Labor Parlamentaria

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

Se pone en discusión en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (boletín 16.552-12).

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.552-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

Este proyecto tiene urgencia calificada de "discusión inmediata"; fue aprobado en general por la Sala el 4 de junio del año 2024, y cuenta con segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y con informe de la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Medio Ambiente deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que las siguientes disposiciones de la iniciativa no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones:

-En el artículo primero permanente, los números 10 (que pasó a ser 11), 22 (que pasó a ser 24), 24 (que pasó a ser 27), 25 (que pasó a ser 28), 31, 39 (que pasó a ser 38), 40, (que pasó a ser 39) y 41 (que pasó a ser 40).

-El artículo tercero transitorio.

-Y el artículo octavo transitorio (que pasó a ser cuarto transitorio).

Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

Entre estas normas, los mencionados números 31, 38, 39 y 40 del artículo primero permanente requieren de 26 votos favorables para su aprobación, por ser de rango orgánico constitucional.

Asimismo, corresponde dar por aprobadas las siguientes normas del proyecto, las cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente:

-En el artículo primero permanente, la letra a) del número 13 (que pasó a ser 14); el número 15 (que pasó a ser 16); la letra b) del número 16 (que pasó a ser 18); y los números 18 (que pasó a ser 20), 19 (que pasó a ser 21), 20 (que pasó a ser 22), 30, 32 y 35.

-En el artículo segundo permanente, los números 1 (que pasó a ser 2) y 4 (que pasó a ser 9).

Entre estos preceptos, la letra a) del número 14; la letra b) del número 18; los números 20, 21 y 22; la letra a) del número 30, y el número 35, todos numerales del artículo primero permanente; y los números 2 y 9 del artículo segundo permanente de la iniciativa requieren de 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas orgánicas constitucionales.

--Se dan por aprobadas las normas referidas, dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional requerido (32 votos a favor).

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, además, efectuó diversas modificaciones al texto despachado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas se acordaron por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, todas en los términos en que fueron aprobadas por su antecesora, como reglamentariamente corresponde.

Dicha comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que introdujo enmiendas en diversas normas del texto despachado por la Comisión de Medio Ambiente en su segundo informe, así como también que incorporó un artículo sexto transitorio, nuevo.

Consigna, además, que sancionó las disposiciones de su competencia y las referidas modificaciones con las votaciones unánimes y de mayoría que en cada caso registra en su informe.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de las comisiones informantes respecto de alguna de ellas o que existieran indicaciones renovadas.

Entre las disposiciones con enmiendas unánimes, las siguientes requieren de 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas orgánicas constitucionales:

-Del artículo primero permanente, las letras a), d) y e) del número 7; los números 8, 9, 23, con excepción de las letras b) y h) del artículo 20 que propone, cuya votación separada fue solicitada; 33, 36, 41, con excepción del ordinal i) del párrafo segundo del literal f) propuesto por la letra c), que fue sancionado por mayoría de votos, y el número 42.

-Del artículo segundo permanente, los números 3, 4 y 8.

-Y el artículo quinto transitorio nuevo.

Por último, las modificaciones sancionadas por mayoría de votos, tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en la Comisión de Hacienda, serán puestas en discusión y votación en su oportunidad, según el orden del articulado del proyecto.

(El señor Secretario General dialoga con el señor Presidente).

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

Continúe, Secretario .

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

Señor Presidente , corresponde votar sin debate las enmiendas unánimes, algunas de las cuales son normas de LOC, anteriormente enumeradas.

El señor MOREIRA (Vicepresidente).-

¿Si le parece a la Sala, se acogerán con el quorum correspondiente?

--Se aprueban las enmiendas unánimes, dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional requerido (32 votos a favor).

El señor MOREIRA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Secretario.

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

A continuación, sus señorías, vamos a seguir el orden del comparado, y pondremos en votación las normas aprobadas por mayoría.

En primer lugar, en la página 13 del comparado, figura el numeral 4, que modifica el artículo 7° quáter.

Se ha sustituido la letra a) del referido número por la siguiente:

"a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 7º quáter.- La etapa de aprobación de la política o plan culminará con un acto administrativo dictado por el órgano de la Administración del Estado responsable. Dicho acto señalará el proceso de elaboración de la política o plan desde su etapa de diseño; la participación de los demás organismos del Estado; la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada; y el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política o plan para su dictación. Asimismo, mencionará los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar su eficacia en términos ambientales, así como los criterios de rediseño que se deberán considerar para la actualización de dicho plan o política en el mediano o largo plazo.".".

El señor SANHUEZA.-

¿En qué página está eso?

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante).-

En la página 13.

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

Página 13.

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante).-

En seguida, se ha reemplazado también la letra b) por la siguiente:

"b) Agregar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

"Cuando corresponda, durante la implementación de la política o plan, el órgano de la Administración del Estado responsable deberá publicar en la respectiva página web institucional, de forma quinquenal, los resultados de los criterios e indicadores de seguimiento y rediseño de dicha política o plan.".".

Lo anterior corresponde a la indicación N° 6, que fue aprobada por mayoría (3 votos a favor y 2 abstenciones).

(El señor Secretario General dialoga con el señor Presidente).

El señor GAHONA.-

Gracias, Presidente.

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales tiene el honor de presentar su segundo informe respecto del proyecto de ley en referencia, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de "discusión inmediata".

El objetivo central del proyecto consiste en fortalecer la institucionalidad ambiental contenida en la ley N° 19.300, con el fin de garantizar la protección del medioambiente y procurar hacer más eficientes los procesos asociados a los instrumentos de gestión ambiental contenidos en ella, entregando certeza y previsibilidad a todos los actores que participan en los mismos.

La iniciativa legal fue aprobada en general por la Sala del Senado el 4 de junio del 2024, luego de lo cual se presentaron 148 indicaciones, las que fueron estudiadas por la Comisión a lo largo de veintiuna sesiones.

Durante la discusión se contó con la participación de la Ministra del Medio Ambiente de la época, señora Maisa Rojas , y su equipo; del Servicio de Evaluación Ambiental; de un comité de expertos conformado especialmente para el estudio de la iniciativa legal, compuesto por los abogados señora Dominique Hervé y señores Felipe Riesco , Ricardo Irarrázabal , Iván Hunter y Ezio Costa, y diversas organizaciones, como FIMA Chile, Sonami y la Asociación Chilena de Municipalidades.

El Ministerio del Medio Ambiente presentó múltiples modificaciones al proyecto aprobado en general, declarando la intención de mantener el espíritu de la iniciativa, esto es, fortalecer la institucionalidad ambiental agilizando los plazos, disminuyendo los tiempos de tramitación y manteniendo el estándar de protección ambiental.

Luego del debate generado durante el primer informe, se propuso la eliminación de las siguientes medidas:

1.- Término anticipado de evaluación por falta de información relevante y esencial (IRE).

2.- Revisión extraordinaria de la resolución de calificación ambiental (RCA).

3.- Registro de consultores.

Por otro lado, se propuso la incorporación de la ventanilla única en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental; una definición de impactos acumulativos y sinérgicos; la figura de la declaración jurada; la ampliación del procedimiento de urgencia, y la participación temprana.

En relación con la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental, se incorpora una nueva atribución relacionada con los tiempos de evaluación, más específicamente con las suspensiones solicitadas por los titulares, las que se generan en parte por las abultadas observaciones de los servicios. En tal sentido, se propuso incorporar como nueva atribución el que el servicio considere los pronunciamientos de los organismos con competencia ambiental que hayan sido formulados en el ámbito de sus competencias, que sean pertinentes al contenido del proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que se encuentren debidamente fundados, pudiendo realizar los ajustes que correspondan.

También se incorporaron modificaciones al recurso de reclamación, tanto en lo procedimental como con relación a quien toma la decisión. Así se propuso la creación del Consejo de Reclamación Ambiental, consistente en un nuevo órgano colegiado funcionalmente desconcentrado, que forma parte del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual tendrá la función de conocer tanto de las reclamaciones de los estudios como de las declaraciones de impacto ambiental.

En cuanto a la carga dinámica de la prueba, se propusieron precisiones en vista de las dudas que generó la figura.

Finalmente, se incorporó también la evaluación ambiental estratégica.

Por su parte, los parlamentarios miembros de la Comisión también presentaron múltiples propuestas de modificación relacionadas con la evaluación ambiental estratégica, los impactos acumulativos y sinérgicos, eximentes de ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el procedimiento de urgencia, las declaraciones juradas, las consultas de pertinencia, las funciones, atribuciones y gobernanza del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre tipologías, silencio positivo, participación temprana, participación ciudadana, daño ambiental y la institución de la conciliación en el procedimiento de acción por daño ambiental.

Luego de un extenso debate, se acordó la conformación de un comité de expertos para asistir a la Comisión en búsqueda de acuerdos en temas complejos.

Sin embargo, los expertos no alcanzaron un total acuerdo en todas las materias, por lo que fueron invitados a exponer sus posturas frente a dicha instancia, especialmente en lo relativo al órgano que debiese reemplazar a las comisiones de evaluación ambiental regional (Coeva).

Con respecto a este último tema central, la Comisión rechazó la propuesta del Ejecutivo de crear un consejo de reclamación, inclinándose por la indicación de los honorables senadores señores Chahuán , Gahona y Prohens , quienes propusieron que, en contra de la resolución que califique ambientalmente favorable o desfavorable una declaración o estudio de impacto ambiental, se podrá interponer un recurso de reposición ante el director regional o director ejecutivo, según sea el caso, y en subsidio, el recurso jerárquico, según corresponda.

El texto aprobado en particular por la Comisión contiene dos artículos permanentes.

El primero introduce modificaciones a la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , mediante cuarenta y dos numerales.

El segundo modifica la ley N° 20.600, que crea los tribunales ambientales, por medio de nueve numerales.

Por último, se incluyen cinco artículos transitorios.

Se deja constancia de que, luego de que se diera cuenta del segundo informe de la Comisión el 29 de enero del 2025, el proyecto de ley pasó a la Comisión de Hacienda.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales propone aprobar en particular la iniciativa en estudio.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor IBÁÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Primero que todo, quiero saludar a la ministra -por su intermedio, Presidente -, y desearle todo el éxito en una agenda tan importante y a veces muy poco valorada dentro de cada Gobierno.

Considero fundamental hoy ser chileno y, además, ministra del Medio Ambiente : ¡es un tremendo desafío! Chile es uno de los países con mayor riesgo de exposición a la crisis climática. Tenemos el 80 por ciento de los glaciares de Sudamérica; por tanto, todo lo que hagamos en materia medioambiental, dada nuestra fisionomía, es extremadamente relevante. Incluso económicamente, en el ámbito del turismo, tenemos regiones que viven de ello, y la protección medioambiental exhibe muchas aristas.

Así que, ministra, todo el éxito en este desafío que emprende.

Dicho esto, es del caso señalar que existe un problema con la institucionalidad medioambiental.

Ello es evidente incluso para todos quienes se colocan en una u otra vereda, desde quienes señalan que hay que destruir la regulación ambiental, que hay que pelearse con eso, hasta quienes establecen que básicamente no se puede construir nada y que el desarrollo económico siempre va a ser perjudicial.

Creo que hay que encontrar un equilibrio, el cual también se expone en buena medida en lo que contiene este proyecto.

Ahora bien, teniendo en consideración la dirección correcta en que avanza esta iniciativa, que busca la modernización de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , cabe relevar que hay varias cuestiones que, a mi juicio de forma correcta, toca ordenar para hacer más eficiente la evaluación ambiental. Ello, con los múltiples recursos que existen: requisitos para impugnar resoluciones de calificación ambiental, declaraciones de impacto ambiental, en fin. Considero fundamental ordenar ese mamotreto que se fue construyendo desde mediados de los noventa, cuando justamente estos temas comenzaron a ser importantes, desde la Declaración de Río.

Es esencial ordenar y sistematizar todos esos aspectos, sin bajar, por supuesto, los estándares de protección.

Creo que Chile es uno de los países que se destaca a nivel mundial -y sobre todo es pionero a nivel sudamericano- en cuanto a establecer buenos estándares de protección. Eso hay que defenderlo; es fuente de orgullo y también de valor agregado en todos los debates en materia económica, en materia de sostenibilidad, en materia de inversión de energías verdes. Insisto: ello nos llena de satisfacción, y hay que defenderlo.

Entonces, cualquier modificación que se plantee en temas de institucionalidad medioambiental debe partir de la base de que Chile tiene un valor agregado que ha de defender.

Dicho aquello, cabe señalar que muchos no participamos en esta discusión, quienes fuimos parlamentarios en el período anterior; y, entrando al detalle, aparecen dudas que hemos expresado en votaciones separadas que hemos solicitamos respecto de dos ámbitos esenciales.

Primero, este proyecto constituye un avance tremendo para quienes representamos lugares que han sido denominados "zonas de sacrificio", como Quintero y Puchuncaví en particular. Junto a los entonces diputados Andrés Longton y Camila Flores (parlamentarios por el mismo territorio) estuvimos bastante en terreno, participamos en comisiones investigadoras. Y una de las principales recomendaciones que ellas hicieron dice relación con medir los efectos sinérgicos de los contaminantes.

Hoy cuando se miden los contaminantes por separado se da cierto resultado en función de los instrumentos de medición de la contaminación. Si se miden todos juntos, es muy complejo hacer cumplir una norma que se halla pensada para un compuesto por separado, pero que, de facto, en la práctica, actúa como un contaminante sinérgico, que es lo que ocurre en Quintero y Puchuncaví cuando no se encuentra justamente la trazabilidad de la empresa causante de ese agente contaminante.

Por tanto, es un tremendo avance medir los impactos acumulativos y sinérgicos.

Ahora bien, si se logra ese avance en este proyecto de ley, ¿por qué restringir su aplicación? Esa es mi pregunta.

Hoy se establece que solamente aquellos que cuenten con una RCA en ejecución en al menos un año va a ser evaluado.

¿Qué pasa con todos esos proyectos que no cuentan con un año de antigüedad, pero que aun así emanan contaminantes? ¿No van a ser medidos por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Eso, de una u otra forma, me parece arbitrario, porque se sigue fragmentando la evaluación ambiental.

Lo que hoy hacen muchas empresas para tratar de eludir el sistema es fragmentar, dividir sus proyectos y de esa manera baipasear la normatividad ambiental.

Esto es muy interesante, porque muchos dicen que hoy el sistema hace demorar bastante la tramitación de un proyecto.

Es cierto, los años 2023, 2024...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor MOREIRA .-

Tiene treinta segundos para redondear la idea, senador.

El señor IBÁÑEZ.-

¡Ah, perdón! Pensé que teníamos un tiempo más extendido.

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

No, son cinco minutos.

El señor IBÁÑEZ.-

Entendí, Presidente .

Muchas gracias.

Decía que pedimos votación separada en dos aspectos: uno, de la reducción de plazos, porque nos parece en extremo contradictorio que las comunidades puedan presentar reclamación en diez días cuando la ley actual establece sesenta, y lo otro es que en este año no se midan los impactos sinérgicos de los contaminantes. Ahí le solicitamos a la Sala tener a bien rechazar esa norma.

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente , quisiera intervenir para dar a conocer algunas apreciaciones que guardan relación con este proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental.

Tras dieciocho meses de tramitación y con sendos informes de las comisiones de Medio Ambiente y de Hacienda de este honorable Senado, nos corresponde pronunciarnos sobre el articulado propuesto para esta futura normativa, la que establece relevantes y necesarios cambios al Sistema de Evaluación Ambiental y a la judicatura especializada en dicha materia.

Entre ellos, creemos que constituye un avance significativo el establecimiento de la rectoría técnica para el Servicio de Evaluación Ambiental, las medidas que se establecen para reducir los plazos en la tramitación de los proyectos y aquellas normas que sancionan el procedimiento de recursos frente a la aprobación o rechazo de un proyecto.

Todas ellas, honorable Sala, implican mejoras destinadas a otorgar certeza jurídica a todas las partes que participan del proceso e impiden que las resoluciones sobre el mismo se eternicen o sean objeto de sucesivas acciones destinadas a impugnarlas.

Por el contrario, estimamos que existen áreas del proyecto que deben ser corregidas.

En primer término -y ojalá la señora ministra pudiese tomar atención a estos aspectos-, respecto a las causales de rechazo de un proyecto, consideramos que deben incluirse los casos en que estos atenten contra el ordenamiento territorial o impliquen riesgos de desastres y de cambio climático, toda vez que siempre ha sido una aspiración consensuada el que el ordenamiento de que se dote a los territorios sea el factor que defina la viabilidad o no viabilidad de una iniciativa y, también, es una obligación internacional adquirida por el país el adaptarse al fenómeno climático.

Por otro lado, se ha impuesto en las comisiones una norma relativa a los casos en que proyectos que ya cuenten con RCA, y donde se establezcan ampliaciones a los mismos, no deben volver a ser evaluados ambientalmente.

Esta propuesta no tiene sentido, tanto más cuanto que la situación ya está resuelta en el nuevo artículo 2, letra g), del RSEIA, modificado mediante decreto supremo N° 17, de 21 de enero de 2026.

Por último, señor Presidente , es de mi mayor interés referirme a la situación de los terceros absolutos en el proceso de evaluación ambiental y sus derechos de reclamar ante la justicia aquellos actos que adolecen de vicios de nulidad.

En efecto, todo el sistema de recursos ante los actos ambientales se sustenta en el hecho de que las y los ciudadanos puedan realizar observaciones dentro de los procesos de participación ciudadana.

Sobre estas, en el caso que las y los observantes consideren que no han sido correctamente abordadas por el evaluador ambiental, nace un recurso de reclamación ante los tribunales ambientales en el término de treinta días.

Sin embargo, y a pesar de los avances en transparencia de las últimas décadas, se mantiene la opacidad en los procesos de evaluación ambiental y, en la mayor parte de los casos, las comunidades solo se enteran de que se aprobó ambientalmente un proyecto, cuando han transcurrido meses desde que las instancias de participación ciudadana han concluido.

Frente a ello, se recurre al artículo 53 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos, que permite solicitar la nulidad de los actos administrativos.

Ahora bien, y he aquí el problema, no existe certeza sobre el plazo para recurrir a esta instancia, dado que incluso los propios tribunales ambientales y la Corte Suprema discrepan en cuanto a si este es de treinta días o de dos años.

A mayor abundamiento -le pido un minuto más, Presidente-, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, mientras para los tribunales ambientales de Antofagasta y de Santiago se establece que dicho plazo corresponde al más extenso, para el de Valdivia lo es de solo un mes.

Más allá de la discusión técnica sobre el punto, constituye un evidente foco de conflictividad ambiental, tanto la existencia de esta acción fuera de la normativa ambiental como las discrepancias judiciales en torno a la oportunidad de hacerlo.

Mis respetables colegas de las comisiones informantes nos proponen que simplemente se anule el derecho a este recurso a las comunidades, propuesta que considero apresurada mientras no se establezcan garantías expresas de información a las comunidades sobre los procesos de evaluación ambiental y, también, derechos para aquellas que no hayan podido participar de ella...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

Treinta segundos más, senador, porque son veintinueve votaciones.

El señor ESPINOZA.-

O sea, si no puedo seguir hablando, no continúo.

El señor MOREIRA (Vicepresidente).-

Es que no se puede, senador.

El señor ESPINOZA.-

Ya. Ojalá que con todos sea de la misma manera, Presidente.

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

Con todos va a ser así.

El señor ESPINOZA.-

Entonces, treinta segundos.

Reitero que la propuesta me parece apresurada, mientras no se establezcan garantías expresas de información a las comunidades sobre los procesos de evaluación ambiental y, también, derechos para aquellas que no hayan podido participar de ellos, como es el caso de las declaraciones de impacto ambiental, en que no se abre un término para presentar observaciones.

Quiero citar el caso de la comunidad de Pichil, en Osorno, zona por la cual usted también es senador, querido Presidente , porque, tras negárseles la solicitud para que se abriera un proceso de participación ciudadana, se aprobó un proyecto de gasificación de residuos mediante una simple declaración, respecto del cual la comunidad mantiene legítimas dudas sobre su correcta evaluación.

Sin más acciones que la invalidación, la ciudadanía se organizó, recurrió de nulidad ante el tribunal ambiental de Valdivia, presentó pruebas y rindió informes técnicos especializados. No obstante, la justicia ambiental, sin siquiera entrar a conocer del mérito del proceso, rechazó esa reclamación.

¡Lo considero grave!

La señora KAISER.-

Muchas gracias.

Muy brevemente, quisiera contarles que se encuentra en Chile en este momento Bjorn Lomborg , académico estadístico danés, presidente del think tank Copenhagen Consensus Center. Él no es un negacionista del cambio climático, pero sí del alarmismo y de la priorización de recursos.

Creo que este tema está dentro de un contexto ideológico.

Yo los convido a leer a Kohei Saito, un marxista que plantea que a través del medioambiente puede destruirse finalmente el capitalismo.

Sé que hacemos muchas cosas sin entenderlas, pero decir que Chile, que aporta entre un 0,24 y 0,26 por ciento de las emisiones mundiales de CO2, representa un peligro y que debe destruir prácticamente todo su aparato productivo es un exceso.

Estoy exagerando naturalmente, pero es lo que se ha hecho con la permisología: se han detenido millones de dólares en inversión, mientras que China sigue adelante aportando un 33 por ciento de las emisiones, y no pasa prácticamente nada.

El panel del cambio climático de la ONU tiene más de cuatro mil páginas en reportes científicos, y en ninguna parte dice que el mundo se va a acabar.

En ese contexto, quisiera relevar para la región de La Araucanía y para todo el sur de Chile, zonas que hoy día usan leña, que Chile tiene una de las normas más exigentes en lo que respecta a material particulado.

A pesar de los altos estándares, el Gobierno pasado continuó avanzando en su promesa de transformarnos -lo digo en los términos de su promesa de campaña- en la tumba del neoliberalismo.

La estrategia para destruir el capitalismo consistía, entonces, en el decrecimiento a través de la implementación de la legislación que hoy sintetizamos bajo el término "permisología", y que tenemos que desmantelar con el proyecto de ley en comento.

En este contexto ideológico, el Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno pasado avanzó en un cambio a la normativa que regula a los fabricantes e importadores de equipos de calefacción a pellet o leña, que en la práctica significaba liquidar a dicho sector productivo, afectando a más de 2,7 millones de hogares y 7 millones de personas.

Yo les quiero contar algo: a Lonquimay no llega el gas y hay tormentas que cortan la luz.

Entonces, francamente, cuando se habla de que queremos el bien para los chilenos, tenemos que darnos cuenta de que aquí ha habido un objetivo ideológico claro al avanzar en una permisología que no tiene nada que ver con la realidad del aporte que hace Chile al eventual cambio climático, lo que no significa que no cuidemos el medioambiente.

Para eso los dejo invitados a que nos preocupemos de la basura y el reciclaje. Actualmente Temuco exporta su basura a Los Ángeles, y tenemos tremendos problemas con todo ello. Atender a eso también es cuidar el medioambiente.

Sin embargo, nos hemos focalizado en afectar una matriz energética, lo que ha terminado en decrecimiento y destrucción del aparato productivo.

Gracias.

El señor CELIS.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la señora ministra.

Como ha señalado acá el senador Ibáñez , algunos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de participar en la discusión de este proyecto.

Estoy leyendo el comparado y me preocupan algunas indicaciones que fueron aprobadas por la Comisión de Hacienda, no así por la Comisión de Medio Ambiente.

Yo comparto absolutamente lo que se acaba de señalar y quiero expresar mi preocupación con respecto a las modificaciones relacionadas con el artículo 23 bis, relativo al rechazo de proyectos.

Dicha norma señala que el proyecto o actividad solo podrá ser rechazada por incumplimiento de la normativa ambiental aplicable, eliminando los impactos graves de la sinergia o los efectos acumulativos que se pueden evidenciar en una gran cantidad de proyectos medioambientales.

Y lo ejemplificaba muy bien el senador Ibáñez con lo que ocurre en Quintero, pero podrían identificarse muchos puntos en el país donde sucede lo mismo.

También quiero expresar mi congruencia con lo que señaló el senador Fidel Espinoza , quien se ha referido latamente a la invalidación del artículo 53, sobre los recursos de reposición, donde se elimina el control administrativo. Me parece que eso es un golpe directo a la participación ciudadana y al acceso a la justicia ambiental.

Creo que allí hay elementos que debemos contemplar y considerar.

También me preocupa particularmente la enmienda contenida en la letra h) del artículo 10, inciso final, propuesta por la Comisión de Hacienda, donde se señala que las modificaciones que solo impliquen una mejora tecnológica no requerirán una nueva evaluación.

Eso me parece especialmente complejo, toda vez que cualquier modificación o innovación tecnológica puede implicar cambios significativos desde el punto de vista medioambiental.

Sé que hay varias solicitudes de votación separada, pero estos tres artículos, dentro de la lectura rápida que hice del comparado, me llaman a preocupación, porque se minimiza el rol que puede ejercer el Estado sobre proyectos que produzcan daño medioambiental.

Punto aparte, como ya le señalé a la señora ministra, quiero expresar mi preocupación por el retiro de la modificación al decreto que establece la norma primaria de material particulado 2,5, algo que ya se ha mencionado. Nosotros estamos muy por encima del estándar europeo en cuanto a la norma de material particulado 2,5, pues usamos un valor bastante más alto.

Por eso creo que los efectos en la salud, además de los costos económicos, por mantener niveles elevados de PM 2,5, especialmente en ciudades que dependen de la leña, pueden ser particularmente severos desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio y, por cierto, financiero. Eso solamente en la comuna de Temuco puede significar más de 110 millones de dólares en lo que es la atención de enfermedades derivadas del uso intensivo de la leña.

Eso como elemento aparte, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor VIAL.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo a la ministra y a su equipo -gracias por estar acá- y también al subsecretario, que está allá arriba, en las tribunas.

Gracias también por enfrentar este desafío tan complejo que nos ha estado haciendo daño hace mucho tiempo.

Yo celebro eso.

Los efectos adversos que ha generado el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental van más allá de lo evidente. Se ha demostrado que la toma de decisiones, en ocasiones, ha estado influida por una mirada ideológica, con ausencia de una visión sistémica de desarrollo.

Se ha instalado una falsa dicotomía en Chile entre la protección ambiental y el crecimiento, entre la sostenibilidad y el desarrollo, cuando en realidad no son excluyentes; pueden avanzar sin problemas los dos.

El precio de esta distorsión ha sido muy caro para el país: retrasos excesivos, judicialización creciente, incertidumbre para la inversión y, lo más grave, la postergación de proyectos esenciales para las personas.

Eso es lo que estamos discutiendo y que quiero poner de relieve.

El sistema fue creado hace ya más de treinta años, en 1994, y es una institucionalidad pionera. Eso tenemos que reconocerlo. Pero si bien fuimos pioneros en Latinoamérica y creamos un sistema que cumplió con el rol fundamental de ordenar el desarrollo con estándares ambientales, en estos treinta años no se ha actualizó la norma.

Hoy día estamos hablando de proyectos de hidrógeno verde, desalinización, energías renovables, obras de infraestructura hídrica, pero no se ha actualizado el sistema. Eso también ha sucedido -es cierto- y este proyecto lo está corrigiendo.

Hay evidencia clara: solo el 2024 ingresaron al Servicio de Evaluación Ambiental 573 proyectos, una inversión que alcanzaba más de 80 millones de dólares.

En el Maule, mi región, fuimos segundos en número de proyectos presentados, con 46 iniciativas calificadas. Sin embargo, eso no se condice con la realidad, porque lamentablemente no fueron aprobadas. Proyectos de agua potable rural, embalses, sistemas de riego tecnificado o plantas de tratamiento se demoran años en ser aprobados.

Esto se ha hecho intolerable. La ciudadanía no lo entiende. ¡Nuestra gente no lo entiende!

Por eso, esta reforma apunta en una dirección correcta, fortaleciendo la rectoría técnica del Servicio, permitiendo ordenar un proceso, coordinando los servicios, evitando exigencias redundantes y carentes de fundamento.

Quiero relevar especialmente la eliminación de las comisiones de evaluación ambiental y el comité de ministros. Ambos han incorporado, en la práctica, un componente político a decisiones eminentemente técnicas.

La responsabilidad va a radicar ahora, y muy bien en mi opinión, en los directores regionales para los proyectos regionales, y en el director ejecutivo para los interregionales -¡muy sensato!-, con la obligación, por supuesto, de fundamentación. No hay problema con eso.

Quiero también destacar la incorporación de criterios de proporcionalidad y la exención del ingreso de mejoras tecnológicas que no generen nuevos impactos. ¿Para qué redundar en eso?

En regiones como el Maule, esto permitirá que pequeñas y medianas plantas agroindustriales y proyectos de riego se modernicen sin tener que reiniciar procesos completos. Un sentido común regulatorio, simplemente.

Para no extenderme más, el desafío no es menor. Por supuesto, hay indicaciones que van a permitir perfeccionar el proyecto, y estoy disponible para evaluarlas en su mérito.

Pero seguir postergando esto Chile no lo merece y profundizaría un problema que ya debería haber sido resuelto hace mucho tiempo.

Muchas gracias, Presidente .

El señor NÚÑEZ .-

Presidente , yo comparto el ánimo de la Mesa en el sentido de pasar a las votaciones, por el riesgo de que nos falte quorum.

Pero yo preferiría que nos pusiéramos de acuerdo en terminar las intervenciones, porque como las votaciones son específicas se requiere argumentar a favor o en contra en algunos casos y, si estamos opinando en general, no vamos a tener esa posibilidad y solo podremos fundamentar el voto.

Yo le pido, Presidente , que terminemos con las intervenciones que quedan, si quiere con tiempos más acotados, tres o cuatro minutos -yo tengo solo dos cosas muy puntuales-, y que después pasemos a las votaciones, pero con la posibilidad de que tanto el Ejecutivo como algunos de los senadores que estuvieron en la Comisión -yo no soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente- expliquen ciertos aspectos específicos, porque hay puntos particulares que necesitan ser explicados para que uno pueda ejercer el voto con conocimiento de causa.

Es solo un tema de método.

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

A propósito de la sugerencia que hace a la Mesa el senador Núñez , propongo que cerremos el listado de las intervenciones.

Están inscritos los senadores Longton , Gahona , Velásquez , De Urresti , Keitel y Núñez .

Como acá están hablando en general, podríamos llegar hasta el senador Sebastián Keitel y después, por dos o tres minutos, daríamos...

El señor NÚÑEZ.-

Uno a favor y otro en contra, Presidente.

El señor LONGTON.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la ministra.

Presidente , este es uno de los proyectos más relevantes para la reactivación económica y la generación de empleos, y muchos lo estábamos esperando.

El año pasado, al 30 de julio, había 121 proyectos con una tramitación excesiva en el Servicio de Evaluación Ambiental. Es decir, se cumplían los plazos, pero estos se alargaban debido a los tiempos de suspensión producto de las exigencias exorbitantes que se les hacían, lo que terminaba paralizándolos.

Finalmente, esta situación se tradujo en una inversión perdida para el país: ¡46 mil puestos de trabajo, 2.300 millones de dólares y 4,3 millones de dólares al día, Presidente!

No podemos darnos ese lujo en medio del profundo problema de desempleo que estamos viviendo en algunas regiones, y donde necesitamos generar mayor inversión.

Y esto golpea principalmente a las regiones, Presidente, porque son los proyectos portuarios, hidráulicos y de energía los que permiten el desarrollo de estos territorios.

En ese ámbito me parece fundamental avanzar hacia procesos de evaluación ambiental sin desproteger el cuidado del medioambiente, pero en que la politización o la burocratización de estos no sean alimento para aquellas organizaciones que pretenden paralizarlo todo.

Y en ese sentido es incluso paradójico, porque quienes buscan detener proyectos lo hacen con los que buscan renovar la matriz energética, construir obras eólicas o de infraestructura crítica, Presidente .

Ojalá que esta iniciativa de ley pueda tener una tramitación rápida en la Cámara de Diputados.

Dicho eso, quiero señalar que la evaluación ambiental estratégica es fundamental para establecer límites a los organismos que van a pronunciarse respecto de las distintas etapas y de las eventuales observaciones a los proyectos.

Sin embargo, me parece que debe estar plasmada en la ley y no ser parte solamente de una evaluación estratégica del Ministerio del Medio Ambiente. Porque lo que va a ocurrir es que igual distintos organismos de la Administración del Estado van a hacer diversas observaciones, porque no van a estar amparados precisamente en una cláusula legal expresa.

Presidente , lo de los recursos también es muy relevante, principalmente porque hoy el sistema recursivo permite acudir constantemente a organismos de la Administración del Estado a fin de paralizar proyectos. En atención a cómo quedó en el proyecto, es decir, a que en la etapa terminal se puedan establecer ciertos recursos que no sean los de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, se va a generar que, producto de la doctrina y la jurisprudencia, en etapas intermedias se podrán interponer recursos.

Creo que eso puede abordarse de mejor manera en la Cámara de Diputados.

Respecto de la legitimación activa de quienes se pueden oponer a los proyectos, hay que limitarlo más. Ello, desde el punto de vista de que hoy queda para terceros interesados, que no son necesariamente los que participan del proyecto, sino que puede ser cualquiera que busque, con un fin que no sea legítimo ni de buena fe, oponerse a inversiones relevantes para las regiones.

Todos conocemos ONG, organizaciones ambientalistas radicalizadas, respecto a las que no sabemos quiénes les entregan recursos, que se dedican a paralizar proyectos a lo largo de todo Chile.

Y, en ese sentido, me parece relevante poder limitar solamente a quienes hayan participado del proceso de participación ciudadana en las distintas etapas.

Presidente ...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

Senador, tiene treinta segundos adicionales para que redondee la idea.

El señor LONGTON .-

Presidente , respecto al artículo 10, me parece adecuado que la cláusula sea cerrada sobre qué proyectos pueden ir al Servicio de Evaluación Ambiental.

Hoy día hay una utilización excesiva de observaciones que tiene como finalidad detener obras tan importantes como el tren a Quillota-La Calera-La Cruz, donde una organización que se autodenominó Comunidad Araya Araya ha paralizado durante años la extensión del metro... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor GAHONA.-

Gracias, Presidente.

Quisiera partir destacando que el proyecto que hoy discutimos no es el resultado de una idea aislada ni de una mirada unilateral, sino el fruto de un trabajo largo, serio y bastante transversal, en el que han participado distintos actores con una convicción común: que nuestro Sistema de Evaluación Ambiental necesita modernizarse para responder mejor a los desafíos actuales del país.

Esa convicción no surge desde la teoría, sino desde la experiencia acumulada en los últimos años, donde el sistema ha ido evidenciando dificultades prácticas que afectan su funcionamiento, tales como la incertidumbre jurídica, la duplicidad de revisiones, tiempos que no siempre se justifican y una creciente dificultad para determinar con claridad cuándo un proyecto debe o no ingresar al Sistema.

En ese contexto, el problema no radica en la existencia de la evaluación ambiental, cuya relevancia es indiscutida, sino en la forma en que esta se ha venido aplicando.

La falta de reglas claras y consistentes ha derivado en procedimientos más complejos de lo necesario, lo que genera efectos no solo sobre los titulares de los proyectos, sino también sobre la propia institucionalidad ambiental, que ve tensionadas sus capacidades y dilatados sus tiempos de respuesta.

Por ello, el valor principal de esta reforma es que enfrenta ese problema de fondo mediante una lógica ordenadora, por ejemplo, establecer reglas claras, dotar de mayor coherencia al sistema y hacerlo más predecible y eficiente, sin debilitar en ningún caso el estándar de protección ambiental.

En este sentido, es importante ser claros: aquí no se está rebajando la exigencia ambiental, sino corrigiendo la forma en que el sistema está operando para que funcione con mayor certeza y coherencia.

Uno de los avances más relevantes en esta línea es la precisión del artículo 10, por ejemplo, que define de manera expresa y taxativa qué proyectos deben someterse al Sistema, lo que cierra espacios de interpretación que en la práctica habían generado mucha incertidumbre.

A ello se suma un cambio estructural en la forma en que se gestionan los permisos, al eliminar duplicidades que históricamente han afectado la eficiencia del sistema.

La eliminación de los permisos ambientales mixtos y la centralización de la evaluación dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental permiten evitar revisiones paralelas sobre los mismos aspectos, lo que simplifica el procedimiento y otorga mayor coherencia institucional.

Asimismo, se establece un tratamiento claro para las modificaciones de proyectos y se define que solo aquellas de carácter sustantivo deberán someterse a una nueva evaluación, lo que evita reingresos innecesarios y permite enfocar los esfuerzos en aquellos casos donde efectivamente existen impactos relevantes.

De igual forma, el carácter vinculante de las consultas de pertinencia constituye un avance significativo en la medida que fortalece la certeza jurídica y alinea la evaluación con la fiscalización posterior, lo que entrega un marco más claro tanto para los titulares como para la autoridad.

En este punto resulta relevante señalar que varios de los aspectos que generaban dudas en la discusión en general han sido abordados durante la tramitación, particularmente en lo relativo a la necesidad de contar con criterios más objetivos y reducir los espacios de discrecionalidad en la aplicación del sistema.

En su conjunto estas medidas permiten avanzar hacia un sistema más claro, más eficiente -y como dije anteriormente-, más predecible, que no solo evalúe adecuadamente, sino que también sea capaz de resolver en tiempos razonables.

Esto resulta especialmente relevante considerando los desafíos que enfrenta el país en materia de inversión y desarrollo territorial, donde la certeza y la oportunidad en las decisiones son condiciones esenciales.

Por lo mismo, este proyecto representa un paso en la dirección correcta, en cuanto fortalece el sistema ambiental a través de mejores reglas sin oponer protección ambiental y desarrollo.

Sin perjuicio de lo anterior y manteniendo nuestro respaldo al proyecto, solicitaremos votación separada respecto de dos materias específicas: por una parte, lo relativo al registro de consultores; y, por otra, la norma referida a la compatibilidad territorial de los proyectos, por estimar necesario revisarlos con mayor atención en su mérito.

Presidente , lo que estamos haciendo hoy es avanzar hacia un Sistema de Evaluación Ambiental que funcione mejor, que entregue mayor certeza y que esté a la altura de los desafíos del país, porque cuidar el medioambiente y avanzar en el desarrollo no son objetivos contrapuestos, sino condiciones que deben avanzar conjuntamente.

Y es precisamente por esa convicción que votaremos a favor del proyecto, porque entendemos que contribuye de manera concreta a ese equilibrio que nuestro país necesita.

He dicho, señor Presidente.

El señor VELÁSQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Saludo a la ministra del Medio Ambiente , junto al subsecretario, y le deseo que tenga una excelente gestión en una cartera -tal como se ha dicho acá- a la que no siempre se le entrega la relevancia que posee en el debate político diario, pero que debe ser una de las más importantes, si tomamos en serio la relevancia de la que hablamos y la diversidad ambiental de nuestro país.

Si bien respaldaremos en gran medida el proyecto, hemos solicitado algunas votaciones separadas que tienen que ver con algunas cuestiones que nos tocan respecto a las regiones que representamos, ministra. No obstante, vamos a respaldar esta iniciativa en su mayoría, porque entrega certeza, fortalece el Sistema de Evaluación Ambiental, lo hace más eficiente y, sin duda, le da garantías.

Todo aquello ha sido parte de un conjunto de normas que se han discutido. El año pasado aprobamos la ley N° 21.770 en materia de las autorizaciones sectoriales, que en cierta medida está muy relacionada, sobre todo a este concepto peyorativo de la "permisología". En el fondo se trata de agilizar cuestiones que van desde la burocracia hasta probablemente miradas de orden ideológico, que seguramente tienen validez, por supuesto.

Pero ¿sabe, ministra?, hay ciertos territorios, ciertas zonas que representamos que aún no tienen normativa alguna que dé cuenta de aquello. Y esto dice relación con comunas, como Tocopilla, Calama , Tiltil, por acá por el centro, y otras que podríamos nombrar en cada una de las distintas regiones, provincias que representamos, en donde nos vemos afectados porque la normativa no es que tenga una trampa, sino que hay que actualizarla, evolucionar en la reflexión medioambiental.

En la comuna de Tocopilla, por ejemplo, usted sabe que ya no están funcionando las termoeléctricas, y cuando eso ocurrió, todos nos alegramos y estamos conformes.

Sin embargo, hoy en día ahí está impactando una planta desaladora, con todos los bemoles y todas las ventajas que aquello trae a la ciudadanía. Pero ya vamos en la segunda construcción de una planta desaladora, en la tercera y ,probablemente, se llegue a una quinta.

Entonces, me parece que deberíamos observar que ahí tenemos ciertas zonas "sensibles", como les llamamos nosotros, "frágiles", pero que son estratégicas para nuestro país. No es una cuestión antojadiza solo en el sentido de invertir por lo que la ciudadanía recibirá también a través de este vital recurso, sino porque ahí, usted sabe, se encuentra una industria minera importante.

Algo parecido ocurre con la comuna de Calama, de la cual soy originario. Usted debe conocer y saber la historia de Chuquicamata; ayer la mina a rajo abierto más grande del mundo (una minera escondida para entender de qué estamos hablando) y hoy día una mina subterránea.

Pero hay una segunda, que en algún momento se instaló: la mina Radomiro Tomic . Y una tercera: la mina Alejandro Hales . También está la minera Gaby de por medio y unas mineras privadas: El Abra y Spence en el sector norponiente, perteneciente a BHP-Billington.

Y así podríamos nombrar una serie de faenas mineras, por un lado, y desaladoras, por otro.

Entonces, le pedimos a usted, ministra, como líder del Ejecutivo para estos temas, y a todo su equipo, que haya en algún momento un pronunciamiento respecto a estas zonas, que también son frágiles y estratégicas para nuestro país.

No esperemos que ante cada RCA que se autoriza de tiempo en tiempo, que en su conjunto están provocando impactos de todo orden (de lo cual usted seguramente debe tener información en detalle junto con el subsecretario en el Ministerio), en algún momento, y vinculado a los proyectos que presentaremos algunos parlamentarios, el Ejecutivo se haga parte. Y si se adelanta y aparece una iniciativa de ustedes, sería interesante para este sector, que generalmente es muy visitado, porque el primer lugar que visitó el Presidente Kast como candidato fue justamente la región de Antofagasta y comunas como Calama.

Se valora la entrega de esa minería para el desarrollo de nuestro país. Y como decimos nosotros, esa minería es la que financia los programas sociales, los programas de cada gobierno, y hasta ahora no ha habido también una mirada desde el plano medioambiental, pero ahí existen 250 mil habitantes que esperan un pronunciamiento bajo esta nueva mirada, y de usted que está debutando en este rol.

Gracias, ministra -por su intermedio, Presidente -.

El señor DE URRESTI.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo -por su intermedio- a la señora ministra y al subsecretario del Medio Ambiente .

Honorable Sala, nos encontramos hoy frente a una encrucijada que define el futuro de nuestra convivencia con el entorno, con el medioambiente. Este proyecto de ley que hoy discutimos no es un texto aislado, es una pieza de un rompecabezas más grande y, para ser sincero, genera preocupación.

Estamos en presencia, sin lugar a dudas, de una ola desregulatoria en nuestro país. Antes de entrar al detalle, permítanme hacer una reflexión de fondo.

En los últimos meses hemos visto avanzar con fuerza la agenda de desregulación. Primero, fue la llamada de "permisología sectorial", que estableció un marco común para agilizar autorizaciones sectoriales. Allí se simplificaron trámites, obviamente que estamos de acuerdo; se redujeron plazos; se aplicó el silencio administrativo positivo.

Al respecto, señor Presidente, este debate ya fue complejo, porque el hecho de equilibrar agilidad con control no es fácil.

Pero ahora discutimos algo distinto: el corazón de nuestra institucionalidad ambiental. Ya se desreguló el ámbito sectorial, ahora se pretende desregular el ámbito ambiental. Y esa es una línea que no podemos cruzar sin preguntarnos qué estamos protegiendo efectivamente, la eficiencia o el territorio, la velocidad o la seguridad de las comunidades.

Porque cuando la desregulación se aplica sin límites tiene un nombre, se llama "debilitamiento del Estado". Y cuando dicho debilitamiento afecta al medioambiente, las consecuencias las pagan los más vulnerables, los que viven en el territorio, los que no tienen dónde reclamar, los que no pueden trasladarse de ahí donde viven.

Este camino es peligroso, señor Presidente . Y hago una advertencia.

Miremos hacia atrás, de dónde venimos, por qué tenemos esta legislación. Hace apenas treinta años Chile no tenía un sistema de evaluación ambiental. Los proyectos se instalaban sin control, sin estudio en las comunidades. El daño ambiental se reparaba, si es que se hacía, después de causado. El año 1994 dimos un salto histórico con la ley N° 19.300: nació el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

El 2010, con la ley N° 20.417, creamos el Misterio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Profesionalizamos la institucionalidad.

El 2012 creamos los tribunales ambientales, un elemento inédito en nuestro país, que es el contrapeso para las reclamaciones.

El 2022 dimos otro paso gigante con la ley N° 21.455, Marco de Cambio Climático, que comprometió a Chile con la carbononeutralidad y la resiliencia climática. Ahí consagramos la obligación de incorporar la variable climática en todos los instrumentos de planificación.

Me permito recordar a los colegas que no eran parlamentarios en ese momento que fue un proyecto tramitado casi íntegramente en la Administración del Presidente Piñera y promulgado con el Presidente Boric, un acuerdo transversal de amplio consenso.

¿Qué nos enseña esta historia, señor Presidente ? Que cada vez que hemos avanzado ha sido gracias a un principio simple pero poderoso: es mejor prevenir que reparar, porque el daño ambiental una vez causado a menudo es irreversible.

Un humedal destruido no se recupera. Un bosque nativo talado no vuelve a crecer en décadas. Un acuífero contaminado deja sin agua a generaciones -muy bien lo señalaba el senador Velásquez -.

¡Esa es la base de nuestro derecho ambiental! Ese es el principio que hoy en este proyecto estamos poniendo en riesgo. Los principios que nos guían, y esto es importante en la historia de la ley, no son negociables, son acuerdos internacionales.

Señor Presidente, el derecho ambiental chileno internacional se sostiene sobre dos pilares fundamentales, que no son adornos retóricos, son obligaciones del Estado de Chile.

El principio preventivo es el alma del Servicio de Evaluación Ambiental: exige evaluar antes, no después; exige anticiparse al daño, no lamentarlo. Un proyecto no puede ejecutarse sin saber qué impacto generará sobre el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad, las personas. Siempre la prevención será más eficiente que la reparación, porque reparar cuesta más y daña a ciudadanos.

Por lo tanto, este proyecto debe fortalecer la prevención, no debilitarla.

Segundo principio: el principio precautorio, consagrado en nuestra legislación y en tratados internacionales. Y digo "tratados internacionales" porque Chile tiene una amplia red internacional de convenios de ese tipo y comerciamos con todo el mundo.

No cometamos errores que terminen amenazando sanciones internacionales en contra de nuestro país.

Este principio nos dice: ante la duda sobre un grave daño, si este es...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor MOREIRA (Vicepresidente).-

Treinta segundos, para que redondee, senador.

El señor DE URRESTI.-

La falta de certeza científica absoluta no puede ser excusa para postergar las medidas.

Señor Presidente , ¿qué está realmente en juego? Nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático, la integridad de nuestros ecosistemas, el derecho de las comunidades a participar y acceder a la justicia y la credibilidad de nuestra institucionalidad ambiental.

Por eso, vamos a presentar un conjunto de solicitudes de votación separada, para que estos principios sean reconocidos, consagrados y no debilitados.

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

¡Los últimos serán los primeros!

El proyecto que estamos discutiendo no es un intento aislado, es el tercer esfuerzo en seis años por destrabar un sistema que, aunque necesario, hoy es insostenible para la inversión.

Actualmente, los proyectos más importantes de nuestro país quedan atrapados en un laberinto de burocracia y judicialización, que puede tardar años en resolverse.

Esta reforma busca precisamente inyectar certeza, rapidez y criterios técnicos donde hoy reina la incertidumbre.

Dentro de los ejes de esta iniciativa quisiera destacar la rectoría técnica del SEA, que termina con la discrecionalidad de servicios que piden informes innecesarios.

El Servicio de Evaluación Ambiental asume el mando técnico, pudiendo desestimar solicitudes infundadas o sobreabundantes. Evaluamos con ciencia, no con burocracia.

Por otro lado, la calificación de los proyectos pasará a manos de los directores regionales del SEA, devolviendo la decisión a los técnicos y alejándola de las presiones políticas de turno.

Sin embargo, para que este proyecto se transforme en una ley realmente efectiva, debemos ser cuidadosos con las rigideces. Por eso apoyaré las solicitudes votación separada respecto de la incompatibilidad territorial y los sitios prioritarios.

No podemos permitir una redacción deficiente y que cierren los proyectos técnicamente viables antes de ser evaluados.

La ministra de Medio Ambiente ha sido clara: la situación actual es crítica. Debemos pasar de un sistema que obstaculiza a uno que garantice el cumplimiento ambiental con agilidad, por la inversión, por el empleo y por el estándar ambiental moderno y serio.

Gracias, Presidente .

Obviamente, mi voto va a ser favorable.

El señor NÚÑEZ .-

Sí, Presidente , como hay muchos senadores y senadoras que no integraron la comisión, quiero aclarar que con esta norma se eliminan los resultados de los criterios e indicadores de seguimiento y cumplimiento, que son parte de la evaluación ambiental estratégica.

Esa es la razón por la que algunos consideramos que fue un error lo que se obró en la Comisión, porque la evaluación ambiental estratégica tiene como objetivo dar más fundamento al proceso.

Entonces, que se elimine ese requisito, a mi juicio, es un error.

Por eso, Presidente, en este caso es pertinente votar en contra, porque se eliminó algo que es importante que esté presente.

--Se aprueba la letra b) del número 4 del artículo primero (21 votos a favor, 18 en contra y 3 pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Balladares, Flores, Gatica y Kaiser y los señores Becker, Calisto, Carter, Edwards, Flores, Gahona, Keitel, Longton, Macaya, Moreira, Sanhueza, Squella, Trisotti, Urrutia, Van Rysselberghe, Vial y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Astudillo, Campillai, Cicardini, Órdenes, Pascual, Provoste, Sánchez, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro, Celis, De Urresti, Huenchumilla, Ibáñez, Mirosevic, Núñez, Saavedra y Velásquez.

Se encontraban pareados el señor Bianchi con la señora Cariola, el señor Cruz-Coke con la señora Carvajal y el señor Kuschel con el señor Espinoza.

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

Queda aprobada la modificación de la Comisión de Medio Ambiente.

El señor GAHONA.-

La disposición, en la parte final, dice: "Deberán calificarse de forma desfavorable los proyectos o actividades que sean incompatibles con los instrumentos de planificación de carácter obligatorio que se encuentren vigentes".

¿Por qué estamos pidiendo votación separada? Porque tenemos que darle un poco más de flexibilidad a esto. Estas cosas no son binarias, blanco o negro; son flexibles. Y, evidentemente, con medidas de mitigación o de compensación se pueden resolver.

La disposición que se incorpora a través de la lera d) del número 5 impone un rechazo obligatorio a los proyectos incompatibles con los instrumentos de planificación, sin otorgar ningún margen de negociación, por ejemplo, o de apreciación.

La norma ignora la compatibilidad de un proyecto, que no siempre tiene un carácter binario -es lo que decía recién-; también determina la compatibilidad de poder requerir un análisis técnico detallado, especialmente en caso de superposición de áreas o bajo condiciones específicas.

Los instrumentos de planificación no siempre están actualizados.

Presidente , queremos suprimir esa frase porque rigidiza demasiado la evaluación de impacto ambiental en lo que dice relación con la compatibilidad territorial de los proyectos. Porque las cosas no pueden ser A o B, negro o blanco, sino que hay que dar la posibilidad de margen de negociación, con medidas de mitigación o de compensación.

De ahí que he pedido votación separada, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ .-

Presidente , acá lo que ocurre es que el texto que nos ponen en el comparado establece que cuando hay un ordenamiento territorial ese ordenamiento territorial está por sobre el proyecto en cuestión que se plantee. Entonces, los que creemos que el ordenamiento territorial se hizo como un proceso democrático, con los gobiernos regionales, debe ser respetado en este caso, por lo que tendríamos que apoyar el texto que viene de la Comisión, a diferencia de lo que propone el senador Gahona , que lo quiere rechazar.

--Se aprueba la supresión de la frase "y ordenamiento territorial, de riesgo de desastres y de cambio climático", en el inciso tercero contenido en la letra d) del numeral 5 (21 votos a favor, 19 en contra y 3 pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Balladares, Flores, Gatica y Kaiser y los señores Becker, Calisto, Carter, Edwards, Gahona, Keitel, Lee, Longton, Macaya, Moreira, Sanhueza, Squella, Trisotti, Urrutia, Van Rysselberghe, Vial y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Astudillo, Campillai, Cicardini, Órdenes, Pascual, Provoste, Sánchez, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro, Celis, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Ibáñez, Mirosevic, Núñez, Saavedra y Velásquez.

Se encontraban pareados el señor Bianchi con la señora Cariola, el señor Cruz-Coke con la señora Carvajal y el señor Kuschel con el señor Espinoza.

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

Aprobada la supresión.

Se habían contabilizado 22 votos, pero son 21 porque se votó mal...

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

Yo voy a dar la explicación, señor Secretario .

Quiero dejar constancia de lo siguiente: cuando el Vicepresidente preside la sesión, la votación que le corresponde tiene que trasladarse automáticamente al pupitre de la Presidencia . Digo esto porque aparezco en dos votaciones votando donde le correspondía a la Presidenta .

Pero eso no incide en la votación.

Y, en segundo lugar, tengo que decir que es un error más de computación...(Diálogos y risas en la sala).

¡No, pues, si las cosas hay que decirlas como son!

Senadora Pascual, ¿usted había pedido la palabra?

La señora PASCUAL.-

Presidente, ya pasó. Entiendo que lo que vale es la interpretación que hizo la Mesa.

Pero quisiera agregar que en la votación separada no se vota lo que la Comisión suprime, sino el texto como llega a la sala.

Solamente quería decir eso, relacionado con lo procedimental.

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

Tiene toda la razón.

El señor DE URRESTI.-

Presidente , obviamente estamos pidiendo votación separada porque estamos anticipándonos. No podemos ignorar el cambio climático en la evaluación ambiental.

No podemos aprobar proyectos en zonas inundables, en áreas de estrés hídrico o en territorios indígenas protegidos por distintos instrumentos, como los PROT. O, si no hay plan regulador, no podemos quedarnos sin hacer las consultas necesarias.

Por eso hemos solicitado esta votación separada, toda vez que se dio la discusión de los instrumentos de planificación territorial, ya sea regionales o comunales.

Esa es la situación que se omitió en la Comisión de Hacienda.

Por lo mismo, estamos pidiendo votación separada y que se vote a favor esta indicación.

El señor EDWARDS .-

¿Qué página?

El señor MOREIRA (Vicepresidente).-

Página 16 del comparado.

El señor DE URRESTI.-

Página 16, quinta columna

El señor GAHONA.-

No, Presidente , ¡si ya argumentó a favor de la votación separada el senador De Urresti y yo voy a votar en contra de lo que él plantea!

Lo que quiero saber es cómo vamos a votar ahora, porque recién quedamos un poco confundidos con la forma de la votación separada.

--Se rechaza la letra d) del número 5, que reemplaza el inciso tercero del artículo 8° (21 votos en contra, 19 a favor y 3 pareos).

Votaron por la negativa las señoras Balladares, Campillai, Flores, Gatica y Kaiser y los señores Becker, Calisto, Carter, Edwards, Gahona, Keitel, Lee, Longton, Macaya, Sanhueza, Squella, Trisotti, Urrutia, Van Rysselberghe, Vial y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Astudillo, Cicardini, Órdenes, Pascual, Provoste, Sánchez, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro, Celis, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Ibáñez, Mirosevic, Moreira, Núñez, Saavedra y Velásquez.

Se encontraban pareados la señora Cariola con el señor Bianchi, el señor Cruz-Coke con la señora Carvajal y el señor Kuschel con el señor Espinoza.

El señor MOREIRA ( Vicepresidente ).-

Se rechaza.

El señor GAHONA.-

Presidente, vuelvo a señalar lo que dije al principio.

Por lo que veo, estamos votando alternadamente los textos que no fueron aprobados por unanimidad sino por mayoría en cada una de las votaciones en particular en las comisiones, con las votaciones separadas, conforme al orden del articulado.

Por lo tanto, estamos mezclando los textos que vienen desde las comisiones con las votaciones separadas.

Entonces, creo que lo más importante es que el Secretario nos diga cómo fue la votación en la comisión, porque eso guía inmediatamente respecto a cómo va a votar cada bancada.

Con eso es suficiente, porque, si nos ponemos a argumentar cada uno, vamos a terminar la próxima semana.

Y en el caso de las votaciones separadas, que se expliquen como lo hemos venido haciendo hasta ahora.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, por un tema de , que siempre hemos tenido en el Parlamento, no corresponde que, producto de una votación que no se ha interpretado adecuadamente, gane uno u otro sector. Creo que eso siempre lo hemos tenido claro.

fair play

El senador Gahona tiene razón en que hay un conjunto de votaciones que fueron por mayoría, no unánimes, y por tanto, nosotros estamos pidiendo que se voten y se apliquen las mayorías.

Yo lo que pediría es que tal vez suspendamos la sesión por cinco minutos y hagamos una reunión de comités para ordenar esto, de modo que todas aquellas modificaciones que no fueron unánimes las concentremos y hagamos una votación, dando la discusión respecto de aquellas normas respecto de las cuales se ha pedido votación separada, donde hay una controversia distinta.

Tomémonos cinco minutos, suspendamos la sesión y hagamos una tabla de votación, de manera tal que tengamos claro lo que vamos a votar por parte de cada conglomerado.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Mire, hay que entender, dentro de este ánimo, que algunos colegas, si bien pueden tener mucha capacidad personal y profesional, aún no están familiarizados con la técnica legislativa.

Era recontra fácil plantear, por ejemplo, en la votación anterior, que el texto vigente señalaba tal cosa y lo único que se sustituía era una palabra. ¡Era refácil! El énfasis estaba en la palabra "exclusivamente". ¡Ese era el debate!

Entonces, cuando uno se refiere al texto original versus el que se plantea modificar, sería supersimple hacerlo así; eso ayudaría, mientras tanto, y sería más comprensible.

Todos partimos alguna vez como parlamentarios y es difícil entender el idioma, el procedimiento y lo demás. ¡Y es tan fácil explicarlo desde la Secretaría, Presidente!

Ojalá que lo vean ahora en comités.

Debería ser didáctico el inicio.

El señor GAHONA.-

Presidente, voy a argumentar a favor del texto que viene desde la Comisión de Medio Ambiente, que es producto de largas discusiones y de votaciones de mayoría.

Lo aprobado apunta fundamentalmente a modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a agilizar los procesos, a generar certeza jurídica, a entregar un nivel de rectoría mucho mayor al SEA para evitar las abultadas y muchas veces insignificantes preguntas que se hacen desde los servicios, en la idea de que estos procesos sean mucho más rápidos y eficientes, y den certeza jurídica a los titulares y a los afectados por los proyectos.

Básicamente, en eso consiste este cuerpo de normas que estamos votando y que viene aprobado por mayoría desde la Comisión de Medio Ambiente.

El señor DE URRESTI.-

Presidente , solicitamos esta votación, y nuestros representantes en la Comisión votaron en contra, porque no caemos en esta falsa dicotomía de mejorar, simplificar el Servicio de Evaluación Ambiental. Nosotros deseamos también que este sea eficiente, que dé certeza, pero eso no debe ser a costa del medioambiente.

Cuando aquí se quiere poner un fast track, cuando se quieren bajar determinadas normas, cuando no se quieren respetar principios que están en nuestros tratados internacionales, los cuales votamos en la Ley Marco de Cambio Climático, como argumenté anteriormente (principios de no regresión, de equidad intergeneracional), debemos compatibilizar esta actualización, esta articulación no en la falsa dicotomía de los que quieren el progreso y el desarrollo versus los que se niegan.

¿Quién de nosotros -lo comentábamos con varios senadores acá- podría estar en contra de tal o cual proyecto de industria o de desarrollo de determinada actividad? Hemos aprendido por la experiencia -¡por la experiencia-! que cuando no hay evaluación ambiental estratégica, cuando no se analizan los efectos acumulados del medioambiente que van destruyendo los ecosistemas, cuando vemos que se fraccionan los proyectos para eludir las magnitudes de impacto, el Servicio de Evaluación Ambiental -legítimamente entendemos esto- constituye un patrimonio que hemos ido construyendo, en que hay experiencia y antecedentes para dar la respectiva discusión.

Y es el mismo elemento que se vincula con el sistema medioambiental. El que tengamos tribunales ambientales no es porque se le ocurrió a alguien: es una recomendación internacional en el sentido de que contáramos con organismos jurisdiccionales independientes, especializados para así evitar el recurso de protección, el cual se ha utilizado en demasía y era la única acción de garantía constitucional que había para respetar y hacer cumplir el N° 8 del artículo 19 de la Constitución.

Entonces, yo les pido, estimados colegas, no que militemos todos en el ambientalismo y en el respeto irrestricto del medioambiente, sino que cumplamos las normas internacionales, que cumplamos la propia legislación. Mejoremos los procedimientos -¡qué duda cabe!-, capacitemos al personal, utilicemos el silencio administrativo cuando corresponda, pero en un sistema coherente. Porque estos atajos, estas premuras, estos impulsos de creer que a través de estas cuestiones van a mejorar la inversión y los indicadores tarde o temprano nos llevarán a desastres ambientales que, desgraciadamente, no solo cuestan recursos, sino también reputación y conflictividad en determinados territorios.

Ese es el debate de fondo en este conjunto de normas, no la falsa dicotomía de progreso versus los que no quieren progreso o desarrollo: acá se trata del cumplimiento de la normativa en la materia. En particular, y se lo he señalado a la ministra en la Comisión -por su intermedio, Presidente -, ¡ojo con nuestros acuerdos internacionales! La comunidad internacional nos mira, con relación a nuestros productos en distintos lugares, si se aplican o no el dumping ambiental u otros elementos cuando competimos internacionalmente.

Que el atajo corto de creer que con esto simplificamos, construimos más rápido y generamos empleo no nos cueste en el futuro demandas o presentaciones internacionales. Eso no lo queremos para ningún sector industrial; pero debemos anticiparlo para los efectos de tener un mejor país, que progrese, que se desarrolle, que genere empleo, pero cumpliendo los principios internacionales.

El Acuerdo de París lo suscribimos entre todos; lo firmó el Estado de Chile, y hemos honrado cumplirlo.

Simplemente eso, Presidente .

La señora SEPÚLVEDA.-

Gracias, Presidente.

Yo solo quiero dejar constancia de que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con lo que ocurrió en comités, ¡no estamos de acuerdo!, porque creemos que en esta materia tan importante deberíamos haber votado una a una las normas propuestas, a pesar de que el sector esté perdiendo, para ser conscientes de lo que estamos haciendo y no solo pronunciarnos respecto de un paquete de cosas.

¡Porque esto es muy relevante para el país!

Entonces, deseo dejar constancia de ello, Presidente . Y quiero saber, además, cuántas votaciones nos estamos ahorrando aquí, en vez de hacer el trabajo de ver una a una estas modificaciones.

La señora PASCUAL.-

Presidente, si me permite, lo que estaban proponiendo agrupar son solo nueve votaciones; el resto queda para el próximo martes. Entonces, creo que no es tan largo si vamos votando una a una las normas, para que cada uno tenga la tranquilidad de lo que está haciendo.

Lo que se está votando en este minuto es lo que figura en la página 28, esto es, eliminar del artículo 10 la palabra "exclusivamente" en su encabezamiento.

El artículo 10 señala: "Los proyectos o actividades que son susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, y que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son exclusivamente los siguientes". Y luego hace una enumeración taxativa en literales.

Está bien que se pueda ejemplificar de esa manera. Pero, efectivamente, cuando en general las leyes son tremendamente taxativas con esos catálogos, lo que finalmente ocurre es que, en uno, dos, tres o cinco años más y por distintas circunstancias, se deben hacer constantes modificaciones a la legislación, porque a cada rato vamos a encontrar nuevos fenómenos.

La votación que viene después, tocante a la eliminación de la letra d) del mismo artículo, dice relación con suprimir la palabra "mayores"; después se hace lo propio con la expresión "estaciones de servicio". Por lo tanto, está sacando eso de la evaluación de impacto ambiental.

También en la letra d) se está eliminando la expresión "suelos frágiles".

Entonces, me parece que se trata de temas bien delicados, como lo relativo al transporte, en fin.

Nosotros estamos votando en contra de esto, porque creemos que esos textos deberían haber quedado así, y no compartimos la modificación que hace la Comisión de Medio Ambiente.

Sin embargo -insisto-, ya se había llegado a un acuerdo para hacer economía en la votación, a fin de resguardar que las votaciones por separado y las de quoru calificado pasaran para el próximo martes; de modo que no entiendo la complicación de realizar estas nueve votaciones rápidas de cada uno de los temas.

Eso.

--Se aprueban las modificaciones acogidas por mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, con excepción de aquellas que revisten carácter orgánico constitucional y aquellas respecto de las cuales se solicitó votación separada (22 votos a favor, 15 en contra y 3 pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Balladares, Flores, Gatica y Kaiser y los señores Becker, Calisto, Carter, Cruz-Coke, Edwards, Gahona, Keitel, Lee, Longton, Macaya, Moreira, Ossandón, Sanhueza, Squella, Trisotti, Urrutia, Vial y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Astudillo, Cicardini, Órdenes, Pascual, Provoste, Sánchez y Sepúlveda y los señores Celis, De Urresti, Flores, Ibáñez, Mirosevic, Núñez, Saavedra y Velásquez.

Se encontraban pareados la señora Cariola con el señor Bianchi, el señor Kuschel con el señor Espinoza y el señor Van Rysselberghe con el señor Castro.0020

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

Quedan aprobadas las normas referidas.