Labor Parlamentaria

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Quiero recordar a la Sala que se encuentran funcionando paralelamente con la Sala las Comisiones de Educación, Investigadora de Aviones Mirage, investigadora de ENAP y la de Cultura.

Tiene la palabra el honorable diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, es importante aclarar que la reclamación de la concesionaria, que dio origen a los convenios complementarios y acuerdos se basa en obras adicionales. Por consiguiente, el Estado termina reconociendo esa verdad, pero la concesionaria no aplica el mismo criterio a los subcontratistas.

El Estado terminó pagando 25,6 UF promedio por metro cuadrado construido en las cárceles del Grupo III. Es relevante que se trate de un precio promedio, porque de ese modo se valoriza de igual forma un patio que un edificio. A los subcontratistas se les pagó 7 unidades de fomento por metro cuadrado en los edificios construidos. El Estado, a su vez, en su reclamación, recibió 92 millones de dólares y terminó pagando sólo 34 millones de dólares. La pregunta que no se ha contestado en esta Comisión investigadora fue por qué fueron 34 y no 20 ó 50 millones de dólares. La negociación se hizo en Francia, según lo reconoció el propio ministro Bitrán.

El actual ministro de Obras Públicas , los ex ministros Bitrán y Estévez y otros altos funcionarios de esa cartera han reconocido y recalcado que las cárceles construidas por el Estado resultaron más caras que las concesionadas. Mientras las primeras costaron un promedio de 38,6 UF el metro cuadrado, las concesionadas sólo alcanzaron 35,7 UF el metro cuadrado. Hasta ahí todo estaría bien: pero el problema es que ese ahorro se hizo a costa del patrimonio de los subcontratistas y de la pequeña y mediana empresa.

Más destacable aún resulta este hecho para el caso del Grupo 3, que consideró los recintos de Santiago, Valdivia y Puerto Montt, en que el precio promedio del metro cuadrado construido alcanzó sólo a 25,6 UF.

Entonces, señor Presidente , un análisis complementario de las cifras nos permite concluir que la diferencia de precio pagada por el Estado por las obras construidas por él, y lo pagado a la empresa Vinci , por la concesión del Grupo 3 de cárceles -esto es, 38,6 UF versus 25,6 UF en promedio el metro cuadrado-, es de 13 UF.

Si consideramos que el total de metros cuadrados construidos en tres cárceles -me refiero a las de Santiago, Valparaíso y Puerto Montt- alcanzó a los 124 mil metros cuadrados, aproximadamente, el Estado ahorró -digámoslo con claridad- 1.620.369 UF, que significan poco más de 34 mil millones de pesos. Si el precio correcto del metro cuadrado construido es de 38,6 UF, costo de las cárceles como obras públicas para el Estado, entonces, a mi juicio, éste se quedó con lo que no le pertenece, que en parte fue financiado con el patrimonio de los subcontratistas, produciéndose con ello un enriquecimiento indebido del Estado.

Ahora, si el precio correcto es el pagado a la concesionaria, es decir, 25,6 UF por metro cuadrado, en promedio, entonces el Estado habría pagado un sobrecosto de 50 por ciento por las cárceles de Arica, Valparaíso y Punta Arenas.

Dicho esto, si el Estado hubiera construido las cárceles del Grupo 3, de Santiago, Valdivia y Puerto Montt, como obras públicas, el desembolso por este concepto habría aumentado en 1.620.000 UF, es decir, en 34 mil millones de pesos.

Así las cosas, este informe consigna en parte el detrimento al patrimonio y el perjuicio para pequeñas y medianas empresas -como se señala en su página 96-; pero, sin duda, contratistas y pymes son los que quedaron en peor situación y, lo que es más grave, hasta hoy sin una solución aceptable a la situación que enfrentaron.

He dicho.