Labor Parlamentaria

El señor GÓMEZ.-

Señor Presidente , quiero hacer un poco de historia para que se entienda por qué estamos en este proceso.

Aquí hubo una discusión durante la cual se dijo que era importante que en la ciudadanía existiera definición en el ámbito de las elecciones, o sea, que se presentaran los candidatos y se votara por quienes iban a ser los representantes de las coaliciones en los comicios presidencial y parlamentario.

Eso se discutió durante varios meses en la Comisión de Gobierno del Senado y, también, en la Cámara de Diputados. Y se aprobó.

En aquel órgano técnico presenté varias indicaciones, pues siempre he tenido preocupación por dar facilidades a las chilenas y a los chilenos para votar, para ejercer un derecho tan relevante como el de manifestar opinión frente a la posibilidad de elegir candidatos a cargos de elección popular.

Una de esas indicaciones -a mi juicio, la más significativa- era la que daba gratuidad al transporte público el día de las elecciones presidenciales. Sin embargo, no hubo posibilidad de que el Gobierno la aceptara.

¿Y por qué era importante aquella proposición? Porque la gente que quiere sufragar debe gastar 2 mil pesos o más en locomoción.

Para nosotros, entonces, era esencial darles esa clase de facilidades a los ciudadanos ese día y, por tanto, que hubiera todo tipo de acciones del Estado destinadas a conseguir ese objetivo.

En segundo lugar, nos pareció relevante la existencia de información y lo más igualitaria posible.

Sin duda, de los candidatos inscritos en las primarias saldrá uno de la Oposición y otro del Gobierno; ambos participarán después en la elección presidencial definitiva, y, finalmente, uno de ellos podrá ser Presidente de la República .

Para tal efecto, en consecuencia, es importante que la decisión ciudadana sea informada.

Sin embargo, en nuestro país existe una desigualdad gigantesca en la forma como los candidatos enfrentan las elecciones.

Primero, porque hay concentración en los medios de comunicación, tanto en la información cuanto en los minutos y segundos de que dispone cada candidato para expresarle a la opinión pública lo que piensa. Basta mirar los canales de televisión para comprobar la discriminación absoluta que hay a ese respecto.

Segundo, porque existe concentración del poder económico. Y, para percatarse de ello, simplemente hay que observar la propaganda electoral lanzada hoy día en la calle.

Para que la gente sepa, debo señalar que cada cartel vale entre 1 millón y 3 millones de pesos al mes; quien se arme de paciencia para contar los carteles sabrá cuántos millones de pesos andan circulando por las calles. Y 30 días de radio cuestan 11 a 12 millones de pesos; es cosa de encender el aparato para determinar en cuántas radioemisoras hacen propaganda hoy los candidatos.

Entonces, sobre el particular no hay igualdad de ningún tipo.

Y cuando uno pide 6 o 10 minutos del espectro radioeléctrico (este se halla concesionado a los privados) para que los candidatos expresen sus opiniones, se produce el lobby feroz de una organización gremial, la que no demoró una hora en lograr que el Presidente de la República vetara una norma aprobada aquí, en el Parlamento.

Entonces, ¿podemos decir que hay igualdad de condiciones? No. Y si no existe igualdad, la gente no se puede informar y la situación se mantiene como estaba: son elegidos quienes tienen más exposición y no aquellos que manifiestan opiniones distintas, diversas, las que han de canalizarse en forma adecuada.

¿Por qué estamos discutiendo esta materia hoy día? Simplemente, porque el Ministro Larroulet , quien se comprometió en esta Sala a ponerle al proyecto de ley la urgencia necesaria para que fuera aprobado antes de la realización de las próximas elecciones primarias, no cumplió y dejó que la iniciativa siguiera y siguiera analizándose, se demorara en la Cámara de Diputados y no llegara nunca al Senado.

Y puedo decir que se lo hice presente varias veces. Porque los problemas de desigualdad y de falta de comunicación con la opinión pública son evidentes. Ello se demuestra claramente con el interés de la ciudadanía por escuchar a los candidatos en los debates -o semidebates o como se quiera llamarlos- y saber qué piensa cada uno de ellos.

Entonces, no veo para qué hacer casi un panegírico a la libertad si esta se afirma cuando existe información, cuando la gente tiene la posibilidad de escuchar la opinión de todos y no solo la de algunos.

Pero ahora nos encontramos con otro problema: claro, vamos a aprobar el proyecto, pero chocaremos con el suprapoder del Tribunal Constitucional. Este suprapoder va a determinar si revisa este asunto en un día, en tres, en cuatro o en diez, en circunstancias de que debiera preocuparse de resolver algo que es relevante para todos.

¡Porque imagino que no me van a decir que constituye una desigualdad tremenda entregar durante seis días un minuto y medio diario a cada precandidato¿!

Yo quiero un minuto y medio para poder informar por qué me interesa que en Chile exista educación pública gratuita y de calidad, de cargo del Estado.

Quiero un minuto y medio para poder explicar por qué me interesa que las AFP tengan al lado un sistema que permita la obtención de pensiones dignas. Y creo que van a desaparecer si instalamos un sistema de reparto.

Quiero expresarles a los chilenos que me interesa cambiar el sistema de salud porque las isapres, que hoy atienden a 3 millones de cotizantes, otorgan prestaciones de excelencia, mientras las de 13 millones de personas son malas porque no hay recursos suficientes.

Quiero explicarles a los chilenos por qué se requiere hacer una reforma tributaria que nos posibilite obtener los recursos indispensables para concretar lo que estamos proponiendo.

Y eso se difunde de mejor manera a través de la televisión, que es el medio que más penetra en la opinión pública.

Todo ello tiene que ver, en definitiva, con la necesidad de información.

Quiero explicar cuáles son las diferencias que tenemos al interior de nuestro conglomerado. Y ello, de buena manera, sin insultos.

En el fondo, simplemente deseo que la opinión pública vote de manera informada y sobre la base de proyectos de gobierno.

Y eso es muy importante, porque va a pasar lo que ocurrirá siempre si no tenemos esa oportunidad: finalmente, ganará la fuerza del dinero.

En mi concepto, aquello no puede suceder si verdaderamente queremos un país donde haya democracia.

Señor Presidente , voy a volver a un planteamiento que hice la vez anterior: debiera aprobarse un proyecto de ley que se halla en el Parlamento y mediante el cual se determina que todo tipo de recursos que se les entreguen a los candidatos y a los partidos sean públicos y que no haya aportes reservados; y, para evitar el problema derivado de la existencia de una operación contra alguien, se establece el criterio de que quien reciba un depósito en su cuenta corriente sea avisado de ello y disponga de una semana para aceptar o rechazar el aporte. Así, todo Chile sabrá, por ejemplo, si el candidato aceptó o no recursos de determinada empresa y, por ende, si tiene independencia suficiente para manifestar su opinión en el Congreso Nacional.

Llamo a los señores parlamentarios a aprobar esa iniciativa. Y le pido al Gobierno, ya que está tan preocupado de ponerles "discusión inmediata" a materias tan complejas como la de las farmacias, que haga lo propio con el proyecto que acabo de individualizar.

Eso es transparencia. Eso permitiría saber con claridad de dónde salen los recursos que hoy día están colocados en las calles y, sin ninguna duda, haría factible que nuestros ciudadanos votaran de manera informada.

Opino que tal es el camino correcto. Y no se genera desigualdad alguna, de ningún tipo. Los otros candidatos podrán recuperar recursos a través de los votos obtenidos en la elección y dispondrán de los minutos suficientes en la franja electoral.

Concluyo sosteniendo que si la franja que nos ocupa esta tarde fuera inconstitucional, la otra también debiera serlo, porque las cargas de ambas son exactamente iguales; y la otra es más amplia que un minuto y medio por candidato.

Así que, si el Tribunal Constitucional llegara a decir que este proyecto es inconstitucional, olvídense también de la franja vinculada con las elecciones directas del mes de noviembre.