Labor Parlamentaria

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , hace algunos días conocimos la decisión de la empresa Marine Harvest de retirarse de la asociación gremial de productores de salmón, conocida como "SalmonChile".

Marine Harvest es el grupo salmonero más grande del mundo y su argumento para distanciarse de SalmonChile se sustenta en la falta de acuerdo sobre cómo este importante sector de la industria chilena debe avanzar y mejorar en el futuro.

La crítica de la empresa a la gremial salmonera apunta, en lo inmediato, a la forma en que se manejó la crisis tras el bloom de las algas a inicio de este año. Pero en el fondo del problema subsiste una gran diferencia respecto de lo que una y otra entienden por "regulación". Y allí los cuestionamientos apuntan a la industria y, también, a nuestro Gobierno.

Traigo a colación ese hecho, que trasciende el ámbito gremial y empresarial, para poner una nueva señal de alerta acerca del comportamiento de una industria que, habiéndole dado un importante impulso a la economía del país, no ha sabido -o no ha querido- encontrar un equilibrio entre la productividad, el cuidado ambiental, el respeto laboral y la armonía con las comunidades en las que se encuentra inserta. Y también es una voz de atención ante la actitud del Gobierno en cuanto a establecer límites firmes y claros para el desarrollo de esta actividad.

La reputación de la salmonicultura en Chile está lejos de ser buena. Basta recordar el repudio generalizado a nivel nacional que hace algunos meses concitó el vertimiento en el mar de salmones muertos.

Durante la década del 90 la salmonicultura aportó crecimiento económico y generó empleo. Y eso no bastaba, porque veníamos de un tiempo en que escaseaba lo uno y lo otro.

Con los años las cosas cambiaron, pero las salmoneras parecieron no notarlo y siguieron produciendo grandes cantidades a un costo que resultó ser demasiado alto. El año 2007, en medio del frenesí productivo, llegó la crisis del virus ISA, que causó estragos en la industria.

Sin embargo, poco se aprendió de ese episodio: ni la muerte de los peces, ni la pérdida de empleos, ni el cierre de plantas, ni el daño al patrimonio económico fueron suficientes como para establecer un cambio profundo. No lo hizo el Gobierno ni lo hicieron las salmoneras.

Ocho años después el escenario se repite. Y nuevamente hemos debido realizar control de los daños porque no estábamos preparados: ni las salmoneras, que pronto volvieron a la sobreexplotación; ni el Estado, que siguió quedándose corto en regulación y fiscalización.

La industria salmonera ha tenido un mal comportamiento constante en el tiempo; ha actuado como si fuese dueña del territorio; le ha dado la espalda a la comunidad, y no ha demostrado ningún interés en desarrollar una cultura de la responsabilidad social corporativa que le permita mejorar su conducta en materia empresarial, ambiental y comunitaria.

Hace tres semanas, en el marco de un encuentro sobre salmonicultura realizado en Puerto Montt, donde, por lo general, ni la crítica ni la autocrítica son las invitadas, el presidente de SalmonChile , Felipe Sandoval , endosaba al Estado la responsabilidad total de la tardanza en el establecimiento de un marco regulatorio para la industria. Entre otras razones, señaló que un acuerdo autorregulatorio entre empresas podría dar pie para una acusación de colusión.

Pero nadie les está pidiendo a los salmoneros que fijen un precio único para sus peces o que decidan vender por debajo de sus costos de producción para eliminar la competencia.

No se coluden las empresas que acuerdan hacer las cosas bien ni las que asumen sus errores y resuelven enmendarlos.

No se coluden las empresas que se comprometen a cuidar el medio ambiente, a respetar a sus trabajadores y a vincularse de manera armónica con sus vecinos.

Creo que cuando el Estado otorga una concesión acuícola está entregando no solo una porción de agua, sino un ecosistema. Por lo tanto, son válidas las regulaciones sanitarias que lleven a establecer niveles de producción sostenibles en el largo tiempo. Esto es importante por razones ambientales y también por las consecuencias que acarrea la generación de empleo de mayor calidad.

Y, por cierto, se requiere que las regulaciones se hagan con la inteligencia necesaria para que los productores puedan seguir tomando decisiones más eficientes y continuar compitiendo.

En definitiva, se precisa más regulación y más autorregulación.

El Subsecretario de Pesca señaló recientemente que le preocupaba que el debate sobre la regulación se centrara solo en la reducción de los costos y en el mejoramiento de los precios, a través de la disminución de la producción y la repartición de las áreas de concesión. Comparto esa preocupación, y por eso sostengo que el Gobierno, mediante el Ministerio de Economía y la SUBPESCA, debe adoptar un rol más activo en la materia.

Está muy bien que en algunas semanas más se publiquen modificaciones al reglamento sanitario, pero se trata de una medida insuficiente para hacer frente a la magnitud del problema que estamos enfrentando.

La propuesta de modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura puede ser un buen espacio para hablar de cambios de fondo a la manera en que el país se relaciona con la actividad salmonera.

Señor Presidente, sobre la base de lo anteriormente expuesto, pido que se oficie al Ministro de Economía a fin de solicitarle que adopte el conjunto de medidas necesarias para avanzar en un proceso de regulación efectiva de la industria salmonera.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, pido adherir al oficio requerido.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Quinteros, conforme al Reglamento, con la adhesión del Senador señor Navarro .