Labor Parlamentaria

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.

El señor BORIC.-

Señor Presidente , tal como la diputada señora Alejandra Sepúlveda señaló que le llamaba la atención que la ministra de Vivienda y Urbanismo no se encontrara presente en la discusión de esta iniciativa, en mi caso -quizá, en lo que voy a decir peque de ingenuo debido a mi condición de “pajarito nuevo”- extraño la ausencia en la Sala de muchos diputados en esta discusión. Asimismo, me sorprende que casi la mitad de los que se encuentran presentes no estén prestando atención a lo que se está diciendo. No sé si eso es normal. En algún momento me percaté de que más de la mitad de los integrantes de las bancadas de la Derecha, así como de otras, no se hallaban presentes en la Sala, situación que creo también resulta impresentable para quienes están observando la sesión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados.

No puede ser que no nos escuchemos entre nosotros, de manera que pido un poco de respeto hacia lo que señalan los diputados que hacen uso de la palabra, porque la discusión se relaciona con una materia importante, aunque, en la práctica, pareciera que no lo es.

En relación con el proyecto en debate, tal como lo mencionó el diputado señor Matías Walker , la iniciativa debe volver a la Comisión de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales para que sea discutida con mayor profundidad. Sin embargo, me gustaría plantear la situación que afecta a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a la que pertenece el distrito que represento, así como otro aspecto de fondo.

Los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la administración anterior siempre fueron reacios a flexibilizar las normas sobre regularización de ampliación de viviendas sociales debido al peligro que, a su juicio, conllevaba la autorización de obras que no cumplían con las disposiciones existentes sobre la materia. Si bien, en principio, esa postura podría parecer razonable, esta no se hace cargo de la realidad y lleva a que las autoridades terminen por taparse los ojos, por ejemplo, ante casos como el de la Región de Magallanes, en la que más del 40 por ciento de las viviendas han sido levantadas sobre la base del sistema de autoconstrucción, lo que ha significado que su crecimiento haya sido progresivo.

Muchas de esas viviendas en principio solo contaban con algunas piezas y fueron habitadas como consecuencia de una toma; pero luego se transformaron en casas de más de cien metros cuadrados, situación que impide a sus dueños acceder al proceso de regularización. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es el problema que impide su regularización, así como postular, por ejemplo, a subsidios como el de acondicionamiento térmico, el cual, en la región a la que pertenece el distrito que tengo el orgullo de representar, es fundamental, lo que también incide en el problema del buen uso de la energía, en especial en los duros meses de invierno.

Aprobaré el proyecto en discusión, pero es importante considerar lo planteado por la diputada señora Camila Vallejo respecto del tema, porque, como en muchas de las discusiones que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, no solo nos estamos refiriendo, en este caso, a un proyecto de ley que dice relación con las viviendas sociales, sino al carácter y al rol del Estado que hemos construido en los últimos veinticuatro años.

En materia de vivienda sucede exactamente lo mismo que en materia de educación, salud y pensiones. En este caso, la construcción de soluciones habitacionales se deja en manos de privados; es decir, el Estado se abstiene de actuar para que el mercado haga lo suyo. Esa es la lógica del Estado subsidiario, la cual, tal como hicimos antes desde las calles, esperamos combatir desde la Cámara de Diputados.

El derecho a una vivienda adecuada se halla reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 11 establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo que incluye el derecho a alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de las condiciones de existencia. En nuestro país ese derecho no se encuentra consagrado, lo que se traduce, entre otras cosas, en que el acceso a una vivienda digna sea determinado por la capacidad económica de las personas y por las políticas del gobierno de turno.

Por lo tanto, desde mi perspectiva, creo que es fundamental avanzar no solamente hacia cambios importantes, pero menores, en materia de vivienda, sino también hacia una reforma constitucional en ese sentido.

Para ese efecto fue presentado el proyecto de ley que establece el derecho a acceder a una vivienda digna; pero el Ejecutivo , lamentablemente, no ha hecho presente la urgencia. Esa iniciativa, basada en el derecho comparado, propone elevar a rango constitucional el derecho a la vivienda, aspecto que esperamos discutir con la ministra de Vivienda y Urbanismo, porque implica que el Estado tendría un rol más activo en asegurar que todos los chilenos y todas las chilenas cuenten con una vivienda digna, promovida por políticas públicas.

Asimismo -hablo a quienquiera que escuche en la Sala-, otro proyecto de ley que debería ser objeto de la calificación de urgencia de parte del Ejecutivo es el que establece la reserva de suelo para viviendas sociales.

Por último, quiero señalar que me parece importante que desde el Congreso Nacional entendamos la vivienda y la ciudad como un derecho, no como un negocio, lo que implica cuestionar la lógica del Estado subsidiario y fomentar un proceso de empoderamiento de los gobiernos locales para que puedan ser parte del proceso de construcción de una ciudad amigable para todos.

He dicho.