Labor Parlamentaria

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor HERNÁNDEZ (de pie).-

Señor Presidente , la Comisión Especial Investigadora del proceso de concesiones carcelarias cumple con emitir su informe, según la competencia que le fuera asignada.

La Comisión escuchó a diversas personas que, según su cargo o participación en el proceso de concesiones carcelarias, aportaron los antecedentes que sirvieron de base para elaborar el presente informe.

Estas personas son las siguientes: el ex ministro de Obras Públicas , señor Jaime Estévez ; el ex ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán ; el actual ministro de Obras Públicas , señor Sergio Bitar Chacra ; el ex director general de Obras Públicas , señor Carlos Rubilar ; la directora nacional de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, señora Verónica Serrano ; el coordinador de Concesiones de Obras Públicas, señor Gonzalo Cordua ; el ex director general de Obras del Ministerio de Obras Públicas , señor Patricio Aguilera ; el fiscal de Obras Concesionadas , señor Jorge Maureira ; la ex coordinadora de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, señora Francisca Castro ; el ministro de Justicia , señor Carlos Maldonado ; la jefa de la Oficina de Planes y Estudios del Ministerio de Justicia, señora Beatriz Barrera ; el director nacional de Gendarmería de Chile , señor Alejandro Jiménez ; el jefe de la Unidad de Concesiones de Gendarmería de Chile, señor Marcos Lizana ; el presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios , Anfup, señor Pedro Hernández; el contralor general de la República , señor Ramiro Mendoza ; la subjefa de la División de Vivienda, Urbanismo, Obras Públicas y Transportes de la Contraloría General de la República, señora María Isabel Carril ; el constituyente de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal, denominado Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria , Grupo 1, señor Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta ; el abogado de las Agrupaciones de Pymes de Puerto Mott, Valdivia , Antofagasta y Santiago, señor Braulio Sanhueza ; el representante de agrupaciones de Pymes de Puerto Montt , Valdivia y Santiago, señor Alejandro Aravena ; el representante de agrupaciones de Pymes de Puerto Montt , Valdivia y Santiago, señor César Larenas ; el representante de agrupaciones de Pymes de Antofagasta y Santiago, señor Ricardo Chehade ; el representante de agrupaciones de Pymes de Antofagasta y Santiago, señor Jorge Mazú , y el reverendo Luis Egaña , capellán de la cárcel de Rancagua.

Por otra parte, durante el ejercicio de su cometido, la Comisión despachó 63 oficios, cuya nómina detallada se encuentra en el informe que obra en poder de los señores parlamentarios.

Los principales organismos requeridos fueron el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Justicia y la Contraloría General de la República.

Por último, cabe destacar que esta Comisión no tuvo acceso a algunos datos requeridos, ya que éstos eran materia de procedimientos judiciales pendientes a la fecha de su funcionamiento.

A continuación, se hace una relación de los principales hitos producidos en cada uno de los grupos de concesión carcelaria, obtenidas de una auditoría técnico-financiera realizada por la Contraloría General de la República, cuyos resultados se consignaron en el dictamen Nº 30.978, de 4 de julio de 2008.

Grupo 1.

A) Aspectos financieros.

Según las bases de licitación, el presupuesto oficial estimado de las obras fue de 2.800.000 unidades de fomento, valor que no incluyó el impuesto al valor agregado.

Adicionalmente, por acuerdo de la Comisión Arbitral del Contrato, el Ministerio de Obras Públicas debería pagar a la sociedad concesionaria la suma de 2.400.000 unidades de fomento, situación que se encuentra pendiente de resolución en los tribunales.

B) Aspectos técnicos.

Establecimiento Penitenciario de Alto Hospicio , Iquique.

Durante la fiscalización se observó:

-Desaplome, desplazamiento horizontal y asentamiento en muro de hormigón armado situado en el módulo 52 (M-52), sector patio. Similar situación respecto a los muros de los módulos 12, 31, 41 y 76.

-Afloramiento de humedad en pinturas de cielos en sector comedores de los módulos 13, 14, 15 y 16, y filtraciones a través de ductos ubicados en módulos de talleres.

-Generalizado nivel de terminación deficiente que se aprecia en la irregularidad de sus superficies de muros y pavimentos.

Establecimiento Penitenciario de Huachalalume , La Serena:

Durante la fiscalización se observó:

-Desaplome en un muro de 8 metros de altura y filtración en baño de personal de la escuela.

-Falta de registro de mantenciones realizadas que indiquen calidad de los materiales, periodicidad y autorizaciones de la inspección fiscal, de acuerdo al Programa de Mantención de Infraestructura.

-No hay registro del cumplimiento de lo observado por la asesoría al concesionario, en los plazos establecidos.

-Falta de registro de los resultados de la aplicación del Plan de Autogestión Ambiental que efectúa el concesionario y del cumplimiento de lo observado por Conama o Corema.

-Falta de alambrado de seguridad de los cierros de placas que circundan el predio que ocupa el establecimiento.

-El hospital interno cuenta con recepción parcial de funcionamiento y algunos artefactos quirúrgicos como lavamanos, mesones, mobiliario de enfermería no cumplen con la normativa sanitaria.

Establecimiento Penitenciario La Gonzalina de Rancagua.

Durante la fiscalización se señaló que se ha cumplido con la periodicidad de las mantenciones de infraestructura establecidas en las bases de licitación. No obstante, se observó desaplome en un muro de separación entre circulaciones y filtración desde losa hacia recinto de visitas.

Los niveles de servicio, los sistemas de seguridad y control han funcionado adecuadamente, cumpliendo con el estándar esperado.

Grupo 2.

A) Aspectos financieros.

Según las bases de licitación, el presupuesto oficial estimado de las obras fue de 1.800.000 unidades de fomento, valor que no incluye el IVA, gravamen que, de acuerdo a lo señalado por las mismas bases, el Ministerio de Justicia debía devolver a la sociedad concesionaria.

Por convenio de extinción de fecha 29 de septiembre de 2006, el Ministerio de Obras Públicas pagó a la sociedad concesionaria la suma equivalente a 1.658.000 unidades de fomento.

A la fecha de extinción del contrato, se encontraban disponibles para análisis, los siguientes antecedentes:

-El avance físico de las obras, según lo señalado por la inspección fiscal del contrato, era de aproximadamente un 43 por ciento.

-El avance financiero, a igual fecha, por la suma de 1.324.918 unidades de fomento, equivalían a un 73 por ciento del presupuesto oficial de las obras.

-La indemnización por extinción del contrato determinada por la Comisión Arbitral, ascendente a 1.658.000 unidades de fomento, ya fue pagada por el Ministerio de Obras Públicas y representó un 92 por ciento del presupuesto oficial de las obras, y excede en un 20 por ciento a la inversión efectuada por la sociedad concesionaria.

B) Aspectos técnicos.

Establecimiento Penitenciario Enlace Uribe , Antofagasta.

La Contraloría Regional de Antofagasta efectuó durante 2005 una fiscalización a las obras paralizadas del establecimiento penitenciario Enlace Uribe , cuyo resultado fue remitido al Ministerio de Obras Públicas.

Las observaciones registradas en esa oportunidad se ratificaron por la Contraloría General, dado que se mantuvo el estado de abandono de las obras.

Establecimiento Penitenciario El Manzano, Concepción.

El informe de Contraloría consigna que, independiente de los problemas derivados del abandono de las obras: deformaciones en vigas, muros, corrosión en enfierraduras e instalaciones eléctricas y sanitarias deterioradas, se constatan los siguientes defectos constructivos:

-Elementos estructurales de hormigón que, en su base, presentan nidos de áridos y oquedades, reformación y desplazamiento de armaduras, debido a inadecuados procesos de hormigonado y vibrado.

-Material de residuo en juntas de trabajo y construcción.

-Sección de elementos menores a los especificados en proyecto de estructura y algunos con recubrimientos de su enfierradura menores al mínimo exigido.

-Falta de afianzamiento a la fundación de un machón triangular, entre ejes G y 12 de muro en el módulo RME 3.

-Fisuras y grietas verticales, desprendimiento de hormigón en las uniones a las losas en algunos muros de edificios de reclusión, como también fisura continua transversal que compromete fundación, radier, muro y viga superior en pabellón RME 789, producto del asentamiento producido.

-Encuentro entre losa y muros divisorios entre celdas no corresponde al detalle estructural.

-Inclinación que permanece apuntalada para evitar mayores inclinaciones en muro de ronda.

-En las instalaciones sanitarias se observó uniones entre tubos mediante expansión y sello, que no corresponden a lo especificado.

Grupo 3.

A) Aspectos financieros.

De acuerdo a las bases de licitación, cláusula 1.3.1, el presupuesto oficial estimado de las obras fue de 2.750.000 unidades de fomento, valor que no incluyó el IVA.

Costos Adicionales.

Como resultado del acuerdo propuesto por la Comisión Arbitral, existe un Convenio Complementario que contempla el pago por parte del Ministerio de Obras Públicas, de 980.000 unidades de fomento.

Asimismo, establece un incremento en el subsidio fijo a la operación de 11.000 unidades de fomento semestrales, cifra que proyectada al plazo de la concesión equivale a 450.000 unidades de fomento.

Entre los costos complementarios más importantes de esta concesión, se encuentran los contratos de asesoría a la inspección fiscal.

B) Aspectos técnicos.

Establecimiento Penitenciario Santiago 1.

Los planes de mantenimiento de infraestructura, reparación y mantenimiento se han aplicado con la periodicidad establecida, registrando actividades de atención anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal, diaria y por evento.

El funcionamiento del establecimiento muestra un nivel de logística de alta complejidad. No obstante, se repite lo observado en otros recintos en cuanto a que el nivel de terminación no alcanza el estándar esperado.

Establecimiento Penitenciario de Valdivia.

-En el sector de los talleres industriales se aprecian fisuras y grietas en radieres de patio de los módulos de máxima seguridad.

-Filtraciones de aguas lluvia en zócalos y antepechos de numerosas ventanas.

-Saturación de humedad en algunos muros y en otros, estucos soplados y agrietados.

-Diseño ineficiente de evacuación de aguas lluvia en área intermedia de tránsito entre las celdas de máxima seguridad y el locutorio de dicho módulo donde se acumula el agua.

-Filtraciones en el túnel de acceso, provocado por aguas subterráneas provenientes del hualve adyacente.

-Diversos detalles, tales como colocación incompleta de remaches en las puertas de las cajas de registro en pasillos de módulos de reclusión, desprendimiento en el pavimento ubicado en el área de acceso a la sala cuna.

-El diseño de la capilla ecuménica no cuenta con un buen sistema de evacuación de las aguas lluvia.

-Otras dependencias, tales como clínica, escuela, gimnasio, venusterios, comedores, lavandería y sala cuna, funcionan normalmente.

-Respecto a los niveles de servicio, se verificó el cumplimiento y actualización del Programa Referencial de Mantenimiento de la Infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Valdivia, con actividades de atención con periodicidad mensual, semanal, diaria y por evento.

Establecimiento Penitenciario de Puerto Montt.

En general se observó:

-Fisuras, grietas, y filtraciones en muros, dinteles y antepechos de ventanas.

-Bajadas de agua lluvia no cuentan con pozo de drenaje, evacuando directamente sobre el pavimento.

-Inadecuado diseño entre pavimentos interiores y exteriores no resuelve adecuadamente el ingreso del agua lluvia.

-Detalles de terminación como ventanas sin seguros, abatimiento de puertas que bloquean la visión de las cámaras de seguridad, entre otros aspectos.

-El diseño de la capilla ecuménica presenta problemas respecto de la ineficiente evacuación de las aguas lluvia, al igual que lo observado en Valdivia.

Consideraciones, conclusiones y proposiciones aprobadas por la Comisión.

En primer término, los problemas detectados por la Comisión pueden sistematizarse de la siguiente forma:

1. Aquellos que dicen relación con las consecuencias que generó el perjuicio para las pequeñas y medianas empresas que participaron en el proceso de construcción de las cárceles en sus diferentes etapas.

La Comisión detectó que este grupo de problemas provocó consecuencias de carácter económico y, a raíz de aquello, de carácter laboral y financiero para las pymes.

A partir de las declaraciones de los invitados, se develó una serie de situaciones que si bien se encuentran amparadas en la ley de concesiones y, en general, en el ordenamiento jurídico que regula este tema, condujo a una serie de dificultades de carácter económico, laboral y social, tanto para los representantes de las pymes como para los trabajadores que se desempeñaban en cada una de estas empresas.

La identificación de procedimientos amparados en la ley y que perjudicaba a las pequeñas empresas, fue uno de los principales argumentos que se presentó para justificar la situación actual en la que quedaron los pequeños y medianos empresarios, con ocasión de la construcción en el Grupo 2 de Cárceles donde se encuentran las de Antofagasta y Concepción.

A modo de ejemplo, la ley no contemplaba mecanismos de solución rápidos y expeditos que resolvieran las controversias entre las pymes y las empresas concesionadas. Así las cosas, al tratarse de “problemas entre particulares”, debieron recurrir a la justicia ordinaria con el objeto de hacer efectivos sus derechos y acreencias. En este punto, creemos que el Estado tomó una actitud pasiva al no prever eventuales conflictos entre las propias pymes y las concesionarias. En este orden de ideas, pensamos que uno de los fundamentos centrales de la situación catastrófica que vivieron las empresas chilenas se debió a una improvisación en la implementación del plan de cárceles concesionadas.

Consultado sobre este punto el ministro Sergio Bitar , expresó que esta materia sería tratada en el proyecto de ley que modifica la ley de Concesiones de Obras Públicas, que a la fecha del funcionamiento de la Comisión Investigadora se encontraba en el Senado, y que fue tratada y aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de julio de 2009.

El Estado, a través del MOP, tuvo conocimiento de aquello, es decir, de la quiebra inminente de las pequeñas empresas chilenas, ya que éstas no pudieron hacer efectivas sus acreencias cuando las empresas contratistas no cumplieron con sus obligaciones financieras. No obstante lo anterior, nada hizo para solucionar el conflicto que se provocó y que se mantuvo en el tiempo con un perjuicio evidente para las pymes.

Esta actitud pasiva del Ministerio de Obras Públicas ante un problema evidente que afectaba a las pymes, contrasta con otras acciones ejercidas por otros ministerios ante pretensiones contrapuestas entre partes. A modo de ejemplo, la intervención del Ministerio del Trabajo para solucionar el conflicto entre Codelco y sus subcontratistas.

Además, se observó que el capital de las empresas concesionarias estaba por debajo de las obras ofertadas, lo cual no da satisfacción del cumplimiento de las obras, amén que permitía que se ofertara a un precio mucho menor, con lo que se dejaba afuera a empresas más solventes en el rubro de la construcción y más grandes que podrían satisfacer mejor los intereses demandados por el MOP. Asimismo, se aprecia que estas empresas concesionarias de bajo capital, han monopolizado la construcción de las distintas obras licitadas. A lo anterior, se suma el reglamento del MOP, que establece que debe adjudicarse al proyectista más barato, los que presentan deficiencias en la ejecución de las obras, que luego hay que arreglar a través de modificaciones de obras.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Dada la extensión del informe, solicito el asentimiento de la Sala para otorgar al diputado informante el tiempo suficiente para que concluya su exposición.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Puede continuar su señoría.

El señor HERNÁNDEZ.-

Gracias, señor Presidente ; gracias, honorable Cámara.

2º Perjuicio al Estado de Chile con ocasión del pago millonario por concepto de indemnización a las concesionarias de las cárceles.

Lo anterior quedó demostrado cuando, entre otros antecedentes, la Contraloría General de la República concluyó que si bien los ingresos y pagos están de acuerdo con las bases de licitación y convenios complementarios, el Ministerio de Obras Públicas debía dar cumplimiento a lo previsto en el dictamen Nº 59.275, de 2007.

Se indicó, por parte del contralor, que el MOP por acuerdo de las comisiones conciliadoras y arbitrales, ha desembolsado importantes sumas de dinero que sobrepasan ampliamente lo previsto en los contratos originales.

También se hizo presente que la propia Contraloría General del República emitió un informe denominado “Programa horizontal de fiscalización de obras públicas concesionadas”, a nivel nacional, con fecha 17 de febrero del año 2000, en el cual se efectuaron observaciones al procedimiento de conciliación que se llevaba a cabo en el proceso de concesiones carcelarias. La excesiva lentitud, lo que implicaba mayores costos para el Ministerio, en consecuencia, también para el Estado, se ha traducido en un mayor pago por parte del Ministerio de Obras Públicas, con lo cual se ha perjudicado, sin lugar a dudas, el patrimonio económico del Estado de Chile.

3º Inoperancia de los sistemas o procedimiento de control a través de los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas.

Sabido es que la designación de los inspectores fiscales corresponde al MOP, a través de la dirección del director general de Obras Públicas. Precisamente, en este funcionario recaen las mayores responsabilidades, sobre todo en consideración al informe que emitió la Contraloría, en el cual expresa que el inspector fiscal es quien debe fiscalizar la construcción de las edificaciones en terreno que se estaban realizando, informando detalladamente los estados y avance de las obras.

En este sentido, la Contraloría General de la República representó observaciones por la manera en que se realizó la fiscalización a los controles aplicados por los inspectores fiscales y sus respectivas asesorías. Lo anterior, debido a que no se detectaron a tiempo los defectos ni se formularon las observaciones en los planes de autocontrol de las concesionarias. Ello se reflejó, incluso, en reincidencias en los grupos 1 y 3 de cárceles.

Así se determinó que los establecimientos correspondientes a Iquique, Valdivia y Puerto Montt recibieron la puesta en servicio definitiva, no obstante persistir observaciones, con ello se vulneró, claramente, las bases de licitación, visadas y autorizadas por la autoridad designada para estos efectos.

En lo relativo a los diseños, quedó demostrado también en la comisión que los anegamientos, filtraciones, tanto de muros como de losas, y la humedad al interior de los pabellones, se debió a la falta de control. Con ello, queda de manifiesto la inobservancia absoluta de normas en esta materia. Debido a su condición atmosférica y geográfica, en las cárceles de Valdivia y Puerto Montt es donde más se reflejó este tipo de fallas en la construcción y diseño. Se concluye, por parte del ente contralor, que los diseños aprobados no se ajustaron con lo previsto en el documento “Pauta Mínimas de Diseño”, entregados y elaborados por el Ministerio de Obras Públicas a través de la dirección respectiva, ya que no consideraron variables tan importantes como el medio geográfico para la solución de eventuales problemas como los de tipo climatológicos, que podían ser previstos en su oportunidad por aquellos que tenían la función de controlar la construcción en esta etapa.

Asimismo, se hace mención a que si bien el tiempo y las condiciones climatológicas de las cárceles de Antofagasta (enlace Uribe) y de Concepción (El Manzano II), propias de la zona, han contribuido al deterioro de los materiales construidos, también queda claro que se observaron fallas estructurales en la construcción de ambos edificios. Dichas fallas alcanzan al suelo de fundación, tal cual como lo reafirman los estudios de Evaluación y Diagnóstico de la Construcción que el propio Ministerio de Obras Públicas contrató para llevar a cabo en ambos complejos penitenciarios.

Si bien la responsabilidad que la Contraloría General de la República ha consignado respecto de los inspectores fiscales es directa, también es dable considerar que estos inspectores no tienen la calidad de funcionarios públicos. En consecuencia, su responsabilidad sólo es perseguible desde el punto de vista civil. Lo anterior, reviste una importancia máxima por cuanto lo que se pretende, en parte, con la presente Comisión Investigadora es dilucidar eventuales responsabilidades políticas de quienes, siendo funcionarios públicos, cometen actos que irrogan perjuicio al Estado. Naturalmente, como es sabido, la responsabilidad de los inspectores fiscales deberá perseguirse en la esfera de competencia propia de los particulares. Lo que no puede quedar sin sanción política es la responsabilidad de quienes, teniendo la obligación de implementar el proceso de concesiones carcelarias, no lo realizaron de acuerdo a parámetros que aseguraran un óptimo resultado, o bien, implementando dicho plan, lo hicieron negligentemente.

De tal manera, en el informe de esta Comisión se consignó la responsabilidad ministerial al menos de los ex jefes de las Carteras de Justicia y Obras Públicas, por sus responsabilidades en el diseño y posterior implementación del proceso de concesiones carcelarias.

4º Indeterminación de solicitud de mayores obras en la construcción de los diferentes establecimientos penitenciarios, en especial de los ubicados en Antofagasta y Concepción.

En este ámbito, no hay certeza acerca de quién motivó el cambio de los proyectos originales.

Es necesario mencionar que debido a estas mayores obras el Estado de Chile vio aumentado sustancialmente el valor final de los establecimientos penitenciarios, debiendo pagar más de lo que originalmente costaban las construcciones. Lo anterior no admite discusión. La recuperación por parte del Estado de las obras sin terminar, se hizo previo pago de un millonario monto de dinero. Eso dejó al descubierto un procedimiento poco objetivo que, desde el punto de vista económico, perjudicó al Estado por la inexcusable negligencia del Ministerio de Obras Públicas. Ello constituye un ejemplo latente de lo oneroso que resultó para el Estado de Chile la construcción de este tipo de cárceles.

5º Responsabilidad en el orden político, toma de decisiones de manera intempestiva y falta de programación en el desarrollo de las políticas públicas carcelarias.

Quedó demostrado en la Comisión que no hubo una política completamente seria en relación con la implementación del proceso de cárceles concesionadas. Ello se vio reflejado en un cúmulo de impedimentos que frustró que el conjunto de cárceles, que se habían prometido a través de un discurso presidencial, no se entregaran en tiempo y forma.

En efecto, de las declaraciones de los ex ministros Jaime Estévez y Eduardo Bitrán , junto con las del ministro de Justicia , se concluye una falta de preparación en la puesta en marcha del proceso de concesiones de cárceles.

Las situaciones descritas anteriormente denotan que la implementación y posterior puesta en marcha del proceso de concesiones carcelarias obedeció a lógicas poco técnicas en su implementación, corroboradas por la Contraloría cuando ha planteado que se omitieron auditorías, como, asimismo, en que los controles internos de fiscalización tampoco funcionaron adecuadamente.

Se concluyó, además, que tampoco la institución de Gendarmería estaba preparada presupuestariamente para abocarse al nuevo sistema de concesiones carcelarias. La escasez de personal hizo que los turnos de los funcionarios se extendieran más allá de lo previsto, como asimismo el vestuario y otros elementos de seguridad no fueron considerados al inicio de este plan.

En virtud de lo expuesto, las responsabilidades que en opinión de esta Comisión pueden imputarse a las autoridades e instituciones son las siguientes:

a) El Ministerio de Justicia es responsable sólo por cuanto es el mandante, es decir, quien requiere al Ministerio de Obras Públicas el desarrollo del programa de concesiones carcelarias.

b) El Ministerio de Obras Públicas es perfectamente reconocible en su responsabilidad por la participación de los ex ministros de esta cartera, Javier Etcheberry, como el impulsor del plan, y el ex ministro Jaime Estévez , quien prosiguió en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto de las nuevas cárceles. Asimismo, Eduardo Bitrán , quien tuvo la responsabilidad de lidiar con los diferentes actores en la puesta en marcha del programa de concesiones carcelarias, como también en los posteriores pleitos judiciales que se suscitaron con ocasión de las demandas interpuestas por las concesionarias por concepto de pago de mayores obras.

En consecuencia, se concluyó en que, a esta cartera, le cupo responsabilidad en el diseño y control en las diferentes etapas de construcción de los recintos carcelarios.

Por su parte, ninguno de los actores que participaron en el programa de concesiones carcelarias estimaron ni previeron que la aplicación de la ley de Concesiones de Obras Públicas en esta materia debía tener una adecuación, a objeto de que la institucionalidad jurídica que regularía el proceso nuevo e inédito en nuestro país fuese lo más exitoso posible. Esta circunstancia, a la luz de los antecedentes, no ocurrió.

Se consignaron deficiencias técnicas en los tres grupos de cárceles y que fueron puestas en conocimiento de la autoridad administrativa.

c) Ex Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar.

El informe concluye en que la responsabilidad política que le cupo al ex Presidente de la República en esta materia es clara.

El tema carcelario fue mencionado por el ex Mandatario en los discursos de la Cuenta Pública del 21 de Mayo de 2004 y 2005, en los que se prometió la construcción de diez establecimientos penitenciarios bajo la modalidad de concesiones, y todos ellos funcionando. En la actualidad, uno de los centros penitenciarios está abandonado ( Antofagasta ); El Manzano 2, recién relicitado para su construcción, y el Grupo 4, de cárceles, se encuentra paralizado.

En consecuencia, la Comisión concluyó en que el ex Mandatario sí tiene responsabilidades políticas en la nefasta aplicación del programa carcelario en Chile. Claramente, las políticas gubernamentales en esta materia no se cumplieron. El Estado de Chile pagó más de lo que le correspondía por la construcción de los establecimientos penitenciarios concesionados, lo que no se puede dejar pasar.

Lo antes expuesto, evidentemente ha repercutido en los índices de seguridad nacional, puesto que la implementación del nuevo proceso penal implicaba la construcción de centros penitenciarios que acogieran al gran número de imputados que pasarían a formar parte de la población penal a nivel nacional.

Constituye una obligación ineludible para el Estado de Chile el propender a la seguridad ciudadana, la cual ha quedado desprotegida producto de la improvisación del proceso de concesión carcelaria.

Sin lugar a dudas, la responsabilidad vertical en nuestro sistema presidencial condujo a la Comisión a encontrar responsabilidades en lo más alto de las esferas gubernamentales, alcanzando, incluso, en este caso, al ex Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar.

Respecto de la seguridad penitenciaria y ciudadana en relación a nuevas cárceles, el fuerte cambio que significó para los reclusos la adecuación a una nueva realidad, conllevó a que se produjeran una serie de trastornos en su diario vivir. Acostumbrados a permanecer en grupo y a sus relaciones interpersonales, el nuevo sistema cortó de raíz la manera que la población penitenciaria tenía para vincularse. Ahora, celdas individuales, y un estricto control de los actos, provocó indirectamente que muchos de los internos atentaran contra su vida o su integridad física y síquica, en especial en la cárcel de Rancagua.

La Comisión estimó que fue uno de los aspectos que mejor refleja la falta de programación por parte de la autoridad en la implementación del nuevo sistema de concesiones carcelarias, ya que no se vislumbró el aspecto social de los reclusos al interior de los establecimientos penitenciarios.

Otro de los aspectos relevantes dice relación con la adecuación del personal de Gendarmería a las nuevas funciones en las cárceles concesionadas.

En efecto, si bien es posible reconocer en los últimos años un aumento significativo del personal de Gendarmería, constituyéndose en el servicio público que más creció en recursos humanos, éste no fue lo suficientemente respaldado para enfrentar las nuevas labores y las nuevas relaciones intrapenintenciarias con los internos de los diferentes penales.

En efecto, el modelo seguido por las autoridades de nuestro país en este sentido se hizo adoptando la experiencia francesa sobre la materia, la que demoró cerca de veinte años en implementarse, ya que existían una serie de transformaciones socioculturales y técnicas que se debían adecuar, tanto desde el punto de vista de la población penal, como de los procedimiento de vigilancia a cargo de Gendarmería. Por el contrario, en nuestro país, esta implementación sólo se realizó en el plazo de dos años, sin considerar políticas que incluyeran los aspectos antes mencionados.

La improvisación del proceso de establecimientos penitenciarios concesionados también ha influido, de manera sustancial, en lo referente a la seguridad ciudadana.

El proyecto original contemplaba un número de cárceles para recibir a una determinada población penal. El hecho de que no se hayan construido las cárceles de Antofagasta y Concepción, ambas pertenecientes al grupo 2, y la inexistencia del Grupo 4, hace que la población penal, que estaba destinada a esos recintos, esté hacinada en otros, o simplemente, se encuentre en libertad.

Por otra parte, la sobrepoblación en las cárceles concesionadas genera un gran hacinamiento y hace que surja para el Estado un nuevo problema derivado de la improvisación de las autoridades gubernamentales.

Cabe destacar que Santiago 1 ya pagó el sobreprecio por la sobrepoblación pactada en los contratos.

En el ámbito de la rehabilitación y reinserción social, los internos trasladados a los nuevos recintos penitenciarios concesionados, si bien tienen nuevas formas y maneras de generar instancias de rehabilitación social, a la fecha no es posible determinar fehacientemente si la población penal inmersa en los recintos concesionados logrará una real inserción en la sociedad.

Por último, la Comisión sugiere:

1. Mejorar los proyectos, precisando estándares de calidad y servicio;

2. Fortalecer al inspector fiscal con asesorías y mayores recursos, designando a uno por obra, y adelantando su nombramiento a la etapa de adjudicación de la licitación, y no al momento de la construcción, y

3. Mejoras en la solución de conflictos.

La Comisión estimó que en la implementación y puesta en marcha de este novedoso programa, necesariamente ha debido procederse con un criterio de carácter técnico y no político.

Quedó demostrado que la puesta en marcha de este proceso obedeció en parte a estas lógicas, y se omitieron una serie de elementos indispensables para que el programa carcelario surtiera los efectos deseados.

La Comisión hace votos para que esta experiencia sirva para corregir los errores y mejorar el sistema de concesiones de obras públicas, sugiriendo a la honorable Cámara que este informe sea remitido a su excelencia la Presidenta de la República , a los Ministerios de Justicia, Obras Públicas y de Hacienda , y a la Contraloría General de la República.

Al presente informe, se anexarán algunos documentos hechos llegar a la Comisión, entre los que cuentan las observaciones de los diputados señores Carlos Abel Jarpa y Alfonso Vargas , y que han servido de base para la elaboración de estas conclusiones que, por ende, se entienden parte integrante de éstas.

Sometidas a votación las consideraciones, conclusiones y proposiciones, éstas fueron aprobadas por cinco votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los diputados señores Javier Hernández, ( Presidente ); Andrés Egaña , Manuel Rojas , Roberto Sepúlveda , Alfonso Vargas y Felipe Ward. Votó en contra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.