rendido.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 53ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de julio de 2025, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Educación.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, la idea matriz del proyecto, que establece mejoras a la fiscalización y procedimientos para prevenir y sancionar el acoso sexual, particularmente en la educación superior, se fundamenta en ideas que hoy en día son fundamentales y que deberían estar presentes en cualquier espacio, a saber, que la educación debe ser considerada para los estudiantes como un entorno íntegro de desarrollo, tanto académico como personal.

Lo anterior se debe asumir necesariamente como un elemento complejo, compuesto por diversas materias que regulan el desarrollo de los estudiantes, y abarcando aspectos que superan lo meramente académico.

La iniciativa reconoce la relevancia de avanzar en materias de convivencia dentro de la comunidad educativa, centrando la atención en el acoso, la violencia y la discriminación. Si bien en los últimos años nuestra legislación muestra un desarrollo importante en esta materia, se reconoce la necesidad de mejorar las capacidades de fiscalización de la superintendencia.

En general, existen atribuciones, normativas y procedimientos, pero las acciones de fiscalización siguen siendo débiles, al igual que la relación y coordinación con otros servicios o poderes del Estado.

En ese sentido, el proyecto entrega mayores atribuciones y fortalece el rol fiscalizador de la Superintendencia de Educación Superior, permitiéndole conocer las investigaciones disciplinarias, los procedimientos sancionatorios y las acciones de fiscalización realizadas por las instituciones de educación superior, con el objetivo de supervisar adecuadamente el desarrollo de dichos procesos.

En la iniciativa se aclara que la reserva se levanta única y exclusivamente para las acciones de fiscalización de la superintendencia. Se hace hincapié en este punto, porque la reserva siempre debe mantenerse, salvo en casos excepcionales.

Además, el proyecto establece la colaboración entre la superintendencia y los tribunales de justicia, lo que resulta importante para que exista información oportuna, rápida y eficiente a la hora de determinar eventuales delitos, especialmente en casos en que dicha colaboración entre superintendencia y tribunales dé origen a un procedimiento conjunto entre ambos órganos.

Asimismo, se establece que el órgano administrativo deberá remitir los antecedentes correspondientes a los tribunales; es decir, le da mayores competencias y también hace mayores exigencias a la superintendencia, para que se involucre de manera mucho más activa en el control y fiscalización frente a situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior.

Se ha avanzado, pero aún falta, y, en este caso, me parece que el objetivo que persigue el proyecto no es generar algo nuevo ni crear una nueva institución, sino exigir, obligar y fortalecer a quienes hoy están mandatados para prevenir ese tipo de hechos, y sancionarlos cuando se trata de investigaciones y de sanciones, como en el caso de tribunales, para que exista una coordinación eficiente con la superintendencia, con el fin de evitar ese tipo de hechos.

Por supuesto, votaremos a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, este proyecto de ley promueve mayores niveles de eficiencia y de eficacia en el tratamiento de denuncias sobre acoso sexual en la educación superior, una práctica que, lamentablemente, se ha extendido en los más diversos ámbitos de la vida social en nuestro país.

El acoso, como fenómeno lesivo, no es nuevo en Chile; sin embargo, en la actualidad las víctimas han mostrado un coraje creciente para denunciar tales hechos, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Este es un elemento sumamente positivo, que debemos potenciar desde nuestra posición como legisladores.

No obstante, la cifra negra todavía persiste de forma amplia. Todavía el miedo y el escepticismo respecto de la institucionalidad sancionatoria de esos actos es patente, por lo que un proyecto como este constituye una medida adecuada, pues fortalecerá los espacios de recepción de denuncias y los procedimientos para la sanción del acoso sexual en las universidades, institutos o centros de formación técnica.

Sin duda, proyectos como este no van a solucionar el problema del acoso, la violencia y la discriminación como fenómenos delictivos, pero sí van a introducir mecanismos y procedimientos más acordes con el desafío, esto es, castigar con todo el rigor de la ley a los delincuentes autores de tales cobardes ilícitos.

Con todo, pensamos que siempre es bueno combatir estos casos desde la más temprana infancia. Promover una cultura de respeto en las relaciones interpersonales es siempre necesario e imperioso cuando existen conductas abusivas.

Pensamos que en las siguientes etapas de la tramitación de este proyecto el Ejecutivo puede hacer mucho más mediante indicaciones que apunten también en ese sentido y en ese espíritu.

De todas maneras, creemos que este proyecto va en la dirección correcta, por lo que lo votaré favorablemente.

Felicito a los parlamentarios que participaron en la autoría de esta iniciativa y esperamos que su votación cuente con el consenso general de nuestra Corporación.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carla Morales .

La señora MORALES (doña Carla).-

Señor Presidente, la educación superior es una etapa clave para el desarrollo de los jóvenes, y en ella el entorno juega un papel fundamental para el crecimiento y también para el desarrollo personal y profesional.

Las modificaciones planteadas en este proyecto fueron realizadas con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección y de fiscalización por la Superintendencia de Educación a las instituciones educativas. Es urgente que empecemos a sancionar las conductas de acoso y toda forma de violencia dentro de los establecimientos educacionales.

Actualmente, los agresores no enfrentan las consecuencias de sus actos, y son las víctimas las que analizan dejar los establecimientos educacionales debido a la ineficiencia de los procesos fiscalizadores.

Las modificaciones propuestas en el proyecto buscan garantizar que las víctimas tengan un acceso adecuado a la justicia y a la información relevante de sus casos, protegiéndolas durante todo el proceso. Hoy muchas veces las víctimas se ven más expuestas que sus propios agresores, lo que resulta en una revictimización que debemos evitar a toda costa.

Las instituciones de educación superior deben ser espacios donde las personas puedan desarrollarse de manera segura, sin temor a vivir situaciones que alteren su bienestar, su autoestima y su integridad.

Por eso, votaré a favor este proyecto de ley. Necesitamos que existan protocolos claros y efectivos para la denuncia de esas conductas, que existan consecuencias reales para quienes cometen esos actos y también sanciones a las instituciones que no velen por la protección de sus estudiantes.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, iorana.

Hoy nos encontramos debatiendo un proyecto de ley que busca mejorar cómo el Estado enfrenta denuncias de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior.

Si bien actualmente contamos con la ley N° 21.369, que fue un avance importante, seamos sinceros: esta ley, en la práctica, no se cumple como debiera, porque las víctimas denuncian y no pasa nada; no hay sanciones ni protección real. Lo digo porque es una triste verdad.

La Fundación Heloicas, que expuso en la comisión, informó que más de mil denuncias al año terminan archivadas sin procedimiento alguno, por lo que las víctimas quedan en un limbo legal, institucional y emocional. Vale decir, no se investiga y no se hace seguimiento, mientras que las víctimas deben seguir estudiando, con miedo y angustia, al lado del agresor.

Lógicamente , esa pasividad institucional no solo revictimiza, sino que también normaliza la violencia, pues les dice a las víctimas: “mejor guarda silencio”, y le dice al agresor: “no te preocupes, porque a ti nadie te va a tocar”.

Por ello, este proyecto sí plantea acciones concretas, pues obligará a la Superintendencia de Educación a actuar con prioridad ante este tipo de denuncias, estableciendo plazos en los que se informe a los tribunales, dará acceso a las víctimas a los antecedentes de su caso y exigirá responsabilidad a los funcionarios que no cumplan con su deber.

En ese sentido, quiero destacar algo que me parece fundamental: el enfoque territorial, porque no todas las universidades tienen las mismas condiciones para poder implementar estas normas. En la Región de Valparaíso, por ejemplo, muchas instituciones tienen unidades de género, pero con poco personal y sin recursos ni redes de apoyo reales para quienes denuncian. Las estudiantes viven la violencia, pero sienten que deben cargar solas con todo. Imagínense la carga emocional sobre todo para quienes provienen de zonas insulares, como Juan Fernández o Rapa Nui , que se sienten total y completamente desprotegidas. En las regiones extremas, las universidades están completamente fuera del radar fiscal, porque la superintendencia tiene solo 55 funcionarios para todo el país. O sea, no cuenta con presupuesto para viáticos ni para atención psicológica, y tampoco cuenta con presencia regional. Entonces, ¿cómo se supone que van a prevenir, acompañar y sancionar? En ese sentido, mi preocupación es por la falta de recursos. Ojalá garanticemos esta ley con un presupuesto real.

Este proyecto responde a una demanda urgente: dar garantías reales a quienes hoy se sienten desprotegidas dentro de sus propias universidades. No basta con tener protocolos en un PDF si nadie los aplica, si nadie fiscaliza y si las víctimas siguen sin justicia.

Hoy tenemos la oportunidad de pasar de los discursos a las acciones, de que se deje de normalizar la violencia en los espacios educativos, y de decir al país que estamos del lado de las víctimas y no del silencio institucional.

Por eso, voy a apoyar este proyecto de ley.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

No están presentes los diputados inscritos para intervenir.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.065, a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia, correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos, boletín Nº 17095-17.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es el señor Johannes Kaiser .

Antecedentes:

-Moción, sesión 72ª de la legislatura 372ª, en miércoles 4 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 32.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 130ª de la legislatura 372ª, en martes 21 de enero de 2025. Documentos de la Cuenta N° 15.

-Por errores en la minuta leída por el diputado señor Johannes Kaiser , se acordó no incluirla en el boletín de sesiones y postergar la discusión del proyecto hasta su corrección por parte de la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, artículo 90. Tengo una gran preocupación.

El informe que se lee es el de la comisión, que evaluó negativamente este proyecto, por lo que preocupa lo que acaba de leer el diputado, que al terminar su intervención dijo: Los invito a apoyar este proyecto.

Por lo tanto, por lo menos pido que se revise. Segundo, que se lo envíe a la Comisión de Ética, porque los informes no son antojadizos ni personales. Es más, ni siquiera señaló que la comisión votó en contra de la tramitación de este proyecto.

Me parece muy grave que un diputado informante pase a hablar adelante a decir lo que quiere, como señalar “Los invito a apoyar este proyecto”. Uno es diputado informante de lo que resuelve la comisión.

Mire, para calificarlo de buena manera, esta es una patudez que rompe normas de este Congreso.

Me parece muy grave, y el inicio fue en la misma tónica.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputada Pizarro , le estoy pidiendo al señor Prosecretario que revise esto con los equipos que redactaron este informe, porque, en honor a la verdad, el diputado leyó exactamente lo que dice esta minuta.

Por eso le estoy pidiendo al Prosecretario que revise la minuta, porque quien la redactó agregó de manera indebida lo que usted señala. Por tanto, se deben tomar las medidas correspondientes respecto de esa persona.

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, es que esto me parece más grave aún. ¡Me parece más grave aún!

Primero, en ningún momento se dijo que la comisión votó negativamente este proyecto, y, segundo, el inicio y el final del informe fue una lectura personal del diputado Kaiser , en circunstancias de que es diputado informante.

(Un diputado interviene fuera de micrófono)

Más allá del “¡oh!” del diputado Guzmán , por intermedio del señor Presidente -parece que me equivoqué al conversar el otro día con él-, esto me parece extremadamente grave.

Un informe no se hace tendenciosamente dependiendo de quién lo va a leer.

Entonces, le pido formalmente no solo lo anterior, sino también que haga la consulta al Secretario para que -no sé si eso es posible- este informe quede nulo, porque no puede ser informado a la Sala. Lo que se informó recién no es la decisión de la comisión sobre el proyecto.

Por tanto, le reitero mi petición de que consulte esto con el Secretario, porque no estamos en condiciones de discutir un proyecto cuyo informe entregado a la Sala no corresponde al de la comisión.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputada, ya hizo el punto. Por esa razón estamos pidiendo las…

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Sí, pero pido que se revise el asunto.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Lo vamos a hacer, porque acá hay una situación que es mayor, que es grave. Tengo plena conciencia de ello, y por eso estamos hablando sobre el punto.

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Presidente, pero ¿cómo vamos a discutir un informe que no es?

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Presidente, en nombre de la bancada del Frente Amplio, me sumo a la petición de que este proyecto no se siga discutiendo. Nos han entregado un insumo…

-Manifestaciones en la Sala.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Por favor, escuchemos.

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Presidente, nos han entregado un insumo que no corresponde a la realidad.

¿Cómo vamos a partir discutiendo un proyecto cuyo informe entregado en Sala no corresponde efectivamente a lo que surgió en la comisión?

La comisión fue clara en rechazar esta iniciativa.

Por lo tanto, como este es un error de la Secretaría, creo necesario que se postergue la discusión de este proyecto y que ella se inicie cuando tengan el informe que corresponde.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputada, está hecho el punto.

Suspenderé la sesión por cinco minutos para exigir una explicación a la comisión.

Necesito hacerlo, porque lo que pasó no corresponde.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Sí.

Lo único que existió fue un error garrafal del secretario de la comisión, para ser muy estricto.

Quiero reiterar que el diputado Kaiser leyó simplemente lo que estaba en la minuta. Así que está absolutamente exculpado.

Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero referirme a lo que señaló la diputada Mix.

Si esa minuta fue la que envió la Secretaría, es lo que corresponde que quede en el acta. Si la Secretaría envió esa minuta, y desde la Mesa lo corroboran, lo que tienen que hacer es que quede en el acta. Después de que sea corroborado, que se reinicie la discusión del proyecto con el informe ya leído.

Eso es lo que quería plantear.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

El señor Prosecretario volverá a explicar lo que hemos decidido.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

La verdad es que la propia Secretaría de la Comisión -con la cual conversamos recién- reconoció su error.

Las minutas que leen los diputados informantes tienen que reflejar lo que pasó en la comisión. En este caso, no refleja lo que pasó en la comisión, sino al revés, pues contiene una versión absolutamente contraria a lo que se acordó.

En consecuencia, no corresponde que quede en acta.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Por última vez, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, lo que corresponde que quede en acta es el error por parte de la Secretaría de haber enviado esa minuta. Quiero que quede claro.

Inicialmente, había una sensación en la Sala de que se había cambiado la minuta o que se había hecho una lectura distinta a lo que se había acordado.

Aquí hay un error de la Secretaría, que envió, aparentemente, una minuta, pero no me consta que esté mal redactada. Probablemente, bajo la presión, lo más sencillo es decir: “Estaba mala; déjenme corregirla”. Creo que es relevante que quede eso.

Lo que tiene que quedar en acta es que se leyó un documento, aparentemente -hay que investigarlo-, con un error de la Secretaría. Creo que es importante que quede establecido el motivo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Quiero hacer una aclaración, aunque el punto ya está resuelto.

El informe que aparece en el sistema está correcto; sin embargo, se leyó una minuta que no refleja ese informe, porque es incorrecta y genera errores. Eso ya está absolutamente zanjado, y el propio secretario de esa comisión reconoció su responsabilidad.

Por eso, estamos pidiendo que se corrija esa minuta y se lea de manera adecuada. Y ese error va a quedar constatado en el acta.

Vamos a continuar, porque el punto ya está zanjado.

Tiene la palabra el diputado Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, no está zanjado el punto.

Lo que ocurre es que tenemos un procedimiento administrativo que establece que el secretario de la comisión envía una minuta que queda a disposición de todos los miembros de la comisión, que después es leída en la Sala.

Lo que se quiere hacer aquí es que no les gustó la minuta. Pero 20 o 30 veces se han leído minutas en que uno siente que no queda fielmente reflejado lo que ocurrió en la comisión, pero es la minuta que mandan desde la Secretaría.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Señor diputado, ya hemos tomado una decisión como Mesa.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, más allá de las algarabías que puedan hacer algunos por la situación que ocurrió, solicito reunión de Comités sin suspensión de la sesión, porque no es tan fácil resolver esto. Lamento que ustedes crean que solo tiene que ver con este punto.

En reunión de Comités podemos acordar poner el proyecto en el primer punto de la tabla de la sesión del lunes. El tema es que no podemos estar discutiendo un proyecto de ley que viene con un informe mal hecho.

Por lo tanto, por favor, pido reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Señora diputada, vamos a tener reunión de Comités a las 12:00 horas para ver este tema.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde iniciar la discusión general del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para prorrogar por diez años el Crédito Especial de Empresas Constructoras a que se refiere el decreto ley Nº 910, de 1975, correspondiente al boletín 17004-07.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe ya fue rendido.

Antecedentes:

-La discusión de proyecto de ley se inició en la sesión 16ª de la presente legislatura, en lunes 21 de abril de 2025, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado a menores de dos años de edad, correspondiente al boletín N° 16526-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Mauro González .

Antecedentes:

-Moción, sesión 127ª de la legislatura 371ª, en lunes 8 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 30ª de la presente legislatura, en lunes 2 de junio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Mauro González , rinde el informe el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER (de pie).-

Honorable Sala, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar ante ustedes el proyecto de ley, en primer trámite reglamentario y constitucional, iniciado en moción de las diputadas señoras Gazmuri , Mix , Musante y Tello , y de los diputados señores Celis , Giordano , Rosas , Santana y Ulloa , que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado a menores de dos años de edad.

En las sesiones que la comisión destinó al estudio de esta iniciativa legal asistieron el señor Pablo Zenteno Muñoz , director nacional del Trabajo; la señora Soledad Hormazábal Delgado , investigadora del Centro Horizontal; la señora Selma Núñez , coordinadora de la Subcomisión de Cuidado Infantil-Mesa de Género y Trabajadoras de la Salud; el señor Carlos Urenda , gerente general del Consejo Minero, y la señora Ana Caneo Campillay , del Movimiento de Mujeres del Sector Público (Momusep).

El presente proyecto de ley tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación de la letra c) del artículo 202 del Código del Trabajo, extendiendo los supuestos normativos de turnos nocturnos, estableciendo dicha modalidad laboral como condiciones perjudiciales de trabajo para todo cuidador o cuidadora de niños y niñas menores de dos años. De esta manera, se obliga al empleador a adoptar medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral, familiar, junto con el interés superior de niños y niñas.

El proyecto, en su artículo único, propone modificar el artículo 202 del Código del Trabajo en dos sentidos. Primero, agrega disyuntivamente la situación de las trabajadoras que desempeñen turnos nocturnos, ya que no necesariamente coincide con el desarrollo de la jurisprudencia administrativa, la cual limita el horario nocturno de 22:00 a 07:00 horas, mientras que los turnos nocturnos de salud, en muchos casos, se prolongan por 12 horas, desde las 8:00 de la noche hasta 08:00 de la mañana. Por tal razón, se entenderá este último rango horario como equivalente al horario nocturno y, por ello, se considerará una condición perjudicial para el trabajo.

En segundo lugar, establece una nueva medida de conciliación para las personas trabajadoras que tengan bajo su cuidado un niño o niña menor de dos años, ya que respecto de quienes se desempeñan en trabajos o faenas que cuenten con turnos rotativos, el empleador deberá adecuar su jornada, sin reducción de remuneraciones. Lo anterior permite compatibilizar las labores de cuidado y la jornada de trabajo de manera que existan acuerdos y adaptación en ambas labores.

Hacen presente las y los autores de esta moción que la pandemia azotó Chile y dejó una grave brecha en los avances de inclusión laboral femenina, en políticas de corresponsabilidad y en medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

Por ello, estiman las y los autores de la moción que, superada la pandemia, urge legislar en torno a seguir profundizando nuestra agenda, sobre todo aquella enfocada en los principios de corresponsabilidad, adaptación laboral y protección de la maternidad, al mismo tiempo que esté en concordancia con el cuidado y protección integral de la infancia. Es decir, que quienes opten por desarrollar una trayectoria laboral puedan hacerlo con plena protección de su maternidad y su vida personal.

Adicionalmente, añaden que, por las características de las funciones en la atención y gestión de cuidados, las jornadas laborales son continuas, con turnos rotativos de 12 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año, incluso para aquellas trabajadoras y funcionarios de la salud con hijas o hijos menores de dos años, visibilizando la dificultad que tienen para desempeñarse.

Acotan que la evidencia científica, específicamente la neurociencia, da cuenta de que los niños y niñas se desarrollan como seres humanos en sus áreas cognitiva, emocional, social, motora y espiritual desde el nacimiento hasta los seis años, marcando la relevancia de esa etapa de desarrollo en su vida personal.

Finalmente, expresan que, junto con garantizar los derechos de maternidad y paternidad, es necesario poner a los niños en el centro y permitir que ellos estén con sus padres resguardados durante las jornadas nocturnas o ante cualquier circunstancia que pueda ser considerada perjudicial para ellos.

En el transcurso de la discusión, de la cual da cuenta el informe que mis colegas tienen en sus pupitres, una parte importante de los integrantes sostuvieron que la propuesta busca garantizar que quienes tengan a su cargo niños no sean obligados a trabajar en turnos nocturnos, dado que, en dicho horario, es más difícil resolver el tema del cuidado infantil, dada la falta de funcionamiento de salas cuna en la noche. Señalaron que esto no implica nuevos beneficios económicos, sino una protección mínima para evitar que el derecho a la paternidad o maternidad quede supeditado a decisiones caso a caso.

Asimismo, hicieron presente que el proyecto no establece una prohibición absoluta, dado que contempla una excepción en el caso de que la propia trabajadora con hijos menores de dos años solicite trabajar en horario nocturno.

Por su parte, también hubo quienes señalaron que, aun cuando el proyecto tiene buenas intenciones, puede tener efectos contraproducentes, como aumentar los costos de contratación de las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en edad fértil o con hijos pequeños.

Esto se suma a otras obligaciones legales, como el fuero maternal y el derecho a la sala cuna, lo que puede desincentivar su contratación. Citando estudios del PNUD, señalaron que estos costos y la falta de corresponsabilidad en el cuidado infantil empujan a muchas mujeres hacia el trabajo informal, con menor protección social y mayor precariedad.

Finalmente, alertaron sobre las consecuencias a largo plazo de estas barreras, incluyendo una menor tasa de natalidad y limitaciones en las proyecciones de carrera de las mujeres, y llamaron a reevaluar si este tipo de medidas realmente favorece a quienes pretende proteger.

Advirtieron que políticas bien intencionadas como esta pueden, en la práctica, generar desincentivos para la contratación de mujeres, debido a la percepción de mayor carga o complejidad asociada al cuidado infantil y perpetuando su desventaja laboral en el acceso al empleo.

Al concluir este encendido debate, el proyecto fue rechazado en general por cinco votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Votaron a favor los diputados señores Cuello, Giordano , Hirsch , Ibáñez y Ulloa . En contra votaron los diputados señores Leal y Sauerbaum . Se abstuvieron la diputada señora Ximena Ossandón y los diputados señores Alberto Undurraga y Mauro González .

Por último, me permito informar que la comisión estimó que no existen en el proyecto rechazado normas de carácter orgánico constitucional ni de quorum calificado. Asimismo, ella determinó que no existen en su texto normas que incidan en materia financiera o presupuestaria del Estado.

Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a esta Sala rechazar el proyecto que se contiene en el informe.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, nuestra principal preocupación debe ser siempre la protección de los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas que son madres, que están embarazadas o que cumplen un rol fundamental en el cuidado de los niños pequeños.

Compartimos plenamente el objetivo de este proyecto: proteger la salud y el bienestar de las trabajadoras embarazadas y cuidadoras. Sin embargo, tenemos el deber de analizar con responsabilidad los efectos de su aplicación que se podrían generar en la participación y empleabilidad femenina.

Según el último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la participación laboral de las mujeres sigue estancada en cerca del 51 por ciento, y la tasa de desocupación femenina ya alcanza el 10,1 por ciento, superando el promedio nacional. Esto no es solo un dato, sino que es una alerta. Esta es una norma que, aunque está bien intencionada, terminará desincentivando la contratación de mujeres, con el riesgo de profundizar aún más las brechas de género.

La prohibición absoluta del trabajo nocturno para embarazadas o para quienes cuidan niños menores de dos años, función que en la práctica recae mayoritariamente en las mujeres, podría terminar generando el efecto contrario al buscado: más discriminación y menos oportunidades laborales.

En sectores en que el trabajo de turno nocturno es esencial, como en los sectores de la salud, del comercio o de la industria, esta rigidez normativa podría llevar a que algunas empresas eviten contratar mujeres en edad fértil o con hijos pequeños no por mala fe, sino por temor a no cumplir con la norma. El resultado será más informalidad, menos protección social y más precariedad.

Además, no podemos desconocer la autonomía de las propias mujeres. Muchas de ellas optan voluntariamente por turnos nocturnos, porque implican mejores ingresos o posibilidades de desarrollo profesional. Imponer una prohibición general sin considerar esta realidad es limitar su libertad de decidir sobre su propio trabajo.

El proyecto contempla mecanismos de excepción, pero estos no siempre son viables, aceptables o aplicables en todos los sectores, dejando afuera a muchas trabajadoras. En un contexto de baja natalidad, debemos generar condiciones para que el hecho de ser madre no signifique perder oportunidades. Normas que encarezcan la contratación femenina no solo afectan el presente laboral de las mujeres, sino también sus decisiones de vida y su maternidad.

Este proyecto tiene una intención legítima, pero, por su redacción actual, podría terminar perjudicando a quienes busca proteger. No pongamos a las mujeres frente a un falso dilema entre la salud y el empleo. Lo que se necesita es una legislación que proteja sin discriminar, que empodere sin excluir y que abra más puertas de las que cierra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, quiero partir mi intervención saludando a las autoras y a los autores de este proyecto.

Hoy discutimos un proyecto que, más que una modificación técnica del Código del Trabajo, es una exigencia social y ética para avanzar hacia una política de cuidados con justicia y equidad de género, donde cuidar no siga siendo un castigo y mucho menos un motivo de exclusión del mundo laboral.

Este proyecto amplía la protección para quienes cuidan a niños y niñas menores de dos años, impidiendo que sean obligadas u obligados a realizar turnos nocturnos.

¿Qué implica esto? Reconocer que el cuidado no es un problema individual, sino que es una responsabilidad social; reconocer que si el Estado no se hace cargo, entonces se perpetúa la precarización de los cuidadores, que son en su mayoría mujeres. Se castiga la maternidad y se invisibiliza la tarea esencial de la vida: cuidar a nuestros hijos e hijas.

Por eso, el Sistema Nacional de Cuidados aspira a transformarse en un cuarto pilar de la seguridad social en Chile. Se han levantado excusas, como que esta medida podría desincentivar la contratación de mujeres. Esto lo hemos escuchado antes. Dijeron exactamente esto cuando discutimos el posnatal y su aumento. Dijeron exactamente lo mismo cuando debatimos sobre la sala cuna y la sala cuna universal.

Ante cualquier medida de protección a la maternidad, se utiliza previamente la excusa de la exclusión laboral. Siempre hay excusas para no avanzar en derechos para nosotras; siempre hay un pretexto que encubre una lógica más profunda y que antepone una supuesta eficiencia del mercado a los derechos de las personas y, en este caso en particular, a los derechos de los niños y niñas. Hablamos de que un niño o una niña de menos de dos años, un bebé, se tiene que quedar sin su madre por las noches. De eso hablamos. Pongámosle rostro o cara, e imaginémonos esa situación.

Quiero decir claramente que si el mercado se resiste cuando protegemos a quienes cuidan, entonces no es el mundo el que debe adaptarse al mercado, sino que es el mercado el que debemos adaptar y cambiar a la realidad, donde hoy más que nunca debemos reconocer el derecho a los cuidados.

Hoy este derecho no es ejercido en forma justa, porque un modelo que obliga a una madre a dejar a su hijo recién nacido para cumplir un turno nocturno no es sano, no es ético y menos es humano.

Además, celebro que este proyecto incorpore un nuevo lenguaje que hable de personas trabajadoras, porque entendemos que avanzar en justicia en los cuidados no solo es proteger a las mujeres, sino también transformar las estructuras que las precarizan y que refuerzan la idea de que es una tarea exclusivamente femenina. Si no legislamos con perspectiva de género en materia de cuidados y derechos laborales, vamos a seguir normalizando que miles de trabajadoras deban elegir entre criar o sobrevivir.

Este proyecto propone otra ruta: una sociedad que valore el trabajo. Efectivamente, queremos una inclusión laboral de las mujeres que sea compatible con la maternidad, pero también que resguarde su salud mental, el vínculo con sus hijos e hijas, y la protección de la infancia.

Voy a votar a favor este proyecto de ley, porque proteger la niñez y permitir el derecho al cuidado no son un obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país, sino una condición para que ese desarrollo sea verdaderamente humano y sostenible.

En un país que envejece cada vez más, también parece ser el camino correcto tomar medidas que protejan la infancia, que protejan los cuidados, que protejan a las mujeres y que protejan el vínculo -irreparable cuando no se tiene- de un niño menor de dos años.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, iorana.

Este proyecto de ley viene a visualizar una realidad que no es ajena para nadie: miles de mujeres embarazadas y de personas que cuidan solas a sus hijos pequeños, que trabajan en horarios nocturnos sin garantías suficientes de seguridad, salud y acompañamiento, viven un escenario muy complejo.

Este proyecto, que fue respaldado en forma unánime por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, modifica el Código del Trabajo para impedir que mujeres embarazadas o personas a cargo de menores de dos años sean obligadas a realizar labores entre las 22:00 y las 7:00 horas, a menos que lo consientan voluntariamente por escrito. Eso es clave, porque pone en el centro el consentimiento y la protección de la vida familiar, junto con el bienestar físico y emocional, tanto de la persona trabajadora como del niño o niña que esté bajo su cuidado.

Sabemos que el trabajo nocturno genera riesgos para la salud física y mental, y eso se agrava cuando se trata de personas gestantes o de cuidadoras solas, sin red de apoyo ni servicios que permitan una jornada compatible con la crianza.

De hecho, en muchos casos, cuando la trabajadora es jefa de hogar y no cuenta con redes familiares, debe recurrir al pago de cuidadores nocturnos para poder cumplir con su turno, lo que genera un gasto extraordinario que precariza aún más su situación.

Lo que aquí se propone no es un privilegio ni una excepción, es una medida básica de justicia social y de protección a la infancia, porque se debe resguardar el derecho del niño o niña al cuidado y al apego, especialmente en los primeros años de su vida.

Diversos estudios en salud infantil han demostrado que la cercanía con la madre o cuidador principal durante esa etapa de la vida en sala cuna es clave para el desarrollo emocional, cognitivo y también físico.

Ahora bien, no podemos ignorar una preocupación legítima que surge en torno a este tipo de proyectos, y es que algunos sectores del ámbito privado podrían ver estas normas como una posible barrera para la contratación de mujeres, especialmente de aquellas en edad fértil o con hijos pequeños, por considerar que esta protección laboral representa un costo adicional.

¿Este proyecto va dirigido hacia todas las trabajadoras, o solamente para el sector de la salud? Quiero dejar en claro que esta norma no encarece la contratación de mujeres. Lo que hace es visibilizar y corregir un costo que ellas han pagado solas durante décadas con su tiempo, con su salud, con su ingreso y, por qué no decirlo, con su estabilidad emocional.

Desde una mirada territorial, las mujeres trabajadoras de zonas portuarias, pesqueras o rurales, donde el transporte público es escaso o nulo en la noche, y donde moverse con un embarazo avanzado o dejar a un hijo pequeño al cuidado de un tercero no es solo una carga, se enfrentan totalmente a un riesgo.

Por eso, el debate dado en torno a este proyecto es un avance en la construcción de una legislación laboral más humana y más consciente de la realidad del cuidado, lo que, a la par, debe caminar en paralelo con las observaciones planteadas, para que los sectores que generan empleo, obviamente, pongan cartas en el asunto.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto de ley que pone en el centro a las personas que cuidan, que sostienen la vida que crían.

Quiero hablar desde la Región de Coquimbo, a la cual represento, donde muchas mujeres, especialmente del área de la salud y de servicios, enfrentan turnos rotativos de 12 horas, incluyendo jornadas nocturnas, mientras cuidan, muchas veces solas, a niños y niñas.

Entonces, quienes patrocinamos este proyecto de ley nos preguntamos qué resguardo real estamos ofreciendo a esas familias, a esos niños y niñas.

La evidencia es clara. Los turnos de noche no solo afectan la salud de las trabajadoras, sino que además dañan el vínculo y el desarrollo temprano de la infancia. Si decimos que la niñez es una prioridad para nuestro país, legislemos en consecuencia.

Eso es lo que hemos intentado hacer a través de este proyecto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Si decimos que la niñez es prioridad nacional, insisto, legislemos en consecuencia y hoy votemos a favor en esta Sala.

Este proyecto no prohíbe el trabajo, sino que ordena al empleador adecuar la jornada cuando hay niños o niñas menores de dos años bajo cuidado, sin reducir remuneraciones.

Este proyecto, por lo tanto, no precariza ni discrimina, sino que protege, que es lo que buscamos mediante esta iniciativa.

A quienes temen rigideces o faltas de flexibilidad en este sentido, les recordamos que ya existen herramientas legales para la adaptabilidad, pero observamos -por eso pedimos nuevamente que se apruebe en esta Sala- que persiste falta de voluntad para avanzar en derechos reales para las mujeres, que hoy en día son principalmente quienes cuidan.

También estamos impulsando y apoyando iniciativas para que no seamos solo las mujeres, sino la sociedad en su conjunto, a través de una modalidad que se denomina corresponsabilidad social en los cuidados.

Por tales motivos, esta iniciativa es un aporte que va en la lógica de robustecer los cuidados, muy en la línea de la primera política nacional de apoyos y cuidados que ha impulsado nuestro Presidente, Gabriel Boric , y también mediante un proyecto de ley que ya despachó esta honorable Sala, radicado actualmente en el Senado, destinado a crear el cuarto pilar solidario del Estado, que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Esperamos que esta iniciativa avance rápidamente, para poder complementar, completar y seguir dando soluciones en pos de quienes cuidan y de quienes son cuidados, y así tener una sociedad mucho más integral, sana, y que permita que todos y todas nos podamos desarrollar en igualdad de condiciones.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, mediante el cual se busca modificar el Código del Trabajo en materia de trabajo nocturno para mujeres embarazadas y personas que tengan bajo su cuidado a menores de dos años, me parece que va en la línea correcta en varios aspectos.

Del mismo modo, estoy de acuerdo con el posnatal de un año, por varias razones. En primer lugar, no solamente por los trabajadores o las trabajadoras, sino también por la lactancia, que debe ser favorecida. Todos los estudios hablan de que se debe tener una lactancia por sobre los seis meses, y ojalá por un año.

Los niños que son cuidados por sus madres tienen una mejor salud, colapsan menos los sistemas de salud y de atención primaria, y están fortalecidos en su propia salud.

La natalidad en Chile es una situación que viene decreciendo bastante. Al respecto, tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con Chile en veinte o en cincuenta años? Ya no tendremos fuerza productiva ni laboral. Por lo tanto, es tiempo de pensar en proteger a la niñez, a los niños y a sus madres.

Junto con ello, espero que se reconozca el trabajo nocturno, y no solo el de las mujeres, sino también el de los hombres que hacen turnos nocturnos -eso se debería considerar como un trabajo forzado y difícil-, ya que de ese modo tendrían posibilidades de jubilar mucho más tempranamente.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Voy a suspender la sesión por falta de quorum. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, este proyecto toca un punto central para los miles de trabajadoras y trabajadores de nuestro país: la posibilidad real de compatibilizar la vida laboral con la vida personal y familiar, especialmente cuando se trata de labores en turnos nocturnos y de crianza de niños y niñas menores de dos años de edad.

El proyecto busca cerrar las brechas de género históricas, y lo hace con un enfoque bastante correcto: utiliza la expresión “personas trabajadoras” como sujeto protegido, avanzando hacia la verdadera corresponsabilidad parental.

No se trata solamente de proteger a mujeres, sino de garantizar que todo el núcleo familiar -madres y padres, en este caso- pueda ejercer el derecho al cuidado y al apego en los primeros años de vida de los hijos, sin temor a desincentivar el mundo laboral o a cualquier otro tipo de trabas que sabemos que afectan principalmente a las mujeres, porque también sabemos que, en un porcentaje mayoritario, somos nosotras, las mujeres, las que nos hacemos cargo de la crianza y del cuidado, y de asumir la doble o la triple presencia.

Durante la discusión legislativa se ha precisado qué se entiende por “turno nocturno”. En ese sentido, se establece un horario que va desde las 20:00 a las 08:00 horas. Esta claridad es un avance, porque, al menos, entrega certeza jurídica y uniformidad al respecto. Sin embargo, creemos que no basta con definir horarios. Es necesario garantizar que los turnos de todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no excedan las ocho horas de duración. Solo así podremos hablar con propiedad de conciliación efectiva entre el trabajo y la familia.

Por ejemplo, de las personas que nos cuidan en el sector de la salud -a las que hace dos o tres años les hacíamos homenajes y las denominábamos “héroes de la pandemia”-, el 68 por ciento en clínicas y hospitales son mujeres. En este sector, los turnos nocturnos suelen extenderse por doce o más horas -lo mismo ocurre en otros rubros, por cierto-, lo que no solo dificulta el descanso y el vínculo afectivo con los hijos o las hijas, sino que también genera un costo adicional tanto económico como emocional.

¿Quién cuida de los hijos mientras sus padres trabajan de noche? ¿Dónde están las salas cuna nocturnas que permiten asegurar este derecho? Por eso, es fundamental avanzar en la universalidad del derecho a sala cuna, pero con una lógica diferente, que no se convierta en el famoso voucher en beneficio del empleador, sino que se trate de una herramienta efectiva para garantizar el bienestar de las niñas y de los niños, y la protección del vínculo con sus padres, madres y cuidadoras. En ese sentido, yo daría el ejemplo, que va en la línea correcta, del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que este gobierno ha impulsado y que vamos a respaldar y a apoyar hasta su total implementación.

El apego en los primeros años del hijo o hija no es un lujo, sino un derecho -eso ya al menos lo ha entendido la sociedad-; sin embargo, afecta siempre a la madre o al padre trabajador, y también afecta el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños y las niñas, que es un punto elemental que no se ha tratado mucho en esta discusión.

Avanzar en este proyecto es avanzar en justicia, en equidad de género, en derechos para las familias trabajadoras y, lo más importante, en el bienestar de las niñeces.

Creo que es importante apoyar este proyecto. No obstante, hay iniciativas que son más de fondo y más estructurales, como la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que debemos apoyar, por lo que esperamos un gobierno de continuidad para que ello suceda.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, sobre el proyecto en discusión, quiero señalar que fue un error que se rechazara y que llegara con informe negativo desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Estoy seguro, por las palabras que he escuchado, de que buena parte de los parlamentarios que se abstuvieron en la comisión -porque en realidad el proyecto no tuvo rechazo, sino abstenciones-, hoy, luego de haber comprendido mejor el objetivo y de haber sostenido conversaciones con los gremios de la salud, con los que impulsamos en conjunto esta iniciativa, estén disponibles para enmendar ese rechazo.

Es un proyecto que no podemos dejar de discutir. Creo que no se comprendió su espíritu, que responde a una demanda histórica de las trabajadoras del sector de la salud, con quienes personalmente redactamos esta iniciativa. Aprovecho de saludar a la Fenpruss y a las funcionarias del Hospital Roberto del Río, del Hospital San José y de la zona norte, que participaron activamente en hacer realidad esta discusión. Además, creo que no se logró dimensionar que lo que se busca visibilizar y poner primero es el interés superior de niños y niñas en sus primeros años de vida, período en el que el vínculo, el apego y el entorno protector son fundamentales y decisivos para su desarrollo.

Este proyecto no se trata de prohibiciones arbitrarias, ni de poner una carga adicional al empleador; tampoco otorga nuevos beneficios económicos. Se trata de algo mucho más sencillo y mucho más básico: que una persona trabajadora con un niño o una niña menor de dos años de edad no sea obligada a hacer turnos nocturnos, particularmente si, además, no tiene la posibilidad de garantizar el cuidado de ese hijo o hija. Es una extensión de lo que ha sido la doctrina de la Dirección del Trabajo, pero que no ha podido hacerse cargo de la realidad del sistema de salud.

Lo que buscamos es que la persona, si desea trabajar de noche, pueda hacerlo con el acuerdo de un sindicato; que tengamos claridad de que no existe una imposición del empleador, sino verdadera libertad de elegir de esa trabajadora, en función de las redes familiares para el cuidado que haya podido desplegar.

Esta iniciativa establece una protección mínima y sensata, y moderniza lo que ya se establece en el artículo 202 del Código del Trabajo, porque hoy no se ajusta a la realidad.

Ahora bien, es cierto que en la discusión en la comisión aparecieron críticas, algunas de ellas válidas, sobre la aplicabilidad universal que tendría este proyecto de ley en sectores con realidades muy distintas a la del sector de la salud. Las escuchamos con humildad y las asumimos. De hecho, nos pusimos a disposición de redactar indicaciones. Lamentablemente, el proyecto de todos modos obtuvo más abstenciones.

Mi opinión es que no debería haber una distinción entre los distintos sectores. También creo que no puede haber un retroceso en esta discusión para quienes la impulsaron, que son precisamente las funcionarias y los funcionarios de la salud. Lo digo porque también vimos cómo esas críticas finalmente se usaron para desnaturalizar el objetivo del proyecto, el fondo de la propuesta, o derechamente para bloquearla, lo que esperamos que se revierta en la Sala.

Por eso, presentamos una indicación que acota el proyecto exclusivamente al sector de la salud, porque, como señalé, es el que originó esta demanda. En este sector, más del 70 por ciento de la fuerza laboral son mujeres, muchas de ellas con turnos de doce o veinticuatro horas, y ni siquiera cuentan con salas cuna con atención nocturna. El problema, colegas, es real, es urgente, y si vamos a legislar sobre la base de la evidencia, por lo menos desde allí tenemos que estar disponibles para partir.

La indicación, además, garantiza la misma flexibilidad: se mantiene la posibilidad de que la trabajadora o el trabajador solicite voluntariamente el turno nocturno, si es que así lo desea, siempre que haya un acuerdo colectivo. En este caso, se trata de sectores que están organizados y que tienen sindicatos. La idea detrás de esto no es imponer, sino proteger y garantizar la libertad de elegir a aquellas trabajadoras que así lo tengan como una prioridad.

Por eso, no hay justificación para rechazar el proyecto. Podemos y debemos discutirlo, y podemos mejorarlo si se requiere, porque es una demanda planteada desde hace décadas. Lo que no podemos hacer es seguir invisibilizando la crisis de cuidados que vive este país y que sigue recayendo principalmente en las mujeres trabajadoras.

Pido muy humildemente a esta Sala, en especial a quienes votaron abstención en la comisión y a los Comités de los parlamentarios que así lo hicieron, que reconsideren su posición hoy. Todavía tenemos etapas de discusión. Votemos a favor la indicación propuesta, pues nos permitirá volver a abrir el debate en la Comisión de Trabajo y aunar posiciones.

Sé que hay diferentes parlamentarios de oposición que tienen matices, pero que sí están de acuerdo con el fondo de este proyecto. Aquí no se juega solo una norma; se juega que este Congreso sea capaz de responder a las transformaciones que exige la vida laboral moderna, con perspectiva de género, con la infancia en el centro y con corresponsabilidad.

He dicho.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Danisa Astudillo .

La señora ASTUDILLO (doña Danisa).-

Señor Presidente, este proyecto no se trata de consagrar un privilegio; se trata de justicia laboral y reconocimiento al trabajo de cuidar.

Lo que proponemos es simple, pero profundamente justo: que ninguna persona, ni madre, ni padre, ni cuidador, tenga que elegir entre cumplir un turno nocturno de trabajo o garantizar el bienestar de un hijo o hija menor de dos años de edad.

Se ha dicho que esta medida podría afectar la empleabilidad de las mujeres, pero lo que ha afectado históricamente la empleabilidad femenina no han sido los derechos que han alcanzado, sino las condiciones laborales que nunca han considerado la realidad de criar.

No es verdad que estas normas excluyen, lo que excluye es un sistema que obliga a callar la maternidad, que penaliza el cuidado, que empuja a muchas mujeres a renunciar o a conformarse con menos. Es hora de cambiar el paradigma de fondo. No son las mujeres las que deben adaptarse al sistema laboral, sino que es el sistema el que debe transformarse hacia una organización de trabajo más humana, más justa y más conciliadora, que no castigue a quien cuida, sino que lo reconozca.

Hoy, muchas mujeres jóvenes están priorizando su desarrollo profesional, pero no porque no quieran formar una familia, sino porque saben que, si lo hacen, las oportunidades pueden desaparecer. Eso no es libertad de elección; es un costo silencioso que seguimos normalizando. Si no somos capaces de garantizar condiciones dignas para cuidar, ¿qué mensaje estamos dando a esas mujeres que quieren hacerlo sin tener que dejar todo lo demás?

Este proyecto no impone reglas rígidas; permite adaptaciones, reconoce la diversidad de los sectores productivos y entrega herramientas para conciliar mejor la vida laboral y la crianza, sin rebajar sueldos, sin generar incertidumbre y con participación sindical.

Y aquí quiero interpelar a algunos con claridad: ¿dónde queda ese discurso de los niños primero que tanto hemos escuchado? Porque si de verdad queremos poner a los niños primero, empecemos por cuidar a quienes los cuidan desde el primer día. ¿Vamos a seguir aceptando que una madre deba pasar doce horas de noche fuera de su casa, dejando a su hijo sin su presencia más importante? ¿Vamos a seguir normalizando que cuidar sea una desventaja laboral? ¡No! Hoy damos un paso hacia un país que entiende que cuidar también es trabajar y que proteger ese derecho no debilita, sino que dignifica el empleo.

Voto a favor con total convicción, porque criar debe ser una responsabilidad compartida y porque el trabajo de cuidar también merece condiciones dignas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señorita GONZÁLEZ (doña Marta) .-

Señor Presidente, valoro este proyecto, porque nuestro país sabe que la maternidad está en crisis y que tenemos una crisis de cuidado. Miles de mujeres han puesto esto sobre la mesa y debemos seguir avanzando en la materia. Nos queda un largo camino que recorrer, pero poco tiempo para ello.

Es por esto que nuestra legislación tiene que estar a la altura de las necesidades de las familias del país. Son principalmente las trabajadoras quienes han sufrido esto en carne propia. Y armonizar el trabajo con la maternidad hoy es un sufrimiento para muchas familias.

Este proyecto viene a tomar algo que es mirado desde la ciudadanía como de total sentido común. Las guarderías, los jardines infantiles no tienen los mismos horarios que los trabajos y, efectivamente, hay un sinnúmero de trabajos que tienen turnos de día y de noche, como los de las faenas mineras, los de los hospitales.

¿Y qué pasa con las madres? ¿Qué pasa con esos niños que necesitan en sus primeros años de vida el cuidado de sus padres y madres?

Saludo este proyecto, porque junto con la bancada de la corresponsabilidad social, que es transversal en cuanto a colores políticos, hemos apoyado distintas iniciativas sobre la materia. Hoy, la sala cuna universal es una necesidad, así como también lo son este proyecto para los trabajos nocturnos, el teletrabajo como medida de conciliación, la homologación para el sector público en cuidados y el Sistema Nacional de Cuidados. Por tanto, tenemos que seguir en esa línea, porque hoy día las madres están asfixiadas, sin saber qué hacer, con depresión, con angustia en el día a día por no poder armonizar su trabajo con la labor de cuidado, lo que, obviamente, también ha repercutido en nuestras infancias. Muchos de los problemas sociales que tenemos en la actualidad se deben a la falta de apoyo a las familias, y especialmente a las madres.

Así, por supuesto que vamos a apoyar este proyecto. Sin embargo, hacemos un llamado al Congreso a avanzar rápidamente con los otros proyectos que también van en esta línea del cuidado de la maternidad, del apoyo a las familias, entre ellos -por qué no decirlo-, el que extiende el posnatal a un año.

Agradecemos a todos los diputados y diputadas que han estado detrás de esta bancada de corresponsabilidad y cuidado, porque la crisis de maternidad que está viviendo nuestro país es grave. La baja de natalidad tiene causas multifactoriales, pero principalmente la falta de apoyo a las familias.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, correspondiente al boletín N° 17461-15.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género es la señora Alejandra Placencia .

Antecedentes:

-Moción, sesión 11ª de la presente legislatura, en miércoles 9 de abril de 2025. Documentos de la Cuenta N° 21.

-Informe de la Comisión de Mujeres y la Equidad de Género, sesión 41ª de la presente legislatura, en lunes 30 de junio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PLACENCIA, doña Alejandra (de pie).-

Señor Presidente, honorables diputados y diputadas, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de mi autoría en conjunto con las diputadas Ana María Bravo , Marta González , Emilia Nuyado , Daniela Serrano y Gael Yeomans , y los diputados Boris Barrera , Felipe Camaño y Luis Cuello, correspondiente al boletín N° 17461-15.

La idea matriz del proyecto consiste en adecuar el contenido de la Ley de Tránsito a la normativa vigente que promueve el sistema de pago de las pensiones de alimentos, de modo de garantizar el cumplimiento efectivo de esta responsabilidad, particularmente en lo que concierne a la prohibición de la entrega o renovación de licencias de conducir a quienes figuraren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En lo que respecta a los antecedentes y fundamentos del proyecto, se señala que la ley N° 21.389, publicada el 18 de noviembre de 2021, creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modificó diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos.

Se agrega que, a fin de expedir una licencia de conducir o su duplicado, dicha ley impuso a los municipios el deber de consultar en línea al Servicio de Registro Civil e Identificación si el solicitante se encuentra inscrito en el registro en calidad de deudor de alimentos. Así, de contar con una inscripción vigente, la ley estableció que la municipalidad respectiva no deberá dar curso a la solicitud referida.

Se indica que las personas inscritas en este registro son aquellas que mantengan una deuda de tres meses consecutivos o bien aquellas que deban cinco meses discontinuos de pensión de alimentos, ya sea provisoria o definitiva, fijada o aprobada por resolución judicial.

Se explica que, de esta forma, antes de expedir una licencia de conducir, sea la primera vez que se solicite o cuando corresponda acreditar por el titular que aún cumple con los requisitos dispuestos por el legislador, las municipalidades deben consultar en línea el registro para comprobar que el solicitante no cuente con una inscripción vigente en calidad de deudor de alimentos en aquel. De existir dicha inscripción, la municipalidad deberá ponerlo en conocimiento del solicitante y, en mérito de tal circunstancia, procederá a denegar la solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, si el o la solicitante justificare ante el tribunal competente, de forma fundada, que la expedición de la licencia de conducir es indispensable para el ejercicio de la actividad o empleo que le genera ingresos, el juez podrá ordenar a la autoridad correspondiente la expedición de la licencia de conducir, con una vigencia limitada por un plazo no inferior a seis meses ni superior a un año, siempre que se garantizare el pago íntegro de la deuda y, adicionalmente, se le obligare a solucionar las cantidades fijadas por el juez, según la periodicidad que la referida resolución establezca.

En cuanto a los fundamentos de esta iniciativa legal, se hace presente que el 27 febrero de 2025 la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, emitió el Informe Consolidado de Información Circularizada N° 4, de 2025, sobre otorgamiento de licencias de conducir en eventual contravención a la ley N° 21.389 (Informe CIC). En él se concluye que el 70 por ciento de los municipios a nivel nacional ha incumplido la norma desde su vigencia, que el 94 por ciento de las municipalidades de la Región Metropolitana no cumplió con el mandato legal y que seis municipios del país entregaron más de cien licencias de conducir de manera errónea.

Se sostiene que la Ley de Tránsito establece requisitos generales para la expedición de licencias de conducir, pero en estos no se ha incorporado expresamente que el solicitante de la licencia no mantenga una inscripción vigente por deudas de pensión de alimentos en el Registro, pese a que el ordenamiento jurídico reconozca tal obligación.

Se añade que, dado que las licencias de conducir constituyen un acto administrativo mediante el cual se autoriza al titular a conducir vehículos motorizados o de tracción animal, la administración está investida de la potestad de cancelar la expedición o renovación del permiso cuando compruebe que los titulares ya no satisfagan los requisitos establecidos en la ley para su otorgamiento. Sin embargo, se hace hincapié en que la Ley de Tránsito no contempla en la actualidad mecanismo alguno para proceder con la revisión del otorgamiento de licencias cuando su expedición no se hubiere ajustado a los requisitos previstos por el legislador, particularmente en lo que concierne a la entrega de licencias a quienes figuraren en el Registro, atendida su calidad de deudores de pensiones de alimentos.

En atención a la importancia de esta iniciativa legal, la comisión acordó recibir a una serie de autoridades y personas vinculadas con el tema, que expusieron ante esta instancia para dar a conocer sus opiniones y nutrir la discusión general. En síntesis, se recibió a representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, así como también a representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, de Abofem y de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile.

Tras las audiencias realizadas, la comisión dio su aprobación a esta iniciativa legal, introduciendo modificaciones que contribuyen a perfeccionarla. Así, el artículo único modifica la Ley de Tránsito en el siguiente sentido: se exige que el solicitante de licencia de conducir no esté inscrito como deudor en el Registro, para reforzar el control al momento de otorgar licencias; se permite cancelar licencias ya otorgadas si hay inscripción posterior o falla municipal, con lo cual se corrigen errores y se fortalece el cumplimiento del registro. Esta cancelación se concreta en las siguientes situaciones:

1.- Al renovar, si la persona figura como deudora en el Registro.

2.- Se otorga sin consultar el Registro, como exige la ley.

3.- Si después de obtenerla la persona es inscrita como deudora en el Registro.

En caso de que la licencia sea necesaria para trabajar, se mantendrá la excepción judicial si el titular acredita que la licencia es indispensable para trabajar, para lo que el tribunal deberá verificar que es esencial para generar ingresos, que se garantice el pago de la deuda y que se otorgue por un tiempo acotado de seis a doce meses. De este modo, se refuerza la operatividad de la ley N° 21.389, se aumenta la efectividad del Registro, se dan herramientas claras a los municipios para fiscalizar, se aumenta la presión efectiva sobre quienes eluden el pago de pensiones y se protege a las madres e hijos frente al abandono económico.

Hago presente que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad. En consecuencia, se recomienda a la Sala de esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados aprobar en los mismos términos y sin más trámite el texto propuesto por esta comisión.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, comparto plenamente el espíritu de esta iniciativa, cual es garantizar que las y los deudores alimentarios asuman su responsabilidad, especialmente cuando hay niños, niñas o adolescentes que dependen de ese sustento. Es un deber moral y legal que no admite discusión.

Sin embargo, debo expresar mis reservas respecto de la efectividad de la medida propuesta, no porque minimice la urgencia de asegurar el pago de las pensiones, sino porque considero que este enfoque puede resultar redundante. La legislación vigente ya establece mecanismos para exigir el cumplimiento de estas obligaciones; el problema no es la falta de normas, sino la aplicación efectiva de las ya existentes.

Sumar una nueva sanción sin resolver las falencias institucionales de base podría generar más burocracia sin mejorar los resultados. Debemos enfocarnos en fortalecer las soluciones estructurales que ya están en marcha, mejorar los sistemas de cobranza, agilizar los procesos judiciales y promover acuerdos que permitan el pago sostenido de las pensiones de alimentos. No se trata de oponerse al objetivo, sino de buscar las vías más eficaces para lograrlo.

Por eso, invito a reflexionar sobre alternativas que, sin aumentar la carga institucional y la burocracia, aseguren un verdadero avance en esta materia tan sensible.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para revisar este proyecto de ley. Este se podría resumir en dos frases muy sencillas: primero, es una iniciativa de ley para que se cumpla otra ley, y, segundo, los cuidados del sacristán terminan por matar al señor cura.

La legislación actualmente vigente ya contempla el espíritu de esta iniciativa legal; ya es ley de la república. Por tanto, no se requiere una modificación. Básicamente, la propuesta, al menos declarada, ya está.

Cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas, por lo que temo que con esto se van a cometer errores por falta de prolijidad. La comisión que analizó el proyecto no es especialista en materia de licencias de conducir; esto más bien corresponde a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Lamentablemente, el proyecto se radicó en una comisión eminentemente ideológica, y donde se trató ideológicamente el tema. No podemos tapar el sol con un dedo: aquí no se tuvo la prolijidad necesaria a la hora de revisar la legislación vigente, que tiene ciertas consideraciones y ciertas excepciones.

En particular, como el objetivo es que se paguen las pensiones de alimentos, la actual legislación establece ciertas excepciones para la cancelación o no renovación de las licencias de conducir profesionales. Evidentemente, si alguien ejerce la importante función de taxista o de camionero y tiene la licencia profesional correspondiente, se entiende que es su fuente de ingresos; por tanto, quitársela imposibilita el cumplimiento de la obligación de pago de la pensión de alimentos.

Entonces, como eso no está bien considerado y no está bien redactado en el proyecto de ley, lo que ocurrirá es que esas personas no tendrán acceso a una fuente de ingresos. Esto sucede por falta de prolijidad al momento de elaborar el texto, no por mala intención de los autores y de quienes apoyaron este proyecto. Por lo tanto, reitero, en este caso, los cuidados del sacristán terminarán matando al señor cura.

Por eso, considero tan importante que este tipo de proyectos lo discutan las comisiones técnicas, aquellas comisiones que tienen conocimiento en la materia y no aquellas donde circunstancialmente el gobierno pueda tener una mayoría y donde impere, lamentablemente, la ideología en lugar de la genuina y profesional preocupación de que esto se haga de buena forma.

El tema que discutimos es tremendamente importante como para dejar pasar esta falta de prolijidad. Por eso, en un ánimo de corregir este error garrafal de la comisión, presentamos algunas indicaciones.

No obstante, acá hay un tema de fondo, que es hacer un llamado a esa comisión y a muchas otras a ser muy prolijas a la hora de legislar, porque este tipo de proyectos tiene consecuencias. No basta con el titular. Lo digo, porque he visto en redes sociales a varios parlamentarios que han salido a celebrar la iniciativa.

Discúlpeme la licencia, señor Presidente, pero quiero hacer un llamado a mis colegas que saludan las iniciativas, que saludan los proyectos de ley, porque no sé a qué se refieren. ¿Esperarán un saludo de vuelta? Es una forma de hablar muy extraña.

Aprovecho de plantear esto, porque en proyectos anteriores he escuchado esa muletilla una y otra vez. Insisto, es muy extraña la forma en que muchos colegas se refieren a los proyectos de ley; es muy raro esto de saludar los proyectos ¿Esperarán un saludo de vuelta? ¡Hay cosas muy raras en este Congreso!

Volviendo al proyecto de ley en estudio, creo que aborda una materia que ya está regulada, que termina siendo contrario al interés declarado. En consecuencia, me parece que, lejos de beneficiar y proteger, perjudica a aquellos niños que no están recibiendo el pago que les corresponde por concepto de pensión de alimentos, así como a sus padres o madres a cargo.

Presidente, por su intermedio, hago un llamado a no abordar la iniciativa desde una mirada ideológica ni desde consignas, banderas, cuñas o titulares fáciles, sino con responsabilidad y seriedad, porque con esto no se juega. No bastan las cuñas ni las críticas al voleo; se necesita hacer las cosas bien a la hora de legislar, ya que para eso nos pagan.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, saludo que la iniciativa se haya discutido en profundidad, motivo de risa para algunos.

A diferencia del sesgo que plantean ciertos diputados que se atreven a intervenir, el proyecto fue aprobado por unanimidad y sin ningún sesgo ideológico, como se ha querido instalar. De hecho, todas las audiencias fueron solicitadas por las propias diputadas integrantes de la comisión, de manera transversal, y contaron con la colaboración de organismos técnicos que, evidentemente, presentaron argumentos basados en evidencia. A nosotros sí nos gusta legislar sobre la base de la evidencia y no ignorarla.

El proyecto viene a perfeccionar la legislación vigente, porque lo que se ha hecho hasta ahora ha generado una brecha a partir de un informe. Celebro que, justamente, quienes hablan en contra de la iniciativa sean los mismos que, en algunos momentos, felicitan a la Contraloría General de la República, pero, en otros, la critican.

La Contraloría detectó que, entre noviembre de 2022 y septiembre de 2024, 243 municipalidades renovaron o entregaron más de 3.400 licencias de conducir a personas deudoras de pensiones de alimentos. Estamos hablando de una deuda que asciende a 17.000 millones de pesos. Esta no es una cifra abstracta ni se basa en una idea ideologizada, como lamentablemente algunos han planteado. Se trata de niños y niñas que cuentan y esperan que el Estado haga cumplir sus derechos.

Lo que el proyecto de ley propone es algo muy simple: obligar a los departamentos de tránsito municipal a revisar mensualmente el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con el fin de que, si una persona con deuda tiene licencia vigente, esta sea cancelada.

De aprobarse la iniciativa, ya no dependerá de que las madres reclamen o persigan que se haga justicia ni que se presione a los deudores. No se trata de buena voluntad, sino de un deber de la autoridad. De eso trata el proyecto.

Sabemos que cuando existe necesidad de trabajar en algo que requiere licencia de conducir -esto se ha intentado tergiversar en más de una ocasión-, esta se puede otorgar. No se busca eliminar la posibilidad de que el deudor obtenga recursos para cumplir con su obligación. Lo que persigue el proyecto es cerrar un vacío legal que permite que se otorguen licencias en contravención. Eso es lo que estamos corrigiendo.

Para cerrar esa brecha, es necesario ajustar y modernizar la legislación vigente, con la implementación de la licencia de conducir digital, que estará disponible en línea y cuyo desarrollo ya está en curso. Esto permitirá automatizar el cruce de datos e implicará una política de justicia y corresponsabilidad para la infancia, tal como se ha planteado en proyectos anteriores.

Por eso, agradezco a la comisión y a las diputadas que apoyaron de manera constructiva y transversal el proyecto. No podemos perder de vista que este es un proyecto a favor de la infancia y de las mujeres cuidadoras, porque son principalmente mujeres las que están en situación de resolver la alimentación diaria, la vestimenta y los cuidados de sus hijos e hijas. Las licencias de conducir no pueden ser un derecho automático para quienes eluden su responsabilidad.

Hago un llamado a aprobar el proyecto, porque no podemos premiar a los que incumplen sus obligaciones con sus hijos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, junto con saludar la intención del proyecto de ley, que me parece manifiestamente importante, llama profundamente la atención que este reitere normas que actualmente existen en nuestra legislación.

¿Cuál es la brecha que se puede producir desde el momento en que se solicita la incorporación de una persona en el registro y la obtención de una licencia de conducir? Eventualmente, podría existir una omisión. Tal como señala el informe de la Contraloría General de la República, muchas veces los funcionarios de las direcciones de tránsito de las municipalidades no consultan el registro, a pesar de que es su obligación hacerlo. Hacer exigible una obligación a un funcionario que no cumple con su labor no se resuelve con otra ley, porque después terminaremos aprobando otra norma para fiscalizar o hacer cumplir la anterior, que intentó remediar lo que originalmente no se realizaba.

Además del informe emitido por Contraloría, cabe preguntarse dónde están los sumarios administrativos o las medidas correctivas relacionados con aquellos funcionarios públicos que entregaron licencias de conducir sin que se cumplieran los requisitos establecidos en la normativa vigente, en este caso la ley N° 18.290, de Tránsito.

Señor Presidente, si bien lo anterior constituye un elemento importante, atendido el objetivo de la norma, por su intermedio, hago un llamado de atención. No se trata de un emplazamiento, sino de una invitación a la Mesa para que considere la creación de una comisión similar a la que lideró durante mucho tiempo el entonces diputado Pablo Lorenzini , que en paz descanse. Este es un problema que enfrentamos como Corporación y, particularmente, como Congreso Nacional: la falta de un mecanismo sistemático de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las normas que aprobamos.

Por ejemplo, en materia de seguridad, hemos aprobado una serie de herramientas y medidas intrusivas, pero hay que hacer un seguimiento para verificar si el Ministerio Público está cumpliendo o utilizando la normativa que aprobamos. En este caso, el seguimiento también debe existir, para asegurar que se cumpla lo que el legislador ha planteado y que hoy es ley de la república.

Insisto: el proyecto de ley pretende corregir, por vía normativa, el incumplimiento, por parte de funcionarios públicos, de la normativa vigente para otorgar licencias de conducir, así como la falta de interoperabilidad que aún persiste en los distintos departamentos de tránsito. Tal como se ha planteado, existen departamentos en sectores rurales que no están en línea ni visan debidamente los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia. Lo mismo ocurre con los permisos de circulación, que tampoco están en línea. Este es un problema estructural, ya que cada municipio licita a empresas distintas, que no interoperan y no utilizan las mismas formas a la hora de otorgar permisos de circulación.

Por eso, Presidente, llamo la atención de la Mesa respecto de la necesidad de contar con una comisión de seguimiento del cumplimiento de normas. Ello es fundamental para asegurar un buen trabajo legislativo y evitar que, por vía legal o mediante la aprobación de nuevas normas, como es esta en la especie, tengamos que rectificar o exigir el cumplimiento de una obligación establecida en una normativa original.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno .

El señor MORENO.-

Señor Presidente, a lo largo de la discusión han surgido varias interrogantes.

Coincido con lo planteado por el diputado Cristián Araya : si una norma trata sobre licencias de conducir, lo lógico habría sido que el proyecto pasara por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, ya que modifica materias propias de su competencia.

Cabe señalar, aunque suene reiterativo, que tiene poco sentido, independientemente de la ley o del objetivo. El objetivo o la intención de esta norma no está en discusión -en eso estamos todos de acuerdo-, pero cuando se tiene que elaborar una ley para que se cumpla otra ley, claramente se está vulnerando el espíritu de la norma. ¿Por qué? Porque, si nos vamos al detalle, podemos constatar que el mismo informe de la Contraloría señala que el 70 por ciento de los municipios ha incumplido la norma desde su entrada en vigencia.

Entonces, yo me pregunto: ¿hacer una norma para que se cumpla la norma anterior va a hacer que ese 70 por ciento de los municipios cumpla la norma? Claramente, la respuesta es no.

Por lo tanto, van a generar una falsa expectativa, que van a salir a celebrar -se van a grabar muchos videos-, pero no van a estar ayudando a quienes dicen que pretenden ayudar, porque eso no va a mejorar el nivel de pago de las pensiones de alimentos que deben realizar los deudores de alimentos.

Ahora, hay otras cosas que también llaman poderosamente la atención dentro del proyecto. Por ejemplo, pretenden que trabajadores municipales que no han cumplido la norma en un 70 por ciento de los municipios del país ahora cumplan un requisito extra, que es estar revisando mes a mes las licencias de conducir en forma manual, cruzando información de datos locales que, como bien señaló un diputado, muchas veces ni siquiera están interoperados o cruzados de manera automática. O sea, es absolutamente poco realista que eso se pueda cumplir en la práctica. Si actualmente, con la legislación vigente, no cumplen menos exigencias y esta legislación pretende ponerles más exigencias, ¿cuál es el argumento que indica que van a cumplir lo más si no son capaces de cumplir lo menos?

Después señalan que, una vez cancelada la licencia de conducir a los deudores de alimentos, van a tener que esperar un plazo de dos años para volver a obtenerla. ¿Cuál es el incentivo que se genera para pagar la pensión de alimentos en una persona que está dos años sin licencia de conducir? No se entrega ningún incentivo al que incumplió la norma, al que no está pagando la pensión de alimentos, al que le quitaron la licencia de conducir y ha estado dos años sin ella. Prácticamente, se le dice: “Usted no tendrá ningún incentivo para pagar su deuda durante esos dos años sin licencia de conducir”. Eso es algo contraintuitivo.

¿Qué pasa cuando, con muy buena intención, se señala a los trabajadores a través de la legislación: “Vamos a descontarles la pensión del ingreso formal imponible”? ¿Qué hacen los trabajadores para tratar de eludir esa situación -está mal que lo hagan, pero en la práctica lo hacen-? Se van al trabajo informal. ¿Qué efectos genera eso? Que el nivel de pago de las pensiones de alimentos disminuye. Eso termina siendo un salvavidas de plomo para los niños a los que deberíamos tratar de ayudar. ¿Qué nos ha demostrado, por ejemplo, la Contraloría? Que esto es algo que se puede solucionar de una manera que venga desde el Ejecutivo.

Cuando sean capaces de cruzar los datos, de no tirarles la pelota a los municipios, de decir: “Vamos a pescar todos los registros de deudores y los vamos a cruzar de manera inteligente, tal como lo hizo la Contraloría cuando cruzó los datos de personas que salieron del país con los datos de personas que estuvieron con licencia médica”, constatarán que existen formas más inteligentes y eficientes para lograr un mejor resultado con aquellos a quienes quieren ayudar o que dicen querer ayudar, y que además van a implicar un menor gasto, una menor elusión y un mejor resultado para los niños que necesitan la pensión de alimentos para cubrir todas sus necesidades del día a día.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, no tenía presente que existía la cancelación de la licencia de conducir por razón de deuda de pensión de alimentos, pero quiero hacer presente lo siguiente.

La norma original es una mala idea, porque lo razonable es que una persona tenga a disposición todos los medios para ser contratado. ¿Cuánta gente trabaja en el sector del transporte? ¿Cuánta gente hoy trabaja -por ejemplo, aquellos que no consiguen un trabajo formal- como úber, taxista o repartidor de mercadería? ¿A quién en el fisco se le ocurrió que era una buena idea cerrar todo un campo de acción laboral a quienes deben la pensión de alimentos? Es absolutamente irracional lo que se hizo; o sea, para la otra les cortan las manos. Si queremos que se paguen las pensiones de alimentos, necesitamos a la gente trabajando, en lo posible en el sector formal, pero lo que nosotros haremos, si se aplicase la norma como está pensada, es decirle: “¿Sabe qué más? En un amplio sector usted no podrá trabajar, porque no va a tener licencia de conducir”.

Creo que aquí no deberíamos estar discutiendo una norma para que se pueda cumplir esa sanción, sino una norma derogatoria. Esto debería ser derogado, porque lo que hace es impedir que aquellos padres que están debiendo recursos a sus hijos a través de la pensión de alimentos puedan pagar como corresponde.

La verdad es que a veces nos ponemos creativos en el Congreso, y el resultado es justamente contrario al que se quiere alcanzar. En esta materia específica, este proyecto de ley, que no está bien hecho, viene a arreglar una mala ley, que no está bien hecha y que para más remate genera incentivos no solo a la informalidad, sino desincentiva buscar un trabajo para servir las obligaciones paternales o maternales que se tengan en relación con la obligación de pagar pensión de alimentos. La verdad es que está todo mal hecho en esta materia.

Creo que deberíamos repensar completamente el concepto en sí mismo. Si queremos ir a buscar y cobrar efectivamente las pensiones de alimentos que se están debiendo, podemos hacerlo con otros métodos. En Europa lo han mostrado.

Recuerdo que en Austria -mi experiencia vital- el Estado paga por un tiempo la pensión de alimentos, y si la persona deudora en un momento hereda algo o tiene un ingreso mayor, puede empezar a devolver lo que le debe al fisco. Es decir, queda con una deuda con el fisco, pero lo que estamos haciendo aquí es impedir todo pago para mucha gente y dejar a mucha gente fuera del régimen laboral.

No puedo votar a favor una norma que viene a fortalecer otra norma que debilita la capacidad de pago de los padres deudores de pensiones de alimentos.

He dicho.

-o-

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Saludo afectuosamente a las dirigentas de 12 comités de vivienda de la comuna de Calle Larga, acompañadas por la concejala de dicha comuna, señora Bárbara Farías , invitadas por el diputado Nelson Venegas . Bienvenidas a la Corporación.

-Aplausos.

-o-

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, en este Congreso no debiéramos estar legislando estas restricciones para los deudores de pensiones de alimentos, porque no debiésemos tener deudores de pensiones de alimentos, puesto que estas son una responsabilidad básica de los padres que tienen una vida a cargo.

Este proyecto plantea una normativa que está vigente y que obliga a los padres deudores de pensiones de alimentos. Digo “padres”, porque estadísticamente 9 de cada 10 deudores de pensiones de alimentos son hombres.

Efectivamente, necesitamos un cambio cultural en ese punto. La ley que repone el pago de la deuda de los fondos de pensiones ha sido una de las más importantes de las últimas décadas en nuestro país y ha beneficiado a miles de familias, y se ha recaudado una suma estimada en más de tres teletones en monto de deuda.

Se abrió acá el debate público de una deuda que tenían históricamente los padres con las mujeres e hijos, porque, cuando una mujer queda a cargo de los hijos -recuerdo muy bien las palabras que me dijo mi madre-, las mujeres no podemos pedir licencia, las mujeres no podemos dejar de trabajar, las mujeres no les podemos decir a nuestros hijos que no tenemos pan para llevar a la mesa.

Las mujeres hacen lo imposible por sacar adelante a sus familias, por vestir a los niños, por alimentarlos, por llevarlos al médico, por cumplir en el colegio, por buscar un trabajo; las mujeres nunca les dicen a sus hijos: “No puedo darte de comer, no puedo vestirte”; ¡jamás! Sin embargo, los padres sí pueden dar la vuelta, cerrar la puerta y desentenderse de miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Esperamos que este sea un cambio cultural y no tengamos que estar restringiendo licencias de conducir, no tengamos que estar poniendo órdenes de arresto y no tengamos que recurrir a los fondos de pensiones.

Además, este proyecto plantea una reforma mínima a una normativa que ya existe, y además beneficia a quienes tienen deuda, porque repone la licencia y la habilita cuando se paga la deuda.

Aquí no estamos buscando cancelar a los hombres, cortarles las manos, etcétera, sino buscando que se hagan cargo de algo básico, que es pagar la pensión de alimentos. Si el padre tiene un problema y usa la licencia para trabajar, puede recurrir a los juzgados, a mediación, para solucionarlo.

Espero que las próximas generaciones tengan mucha más consciencia de lo que estamos hablando, en comparación con las generaciones anteriores. Un niño no puede quedar en el desamparo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, no iba a hablar en este proyecto, pero me parece que lo primero es poner en contexto a quienes nos están siguiendo respecto de qué estamos argumentando.

Aquí se dice que una manera de propiciar que ciertas personas que están en mora con su obligación de pagar pensiones de alimentos puedan dar pasos para cumplirla sería ponerles limitaciones en su acceso a la licencia de conducir. Esa es, más o menos, la línea argumental.

Después de escuchar al diputado Kaiser , creo que tiene un punto. ¿Sabe por qué? Porque al final es cierto, y en esto he tenido una conducta permanente en el Congreso Nacional, de -digámoslo firmemente- criticar con fuerza que ciertos padres no cumplan efectivamente con la obligación más básica que tienen al momento de asumir la responsabilidad de tener un hijo, que es pagar la pensión de alimentos.

Probablemente, la inmensa mayoría de ellos lo hace por irresponsabilidad; pero que de ahí sea razonable que una persona no acceda a una licencia de conducir, que podría ser un medio para desempeñarse incluso en el servicio de transporte colectivo a través de una aplicación, para hacerse de recursos necesarios para cumplir con esa obligación, me parece una mala idea. ¿Sabe por qué? Porque al final acá no podemos cometer un error de base, que es, por decirlo así, perseguir y hacer punible esta situación, al punto de hacer insoportable lo que realmente nos interesa, que es que aquel que está en situación de mora encuentre la manera de cumplir con el niño. Aquí lo importante, más que cargarle la mata a ese padre, que podrá tener una sanción moral, es ver cómo logramos que ese niño reciba los recursos necesarios para salir de la situación en que está, y además acompañar a la madre en esa dificultad.

Creo, y lo digo con harta honestidad intelectual, que el punto que ha levantado el diputado Johannes Kaiser merece atención, y a mí, al menos, me parece conveniente darle una vuelta más a este proyecto.

Algunas veces, con buenas intenciones, el Congreso Nacional adopta decisiones que a la larga terminan siendo contraproducentes para la finalidad que se persigue.

Insisto, incluso a riesgo de ser majadero, que la finalidad que se persigue no es satanizar a esa persona. La finalidad que se persigue es hacerle ver su irresponsabilidad, pero al mismo tiempo no disponer circunstancias que hagan absolutamente inviable que él corrija su situación.

Me parece que aquí, de buena fe, se está disponiendo un medio que tiende más a hacer imposible que él salga de su mora que a hacer lo contrario.

Por lo tanto, aliento a la Cámara a que le demos una vuelta más a este proyecto y a que lo debatamos razonablemente, para no terminar en un remedio que sea peor que la enfermedad. He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día. El debate de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión.