Labor Parlamentaria

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar sinceramente la actitud demostrada en las últimas semanas por usted, por la Mesa y por algunos otros diputados que, no sólo en privado, sino que también en público, hicieron todo lo posible para que esta Cámara actuara dentro de la legalidad y cumpliera el Reglamento, al cual nos debemos. Destaco esa actitud, porque con ese ejemplo ustedes demostraron a todos, gobierno y oposición, que, en política, para mantenerse en el poder o para figurar ante la opinión pública, no vale todo: hay valores que respetar y leyes que cumplir.

Nuestro Reglamento se inspira en la buena fe y no está hecho para permitir acciones torcidas o interpretaciones mañosas de algunos parlamentarios. Y por eso, pese a los esfuerzos que destaco de algunos, hoy nos vemos convocados a una sesión que no cumple ninguno de los requisitos que la ley exige y que, además, constituye, de tres formas distintas, un pésimo precedente para el futuro.

En primer lugar, al convocar a esta sesión especial para conocer una operación comercial de un particular, esta Cámara transgrede en forma burda y evidente sus propias facultades fiscalizadoras.

Sé que algunos sólo ven lo que quieren ver y oyen lo que quieren oír. Pero, ¿hay alguien que pueda sostener razonablemente hoy en esta Cámara que es bueno para Chile que su Poder Legislativo abra la puerta para fiscalizar actos o conductas de particulares que no ostentan cargo público alguno?

Hoy es un ex candidato presidencial a quien a algunos les interesa descalificar; mañana será un ex parlamentario el objeto de una sesión como ésta, en la que se dirá que se debe investigar sus relaciones con sus vecinos de barrio o, incluso, sus avenencias o desavenencias en el plano familiar.

Señor Presidente, parece paradójica la actitud terca y obstinada de los parlamentarios que insistieron en esta sesión, precisamente porque es el primer año en que entra en vigencia la ley que obliga a hacer pública la declaración patrimonial de las autoridades. Todos hemos podido comprobar que del total de ministros actualmente en ejercicio, sólo cuatro no son empresarios y que quienes conforman el resto tienen empresas e inversiones paralelas. Aunque nada malo tiene eso, ni en el Gobierno ni menos en el grupo de diputados instigadores de esta sesión se ha escuchado una sola palabra de preocupación sobre eventuales conflictos de intereses que ahí sí se pueden producir, porque ellos actualmente ejercen cargos públicos y administran recursos de todos los chilenos. No estoy inventando nada, sólo me refiero a declaraciones públicas; por ejemplo, el ministro Lagos Weber tiene una sociedad internacional de asesorías, mientras que el ministro Bitrán tiene inversiones en una sociedad, Puerto Seguro; es decir, estamos hablando de millones y millones de pesos.

A juzgar por la actitud de algunos en esta Sala, los eventuales conflictos de intereses de los más de doce ministros empresarios no importan y no merecen una sesión especial; pero la compra de acciones por parte de un particular que no ejerce cargo público alguno y que no administra un solo peso fiscal, sí amerita movilizar a toda la Cámara de Diputados.

Señor Presidente, no hay que ser brujo ni pitoniso para adivinar que el pecado original de Sebastián Piñera es haber obtenido el 46 por ciento de los votos en la última elección presidencial.

¡Qué doble estándar más inaceptable, señor Presidente! Probablemente tendremos que esperar hasta la próxima elección presidencial, y siempre que Sebastián Piñera sea el candidato, para que algunos, los de siempre, de la Concertación vuelvan a mostrar interés en legislar sobre esta materia. Mientras tanto, que los ministros y que las autoridades de Gobierno que son empresarios sigan invirtiendo y colocando mes a mes sus rentas como ellos estimen conveniente.

En segundo lugar, me parece que hay un hecho más grave, que no tiene precedente. Aquí se ha atentado en contra de la esencial y básica independencia de los órganos del Estado, particularmente de la Superintendencia de Valores. Considero de extremada gravedad que se haya citado a esta Sala al superintendente, quien hoy nos acompaña. Él mismo ha confirmado lo absurdo de esta situación, al señalar algo que a todas luces resulta evidente: que no está facultado para emitir opinión alguna. Me parece doblemente grave que algunos diputados, sabiendo de esta limitación legal, hayan insistido en la presencia del superintendente en esta sesión para que, como dicen ellos, sólo escuche la opinión de algunos honorables sobre un caso respecto de la cual la propia Superintendencia ha recabado antecedentes.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a los diputados Insunza y Paredes que las cosas en democracia no se hacen como a cada uno le parecen, sino cumpliendo las leyes; las cosas se hacen de frente, y si dos parlamentarios dijeron claramente que Sebastián Piñera había cometido delitos al usar información privilegiada, los emplazo a que lo digan afuera, de frente, sin la protección del fuero y que sean capaces de probar ante los tribunales de justicia lo que han dicho. No se puede aceptar que citen al superintendente para que escuche una condena que ellos mismos han hecho y que no han sido capaces de probar.

Señor Presidente, no podemos permitir que el grave error cometido por algunos diputados al promover esta sesión siente algún precedente para el futuro. ¿Qué pasaría si mañana citara a la ministra Chevecich para que escuche mi opinión sobre el caso MOPGate? Dirán que ella no se puede pronunciar. Yo contestaré: por lo menos, que escuche mi opinión. ¿Qué diría la bancada socialista si yo convocara al presidente del Tribunal Constitucional a una sesión especial para escuchar la opinión de mi partido sobre el desafuero por injurias que afecta al diputado Paredes, promotor de esta sesión?

Honorable Cámara, en nuestras manos está la responsabilidad de que esta sesión no abra las puertas a una escalada peligrosa de usurpación de funciones y de abuso de autoridad, especialmente por parte de algunos parlamentarios que parece que no reconocen límite alguno en el ejercicio de su cargo.

En tercer lugar, esta sesión, además de no corresponder jurídicamente, carece de toda utilidad y no conduce a nada. Por de pronto, no se ha escuchado ninguna propuesta para mejorar la regulación del mercado de capitales, y está referida a una operación, sin ninguna duda, intachable, pero que hace casi tres meses ha sido objeto de revisión por parte de la Superintendencia, sin que a la fecha se haya dado a conocer ninguna objeción. ¿Quién responde aquí por todo el tiempo, los recursos públicos gastados, la luz, las secretarias, hasta el café de los parlamentarios y todo lo que se ha invertido para que esta sesión funcione y se posponga la tramitación de importantes proyectos de ley?

Parece que a algunos se les olvida que no sólo todo lo que hacemos se paga con dinero del Estado, sino que el tiempo que perdemos también se paga con plata de todos los chilenos.

No hay que ser ingenuos. A todas luces, esta sesión es una actuación más de persecución, de ataque político contra el principal líder de la Oposición. Pero los ataques no nos sorprenden, ya que pudimos acostumbrarnos a ellos en la última campaña presidencial. Quizás sorprende hoy la premura con que comenzaron esos ataques. Probablemente, como algunos no han podido encontrar en el Gobierno motivos para celebrar, hoy dedican su tiempo a buscar motivos para injuriar y desprestigiar.

Lo concreto es que no sólo se han desatado las campañas, sino que también hemos visto las anticampañas.

Lo decía anteriormente: estos ataques no son nuevos. El año pasado, siete ministros atacaron desde sus carteras, en forma sistemática, al mismo Sebastián Piñera ; y no perdamos la memoria: con las mismas falsedades que hoy se dicen.

Como la memoria es frágil, creo útil revisar algunos de esos ataques.

El ministro del Trabajo, señor Yerko Ljubetic , señaló que la situación laboral de LAN dejaba mucho que desear, que distaba mucho de ser óptima y que había cerca de 30 reclamos administrativos contra la empresa. Impactantes declaraciones. Lo que no dijo el ministro es que los empleados de LAN eran más de 15 mil y que, en consecuencia, se trataba de una empresa cuya tasa de reclamos era de las más bajas de Chile.

El ministro Eyzaguirre dijo desde su Ministerio se publicó en la portada del periódico que tengo en mis manos que el 90 por ciento de los trabajadores de LAN Chile son subcontratados. A pocas horas se comprobó que el ministro no decía la verdad y que se trataba sólo del 5 por ciento. Terminó la campaña presidencial y, cuando se había logrado desprestigiar, el propio ministro, en privado, probablemente al oído, reconoció a Sebastián Piñera el error que había cometido. Sin embargo, nunca tuvo la entereza de hacerlo en público.

El de hoy es un ataque más de esta larga lista de infundios e injurias sobre los cuales difícilmente escucharemos disculpas públicas en el futuro, y lo que es peor, hemos dado pie para un pésimo precedente.

No me gusta que parlamentarios se pronuncien sobre un hecho que está siendo conocido por un órgano independiente. No me gusta que el señor superintendente esté escuchando argumentaciones de un caso que él mismo está conociendo; creo que es peligroso para la democracia.

Nuestro país está viviendo un gran momento económico que probablemente no se va a repetir en muchos años. No podemos dejar que el instinto destructivo de unos pocos determine la agenda de esta Cámara y que impida que el resto pueda cooperar con eficacia legislativa a que el crecimiento que estamos viendo llegue a todos los chilenos.

De la generación de políticos que están sentados en esta Sala dependerá que sea recordada como aquella que abrió las puertas al desarrollo o, definitivamente, aquella que se farreó, por mezquinos intereses políticos, esta gran oportunidad que por años esperamos.

He dicho.