Labor Parlamentaria

Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

Ofrezco la palabra.

El turno siguiente, corresponde al Comité Nacional.

Pido la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Pérez de Arce.

Señor Presidente, nosotros los parlamentarios del Partido Nacional.

Que andamos con pistola.

entendemos que esta Cámara se reúne hoy día, no sólo para analizar la situación de quiebra jurídica general que sufre el país; no sólo para analizar los hechos de sangre...

Sino para disparar.

Ruego a la Diputada señora Baltra guardar silencio.

...a los que con brillo se refirió el Diputado señor Ossa.

Señor Acuña, le ruego guardar silencio.

Entendemos que el tema de preocupación de todos los chilenos, además del caos, el ensangrentamiento, la división, el hambre que están asolando al país, debería ser, para nosotros muy en particular, el de la propia sobrevivencia, amenazada, de este Congreso Nacional.

Si en Chile la juridicidad ha dejado de imperar, como yo creo que todos tenemos conciencia de que acontece, se debe en gran medida, a que precisamente este Poder Legislativo, representado por nosotros, elegidos por el pueblo algunos y otros por artificios y resquicios, de los cuales esperamos prontamente que esta Cámara se entere en detalle, ha sido despojado de sus funciones propias y fundamentales.

Hemos manifestado reiteradamente al país que el Poder Ejecutivo ha dejado de encuadrarse en la Constitución y en las leyes, porque los casos de transgresión, los testimonios irrefutables que así lo prueban, no suman, ya cientos, sino miles. Hemos dicho al país que el Partido Nacional estima que esto ha dado lugar a la ilegitimidad del ejercicio del actual Gobierno, del mandato del ciudadano Salvador Allende Gossens, a quien los chilenos —hemos sostenido públicamente— no pueden ya continuar obedeciendo como Presidente de la República, y tenemos razones para hacer esta afirmación.

Hemos llamado en fin al Congreso Nacional a pronunciarse sobre este punto y empeñado todos nuestros esfuerzos en esta tarea porque consideramos que el no hacerlo implica una complicidad imperdonable, en el proceso de destrucción que vive la República, puesto que para todos es evidente que las transgresiones a la juridicidad han ido a parejas con el proceso de ruina general que afecta al país.

Pero tal vez lo que no hemos señalado con suficiente énfasis, señor Presidente, es hasta qué punto esta sede de un poder público, el Legislativo, ha perdido sus principales atribuciones constitucionales por la vía del desbordamiento arbitrario de la invasión dictatorial que de ellas ha hecho el Ejecutivo.

La democracia, señor Presidente, señores Diputados se funda en el equilibrio entre los Poderes del Estado, porque no hay peor enemigo para la democracia que la concentración del poder. Por eso ya el propio barón de Montesquieu hace siglos, concebía la teoría de los contrapesos constitucionales, la desconcentración del poder porque esos contrapesos recíprocos eran la mejor garantía de pluralismo de respeto a la voluntad popular mayoritaria.

Por eso la democracia exige que cada poder público respete las atribuciones de los demás y limite las propias en cuanto a que ellas puedan oponerse recíprocamente.

Nosotros hoy concretamente queremos acusar al señor Salvador Allende Gossens de haber invadido dictatorial y arbitrariamente las principales atribuciones no sólo del Poder Legislativo, sino también del Poder Judicial. Pero, de esto último, ya se ha encargado la Corte Suprema en reiteradas ocasiones de dejar pública constancia.

En efecto, señor Presidente, hemos visto cómo el Congreso ha quedado reducido a un papel mísero y lamentable en el carácter que le da la Constitución de colegislador en el quehacer financiero, económico del país. Este poder que teóricamente, constitucionalmente es colegislador en la tarea fundamental de aprobar o rechazar los recursos con que cuenta el Estado, hoy, sin embargo, a raíz de procedimientos de facto, dictatoriales, inconstitucionales, se encuentra uno con que la incidencia de su opinión en el manejo económico del país no alcanza más allá, tal vez —y escúchenlo bien, señores parlamentarios— del 10% de las finanzas públicas. Incluso podríamos sostener que las nuevas décimas partes de la autoridad del Congreso, en materias económicas, ha sido inconstitucionalmente clausurada.

Desde el punto de vista del importantísimo manejo económico del país, estamos como una institución que ha sido víctima de una clausura inconstitucional.

¿Por qué digo esto? Voy a dar algunas cifras, señor Presidente. Hemos aprobado este año, en el Congreso Nacional, un presupuesto de 137.000 millones de escudos. Sin embargo, nos encontramos con que ya al mes de julio se había gastado por el Ejecutivo 120.000 millones de escudos más que esa cantidad aprobada por el Congreso. Además, sabemos que en el área social hay un déficit de alrededor de 200.000 millones de escudos —recordemos que no estoy hablando del presupuesto— área social que se ha formado también al margen de la constitucionalidad y de la ley.

De tal manera que si hacemos un cálculo moderado y prudente podemos llegar perfectamente a la conclusión de que la economía pública la economía estatal controla en estos momentos alrededor de 1 billón y medio de escudos, y que el Congreso Nacional tiene influencia, puede aprobar o rechazar, apenas un 10% o menos, tal vez de esa suma. Esto se traduce en que el Congreso Nacional ha perdido por esta vía la tuición que le corresponde en las finanzas públicas, en la vida de la producción del país. Y a esta situación se ha llegado de una manera crudamente dictatorial, de facto, despojando precisamente al Congreso de otra atribución suya, de la que el artículo 10 de la Constitución, en su inciso 7 le otorga para que sólo por ley pueda privarse a particulares del dominio sobre los bienes de producción, cosa que en Chile, eso lo sabemos todos lo hemos escuchado de labios de funcionarios públicos, lo hemos escuchado en la cuenta que el Presidente de la República rindió el 21 de mayo último, se ha hecho por decreto, por decreto se ha formado la llamada área social ¿No es esto sino un crudo atropello a la constitucionalidad? ¿No es esto sino un crudo desborde dictatorial del Ejecutivo?

Por otra parte, el artículo 44, número 1 de la Constitución, establece que sólo por ley se puede imponer contribuciones de cualquiera naturaleza.

Sin embargo, ¿qué sucede en la práctica? Nos encontramos con que estas contribuciones que sirven para financiar los gastos del Estado provienen simplemente de una decisión administrativa, de meras resoluciones del Ejecutivo que a veces ni siquiera son por escrito, cual es el artificio de las emisiones. Y quiero dar a conocer algunos antecedentes que revelan hasta qué punto estas trasgresiones dictatoriales se han traducido en un caos total dentro del procuramiento de recursos públicos por parte del Ejecutivo.

El año pasado se imprimieron billetes en la Casa de Moneda a razón de 2 y medio miles de millones de escudos mensuales; en el primer semestre de este año, a razón de 5 mil millones de escudos mensuales y tenemos informaciones de que en estos días se ha hecho llegar a la Casa de Moneda una instrucción para imprimir 8 mil millones de escudos semanales en la Casa de Moneda.

¿Qué significa esto? Significa que por resolución administrativa el Ejecutivo está creando recursos que multiplican muchísimas veces cualquiera autorización que se le haya conferido por ley y tenemos que decir que estas creaciones de recursos mediante emisiones son, en realidad, un impuesto que paga toda la población porque cada billete inorgánico que se imprime consiste simplemente en rebajar el valor, en establecer un tributo sobre cada billete que existía con anterioridad a ese billete inorgánico. Ese es un impuesto que el Ejecutivo está estableciendo diariamente al margen de las autorizaciones concedidas por las leyes, porque nadie honestamente puede pensar que la ley dictada hace más de un cuarto de siglo que autoriza al Banco Central para conceder préstamos ocasionales a la Tesorería General de la República como anticipo al ingreso de recursos públicos que no se han podido captar en su oportunidad, pueda servir de fundamento, como lo está sirviendo ahora, para hacer esta emisión completamente descontrolada, esta emisión enloquecida que tiene hoy en quiebra a la economía nacional, de espaldas al Congreso Nacional. Porque en una democracia debe entenderse que los poderes públicos deben someterse en cuanto a las atribuciones de los otros poderes públicos así lo imponga y determine la Constitución Política del Estado. En eso consisten los contrapesos democráticos en la sumisión.

El Ejecutivo que no cuenta con recursos apoyados mediante una ley constitucionalmente dictada, debe someterse e inclinarse ante esa voluntad parlamentaria, y aquí no ha sucedido eso, aquí el Ejecutivo ha invadido sistemáticamente las atribuciones del Congreso Nacional. Por eso nosotros entendemos que la situación en que se ha ubicado el titular del Ejecutivo, el señor Allende, es una situación dictatorial, y por eso hemos llamado al Congreso Nacional, a añadir su declaración a las ya reiteradamente formuladas por la Corte Suprema, en representación del Poder Judicial. Poder Judicial que ha expuesto clarísimamente ante el país la forma cómo el Presidente de la República ha invadido su campo y sus facultades propias y exclusivas de una manera también dictatorial.

No quiero extenderme, para dar tiempo a otros colegas de estos bancos, en el mayor y más grave de los abusos; no haber promulgado, lisa y llanamente las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso Nacional, actuación del señor Allende que viene a rubricar la situación de juridicidad que vive el país. De ella han tomado suficiente nota todos los sectores de este Congreso y de la opinión pública.

Por eso, señor Presidente, termino señalando que en estos instantes nos encontramos en esta Cámara frente a la responsabilidad de reivindicar la Constitución que ha sido violada y transgredida, y en la obligación de emitir un pronunciamiento tal que permita que en el país se tomen las medidas necesarias para que se vuelva a los cauces constitucionales, a los cauces en que este Congreso Nacional pueda otra vez volver a desempeñar el papel del cual ha sido despojado y que la Constitución le otorga.

Muchas gracias.