Labor Parlamentaria
Participaciones
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Antecedentes
- Cámara de Diputados
- Sesión Ordinaria N° 75
- Celebrada el 14 de septiembre de 2010
- Legislatura Ordinaria número 358
Índice
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Autor de Informe de Comisión Investigadora
Informe de la Comisión Investigadora del presunto fraude realizado por medio de pagos injustificados por proyectos inexistentes en el Gobierno Regional de Valparaíso.
Autores
“Honorable Cámara:
La Comisión Especial Investigadora individualizada en el epígrafe pasa a emitir su informe con las actuaciones realizadas sobre el tema, formulando las conclusiones y recomendaciones del caso.
Se designó Diputado informante al señor Edmundo Eluchans Urenda .
I. INTRODUCCIÓN.
1. Origen de la Comisión.
El mandato de la Comisión Especial Investigadora se originó en una solicitud presentada por cincuenta y un señores Diputados, en conformidad al artículo 52, N° 1, letra c), de la Carta Fundamental, la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes, en sesión de Sala de 5 de mayo de 2010.
2. Fundamentos de la solicitud.
En la referida petición, los parlamentarios señalaron que los hechos descubiertos, que involucran eventualmente a funcionarios de distinto grado, y quizás a terceros, vinculados al Gobierno Regional de Valparaíso, han dejado al descubierto la pérdida de cuantiosas sumas de dinero. Esta gravísima situación que parece revestir la figura del fraude, no solo es impresentable por la traición a la confianza que ha depositado la ciudadanía en quienes tienen el deber de velar por sus intereses, sino que, en la situación actual, resulta particularmente reprochable dada la triste condición que afecta a miles de chilenos que habitan la Quinta Región, zona que también fue ferozmente golpeada por el terremoto, sobre todo en los sectores populares.
Sostuvieron que ello constituye un hecho que a la comunidad le repugna por cuanto, le priva de recursos tremendamente necesarios, menoscaba la confianza en las instituciones públicas, que tanto ha costado construir, y mella la imagen que, con el esfuerzo de su gente, ha logrado posicionar a Chile como una Nación de gente integra, trabajadora y decente, que cumple los acuerdos y es responsable, activo que no pueden darse el lujo de dilapidar.
Agregaron que es necesario indagar, hasta las últimas consecuencias, el presunto fraude realizado por medio de pagos injustificados por proyectos inexistentes en el Gobierno Regional de Valparaíso. Dicho fraude, que a la fecha de la presentación de la solicitud, excede largamente los mil millones de pesos, no puede quedar en la impunidad.
Es por ello, afirman, que en virtud de las atribuciones constitucionales que detenta la Cámara de Diputados, ejercerán con rigor las acciones que competan para el esclarecimiento de esta lamentable y vergonzosa situación que no se condice con la conducta funcionaria ni la probidad necesaria para quienes tienen el mandato de administrar los bienes que son de todos los chilenos y chilenas.
Por todo lo anterior, los señores Diputados patrocinantes solicitaron la formación de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que indague, analice e investigue estos acontecimientos y determine las responsabilidades administrativas y políticas, si las hubiere, y que deriven de las transgresiones a las normas legales y reglamentarias que permitieron estos graves hechos.
3. Plazo.
De acuerdo al mandato de la Sala, se otorgó el plazo de sesenta días para el cometido de esta Comisión, el cual fue ampliado por una semana, según fue informado por el Secretario General de la Corporación , mediante oficio N° 8939, de 12 de agosto de 2010.
4. Integración de la Comisión.
Mediante oficio N° 8742, de 18 de mayo de 2010, el señor Secretario General de la Corporación comunicó que la Comisión se integraría con las Diputadas señoras María José Hoffmann Opazo y Andrea Molina Oliva , y los Diputados señores Giovanni Calderón Bassi ; Eduardo Cerda García ; Edmundo Eluchans Urenda ; Joaquín Godoy Ibáñez ; Rodrigo González Torres ; Marco Antonio Núñez Lozano ; Gaspar Rivas Sánchez ; Alberto Robles Pantoja ; Marcelo Schilling Rodríguez ; Arturo Squella Ovalle , y Víctor Torres Jeldes .
Fue elegido Presidente de la Comisión, por la unanimidad de los miembros presentes en la sesión constitutiva, el Diputado señor Edmundo Eluchans Urenda.
5. Trabajo desarrollado.
a) Sesiones efectuadas.
La Comisión celebró diez sesiones ordinarias, catorce sesiones especiales, además de una constitutiva, las que contabilizan un total de veinticinco sesiones desde que comenzó su trabajo, el día 20 de mayo de 2010.
b) Personas invitadas.
En el marco de su plan de trabajo, la Comisión contó con la participación de las autoridades, funcionarios públicos y particulares que, a su juicio, han estado vinculados al tema en cuestión y que podían aportar mayores antecedentes para la investigación.
1) El Intendente de la V Región, señor Raúl Celis Montt.
2) La jefa de la División de Análisis y Control de Gestión de la Intendencia Regional de Valparaíso, señora María Teresa Blanco Lobos .
3) La jefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República, señora Patricia Arriagada Villouta .
4) El Contralor Regional de Valparaíso (S), señor Víctor Hugo Merino Rojas .
5) El ex jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Valparaíso, señor Gabriel Aldana Domage .
6) El Agente de la Sucursal Prat del BancoEstado, señor Oscar Olmos Monardes.
7) La jefa del Departamento Administrativo del Gobierno Regional de Valparaíso, señora Sara Peñaloza Escobar .
8) La Auditora Interna y jefa (S) del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional de Valparaíso, señora Elizabeth Montenegro Cortés .
9) El ex Intendente de la Región de Valparaíso , señor Iván De la Maza Maillet .
10) El Abogado del Gobierno Regional de Valparaíso, señor Héctor Valenzuela Pepe .
11) El funcionario del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional de Valparaíso , señor Jaime Lorca Rocca . (Actualmente suspendido)
12) El jefe del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional de Valparaíso , señor Lorenzo Leiva Tapia . (Actualmente suspendido)
13) El ex funcionario del Gobierno Regional de Valparaíso, señor Julio Medina Correa .
14) El empresario, señor Eugenio Aubele Guerín .
15) La Tesorera del Gobierno Regional de Valparaíso, señorita Pamela Villarroel Jeldes .
16) El Geógrafo, señor Luis Quijada Llancas .
17) El asesor técnico de la comisión de inversiones del Consejo Regional de Valparaíso, señor Víctor Quinteros Aravena .
18) El periodista y funcionario de la Intendencia Regional de Valparaíso , señor Hans Acosta Solís .
19) El funcionario de la Gobernación Provincial de Valparaíso, señor Gino Galasi Páez .
20) El Capitán de Carabineros de Chile, señor Pablo Araneda Osorio .
21) El ex jefe de Gabinete del ex intendente , don Iván De la Maza , señor Andrés Camacho Mendoza .
22) La Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Valparaíso , señora Mariella Valdés Ávila .
23) La ex secretaria del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional de Valparaíso, señora Inés Varas Carrasco .
24) El funcionario del servicio administrativo del Gobierno Regional de Valparaíso, señor Herman Rojas Zúñiga .
25) El ex asesor del ex intendente, don Iván De la Maza , señor Francisco Baeza Vallejos .
26) El ex jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Valparaíso, señor Miguel Toledo Alegría .
27) El ex funcionario administrativo del Gobierno Regional de Valparaíso, señor Javier Vargas Azócar .
28) El Consejero Regional de Valparaíso , señor Juan Antonio Véjar Melvilla .
29) El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso , señor René Lues Escobar .
30) El Consejero Regional de Valparaíso , señor Percy Marín Vera .
31) El Fiscalizador Técnico de Obras del Gobierno Regional de Valparaíso , señor Rubén Jeldes González .
32) La ex funcionaria del Gobierno Regional de Valparaíso, señora Harajá Mancilla . Se hace presente que la señora Mancilla intervino en sesiones reservadas, razón por la cual no se deja constancia de su testimonio.
c) Documentos recibidos.
Junto a los antecedentes incorporados en el presente informe, se da cuenta de la siguiente documentación recibida que se encuentra a disposición de los señores Diputados en dependencias de la Secretaría de la Comisión.
1) Informe final N° 211, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre auditoría efectuada al Programa 02 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
2) Informe final, de 3 de mayo de 2010, de la Contraloría Regional de Valparaíso, sobre investigación especial efectuada en el Gobierno Regional de Valparaíso.
3) Preinforme de observaciones N° 12, de 29 de junio de 2010, que complementa informe final N° 10, de 2010, sobre investigación especial efectuada en el Gobierno Regional de Valparaíso.
4) Documento sobre organización del Servicio Administrativo en el Gobierno Regional de Valparaíso, acompañado por la señora Sara Peñaloza Escobar , Jefa del Departamento Administrativo de esa entidad.
5) Documento que contiene presentación ante la Comisión de la señora Elizabeth Montenegro Cortés , encargada de la unidad de auditoría interna del Gobierno Regional de Valparaíso.
6) Informe conteniendo diversos antecedentes sobre los cheques cobrados por el señor Eugenio Aubele Guerín en el BancoEstado y que fueron proporcionados por el agente de la sucursal Prat de Valparaíso, señor Oscar Olmos Monarde .
7) Comunicación, de fecha 24 de junio de 2010, del Agente del BancoEstado, Sucursal Prat en Valparaíso, señor Oscar Olmos Monardes , por la cual informa que no cuentan con las cintas del momento en que el señor Eugenio Aubele Guerín concurrió a esa entidad bancaria a cobrar los cheques investigados ya que las grabaciones son guardadas sólo por un plazo de noventa días.
8) Ordinario N° 4/2636, de fecha 29 de junio de 2010, del señor Héctor Valenzuela Pepe , Abogado del Gobierno Regional de Valparaíso, mediante el cual remite copia de la querella por el delito del fraude al Fisco, que le fuera solicitada por esta Comisión.
9) Ordinario N° 31/4/2742 del señor Intendente Raúl Celis Montt en el cual contesta preinforme, N° 12, de la Contraloría General de la República.
10) Comunicación del señor Oscar Olmos Monardes , Agente de la sucursal Prat de BancoEstado, en Valparaíso, por la cual adjunta fotocopia del registro control de acceso a la bóveda por parte del señor Eugenio Aubele Guerín .
11) Oficio, de 13 de agosto de 2010, del señor Andrés Fonzo Morán , Contraalmirante, Director de Asmar , por el cual informa las razones por las cuales se desvinculó de esa entidad al señor Jaime Lorca Rocca .
12) Actas de las sesiones 535 a 538 del Consejo Regional de Valparaíso.
II. ANTECEDENTES GENERALES
El artículo 111 de la Constitución Política de la República establece que la administración superior de cada región radica en un Gobierno Regional (GORE), que tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. El GORE, goza de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, y se encuentra constituido por el Intendente y el Consejo Regional (CORE).
De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) , el Intendente cumple en la región cuatro tipos de roles, ser:
-Representante Directo del Presidente de la República en la región.
-Autoridad del aparato desconcentrado en la región, por lo cual cuenta con la colaboración de los Secretarios Regionales Ministeriales y un gabinete regional.
-Ejecutivo del Gobierno Regional.
- Presidente del Consejo Regional .
En virtud de la modificación introducida en el artículo 113 de la Constitución Política de la República, por la ley N° 20.390, de 28 de octubre de 2009, el Consejo Regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Sin embargo, aún no se ha modificado la citada ley para que pueda tener plena aplicación la normativa constitucional.
Los actuales consejeros fueron elegidos por los concejales de los municipios de la respectiva región, constituidos para estos efectos en colegio electoral.
El Consejo Regional tiene facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.
Entre sus facultades normativas, se encuentran la aprobación del reglamento que regula su funcionamiento, reglamentos regionales, planes regionales de desarrollo urbano y el plan de desarrollo de la región. Entre las facultades resolutivas, se pueden enumerar las relacionadas con resolver el presupuesto regional, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los Convenios de programación y las inversiones sectoriales de asignación regional. En cuanto a las fiscalizadoras, le corresponde controlar el desempeño del intendente regional en su calidad de presidente del consejo y ejecutivo del mismo, como también de las unidades que de él dependen, pudiendo requerir la información necesaria al efecto .
La Locgar, incorpora la distinción de funciones y atribuciones al momento de fijar las competencias del Gobierno Regional.
Funciones del Gobierno Regional
Según los artículos 16 a 19 de la Locgar, las funciones del Gobierno Regional son las siguientes:
1. En materia de Desarrollo Regional o Funciones Generales
-Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto;
-resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional;
-decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional;
-dictar normas de carácter general en el ámbito de su competencia;
-asesorar a las Municipalidades de la Región;
-adoptar medidas para enfrentar situaciones de emergencia y/o catástrofes;
-realizar acciones de cooperación internacional;
-mantener las relaciones con el gobierno central y sus órganos;
-construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas.
2. En materia de Ordenamiento Territorial
-Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico;
-participar en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes en programas y proyectos de infraestructura;
-fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente;
-fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de servicios en materias de transporte;
-fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas de la región;
-proponer a la autoridad competente la localización de Servicios Regionales Ministeriales y servicios públicos.
3. En materia de Fomento a Actividades Productivas
-Contribuir a la formulación de la Política Nacional de Fomento Productivo, Asistencia Técnica y Capacitación Laboral;
-desarrollar y aplicar políticas nacionales en el ámbito regional;
-establecer prioridades en diferentes sectores coordinando a entes públicos competentes y concertar al sector privado;
-promover la investigación científica y tecnológica;
-preocuparse por la educación superior y técnica de la región;
-fomentar el turismo de la región con arreglo a la política nacional.
4. En materia de Desarrollo Social y Cultural
-Establecer prioridades para la erradicación de la pobreza;
-participar, en coordinación con las autoridades competentes en acciones de salud, educación, cultura, vivienda, seguridad social y asistencia judicial;
-determinar la pertinencia de proyecto de inversión;
-distribuir los recursos de programas sociales a las municipalidades;
-realizar estudios regionales en el ámbito social;
-fomentar expresiones culturales;
-cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural.
Atribuciones del Gobierno Regional
Por otra parte, las atribuciones del Gobierno Regional, según lo establecido en el artículo 20 de la Locgar son las siguientes:
-Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales que le encomienden las leyes;
-adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos;
-convenir, con los ministerios, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional;
-disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto;
-aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo;
-aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, y los planes reguladores comunales y seccionales;
-formular y priorizar proyectos de infraestructura social básica y evaluar programas;
-proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales;
-aplicar, tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional y se destinen al financiamiento de obras de desarrollo.
^@#@^Atribuciones de los Gobiernos Regionales en materia presupuestaria
En materia presupuestaria los Gobiernos Regionales participan en el anteproyecto de inversión, de acuerdo a los lineamientos sectoriales, y en la aprobación del presupuesto regional, en base a lo definido en la Ley de Presupuesto. El único instrumento de inversión, cuyos montos son definidos en su totalidad por el GORE, son los destinados al FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional). Sin embargo existe una parte del FNDR, denominada Provisiones, que históricamente se ha contabilizado como parte de éste, pero cuya dinámica de distribución responde a otros criterios, primando las políticas nacionales y sectoriales en su asignación. En la Ley de Presupuesto, se establece que estas provisiones se distribuyen mediante decretos que consignen las regiones beneficiadas con sus respectivos montos, dejando así, en manos del Gobierno Central, cierta flexibilidad de los recursos que se asignan bajo esta modalidad.
En materia presupuestaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, los Consejos Regionales (CORE) aprueban el proyecto de presupuesto de la respectiva región, considerando, para tal efecto, los recursos asignados a ésta en la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación .
De acuerdo a la Locgar, en materia presupuestaria, las funciones del GORE son específicamente las siguientes:
-Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación.
-Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
-Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional, que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación.
A su vez, la Locgar establece en su artículo 73 que “el presupuesto del Gobierno Regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación”.
En relación al procedimiento para la elaboración del Presupuesto Regional, se determina que previo a su aprobación, durante el segundo trimestre de cada año y teniendo en consideración los objetivos estratégicos del Gobierno Regional, el intendente, con la participación de representantes del consejo regional, de los secretarios regionales ministeriales y los directores regionales de los servicios públicos, elabora un anteproyecto regional de inversiones, correspondiente al año siguiente, el que debe ser considerado en la formulación de los proyectos de presupuestos del Gobierno Regional y de los respectivos ministerios .
Una vez elaborado el anteproyecto señalado, debe ser enviado a los ministerios respectivos, con el objeto que sea considerado al momento de la formulación de sus correspondientes proyectos de presupuesto.
Aprobada la Ley de Presupuesto, dentro de los sesenta días siguientes a su publicación, los ministerios, a través de los secretarios regionales ministeriales, deben comunicar a los gobiernos regionales y a los Senadores y Diputados de la respectiva región, la inversión y programas de gastos que realizarán en la región, desglosada por iniciativa, unidad territorial donde se desarrollará, monto de recursos comprometidos, beneficiarios y resultados esperados.
III. EXPOSICIONES DE LOS INVITADOS A LA COMISIÓN.
Para facilitar la comprensión del trabajo investigativo realizado, se estimó conveniente consignar en este capítulo, en orden cronológico, un resumen de las declaraciones prestadas en su seno por las autoridades, funcionarios públicos y particulares que se individualizan en el lugar que corresponde.
1) El señor Raúl Celis Montt , Intendente de la Quinta Región , en sesión 2ª, celebrada el martes 25 de mayo de 2010.
Explicó que, con motivo de una auditoría interna efectuada a la evaluación de los procedimientos en la gestión del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Cultura y Deporte, la auditora señora Elizabeth Montenegro detectó egresos a municipios por pagos a proyectos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), que no estaban asociados a ninguna cuenta presupuestaria. Para tener certeza de esta inconsistencia y ante la solicitud de la señora Montenegro , se ofició al BancoEstado pidiendo información sobre diversos cheques que aparecían sin un egreso contable de respaldo.
El banco remitió a la intendencia ocho cheques que sumaban casi quinientos doce millones de pesos, por los siguientes valores individuales: sesenta y dos millones; sesenta y ocho millones; setenta y siete millones; sesenta y un millones; sesenta y cuatro millones; cincuenta y ocho millones; cincuenta y dos millones, y sesenta y cinco millones de pesos. Estos cheques aparecían asociados a proyectos que beneficiaban a ciertas municipalidades, las que informaron no haber recibido los respectivos montos Se acreditó, además, que todos los cheques estaban girados en favor de una persona natural, de nombre Eugenio Aubele , quien no figuraba como contratista en ningún registro del Gobierno Regional, pero que obedecían, teóricamente, a pagos a otros contratistas o a municipios como destinatarios de proyectos FRIL.
En virtud de estos antecedentes, la situación fue estimada como irregular y motivó que la auditora interna emitiera un informe reservado, el número 01-2010, en el cual se estableció:
“En la revisión se identificaron egresos cursados a municipios, pago a proyectos FRIL y contratistas que no están asociados a ninguna cuenta presupuestaria.
Los documentos señalados en los egresos son cobrados por caja por una persona natural distinta a la señalada en los egresos respectivos.
Se identifica, a través de los documentos bancarios proporcionados por el BancoEstado, que fueron cobrados por una misma persona -los ocho cheques-, Eugenio Aubele, bajo la modalidad de cheque cobrado por caja, y que ascienden a 511.948.881 pesos.
Con fecha 13 de abril de 2010, los egresos fueron eliminados del sistema Methasys (uno de los dos sistemas de control computacional del Gobierno Regional)?.
Se solicitó a la fiscalizadora de la Contraloría Regional, que se encontraba realizando una auditoría en las dependencias del Gobierno Regional, que revisara los antecedentes de los egresos observados, constatándose que no se encontraban dentro de la documentación correlativa y que, de acuerdo a información entregada por funcionarios de gobierno Interior, estaban nulos.
La auditora interna emitió el informe advirtiendo la existencia de irregularidades, situación que fue informada verbalmente al Contralor Regional subrogante, señor Víctor Hugo Merino , solicitándole el inicio de un sumario administrativo, a lo cual el Contralor respondió que los hechos no estaban acreditados, lo que hacía más razonable que la investigación, el sumario administrativo y el procedimiento disciplinario se verificaran al interior de la intendencia, y que, en forma paralela, comenzaría un examen de las cuentas y del oficio emanado de la auditora interna.
En definitiva, por resolución N° 343, de fecha 21 de abril de 2010, se ordenó instruir el respectivo sumario administrativo.
Habiendo transcurrido sólo dos días de investigación, el ex Intendente señor Iván De La Maza efectuó algunas declaraciones al diario El Mercurio de Valparaíso , acerca de la existencia de ilícitos graves y de delitos al interior del Gobierno Regional. Esas declaraciones me obligaron, en mi calidad de funcionario público, a entregar los antecedentes al Ministerio Público el 23 de abril de 2010, mediante la presentación de la correspondiente denuncia. Posteriormente, se presentó una querella en la cual se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.
La Contraloría Regional emitió su informe final el 3 de mayo de 2010, estableciendo que el monto de cheques cobrados, correspondientes al año 2009 y sin ningún respaldo, ascendía a 700 millones de pesos, consecuencia de lo cual se inició un sumario administrativo, en actual tramitación.
Ante la pregunta sobre si el BancoEstado consultó por el pago de los referidos cheques por caja, señaló que en algunos casos sí y en otros no. En dos oportunidades consultó a Inés Varas Carrasco , en una a Carola Muñoz Arellano y en otras a Jaime Lorca Rocca .
Mi hipótesis de cómo operó el fraude en investigación, es que se habrían copiado proyectos anteriores o, sencillamente, se inventaron proyectos en base a los cuales se justificaba el giro de cheques. Se emitían documentos justificantes, pero después desaparecían. Por lo tanto, no hay constancia documental que respalde el giro de los cheques. No es frecuente que se giren cheques a personas naturales y éstos, además, no fueron cruzados ni eran nominativos.
En relación a la situación de los funcionarios involucrados, explicó que Lorenzo Leiva se encuentra suspendido como consecuencia del sumario administrativo; Gabriel Aldana , dejó de prestar funciones antes del 31 de marzo de 2010, por tratarse de un cargo de exclusiva confianza; el señor Vargas ya no trabaja en el Gobierno Regional; Harajá Mancilla , está desvinculada de sus funciones; Sara Peñaloza sigue trabajando en el Gobierno Regional y Jaime Lorca está suspendido de sus funciones.
Respecto de si el intendente De la Maza tenía conocimiento de las anomalías de procedimiento detectadas y de la ausencia de manuales, indicó que, en la medida en que dichas circunstancias hubieran sido observadas en los informes de la Contraloría General de la República, sí debía tener conocimiento.
En cuanto a si, en su opinión, era posible que el ex Intendente desconociera las irregularidades detectadas dados los montos involucrados, señaló que una persona medianamente diligente no habría podido detectar esas diferencias en las cuentas, sin la realización de una auditoría.
2) La señora María Teresa Blanco Lobos, jefa de la División de Análisis y Control de Gestión de la Intendencia Regional de Valparaíso, en sesión 2ª, celebrada el martes 25 de mayo de 2010.
Manifestó que tomó conocimiento de los hechos objeto de investigación en su calidad de fiscal y que, como tal, procedió a tomar declaración a todas las personas involucradas directamente y a aquellos funcionarios que participaban de los procesos en el área de finanzas desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa que les correspondiere.
Mediante las pruebas de validación de auditoría se determinó la forma de operar y las cuentas que se utilizaban para no afectar las cuentas presupuestarias más controladas.
Antes de entregar la causa a la Contraloría, la investigación alcanzó a detectar irregularidades en dos cheques de diciembre de 2008 por un valor total aproximado de 89 millones de pesos.
En cuanto a la factibilidad de hacer un seguimiento de los involucrados, indicó que en el período investigado se usaba una sola clave y un usuario, lo que lo hizo imposible porque había una identificación general. La administración de las claves correspondía a la División de Administración y Finanzas, donde se encuentra la subdivisión de Informática. Después de detectada la falencia de acceso al sistema Methasys, que contaba con un usuario con todas las facultades, se definieron los usuarios, su descripción de perfil y las posibilidades de acceso que tienen cada uno de ellos.
Consultada sobre el uso de las cuentas, informó que no se utilizaba directamente la que correspondía al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hay una en la que se registra el 10% que se retiene a los contratistas cada vez que tienen un estado de pago, el cual se les reintegra al final del proyecto; dicha cuenta era la principal que se utilizaba para imputar. Si el movimiento hubiera sido real, el movimiento habría constituido la devolución de garantía a los proveedores, operación que no refleja un flujo de fondo directo y no se afecta a un gasto.
Los cheques generalmente se cobraban cerca del mediodía, cuando las divisiones están en horas de almuerzo, por tal razón el banco consultaba a la persona que contestaba el teléfono, y como todas las personas tenían acceso al libro banco que estaba en la plataforma, se daba la respuesta según lo que constaba en el libro. Consultada sobre si en todos los casos se repiten los mismos funcionarios que dieron autorización, respondió afirmativamente.
Respecto a quién correspondía verificar si los beneficiarios de los cheques contaban con iniciación de actividades, explicó que el proceso del pago no comienza en el Departamento de Finanzas, sino que en el de Control de Gestión e Inversiones donde, en forma previa, se validan los estados de pago, para lo cual debe acompañarse la documentación respectiva. En este caso ese proceso no existió.
Consultada sobre el libro banco, en una simple planilla Excel que podía ser modificada por todos los usuarios, explicó que no es parte de la contabilidad formal. La contabilidad está en los sistemas informáticos y se genera, prácticamente, en forma automática por el movimiento de la contabilidad. Este libro es un detalle más que nada de información y no tenía impacto en las cuentas desde el punto de vista contable. En su opinión, no es un libro banco como el conocido contablemente, porque contenía sólo algunos campos referentes al pago de documentos, lo cual permitía identificar información suelta como números de cheques, números de egresos, proveedores y montos.
En respuesta a la inquietud de las medidas adoptadas después de verificarse las irregularidades, informó que las de corto plazo que se tomaron, además de la definición del perfil del usuario con asignación de claves individuales, apuntaron al flujo de la información, al personal y a la asignación, readecuando las funciones y las responsabilidades que eso conllevaba. Se creó una función nueva dentro de la División de Administración y Finanzas, el controller, encargado de efectuar control directo frente a las partidas que van pago, para verificar que no se hizo el bypass detectado en la investigación en cuanto a la documentación. También se implementaron controles cruzados, de modo que cada etapa esté controlada por la anterior y se fortaleció el Departamento de Auditoría, de tal modo de aumentar la frecuencia y ampliar la muestra. A mediano plazo hay un plan para elaborar el manual de procedimiento.
Consultada sobre la posibilidad de que estas irregularidades se produjeran en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde se hacen las asignaciones presupuestarias a cada proyecto del FNDR, indicó que para pagar un proyecto se tiene a la vista la información del sistema del Banco Integrado de Proyectos , con los códigos y el grado de avance de cada uno de ellos. Agregó que desconocía el proceso que utilizaba el intendente De la Maza para efectuar la proposición de sus inversiones, pero que en la actual administración se tiene conocimiento de cuánto es el monto del que se dispone por las cuentas presupuestarias, y los montos se controlan uno a uno. En las irregularidades descubiertas era imposible que se controlaran estos proyectos, porque no existían.
3) El señor Víctor Hugo Merino Rojas , Contralor Regional de Valparaíso (S), en sesión 2ª, celebrada el martes 25 de mayo de 2010.
Indicó que la Contraloría Regional de Valparaíso se constituyó en el Gobierno Regional, a partir del 17 de marzo del año 2010, en el marco de un programa nacional de auditoría a la iniciativa de inversión de los gobiernos regionales, llevado a cabo en las regiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta, como también la Metropolitana.
En el contexto de este procedimiento, el 13 de abril del año 2010, la auditora interna del Gobierno Regional se acercó a un profesional de la Contraloría y le planteó su inquietud porque en el Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), aparecía un asiento contable negativo, lo que está permitido desde el punto de vista de la metodología contable, pero no corresponde a los principios de contabilidad, porque los asientos negativos tienden a anular los movimientos contables.
Este asiento contable negativo figuraba como un anticipo, cuyo comprobante de egreso no fue encontrado el día 13 de abril de 2010, ni tampoco los documentos que debían servir de respaldo. Esto motivó que el 14 de abril se nombrara un nuevo auditor en el Gobierno Regional dedicado única y exclusivamente a este tema, dada la gravedad de la situación. Por razones estratégicas, se decidió circunscribir esta investigación especial al año 2009, no obstante la Contraloría se encuentra investigando períodos anteriores.
La investigación especial se abocó al estudio de la emisión de cheques de la cuenta corriente denominada Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del Gobierno Regional, correspondiente a egresos cursados que no estaban asociados a ninguna cuenta presupuestaria y que, además, fueron girados a nombre de una persona natural y cobrados por caja. No fueron cobrados por las personas jurídicas, municipalidades o empresas constructoras, a las que figuran destinados. El 15 de abril, después de la reunión sostenida entre el Contralor (S) y el Intendente, éste ingresó formalmente una denuncia a la Contraloría Regional de Valparaíso, que concluyó con el informe N° 10, de 3 de mayo de 2010.
La investigación efectuada se dividió en dos áreas: las debilidades del sistema de control interno y el examen de egresos propiamente tal.
Respecto de las debilidades del sistema de control interno, lo primero que llamó la atención fue la ausencia de manuales de procedimientos y funciones sobre los principales procesos administrativos contables y financieros, situación de común ocurrencia en otros servicios públicos. Al respecto el Intendente en su respuesta al pre informe emitido por la Contraloría hizo presente que existían dos manuales, uno del pago a proveedores del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otro de boletas de garantías. Sin embargo, esos manuales no han sido aprobados por un acto administrativo, decreto o resolución, en cumplimiento al artículo 3° de la ley N° 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos. Además, no hay manuales específicos sobre procedimientos y funciones en materias contables y financieras.
En relación con la deficiencia del sistema informático Methasys, lo que se cuestionó fue su utilización y no el sistema en sí, ya que contando con las herramientas pertinentes para establecer mecanismos de control, éstas no fueron usadas. Se constataron, además, los siguientes problemas: Methasys y Sigfe no se comunican, lo que exige trasladar los datos manualmente; no se contemplan cambios periódicos de claves; no existen procedimientos para verificar la integridad de la base de datos con que cuenta el sistema; no hay respaldo ni validación de la información que existe en el banco de datos; el personal del Departamento de Finanzas tenía libre acceso al Sigfe, a través de la clave asignada el Jefe del Departamento de Finanzas , lo que permitía consultar o registrar información y modificar datos.
A continuación se refirió a las falencias detectadas en los aspectos financieros y contables del sistema de control interno:
1° Excesiva concentración de funciones en un único funcionario que es el encargado de las iniciativas de inversión, a saber, contabilización de operaciones, custodia de talonarios, emisión de cheques, conciliaciones bancarias, llevar el libro banco, etcétera.
2° En materia de cheques no hay un registro de los beneficiarios ni montos girados en los talonarios, registrándose tal antecedente sólo en el libro banco lo que hace imposible una posterior concordancia. Hizo presente que este tema ya había sido observado por la Contraloría el año 2008 mediante el informe N° 211.
3° Cualquier funcionario del Departamento de Finanzas puede confeccionar cheques de manera manual y de hecho todos los cheques que aparecen en el Informe N° 10 fueron girados de esa forma.
4° Cualquier funcionario puede efectuar anotaciones en el libro banco, planilla Excel que está alojada en el sistema Methasys y que registra los movimientos bancarios, depósitos y giros del Gobierno Regional.
5° La no inutilización de comprobantes de egresos, estados de pago y facturas hace posible la visación, mediante un timbre o una firma, y su reutilización.
^@#@^6° Incumplimiento de oficios Nº 60.820, de 2005 y 54.900, de 2006, de la Contraloría General de la República, que imparten normas y definen los procedimientos contables básicos para el registro de las transacciones por parte de los servicios e instituciones que integran la Administración del Estado.
7° El jefe del Departamento de Contabilidad cuenta con atributos para generar autorizaciones de pago que no le competen, puesto que eso debiera ser de cargo del Departamento de Inversión y no del jefe del Departamento de Contabilidad.
Enseguida se refirió a los resultados del examen de egreso realizado por la Contraloría una vez que recibió la respectiva denuncia.
Acotando la investigación al año 2009, se hizo una prueba de integridad del correlativo de los egresos y se determinó la ausencia de once documentos de egreso que no estaban en su original y, además, habían sido eliminados del sistema Methasys. Una vez que se pudo recabar copias de esos comprobantes de egreso, a través de medios informáticos, se cotejaron con el libro banco y coincidían en cuanto a sus beneficiarios (Municipios y empresas privadas), no obstante, los respectivos cheques habían sido cobrados por caja por una persona natural, el señor Eugenio Aubele Guerín .
El detalle de los once cheques se graficó en el siguiente cuadro resumen.

# Posible reutilización de antecedentes.
Existieron seis casos en que el BancoEstado, antes de pagar el cheque por caja, consultó al Gobierno Regional, dándose desde este organismo la autorización para pagarlos. Esto hace presumir que, en la fecha en que se pagaron los cheques, en el libro banco aparecía el nombre de Eugenio Aubele, dato probablemente modificado con posterioridad. Esta presunción viene dada, básicamente, por las declaraciones que los auditores tomaron a las personas que otorgaron esas autorizaciones, quienes señalaron que debieron haber tenido a la vista el libro banco donde aparecía el nombre del señor Aubele. Este es un aspecto que debe servir de antecedente al momento de llevar a cabo el sumario administrativo.
Consultado por las posibles responsabilidades de funcionarios del BancoEstado por no haber hecho las consultas respectivas en los cinco cheques restantes, la investigación fue ordenada al Gobierno Regional y a cualquiera otra entidad que aparezca involucrada, sea sobre los hechos de que da cuenta el informe N° 10 o de cualquier otra situación de que tome conocimiento el fiscal.
Por otra parte, hay tres cheques cuyos montos coincidían exactamente con comprobantes de egresos que sí tenían respaldo. Al respecto, destacó la importancia de inutilizar la documentación para evitar su reutilización como habría podido ocurrir en este caso.
Finalmente, se pudo establecer una suerte de virtual paseo de los asientos contables en negativo, que graficó con el cobro de un cheque por caja el día 13 de enero de 2009, por la suma de 62.920.208 pesos. La información aparece en el sistema Methasys pero el traspaso al SIGFE, se hizo el 31 de marzo en la cuenta Garantías Recibidas, o sea, tal como si hubiese sido una devolución de retenciones por parte del Gobierno Regional a Aubele y Henríquez Compañía Limitada . Luego, al hacer el asiento contable negativo, el 15 de mayo se anuló del sistema, porque dicha empresa no figura como adjudicatario en ningún proyecto durante 2008-2009 y por lo tanto no existía respaldo. El mismo 15 de mayo, se reemplaza el nombre de Aubele y Henríquez Compañía Limitada como beneficiario, o como contratista, por el de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en el marco un proyecto FRIL. El movimiento aparece consignado como anticipo a contratistas, de manera que, en este caso, se cambió la cuenta. Entonces, finalmente, en el SIGFE el pago queda registrado como contra una garantía a nombre del mismo Gobierno Regional de Valparaíso. Este caso concreto se replica en otros cheques.
Como consecuencia de la investigación especial llevada por Contraloría, concluida por el informe N° 10, se formuló un reparo para iniciar el respectivo juicio de cuentas. Además, se remitió el informe final a la Fiscalía General de Valparaíso. La Contraloría también hace otras investigaciones especiales de años anteriores y de los primeros meses de 2010. El Programa Nacional de Auditorías se encuentra próximo a concluir.
Consultado sobre las observaciones realizadas señaló que al parecer las falencias inicialmente detectadas en el Informe N° 211, de 2008, no fueron subsanadas porque se repitieron y permitieron que, sumadas a otras siguieran cometiéndose irregularidades. Estas falencias eran dos: la circunstancia de que no se inhabilitaban los comprobantes de egresos, las facturas y demás antecedentes una vez utilizados, lo que permitía la reutilización de los mismos y el hecho de que en los talonarios de cheques no se dejaba constancia del beneficiario de los mismos ni de la cantidad girada.
En cuanto a la ausencia de manuales de procedimientos, la observación se dirigió a la División de Administración y Finanzas y por ende, es dable presumir que, por lo menos, la jefatura de dicha división debía haber gestionado la confección de los manuales. Recalcó que estos manuales necesariamente deben aprobarse a través de un acto administrativo del intendente, en su calidad de jefe superior del servicio. No hay obligación legal de que existan pero constituye una práctica de buena administración, por lo tanto no hubo una obligación legal incumplida por omisión, en el sentido de que se obligue a los intendentes a dictar manuales, no obstante la Contraloría General de la República siempre lo ha recomendado.
Ante la pregunta sobre si existiría responsabilidad legal del ex Intendente de la Maza debido a que públicamente reconoció el día 22 de abril del 2010 que había graves ilícitos en la Intendencia, respondió que a esa fecha no era funcionario público y que, por lo tanto, no pesaba sobre él la responsabilidad legal de efectuar denuncia.
4) La señora Patricia Arriagada Villouta , Jefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República, en sesión 2ª, celebrada el martes 25 de mayo de 2010.
Explicó que la Contraloría tiene dos vías de auditar a los servicios: auditorías regionales y auditorías nacionales, verificándose estas últimas cuando involucran más de una región. Respecto del Gobierno Regional de Valparaíso, la Contraloría ha hecho auditorías de ambos tipos, en relación con los años 2007, 2008 y 2009, por problemas de control interno, circunstancia que facilita la comisión de irregularidades e incluso de fraude.
La auditoría del año 2009 se encuentra concluida y se encuentra en curso un curso un sumario y una auditoría respecto de los años anteriores.
Cuando se trata de programas nacionales, carácter que tuvo el informe Nº 211, éste se dirigió al Ministro del Interior , sin perjuicio de que también se remitió copia al intendente regional. Además, una vez que son entregados los informes se publican en la página web de la Contraloría.
5) El señor Gabriel Aldana Domage (ex jefe de la división de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Valparaíso), en sesiones 3ª y 18ª celebradas el jueves 3 de junio y el martes 10 de agosto, respectivamente.
Comenzó su exposición señalando que asistió a esta sesión debido una invitación, sin tener la obligación de concurrir. Destacó que, por lo demás, no es sujeto de responsabilidad política y la responsabilidad administrativa, que pudo haber tenido como funcionario público, se extinguió desde el momento en que el intendente le desvinculó del Gobierno Regional.
En el período de ocho años que me desempeñé en el Gobierno Regional, éste triplicó su presupuesto y duplicó el número de funcionarios. Se creó un nuevo cargo de jefe de división con tareas en el ámbito de planificación y desarrollo regional. Me hice cargo de un importante proceso de crecimiento institucional.
Me correspondió desarrollar tareas bastante heterogéneas. No sólo debía supervisar la marcha del Departamento de Finanzas, sino que tenía otras dos unidades a cargo: el departamento administrativo y la unidad de gestión de las personas.
Debió atender procesos de licitaciones y contratos, que es una tarea bastante delicada por cuanto implica mucha dedicación y cuidado. Se trata de un ámbito que da espacio para que puedan ocurrir situaciones de fraude o de irregularidades. Por lo tanto, requería mucha dedicación para evitar que eso ocurriera.
Además, debía proponer medidas y tomar decisiones en materias de de personal, entenderme con el consejo regional y con la asociación de funcionarios.
Presidí muchos comités e integré otros, tales como la junta calificadora, el comité paritario de higiene y seguridad, el de selección, el de capacitación, el de mejoramiento de gestión y el de riesgo.
Actuaba como ministro de fe respecto de la documentación que era enviada a la Contraloría. Es decir, me correspondía dar fe que los documentos enviados eran copia fiel de los originales.
Asimismo, supervisaba la administración del Centro Cultural ex Cárcel, que estaba destinado al Gobierno Regional y vincularse con una serie de otros servicios externos como la Dipres y la Subdere.
El 11 de marzo de 2010 el intendente Celis me planteó lo que él denominó literalmente un acuerdo mínimo. La idea era que me mantuviera en el cargo hasta el día 31 de marzo. Al llegar esa fecha se vería si tomábamos un nuevo acuerdo por otro período.
Al poco tiempo, tuve algunas discrepancias con decisiones que tomaron el intendente y su equipo asesor, fundamentalmente relacionadas con despidos de funcionarios y, por tal razón, le planteé que no estaba disponible para que se prorrogara ese acuerdo mínimo más allá de esa fecha.
Llegado el 31 de marzo, se me solicitó la renuncia.
Al referirse a los procedimientos de control dentro del Gobierno Regional, sostuvo que existe una unidad de auditoría interna, a cargo de la contadora auditora Elizabeth Montenegro. Ella fue nombrada por el intendente Iván de la Maza.
Existía, además, un comité de riesgo, que me correspondió presidir. Este comité de riesgo estaba integrado por los jefes de los distintos departamentos del Gobierno Regional, y otras personas que llamó líderes de procesos, es decir, quienes no siendo jefes de departamentos lideraban algunos procesos internos, como el encargado de Informática.
En ese comité se analizaban los distintos riesgos que podían involucrar los procesos del Gobierno Regional, en base a dos variables: probabilidad y gravedad de la eventual ocurrencia de estos hechos. Sobre esa base, se construía una matriz de riesgo.
Con esta matriz de riesgo se generaba el plan anual de auditoría. Todo esto siguiendo las recomendaciones de los procedimientos definidos en materia de gestión de riesgo por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAI.
Se adicionaba en forma permanente al menos una auditoría. También se incorporaba una auditoría en materia de gestión de inversiones o FNDR, además de las que pudiera solicitar el intendente directamente o que, incluso, yo mismo pedí sobre ciertas materias.
Este mecanismo en base a matriz de riesgo era parte de los requisitos del programa de mejoramiento de gestión, PMG, en materia de auditoría interna, el que era evaluado y validado por el CAI, lo que se cumplió todos los años. Siempre fue validado y aceptado el procedimiento. Del mismo modo, la unidad de auditoría interna permanentemente cumplió con sus metas de desempeño, que eran evaluadas por la unidad de auditoría interna del Ministerio del Interior.
Me preocupé de instalar en la división de Administración y Finanzas dos funcionarios para apoyar las medidas de control y mejoramiento de gestión. Una profesional era administrador público, la señora Paola Aliste , que desempeñaba una tarea de analista de gestión propiamente tal. Trabajaba estrechamente con la auditora interna en materia de seguimiento de los programas de mejoramiento de gestión, en la implementación de políticas de calidad. También solicité el traslado desde el departamento jurídico de un abogado, señor José Antonio Crespo , destinado a la división, que era un cargo que no existía anteriormente.
Hubo otras medidas que se tomaron como institución. Por ejemplo, en un trabajo permanente de ir buscando cómo mejorar los controles, se implementó el mecanismo de convenio mandato completo e irrevocable con las unidades técnicas para la ejecución de proyectos y para operar por mecanismos de convenios de transferencia en lugar del tradicional que se tenía, el cual era un convenio de mandato limitado que se entregaba a las unidades técnicas y dejaba en el Gobierno Regional la facultad de la adjudicación de los contratos.
Se hizo esto porque se estimó inconveniente que los contratos por los 40 mil millones de pesos del Gobierno Regional fuera resuelto por pocas personas y que era más saludable que esa responsabilidad se repartiera entre las distintas unidades técnicas, los 38 municipios y otros servicios públicos que ejecutaban.
Además, existía una instancia externa, como en todos los servicios públicos, la Contraloría General de la República, que todos los años auditaba al menos algunos aspectos del FNDR, del programa de inversión regional, y otros aspectos de la gestión del Gobierno Regional, contratos a honorarios, gastos del consejo regional, entre otros.
Durante los años que estuvo en la división de administración y finanzas jamás tuvieron alguna observación relevante de parte de la Contraloría General de la República. Todas las que planteaba en los preinformes siempre fueron salvadas en los informes finales.
Discrepó con lo señalado por el contralor regional, al referirse al informe N° 211, de 2008. Él dijo que en ese informe había dos observaciones que se habían hecho al Gobierno Regional de Valparaíso. La primera decía relación con la falta de timbres “cancelado” o “pagado” en los comprobantes de egresos y facturas. Si se ve el informe Nº 211 se podrá observar que no era dirigido al Gobierno Regional de Valparaíso; era un informe sobre el programa nacional FNDR, dirigido al Ministerio del Interior, donde se hacen observaciones genéricas respecto de que en algunos gobiernos regionales, y en algunos estados de pago, no se cumpliría aquello. Se trató de una observación genérica, de cinco líneas, en un informe de 50 páginas. No lo interpretaron como que fuera referido al Gobierno Regional de Valparaíso.
Dejó a disposición de la Comisión un comprobante de egreso del Gobierno Regional de Valparaíso, que lleva un timbre que dice “pagado”. El informe no apuntaba al procedimiento de firmas de cheques o de pagos, sino que observaba que no quedaba registro de que los cheques hubieran sido efectivamente pagados, que era muy difícil contrastarlos y que no quedaban las fechas.
Añadió que, sobre la base del comprobante de egreso, firmaba los cheques. El comprobante contable de egresos siempre contenía la firma abreviada del funcionario del Departamento de Finanzas que lo había generado, y la firma, en la parte superior, de Lorenzo Leiva , jefe del Departamento de Finanzas , que aprobaba el comprobante de egreso.
A mí me presentaban ese comprobante de egreso con el cheque ya generado y firmado por el señor Lorenzo Leiva, acompañado de todos los antecedentes o el expediente que daba origen a ese pago.
Naturalmente, por el volumen de cheques que se giraban, no revisaba, ni me correspondía revisar todos los antecedentes hacia atrás. Para eso existía una unidad encargada de hacerlo.
En un día normal se podían firmar alrededor de 80 cheques. En cierre de mes podían ser 150, y en días de más carga, varios cientos. Físicamente era imposible que revisara todo. Sin embargo, me preocupaba que los encargados de hacer el control, lo hicieran. La manera en que verificaba esa situación era mediante la firma que aprobaba el pago.
Entiendo que la otra persona que habría firmado algunos cheques, como segunda firma, la señora Sara Peñaloza , operaba del mismo modo. Ella era quien firmaba en mi ausencia.
Afirmó haber revisado el informe N° 211 y en ninguna parte se realizaron observaciones acerca de la falta de registro de los destinatarios de cheques en los respectivos talonarios, como indicó el contralor regional a esta comisión. Puede ser un tema importante pero nunca se señaló.
El mismo contralor dejó claro que en ningún momento la Contraloría le habría expresado al intendente su preocupación por la inexistencia de manuales de procedimientos. Eso no se encuentra en el informe N° 211, ni en ningún otro que recuerde o que hubiera conocido de parte de la Contraloría.
No quiero restarle importancia a la inexistencia de los manuales de procedimientos, pero es importante que se tenga claro que aunque hubieran estado formalizados y por escrito, los manuales de procedimiento no eran ninguna barrera para impedir que esto ocurriera.
En el Gobierno Regional existían procedimientos claros, conocidos por los funcionarios y utilizados regularmente. En estas ocasiones puntuales se omitió el procedimiento justamente con la intención de ocasionar un fraude. Fue un hecho deliberado.
No obstante estar consciente de la debilidad que significaban los manuales y que en el Gobierno Regional no existían al momento en que él asumió el cargo, sí se comenzaron a implementar algunos para distintos procesos. Entre ellos, estaba el manual de adquisiciones.
Se implementó, además, un manual de políticas informáticas. En él, por ejemplo, en el punto 8, número 5, señala que “todos los usuarios deberán velar por la confiabilidad de sus cuentas y passwords y deberán notificar de inmediato al encargado de informática sobre cualquier uso no autorizado de cuentas o de cualquier otra violación a su seguridad. Está expresamente prohibido suplantar la identidad de terceras personas u organizaciones en sistemas de consultas web u otras aplicaciones. Está prohibido usar claves que no pertenezcan al usuario o que sean de otros usuarios u organización.”.
No tuve conocimiento de que se estuvieran compartiendo o suplantando claves. Al sistema Methasys o al sistema de correo accedía con mis claves personales, las que nunca compartí. Esa era la instrucción y suponía que se estaba cumpliendo; nadie me notificó que no fuera así.
Del mismo modo, en muchas instancias, le solicité al jefe del Departamento de Finanzas que trabajara en implementar manuales de procedimiento. Dijo tener copia de un correo electrónico que le envió a comienzos de 2009, antes de irse de vacaciones, donde le dejaba una serie de tareas y le recordaba algunas pendientes. Entre otras, cinco frases al final, que procedió a leer: “A ver si a mi vuelta están bien redefinidas las tareas dentro del departamento, por ejemplo, Verónica haciendo resoluciones.” Esa frase tiene un implícito bastante claro, porque cuando le digo que estén bien redefinidas es porque estaban definidas previamente y lo que le pedía era una redefinición que buscara equilibrar y distribuir mejor las tareas dentro del departamento.
En segundo lugar le pregunté qué pasaba con la resolución que aprueba el procedimiento de rendición de cuentas de Cultura y de FRIL. Aquí directamente estaba aludiendo a una solicitud que le había hecho de implementar dos manuales de procedimiento en materia de finanzas, de rendición de cuentas de Cultura y del Fondo Regional de Iniciativa Local, porque le parecía que eran las áreas más sensibles, más delicadas y que por su volumen de trabajo podían dar más espacio para irregularidades.
Finalmente, otro punto que le pareció relevante de ese correo es donde le señalé que Marcelo deberá irse a trabajar con Eli -me refiero a la señora Elizabeth Montenegro - a partir del 23 de febrero. Ese funcionario se había incorporado recientemente a trabajar en el Departamento de Finanzas y yo había resuelto que fuera a apoyar la unidad de auditoría interna.
Respecto de los sistemas de información dijo que en el informe N° 211, de Contraloría, se hace mención a las debilidades del Sigfe. Textualmente señala que no se desglosa la información a nivel de proyecto. Esto es un ejemplo que prueba que el Sigfe es un sistema de información construido o concebido para que el Ministerio de Hacienda y la Contraloría recaben información de la situación y gestión financiera de los servicios públicos y no para la gestión interna de los servicios. Ese es el sentido.
Nosotros, al igual que en la mayoría de los gobiernos regionales, teníamos implementado el sistema Methasys, que particularmente fue desarrollado para estos servicios y era el que les permitía hacer la gestión cotidiana y tomar algunas decisiones.
Estimo que no era un buen sistema de información. Era muy engorroso al momento de entregar informes, no facilitaba la entrega y dificultaba el análisis y el control.
Sin embargo, la implementación de ese sistema fue un tremendo avance considerando que hasta hace cinco o seis años toda la contabilidad del Gobierno Regional se llevaba en planillas Excel . Literalmente, los egresos se dibujaban en la planilla, se hacía un cuadrito y se ponían los datos dentro. Era un sistema tremendamente artesanal y en el que no existía ningún control dentro del Departamento de Finanzas, ni password ni nada de quien accedía. Había una red cerrada del Departamento de Finanzas y cualquier persona que se sentara en ese computador accedía a toda la información contable del Gobierno Regional.
No obstante, consideré que no era suficiente y elaboramos un proyecto para implementar un software de tipo ERP, de planificación de recursos empresariales, que es el tipo de software que ocupa cualquier empresa privada que maneja recursos del orden de los que maneja el Gobierno Regional. En mis cuatro años, me tocó administrar una cifra del orden de 130 mil millones de pesos. Elaboramos un proyecto para la implementación de un ERP. Tengo un correo de la presentación que hicimos a la Subdere, para solicitar recursos adicionales para financiarlo. Es un software que costaba del orden de 300 millones de pesos, y no disponíamos de recursos suficientes para financiar eso. No obstante, planificamos de modo de hacer los espacios presupuestarios para tener la mayor cantidad de recursos. Hicimos un gran esfuerzo, apretándonos el cinturón en varias otras áreas, a fin de poder hacer esa cantidad de recursos entre 2009 y 2010. Logramos planificar y reunir 174 millones, y solicitamos la diferencia que necesitábamos para implementarlo. La gente de la Subdere y de la Dipres nos señalaron que les parecía un sistema bastante interesante y atractivo, pero nunca se materializó la aprobación de los recursos.
En conclusión, había un modelo de gestión tendiente a generar un clima de control; se implementaron algunas políticas, algunos manuales de procedimiento, políticas informáticas, de adquisiciones y de uso de vehículos fiscales. Personalmente, había enviado circulares a los funcionarios en materias tales como recepción de presentes, regalos o donativos, cumplimiento de horarios, jornadas de trabajo, permisos, etcétera.
No tuve tuvo conocimiento de ningún tipo de irregularidad, por ejemplo, como señalé, del mal uso de las claves en el Departamento de Finanzas. Allí claramente, es evidente que el jefe del Departamento no cumplió algunas de mis instrucciones. Por lo demás, creo que permitió que existieran falencias en los procedimientos de control sin mi conocimiento y supongo que sin el del intendente, ya que él no se entendía directamente con el intendente, sino que lo hacía por mi intermedio.
Existían mecanismos de control, pero estos se omitieron en casos puntuales. Supongo que eso se hizo claramente con la intención de defraudar a la institución. Se refiero a que no se anularon facturas como normalmente se hacía, se compartieron claves para evitar el rastreo y seguimiento de quien hacía operaciones contables, se extraviaron egresos, se ocultaron egresos, se desobedecieron instrucciones, etcétera.
Lo evidente que hay acá es que un grupo de funcionarios se coludió para generar un fraude. ¿Qué funcionarios? Funcionarios que eran responsables de administrar los procedimientos de control.
Tomé conocimiento de estos hechos la semana del 19 de abril, me parece que el martes 20, cuando la funcionaria jefa del Departamento Administrativo, Sara Peñaloza , me llamó por teléfono y me contó -con quien, por lo demás, tengo una relación de amistad y de plena confianza- que se estaba haciendo una auditoría, que estaba al tanto de que existían algunos cheques que tenían mi firma, y otros la firma de ella y que había algunos pagos extraños o dudosos.
En virtud de eso, me reuní el miércoles 21 de abril al mediodía con el ex intendente Iván De la Maza , le conté la situación y me señaló que le parecía muy delicado. Nuevamente me junté con él el jueves 22. Ese mismo día, los auditores de la Contraloría me invitaron a declarar, me presentaron los cheques y a esa altura ya tenía un conocimiento absolutamente claro de lo que estaba sucediendo. Ya tenía una estimación del orden, del monto, de lo que ocurría, etcétera.
Al ser consultado sobre si se hizo cargo de las indicaciones e implementó algunas de las acciones sugeridas o mandatadas por la Contraloría General de la República como ente fiscalizador, expresó que, normalmente, lo que recibieron fueron observaciones en informes previos. Todas eran respondidas y habían sido salvadas a la hora de la emisión de los informes definitivos. De hecho, en el mismo informe 211 hay una observación al Gobierno Regional de Valparaíso, referida a devengar sin generar los pagos. Se auditó todo un año y encontraron que a comienzos del mismo ocurría esta situación que había sido corregida incluso antes de la entrega del informe. Eso lo explicamos, lo respondimos y no se generaron observaciones. Todos los informes operaban del mismo modo. O sea, todas las observaciones que nos hacían, al momento del informe definitivo ya estaban saldadas. Eran procedimientos que ya habían sido corregidos.
Interrogado si era efectivo que en el mes de agosto de 2009, la jefa de auditoría interna del Gobierno Regional alertó al intendente y a las unidades que de él dependen de situaciones anormales e irregulares en el Departamento de Finanzas, manifestó que no lo recordaba.
En el período en que estuve desempeñando el cargo no tuve conocimiento de ninguna irregularidad administrativa dentro del Departamento de Finanzas. Sólo poco antes de irme, ya durante marzo, vi al señor Leiva conduciendo un vehículo que sabía que costaba del orden de 25 millones de pesos, una Mazda CX-9 , y me llamó mucho la atención. De hecho, al día siguiente lo encaré y me dio una explicación que no me pareció convincente. Dado que estaba pronto a abandonar el cargo y no tenía ningún elemento concreto con el cual podía determinar qué era lo que había ocurrido, opté por informar a la persona que llegó a ocupar el cargo que él desempeñaba, el señor Sergio Núñez , actual jefe de Administración y Finanzas. El día que él llegó tuvimos una larga conversación, toda la tarde y hasta bastante entrada la noche. Allí le expliqué que había una serie de informaciones que debería haber entregado el jefe de Finanzas para esa entrega del cargo y que, sin embargo, no lo hizo. Cuando me retiré le advertí: “Ten cuidado con esta persona, porque yo tengo la impresión que está en algo raro”, y le mencioné el tema del vehículo.
Al ser preguntado si revisaba los antecedentes de las empresas con las cuales contrataba el Gobierno Regional, contestó afirmativamente respecto de los contratos en materia de ejecución del programa de gastos y funcionamiento. Recalcó que se refería a los contratos de funcionamiento del servicio y no a la ejecución de obras.
Consultado respecto quien autorizó los pagos al señor Aubele, explicó que la supervisión que hacía respecto de la generación de contratos, era en los contratos de materias de funcionamiento del Gobierno Regional, ya sean arriendos, adquisiciones de equipamiento computacional, de mobiliario, vehículos, prestaciones de servicios, servicios de aseo, telefonía, etcétera. No los contratos de ejecuciones de obras en proyectos de inversión. Él señor Aubele aparece con pagos en contratos de ejecución de obras, por proyectos, por inversión. La materia de los contratos no era de mi responsabilidad ni estaba en mi ámbito. Eso recaía en la división de análisis y control.
Los pagos sí recaían en mi división, y la persona que los aprobaba era el jefe del Departamento de Finanzas , quien firmaba los egresos, por lo tanto, ordenaba el pago. Según la información habida y lo que le señaló la Contraloría, esos comprobantes están desaparecidos.
Ante la consulta sobre si se realizaron muchos pagos al señor Aubele y si eso le había llamado la atención, expresó que el hecho de que se repitiera un nombre era algo absolutamente habitual. Normalmente los proyectos operan sobre estados de pago y sobre avances de obra, por lo tanto, la persona que tiene un contrato, va a recibir varios pagos durante la ejecución de la obra.
Tengo entendido que el señor Aubele no tuvo ningún contrato. Sin embargo, se me tienen que haber proporcionado los antecedentes para que hubiera firmado esos cheques. Aparentemente es mi firma, pero si efectivamente fue mi firma y se me presentaron los antecedentes, ellos tienen que haber sido simulados, con el objeto de haber justificado el motivo de ese pago.
Cuando se generan pagos es normal que éstos sean recurrentes. Hay contratistas que llevan muchos años trabajando con el Gobierno Regional y todos los meses reciben pagos de ese organismo. Por lo tanto, que esa situación fuera habitual no era llamativo, aparte del hecho de que el listado de contratistas es bastante grande.
Como no trabajaba directamente en la gestión de los proyectos, porque eso estaba a cargo de la división de análisis y control de gestión, tampoco podía llevar en la punta del dedo el nombre de todos los contratistas de proyectos.
Si veía llegar un cheque del proveedor, por ejemplo, de reparación de los vehículos, tenía claro que era la reparación que yo mismo había ordenado que se hiciera hace dos semanas atrás a algún vehículo. Sin embargo, respecto de los proyectos, no los llevaba en la punta del dedo, porque no los gestionaba, ya que solamente tenía la tarea de los pagos.
Respondiendo otras preguntas, afirmó que efectivamente no había manuales respecto de ningún procedimiento al momento de llegar a la división. En varias ocasiones se elaboraron borradores de manuales y se había mapeado los procesos, sin embargo, nunca fueron formalizados oficialmente como tales. Por lo mismo, mi preocupación fue la de implementar algunos manuales en varias áreas, ya que me parecía que era importante que se hiciera. No obstante, tal como expuso el contralor, no era obligación que eso fuera así.
Lo relevante es que había procedimientos claros y conocidos. Si no hubiera sido así, habría sido imposible que hubiéramos podido administrar 130 mil millones de pesos en cuatro años.
En cuanto a la recomendación de cambio de clave, en términos prácticos y concretos, expresó que nunca hubo de parte de la Contraloría una recomendación al respecto. Puede ser una buena práctica, pero no era una recomendación que formalmente hubiera existido.
Por otra parte, acerca de la excesiva concentración de funciones, expresó que el Departamento de Finanzas tenía nueve funcionarios que debían administrar dos programas presupuestarios y, además, fondos extrapresupuestarios.
En la Ley de Presupuestos van desglosados los distintos programas presupuestarios, donde uno de ellos va asociado a un servicio público. En el Gobierno Regional se manejan dos programas presupuestarios. El programa de gastos de funcionamiento, que implica todos los gastos que permiten que funcione el Gobierno Regional, por ejemplo, pago de remuneraciones, adquisición de bienes, pago de servicios, gastos del Consejo Regional, dietas de los consejeros, etcétera. El programa de inversión regional implica la ejecución de proyectos, entrega de subvenciones culturales y de deportes, cuyo monto es mucho más grande, pero con menos operaciones. El que acumula más operaciones es el primer programa, porque maneja los gastos menores.
Además, respecto de fondos de administración, los gobiernos regionales tenían que administrar muchos programas nacionales que se ejecutaban en la respectiva región. Por ejemplo, el programa de Obras Bicentenario, el programa Chile Barrio, el programa de Producción Limpia, convenios con la Unión Europea, etcétera, siendo todos esos programas extrapresupuestarios.
En consecuencia, el volumen de trabajo era bastante grande para los pocos funcionarios que había. En ese sentido, la organización que se establecía era sobre la base de las dos líneas de programas presupuestarios y, dentro de ellas, había un profesional que asumía una función de tipo senior, que se establece como el líder de proceso en esa línea. Esa era la función que tenía el señor Jaime Lorca . Sin embargo, ello tampoco significaba que él hiciera directamente todo ese trabajo; mucho lo hacía él, pero no directamente, además que contaba con un par de profesionales que le ayudan en esas tareas.
Al entregar su opinión sobre el señor Lorenzo Leiva , indicó que trabajé con él siete de los ocho años que estuvo en el Gobierno Regional. En primer lugar, en la División de Análisis y Control de Gestión, él era funcionario del Departamento de Inversiones y llegó a trabajar al Gobierno Regional cerca de 1999. Anteriormente había estado en la Subdere.
Mi opinión de él, hasta ese minuto, era buena. Creo que era un buen profesional, dedicado en su trabajo y en un cargo de mucha menor responsabilidad que el de jefe de departamento. Estando en ese puesto, él postuló al cargo de jefe de finanzas, quedó primero en la terna, con cien puntos sobre cien y fue nombrado jefe de finanzas en 2005, época en que estaba como intendente el señor Luis Guastavino .
Lo recuerdo bien porque integraba el comité de selección y tengo claridad que quedó primero al obtener cien puntos, siendo su evaluación perfecta, incluyendo pruebas de selección e informes psicológicos entregados por consultores externos. Posteriormente, me volví a encontrar con él cuando me transfirieron a la división de administración y finanzas, en donde sí fui su jefe directo.
El señor Leiva era una persona bastante reservada, de manera que, por ejemplo, no tenía información de su vida personal. De allí que era extraño que se pudiera acceder a saber qué tipo de vehículo conducía. Si bien el trabajo cotidiano lo hacía bien y en forma oportuna, estimo que no estuvo al nivel de la respuesta de desafío estratégico, desafíos de largo plazo que tenían que ver con el mejoramiento de la gestión, con las prioridades que se definieron para la división, como la elaboración de determinados manuales. A mi parecer, como jefe no era una persona destacable. Además, creo que tenía problemas de liderazgo en el equipo de trabajo, pues tenía relaciones bastante conflictivas con sus subordinados. No era un buen jefe, pero sí un buen profesional.
Respecto de su firma en los cheques, señaló que la Contraloría le mostró ocho, de los cuales cinco tenían su firma, los que sumaban más de 500 millones de pesos. Los ocho cheques están firmados por Lorenzo Leiva , cinco con su firma y tres con la firma de Sara Peñaloza . El Departamento de Finanzas generaba el egreso con el cheque y se remitía ya firmado por los jefes de finanzas para la segunda firma que era la mía y, en mi ausencia, la de Sara Peñaloza . De los cinco cheques en que aparece mi firma, diría que en uno la firma me parece un poco extraña, pero no podría aseverarlo. Si bien no puede descartar que las firmas sean falsificadas, porque no soy perito caligráfico, por el volumen de cheques que firmaba es muy difícil que me pueda acordar de uno específico. Creo que lo más probable es que se hubieran falsificado antecedentes que justificaran que pusiera mi firma.
Al responder otras consultas señaló que tenía relación permanente con el intendente. Me podía reunir con él varias veces en un día, como, también, podían pasar varios días en que ello no ocurriera, pero era una relación permanente que obedecía al desempeño de las funciones y a la naturaleza de las cosas que estaban ocurriendo. En esas reuniones le informaba siempre sobre la marcha general de la división de administración y finanzas y sobre otros aspectos respecto de los cuales, como jefe de esa repartición, tomaba conocimiento de las otras divisiones, como lo que dice relación con aspectos funcionarios. Sin embargo, siempre era información sobre la marcha general de la división, del Gobierno Regional y sobre el cumplimiento de los grandes objetivos estratégicos, que como institución se planteaban. Ahora, lo que recibía de su parte eran demandas que tenían que ver como un usuario más, pues de pronto le podría pedir que le cambiara el computador de su escritorio o las demandas de más alto nivel, que tenían que ver con fijar algunas prioridades, objetivos, pero todo eso era administrado en la división.
El intendente no participaba en la firma de los cheques, no tomaba conocimiento respecto de pagos específicos. Más bien, su relación con los proyectos tenía que ver con definir prioridades para proponer al Consejo Regional qué proyectos se ejecutaban y luego él planteaba su preocupación respecto de si estaban en marcha o no, cuándo se terminaban o si había alguna dificultad en la ejecución de los proyectos que llegara a su conocimiento.
Por otra parte, en materia de recursos, la operación que se llevó a cabo no fue presupuestaria, de modo que no se afectó, hasta ahora, el presupuesto del Gobierno Regional, sino que era una operación de caja, concerniente al giro de cheques. Por eso se ha hablado de proyectos fantasmas, porque no había tales iniciativas, de manera que no eran imputados a ninguna cuenta presupuestaria. Me imagino que ahora el Gobierno Regional tendrá que reflejar la pérdida y, por lo tanto, se va a afectar su presupuesto, pero era una operación de caja.
Al referirse a la participación de otras instituciones, dijo que el Gobierno Regional hacía dos solicitudes de caja mensual a la Subdere. En dicha solicitud se detallaban los movimientos de caja, es decir, se indicaba cuánto se había recibido en la transferencia anterior, cuáles eran los movimientos de la cuenta, cuál era el monto global, no todo el detalle de la cuenta -se detallaban los montos globales cuando se trataba de pago a proveedores, anticipos y otros-, y cuál era el monto solicitado. Sobre esa base, la Subdere junto con la Dipres evaluaba y señalaban si aprobaban la solicitud de caja. Normalmente, la revisaban, había recortes y la caja que depositaban era menor a lo que solicitábamos. Esas son las instituciones que participaban, revisaban la solicitud de caja y tenían acceso a los movimientos.
Afirmó que Departamento de Finanzas, una de las tres unidades que tenía a mi cargo, se organizaba sobre la base de dos líneas de trabajo. Una obedecía al programa de inversión regional, el cual contempla, fundamentalmente, el FNDR, y otras líneas importantes, por lo menos en volumen de trabajo, como las subvenciones de deportes y de cultura, que corresponde a pagos menores, pero en gran cantidad. Esa línea de trabajo que había en el Departamento de Finanzas era liderada por el señor Jaime Lorca . Paralelamente, había una segunda línea, liderada por la señora Carola Muñoz , que tenía que ver con los gastos de funcionamiento y los fondos de administración. Ahí trabajaban menos personas.
Tengo entendido que los dineros que se sacaron fueron girados como anticipos; después se habrían hecho modificaciones. Para ese tipo de anticipos se exige boleta de garantía. No obstante, desconozco cuál fue la operación y el detalle. Si la hubiera conocido en su minuto, me imagino que no habrían llegado a esta situación.
Según se encuentra establecido en la ley de Presupuestos, en todos los proyectos se otorga un anticipo en forma normal. La ley establece que los anticipos pueden ser de hasta un 10 por ciento del monto del contrato. Dicho porcentaje debe ser garantizado por distintos mecanismos. En el caso del Gobierno Regional, el mecanismo que siempre se establecía para garantizarlo era una boleta de garantía.
El libro de banco es un instrumento contable que se ocupa en todas las empresas e instituciones públicas y privadas, en el que se registran todos los movimientos de ese tipo. El libro banco estaba incorporado formalmente dentro del sistema Methasys y enteramente vinculado con la contabilidad, los egresos y otras materias. En paralelo, dado lo engorroso que era el sistema Methasys, pues era lento para generar los informes e, incluso, para acceder a él, porque ni siquiera se digitaba la clave y tenía que esperar un rato para que apareciera la información y navegar dentro del sistema, el Departamento de Finanzas mantenía en paralelo una planilla Excel. Ese no era el documento oficial, pero era una planilla con el listado. Entiendo que ésa fue la que se habría borrado.
Consultado si él había informado al intendente Iván De la Maza el 22 de abril, dijo que ello había ocurrido el 21 de ese mes. La información que tenía en ese momento no era tan clara. Sin embargo, sabía que se habían girado cheques que no correspondían y que algunos tenían su firma. En ese momento estimaba muy equivocadamente que estábamos hablando de una situación de alrededor de 300 millones de pesos. Ésa era más o menos la información, no era muy clara. Le comenté el tema del vehículo y algunas otras cosas de las cuales tomé conocimiento en esos días, como, por ejemplo, que el funcionario Jaime Lorca se había comprado una casa, de lo cual no tenía idea cuando estaba trabajando. Eran detalles de ese tipo, por lo que obviamente se empieza a cerrar el círculo. Lo que para mí era un hecho aislado en algún minuto, como el tema de la camioneta.
En cuanto a los cheques girados a nombre de los municipios, hay distintas modalidades para que el Gobierno Regional financie la ejecución de proyectos, de las cuales la más tradicional consiste en que se firme un convenio de mandato con una institución pública, la que realiza todo el proceso de licitación, contrata y luego remite los estados de pago al Gobierno Regional, siempre con el mandato, de modo que lo hace en representación del Gobierno Regional. Por lo tanto, envía las facturas con el contrato y el cheque se emite a nombre del contratista. Ése es el procedimiento más tradicional y más antiguo.
Sin embargo, con el tiempo se fueron implementando otras modalidades de ejecución de proyectos, las que permitían que en vez de que el Gobierno Regional mandatara a los municipios, les transfiriera los recursos y es el municipio quien actúa en representación propia. Eso está contemplado en la ley de Presupuestos; son distintas modalidades de ejecución. Particularmente, esa modalidad es la que se ocupa en el FRIL, ya que se trata de un fondo que opera de ese modo. Pero ello no sucede exclusivamente en el FRIL, ya que hay otras líneas de proyectos que también operan de ese modo.
Agregó que al revisar el informe de Contraloría, me encontré con que una de las supuestas falencias, la relacionada con anotar en los talonarios los destinatarios, no está en el informe. No quiero entrar en discrepancias con el contralor, porque me imagino que fue mal informado ya que eso no está.
La otra observación, relacionada con el timbre en los egresos, no se hace en referencia a que se anularan con el objeto de que no fueran tramitados internamente de nuevo, sino que era necesario que se timbraran para saber que efectivamente habían sido pagados y en qué fecha habían sido pagados. En ese contexto se hace la observación. Lo hace en 5 líneas, en un documento de 50 páginas, sin observar particularmente al Gobierno Regional de Valparaíso ni a ningún Gobierno Regional, sino que lo hace como una observación general al funcionamiento del FNDR a nivel nacional. Esa observación no nos pareció que se refería a nosotros, por cuanto en el procedimiento que utilizábamos sí se le ponía el timbre.
Respecto de los funcionarios encargados de implementar procedimientos de control que no hicieron, dijo que todos los funcionarios del Departamento de Finanzas tenían como tarea efectuar los controles contables y financieros de los pagos que se generaban. Sin embargo, tengo convicción de que algunos de ellos se tienen que haber coludido. A mí no me corresponde determinar, sino a los tribunales de justicia, quiénes fueron.
Todos los funcionarios del Departamento de Finanzas tenían como tarea revisar que, por ejemplo, los antecedentes que recibían fueran completos y fidedignos. En alguna ocasión, por ejemplo, remitieron antecedentes al Ministerio Público cuando se detectó un documento falso que justificaba un pago, un certificado de la Inspección del Trabajo en algunas obras que se les presentó y que venía adulterado. Esos antecedentes se remitieron a la justicia y obviamente el pago no se cursó.
La tarea de efectuar los controles era del Departamento de Finanzas. Ese trabajo luego era supervisado por el jefe de ese departamento. En términos prácticos, cuando ellos efectúan el control, una vez que les parecía que estaba bien, le ponían un timbre y daban el visto bueno a la carátula que aprobaba ese egreso. Enseguida, generaban el comprobante de egreso, le ponían su firma abreviada, su mosca, a ese comprobante de egreso y se lo pasaban al jefe de Finanzas , quien debía revisarlo. Si le parecía bien, lo firmaba Lorenzo Leiva . Con eso también firmaba el cheque; se aprobaba y me lo remitían. Básicamente, ese era el procedimiento simplificado de control.
Yo recibía una carpeta destinada directamente a la firma de cheques. Me la llevaban a la oficina. En ella, para cada cheque venía el expediente que daba origen al pago. No venía el proyecto completo, sino el expediente que daba origen al pago respectivo. Me refiero al estado de pago con sus facturas. En el caso de un proyecto, venía la aprobación del inspector técnico respecto del avance de la obra, el certificado de la Inspección del Trabajo, etcétera. Es decir, todos los antecedentes que justificaban ese pago. Si se trataba de la adquisición de un bien, debía venir el documento que da cuenta de la recepción del bien por los funcionarios que lo habían recibido, la orden de compra, etcétera. Y sobre todo eso, debía venir el comprobante de egreso, con las dos firmas señaladas.
El comprobante de egreso siempre venía con esas dos firmas, en tanto que el cheque venía emitido y con la primera firma, la del jefe del Departamento de Finanzas . Dejo en claro que jamás firmé un cheque sin un antecedente de respaldo.
Lo que revisaba era el cheque y el comprobante de egreso; sólo en ocasiones revisaba el resto del expediente, porque me era materialmente imposible hacerlo siempre, dado el gran volumen de pagos que se realizan. No había un promedio constante en el mes, pero, evidentemente, se incrementaban a medida que se acercaban al cierre del mes, porque todos los proyectos mandaban el avance que había tenido la obra respectiva durante ese mes. A eso se debe agregar otra serie de compromisos que normalmente debían cumplirse al cierre del mes, por la naturaleza de las operaciones financieras, como el pago de los cheques de los funcionarios que estaban a honorarios.
Entonces, podían pasar varios días con muy poca carga de trabajo, en que se firmaban unos 30 ó 40 cheques, hasta llegar a otros con 200 ó 250 cheques. Si hubiera destinado un minuto a revisar cada documento, tendría que haber estado cuatro horas sólo firmando cheques. Además, tenía una serie de otras tareas que me tomaban mucho tiempo, por ejemplo, firmar como ministro de fe los documentos que se envían a la Contraloría.
Respondiendo una consulta, señaló que al intendente se le informaba respecto de la disponibilidad presupuestaria antes de asistir a las sesiones del Consejo Regional, ése era un trabajo que realizaba la División de Análisis y Control de Gestión en base a los antecedentes que le proporcionaba el Departamento de Finanzas sobre el avance presupuestario. De igual forma, ellos llevaban sus controles en paralelo, porque las facturas y pagos del FNDR entraban por la División de Análisis. Desde ahí ya se hacía una primera revisión y se podía enviar al Departamento de Finanzas.
Por lo demás, en este caso, lo que ocurrió no tuvo que ver con operaciones presupuestarias, eran sólo operaciones de caja. Por lo tanto, en modo alguno se vieron afectadas las disponibilidades presupuestarias. Sólo se echaba mano a caja. En consecuencia, las disponibilidades presupuestarias siempre se ejecutaron y, de ese modo, todos los proyectos aprobados se ejecutaron. No hubo implicancia en eso.
El control de la ejecución presupuestaria era mensual. En coordinación con la División de Análisis, se fijaban metas de ejecución presupuestaria todos los meses.
Las firmas en los comprobantes de egreso que se presentaban no eran siempre las mismas. Siempre estaba la del jefe de Finanzas , pero la segunda firma correspondía al funcionario que había generado el egreso, que era uno de los seis funcionarios que trabajaban en estas tareas dentro del departamento. Siempre firmaba uno de esos seis, más su jefe, que era el jefe del Departamento de Finanzas , como ocurre con cualquier documento que lleva las firmas de responsabilidad del funcionario que lo elabora. En este caso, el comprobante de egreso llevaba las firmas del funcionario que había generado el comprobante, que era una de las seis personas, y la firma del jefe de él, que era el jefe del Departamento de Finanzas , quien revisaba y aprobaba el trabajo de sus funcionarios.
Los comprobantes de egreso, hasta donde sé, están desaparecidos. Se sabe que existen. Corresponden al comprobante de egreso N° 24, por decir un número, y tienen el 22, el 23, el 25 y el 26. Están en los archivos, pero el 24 desapareció.
Debo mencionar que la tarea de la custodia de los documentos corresponde al Departamento de Finanzas. Estos documentos se guardan en muebles con llave, aunque tradicionalmente no era así. Parte de las modificaciones que se realizaron fue cambiar esos muebles y adquirir unos que tuvieran puertas y llaves y éstas las manejaba exclusivamente el Departamento de Finanzas. Entiendo que era la funcionaria que entregaba los cheques en ventanilla y el jefe del Departamento de Finanzas.
En cuanto a la firma de los cheques, la situación es distinta. Los ocho cheques que pude ver tienen la firma de Lorenzo Leiva y en cinco de ellos, además, está mi firma, como segunda firma. En los otros tres, en el lugar de la mía, está la de la señora Sara Peñaloza , quien firmaba en mi ausencia.
Bajo la jefatura de Lorenzo Leiva estaban los funcionarios del Departamento de Finanzas. Dentro de ellos, había un par que, en cierta medida, encabezaban el equipo, quienes tenían una tarea, por decirlo de alguna manera, de capitán del equipo. Ni formal ni jerárquicamente tenían un rango superior, pero por su experiencia y por su formación profesional, desarrollaban tareas de mayor nivel. Uno de ellos, en lo que se refería al FNDR, era Jaime Lorca , contador que realizabas las tareas de contabilidad dentro del FNDR. Él trabajaba en el Gobierno Regional desde 2007.
Por su parte, Carolina Muñoz realizaba la misma tarea que Jaime Lorca, pero respecto del programa de gasto de funcionamiento y los fondos de la administración. Ella también es contadora.
El funcionario generaba el comprobante de egreso y se lo pasaba a la persona que custodiaba los cheques, que, particularmente, respecto de estas cuentas, era Jaime Lorca , quien sacaba un cheque, lo adjuntaba al comprobante de egreso y se lo pasaba a la tesorera, Pamela Villarroel , quien, normalmente, elaboraba el cheque.
En ocasiones, dada la cantidad de cheques, el mismo funcionario que generaba el egreso hacía el cheque. Juntaban todos esos egresos con los cheques ya emitidos y se los entregaban nuevamente a Pamela Villarroel, quien armaba la carpeta y se la llevaba al jefe de Finanzas, para que la revisara y luego me la llevaba para la firma.
En aquellas ocasiones en que no estaba Pamela Villarroel para realizar esa tarea -por causa de licencia médica o vacaciones- lo hacía la secretaria del Departamento, Inés Varas , que dependía directamente de Leiva.
La tesorera Pamela Villarroel armaba la carpeta, la llevaba y luego entregaba los cheques en la ventanilla, pero no participaba en la elaboración de los egresos, para que quede claro, pues no quiero inducir a confusión con eso ni involucrar a más gente.
Respecto de las auditorías realizadas durante el período en que cumplió funciones como jefe de la División de Administración y Finanzas, sostuvo que a mí no me correspondía efectuar auditorías, pero existía una unidad que las hacía, y también estaba la auditoría externa, efectuada por la Contraloría. Se trató de una cantidad importante porque la Unidad de Auditoría Interna debe haber desarrollado, en promedio, unas cuatro o cinco auditorías anuales al Gobierno Regional. La Contraloría, por su parte, hacía otras dos anualmente. Y siempre, tanto de la Contraloría como de la Unidad de Auditoría Interna, todos los años, había por lo menos una auditoría relacionada con algún proceso, con alguna etapa, con algún subproceso, dentro del gran proceso.
Al concurrir a la sesión 18ª, celebrada en martes 10 de agosto de 2010 expresó que, en relación con una contradicción que surgió entre lo que yo señalé y lo que indicó en la sesión siguiente la señora Sara Peñaloza , jefa del Departamento Administrativo, sobre el modo en que yo me enteré de la ocurrencia de estos hechos, me gustaría precisar un par de detalles.
Ella no fue la única funcionaria con la que mantuve contacto y que me informó de algunas cosas. Por lo tanto, tal como lo señaló, al momento en que conversé con ella, ya tenía alguna impresión de lo que estaba ocurriendo. Pero, en mi convencimiento personal, al hablar con ella terminé de formarme la película y de convencerme de lo que sucedía.
Respecto de si yo la llamé o ella me llamó... Si dice que yo la llamé, probablemente haya sido así, no lo voy a discutir, no me recuerdo con precisión. Además, me parece que es un detalle que no tiene que ver con el fondo de lo que me estaba refiriendo en ese minuto.
Mantuve contacto con otros funcionarios del Gobierno Regional pero preferiría no mencionarlos ni entrar en detalles respecto de quienes fueron, para no incomodarlos ni causar situaciones dificultosas a esas personas.
A continuación se refirió a una relación afectiva que ha mantenido con una persona que trabajaba en el Gobierno Regional: Primero, me parece inapropiado que se estén comentando temas personales, pero ya que es así, puedo decirles que efectivamente durante el año 2008 en el Gobierno Regional comenzaron a circular rumores acerca de que mantenía una relación con una persona que trabajaba en mi División. El hecho de que circularan esos rumores precipitó que iniciáramos una relación. Ya que existía el rumor, es decir, el costo ya estaba pagado, iniciamos una relación y en esos momentos pedí que esa persona fuera trasladada a otra división para que no hubiera ningún vínculo jerárquico ni ningún tipo de conflicto de intereses en esa relación.
Así se hizo de inmediato y jamás tuve ninguna otra injerencia en materias que tuvieran que ver con el desempeño de su carrera. Por ejemplo, en las juntas calificadoras me abstuve de efectuar su calificación.
El señor Castillo llegó a realizar labores que había desempeñado anteriormente el señor Flores. No entró a reemplazarlo directamente. El señor Flores se desempeñó en el Departamento Administrativo hasta mediados de 2007, oportunidad en que se detectó la ocurrencia de algunos hechos que fueron denunciados a la justicia, sobre mal uso de vales de bencina.
Consultado si siente como un fracaso las situaciones de fraude o irregularidades ocurridas, respondió que en materia de licitaciones y adquisiciones, se detectó una situación irregular, y los antecedentes fueron enviados a la justicia, se desarrollaron sumarios, etcétera. En la gestión financiera, claramente el resultado no fue exitoso, no puedo negarlo. Ocurrió algo a nuestras espaldas que no conocimos, que no pudimos acceder a tiempo para evitarlo.
Sin embargo, también hay que reconocer que mecanismos de control implementados por nosotros, por personas que nosotros designamos en esas tareas -cuando hablo de nosotros, me refiero al equipo directivo que estaba en el Gobierno Regional en esa época- permitió que se detectara.
En el año 2008 hubo una situación de la cual yo no fui partícipe -que fue claramente responsabilidad del señor Leiva -, ni tuve conocimiento. Y se trató de una situación distinta, donde efectivamente se efectuaron pagos sin marco presupuestario.
Posteriormente, en la situación de 2010, no estamos hablando de pagos sin marco presupuestario, sino que, efectivamente, de un fraude.
Respecto de la afirmación hecha por la señora Montenegro de que se hacían pagos sin marco presupuestario por cuenta de anticipos, señaló que los anticipos, por su naturaleza y definición son siempre sin marco presupuestario. Esto no significa ninguna situación irregular. El que se efectúen anticipos no es ninguna situación irregular, es algo normal y permitido en la ley.
Cuando tuve conocimiento del informe de auditoría fui a conversar con ella, porque me era evidente que en ese informe había errores, que estaba basado en información equivocada. Incluso aparecía yo con anticipos sin rendir, en circunstancias que tenía absoluta certeza de que todos los anticipos que había recibido, los había rendido.
Además, consulté a otros funcionarios que aparecían mencionados en ese mismo informe y estaban en la misma situación mía. O algunos que podían tener saldos pendientes sin rendir eran mucho menores que los montos que estaban allí. Entonces, lo que se hacía evidente es que en la cuenta de anticipos se registraron anticipos cursados y no se habían reversado al momento de ser rendidos. Y eso era evidente, por lo tanto, había un error.
Le señalé eso a la auditora interna y le dije que me parecía que entonces el hallazgo o la detección de su trabajo, consistía en que había errores en la contabilidad en lo que se refería a liquidar y reversar los anticipos que estaban rendidos, que era una situación bien distinta. Y lo procedente era que se solicitara reparar esa contabilidad, y luego, a lo mejor, emitir un nuevo informe con información clara.
No recuerdo las circunstancias en que firmamos los cheques. Los cheques correspondían a cantidades importantes que se giraban diariamente. No podría mencionar detalles al respecto. Tampoco puedo tener certeza de ciertos hechos, por ejemplo, si firmé producto de documentación falsa que se me presentó, o si fue mi firma la que se falsificó en los cheques.
En ocasiones, dentro de los procedimientos normales, ocurría que habiéndose girado los cheques a nombre de una persona, quien llegaba a retirarlos era otra, y presentaba un poder en el cual demostraba que estaba facultado para retirar a nombre de la otra persona. En esos casos se reemplazaban los cheques y se cambiaban. Supongo que ese habrá sido el mecanismo utilizado para reemplazar el cheque.
Respecto del uso de claves, especificó: Lo que señalé a la Comisión es que existía una instrucción -las llamadas políticas informáticas-, en la que se establecía que las claves eran personales, que no debían ser compartidas ni que tampoco se debía utilizar claves de otras personas. Esa era una instrucción por escrito que fue entregada a todos los funcionarios, la que, de hecho, todavía está publicada en la página web del Gobierno Regional. Era conocida y fue informada a todos los funcionarios en su minuto.
A partir de eso, asumía que los funcionarios estaban cumpliendo con las instrucciones en esa materia. Si no hubiera sido así, evidentemente cada uno de esos funcionarios tenía un jefe directo que era responsable de velar por que eso ocurriera.
Si el jefe del Departamento de Finanzas con el objeto de generar confusión, de generar condiciones para que se pudiera producir un fraude, deliberadamente pasó a llevar esa instrucción, creo que eso escapa a mi responsabilidad.
Consultado si considera como procedimiento normal firmar cualquier cosa sin hacer un chequeo como corresponde, para una segunda firma, respondió que yo verificaba que los documentos hubieran pasado por los mecanismos de control, lo que se expresaba en que traían dos firmas previas de personas que lo habían revisado; de un profesional del Departamento de Finanzas y del jefe de Finanzas.
Expresé que contrastaba el egreso con el cheque y que en forma de muestreo, determinadas carpetas también las revisaba y contrastaba todos los documentos. De hecho, en ocasiones solicité que se corrigieran pagos y egresos que me parecieron que estaban mal cursados. Con eso me refiero a que de pronto se imputaron a una cuenta que no era la que correspondía, pero eso no significa que el pago no correspondiera, sino que había cosas que me parecía que contablemente no eran las óptimas para funcionar.
Ese era el procedimiento. Sin embargo, era imposible -estoy seguro que sigue siendo así- que un jefe de división revisara todos los cheques que se giraban, con todos sus antecedentes. Eso es materialmente imposible.
Señaló que el checklist, se implementó en el Departamento de Finanzas, donde se chequeaba una serie de antecedentes que debía contener la carpeta, que se revisaba. Y eso es lo que digo yo que lo firmaba el profesional a cargo de esa revisión y lo acompañaba con el egreso. Eso venía y era lo que se revisaba. Yo revisaba esos documentos.
Aquí he tomado conocimiento de que los funcionarios a cargo de desarrollar el procedimiento de control se coludieron para engañarme, para engañar a la institución y cometer este delito. Si he sido engañado y si no he estado en conocimiento, difícilmente podría hacerme cargo de las cosas que estaban ocurriendo.
Sobre el hecho de girarse cheques a personas naturales, señaló que el primer argumento que no hacía llamativo el hecho de que se cursara un cheque a una persona natural es que había muchos contratistas como personas naturales. Incluso, algunos de ellos operaban como empresa y como persona natural, lo que es bastante habitual.
Segundo, en ocasiones, mediante el uso de endosar la factura, a través del mecanismo de presentar poderes que facultaban que el pago fuera cursado a nombre de una persona distinta que el titular de la factura. Ese también es un procedimiento habitual.
Consultado acerca de la señorita Carla Campos, señaló que llegó a trabajar a mediados del año pasado al Gobierno Regional, recomendada por el señor Leiva , desconozco los motivos por los cuales fue despedida, porque yo ya no estaba trabajando en el Gobierno Regional.
Interrogado si las reuniones que habitualmente tenía con el señor Camacho , era por temas funcionarios o simplemente amistad, y si a través de ese conducto se informaba al Intendente del funcionamiento del piso 7º, respondió que el señor Camacho trabajaba en el Gobierno Regional, de ahí que fuera absolutamente normal y regular que se reuniera conmigo o con otros funcionarios, que se paseara por las oficinas, como también nosotros lo hacíamos en su oficina. Era un compañero de trabajo.
Efectivamente, durante un día podía pasar a mi oficina en varias ocasiones, como podía pasar una semana o dos en que no aparecía, porque tenía que ver de acuerdo con la materia que estábamos trabajando. Era una relación normal que se da entre personas de un equipo de trabajo.
En respuesta a posibles presiones que pudo haber recibido para agilizar un proyecto, aseguró que no, nunca. Jamás me sentí presionado. ¡Para nada! Eso quiero dejarlo supe claro. Debo reconocer que la relación laboral que mantenía, como jefe de división, con el intendente De La Maza era, realmente, muy profesional. Me sentía muy respetado por parte de él respecto de las decisiones que profesionalmente tomaba. El intendente dejaba el espacio para que uno tomara decisiones y, como creo que corresponde en una relación de este tipo, él más bien exigía respuestas en términos de resultados. Jamás tuve presiones del tipo de apurar un pago o cosas por el estilo.
Consultado si le provocó alguna dificultad la relación del señor Leiva con la señora Mancilla , cuando coincidieron en el mismo departamento, respondió que en su minuto, le dije al señor Leiva que creía que era conveniente que se trasladara a esa persona a trabajar a otra unidad. Efectivamente, eso creó dificultades. Le solicité que se trasladara a la unidad de gestión de personas, dentro de la misma división, para que no quedaran tan distantes, pues entendía que si bien tenían una relación que hasta el minuto me parecía que no había generado ningún conflicto, era conveniente que se trasladara a esa unidad.
Con el paso del tiempo comenzaron a desarrollarse algunos conflictos dentro del Departamento de Finanzas. Recibí reclamos de otros funcionarios que sentían que ella se atribuía facultades que no le correspondían, que le correspondían al jefe del departamento. Insistí sobre lo mismo al jefe de Departamento de Finanzas y él no estaba de acuerdo en que la trasladaran. Esa situación llegó al conocimiento del intendente y desde ese minuto el intendente decidió que se trasladara a otra división. Enseguida, yo intercedí ante el intendente para insistir que podía trasladarse dentro de mi división hasta este otro departamento. El intendente resolvió inicialmente que así fuera. Le envié una instrucción por escrito en ese sentido, instrucción que no se cumplió y, posteriormente, el intendente decide que se vaya a esta otra división. Luego la funcionaria presentó licencia médica, condición en la que se mantuvo por varios meses, hasta que al volver de su licencia se reintegró a la división que había dicho el intendente.
También me gustaría mencionar que cuando estábamos próximos a cumplir 6 meses con licencias médicas en un período de dos años, situación que establece la ley como causal para declarar salud incompatible con el servicio -lo dispone el Estatuto Administrativo-, le señalé al señor Leiva que me preocupaba que luego se produjera una mala interpretación, que pretendieran decir que yo había tratado de perseguirla. Yo sabía que ella tenía esa sensación hacia mí, que ella interpretaba eso. Entonces, le dije: “yo sé que ella piensa así, entonces, por favor, tomen las medidas y que se reintegre antes de que termine este período, para que esto no vaya a ocurrir”. Así lo hizo.
Preguntado cuál era el grado de amistad que existía entre los señores Leiva y Lorca , señaló que era una amistad conocida. Es más, cuando tuvo lugar el conflicto a raíz de que la funcionaria Mancilla no quería trasladarse de unidad, eso fue coincidente con el período en que el intendente debía resolver renovar por tres años más en el cargo a Lorenzo Leiva . Recuerdo que en esa oportunidad, estando ese conflicto pendiente, con una actitud abierta de rebeldía hacia las instrucciones de sus superiores de parte del jefe del Departamento de Finanzas , llamé a mi oficina a Carola Muñoz y Jaime Lorca para decirles: “Ustedes, que son amigos de Lorenzo, por favor, hablen con él y que baje esta actitud, sino va a ser peor para él, y van a terminar fuera tanto él como Harajá Mancilla ”. Ellos me dijeron: “Sí, nosotros somos amigos, vamos a conversar con él”, y entiendo que así fue. Era tan abierta y conocida esa relación de amistad, para que, incluso, se dieran esas conversaciones.
Preguntado si dada su meticulosidad y prolijidad en el trabajo, no observó el hecho de que la documentación utilizada de respaldo para el pago de facturas no quedaba debidamente invalidada después de ocurrido el pago, señaló que existía un procedimiento -recuerdo haberlo conversado en más de alguna oportunidad con el propio jefe de Departamento de Finanzas - en que lo normal, lo regular, era que las facturas se cancelaran o que se estableciera en ellas que estaban canceladas. Sin embargo, si en alguna de ellas deliberadamente se dejó de cumplir ese procedimiento, fue un hecho excepcional que, supongo, se hizo deliberadamente para cometer el fraude.
Preguntado si conocía al señor René Luis Cerda López , contestó que no lo conocía. Solamente recordaba haberlo visto en los listados de nombres de contratistas. No lo conocí en persona. Tengo entendido que dentro de este fraude habría dos cheques a nombre de él.
Consultado si como jefe y responsable máximo de esa división, percibió actitudes extrañas de algún funcionario o reuniones que orientaran a una situación irregular, respondió que tampoco fui testigo de reuniones con vidrios tapados ni cosas por el estilo. Respecto de Lorenzo Leiva noté un cambio de conducta profesional en él, pero escuché comentarios de eso por medio de terceros, muy hacia el final del período. Estoy hablando de las últimas semanas de marzo y ya cuando me había retirado durante abril pero, particularmente, durante el período en que estaba instalada la Contraloría auditando.
Consultado sobre la responsabilidad administrativa que asumía por la formalización posible de seis personas, de las cuales tres fueron subalternos suyos: el señor Leiva , la señora Mancilla , el señor Lorca , respondió que no me corresponde referirme a eso.
Preguntado si tiene alguna idea respecto de quién, quiénes o qué organización finalmente recibieron los dineros del fraude, respondió que como he señalado, no tuve conocimiento de esto y no he participado en esto, por lo tanto, difícilmente podría saber. Probablemente, de todas las versiones que se han dado aquí, la que me hace más sentido, por la naturaleza de las personas, por lo que uno conoce a esas personas y por los comportamientos que uno está acostumbrado a ver, es la que ha expresado en esta comisión el señor Aubele. Por cierto que me cuesta creer su testimonio de que él no recibía más que el impuesto. Eso me cuesta creerlo, por una cosa de la naturaleza humana. Pero, reitero, es la versión que me hace más sentido.
Mi impresión es que éste era un robo de lo más vulgar, que tenía el único objetivo de darse la gran vida, juntar y acumular riqueza por parte de las personas que participaron en esto, y supongo que esos dineros deben estar escondidos en alguna parte. No puedo creer en testimonios que dicen: Yo solamente saqué un par de milloncitos que me gasté, que vienen de parte de personas que siguen dándose la gran vida, que siguen comiendo en restaurantes de lujo, que siguen arrendando departamentos de lujo y contratando abogados millonarios. Eso, realmente, y como testigo de esto, no logro creerlo.
Requerido sobre la autocrítica que se hace por las implicancias no sólo penales, sino humanas, que provoca esta situación ocurrida en la división que dirigía, señaló que mi cargo siempre lo sentí como de alto nivel funcionario, pero un cargo esencialmente funcionario. Jamás desempeñé un cargo de autoridad política. No permití que todo esto ocurriera. Permitir significa tener conocimiento de lo que está ocurriendo y en ningún caso eso fue así. Quiero dejarlo bien claro.
La confianza que mantenía con los señores Leiva , Lorca y, en general, con los funcionarios de la División tiene que ver con una confianza necesaria dentro de un equipo de trabajo donde hay responsabilidades legalmente definidas para cada uno de ellos. Por lo tanto, la responsabilidad de la dirección del Departamento de Finanzas recaía en el jefe de dicho Departamento, a quien yo no nombré, a quien no me correspondía definir que estuviera ahí, ya que es un cargo de carrera.
Preguntado por su relación o grado de confianza con el señor Julio Medina , señaló que con él nunca tuve una relación de amistad. Sin embargo, él acostumbraba acercarse a mí y plantearme temas muy personales. Me comentaba situaciones que, incluso, me incomodaban, como que se había ido de la casa o que a los tres días llegara y me decía que había vuelto con su señora. Cosas de ese tipo. A mí me extrañaba.
Consultado si es efectivo de que se habría “reseteado” su computador dos semanas antes de que entregara el cargo, respondió que sobre hechos reales uno puede empezar a tejer una serie de historias. Cuando asumió el intendente Celis , él solicitó utilizar un computador de escritorio, porque era muy incómodo tener un notebook, como el que utilizaba el ex intendente de la Maza. Prácticamente todos los funcionarios del Gobierno Regional ocupaban notebooks. Entonces, para dar una solución fácil, le dije: Le paso el computador que yo tengo, que era un computador de escritorio, bueno, y yo me llevo a mi oficina el que ocupaba el intendente De La Maza . Evidentemente, al momento de hacer ese cambio, le solicité a la encargada de informática que respaldara toda la información. Pero nadie entró a borrarlo o algo por el estilo. Supongo que hasta el día de hoy el computador está en el despacho del intendente Celis.
De hecho, el computador que usé, donde se copió esa información, después lo revisé, porque tenía una cantidad de documentos que se habían acumulado durante los años. Borré algunos y mantuve otros, porque me pareció que tenían que ver con la gestión que se estaba desarrollando y que era pertinente dejarlos allí. Luego, se lo entregué al nuevo jefe de la División que llegó a asumir el cargo.
Consultado sobre la ausencia de la Tesorera cuando el banco consultaba por los cheque, señaló que me parece extraño. La señorita Pamela Villarroel permanecía normalmente en su lugar de trabajo. Supongo que las llamadas las hacían al número del Departamento de Finanzas . Habría que preguntar a qué número llamaban desde el banco.
Preguntado si el ex intendente mantenía algún grado de control sobre los funcionarios, o los dejaba trabajar libremente, más allá de los sistemas institucionales, si demostraba algún grado de diligencia, de buen cuidado, respondió que mi impresión es que él, como directivo superior, como jefe de servicio, lo que exigía a los funcionarios que dependíamos de él era una respuesta sobre resultados concretos, es decir, que se ejecutara el presupuesto de inversión regional en plenitud, que se lograra desarrollar o ejecutar determinados proyectos que eran relevantes, en las fechas, en los tiempos y condiciones que él demandaba. Eran exigencias de ese tipo, en las cuales sí era muy constante, permanente, pero no de entrar en el detalle, tarea para la cual existía toda la estructura que estaba debajo.
Preguntado por el informe de Auditoría Interna, de 21 de enero de 2010, señaló que cuando tuve conocimiento de él, que fue inmediatamente después de que se lo entregaran al intendente, me di cuenta de que tenía errores en los antecedentes. Le solicité a la auditora que lo corrigiera. Ella me señaló que dado que había elaborado el informe con los antecedentes que había, estimaba que no había error de su parte. A mí me pareció que era muy delicado. Se lo expresé al intendente y él me dijo: “Resuelve el tema tú con ella.”.
6) El señor Óscar Olmos Monardes , Agente de la sucursal Prat del BancoEstado, en sesiones 3ª y 4 ª, celebradas el jueves 3 y martes 8 de junio de 2010.
Indicó que cada procedimiento que realiza el BancoEstado, en especial en la sucursal que dirige, se hace según la normativa interna vigente en el banco.
No se debe olvidar que existe una ley de cheques y cuentas corrientes bancarias que regula el actuar de las instituciones financieras para el pago de documentos. La normativa interna referente al pago de cheques establece una distinción entre los cheques superiores a 4 millones de pesos y los inferiores a ese monto.
Todos los cheques cobrados por el señor Eugenio Aubele son mayores a 4 millones de pesos, por lo tanto, el procedimiento para el pago de ellos es el siguiente:
Primero se revisa si el cheque cumple con los requisitos básicos del documento, esto es, que coincidan los montos, que la persona que está frente al cajero efectivamente sea la que está denominada por el girador, que las firmas coincidan con el registro interno que tienen de la cuenta corriente y que la cuenta tenga los fondos para hacer el pago. Eso es lo habitual.
Para comprobar que el girador del cheque efectivamente haya emitido un documento a ese beneficiario, el procedimiento de visado es el siguiente:
Una vez que el cheque sale de la caja y entra al escritorio del jefe de operaciones, éste tiene la obligación de contactarse con el ejecutivo de cuentas que, en este caso, por ser una cuenta fiscal, se encuentra en Santiago y corresponde a la banca institucional, que es un departamento específico del BancoEstado que atiende a las instituciones fiscales. Ese funcionario o ejecutivo, en este caso el señor Manuel Canales , tiene la obligación de llamar, en un período no mayor a treinta minutos, al departamento de contabilidad y finanzas respectivo y verificar que los cheques que están recibiendo a cobro en la sucursal corresponden a la emisión y efectivamente fueron girados por el Gobierno Regional.
Con esa confirmación, enviada por e-mail -de esos once cheques, siete sí las tienen- se procede al pago en la tesorería a la persona que está individualizada. En este punto quiero hacer la diferencia, porque se ha señalado que hay cheques que se consultaron y otros que no se consultaron. Lo real es que hubo cuatro cheques que excedieron el plazo de los treinta minutos, por lo tanto, por normativa interna, una vez verificada la extensión y la forma del documento, el banco tiene que pagarlos. No obstante, los funcionarios de mi dependencia, en especial de operaciones, se contactaron con la Intendencia Regional y certificaron que efectivamente los cheques se habían emitido y el beneficiario que estaba presente en ventanilla era quien tenía que realizar el cobro.
Tengo las copias de siete cheques en los que sí se hizo el procedimiento y el ejecutivo de cuentas logró comunicarse con algún funcionario. Pero, a pesar de eso, tomando medidas de resguardo adicionales, en los cuatro casos en que no se recibió la respuesta por e- mail, se comunicaron vía telefónica con la Intendencia y certificaron la validez de los cuatro cheques, que tienen el visto bueno de la señora Varas , del señor Lorca y de otro funcionario más. Es decir, efectivamente se consultaron. Por lo tanto, al hacer un análisis y una revisión interna, el Banco no omitió ni faltó a los procedimientos internos para el pago de esos documentos.
Consultado si es habitual que se cobren por ventanilla cheques de 50, 60 u 80 millones de pesos, respondió afirmativamente.
Cuando el cajero recibe el documento y cursa el pago del cheque, el sistema rechaza la transacción y exige la intervención del supervisor, debiendo informar al beneficiario del documento, que tendrá un tiempo de espera de treinta minutos. Así empieza el procedimiento. Ahora, si después de consultar al ejecutivo la veracidad del documento y que él lo verifique con la Intendencia Regional se superan los treinta minutos de espera, están obligados a pagar, pero previo examen exhaustivo de la forma, del fondo y de que existan los recursos disponibles.
Los once cheques que obran en su poder tienen el nombre del señor Eugenio Aubele como beneficiario y todos los documentos son nominativos.
Al Banco no le corresponde cuestionar la emisión de estos documentos, ni si el señor Aubele era o no contratista del Gobierno Regional o de la Intendencia. Lo que se debe verificar y certificar es la forma y el fondo del documento, esto es, si el documento en sí realmente es verdadero, si cuenta con todos los resguardos de seguridad necesarios del banco para sus clientes, y que la cuenta tenga los fondos necesarios.
A continuación hizo entrega a la Comisión de copia de 11 cheques, con información por delante y el dorso, explicando el procedimiento de autentificación y visto bueno.
Consultado acerca de los videos del banco para respaldar este dato, informó que era posible tener acceso a ellos respecto de los cheques que tenían menor antigüedad, porque el registro del banco cada cierto tiempo se va renovando.
Todos los cheques fueron pagados por la tesorera de la sucursal por cuanto, dado su monto, se cobraron en la bóveda, donde el señor Aubele debió haber entrado solo. Las consultas para su pago se efectuaron en el departamento de operaciones del banco. Mientras el jefe de operaciones, José Luis González verificaba la forma de extensión del cheque, descartaba robo o adulteración, chequeaba cédula de identidad y que el cheque estuviese registrado en Sinacofi cualquier otro funcionario del departamento ( Felipe Quilodrán , o los señores Allen o Ulloa) enviaban mail para confirmar autorización del pago.
Respecto a quienes autentifican la veracidad de la emisión y el monto del cheque en la Intendencia, indicó que esta labor corresponde al personal del Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Para los once cheques en comento se hizo una auditoría interna, en la que la contraloría del banco emitió un informe que indica que se dio cumplimiento a todas las precisiones que exige la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y de la normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, además de la normativa interna del banco. De los 11 cheques, 7 tienen la conformidad del mail enviado al Gobierno Regional, que corresponde a la normativa vigente, y 4 de ellos tienen una nota atrás, que fue hecha cuando los funcionarios del banco se contactaron directamente con la Intendencia para certificar el giro del cheque; este último es un trámite adicional y totalmente voluntario de la sucursal.
Ante la pregunta de si el señor Aubele como persona natural era cuenta correntista del BancoEstado, contestó que no, desconociendo si alguna de sus empresas contaba con cuenta corriente en dicha entidad.
No le pareció extraña la periodicidad y los montos cobrados por ventanilla. En la sucursal se mueven alrededor de 10 mil millones de pesos mensuales, y por ello es usual que personas vayan a cobrar documentos por montos altos.
7) La señora Sara Peñaloza , Jefa Administrativa del Gobierno Regional de Valparaíso, en sesión 4ª, celebrada el martes 8 de junio de 2010.
Manifestó que se desempeña como jefa del Departamento Administrativo del Gobierno Regional de Valparaíso, un cargo directivo de tercer nivel jerárquico. Depende del jefe de la División de Administración y Finanzas. Es funcionaria pública desde 1987, fecha en que ingresó al Ministerio de Bienes Nacionales. Posteriormente, en 1996, se incorporó al Gobierno Regional, específicamente al Departamento de Inversiones, donde fue jefa subrogante por alrededor de dos años. Más tarde, trabajó en el Departamento de Finanzas como profesional, donde asumió su jefatura por dos años. En octubre de 2005, a través de un concurso público, ingresó como jefa del Departamento Administrativo.
Me encuentro a cargo de trece personas: cuatro funcionarios de abastecimiento y logística; cuatro conductores; tres funcionarios administrativos, de la secretaría y de la oficina de partes, y dos funcionarios auxiliares.
La estructura del Gobierno Regional de Valparaíso está compuesta por el Consejo Regional, por el Intendente Regional, con sus asesores, y tres Divisiones: División de Administración y Finanzas; División de Análisis y Control de Gestión, yJefe de División
De la División de Administración y Finanzas dependen los siguientes departamentos:
a) Departamento Administrativo: A cargo de adquisición, movilización, bienes e inventarios, sistemas de información y oficina de partes. Sus objetivos son adquirir los recursos materiales para que el Gobierno Regional pueda desempeñar sus funciones de manera óptima; proporcionar los servicios de apoyo que requiere el Gobierno Regional y preocuparse, permanentemente, de la disponibilidad y funcionamiento de los sistemas de información administrativa actualizados.
b) Departamento de Finanzas: Donde se radican las funciones de contabilidad, presupuesto y tesorería. Tiene como funciones obtener los recursos financieros para el funcionamiento operacional del Gobierno Regional; verificar que los recursos financieros sean usados de una forma eficaz y eficiente, de acuerdo con la legislación vigente; estudiar y analizar las posibilidades de obtener recursos adicionales y registrar los hechos económicos realizados en la operación del Gobierno Regional en los proyectos financiados en el FDNR.
c) Departamento de Gestión de las Personas: A cargo de todo lo que tiene que ver con la selección de personal, con trámites administrativos y con capacitación.
A continuación, expuso las funciones de los cargos de cada jefe de departamento, establecidas en un documento denominado “Definiciones de perfiles basado en Competencias hasta el 4° Nivel Jerárquico”, aprobado por Resolución del Intendente Regional N° 1577, de 27 de diciembre de 2007. la jefa del departamento administrativo tiene la función de dirigir y controlar el manejo de vehículos; supervisar actividades de abastecimiento del GORE; planificar la adquisición de bienes materiales y servicios del GORE; velar por el cabal cumplimiento de las normas relacionadas con el control de los activos fijos de propiedad del GORE y velar por la conducción oportuna de los inventarios físicos de los bienes patrimoniales del GORE.
El jefe del Departamento de Finanzas , por su parte, tiene como funciones principales administrar el proceso de control de la ejecución presupuestaria y mantener y administrar el sistema de información financiera.
Como obligaciones adicionales a mi puesto de jefa del Departamento Administrativo, me corresponde estar a cargo de la unidad de gestión de las personas, del PMG Chilecompras y del Gobierno Electrónico. Además, integro diversos comités, tales como el de capacitación, higiene y seguridad; gestión de riesgos y, eventualmente, la junta calificadora.
Asumí una función relacionada con la firma giradora, autorización que está dada por un oficio de la Contraloría Regional de Valparaíso, en el cual se designa a los funcionarios autorizados para girar cheques. En él se establecen los giradores titulares, que están dados por los cargos de jefe de división administración y finanzas y el jefe del Departamento de Finanzas ; como giradores suplentes se autorizó al jefe de división análisis y control de gestión y al jefe del departamento administrativo.
Tomé conocimiento de los hechos investigados -por lo que me acuerdo, puesto que no tengo el dato exacto- aproximadamente el 19 de abril, con motivo de una conversación que tuve con el investigador de la Contraloría Regional que estaba constituido en el Gobierno Regional, quien me hizo algunas consultas en relación con el procedimiento de firma de cheques.
Él llegó a mi oficina a preguntarme respecto de algunos pagos. En esa oportunidad me consultó acerca del procedimiento y me mostró tres cheques que estaban con mi firma para ver si la reconocía. Aparentemente era la mía.
Me llamó la atención que en los antecedentes exhibidos sólo había copia de un documento de egreso, sin firma, sin nada. Al consultar por el resto de la documentación se me dijo que no estaba. En el Departamento de Finanzas le habían informado que no fue posible encontrarla.
El egreso que se me mostró era una copia extraída del sistema Methasys. Le consulté por el documento original y también me manifestó que no estaba, que había sido informado inicialmente que ese egreso en particular o esos tres egresos estaban en el sistema como nulos. Algunos días después aparecieron, se los entregaron en el Departamento de Finanzas, lo cual me pareció bastante extraño. Si ese documento en algún momento apareció como nulo y a los días siguientes aparecía como un documento existente, era señal de que esos datos habían sido manipulados en el sistema de información. Por lo tanto, si había habido manipulación era muy probable que existiera una base de datos histórica, de modo que le sugerí pedir ayuda al departamento o la unidad de informática para recabar esa información. Entiendo que se siguió ese procedimiento, se hizo un análisis de las bases de datos existentes en el Gobierno Regional y, efectivamente, encontraron documentos que habían sido confeccionados, luego eliminados y luego vueltos a hacer. Por lo tanto, no tengo claro si el documento que se me exhibió es el que se tuve a la vista al momento de firmar.
Con fecha 22 de abril, fui citada a declarar ante la fiscal que llevaba el sumario interno en el Gobierno Regional. En ambas declaraciones expliqué que la firma de cheques que me corresponde se efectúa sólo en calidad de suplente, es decir, en ausencia de alguno de los titulares.
Para proceder a la firma se me entrega una carpeta con un conjunto de cheques en cantidad variable, correspondiente a los pagos de proyectos FNDR o a los pagos de presupuesto corriente. En ambos casos, la documentación de respaldo viene con la primera firma, la del titular, que, por lo general, es la del jefe del Departamento de Finanzas.
Cuando se trata de gastos de presupuesto corriente, en los que dichos gastos o adquisiciones son generados en mi departamento, la documentación la ha revisado previamente junto a la gente que trabaja en él. Por lo tanto, el documento del estado de pago viene firmado por mí. Sin embargo, en el caso de los proyectos FNDR, cuya ejecución está fuera del ámbito de mi competencia, lo que procedo a verificar es que la documentación sea concordante con lo que se señala en el estado de pago y en el comprobante de egreso. Además, verifico que venga con la documentación de respaldo y que los documentos del estado de pago estén con la firma de los funcionarios o de las jefaturas responsables, es decir, que vengan con la firma del jefe del Departamento de Inversiones y del jefe del Departamento de Finanzas . Ése es el procedimiento habitual que se sigue.
Entiendo que en esas situaciones, en las que aparentemente la firma es mía, los cheques deberían haber venido acompañados de la documentación de respaldo, la que habría sido presentada con el objeto de simular un proyecto aprobado, en condiciones de ser cancelado dentro de un proceso normal de un proyecto FNDR.
Refutó la declaración del señor Aldana , su anterior jefe de división, en cuanto a que él se habría enterado por ella respecto de los hechos investigados. Cuando me llamó ya sabía lo que sucedía. Estaba muy molesto por la situación. Me hizo algunas preguntas respecto de si conocía el monto que se estaba investigando, lo que yo desconocía a la fecha, porque el investigador sólo me había mostrado tres cheques, aquellos en que figuraba mi firma y que, aproximadamente, eran de sesenta millones cada uno.
No conozco al señor Eugenio Aubele . No recuerdo haber firmado algún cheque en que él fuera el beneficiario. Me es imposible recordarlo dada la cantidad de firmas que realizaba. En el año 2009 se firmaron un total de 6.473 documentos, de los cuales en mi calidad de suplente, me correspondió firmar el veinticinco o treinta por ciento.
Los tres cheques que firmé correspondían a la cuenta del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No me llamaba la atención que fueran montos altos ya que ello es común en ese tipo de proyectos.
Tampoco me extrañó que los cheques fueran girados a personas naturales por proyectos FNDR. Ellos pueden ser girados a nombre de las municipalidades, cuando son transferencias de algún tipo de proyecto especial y son ellas las que pagan a los contratistas, o bien directamente a nombre de los contratistas, los que a su vez pueden ser personas naturales o jurídicas.
Consultada si había gente que le llamaba para apurar el pago o la firma de algunos cheques, señaló que nunca había ocurrido
Respondiendo otra pregunta, dijo que el egreso tiene los datos del beneficiario y también debe tener el nombre del proyecto, la cuenta presupuestaria, y abajo aparecen los nombres de las personas que deben firmar, esto es, el jefe de Finanzas y el jefe de Administración y Finanzas.
Mi costumbre es revisar la documentación de respaldo porque, además, conozco la documentación que debiera venir, dado que fui jefa del Departamento de Inversiones y jefa del Departamento de Finanzas
Respecto de las personas que podían hacer anotaciones contables, entiendo que eso es materia de la investigación, pero, por lo que conozco, ello se hacía dentro del Departamento de Finanzas por el contador que llevaba el FNDR, don Jaime Lorca.
En cuanto a la existencia real de proyectos que justificaran los cheques indicó que no le correspondía revisar contenido ni pertinencia, sino que aspectos formales.
Al concurrir a una nueva citación de la Comisión, el jueves 19 de agosto, señaló: Me enteré de la investigación que se llevaba a cabo el 19 de abril, cuando el investigador de la Contraloría, que estaba constituido en el Gobierno Regional, fue a mi oficina y me consultó acerca de algunos cheques y documentos que él tenía, en los cuales estaba mi firma. Él quería saber en qué circunstancias se producía la firma de los cheques, y cómo era el trámite en sí.
En ese momento tomé conocimiento del tema, porque, reitero, me muestra los cheques, los egresos que habían sido adulterados. Por lo tanto, deduzco y se concluyo que hay una situación más que anómala.
El hecho de que la Contraloría estuviera constituida ahí era un procedimiento habitual anual. Ellos se presentaban a hacer una revisión de los diversos proyectos; por lo tanto, que ellos estuvieran investigando no hacía presumir que hubiera nada fuera de lo normal.
No sé cuando supo de los hechos el señor Aldana . Cuando conversé con él, él ya estaba al tanto del tema. Él no me dijo cuándo lo supo. El tenor de la conversación se da en el entendido de que él ya sabe del tema, está molesto y me hace preguntas específicas.
Consultada si tuvo diferencias con los otros funcionarios del Departamento de Finanzas por su rigurosidad en la revisión de las carpetas, respondió: No sé si yo era más o menos rigurosa que el resto de las personas que firmaba. Yo hago mi trabajo como creo que corresponde hacerlo. Específicamente en la revisión de los estados de pago, efectivamente en más de alguna oportunidad recuerdo haber devuelto estados de pago antes de firmarlos, porque encontraba que no tenían todos los antecedentes o me merecían alguna duda. Quizá por eso puedan decir que era más rigurosa, pero no soy yo quien para decir si soy más o menos rigurosa que otro.
Preguntada si es efectivo que habría ordenado que se “limpiara” el computador del señor Aldana , dos semanas antes o dos semanas después, de que se develara el fraude, afirmó: No. En absoluto. Sí, recuerdo que el señor Gabriel Aldana me comentó que el intendente le había pedido un equipo, porque al señor De la Maza le teníamos asignado un notebook y, al parecer, no era el equipo que necesitaba el intendente que asumía recientemente. Por lo tanto, Gabriel le ofreció su computador y él se trajo el de don Iván. Hicieron ese trueque. Es probable que para hacer ese cambio se haya requerido a informática que hiciera la limpieza del computador, con el objeto de entregarlo limpio al intendente Celis . Es un procedimiento habitual de informática cuando se hace un cambio de equipo; se respalda la información. Eso es lo que presumo que se hizo.
El señor Aldana me comentó que se hizo el cambio de equipos. Al hacerlo, es necesario hacer el traspaso de información. Además de haber limpiado el computador para entregárselo al señor Celis , es lógico que él haya pedido el respaldo de sus archivos y correos.
Los cambios de computadores no se hacen todos los días, pero se producen cuando hay funcionarios que se trasladan de estación de trabajo. Lo anterior se produce con más frecuencia cuando hay cambio de autoridades. Hubo que retirar los equipos de las personas que dejaban de trabajar e instalar los de las personas que asumían. Esta labor la cumplía la unidad de informática; no se hacía por personas externas.
Consultada si la carpeta que se le entregaba para firmar los cheques, contenía todos los antecedentes, o simplemente el comprobante de egreso, explicó: El expediente está constituido por una serie de documentos, como el egreso, la bitácora del proyecto, la carátula que asigna el Departamento de Inversiones, el listado de pagos, la factura y otros documentos, dependiendo del pago de que se trate. Si es un avance de obra, debe venir con la carátula de la Unidad Técnica de estado de avance firmada por el alcalde , por el director de Obras ; con el documento de la Inspección del Trabajo, que señala que no hay deudas previsionales. Eso es lo estándar.
Preguntada si entiende que cometió un error grande al no revisar las carpetas, señaló: Dentro de la maquinaria que se armó para cometer un fraude y de todas las irregularidades en que se incurrió, hay documentación que no existe en estos momentos. Por lo tanto, no puedo decir que firmé un cheque sin haber documentación. En estos momentos es imposible decirlo, porque la documentación fue hecha desaparecer. En estos momentos no hay ningún respaldo; no hay facturas ni nada, porque entre las cosas que ellos hicieron está el esconder la documentación de respaldo. Entonces, en estos momentos no puedo decir que firmé los cheques con tal o cual documento, porque, como dije, la hicieron desaparecer.
En cuanto a la existencia de boleta de garantía, indicó: No recuerdo el momento en que firmé los cheques, es imposible. La vez anterior me referí a la cantidad de cheques que firmo a diario y no recuerdo haber firmado específicamente este tipo de cheques ni en qué momento.
No recuerdo haber dicho que revisé mal los documentos. Lo que dije es que dado que no hay documentación en estos momentos, porque está hecha desaparecer, no puedo decir con qué documentación de respaldo firmé.
En cuanto a la boleta de garantía, es un tema que está asociado a los anticipos. La investigación indica que los cheques fueron girados contra anticipos, según aparece en la contabilidad. Pero todos sabemos que la contabilidad fue adulterada. No sabemos si el documento que se me presentó decía “anticipo” o “estado de pago”. Si decía “estado de pago” por avance de obra, no era necesaria la boleta de garantía.
No sé como el señor Gabriel Aldana aplicaba el procedimiento para verificar que estuvieran las visaciones que correspondían.
Me consta que Julio Medina visitaba a Lorenzo Leiva , porque mi oficina está ubicada al lado de la oficina de Lorenzo Leiva. Y cuando el señor Julio Medina concurría a nuestras dependencias, en más de alguna ocasión pasó por mi oficina a saludarme, amablemente, y luego se iba a la oficina de Lorenzo Leiva , donde estaba un rato.
8) Señorita Elizabeth Montenegro Cortés , Auditora Interna y Jefa del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional (S), en sesión 5, celebrada el jueves 10 de junio de 2010.
Declaró que ingresó al Gobierno Regional en el año 2003. Lleva alrededor de siete años en el servicio, de los cuales en aproximadamente cinco años se desempeñó en el Departamento de Finanzas. En el año 2008 asumió el cargo de auditora interna.
La unidad de Auditoria tiene como misión asesorar al ejecutivo del Gobierno Regional en materia de auditoría interna y control interno contribuyendo a mejorar y fortalecer la gestión de la institución.
Entre los tipos de auditorías se encuentra la de ejecución o recurrente, que es aquella que se realiza en forma periódica o rutinaria en áreas consideradas relevantes para la institución; la auditoría posterior o ex post, que se realiza una vez ocurridos ciertos hechos que hacen necesaria la evaluación de un área, y la auditoría de procesos, que son evaluaciones a procedimientos que se llevan a cabo en un área determinada y al apego a las normas establecidas para estos procedimientos.
Las etapas de las auditorías son: planificación, programación, ejecución, elaboración de informes y seguimientos.
En la etapa de planificación, se hace un diagnóstico a la matriz de riesgo donde, de acuerdo a los procesos más riesgosos, se establece el plan de auditar para el próximo año.
En la programación se identifica la auditoría que se va a realizar, de acuerdo al plan anterior, y se establece cuáles son las pruebas de trabajo que se van a desarrollar para cada auditoría.
En la ejecución se desarrollan todas las pruebas de trabajo identificadas en la programación.
Una vez que se han ejecutado todas las actividades se elabora el informe de acuerdo a los hallazgos descubiertos en la auditoría específica.
Finalmente, se realiza un seguimiento posterior de acuerdo a los descubrimientos y recomendaciones de la auditoría específica.
Ahora bien, la unidad de Auditoría realiza auditorías y actividades. Dentro de las auditorías están las institucionales, que están contempladas en el plan de trabajo; las auditorías gubernamentales, que generalmente las solicita el CAI, que es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; las auditorías e informes solicitados por el intendente regional e informes solicitados por la Contraloría Regional.
Dentro de las actividades está el seguimiento a las recomendaciones, la validación de convenio de desempeño y seguimiento a los compromisos de los PMG, el apoyo y asesoría al Comité de Riesgo en el proceso de levantamiento y actualización de la matriz, la coordinación y organización de capacitaciones con el Comité Regional de Auditores Internos, que en este caso lo preside la auditora del Gobierno Regional, y la asistencia a reuniones de capacitación del Comité de Auditoría Ministerial.
A continuación, describiré cuáles fueron las auditorías realizadas cada año desde que trabajo como auditora interna. En 2008 se realizaron nueve auditorías: sobre la revisión del estado financiero del servicio de Bienestar, la evaluación del contrato interno de los pagos cancelados del programa 02 FNDR. Ésta auditoría, si bien no estaba contemplada dentro de las institucionales, fue solicitada por el intendente en esa oportunidad. Todas las auditorías son dirigidas al intendente y, posteriormente, al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
En el caso de la revisión del estado financiero del servicio de Bienestar, es parte de una actividad permanente; en la auditoría sobre evaluación del control interno de los pagos cancelados del programa 02 FNDR, fue una solicitud especial del intendente en esa oportunidad, que no estaba contemplada dentro del plan para ese año; en el caso de la verificación del proceso de selección de proveedores y el cumplimiento de los convenios de servicios, era institucional, estaba contemplada dentro del plan; en cuanto a la auditoría sobre aseguramiento del proceso de gestión de riesgo, fue gubernamental; sobre el monitoreo y fiscalización a los proyectos de obras de infraestructura y control de recepción de obras, fue institucional, está dentro del plan; la auditoría de seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas en la auditoria del proceso de gestión de riesgos, que tiene que ver con el seguimiento de la auditoría anterior, que es de aseguramiento y se hace todos los años, fue de naturaleza gubernamental; la que tuvo relación con verificar las autorizaciones del feriado legal, permiso administrativo, descanso complementario y ejecución plan de trabajo, fue institucional; la encargada de verificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley N° 20.285, fue gubernamental, y, por último, la que se dedicó a verificar la administración y ejecución de los proyectos financiados por el FNDR, fue institucional.
Es necesario aclarar que durante ese año realicé sola todas las auditorías y hubo varias auditorías desarrolladas y se solicitó personal adicional. Desde febrero de 2009, se incorpora a la unidad el señor Marcelo Rodríguez , quien está estudiando Administración Pública y me está apoyando en todas las pruebas de trabajo que se deben desarrollar en cada auditoría.
En el año 2009, se repiten algunas auditorías, dado que son actividades frecuentes y otras que son gubernamentales, las que por lo general también se reiteran. La revisión de los estados financieros es una actividad y la gestión del inventario está dentro del plan. La tesorería del Programa de Inversión también está dentro del plan, dado que como en el año anterior se encontraron algunas deficiencias, se determinó para el año siguiente mantener la revisión de Finanzas. Asimismo, el aseguramiento al proceso de gestión de riesgos es gubernamental; la evaluación del seguimiento administrativo y financiero de las iniciativas de inversión es institucional; el seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas en la auditoría del proceso de gestión de riesgos es gubernamental; el control interno de algunas obligaciones definidas en la ley Nº 20.285 es gubernamental, y la elaboración de las políticas regionales es institucional.
Adicionalmente, en el año 2008, la Contraloría, a través de un oficio ordinario, nos solicitó diferentes informes en relación con eventuales inhabilidades e incompatibilidades que se pudieran presentar dentro del servicio. La Unidad de Auditoría debe emitir trimestralmente dicho informe.
En el año 2009 también nos exigen el envío de un informe sobre los seguimientos de procedimientos disciplinarios en el servicio, particularmente de los sumarios vigentes, para lo cual se confecciona un cuadro con el detalle de los mismos. La Unidad de Auditoría no los lleva a cabo, sino que sólo hace el seguimiento.
En cuanto a la programación e informe sobre uso de vehículos, se piden dos informes anuales. Además, nos solicitan otro informe sobre las subvenciones o aportes a privados.
En relación con las auditorías y actividades realizadas durante 2010 a la fecha, la primera tiene que ver con el uso y circulación de los vehículos, lo cual fue realizado por el Departamento Administrativo. Luego, se hicieron revisiones a los estados financieros del Servicio de Bienestar y a las eventuales inhabilidades e incompatibilidades solicitadas por la Contraloría, como también a las subvenciones otorgadas durante 2009, con cargo al 2 por ciento del financiamiento de Cultura y Deporte.
Una vez terminada la revisión a las eventuales inhabilidades e incompatibilidades, que se terminó y entregó el 5 de abril, procedí a hacer una auditoría a las subvenciones culturales. Ahí fue cuando me encontré con esto.
Consultada respecto de quién le solicitó hacer esa cuarta auditoría o si era de rutina, explica que la Contraloría me estaba exigiendo un informe sobre subvenciones; pero, al mismo tiempo, se consideró dentro del plan. En el fondo, la Contraloría sólo solicitaba el tema de la rendición, pero la unidad de Auditoría contempló un rango mayor, que es donde se empezó a evaluar todo el proceso, desde el momento en que esos proyectos son autorizados por el CORE hasta que finalmente son rendidos.
En el año 2010, el intendente solicitó informes específicos en algunas materias. El primero tiene que ver con informes sobre la revisión efectuada al balance de comprobación y saldo del sistema Sigfe, al 31 de diciembre. Dicho informe, dice relación con el cambio de gobierno, para verificar que el traspaso se haga como corresponde.
También hay un informe sobre la documentación objetada por la validación del sistema financiero contable, que fue en enero, ya que inicialmente estuvo objetado el cumplimiento del PMG financiero. Asimismo, existe un informe de cumplimiento del convenio de desempeño año 2009, que es parte de la actividad que se hace todos los años.
En el marco del plan anual, la Unidad de Auditoría Interna se encontraba desarrollando una auditoría al proceso gestión de riesgo del FNDR para cultura y deportes. Con fecha 06 de abril de 2010, al realizar las pruebas de trabajo de la auditoría interna, identifiqué un pago a la Municipalidad de Valparaíso por el proyecto “Valparatango 2009”, que no se encontraba asignado correctamente, porque en la cuenta presupuestaria se identifica “Tributos al Mar”. “Eso fue lo primero que me llamó la atención en la revisión, puesto que la cuenta presupuestaria imputada no correspondía al proyecto que se estaba cancelando. Eso dio origen al proceso.
A raíz de esta irregularidad, verifiqué si existía la imputación contable correcta, y efectivamente se asigna y regulariza.
Interrogada si el memorando, de 21 de enero de 2010, se lo pidió el intendente por la entrega del Gobierno y si ahí aparecen algunos de los pagos irregulares que se están investigando, respondió que cuando le entrego ese informe al intendente no me percato del fraude, porque veo cantidades globales. O sea, hay anticipos, deudores y muchas cuentas.
A través del sistema Methasys, se revisaron los cargos presupuestarios a las cuentas de los proyectos cancelados que entraron en el sistema por el RUT de la Municipalidad de Valparaíso, con el fin de tener mayor claridad de los movimientos que registraba esa cuenta. En esa oportunidad, se constata que existen pagos a dicha municipalidad que no estaban asociados a ninguna cuenta presupuestaria y, al mismo tiempo, a ningún estado de pago. En base a esta prueba llego a lo otro. Aquí identifico cuáles fueron los otros pagos que se identificaron. Hay egresos realizados el 23 de abril. El egreso N° 785 establece que se están cancelando proyectos FRIL a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso , por 77 millones de pesos. Estos pagos son cancelados a través de cuenta anticipos a terceros, que es muy irregular, dado que cuando uno paga este tipo de proyectos se tiene que cargar a una cuenta presupuestaria.
El 19 de noviembre esta cuenta de anticipo queda saldada con otras obligaciones financieras. Ello quiere decir que esto nunca pasó por una cuenta presupuestaria. Eso fue lo que me llamó la atención.
El Gobierno Regional tiene dos sistemas contables: Methasys y Sigfe. En el Sigfe aparece lo mismo: anticipo a contratista, se cancela por banco. Después, la cuenta anticipo a contratista se rebaja con la cuenta intermediación, que es el segundo asiento. Posteriormente, de intermediación -donde tengo identificado- lo rebajan con garantías recibidas. Es ahí donde se pierde el rastro de estos pagos.
Entonces, al momento de hacer una revisión en forma general, obviamente, no se identifican porque están saldadas estas cuentas.
Con fecha 7 de abril se corrobora, con una funcionaria de Contraloría Regional, que los asientos identificados no estaban ajustados de acuerdo a la normativa contable. Fui a Contraloría a ver a una persona a la que le tengo mucha confianza y le presenté esta situación. Dije que no me parecía y le pedí su opinión. Esa persona me dijo que aquello no procedía y que no correspondía. Se procedió a verificar en las cartolas bancarias los pagos identificados, descubriendo que estos documentos bancarios habían sido cobrados en el banco bajo la modalidad de cheque cobrado por caja y, en su mayoría, era a municipio. Entonces, más sospechas surgieron sobre el tema.
Con fecha 8 de abril se procedió a solicitar vía telefónica a dos municipios la existencia del comprobante de ingreso de estos pagos, confirmando el desconocimiento de estos pagos en sus cuentas corrientes bancarias.
El 9 de abril se le comunicó al intendente don Raúl Celis, de una posible irregularidad y se confeccionó oficio del intendente al BancoEstado, solicitando copia de ocho cheques, durante 2009.
Con fecha 13 de abril, el BancoEstado entregó copia de los documentos, corroborando que los cheques analizados habían sido cobrados por la misma persona natural en la sucursal Prat. Ahí tuvo la evidencia de que habían sido cobrados por Eugenio Aubele .
Debido a que Contraloría se encontraba auditando otros procesos, se le pidió a la fiscalizadora que solicitara los egresos en cuestión. El contador del programa 02, señor Jaime Lorca respondió que dichos egresos se encontraban nulos, pero a mí me constaba que esos cheques habían sido cobrados por Eugenio Aubele . Dada esta respuesta, volví a chequear en el sistema Methasys los egresos, verificando que éstos habían sido eliminados de las bases de datos. Todo eso ocurrió el día 13. Es decir, lo mismo que había visto unos días antes, después desapareció del sistema Methasys.
Posteriormente, ante la insistencia de los fiscalizadores de Contraloría -porque hasta el momento en el Servicio nadie sabía que yo estaba detrás de este proceso- pedí a la fiscalizadora de Contraloría que solicitara los comprobantes de egresos para verlos porque yo ya había hecho toda la auditoría a través del sistema. Y estos egresos fueron incorporados nuevamente al sistema y el Departamento de Finanzas informó que éstos no fueron habidos físicamente.
Ese mismo día hice el informe reservado y se lo dirigí al intendente don Raúl Celis , describiendo las irregularidades paso a paso e indicando que era necesario hacer un sumario y poner los antecedentes ante la Contraloría Regional.
Al día siguiente, el intendente se reunió con el contralor Regional, poniendo en antecedentes el informe respectivo.
Generalmente, todos los pagos que se cancelan en el Departamento de Finanzas vienen por un estado de pago de otro departamento, que es de otra división, el Departamento de Inversiones, el cual elabora un estado de pago.
El Departamento de Inversiones con todos los antecedentes respectivos emite este estado de pago para, posteriormente, ser cancelado en el Departamento de Finanzas. Con ese estado de pago, revisando todos los antecedentes -porque se revisan en el Departamento de Inversiones y después en el Departamento de Finanzas-, se procede a la contabilización.
A continuación, procedió a describir el proceso de los pagos que llegaron al Gobierno Regional, los que ingresan por Oficina de Partes, posteriormente pasan a la División de Análisis y Control de Gestión donde son revisados y luego se emite el estado de pago respectivo por el Departamento de Inversiones. Toda esa información se envía al Departamento de Finanzas, para posteriormente ser cancelada.
En el Departamento de Finanzas es donde se cometen los errores. Donde se supone que debe llegar el estado de pago, estos nunca llegaron. Posteriormente, donde se tiene que contabilizar, se contabilizaron pagos que no estaban asociados a estados de pago, y se cancelaron, por último, pagos que nunca dieron todo el proceso.
Respecto del conocimiento que habría tenido el ex intendente de las irregularidades, expresó que en esta revisión al balance detecté irregularidades en relación a diferentes tipos de cuentas: anticipos, que eran muy elevados y varias cuentas que eran deudores. Pero ahí no detecté fraude. Solamente detecté irregularidades.
El objetivo de este informe que me pidió el señor intendente consistía en revisar en qué condiciones se encontraba el Gobierno Regional para entregarlo al próximo gobierno. Para ello, le dije que iba a revisar el balance. Él estuvo de acuerdo, lo revisé y evacué el informe. Identifiqué en el balance que era necesario dejar aclarado, regularizado o ajustado, como correspondía para el próximo gobierno. De ese tenor fue este informe.
Si hubiese detectado algún fraude, obviamente lo hubiese comunicado inmediatamente, pero no detecté fraude. Sólo detecté irregularidades en relación a anticipos que correspondían a sumas muy elevadas, deudores que era necesario saldar, así como otras cuentas que habían quedado devengadas, que era necesario ajustar en enero.
No detecté fraude, solamente irregularidades en relación a las cuentas contables que me presentaba en ese momento el balance al 31 de diciembre.
Posteriormente, le entregué este informe al jefe de gabinete, personalmente, y le informé al intendente que hay varios anticipos que es necesario que dejen regularizados. Incluso, hay anticipos que tiene usted y los jefes que es necesario que queden saldados y todo regularizado para el próximo gobierno. Adicionalmente, hablé con los dos jefes de división de ese entonces.
Este informe fue requisado por el Ministerio Público, en abril, previo a que me llamaran a declarar. Al principio me dijeron que mantuviera absoluta reserva, que nadie podía conocer del tema. Pero, finalmente, se filtró la información a tal punto que hasta en los diarios aparece.
Consultada si el actual intendente, don Raúl Celis , tuvo conocimiento de ese informe, responde que posterior a todo lo que correspondía al fraude, el intendente le pidió todos los informes. Inicialmente, le hizo un informe de todas las actividades, de todas las auditorías que estaban contempladas. Este informe no estaba dentro de las auditorías pero después se lo solicitaron.
No tengo la certeza de los tiempos. Lo que sucede es que la PDI llegó un día y requisó los computadores, me pidió la información y los informes. No tengo la certeza de en qué momento se lo entregué, si fue antes de que me lo requisaran o después. Por lo tanto, no tengo claro si el intendente actual conocía el informe antes de que lo requisaran.
Preguntada si en el informe entregado al ex intendente figuran varios cheques que son parte de la investigación, contestó afirmativamente.
Consultada si estima que las irregularidades fueron hechas para defraudar a la Intendencia, da lectura a lo que estableció en el informe: “Hay anticipos otorgados que falta rendir, reintegrar o justificar los montos otorgados”. Adicionalmente, pongo una nota: “Estos saldos corresponden a pagos efectuados sin marco presupuestario”.
Entregué el informe el 26 de enero, posteriormente, salí de vacaciones y devino todo el proceso del acta de entrega de gobierno, en la cual no participé, porque no me consideraron. Más aún, tenía que revisar el tema y después, obviamente, no hubo tiempo para hacerle un seguimiento al informe.
Dentro de los egresos que identifica el sistema, los cheques salen a nombre de las municipalidades u otras entidades. Uno de los cheques lo cobra una persona de apellido Aubele, pero no me consta que, inicialmente, tal egreso hubiere dicho ?Aubele?, al momento de girar el pago respectivo.
Consultada si este informe se lo entrega el intendente De la Maza al actual intendente Raúl Celis , contesta que no sabe. Desconozco si el intendente Iván de las Maza se lo entregó al señor Raúl Celis .”
Hay diferentes tipos de cuentas y análisis que se hacen en el informe. Primero es el tema de los anticipos, que nunca debieron ser otorgados de la forma que se hicieron, dado que ese tipo de anticipos se da solamente en el caso de que algún proyecto deba ser rendido. Es el caso de programas específicos, como los de la CORFO, que nos pide, por ejemplo, 70 millones, y, posteriormente, con la rendición se rebaja la cuenta presupuestaria.
Ante el comentario de un señor Diputado de que “aquí funcionaba al revés. O sea, primero se entregaban los recursos y se rendía después”, la declarante sostuvo: Es que, para este tipo de anticipos, no debiesen existir, porque la circular de presupuesto es muy clara, ya que establece que todo pago debe ser cancelado con cuenta presupuestaria, no con cuentas de anticipo.
Consultada por las medidas que toma el intendente De la Maza , después de entregado el informe, para solucionar los problemas detectados, responde que después de cada auditoría yo entregaba el informe respectivo, en el que establecía las debilidades de control o los hallazgos que identificaba. Ahora bien, si la situación ameritaba algún informe o alguna materia más específica, en ciertas oportunidades le entregaba un informe reservado, con el detalle del tema que era más importante. Por lo tanto, también hubo informes reservados, que complementaban auditorías.
Interrogada si en las auditorías practicadas el 2008 constaba alguna evidencia, porque el primer cheque girado y pagado irregularmente es del 13 de enero de 2009, responde: Hay evidencia en 2008. En la primera auditoria que se le hizo al Departamento de Finanzas se encontró una irregularidad parecida a la de este tipo, pues también había anticipos. En el fondo, había faltado marco presupuestario de unas cuentas y las habían cargado a anticipos -alrededor de 200 millones por actividades culturales-, a raíz de lo cual el intendente instruyó un sumario. El sumario finalizó en 2009 y fue sobreseído el proceso.
El informe lo hice a solicitud del ex intendente, independientemente de que lo hubiera ordenado la Presidenta de la República.
Me llamó la atención que había cheques que se estaban pagando sin que hubiera proyectos y que era una cosa completamente irregular.
Cuando se le preguntó si el informe lo dice con la suficiente fuerza y claridad como para que cualquier lector lo entienda, la señorita Montenegro procedió a leer la parte pertinente: “Se procede a informar el análisis de las cuentas contables en el cual el Departamento de Finanzas, en conjunto con los encargados de cada proceso o departamento, deberán detallar la composición de los saldos de las cuentas que se traspasan para el próximo gobierno.”.
A continuación, hago una descripción, cuenta por cuenta, y establezco que hay anticipos otorgados, que faltan por rendir, reintegrar y justificar los montos otorgados. Por eso, agregué una nota que señala que esos saldos corresponden a pagos efectuados sin marco presupuestario.
Ante el comentario de un señor Diputado, en orden a que una cosa es no tener marco presupuestario y otra distinta es pagar por lo que no se ha realizado, por lo que se ha falsificado, porque sin marco presupuestario, por ejemplo, muchos proyectos de arrastre no quedan necesariamente con el marco presupuestario asegurado, la declarante afirmó que para el siguiente año deben tener marco presupuestario.
Consultada si le parece extraño y si es infrecuente que en los gobiernos regionales se hagan asignaciones sin marco presupuestario, dijo que le parece extraño, porque no estaban rendidos. No hay montos especificados. Aun más, esas cuentas no debiesen haber sido utilizadas.
Interrogada si en la revisión realizada para elaborar el informe también revisó la cuenta banco, contestó: No. No tengo especificada toda la cuenta banco. Lo que pasa es que la cuenta banco da el saldo que corresponde en cada cuenta. El tema acá es que se sacaron pagos por cuentas de anticipos que no pasan por ningún rastro del tema presupuestario, la mayoría de las cuales al final fueron saldadas. Por lo tanto, era muy difícil detectar que esos pagos habían sido efectuados de esa forma, porque se perdía el rastro.
Consultada si el intendente De la Maza estableció algunos procedimientos posteriores al informe, responde que con el intendente y los jefes de divisiones en conjunto no me reuní, sólo comuniqué a los jefes de servicio, en forma particular, acerca del informe que existía y que se preocuparan de regularizar esas situaciones, pero el intendente De la Maza no le solicitó a sus directores que se reunieran conmigo para regularizar esa situación.
Ante la pregunta sobre si es normal que el Intendente se reúna con los jefes de divisiones, sin estar ella presente, respondió afirmativamente.
Interrogada si el informe era público o si formaba parte de los papeles reservados del intendente, señaló que no es público, es parte de los informes que tiene la unidad de auditoría. Los informes de Auditoría por lo general no son tan públicos.
Preguntada si cuando se hacen los ajustes presupuestarios pueden hacerse cargos de un año para otro, y si ello es lo normal dentro de la administración pública y dentro del FNDR, explicó que el presupuesto generalmente es anual, de enero a diciembre. Lo que puede pasar es que en el mes de diciembre puede haber quedado algo devengado y pagado en el siguiente año, pero el presupuesto queda dentro del año que corresponde.
Consultada si era normal el mecanismo de los anticipos en el Gobierno Regional, responde que en el último tiempo, años 2008-2009, se había hecho normal, sabiéndose que no procedía.
Como lo identifiqué anteriormente, en el 2008, sobre la base de una auditoría que revisé, había cuentas que se habían cargado a anticipos, dado que faltaba marco presupuestario. Se observó en esa fecha en la auditoría de enero de 2009. También había unos pagos que identifiqué, porque le faltaba recomendación, también cargados a anticipos y después regularizados.
Hay una circular muy clara, la Nº 3, que sale todos los años de la Dipres, que establece que todos los pagos deben salir por cuenta presupuestaria, porque las cuentas de anticipos ya no se utilizan, y ese mecanismo causaba un perjuicio patrimonial al Gobierno Regional.
Consultada si aun cuando en su investigación no detectó fraude, era posible entender que se estaba produciendo un perjuicio al patrimonio del Gobierno Regional, responde que “Sí”.
Preguntada por qué razón en los antecedentes que entregó al intendente Celis , incorporó solamente las auditorías, indicó que lo que hice, como unidad de auditoría, fue elaborar un informe de todas las auditorías o todas las tareas que se iban a desarrollar en el año y las actividades. Todo eso lo acompañé con una carpeta, con todos los informes de auditoría. Pero en forma específica no me pidió toda la información. Yo, como unidad de auditoría, entregué un informe de las actividades. En el fondo, le di a conocer las actividades y las auditorías. Esto no forma parte de una auditoría formal, sino que es un informe de una materia específica. Yo sólo estaba informando las auditorías y todos los antecedentes al respecto.
Así como este informe hay varios más, como lo especifiqué, por ejemplo, el de evaluación de convenio de desempeño.
Consultada si el intendente Iván de la Maza , le pidió, alguna vez, elaborar manuales de procedimientos administrativos y financieros, responde que no, porque no soy la encargada del proceso de finanzas, pero en las auditorías que elaboré expuse que había un manual que no estaba formalizado, el cual actualizaron e incluyeron ciertas cosas. Se trataba del manual sobre pago de proveedores del FNDR, referido a los procedimientos de finanzas. Los procesos administrativos y contables están normados por la Contraloría.
Preguntada si en sus auditorías detectó falencias y la necesidad de ese tipo de manual, responde afirmativamente. No sabe si el intendente de la época lo solicitó pero sí que el jefe de Administración y Finanzas solicitaba que se hicieran esos manuales, lo que llegó a su conocimiento por conversaciones que sostuvo.
No estaba formalizada la existencia de un manual de pago a proveedores pero la gente que llegaba al Departamento de Finanzas se guiaba por él para pedir lo que tenían que revisar y todo lo que conllevaba el pago de los FNDR.
Reconoce que para producir efecto jurídico, esos dos manuales debían estar aprobados por decreto del intendente y que se podría decir que no era exigible su cumplimiento a ningún funcionario. Es un problema de formalidad, pero existían procedimientos.
Consultada quién o quiénes eran las personas que tenían acceso al llamado libro banco, explica que se ha mal interpretado lo relacionado con el libro banco. El libro banco lo arroja el sistema Methasys y el sistema Sigfe. Adicionalmente hay una planilla Excel, manejada por el Departamento de Finanzas, que describe los pagos que se efectúan, el número del cheque, a quién se paga, el monto, si se deposita o transfiere. A ese libro banco se refieren cuando dicen que fue supermanipulado. En ese libro, obviamente, los mismos funcionarios del Departamento de Finanzas pueden haber cambiado algunos datos.
La persona que tenía a su cargo ese libro banco y de efectuar los pagos era doña Pamela Villarroel.
Cuando hice las revisiones, había dos contadores encargados del programa 01 y 02: la señora Carola Muñoz y el señor Jaime Lorca , respectivamente. En el año 2009, como había dos sistemas, se incorporó a las demás personas para que contabilizaran.
Consultada si el señor Lorenzo Leiva , jefe de finanzas, tenía algún tipo de responsabilidad o ligazón con el libro banco, expresó que el libro banco, que es la planilla Excel , lo tenían compartido, entonces, todos podían verlo. Ése es el problema. Podían ingresar, cambiar o modificar una cifra. Esa situación cambió el 21 de abril, con el nuevo intendente.
Interrogada si en las auditorías rutinarias del 24 de junio y el 17 de octubre de 2009, en el Departamento de Finanzas, y en el Departamento de Inversiones, respectivamente, no se detectó nada en relación a este fraude, responde que fraude, no. Irregularidades, sí.
En la auditoría a Finanzas se revisó la parte de tesorería. Se trabajó en base a una muestra. De un universo de 700 estados de pago, se revisaron alrededor de 35 egresos. Adicionalmente, se revisaron las conciliaciones, para ver si cuadraban con los saldos en los balances, en las cuentas. Pero no se evidenció fraude.
Incluso ahora, revisando hacia atrás para ver si me pude haber encontrado con algunos de esos egresos, tampoco, porque el único que salió en 2009, al parecer, es el N° 4, que no está contemplado dentro mi muestra.
Respecto a la auditoría que se hizo a Inversiones, que también se le hace al FNDR, dijo que también es en base a una muestra. Ahí se evaluaron el subtítulo 31, que corresponde a inversión; el 29, que corresponde a la circular 33 ó 36 de anteriores, esto es, adquisición de activos, y los FRIL. Fue precisamente en los FRIL donde se encontraron irregularidades, ya que en la mayoría de los proyectos sucedía que no se tenía certeza en cuanto a si estaban terminados. Fue ahí que le hice un informe reservado al intendente y le expuse la situación. Él tomó medidas inmediatas. Habló con los jefes para que regularizaran la situación y se empezaron a pedir las rendiciones y a verificar que los proyectos fueran efectivamente rendidos.
Consultada si en el sistema informático, es posible establecer quiénes dieron las autorizaciones y visajes para que esos comprobantes de pago fueran a parar frente al funcionario que correspondía para que los convirtiera en cheques, es decir, si se puede saber quién dijo que eso correspondía pagarlo, respondió que los pagos que salieron como fraude no pasan por el proceso. En Finanzas sólo se elabora un egreso que acompaña un estado, y se paga.
Ante la pregunta de por qué si la invitada tenía sospecha que habría habido daño al patrimonio del Estado no puso los antecedentes a disposición de la Justicia y si eran hechos tan graves, por qué ha señalado que no le entregó ese informe al intendente Celis , respondió que con respecto al informe, efectivamente, establecí que había daño al patrimonio, en razón de que se habían sacado pagos sin marco presupuestario, pero eso no significaba que efectivamente estábamos en frente de una irregularidad, sino frente a un problema administrativo.
No entregué este informe al Intendente Celis porque se suponía que se subsanarían las observaciones. Supuse que era un tema administrativo y que probablemente había faltado marco presupuestario, motivo por el cual lo sacaron por cuentas de anticipo. Por lo tanto, en enero o en febrero debió haber quedado regularizada la situación.
No puedo asegurar que el señor De La Maza no se haya reunido con los jefes de división para solucionar estos temas.
Al preguntársele si la existencia de manuales hubiese impedido la ocurrencia de estos delitos, manifestó creer que no, porque claramente hubo una colusión de ciertas personas en el Departamento de Finanzas, quienes idearon pagos brujos para proyectos que no existían, y fueron cancelados.
Respondiendo otra consulta, indicó que antes todos los cheques salían escritos a mano. Por su parte, las anotaciones contables se hacían en la planilla Excel.
9) El Señor Iván De La Maza Maillet , ex intendente Regional de Valparaíso , en sesiones 6ª, 7ª y 22ª, celebradas el 15 y 17 de junio, y el 24 de agosto de 2010.
Inició su exposición manifestando su intención de colaborar con la Comisión, así como también con la Contraloría y el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos investigados. Señaló la relevancia de esto en consideración a que a la Comisión le corresponde efectuar un juicio político, no administrativo ni penal.
No soy abogado y, por lo tanto, había sido erróneamente informado que no podía deducir querella por no ser parte y no ser afectado; sin embargo posteriormente se me informó que la Constitución me daba esa facultad.
La entrevista concedida al diario El Mercurio surgió de la información telefónica obtenida del señor Aldana y que, posteriormente, recibí en términos formales del mismo. Además, tuve conocimiento de que ese mismo medio de comunicación estaba haciendo una investigación al respecto.
Después de hablar con el director del diario, el señor Toro , fui entrevistado por su periodista.
Consultado sobre si la Contraloría le había informado con anterioridad a la entrega de su cargo respecto de deficiencias y fragilidad del control interno, señaló que dicha entidad pública emitió el informe Nº 211, del año 2008, sobre el programa del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el cual me fue entregado después de enero de 2009, fecha del informe final del Ministerio del Interior. En él se analiza a un conjunto de gobiernos regionales, y cuando se refiere al gobierno de la Quinta Región, habla de un problema de control de cheques, tema que se ha señalado que tendría que ver con las posibles irregularidades que se han cometido en la Región de Valparaíso.
Es criticable la rigurosidad del informe de la Contraloría donde se establece, a vía ejemplar, que debe rechazarse el informe de construcción del nuevo liceo de Batuco, código BIP N° 30.028.821, cuyo contrato fue modificado sin contar con la aprobación del Gobierno Regional de Valparaíso. A continuación cito el punto 9 del informe que indica: “Entrega de cheques a contratistas. En la revisión practicada se comprobó que el Gobierno Regional de la Quinta Región en forma reiterativa no dio cumplimiento a las normas contables que indican que previo a un pago debe efectuarse la contabilización del gasto, la confección del comprobante de egreso y el respectivo cheque.” “En virtud de los antecedentes aportados por el GORE de Valparaíso se da por salvada la observación”. Si la observación se da por salvada, ¿por qué tendría que interpretar, que los problemas se mantenían?
Consultado sobre si le había solicitado a la señora Elizabeth Montenegro un balance financiero para hacer entrega del Gobierno Regional a la nueva autoridad, señaló que les solicité a ella y al director del área administración y finanzas, que revisaran todos los antecedentes financieros y económicos, de tal modo de poder entregar sin dificultades. Reconozco, en ese contexto, haber pedido el informe que concluyó el 21 de enero y fue recibido el 26 de enero.
El informe no tenía ningún reparo como se hizo presente por algunos parlamentarios, sino que se trataba de “observaciones”. Este informe fue adicional a la contabilidad general exigida por la Presidenta de la República a todas las intendencias para el traspaso del mando.
Frente a la pregunta de qué medidas había adoptado para terminar con las irregularidades graves que se manifestaban en el informe y por qué no ordenó un sumario administrativo, explicó que al intendente no se le entregan los informes de auditoría, sino que este recibe las respectivas actas. Todos los informes específicos, informes de auditoría y otros, están en los departamentos respectivos. Las observaciones las resuelve la auditoría, por eso me reuní con el señor Aldana y le pedí que resolviera este tema con la auditora, a fin de que quedaran claras las cuentas, porque había un par de cheques que decían “anticipo a proveedores”. Había dos cheques en que yo era el beneficiario, que correspondían a dos viáticos, uno por viaje a Isla de Pascua y otro por ir a Argentina.
En relación a lo declarado por la señora Montenegro , según lo cual desde el 2008 en adelante se anticipaban dineros a través de una cuenta, especialmente FNDR, situación que se le habría representado nuevamente en el informe financiero, explicó que, por ejemplo, si hay problemas en la matriz estratégica de riesgo del encargado de los procesos, se recomienda con el comité de riesgo realizar una jornada en que se dé a conocer a todos los encargados de los procesos la composición final de los procesos, con sus riesgos y controles.
No hay ningún informe de la señora Elizabeth Montenegro en que se diga que esa situación se estaba repitiendo permanentemente y cuando se me informó de ello ordené un sumario. En cuanto a si tomé conocimiento de las irregularidades, es casi imposible que la función del intendente derive en el control de las cuentas financieras o contables del Gobierno Regional.
Interrogado acerca de si adoptó alguna medida, dijo: Informé al Director de Administración y Finanzas, para que resolviera los problemas y calzara las cuentas. No puedo confirmar que eso se hubiera verificado porque la señora Elizabeth Montenegro se fue de vacaciones el 26 de enero y no podía exigirles a los funcionarios tanta celeridad.
Consultado por qué el señor Lorenzo Leiva continuó trabajando en el Gobierno Regional si no logró cumplir con las metas del Plan de Mejoramiento de Gestión, PMG, explicó que el PMG es un tema colectivo y no de un funcionario. Durante todo el tiempo que estuvo en la Intendencia, obtuvieron el ciento por ciento, siendo el único tema en que falló ese departamento. No corresponde castigar a una persona porque falló un sistema y desde luego, no es causal de destitución.
A continuación, negó tener ningún tipo de relación con el señor Lorenzo Leiva , ni de amistad, ni de vínculos políticos. Los funcionarios de mi exclusiva confianza eran tres: el señor Aldana , jefe de la División de Administración y Finanzas; el señor Víctor Quinteros , jefe de la División de Control de Gestión y el señor Osvaldo Toro , jefe de la Dirección de Planeamiento . El señor Leiva era un funcionario de carrera, según lo describe la propia organización interna del sistema.
En los cuatro años en que fui intendente, nunca recibí alguna observación de la Contraloría General de la República que obligara a hacer un sumario, lo que demuestra que hubo preocupación política respecto de la gestión realizada.
Todos los lunes sostenía reuniones con el equipo directivo, a las que asistían los tres jefes de división más otros funcionarios de confianza. Cada 15 días me reunía con los gobernadores para que me dieran cuenta de su gestión, independiente de las visitas que habitualmente hacía al territorio. También tenía reuniones con los alcaldes, con los cuales mantuve una relación óptima.
Acá no se afectaron presupuestos de obras, sino que cuentas documentales. Durante mi gestión, nunca se dejó de hacer el ciento por ciento de las obras comprometidas en la región. Reconozco que los dineros van a faltar cuando se haga el cruzamiento final.
Entiendo que se vulneraron controles, pero no todos. La decisión de realizar una obra comienza con el trámite interno de iniciar su proceso para lograr lo que se conoce como “RS”, que es el “conforme” del sistema Mideplan regional. Luego, pasa a conocimiento de la comisión respectiva del CORE y del intendente, quien lo envía a los organismos técnicos de inversión para justificar su ejecución. Una vez que terminan su trabajo los organismos técnicos, vuelve al intendente, quien lo lleva a la comisión del CORE para que decida si lo aprueba o no. Si lo aprueba, pasa al Departamento de Inversiones para que se confeccione el contrato de mandato respectivo. Terminado el contrato de mandato, pasa a la comisión de finanzas, la cual le otorga el visto bueno. Vuelve para su ejecución.
Los FRIL no los ejecuta el Gobierno Regional, sino los municipios. Se les entrega el monto total del dinero al municipio. Por eso era imposible que se utilizaran los FRIL para este fraude.
Bajo mi mandato, el Gobierno Regional traspasó la responsabilidad de la adjudicación por la matriz de riesgo. Se pensó que el intendente no podía concentrar 30 mil millones de pesos para decir per se a quién le adjudica la obra. Entonces se traspasaron los fondos al usuario: el municipio o el servicio público, por lo tanto la responsabilidad de la intendencia se limitó a hacerle seguimiento técnico a la obra y realizar los pagos.
Al concurrir a una nueva sesión de la Comisión, se refirió a los pasos a seguir cuando se detecta alguna irregularidad, indicando que cualquier funcionario público está obligado por ley a hacer la denuncia correspondiente cuando conoce algún acto que afecte la marcha de la institución misma, los reglamentos o las leyes. Inmediatamente, el jefe tiene la obligación de hacer un informe y lo comunica al intendente cuando hay algún problema de administración grave. En primer lugar, se hace una investigación sumaria. Si la situación lo amerita, terminada la investigación sumaria se establecen las condiciones para un sumario. Si del sumario se desprende que existen responsabilidades desde el punto de vista patrimonial, pasan al Consejo de Defensa del Estado , en los casos en que debe ser avisado, o a la justicia según corresponda. En los casos en que hay flagrancia en el delito se comunica de inmediato a la fiscalía para proceder, independientemente de la realización del sumario administrativo, para los efectos de la mantención de la persona en el cargo. Ese es el sistema.
Nunca he recibido información sobre listados de cheques.
Respecto al informe elaborado por la auditora interna explicó que todas las auditorías tuvieron un resultado y un informe. Ese informe, una vez terminado, traía proposiciones de la auditora, lo que se tradujo en una instrucción que acompaña la investigación sumaria y que firma el intendente. Una copia va a los funcionarios y otra copia va a Santiago, al CAI, que es el centro informático del gobierno. Siempre detrás de cada investigación sumaria hay una instrucción de parte del intendente, a menos que diga la investigación de auditoría que está cumplido en un 90 o más porciento.
La auditora siempre, tenía atribuciones para recomendarles a los jefes las modificaciones que debían hacerse para mejorar el servicio o para reparar las observaciones hechas por la Contraloría. Paralelamente, hay un programa de mejoramiento de la gestión, que tiene que ver con la gestión de desempeño, en el que se creó un comité de riesgo. Este comité está integrado por todos los jefes de los departamentos del Gobierno Regional y por algunos liderazgos que hay al interior del gobierno elegidos por ellos mismos. La auditora no forma parte del comité de riesgo.
No llevo la cuenta de los sumarios que realicé en mi mandato, pero se hicieron hizo sumarios en que se aplicaron sanciones, por ejemplo, al abogado y al señor jefe de la división, señor Aldana .
Consultado sobre el grado de conocimiento y de responsabilidad que pudo tener en relación con las actuaciones de los funcionarios, y el control y fiscalización que le correspondía como jefe de servicio, explicó que desde el punto de vista jurídico, las obligaciones están claramente establecidas. El primer compromiso es con los usuarios y, en todos los ítems evaluados, la quinta región estuvo en las primeras calidades regionales de todo el país.
Interrogado sobre sus posibles vínculos con el señor Aubele, respondió no conocerlo ni saber quién es.
Respecto del señor Julio Medina , señaló que era un funcionario a contrata en el Gobierno Regional que ya estaba en la intendencia cuando asumió el cargo. Recibí una planta directiva que modifiqué, por ejemplo, cambiando al señor Aldana , cuya especialidad es la ingeniería comercial, desde el cargo que ocupaba, la dirección de gestión y control, a la dirección de administración y finanzas, porque anteriormente ya había estado allí y porque tenía los méritos académicos para hacerlo.
Julio Medina era funcionario de la época del intendente Luis Guastavino y estaba a cargo una división que se estaba creando. Esa división la dirigió el señor Medina hasta que consideré que no era la persona más adecuada para dirigirla, nombrando en su reemplazo a don Herman Rojas, que hasta hoy sigue trabajando en el Gobierno Regional. Y lo nombré en la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, que es una división nueva por decisión nacional de la Subdere.
Al señor Medina lo saqué de allí porque estimé que no era la persona más adecuada, y quedó en el staff central de la intendencia durante alrededor de tres meses -no sé exactamente cuánto, porque no tengo preocupación especial por aquello-, hasta que se ganó una beca del Estado para estudiar en Santiago. Desde ese momento, estuvo prácticamente más de un año afuera y volvió hace tres meses, pero no tuvo funciones porque todavía estaba con beca.
Respecto a si el señor Medina era un operador político, explicó que la connotación de esa calidad es para personas que no tienen capacidades y Julio Medina es un profesor de filosofía.
En relación a lo declarado por la señora Elizabeth Montenegro , la cita y explica que cuando entrega el informe y señala los anticipos, ella no está señalando una irregularidad, sino diciendo lo que dice siempre en todas las auditorías: se procede a informar el análisis de las cuentas contables, en el cual el Departamento de Finanzas, en conjunto con los encargados de cada departamento, deberán detallar la composición de los saldos de cuenta, que se traspasarán para el próximo gobierno.
No soy el jefe de administración y finanzas, y me es muy difícil entender cosas que corresponden a una materia específica que deben manejar quienes tienen los estudios, la preparación y la obligación jurídica de hacerlo. Lo que logro concluir es que precisamente el anticipo fue el pago fuera del marco presupuestario.
Cuando la señora Montenegro señaló en un caso específico que había un problema respecto de una cuenta, inmediatamente inicié un sumario. En este informe no se habla específicamente de irregularidades. Lo que señala es que los departamentos respectivos deben ponerse de acuerdo para saldar las cuentas. Si ella hubiese pensado que había una irregularidad que significaba dolo, malversación u otro, debiera haber hecho la denuncia a la justicia, porque es funcionaria pública y responsable como auditora.
El 26 de enero cuando se entregó el informe a su jefe de gabinete, llamé inmediatamente al señor Aldana.
Antes que la auditora se fuera de vacaciones, hubo reuniones con el entonces director de administración y finanzas quien recibió mi instrucción inmediatamente en el sentido de colocar los dineros donde corresponde, porque, además, se me mencionaba.
La responsabilidad política de un intendente está definida por la ley, por los reglamentos que rigen cuando se hace cargo de su función. Existe una responsabilidad frente al Gobierno y a la ciudadanía. Como presidente del Consejo Regional , tuve obligación, además, con el CORE. El resultado final de mi gestión fue políticamente correcto. En este caso se está frente a un delito.
Consultado sobre si se realiza una sola auditoría para los dos fondos que ingresan y que tienen que ver con el Gobierno Regional: fondos de inversión y gastos regionales, respondió afirmativamente. El departamento de administración y finanzas es uno para todo.
En su intervención en la sesión 22ª, celebrada en martes 24 de agosto de 2010, recordó que el señor Julio Medina fue quién formó la División de Planificación y Desarrollo. No tengo una visión exacta de la fecha en que ello ocurrió. Tuve la convicción de que las virtudes de Julio Medina no eran las adecuadas para manejar la dirección de la división y, por tanto, lo cambié, lo saqué de la división porque era un cargo de confianza. No tomé esta decisión para expulsarlo del trabajo. Simplemente, le di funciones generales que correspondían a sus calidades y cualidades y nombré a don Herman Rojas . No recuerdo exactamente la fecha, pero debe haber sido a mediados de mayo o junio de 2008.
Se le preguntó en cuánto disminuyeron los ingresos del señor Medina al dejar de recibir el bono por función crítica, dijo que ese bono lo reciben los tres jefes de divisiones. Es evidente que cuando se termina de prestar servicio en el cargo, se termina la función crítica. Deben ser alrededor de 800 mil pesos mensuales.
Ante el comentario de que el señor Medina sostiene que decidió renunciar al bono de la función crítica porque se le había propuesto que lo compartiera, mitad y mitad, con otro funcionario, dijo que no, es ilegal. Sería absurdo. Si alguien quiere compartir su sueldo es un problema personal, no es un problema de la autoridad. Nadie tiene el poder ni la capacidad para obligar a nadie, y me parece no solamente una mentira, sino que una estupidez.
Consultado si alentó a Julio Medina para que se fuera a estudiar no sólo por razones de perfeccionamiento académico y profesional, sino que para alejarlo del Gobierno Regional, respondió que para nada, no tenía por qué alejarlo. Siempre le tuve simpatía. Entonces, para qué alejarlo. Lo cambié de la función, porque, desde mi perspectiva, como era hombre de confianza en la gestión, no reunía los requisitos para ejercerla. ¿Eso significa que era deshonesto? No, simplemente no tenía la idoneidad, que es un concepto muy importante en estas materias.
Consultado por reportajes de medios de comunicación, basados en los documentos y los testimonios que obran en poder del fiscal Jorge Abbott , en los cuales se dice que don Lorenzo Leiva en alguna conversación con Julio Medina habría escuchado que estos recursos serían para apoyar algunas campañas parlamentarias con las que simpatizaba, como las de los señores Hernán Pinto , Francisco Chahuán y Marcelo Trivelli , sostuvo que he comprometido mi vida en el servicio público. Nunca he aceptado fraudes o entregas. Me molesta profundamente cuando las campañas se financian de modo indebido. Me molestan las campañas caras.
Es más, tengo una opinión al respecto. Ustedes han invitado a personas que están vinculadas directamente con el fraude, según lo que ha dicho la justicia. No he querido nombrar a nadie acá, pero la justicia señaló que había personas imputadas. A mí me han puesto, en el diario “El Mercurio de Valparaíso”, como una especie de prontuario, al lado del señor Leiva , de la señora Harajá Mancilla y de otra persona que creo que está vinculada al señor Lorca , con mi foto, como si fuera un penado y alguien pudiera decir que estoy vinculado a ese delito. He tenido que aguantarme en silencio y aceptar. ¿Por qué? ¿Están mintiendo? Pero toman frases y documentos.
Vi el programa Contacto, donde se dijo que algunos imputados y otros declarantes subían al edificio del Congreso a conversar con diputados. ¡Extraña situación! Me parece muy extraño que eso pase, pero pasa, como pasó con otros juicios anteriores. ¡Esas materias no las acepto! De ninguna manera me parece propio.
Contestando específicamente la pregunta, expresó que no sé, no he tenido experiencias de eso con Medina. No lo he visto en el último año y medio más que ocasionalmente, porque ha estado con una beca en Santiago. Supe que había estado enfermo y que se hizo un tratamiento, porque él me lo contó, cuando se reincorporó, y me dijo que ya estaba sano, pero que seguía en la beca.
Consultado si era efectivo que el Consejo Regional, en pleno, le había solicitado que removiera al jefe de la División de Administración y Finanzas, señor Aldana , manifestó que el señor Percy Marín , independiente de las virtudes personales que tenga, ha mentido en varias oportunidades y no tiene ninguna credibilidad. En el consejo de ayer hubo dos acuerdos: uno, por unanimidad, para pedir a esta Comisión enmendar algunos criterios de conducta, y el segundo para hacer una censura pública al señor Marín .
Esto, a veces, uno lo deja pasar. Tengo un certificado que dice que nunca se tomó este acuerdo. Lo que él declaró es que se había tomado un acuerdo, porque cualquier persona puede arrogarse autoridad para pedirle a otra autoridad que eche a una persona. Nunca se atrevió a decirme nada, primero, porque no es su función, y segundo, porque no corresponde. El cargo era de absoluta confianza y nunca se tomó ese acuerdo.
Preguntado si sabía acerca de la información entregada a la Comisión por un señor Diputado en el sentido que Conicyt, le indicó que la multicitada beca con la cual el señor Medina habría accedido a estudios de magíster en la Universidad de Chile, si no es inexistente, al menos nunca fue cobrada, dijo que no conozco el procedimiento de las becas. No tengo la menor idea; no dependen de mí. No sé cómo operan las becas.
Yo tengo documentos oficiales, que constan en el proceso, constan en las declaraciones, de informaciones a nivel nacional, que otorgan la beca al señor Medina y recomiendan aceptarlo. Punto.
Consultado por su distanciamiento con el señor Medina , manifestó que yo creo que él se molestó, seguramente, por sacarlo de la División de Planificación y Desarrollo, pero nunca he tenido distanciamiento personal con él, excepto cuando supe lo que estaba pasando ahora.
Sobre la eventual captura de la administración pública del Gobierno Regional por lo que Julio Medina llama “el ominamismo”, señaló que el señor Ominami fue un gran senador de la Quinta Región, como lo he repetido muchas veces, y toda persona políticamente sensata y decente lo reconoce. No obstante, yo trabajé sin distinciones con todos los sectores políticos.
Se le consultó si ese ambiente pudo haber creado este entorno propicio para lo que sostiene supuestamente Medina , a través del señor Leiva , de que la repartija de plata fue para la Derecha, para el Centro y para la Izquierda, afirmó que: Primero no hubo una repartija de platas. El que diga eso está mintiendo y lo enfrento para que vaya a la Justicia. Leiva y Medina están en la justicia. Y la Justicia va a encontrar la verdad. Ellos saben de investigación, nosotros no, porque no somos expertos en investigación, no tenemos cómo meternos a los bancos.
Me parece que la PDI ha hecho una gran tarea y también los fiscales que están a cargo de la investigación. Hay muchos más antecedentes en la Fiscalía que los que hay acá. Hay muchos antecedentes que ustedes no conocen y que yo como querellante conozco, pero no todos.
Conozco el Gobierno en los últimos siete años. Estuve tanto en la Gobernación como en la Intendencia de Valparaíso y nunca tuve documento alguno que señalara nada, durante los siete años. El único documento es el que hizo la auditora regional, y lo hizo a petición mía, porque le quería entregar al intendente Celis , como se lo dije en su oportunidad, esta cuestión limpiecita y abierta.
La Contraloría General de la República nunca hizo un reparo a Valparaíso en los cuatro años en que fui intendente. ¡Nunca! Y cuando el contralor subrogante dijo que había, nunca pudo probarlo. Conversé con él, fui a verlo, y analizamos esa declaración y no hay ninguna referencia a Valparaíso. La única que existe en materia documental dice que está salvada, en circunstancias de que al resto de las regiones investigadas les propone sumarios, investigaciones sumarias, sumarios de la Contraloría y exigencias de colocar a disposición de la Justicia determinados problemas. Valparaíso es la única región que no tiene ninguna observación de la Contraloría en esa materia, lo que está archiprobado.
¿Por qué la Contraloría nunca me pidió manuales? Dicen que es porque los manuales no son obligatorios, pero por qué no nos dijo que era necesario que tuviéramos manuales. ¿Dónde está la petición? ¿Acaso no existen los documentos? La Contraloría recibía informaciones de la contabilidad una vez al mes, lo mismo que la estructura nacional del Ministerio de Hacienda. ¡Una vez al mes! El balance se entregaba una vez al mes, la contabilidad de cuentas bancarias. La contabilidad presupuestaria, que corresponde a la ejecución de la obra, se entregaba al Gobierno.
Preguntado si él encontró anómalo que convivieran en el Departamento de Finanzas la señora Mancilla con el señor Leiva , manifestó que sí. La ley prohíbe que personas que están unidas por la ley civil de matrimonio o tengan un parentesco trabajen juntos.
Yo supe de esto, no porque alguien me copuchara. Me enteré de que había un problema de relaciones humanas al interior del piso 7º, a propósito de unos correos que esa señora mandaba y decidí su cambio. ¿Qué hizo esta señora cuando la cambié a la división de Herman Rojas? Ella le mandó una carta a Herman Rojas y a Julio Medina, que las tengo, y también una carta a mí en que me planteaba esto. Le dije que se iba a cambiar. Hablé con el señor Leiva y le dije que el problema no es que no estén casados, pero conviven, van juntos al colegio, tienen vida en común. Entonces, no lo acepté; ella se enfermó de la cabeza y tomó licencia psiquiátrica por cinco meses.
Le dije al señor Leiva: el día que cumpla los seis meses le voy a aplicar la ley: salud incompatible con el servicio. Entonces, se reincorporó al CORE a trabajar con el Consejo Regional.
Preguntado sobre qué injerencia tiene el intendente en el nombramiento del director de un Departamento de Finanzas , indicó que, a contar de la última modificación legal, el director del Departamento de Finanzas corresponde al tercer nivel directivo; por lo tanto, se elige por concurso, para el cual hay una comisión que evalúa y coloca nota. En el caso del nombramiento del señor Leiva , cuando yo llegué al Gobierno, él ya era jefe de finanzas. Sacó el ciento por ciento de la aprobación de sus pares de la comisión. No había ninguna razón oficial para cambiarlo.
Consultado por el preinforme del Consejo Regional respecto a la responsabilidad del señor Aldana , expresó que ese documento habla de Aldana después de que se conoció el hecho. Yo no tengo por qué defender a Aldana. Él tenía responsabilidades directas como director de servicio. Y si yo soy director de servicio, respondo de mis actos.
Él puso la firma en siete cheques y la señora Sara en otros tantos. Entonces, él tendrá que responder de su gestión y de su actitud. Es muy fácil hablar una vez que se sabe que ha pasado una cosa grave.
El señor Aldana es un profesional joven, de buen nivel de formación, con dos postgrados; interesante prospecto de funcionario. Nunca tuvimos reproches respecto de él. Tenía discusiones normales. Si alguien quiere decir que alguna vez discutió: probablemente. Tuve muchas discusiones con el jefe de división Aldana y con Víctor Quinteros . Era lógico que tuviéramos discusiones y diferencias de opinión. También con Andrés Camacho . Las teníamos porque en el trabajo se producen diferencias, a veces, profundas.
Me parece impropio que alguien juzgue después de que ha ocurrido un hecho para decir que era incapaz. ¿Cómo no lo dijo a tiempo?
Ante la consulta referida a otro punto del preinforme en que se señala lo siguiente: “En este último punto, no se debe desatender la responsabilidad del ex intendente regional ni de los ex jefes de división al no adoptar las medidas necesarias para fijar los procedimientos adecuados en materia de administración interna”, el señor De la Maza , señaló: Le estoy diciendo que ese informe no está aprobado; por tanto, al no estarlo, voy a discrepar de él. Voy a pedir ir a la comisión y voy a discrepar. No tengo ningún problema en hacerlo.
Por eso digo que no le doy ningún valor a ese informe mientras no esté aprobado.
Preguntado si es normal que en los gobiernos regionales que están dentro del mejor ranking desaparezcan más de mil millones de pesos, dijo que no. Eso es un robo. Si eso no hubiese ocurrido, habría sido fantástico para mí, porque he dicho desde el comienzo que esto me ha afectado en lo personal, a mi honra, he sido colocado en fotografías como si fuese un delincuente. ¿Cómo me defiendo de los medios? ¿Con qué instrumento?
Entiendo la situación que ocurre en los gobiernos regionales y lo planteé muchas veces, y los señores diputados que iban a mi oficina lo saben. Pedimos insistentemente modificaciones y mejoramiento de los sistemas de control.
Naturalmente, uno tiene que confiar en las personas que pone y que están.
Como se señaló acá, el ardid delictual fue fraguado por personas -como lo dijo el fiscal Abbott- que sabían perfectamente cómo hacerlo; lo hicieron en descampado y robaron sistemáticamente; un grupo de sinvergüenzas que deberá tener su castigo en la justicia.
Empañan a un Gobierno Regional que cumplió bien y a sus compañeros de trabajo. Es importante tratar este asunto como corresponde.
10) El señor Héctor Valenzuela Pepe , abogado del Gobierno Regional de Valparaíso, en sesión 7ª, celebrada el jueves 17 de junio de 2010.
Inició su exposición haciendo una relación sobre su intervención, en calidad de abogado, respecto a los hechos investigados. Explicó que en abril del año 2010, el intendente de la región, señor Raúl Celis Montt , lo citó a una reunión para informarle que la unidad de auditoría interna del Gobierno Regional había detectado el giro de ocho cheques por un monto de $ 511.948.801, a nombre de una persona natural, de nombre Eugenio Aubele Guerín , pagos que no se encontraban asociados a proyecto alguno ni tampoco respondían a una cuenta presupuestaria, los cuales habían sido cobrados por caja por esa persona.
El intendente me solicitó la redacción de un oficio que comunicara esos hechos a la Contraloría, como asimismo la instrucción de un sumario al órgano fiscalizador. La Contraloría estimó pertinente finalizar la auditoría que se encontraba efectuando en el Gobierno Regional en el marco de su programa anual de auditorías para acreditar fehacientemente los hechos, ya que en ese momento no aparecían claramente configurados.
Posteriormente, redacté un segundo oficio para informar a la Contraloría de esos hechos y de la instrucción de un proceso sumarial ordenado por el señor intendente, don Raúl Celis Montt , en el cual se designó como fiscal a la señora María Teresa Blanco Lobos, jefa de la división de análisis y control de gestión. En dicho sumario, se practicaron importantes diligencias que permitieron dar inicio a la investigación y esclarecer los hechos más relevantes en cuanto a las infracciones cometidas. Se procedió a suspender a los principales inculpados, señor Lorenzo Leiva Tapia , jefe del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional , y al funcionario señor Jaime Lorca Rocca , quien se desempeñaba en ese mismo departamento. Ese sumario se acumuló posteriormente al proceso sumarial ordenado por la Contraloría, por resolución Nº 224, a consecuencia de las conclusiones del informe final Nº 10, que arrojó la auditoría que la Contraloría estaba haciendo en el Gobierno Regional.
Al día siguiente de esa reunión sostuve otra con el intendente, en la cual decidió, ante la evidencia clara de la comisión de un ilícito penal y en cumplimiento de lo dispuesto en la letra k), del artículo 61, del Estatuto Administrativo, denunciar ante el Ministerio Público el fraude cometido en perjuicio del Gobierno Regional.
Con posterioridad, actuando por instrucciones del señor intendente y en nombre y representación del Gobierno Regional, se interpuso una querella en el juzgado de garantía por el delito de fraude al fisco, según la legitimación que le concede el artículo 111 del Código Procesal Penal, por ser víctima del ilícito, el principal perjudicado. La querella es por el delito estipulado en el artículo 239 del Código Penal, que sanciona al empleado público en las operaciones de fraude en que intervenga o consienta que se defraude al fisco.
La calificación del ilícito, no obsta a la posterior calificación que pueda hacerse desplazando la figura del artículo 239 del Código Penal al delito de malversación de caudales públicos, toda vez que quien aparece como eventual autor del delito tenía, en su calidad de jefe del Departamento de Finanzas , la custodia de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que agravaría eventualmente su responsabilidad penal. Además, la malversación de caudales públicos es uno de los pocos o escasos delitos que existen en el Código Penal que sanciona las conductas culposas.
La Contraloría emitió, en razón de la auditoría que estaba realizando en el Gobierno Regional, un pre informe, que fue contestado por el señor intendente, y el informe final Nº 10, en el cual se dan por acreditados fraudes reiterados cometidos en 2009, por un monto de $ 700.127.245, a lo que hay que sumar dos cheques encontrados por la fiscal que instruyó el sumario en el Gobierno Regional en 2008, que elevan el monto de lo defraudado a la suma de 800 millones de pesos. Dichas sumas están calculadas a mayo de 2010 y son sin perjuicio de que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público pueda acreditar un monto superior a esa cantidad de dinero, por cuanto sólo se revisó, tanto por la auditora del Gobierno Regional, como lo que alcanzó a investigar la fiscal, el año 2009 y parte de 2010.
Finalmente, el informe Nº 10 de la Contraloría, con el cual termina la auditoría, recomienda la instrucción de un sumario administrativo, y como éste ya estaba siendo instruido por el Gobierno Regional, se acumuló al ordenado por la Contraloría.
En relación al sumario instruido por el intendente informó que no conocía su contenido porque es secreto, por disposición del Estatuto Administrativo, hasta la formulación de cargos, en que se hace público para los abogados. Sin embargo, explicó que los hechos que lo fundan son de público conocimiento, porque han salido en la prensa y, en ese contexto, informó que se suspendió a los señores Leiva y Lorca por su participación en las infracciones administrativas que se estaban investigando.
El sumario investiga infracciones administrativas. Si de las investigaciones surge que esas infracciones son constitutivas de delito, el fiscal tiene la obligación de remitir los antecedentes al Ministerio Público. Esto en virtud de la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de denunciar, con la debida prontitud, los ilícitos de que tomaran conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Consultado por su ingreso al Gobierno Regional informó que se produjo a contrata en junio de 2003, cuando estaba el intendente Luis Guastavino . Recalcó que no era abogado de la Intendencia. Aproximadamente, hacía diez años que la Intendencia no tenía abogados, sólo existían abogados de planta del Gobierno Regional. Junto a otro abogado, tenían una comisión de servicio con fines específicos en la Intendencia: materias de extranjería, recursos de protección, recursos de amparo, denuncias o querellas por alteración del orden público. Por ello, y con ocasión del problema con los Programas de Generación de Empleo, oficié al jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior para solucionar la ausencia de asesoría jurídica formalmente constituida. Se obtuvo, sólo hace seis meses atrás, a raíz de las gestiones personales que hizo el intendente señor Iván De la Maza , la contratación de un abogado que se dedicara a la Intendencia. No obstante, como un solo abogado no alcanza para atender a ese organismo, mantuve la comisión de servicio en la intendencia.
Interrogado sobre el informe que le fue entregado por la auditora interna, el 26 de enero del año 2010, y las medidas que habría adoptado el ex intendente por su causa, señaló que tomé conocimiento de ese documento recién un mes antes, cuando estalló el problema del fraude. No sé lo que hizo el intendente De la Maza cuando conoció ese informe.
Preguntado sobre qué le competía a un intendente realizar ante el conocimiento de irregularidades como las informadas, expresó que en el informe en cuestión aparecían dineros sin rendir, lo que sin ser delito, constituye una anormalidad ya que existían 1.200 millones de pesos que no estaban rendidos. Por lo tanto, el intendente podría haber ordenado corregir, que le informaran al respecto, y si la gravedad de los hechos ameritaba más, podría haber ordenado una investigación sumaria, para que se averiguara a fondo qué pasaba con eso.
Las medidas que el intendente debería haber adoptado pueden ser a través de instrucciones verbales, aun cuando en teoría los actos administrativos deben ser escritos, pero las órdenes que se les dan a los funcionarios no son necesariamente escritas. Sin embargo, la instrucción de un sumario o de una investigación sumaria, necesariamente supone un acto escriturado, porque hay que dictar una resolución.
Respecto a la eventual responsabilidad política del ex intendente De La Maza, señaló que constitucionalmente, el intendente es acusable, es susceptible de juicio político, cuando transgrede la Constitución Política o por la comisión de delitos de traición, malversación, soborno o concusión. Ésas son las causales que hacen al intendente responsable políticamente a través de un juicio político.
En relación a qué le habría correspondido hacer en su calidad de abogado de haber tomado conocimiento de las irregularidades informadas por la auditora interna en enero del 2010, señaló que soy abogado del Gobierno Regional, al igual que otros cuatro abogados, uno por cada división, que responde al vínculo jerárquico del respectivo jefe de división; uno en la división de administración y finanzas; otro en análisis y control de gestión; otro en la división de desarrollo y dos abogados más, entre los cuales se cuenta. No soy abogado del Gobierno Regional en su conjunto, porque no tengo injerencia en las materias de los abogados de las otras divisiones. Sobre lo consultado, fui informado en su momento de los resultados del informe de la auditora interna y le habría recomendado al intendente investigar, no obstante no tengo la facultad de ordenar sumarios, puede aconsejar sin que mi opinión sea vinculante.
Respecto a las labores específicas desarrolladas en el Gobierno Regional, explicó que interactúa con cada una de las divisiones en cuestiones específicas, fundamentalmente en lo referido a consultas jurídicas, cuando se presentan algunas dudas en cuanto a interpretación de la ley y en la instrucción de sumarios, sin tener vinculación jerárquica alguna con ninguna división. Al respecto informó que se propuso un organigrama al Consejo Regional, porque éste es el que aprueba la organización de los servicios administrativos, hace aproximadamente tres años, donde se contemplaba una asesoría jurídica con mayores facultades.
Consultado sobre la existencia de mecanismos de control en el Gobierno Regional, indicó que tomó conocimiento paulatino de los organismos de control, establecidos tanto en la división de análisis y control de gestión, cuanto en la división de administración y finanzas. Esto, porque hasta el 2008, le correspondió revisar todos los convenios-mandatos que celebraba el Gobierno Regional. Lo anterior me permite aseverar que sí existían mecanismos de control. De partida, la escrituración de todo el procedimiento administrativo de inversión es un mecanismo de control, lo mismo que la existencia del Sistema Nacional de Inversiones, que es un banco que evalúa todos los proyectos; el acuerdo del Consejo, que aprueba la ejecución del proyecto, el convenio-mandato, que posteriormente se celebra, y la resolución, que lo aprueba.
El procedimiento que existía para el pago a los proveedores era el siguiente: Llegaba el estado de pago del municipio, visado por la autoridad municipal correspondiente, con la factura y el certificado de la Dirección del Trabajo, que certificaba que el contratista se encontraba al día en las prestaciones laborales correspondientes. Con esos documentos, una vez analizados en la división, se emitía otro estado de pago, en el que se daba cuenta de la factura y el estado de avance, y eso era firmado por el jefe de la división de análisis y control de gestión y el jefe de inversiones. Ese estado de pago, más la documentación de respaldo, iba, por primera vez, a la división de finanzas, la cual procedía a hacer otra revisión del estado de pagos que generaba la división de análisis y control de gestión, más la documentación fundante, y con eso se ordenaba el giro del cheque.
Afirmar que no existían mecanismos de control, no es correcto; pero afirmar que existían mecanismos de control eficientes y eficaces tampoco es correcto. Lo anterior, en función de lo que está establecido en el artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, en concordancia con el artículo 64 del Estatuto Administrativo, que pone de cargo de las autoridades y de las jefaturas, en los distintos niveles, ejercer un control jerárquico permanente sobre el funcionamiento del órgano. Por su parte, el artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, establece que las autoridades y jefaturas deben velar por el buen uso de los recursos públicos. El verbo rector es “velar”, que supone desplegar una máxima actividad de cuidado, pero no supone un cuidado personal ni que las jefaturas tengan que revisar personalmente los documentos, porque eso sería una duplicidad de funciones.
En mi opinión la buena administración del Estado exige establecer mecanismos de control eficientes y eficaces. No obstante, frente a hechos de esa naturaleza, en que han acontecido delitos de fraude o de malversación de fondos reiterados en el tiempo, esto es, durante un año, todos los meses, cada dos meses o el cobro de dos cheques en un mes, se puede concluir que no hubo mecanismos eficientes y eficaces de control, por cuanto personas inescrupulosas se apropiaron indebidamente de mil millones de pesos, correspondientes a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Los medios de control existían, pero no eran lo suficientemente eficientes y eficaces que debieran haber sido, sobre todo en los últimos dos años, cuando la cuantía de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aumentó llegando a manejar 45 mil millones de pesos.
En relación a las medidas adoptadas para mejorar el control, informó que se acogieron las observaciones y los reparos que contiene el informe número 10 de la Contraloría, en cuanto a la personalización de las claves. Ahora, cada persona tiene una clave específica, personal. También, se cambió a algunas personas. Según mi criterio, debe implementarse una unidad de auditoría y fiscalización que responda directamente al intendente, que esté fuera de la división de administración y finanzas y que haga auditorías permanentes, todos los meses, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Además, debe tener la documentación fundante de cada uno de los procesos que originan los pagos correspondientes.
Consultado sobre la visación de los documentos, dijo que el ex intendente Iván De la Maza era muy riguroso y no firmaba ningún documento que no viniera con asignaciones de responsabilidad, esto es, con el pie de firma. Los documentos que provenían de las respectivas divisiones estaban visados generalmente por el jefe de la división respectiva, el jefe del departamento y la persona que había confeccionado materialmente el documento. Por lo tanto, de acuerdo con la división dependía quién revisaba el documento, quién se hacía responsable de él. De igual forma, los documentos que elaboraban los abogados de las respectivas divisiones venían con la asignación de responsabilidad del abogado. También, los documentos que no habían sido confeccionados por ellos iban con el visado del abogado, por ejemplo, los convenios mandatos y los convenios de transferencia iban visados al intendente por el abogado que los había revisado. Todo lo anterior, es en cuanto al Gobierno Regional.
Respecto de la Intendencia, la mayoría de los documentos salían con el visado, con la asignación de responsabilidad, generalmente, a cargo del jefe del Departamento de Finanzas y del jefe del departamento de administración y finanzas. En el fondo, se trata de un mecanismo de control en que el funcionario que genera el documento se hace responsable de él, porque en toda administración del Estado existe una delegación piramidal de funciones: hay una jefatura máxima, que es la del servicio, y después vienen las jefaturas de división y de departamento que, a su turno, se tienen que encargar de implementar los mecanismos de control respectivos.
Frente a la consulta de si su cargo era de exclusiva confianza del intendente, indicó que el Gobierno Regional tiene una planta directiva, una planta profesional, una planta técnica, una planta administrativa y una planta auxiliar. Los únicos cargos de exclusiva confianza que tiene el intendente son los tres jefes de división: el jefe de la división de Análisis y Control de Gestión, el jefe de la división de Desarrollo y el jefe de la división de Administración Y Finanzas. Los jefes de departamentos, que antes de la modificación del Estatuto Administrativo también eran cargos de la exclusiva confianza del señor intendente, hoy día ya no lo son porque pasaron a ser cargos de tercer nivel jerárquico, que son concursables, duran tres años en sus funciones y el intendente les puede renovar su confianza por tres años más.
11) El señor Jaime Lorca Rocca, funcionario del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional (suspendido de su cargo), en sesiones 7ª y 8ª, celebradas el jueves 17 y martes 22 de junio de 2010.
Comenzó su exposición señalando que llegó en junio de 2007 al Gobierno Regional. Provengo de una empresa de la Armada donde me desempeñé durante 17 años. Salí con calificación 7, siendo destacado en el período como el mejor trabajador.
Mi ingreso a la intendencia se hizo directamente sin concurso, en reemplazo de una funcionaria que tomó descanso prenatal. Mi contacto fue a través del señor Leiva , quien era mi profesor de costos en la universidad. Estuve a honorarios hasta febrero de 2009, y en marzo de ese año quedé en la categoría de suplente.
Mi primera función fue la de contador del programa de funcionamiento, el que tiene que ver con los gastos operacionales del Gobierno Regional. Posteriormente, en marzo de 2008, fui trasladado como contador del programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ahí trabajé hasta la fecha de mi suspensión.
En el año 2008 mi labor era contabilizar aquellas transacciones, a través de registros contables, que revisaban otros coordinadores de proyectos.
En la parte administrativa, aparte de ser el contador, en ocasiones muy extraordinarias me tocaba emitir cheques manuales, revisar proyectos que eran de otras personas y, además, colaborar en el tema de tesorería que dice relación con revisión de cheques, de archivos, porque en el año 2008 los archivos que se mantenían no eran correlativos numéricos, sino que por proyectos y era muy complicado ir con cada uno de ellos.
Por la forma de administración que tenía el Gobierno Regional, al menos hasta mi suspensión, todos hacían de todo. La política y cultura organizacional, desde que llegué al Gobierno Regional, era que todos debían ayudarse. Si faltaba una persona, otra tomaba su reemplazo. No había una designación, sino que le correspondía a la persona más cercana o la que estuviera más desocupada.
Por ejemplo, en el caso de la entrega de las boletas de garantía, en que hay valores importantes, ocurría que muchas veces la persona que las entregaba no se encontraba por motivos de enfermedad o mucho trabajo, y cualquiera de nosotros podía ayudar, ir y entregar; tenía contacto con el contratista y le solicitaba toda la documentación. Y se le entregaba nuevamente a la persona.
En el año 2009 había cuatro contadores: los tres coordinadores y yo. En esa dirección cada uno revisaba y hasta podía emitir el documento a mano.
Teníamos la línea completa: Recibir la documentación, emitir la transacción contable, emitir el documento contable manualmente y registrarlo en el libro Excel, llamado libro banco, que es un libro de llenado en una hoja a la que llaman libro banco compartido. Su particularidad es que cualquier persona lo abre desde cualquier escritorio. Si usted llena la línea uno y yo lleno la línea dos, le ordenamos grabar, esto se llena solito.
Respecto de quienes podían acceder al libro de banco, sostuvo que los nueve funcionarios del Departamento de Finanzas tenían clave, donde todos podían modificar los datos porque eran planillas de trabajo en común, basados en el concepto de equipo de trabajo. En cuanto a lo declarado por el señor Aldana , quien señaló que no sabía de esa situación, indicó que, en su opinión, debió haber tenido conocimiento porque el acceso compartido a las claves que tuvo el Departamento de Finanzas comenzó dos años antes.
Consultado cómo podría haberse incluido el nombre del señor Aubele en el libro banco, indicó que debería haber existido una factura con su nombre, porque para hacer un cheque lo primero que se verificaba era que la razón social fuera la misma del cheque, si se trataba de una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima o persona natural, para que la persona no tuviera problemas para cobrarlo. En ocasiones, llegaba la documentación y la persona de inversiones no se encontraba y no se generaban los estados de pago; pero se pagaba la factura y luego se regularizaba.
Entonces, cualquier persona podría haber tenido acceso a este ingreso, particularmente los que estábamos dentro del área de finanzas.
Es importante mencionar que, dada la debilidad que tenían en tesorería, muchas de sus funciones nos fueron trasladadas a nosotros como contadores. El llenado de cheques, las conciliaciones bancarias, respuestas de confirmación de cheques, que no nos correspondía como labor cotidiana, nos fueron siendo traspasadas por orden directa del jefe del departamento, el señor Lorenzo Leiva .
En muchas ocasiones, en distintas reuniones, le advertimos del problema que teníamos: Primero, que no era nuestra función y, luego, que no se veía bien, desde el punto de vista de control, hacer todo el círculo.
La idea, era que hubiera control sobre control, de manera que nada se escapara. A pesar de las diversas reuniones y alcances que le hicieron, no llegaron a nada. Siguieron haciendo exactamente lo mismo, archivando, haciendo la documentación, manejando los talonarios de cheques.
La chequera se manejaba en una cajonera de tres cajones; en el medio todos sabían que había cheques.
Había cuatro contadores y cada persona que necesitaba un cheque iba a ese cajón, tomaba el talonario, sacaba los cheques que necesitaba y luego lo guardaba. A veces lo mantenía en su poder y debían preguntar quién tenía el talonario para rescatarlo y utilizarlo si estaban revisando algún estado de pago.
Vengo de una empresa autónoma del Estado, Astilleros y Maestranza de la Armada, que tiene procedimientos bien establecidos. En el Gobierno Regional no había nada. Cuando llegué allí, me enseñaron con papeles sueltos, escritos a manos, la forma en que debía revisar un estado de pago o de validar algo.
Nuestra preocupación constante, la mía y la de otros contadores auditores que fueron incorporándose al departamento, era que no hubiese una división de inducción al trabajo, que existe también en la empresa particular.
Se daba por entendido que la persona que llegaba ahí debía saber algo por los conocimientos que tenía, pero en el Gobierno Regional no es así, es muy particular.
Desconozco los informes que han aparecido en esta Comisión respecto de los alcances que había hecho la Contraloría Regional. Nunca supe de algún informe, pero por inquietud nuestra, del departamento, en el año 2009 dimos inicio a un seudo procedimiento, el de pago de proveedores y el de boletas de garantías.
En marzo, mientras estábamos bajo auditoría de la Contraloría, se nos preguntó si eso estaba sancionado por ellos. Les dijimos que no. Nos preguntaron cómo había sido construido, y les respondimos que solamente por la experiencia. No se tomó ningún manual ni la experiencia de otra intendencia o de otro Gobierno Regional, sino que fuimos a la persona que tenía mayor experiencia y le fuimos preguntando, por ejemplo, ¿qué debe contener la factura? ¿Qué debe contener el estado de pago? ¿Qué es un avance de obra? ¿Debe venir con el timbre y con la firma?
Todo eso lo conocíamos sólo de palabra y lo fuimos plasmando en un escrito. Entonces, cada persona tenía esa herramienta de trabajo, era un procedimiento interno.
Junto a la señora Harajá Mancilla dimos inicio a ese proceso de formalizar lo que hacíamos, tanto en el pago de proveedores como en la entrega de boletas de garantía. Nos servía como herramienta de trabajo.
Durante mi estadía, me tocó recibir a dos o tres personas, las últimas que se integraron, y era de mucha utilidad decirles que leyeran ese documento para que aprendieran la forma en que funcionaban.
Si bien es cierto, no estaba sancionado por Contraloría y podía haber muchos alcances, derivaba de la experiencia, de lo que me había tocado vivir.
Nuestro puntal, nuestro mayor conocimiento del tema, era nuestro jefe de departamento, el señor Lorenzo Leiva . Recurríamos a él.
Nunca visitamos una obra en terreno, revisábamos sólo documentación. A modo de ejemplo, ella podría decir que el avance de la obra era del 60 por ciento, y nosotros no teníamos idea. Teníamos que validar que efectivamente era un 60 por ciento. No teníamos forma de verificar financieramente que eso era así.
Entonces, de alguna forma, le solicitábamos a nuestro jefe que nos fuera instruyendo respecto de cuándo se debía pedir una boleta de garantía, cuándo se debía extender, cuándo un pago podía o no salir. Él siempre fue nuestra autoridad y nos entregaba los conocimientos que no teníamos.
En lo que dice relación con el caso que se investiga, señaló que efectivamente los cheques cuestionados han sido llenados por mi mano, fueron escritos por mí.
La señora Sara Peñaloza dijo, en una de sus declaraciones, que firmó 6.463 cheques. De ese total debo haber hecho alrededor de 700 u 800 a mano, porque el sistema computacional que se estaba implementando era muy engorroso.
Algunas veces teníamos la oportunidad de revisar un estado de pago o alguna documentación en cinco minutos y el cheque en ese tiempo debía estar listo. Las razones nunca las supe, salvo que el pago siempre era urgente.
En el Gobierno Regional el término “pago urgente” es muy común. Lo que a ustedes les pueda parecer anómalo o que no corresponde con lo que se debe hacer, muchas veces en el Gobierno Regional es lo que se hace.
Al no existir procedimientos claros, muchas veces se solicitaban cosas de palabra, se daban órdenes verbales, solicitudes express, que debían estar en cinco minutos y otras que seguían el curso normal, es decir, debían salir a los tres días de haber llegado al Departamento de Finanzas.
En relación con la confección de cheques y con la eventual confección de los voucher, existe la posibilidad de que lo haya revisado otra persona y el cheque lo haya hecho yo porque es otro procedimiento que se utilizaba. Si un tercero revisaba el estado de pago y no alcanzaba a emitir el cheque, por carga de trabajo, el otro compañero tomaba los egresos, sus estados de pago, y solamente se limitaba a hacer el cheque. No había una doble revisión.
O sea, si alguien me pasó diez, pero alcanzó a revisar cinco, y le quedaron cinco, y todos eran apurados, la compañera o yo compañero de trabajo le decía: Pásame esos cinco, ¿están chequeados? Me respondía: “Sí”. Y yo hacía los cheques y se ingresaban al libro Excel . Pero, nadie volvía revisar que la documentación estuviese correcta.
Explicó que la vía express que se utilizaba consistía en que la documentación llegaba previamente visada por el jefe del departamento, señor Lorenzo Leiva , que se acercaba y nos decía: “Este cheque lo necesito ahora”. Y se le respondía: “Pero, ¿hay que revisarlo?”. Y respondía: “No, hay que sacarlo ahora”.
La mayor pregunta que le hacíamos era: “que le falta esto” o “necesita esto otro”. Y nos decía: “No, hay que sacarlo ahora; luego lo regularizamos”.
Entonces, lo que se hacía era sacar el cheque y constantemente le estábamos diciendo al señor Lorenzo Leiva : “Este pago está pendiente”; “Este pago se sacó por la cuenta de anticipos a terceros. Hay que regularizarlo.”. Su respuesta era que efectivamente se iba a regularizar, pero estaban buscando la documentación o la forma en que ello se iba hacer.
Había decisiones que a veces no fueron ordenadas ni conocidas por el señor Leiva, y que se decidieron por el señor Aldana, como por ejemplo, dejar a una persona en un cargo o aumentar el sueldo a alguien.
Para la elaboración de cheques, la carpeta de pago respectiva por lo menos tenía una factura, ya que en algunos casos el resto de la documentación quedaba pendiente al momento del giro.
Se producía una situación excepcional en los procesos de Cultura y Deportes, donde si bien es cierto que se firmaban convenios con las instituciones, hasta parte del año 2009, el departamento de Cultura sólo enviaba un listado donde aparecía la institución beneficiada, el RUT del representante legal y el monto. En base a ese listado se emitían los cheques. En otros convenios, como los que se hacían con los FIC -Fondo de Innovación para la Competitividad- y el FIA -Fondo de Innovación Agraria-, era el Departamento de Finanzas quien efectuaba el egreso en base al respectivo convenio que lo entregaba directamente el señor Leiva a través de su secretaria.
El uso de la cuenta de anticipos era habitual y se utilizaba cuando no había marco presupuestario y existían resoluciones que no se habían tramitado a tiempo. En ocasiones había marco presupuestario, pero se requería sólo un trámite interno, que era una resolución afecta que debió confeccionarse, y eso no se hacía o el intendente no tenía tiempo, o no la había firmado. Por tanto, para acceder al pago se utilizaba la cuenta anticipos y subsanada esa situación administrativa, se procedía a regularizar.
Preguntado sobre el seguimiento efectuado a esa regularización, señaló que ni él ni los otros contadores hacían análisis de cuentas.
Al referirse a la documentación que justificaba el pago de los cheques investigados, se le consultó si, cumpliendo con la exigencia legal para los anticipos, éstos contaban con boleta de garantía, respondió que si me correspondió a mi debería haber verificado que estuvieran, pero como eran pagos que debían salir de manera urgente, se giraron los cheques y toda la documentación, según lo señalado por el señor Leiva , sería regularizada después. Todos los estados de pago que no cumplían con la norma -no con los procedimientos, porque no los había- eran autorizados explícitamente en forma verbal por el señor Leiva .
Del total de cheques emitidos, el veinte o treinta por ciento no cumplía con la norma, pero como los contratistas presionaban al intendente y a los jefes, se debían girar. En estos casos, siempre se consultaba al jefe directo, al señor Leiva , quien evaluaba en qué condiciones salía un pago o si no salía. El sesenta o setenta por ciento de todos los pagos que se procesaban eran apurados.
El equipo completo del Departamento de Finanzas, de alguna forma, era presionado para el giro de cheques. Los contratistas reclamaban que tenían un cierto plazo para entregar la documentación a los municipios o que éstos lo exigían antes del día 15 para ingresarlos al Gobierno Regional el día 25, y así su pago pudiese salir el día 30. Es decir, para que el Gobierno Regional tuviera cinco días para revisar y ejecutar todos los procesos. En la práctica, eso no se cumplía y a veces llegaban todos los estados de pago los días 25 o 26 y, aún hasta el día 7 del mes siguiente, se giraban cheques correspondientes al mes anterior.
Respecto de quién entregaba las órdenes o quién podría haber presionado al señor Lorenzo Leiva , señaló que lo desconocía. El superior jerárquico inmediato al señor Leiva era el señor Aldana , pero desconocía si éste había ejercido algún tipo de presión.
La persona que confeccionaba los egresos debía dar el visto bueno para la firma de los cheques. Sobre los documentos objeto de fraude, no sé con certeza si me correspondió.
En cuanto al procedimiento para que se autorizara el pago de cheques, ante las consultas efectuadas por el banco, se abría la planilla Excel que correspondía al libro banco, se verificaba el número de cheque y se cotejaba con la fecha, el librador y el monto. Desconozco si siempre los cheques eran consultados por el mismo funcionario del banco en el caso de los que fueron cobrados en la sucursal Prat del Banco Estado.
No conozco al señor Aubele.
Consultado acerca de si la existencia de manuales de procedimientos hubiese servido para evitar los fraudes detectados, señaló que cuando se dan órdenes por superiores, ello implica que se salten ciertos pasos y, por lo tanto, pueden existir procedimientos pero, en la práctica, se debe cumplir la orden.
En cuanto a su responsabilidad en la emisión de los egresos, informó que la primera firma corresponde a la persona que emite el egreso, en el Departamento de Finanzas. La labor está distribuida por comunas, pudiendo corresponderle a cualquiera de los cuatro contadores que se desempeñan en el departamento.
Interrogado sobre cuál fue la razón por la que fue suspendido de su cargo, indicó que se le había informado que el objetivo era poder dar expedito desarrollo a la investigación que se estaba efectuando.
Nunca hubo una auditoria al Departamento de Finanzas ni sus funcionarios fueron interrogados por la auditora interna. Sólo se entrevistó al señor Leiva .
Existen cuatro chequeras: una de remuneraciones, que la maneja la encargada de remuneraciones; una chequera de funcionamiento, que la maneja la encargada de funcionamiento, al igual que una de moneda extranjera; otra de los fondos regionales, que la maneja la encargada de fondos regionales y, por último, la chequera del FNDR, que la manejaban en conjunto cuatro personas, Mercedes Rivera , Verónica Muñoz , Carla Campos (desvinculada por razones de confianza) y yo. Las chequeras nunca se custodiaron en tesorería.
La chequera del FNDR se manejaba en una cajonera de tres cajones. Estaba en el medio y cualquier persona que necesitara hacer un pago sacaba la cantidad de cheques que necesitaba y efectuaba todo el proceso hasta el ingreso al libro de banco.
Consultado si el señor Leiva sabía que los talonarios de cheques se utilizaban moviéndolos dentro del Departamento de Finanzas, señaló que todo el funcionamiento del Departamento de Finanzas era de su total conocimiento. Esta situación también era conocida por la señora Montenegro y por el señor Aldana .
Interrogado acerca de si era posible que desde la intendencia hubieran salido cheques en blanco y, posteriormente, haber sido llenados a nombre del señor Aubele, dijo que era difícil, porque siempre se controlaban los correlativos. Sin embargo, reconoció que cada funcionario sacaba los cheques que necesitaba, y en el momento del llenado de la chequera algunos se atrasaban.
En cuanto a la responsabilidad del funcionamiento del Departamento de Finanzas, indicó que el señor Leiva informaba la forma de trabajo y las labores asignadas a cada persona ya que no existía descriptor de cargos. El cambio de funciones se hacía en forma verbal.
Consultado si el señor Aldana conocía esta forma de operar, expresó que, en su opinión, si el jefe del departamento ordena hacer algo y sus jefes superiores lo saben sin efectuar reparo, eso significa avalar en forma implícita la forma de actuar.
Tanto el señor Aldana , como el área administrativa y el Departamento de Inversiones sabían cómo funcionaba el Departamento de Finanzas. En cuanto al ex intendente De la Maza , los jefes del Departamento de Administración y Finanzas debieron comunicarle cómo se estaba funcionando, porque muchas veces el señor De la Maza iba a retirar cheques o mandaba retirarlos.
Frente a la interrogante de por qué los cheques se giraron a nombre del señor Aubele y no de la empresa, indicó que hubo situaciones donde personas naturales pasaron a ser sociedades, pero manteniendo facturas como persona natural. Entonces, muchas veces se les pedía con una factura de una sociedad, que el cheque se sacara a nombre de la persona natural, para no tener problemas con el cobro. También hubo oportunidades en que los cheques se giraban a nombre del representante legal.
No me correspondía el giro de cheques sino que la confección de egresos, en base a la respectiva carpeta que se me hacía llegar por el Departamento de Inversiones, canalizado a través del jefe del departamento y entregado por la secretaria.
Respecto a la posibilidad de que hayan reutilizado facturas ya pagadas, explicó que la documentación es única, es decir, si ya había sido sacada para un contratista, tiene que haber estado respaldando el egreso anterior. Estos documentos quedaban bajo la custodia de tesorería. Sin embargo, toda la documentación, tanto del 01, funcionamiento, como del FNDR y remuneraciones en uso se encontraban a vista y paciencia de todo el mundo, de manera que cualquier persona podría haber entrado y sacado alguno. Los documentos históricos quedaban en un pasillo de acceso público. Cualquier persona del Gobierno Regional podía acceder a esta documentación. Hago presente que, como consecuencia de un alcance de Contraloría de aproximadamente un año atrás, empezó a marcarse como “cancelado” a las facturas pagadas; antes no se cancelaban.
Las facturas son firmadas por el receptor del cheque para confirmar su cancelación.
12) El señor Lorenzo Leiva Tapia ( Jefe del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional de Valparaíso ), en sesión 8ª, celebrada el martes 22 de junio de 2010.
Comenzó su exposición señalando que tiene diligencias pendientes con la fiscalía, de modo que tal vez se vería impedido de responder todas las preguntas que los Diputados quieran formularle.
Al referirse a su relación con el ex intendente señor Iván De la Maza , sostuvo que era su jefe superior directo, dado que era el jefe del Gobierno Regional. Por lo tanto, sí había una relación directa de un jefe superior con un jefe de departamento.
No llegué al puesto en el mando de don Iván De la Maza , pero él me ratificó en el cargo de jefe del Departamento de Finanzas en octubre de 2009. Por lo tanto, había un reconocimiento de la gestión de su parte hacia mi persona.
Afirmó haber sido presionado para firmar los cheques objeto de la investigación. No puedo dar nombres todavía, pero jefes superiores directos y del más alto nivel directivo de la institución me presionaron para la emisión de esos cheques.
La presión en el Departamento de Finanzas siempre existió, independientemente de este caso en particular.
Muchas veces faltaban documentos pero igual debía dar la orden para sacar el pago porque así se me instruía, por ejemplo, para pago de viajes de consejeros regionales, pago de contratistas, pago de servicios, de la cuenta del teléfono, etcétera.
Puede haber un sinnúmero de situaciones en las que tuve que dar la orden directa de pagar, aunque faltara algún documento, que si bien es cierto no era fundamental en la carpeta o en el expediente del estado de pago, me veía en la obligación de acelerar el pago por algunas presiones indebidas o porque el proveedor llevaba mucho días esperando por el pago.
Ello también ocurría con los contratistas, a través de la cuenta de anticipos, sin marcos presupuestarios, a la espera de que después se regularizaran esas situaciones. Una vez regularizadas se reversaba la operación contable.
Se generaban muchos cuellos de botella en el Gobierno Regional, especialmente en el Departamento de Finanzas, en la función de tesorería, situación que en más de una oportunidad se la manifesté al jefe superior, pero no tomaron cartas en el asunto.
Esa condición de generar un cuello de botella, en una función tan relevante como tesorería, impedía que las funciones normales del departamento se desarrollaran en forma continua y expedita.
Ante eso, había que recurrir a otras alternativas de ejecución de las operaciones diarias.
Las chequeras no pululaban de un lado para otro, como libremente se quiere expresar, o que había que ir a buscarla al cuarto piso.
Los cheques los manejaba la tesorera y hacía la custodia de toda la función de tesorería.
Se controlaba la chequera. Al sacar un cheque del talonario se anotaba de inmediato en el estado de pago el documento que iba asociado a él. No se sacaban cheques libremente.
Un cheque no demoraba más de cinco minutos en ser emitido.
Acerca del informe de la Contraloría en que aparece que los cheques no tenían respaldo en el talonario, expresó que existieron esos 11 cheques, y pasaron como un proceso normal dentro de los otros documentos que había que emitir.
Me los pasaron y los hice fluir de acuerdo con el procedimiento normal, como cualquier otro estado de pago.
Dentro del departamento había cooperación entre los funcionarios y eso hacía que si una persona se veía muy atochada de trabajo, porque tenía una cartera muy abultada en algún momento, recibía la ayuda de otro.
El señor Aldana estaba informado de la forma en que se manejaba el departamento, en forma genérica. En más de una oportunidad autorizó la emisión de cheques sin tener los respaldos respectivos.
Lo explicado dice relación con la generalidad de las funciones del departamento. En ese sentido, muchas veces se autorizaba, ya fuera por el intendente o el jefe de división, la emisión de documentos de pago sin tener toda la documentación sustentatoria.
En estos casos particulares, en la emisión de los 11 ó 12 cheques, no recuerdo la cantidad, existía información de respaldo. A mí me llegó una factura con toda la documentación de respaldo.
Ellos no correspondían a proyectos del FNDR.
Consultado si se trataba de proyectos que ya habían sido ejecutados y pagados, indicó que no maneja esa información. Me hicieron llegar unas carpetas con facturas, con documentos, que supuestamente avalaban el desarrollo de esas obras.
El señor Iván De la Maza estaba en conocimiento de la forma en que funcionaba el departamento. No sé si conocía la particularidad, el detalle, pero estaba al tanto de la forma en que se manejaba el Departamento de Finanzas y en más de una oportunidad solicitó cheques y fue a retirarlos. No se podría decir que no supiera el funcionamiento del departamento.
Además, sobre su cargo existe un jefe de división que debe haberle informado respecto de la forma en que funcionaban los departamentos del Gobierno Regional
El señor Aldana nunca me pidió que reestructurara el departamento, las funciones y que generara manuales de procedimientos. Hubo muchos informes de la Contraloría de los que yo no tenía el conocimiento global, porque eran confidenciales. Se me pasaba la parte pertinente a aclarar por el departamento, pero nunca se me instruyó formalmente de que debía realizar manuales de procedimientos.
Dentro del departamento, motu proprio, realizamos manuales de procedimientos, como el de boleta de garantía y el de pago a proveedores, pero no se formalizaron.
En relación a los dineros con que compró el vehículo que luego devolvió, sostuvo que a mí me dejaron unas cantidades de dinero, no en forma mensual, sino esporádica, los cuales no utilicé durante el año. Sin embargo, malamente, en diciembre de 2009 las ocupé y compré un vehículo.
Eran distintos sobres con cantidades de aproximadamente cinco millones, que en su totalidad fueron como 30 millones de pesos. Eso es lo que efectivamente recibí.
El primer sobre me lo dejaron en el escritorio. No sabría decir quién me lo entregó.
Luego, a través de Eugenio Aubele, me hacían llegar el resto de los sobres. Me decía: “Ahí hay un sobre para ti”, y nada más. La primera vez lo rechacé y él dejó el sobre y se fue. Tuve los cinco o seis sobres durante medio año, y gasté la plata en diciembre.
Era entendible que el dinero venía de la misma cantidad de dineros que se estaban manejando ahí.
No informé de los dineros que recibía, lo que considero un gran error. A raíz de todas las investigaciones que se están realizando, cada vez me sorprendo más de quiénes están o estuvieron involucrados en todo esto. Ahí cometí el pecado de no cumplir la debida función del funcionario público, de denunciar el hecho cuando estaba ocurriendo.
Me empezaron a llegar estos sobres aproximadamente, desde mayo de 2009.
No informé de esa situación al señor Aldana ni al señor intendente.
Como todos saben, compré un vehículo y después lo devolví en la fiscalía.
Nunca tuve una conversación con el señor Aldana al respecto. Mi relación con él no era de las mejores. Es más, siempre hubo un dejo de su parte de no realizar una buena gestión con el Departamento de Finanzas. No era una relación de amistad la que tenía con Aldana.
Aldana podría haberme exigido que hiciera todos los cambios necesarios, según el informe de la Contraloría. No hizo nada. Ni de manuales de procedimiento, ni de controles cruzados, ni del libro banco.
Sobre el uso de las mismas claves en el Departamento de Finanzas, indicó que en más de una oportunidad se lo manifesté al señor Aldana . Es más, dos semanas antes de que fuera suspendido también lo hice presente y nadie hizo ni ha hecho nada al respecto.
Por ejemplo, si quieren revisar una de las claves, la del banco integrado de proyectos, desde 2006 a la fecha siempre se manejó la misma clave, que era la mía, porque ningún otro departamento quería sacar clave.
El señor Aldana era el jefe de la división de administración y finanzas, era el que tenía la administración del sistema Methasys y, por lo tanto, tenía todas las facultades para proveer las claves individuales necesarias.
Preguntado si se corrigieron las observaciones hechas por la Contraloría, afirmó desconocer el informe en su totalidad. Cuando le hacían llegar un informe de la Contraloría, le pasaban casos particulares, por ejemplo, “el egreso Nº 20 en que se le pagó al consejero “XX” una determinada cantidad y no está el acuerdo del Consejo Regional”. Entonces, lo que me correspondía era subsanar esa observación en particular, no la totalidad. Los informes de la Contraloría siempre los manejó el intendente, con su equipo más directo, que eran los jefes de división. De allí, ellos tenían que resolver, pero nunca se me dio a conocer la totalidad de los informes.
Se me dijo que tenía que facilitar la emisión de cheques a “tal” persona. Y cuando consultó cómo, se me indicó que: “se te va a hacer llegar la documentación”.
Sabía que los documentos que iban adjuntos a los cheques correspondían a proyectos inexistentes. Firmé porque se me dio la instrucción. Por presiones a las cuales estaba sometido.
Preguntado por un correo electrónico del señor Aldana , del día 16 de febrero, donde le darían una serie de encargos e instrucciones que tendrían relación precisamente con correcciones de procedimientos y regularizaciones, indicó que pude haberlo recibido, pero tendría que ver mi correo personal, el que está incautado por la Policía de Investigaciones
Pude haberlo recibido. Ahora, el correo trata precisamente de materias que el señor Aldana dejó pendientes antes de irse de vacaciones. No sé si es el espíritu de la ley o si está bien señalado, pero el jefe del departamento más antiguo asumía la jefatura de la división cuando el jefe de división no estaba. En ese caso, el cargo recaía en mi persona. Entonces, todas esas son tareas pendientes que, efectivamente, el señor Aldana dejó inconclusas y me las traspasó, como jefe de división.
Si bien hay situaciones puntuales que se me encargan, tales como presentar en el Consejo Regional tres estudios del subtítulo 22, diagnóstico de estrategia regional o el plan de biodiversidad de Juan Fernández , son tareas que me corresponden como subrogante, pero no resulta posible hacerse cargo de todas esas labores en sólo dos semanas.
Hay materias del Departamento de Finanzas que efectivamente alguna vez se conversaron, que había personas que podrían hacer una u otra función, y que eso lo iban a analizar, pero nada más.
Tenía conciencia de que lo que se estaba haciendo al menos era una incorrección y por supuesto que se le pasó por la cabeza que se trataba de un ilícito.
Preguntado desde cuando ocurrieron estos hechos, expresó que debe haber sido desde finales de 2008, principios de 2009.
En este momento no puedo señalar de quién recibía órdenes.
Cuando se le interrogó sobre el conocimiento de estas “incorrecciones” por parte del señor Jaime Lorca , afirmó que, a grandes rasgos, no sabía. Yo le daba la instrucción de generar las contabilizaciones respectivas, pero no creo que él sepa más sobre el trasfondo de esto o sobre quién me obligó o no a hacer estas cosas.
Consultado si tenía alguna otra relación con el señor Aubele, dijo que ninguna. Era muy reservado cuando iba a retirar y dejar los documentos. A él me lo presentaron y me exigieron lo que he señalado.
Al ser interrogado sobre los bienes que adquirió con los dineros recibidos, reiteró que compró un automóvil y después lo devolvió. Nada más.
A través de la prensa se han dicho muchas cosas, por ejemplo, que fui al Caribe, que fui Colombia, incluso que le compré una casa a mi secretaria. Sin embargo, nada de eso es efectivo.
Efectivamente recibí la plata, que eran 30 millones de pesos. Me gasté 25 millones y después los devolví. Nada más. La Fiscalía no me ha solicitado, hasta el momento, hacer devolución de los otros millones.
Preguntado por qué sólo recién en diciembre de 2009 resolvió gastar los recursos que recibió, dijo que había un dejo de temor, de desconfianza, de saber que esos eran dineros sucios, por así decirlo. Eso y la debilidad del momento
Al consultársele si se daba cuenta que si le tocó una parte del botín, por llamarlo de alguna manera, eso también lo hacía miembro del cuento armado, porque hizo su contribución, si no, no habría sido recompensado, manifestó que, si se lo mira así, claro, cada uno puede sacar sus deducciones, pero, a mí se me obligó en ese aspecto, a sacar los documentos.
Me vi involucrado en una situación en la cual, por presiones de distinta índole, que van más allá de lo laboral, tuve un momento de debilidad en el cual se le impuso esa situación y no pude negarme.
Ahora, si se ve el contexto y fríamente las cosas, y se me dice que recibí parte del botín, efectivamente recibí parte del botín, pero así también fui el primero en dar las declaraciones, el primero en abrir mis cuentas corrientes y el primero en abrir todo tipo de propiedades que pueda tener y ponerlas a disposición de la fiscalía o de los entes que están investigando esta situación.
Si yo tuviera los 1.500 ó 1.800 millones, a lo mejor no estaría sentado acá mirándoles la cara a los Diputados, sino que estaría en otro lado.
Ante el comentario de un señor Diputado en el sentido que el sistema era perverso, pero ingenioso y sobre la pregunta de ¿quién lo pudo haber ideado, quién tenía la ubicación como para poder pensar en todas las teclas que había que apretar para que esto pasara? dijo que no sabría responder esa pregunta.
Conozco el funcionamiento del Gobierno Regional tal como ocurre con muchas personas. Son varios los que han fluido o rotado en los distintos departamentos.
Llegué a ser jefe del Departamento de Finanzas, pasando antes por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y por el Departamento de Inversiones, y así hay muchas personas que dominan el teje y maneje del Gobierno Regional.
El que no se haya querido corregir las deficiencias o las imperfecciones de los sistemas, es otro tema, que a mí no me atañe. En más de una oportunidad me llamaban de municipios con los cuales no tenía relación para pedirme que les cambiara la ficha EBI, porque el único dato que aparecía allí era mi nombre, puesto que estaban usando mi clave.
Lo mismo ocurría con el sistema Sigfe y con el sistema Methasys, porque nadie quiso, en ningún momento, hacer algo. La iniciativa chocaba con una pared, que eran las personas que no querían mejorar los sistemas.
Consultado acerca de la posibilidad de haberse abstenido de firmar hasta que no se repararan las incorrecciones, indicó que si, pero habían presiones laborales, personales y hasta del ámbito familiar.
Reiteró que en el caso de los cheques investigados la documentación estaba completa en los expedientes respectivos, tal como debe ser presentado un estado de pago normal del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La revisé y correspondía.
No tenían boleta de garantía. Todo estado de pago no viene con boleta de garantía. La operación contable contra una cuenta de anticipos sí, pero el estado de pagos no decía anticipos, sino estado de pago número tres, estado de pago número cuatro, etcétera. Como anticipo a proveedores, no a contratistas.
La diferencia es que el anticipo a contratistas requiere de una boleta de garantía y el anticipo a proveedores no requiere de dicha boleta. Es un anticipo que no exige esa formalidad.
Un proyecto normal requiere de las garantías necesarias, como seriedad de la oferta, buen comportamiento de la obra o la garantía de anticipo, pero en esos casos no existía un proceso normal. Entonces, hacían llegar estados de pago aleatoriamente de proyectos equis, que ya se pudieran haber desarrollado y que pasaban como proyectos que estaban desarrollándose y que, supuestamente, cumplían con las garantías.
Los expedientes estaban completos. Yo estaba consciente de que correspondían a proyectos inexistentes.
Ante la pregunta de quién y cómo pudieron completarse esos expedientes, de manera que estuvieran perfectos, desde el punto de vista administrativo y que, al mismo tiempo, correspondiesen a proyectos inexistentes, que finalmente fue la causa de los hechos que todos conocen, respondió que cualquier persona que presente proyectos del FNDR sabe con qué documentos deben contar. Cualquier contratista.
Los expedientes los entregan los contratistas, con la factura y todos los documentos, no los funcionarios del Gobierno Regional. Entregaban una carpeta con proyectos que debían pasar a pago. Eso era, nada más. No habían sido revisados por ningún funcionario previamente.
Sobre la relación del ex intendente con ese tipo de expedientes, dijo que no sabría contestar esa pregunta en este momento.
Cuando se le pidió precisión en su respuesta, dijo que en el caso de los nueve u once cheques del expediente a que se refiere la consulta, del supuesto fraude, no puede responder esa pregunta.
Ahora bien, dejando de lado esos cheques, en un proceso normal, sí le pedían cheques apurados, cuando, por ejemplo, determinados consejeros se iban de viaje, ante lo cual respondía que no tenía la resolución, pero le decían que no importaba, ya que después la hacían llegar. Eso sí se hizo y la resolución llegaba uno o dos meses después.
Cuando se le interrogó sobre el conocimiento del señor Aldana acerca de que esos expedientes correspondían a proyectos inexistentes, expresó que no sabría responder a esa pregunta en estos momentos.
Al preguntársele sobre quienes no quisieron corregir las deficiencias del sistema, afirmó que existían muchas deficiencias en los procesos del Gobierno Regional. Uno de los cuellos de botella que tenía su departamento era la función de tesorería, el sistema Methasys, que había que trabajarlo dos, tres o cuatro veces porque se caía, no registraba la información pertinente, pues se ingresaba un pago con un código y aparecía con otro RUT. Eso se me informaba, yo lo ponía en conocimiento de mi jefe superior y no se hacía nada.
Entregué por escrito una solicitud de corrección de procedimientos, de metodología o de la exigencia de manuales, pero después que salí de mi oficina arrasaron con todo y dudo de que quede registro de esos documentos.
En más de una oportunidad propuse, por escrito, correcciones a los sistemas. Sin embargo, no tengo los medios como para probarlo, a través de algún memo o documento.
Tenía una serie de documentos que antes de mi suspensión desaparecieron de mi oficina.
Al ser interrogado sobre su ingreso al Gobierno Regional, recordó que lo hizo, aproximadamente, el año 2002. En esa época no se estilaban los concursos públicos para incorporarse al grado de contrata. Antes trabajé en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en la unidad de control regional, piso 16. Ahí tuve vinculación con gente del Gobierno Regional y me propusieron trabajar allí. En octubre de 2006, a través de un concurso público interno, fui nombrado jefe del Departamento de Finanzas . Fui ratificado en 2009 por el señor Iván De la Maza .
Preguntado por el monto de los dineros entregados en los cheques cuestionados, señaló que de lo que tengo conocimiento y de los que pasaron por mis manos, fue una cifra aproximada a mil millones de pesos.
En una oportunidad se habló de 6.700 cheques emitidos en el año 2009. De esa cantidad, creo que firmé 6.690, dada mi función, porque era la primera firma. Entonces, todos los cheques del Gobierno Regional pasaban por mis manos.
No afirmo que se entregaron 1.500 millones, como se dice en la prensa, porque a raíz de las investigaciones han salido otras cifras más, de las cuales no tengo antecedentes ni conocimiento. Lo que puse en conocimiento de la Fiscalía fueron alrededor de once cheques. La Contraloría había dicho que eran siete y yo dije que eran once. En este momento no tengo la cifra exacta, como para decir que eran 900, 1.000, 1.500 ó 1.800 millones de pesos.
Al ser consultado por la referencia a cheques a consejeros, sostuvo que habló de casos particulares, tratando de explicar los procesos del Gobierno Regional. No quiero decir que ellos estuvieran metidos en una u otra cosa, sino que deseaba explicar cómo eran los procesos. Muchas veces los consejeros regionales acordaban ir de viaje en una comisión especial a otra región o a otro país para tratar asuntos del consejo y del Gobierno Regional y a mí me avisaban uno o dos días antes de esos cometidos. Por lo tanto, al momento del viaje ellos tenían que contar con los recursos para asumir esa comisión y, muchas veces, se nos exigía o se nos presionaba para emitir los documentos de pago, sin contar con todos los documentos.
Quiero precisar que la presión, debida o indebida, siempre existió o siempre ha existido en el Departamento de Finanzas.
Ante la pregunta de las razones para no exigir boleta de garantía, respondió que era porque los proyectos no existían.
En los pagos no necesariamente decía anticipo, sino avance de obra. Entonces, como no existía como procedimiento tal o cual proyecto en sí, no contaban con toda la documentación de un proyecto. O sea, el mismo no lo van a encontrar en el banco integrado de proyectos.
Se hace presente que la Comisión continuó escuchando al señor Leiva , en sesión secreta.
13) El señor Julio Medina Correa , ex funcionario del Gobierno Regional de Valparaíso, en sesiones 9ª, 10ª y 22ª, celebradas el 29 de junio, 1 de julio y 24 de agosto de 2010, respectivamente.
Expresó que concurrió voluntariamente a esta invitación de la Comisión, solo y sin abogado, dado que no tiene nada de qué defenderse. Además, venir con un abogado a ésta o a cualquiera otra Comisión es una ofensa al Poder Legislativo , porque los temas penales se discuten en otro lugar.
Ingresé al Gobierno Regional el 4 de julio de 2005, siendo intendente don Luis Guastavino , quien me otorgó su confianza y me entregó la División de Desarrollo que en esos años no existía de derecho, pero sí de hecho.
El 27 de abril de este año, se hace la denuncia por parte del Gobierno Regional a la fiscalía. El 24 de abril, consta en la denuncia, que el fraude sólo puede ser ejecutado por quienes conocen el sistema de aprobación de fondos. La premisa de la denuncia que consta hecha por el Gobierno Regional ante la fiscalía, es que se burlaron los sistemas de control de la División de Administración y Finanzas, DAF, y que éste requiere conocimiento de lo que es el proceso de aprobación y pago de obras. El 26 de abril opina el subsecretario, porque esto es, como indica la estrategia nacional de seguridad pública, un delito de mayor connotación pública.
Don Jorge Abbott , el fiscal regional, distingue dos tipos de defraudación -y esto es central en lo que va a ser mi exposición- de funcionarios públicos concertados para defraudar y los que consienten que haya una defraudación. Son dos figuras penales con dos condenas distintas.
Es la Contraloría la que pesquisa y es la Contraloría la que descubre este fraude. ¿Qué dice la Contraloría? Dice que hay decenas de fallas de control en la División de Administración y Finanzas. Hay fragilidad en su sistema informático. Es más, cualquiera tiene acceso al sistema informático de la División de Administración y Finanzas.
Consultado el intendente Celis , hace dos o tres días, sobre la responsabilidad de Julio Medina Correa en este fraude al Fisco, él dice que hoy, a este minuto, no hay nadie formalizado; que la Contraloría está en una fase investigativa y no ha formulado cargos; que el Poder Judicial -que es el tribunal de garantía- aún no se expresa ni habla.
Los gobiernos regionales concluyen en un equipo humano que trabaja, cotidianamente, solamente para cumplir los gastos de obras. La prisa hace cometer errores, y aquí se han cometido errores.
En mi criterio este ejercicio administrativo-financiero puede ser exactamente externalizado, en todo Chile, y dedicar el recurso humano de los gobiernos regionales, que se dedican a hacer cheques, facturas y papeles, a gestión y fiscalización. Si existiera personal de fiscalización que hubiera detectado datos falsos, de obras falsas, se hubiera descubierto antes.
Hay información, que he separado y que debo darlas a conocer de manera reservada.
Se hace presente que el señor Medina siguió declarando en sesión secreta.
Al concurrir a la sesión 10ª afirmó que el Gobierno Regional tiene cinco instancias que es necesario visualizar en el mapa de las responsabilidades: la administrativa, la político-institucional, las políticas públicas, las políticas sectoriales y las políticas regionales.
Hay autoridades dentro del Gobierno, en la intendencia regional que tienen poder con firma -lo tuve mientras fui jefe de División , porque ésa es una línea institucional- y hay poder de acción y decisión sin firma, que es el poder de facto o el imperio cuando se obra y se pulsa por orden.
Voy hablar geográficamente de mi Intendencia Regional para entender físicamente, porque ustedes van a entender en el dialecto cotidiano que los funcionarios y las autoridades van hablar del 19°, 17°, 18° y 4°, hablan por piso. Voy a ocupar el mismo dialecto, porque es el que existe.
En el piso 18° están los servicios administrativos del gobierno interior.
En el piso 4° está el Consejo Regional y sus Servicios Administrativos que le prestan servicios a los consejeros regionales y que están adscritos formalmente, en sus contratos con sus funciones y atribuciones, a la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional.
El piso 7º° lo ocupa el Gobierno Regional y sus servicios administrativos, donde se ejecutan las políticas públicas. En el piso 7º° se encuentran, entonces, la División de Análisis de Control y Gestión, en la que erróneamente, como muchos errores que se han publicado por algún medio escrito, aparezco como jefe, y jamás he sido jefe de esta División.
Está la División de Administración y Finanzas y la División de Planificación y Desarrollo, que era la que yo dirigía. Ése es el Gobierno Regional.
La doctrina del gasto y la doctrina del PMG, insisto, son perversas. Cuando los funcionarios se mueven por metas que ellos mismos se ponen respecto de los programas de mejoramiento de gestión, que es el PMG, y que tiene incidencia en la rentabilidad mensual del sueldo. Si uno cumple la meta hay incentivos legales al año; en todos los funcionarios, desde el que es estafeta hasta el jefe de división.
Tengo la más íntima convicción de que lo que ha aparecido en los medios de comunicación es una construcción tendenciosa de una narración que ha coaptado la agenda pública y ha construido opinión respecto de este delito. Aquí hay una estrategia de la defensa para tratar de disminuir la responsabilidad de los autores confesos de esta estafa.
Niego conocer al señor Eugenio Aubele .
Preguntado sobre la señora Mariella Valdés , dijo que la conozco perfectamente. Es una camarada del partido, fuimos juntos a la federación de estudiantes en 1986 en el Pedagógico, soy su padrino de matrimonio, somos amigos, tengo la mejor opinión de ella, es una dirigente esforzada y trabajadora y que se ha tratado de hacer un espacio político siendo mujer, que es más complejo aún en esta comuna o provincia.
Consultado por su eventual participación en financiamientos para campañas políticas en la zona, manifestó que nunca he tenido que ver en ninguna campaña respecto de temas financieros, administrativos, facturas, boletas, cheques. Nada. Mi función es creativa. Yo no soy gerente de campaña. No soy operador político. Yo soy dirigente político.
Interrogado por su relación con el señor Iván De La Maza , respondió que mi confianza es personal. El retiro de confianza es el quiebre. Yo no tengo, para este quiebre, ninguna argumentación administrativa, ninguna argumentación de probidad, ninguna argumentación vinculada a dolo, respecto de Iván De la Maza. Lo que me aleja de Iván De la Maza no es porque yo crea que él haya tenido una impostura. Mi quiebre con el ex intendente De la Maza es por razones políticas, porque, en mi convicción personal, cometió errores políticos, y son sus decisiones políticas las que ustedes tendrán que evaluar.
Yo le quiero decir personalmente, ahora, en este minuto, que mis afectos por Iván son verdaderos. Creo que fue mal asesorado. Es mi juicio político, que lo vamos a trabajar.
Creo que mi salida de la jefatura de la División de Planificación y Desarrollo fue por mi oposición a que la institución, recién creada con el apoyo del Estado -Mideplan, Subdere y Ministerio del Interior-, donde están los contratos, se hace un concurso público, se contrata a diez profesionales para alimentar un trabajo metódico y científico vinculado a la planificación y el desarrollo regional, fuera desmantelada para llevársela a otras divisiones, en comisión de servicio, por la prisa del gasto.
Terminé en una oficina del piso 19, de dos por uno, después de haber tenido a mi cargo más de treinta personas, de tener firma institucional, de vincularme con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y con toda la autoridad institucional de la firma, del poder con firma, en el Gobierno Regional; terminé en una oficina en la que tenía un PC, un escritorio, un anexo, sin secretaria y sin personal a mi cargo, para responder cartas, después de haber cumplido funciones de un alto ejecutivo, calificado por el Estado, con los talentos que tengo -disculpe que lo diga-, que son un aporte.
Eso motivó que, a mediados de agosto, cuando me enfermé, después de que me hospitalizaran y me operaran, no volviera más.
Consultado por el círculo de poder del ex intendente De la Maza , señaló: ¿Quién recomienda técnicamente un proyecto para ser presentado, aprobado y pagado? Ésa es la génesis del proceso: los sectorialistas.
¿Quiénes son los sectorialistas? Les quiero decir, tajantemente, que no sé sus nombres. ¿Son funcionarios a contrata? ¿Son funcionarios de confianza política del intendente de turno? ¿Son funcionarios de planta? Me parece que son de planta. El administrador regional era el factótum. Él es el factótum.
Quiero decir que del círculo de poder, de la toma de decisión política y de la ejecución de las tomas de decisiones, yo participé directamente, con todos los imperios y categorías de la autoridad política, no institucional ni funcionaria, de los gobiernos del señor Guastavino y del señor De la Maza .
Todo el equipo de asesores que tiene el intendente Guastavino , donde yo participé, y De la Maza , tienen ubicación física, tienen responsabilidades, tienen contratos, tienen funciones y obligaciones. Los nombres están y son información pública. Todos esos asesores se ubican en el piso 19.
En materia de proyectos operan los que tienen responsabilidad administrativa, porque tienen que ponerle la firma a la recomendación técnica; opera la División de Análisis de Control de Gestión, que son los que ingresan los proyectos a la ficha EBI; operan los que tienen que llenar las condiciones que la Serplac repara para no otorgarles la recomendación técnica a los proyectos; también operan los consejeros regionales. Seamos francos.
El intendente presenta, la Serplac recomienda, el CORE aprueba y la Dirección de Administración Finanzas paga. Esa es la mecánica de la ruta.
Yo nunca me hice responsable ni tenía competencia ni tenía autoridad ni imperio para operar las fases de esas operaciones. ¿Quién lo hacía? Es de conocimiento público.
Me siento afectado en mi inteligencia y me duele profundamente que quienes sistemáticamente han defraudado al Estado, hayan tenido la capacidad de mentir dentro de la mecánica -es fundamental cuando digo la mecánica- y han logrado falsear los datos dentro de la mecánica y han estado desde hace tiempo haciéndolo, evidentemente tienen la expertise y la vocación para seguir haciéndolo.
Respecto de las declaraciones del señor Eugenio Aubele , que le involucran, expresó que a él, e ignoro a quienes más, los motiva un solo destino: evitar responsabilidades penales y pecuniarias habiendo un juicio de cuenta y un proceso incoado por el Ministerio Público. Ellos son confesos.
Cuando un abogado tiene clientes confesos, lo que trata de hacer es bajar las penas; siempre ha sido así. Ése es su trabajo, porque están confesos.
Si me pregunta qué los motiva, respondo lo siguiente: que el abogado de la defensa, en una estrategia perversa y tendenciosa, está tratando de evitar la responsabilidad de los confesos ante la justicia.
Sobre la influencia política de la Democracia Cristiana en la gestión del ex intendente De la Maza , señaló: El nivel de cero influencia política de la Democracia Cristiana en la gestión; el cero poder real de la Democracia Cristiana al interior del gobierno de De la Maza es irredargüible. Por tanto, en todo esto, en lo bueno y en lo malo, la Democracia Cristiana no tiene nada que ver. Yo aquí dije que la gestión de Iván De la Maza , de la lejanía, es porque se “ominamizó”.
Por eso yo hablo del círculo de la toma de decisión y de facto, porque sin poder no se hace. Basta que hagamos un estudio, por ejemplo, de todas las contrataciones de los concursos abiertos en el Gobierno Regional bajo el gobierno de De la Maza y Guastavino, juntos; de cuáles son los funcionarios y las militancias políticas que han adquirido las plantas; de quiénes han quedado en las plantas desde Guastavino a De la Maza ; de los reclamos de la dirigencia política de la Democracia Cristiana, respecto de cómo -para las personas que están en la renovación política- “nos cepillaban”; de cómo los cargos de seremis iban siendo llenados por militancias del bloque aliado y no por la Democracia Cristiana, y de cómo concursaban personeros de la Democracia Cristiana en los concursos de planta y no quedaba ninguno, porque todos eran militantes del Partido Socialista.
En la época del intendente Guastavino , el administrador regional era Andrés Camacho . En la época del intendente De la Maza , la figura del administrador regional quedó neutra, no se usó. El señor Camacho pasó a ser jefe de gabinete después de la era Alfaro.
Se hace presente que la Comisión siguió escuchando al señor Medina en sesión reservada.
Al comenzar su intervención en la sesión 22, celebrada el martes 24 de agosto de 2010, se le preguntó si hace suyas las declaraciones del señor Leiva en las que afirma que Julio Medina habría asignado responsabilidad a determinadas personas y que dineros obtenidos a través de este fraude habrían ido a financiar ciertas campañas políticas, dijo que: Ellas no son efectivas. No acepto esos cargos, ninguno de ellos. Los desmiento.
Primero, las declaraciones no las hice yo, sino que un personaje que está involucrado, en torno a una declaración en Investigaciones.
A modo de inventario, quiero decir que es una persona que quienes la conocemos sabemos que no tiene códigos políticos. Yo nunca trabajé en la campaña del senador Chahuán . Me parece injusto para él que lo involucren en esta situación. Tengo mucha simpatía por el senador Chahuán . Dos veces, en mi vida, he tomado contacto con él: una vez, caminando en la playa de Maitencillo, oportunidad en que nos saludamos cortésmente y nos despedimos de igual modo, y una segunda vez en que yo lo llamé, en julio de 2009, cuando aún la Democracia Cristiana no tenía candidato a senador, y le di una opinión política de regalo. Nunca más lo vi, nunca más me encontré con él, nunca más hablamos por teléfono.
Del señor Trivelli , debo reconocer que yo, dentro de la minoría de la Democracia Cristiana, aposté por él cuando todo el mundo estaba en el oficialismo con Soledad Alvear. Me consideraba amigo de Marcelo y de su mujer. Ellos trabajaron en mi campaña a concejal, recorriendo los cerros de Valparaíso, en el puerta a puerta.
Fui de las personas más persistentes en convencer a Marcelo Trivelli de que fuera el candidato a senador por la Quinta Costa. En mi análisis político, la proyección de una persona como Trivelli o Walker , era apostar al futuro con dos senadores de proyección para la Democracia Cristiana.
Lamentablemente, cuando él se fue del partido no tuvo el gesto de llamar a quienes habíamos puesto algo más que la cabeza en la mesa. Por tanto, sería imposible que yo hubiera trabajado con él en la posición política que tomó. Así es que me quedé sin personeros, en minoría, y timbrado como un trivellista cuando estaba en la Democracia Cristiana.
Yo fui brazo derecho político de Hernán Pinto desde 1990 hasta el 2004. Fui su jefe de gabinete, su principal asesor político y su jefe de campaña en 1992, en 1996 y el 2000. El 2004, como ocurre en política, hay relaciones que se quiebran, y la nuestra se quebró, profundamente. Así es que, mal podría haber trabajado por la candidatura de Hernán Pinto, cuando estaba trabajando para que esa candidatura no prosperara. Es por todos conocido, también por la dirección regional, que mi quiebre con él es bastante fuerte y que ha durado desde el 2004 hasta ahora. Por lo tanto, no participé en ningún evento electoral del señor Pinto .
Respecto de si participé en alguna campaña parlamentaria en el 2009, debo señalar que sólo acepté la invitación de los militantes de base de mi partido, en la sede de mi partido, para hacer un coaching respecto de cómo hacer un mejor puerta a puerta. Eran militantes que iban a trabajar en dos campañas parlamentarias.
Consultado si la señora Mariella Valdés le había llamado telefónicamente para contarle acerca de lo que estaba pasando en la intendencia, señaló compartir la respuesta de Mariella de que nosotros hablamos; que ella me llamó.
Quiero decir, hoy, que yo recibí dos llamados mientras estaba en un trance de cambio -yo estaba muy alejado del círculo político-: uno es de ella, y el otro quiero mantenerlo en reserva hasta que llegue a la instancia que corresponde. Yo no respondí a esas convocatorias hasta que llegó el tiempo en que se conoció este delito, en términos de opinión pública.
Lo que dijo Mariella lo conversamos, pero que yo le haya comentado a ella, confesado, de que estaba consternado: no, no estoy consternado. Que yo no iba a imputar a nadie, porque el único responsable era yo, eso nunca se lo he escuchado a Mariella que lo haya dicho a terceras personas. Yo creo que la persona que lo dijo, el ex intendente De la Maza, tendrá que explicar bien esa situación, porque es muy grave.
En este proceso, que ha sido complejo, todos hemos ido formándonos opinión. Al principio de este proceso, yo tenía una opinión por ignorancia de muchas aristas. Pero la declaración del ex intendente De la Maza es muy compleja, porque no habla de que aquí hay un robo vulgar, como se dijo al principio, de un equipo de contadores en el piso 7º. Él habla de una cadena de mando. Él no habla de ninguno de los autores confesos. Él dice que yo fui a dar cuenta a Mariella Valdés , como si ella fuera mi superior jerárquico en términos políticos, y que ella después le dio cuenta a él como el otro eslabón de la cadena política. Y con eso le bastó.
Todos saben que esto no fue un asalto a un banco en que se llevaron la caja fuerte. Esto fue una operación sistémica durante más de un año y medio. Entonces, si ante un delito que ha adquirido la mayor connotación pública, que se ha transformado en un escándalo público nacional, esta persona no coteja la información conmigo, no me llama ni me pregunta si es verdad, es muy complejo.
Aquí se está en un área muy compleja, porque todos saben que en esa cadena de mando jamás Mariella Valdés ha sido mi superior jerárquico, ni en términos funcionarios ni en términos políticos. Siempre me entendí directamente ya sea con el presidente regional , con el alcalde de Valparaíso , con el diputado por Valparaíso , con los intendentes o con el gobernador. No tuve intermediarios.
Lo que arroja el acto reflejo de la declaración ante Investigaciones del ex intendente De la Maza no son los nombres, sino que es la cadena, por tanto, hay cadena.
Mariella Valdés no me llamó para informarme del fraude, sino que para pedirle consejos, a los cuales yo no acudí. El tema de la intendencia ella me lo informó personalmente. No fue el día en que se supo del fraude, debe haber sido en los días posteriores, donde nos encontramos a conversar.
Las afirmaciones del ex intendente De la Maza son negativas, no corresponden a la verdad. Son de absoluta falsedad, porque hay un sentido común. ¿Por qué tendría que ir yo donde Mariella Valdés a confesar tamaña gravedad y no chequearlo con Iván De la Maza ? Y si el hecho es de tanta gravedad que le raya la pintura a todos los que estamos aquí involucrados, ¿cómo Iván de la Maza no me llama para mandarme a la punta del cerro, si le basta con la palabra de Mariella Valdés?
Me parece que esta es una operación donde el acto reflejo habla de una cadena que no es esta cadena. Todo el mundo sabe que no hay cadena de mando entre Mariella Valdés y yo, pero sí el acto reflejo del ex intendente arroja que hay una cadena de mando, que es la que yo he dicho desde el primer día en que llegué acá.
En la página 295 de la carpeta de Investigaciones aparece la declaración del señor Manuel Muñoz , contador y miembro de la Fuerzas Armadas o ex marino. Se trata de un informe lato sobre las irregularidades y anomalías en el piso 7º, en la Dirección de Finanzas, antes de que acontecieran estos hechos. Me alegro de haber recibido la carpeta, porque lo que les quiero mostrar -no probar ni demostrar- es que en la página 295 el señor Manuel Muñoz dice que le envió un documento formal al intendente, al jefe de gabinete, señor Andrés Camacho , y a todas las autoridades del piso 7º, denunciando anomalías e irregularidades.
El señor Manuel Muñoz en su declaración ante Investigaciones dice que se entrevistó con el jefe de gabinete de don Iván de la Maza, el señor Andrés Camacho , quien literal y textualmente lo amenazó diciéndole que no aceptaba ese informe ni el contenido de la denuncia y que lo debía retirar de todas las partes donde lo había enviado, de lo contrario, lo amenazaba con un sumario. El señor Muñoz declara ante Investigaciones que le respondió a Andrés Camacho que aceptaba un sumario para aclarar toda esta situación, pero a los cinco días fue despedido.
En el capítulo V, página 306, de la carpeta investigativa, el señor Gabriel Aldana reconoce ante Investigaciones que, respecto de Manuel Muñoz , recibió la orden de Andrés Camacho de despedirlo. Y así fue como ocurrió, pues fue despedido el 5 de noviembre de 2008, esto es, 10 ó 15 días después de él que hiciera la denuncia.
Tres personas que no son ni imputadas ni confesas hasta el momento: el señor Muñoz , el señor Quijada y el señor Aldana ante Investigaciones reconocen lo que yo hablé respecto del poder de facto, sin firma, que opera en una malla que sustenta esta operación, y que quien la generaba era el jefe de gabinete Andrés Camacho .
No conozco al señor Aubele. Voy a ratificar lo que dije. Si el intendente De la Maza, después de que su abogado habló en el programa Contacto, dice que este es un Leivazo, eso es radicalmente opuesto a decir que hay una cadena de mando, que hay un único responsable y que él tiene que responder. ¡Por favor! ¡Yo no voy a ser el switch gratuito! ¡Yo no soy Lilo Lepe!
Creo que ese acto temerario de hablar de una responsabilidad distinta, del círculo que trabajaba en el piso 7º, es porque se está encubriendo o protegiendo a otra cadena de mando, que no es la Democracia Cristiana, que no es Mariella Valdés ni es Julio Medina.
Preguntado quién es, reiteró que en la página 306 del Capítulo V de Investigaciones de Chile, el jefe de la división de administración y finanzas dice: Me llamó Camacho y me ordenó despedir a Muñoz”. ¿Eso qué es? Una cadena de mando.
Consultado si el abogado del señor De la Maza lo contactó y le pidió que se juntaran, expresó que yo eludí esa reunión después de que trabajé con ustedes acá, pedí la sesión secreta y bajé la información que les presenté. Yo entendí que, como en el tenis, había que ir a la red, y ya que me estaban pidiendo la reunión, fui a la reunión. Mantengamos que la respuesta formal es que sí hubo esa reunión y que por lo menos podamos resguardar el contenido de ella hasta el momento en que sea necesario.
Si uno contrasta las declaraciones en la carpeta son todas muy contradictorias entre ellas; tienen varias hebras y no todas se revisan.
El tema es el siguiente. ¿Cuántas veces conoció Leiva a Aubele? En realidad, cuántas veces fue presentado. A lo menos tres, dice Leiva. Respecto de las platas, Leiva dice a lo menos tres posibilidades de que él hubiera recibido la plata: el arquitecto Cerda , el que habla e Iván de la Maza . Son posibilidades.
Si uno contrasta las fechas, en la declaración de Lorenzo Leiva, que dice que fue presentado a Aubele con Cerda, por orden de De la Maza , esa fecha es previa a cuando dice que yo acompaño a Aubele. Eso para mí es la hebra del diseño y la construcción de un relato, porque se sabía a priori.
Quiero que me resguarden, porque hay algunas cosas que tengo que enfrentar en el proceso ante el Poder Judicial que espero. Sin embargo, no sé quiénes, específicamente, pero tengo mi opinión, la que cada vez más avanzado el tiempo se ha ido haciendo convicción, pero quiero decir por qué: porque no soy cómplice. Si este “ocuparte de switch” es mi gran argumentación de la convicción de mi inocencia, porque no soy cómplice, porque no tengo información del delito, porque no conozco quiénes operaron en la máquina.
Viene el señor Camacho aquí, delante de ustedes, a decir que no tiene vinculación con el senador Ominami , que me parece que es como desconocer al padre, sobre todo un padre amoroso, porque en la fecha que despiden a Camacho, conocido por los medios de prensa, critica a la Concertación por haber despedido a Andrés Camacho , porque era de fe pública que trabajaba con el diputado Enríquez-Ominami y con él.
Siento que a la buena fe de todos ustedes, transversalmente, sin color político, que yo mismo recogí para hacer mi juego de verdad, le han tomado el pelo, porque aquí viene gente y miente, y miente de manera sistemática.
Ustedes tienen en sus correos el mismo correo que me llegó a mí, respecto de la declaración del senador Ominami , quejándose por qué la Concertación despidió a Camacho. Y aquí Camacho dice que no tiene ninguna vinculación con él. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
He recibido amenazas en los últimos tres años. He hecho las denuncias respectivas. La principal denuncia la tengo en Interpol. Yo no me voy a prestar para funcionar de switch, y si hay alguna cámara mando el recado: ¡A mí no me van a hacer lo que hicieron con mi hermano mellizo!
Respecto a la beca concedida al señor Medina , se le consultó por qué el intendente iba a acceder a auspiciar o a patrocinar el estudio de una persona con la cual no se llevaba bien o tenían sus diferencias, indicó que era porque les ayudé a deshacerse de mí.
La beca no fue un pago. Puedo dar testimonio de esto porque dejo de ver a Iván De la Maza en agosto de 2008, cuando me operaron, y no volví más. Un familiar mío fue a obtener la firma.
Tenía la beca conseguida, y dije en esta mesa que desde el Gobierno de Frei al de Michelle Bachelet, siempre, ad honórem, cooperé como analista del segundo piso.
Yo le propongo al intendente irme a estudiar, dependiendo de mi voluntad para conseguir la beca, en todos los ámbitos distintos a la firma. Lo único que solicité fue la firma para irme, y hubo disposición para que me fuera a estudiar. No es con aplausos.
Preguntado a qué a qué se refiere, en la práctica, con que la gestión del señor De la Maza se haya “ominamizado” y si cree que el ex intendente está vinculado en este caso, respondió que mi opinión de “ominamizar” la gestión es porque los servicios administrativos, tanto del gobierno interior como del Gobierno Regional, son copados por cuadros políticos y administrativos y por personeros de esa tendencia o adhesión. Eso significa que los espacios de toma de decisión se quedan cerrados en ese círculo.
Significa, también, que los conflictos entre ese sector y nosotros como democratacristianos en su momento fueron de quiebres profundos y que, por ejemplo, en la balanza de los resultados de la accountability, todos los cargos de planta resueltos desde Guastavino hasta los tiempos de De la Maza son de gente vinculada al Partido Socialista, de esa tendencia.
En el peso de la agenda pública, el único parlamentario que aparece nominalmente nombrado para reunirse con el intendente De la Maza es el senador Ominami.
No sé si el señor intendente De la Maza está involucrado en los ilícitos. Es más, quiero decir que la primera y segunda vez que concurrí a la Comisión dije que eso no me hacía sentido. Sin embargo, hoy esa afirmación ha perdido sustentabilidad en el tiempo. Después de la información entregada, de manera reservada, a propósito de la reunión que hubo y que hemos comentado, mi opinión es distinta.
En su momento para el caso de los PGE, acompañé a Luis Mella a hacer la denuncia, despedí a tres socialistas involucrados en este tema. Le pedí la renuncia a Mancilla. También es difícil cuando a uno le toca decirle al señor Jaime Quiroz , jefe del departamento de municipalidades, involucrado en el proceso de los PGE, déme su carta de renuncia y váyase. Con ese tono tajante.
Hay mucha gente con ganas de pasarme cuentas.
Tengo derecho a la legítima defensa. Me extraña la cantidad de propaganda y difusión de los testimonios de los confesos.
Fíjense que de las tres personas que he nombrado, Muñoz , Aldana y Quijada -que hablan de la tesis mía-, nadie ha salido hablando en la prensa. No se colige, y está en la misma carpeta; no es un invento.
Deseaba que se le hubiera preguntado al señor Aubele de qué estacionamiento salimos los primeros dos meses este señor y yo, que ahora somos tres, Dicen que del estacionamiento de la Intendencia: ¿de cuál de los dos? ¿El del subterráneo o el de la losa? El de la losa. Cuando llegue el momento de la formalización voy a pedir que se pericie eso, porque los vehículos que estacionan en la losa están autorizados por escrito. Todo el mundo sabe que los funcionarios de los servicios administrativos del Gobierno Regional estacionamos en calle Blanco, frente a la YMCA. Ese no es un dato menor.
Quiero decir que, por la ignorancia de quienes construyen estos relatos, que les falta el respeto a ustedes también, se dice, por ejemplo, que en 2008 hubo elecciones municipales, y las elecciones son comunales; o que en 2009 hubo elecciones parlamentarias, que son distritales. Y uno de los confesos dice que yo le hago comentarios de que estoy trabajando para campañas de varias personas y que le nombro sólo distritos y números, en 2008.
Es falso lo que dice el ex intendente de me habría enojado cuando me quita el cargo de confianza de la jefatura de la división, el 20 de mayo de 2008, al perder la función crítica, que me significaba percibir 850 mil pesos.
Yo la tuve durante tres meses, no en 2008, sino en 2007, y me la quitaron porque no acepté el trato de que la mitad de mi función crítica, que me correspondía por fundar la división de planificación, la hubiera tenido que compartir con un compañero socialista, el funcionario Fernando Aldea . Yo no acepté ese trato y entregué la función.
El señor Aldea perteneció a la CORFO, bajo la administración Guastavino; después fue gerente de la Agencia de Desarrollo.
Si el señor De la Maza dice que mis quiebres con él son por motivos de dinero, me falta el respeto. Entonces, miente. Como miente que yo haya dicho y confesado -ante la institutriz del partido, parece- que soy el único responsable, ¿por qué no lo dijo acá? ¿Por qué no dijo quién se le acercó cuando vino para acá, si con esa tan gravitante información cerramos el caso?
Lo que me molesta es que deja dando vueltas la pelotita y la encierra en la Democracia Cristiana, cuando él sabe que es mentira. Porque al final, el caso queda resuelto entre cómo resuelve la autoría intelectual, material y responsable de este gran fraude entre dos democratacristianos. No. Eso es mentira. La cadena de mando es otra, y ya la dije. La he dicho tres veces.
Yo repito en la página 306 de la carpeta, del Capítulo Quinto de la investigación policial, lo que dice el señor Aldana : El señor Camacho me llamó para decir que hay que despedir al señor Muñoz . Esa es la cadena de mando.
Reitero mi inocencia. Yo no lo he pasado bien. La exposición mediática para mantener el silencio es porque mi silencio vale, y estoy dispuesto a pagar ese precio, porque confío en el Poder Judicial . O si no, acepto la proposición que me hicieron y que ustedes no pueden revelar aún. Me han mandado mensajitos muy claros, como: Échate la culpa de algo menor, total tú estabas medio desordenado de salud, o tú no eres persona que va a echar al agua a otra gente. Se equivocaron conmigo.
Tengo la más intima convicción, que es la que me fortalece para dar esta pelea, que soy inocente. Y la gravedad no es que esto haya sido un análisis de un “choreo”. Este es el análisis de una operación organizada para desfalcar al Fisco.
Ante las acusaciones del señor Aubele manifestó que cuando dicen que salgo de la losa de la Intendencia, porque lo importante es que salimos juntos al banco, según el cuento de ellos, y dicen que salgo del estacionamiento de la losa de la Intendencia, eso es falso.
No sé quiénes, por qué ni para qué han estimulado esas versiones. No sé a quiénes protegen ellos, no sé si les habrán pagado, no sé si están amenazados, pero las contradicciones no se sostienen.
Si por último, en el instinto de la versión dolosa, o la teoría de la falsación de Popper -pongámonos en la vereda de enfrente-, yo hubiera querido hacer esto solo, o me lo hubieran encargado, yo no abro la guía de teléfonos y llamo a un tipo que no conozco, llamo a un amigo. Y mi nivel no es para que me caricaturicen esperando en un banco una bolsa de plata. Por favor, todos sabemos cómo se hacen las cosas. Mi nivel no es para eso. No es mi forma de ser. Aquí ellos los nombran, pero son todos confesos.
Consultado por qué cree que lo formalizaron, expresó que el fiscal está pidiendo al tribunal de garantía que me formalice. Quiero ser preciso en eso. Yo aún no estoy formalizado. Aquí hay un relato construido entre Investigaciones y el Ministerio Público que le pide, según los antecedentes que ellos entregarán, que el tribunal de garantía resuelva formalizarme y tomar las medidas cautelares pertinentes. Esperemos que llegue a conocimiento del señor juez y de la justicia.
Ante la consulta de si reiteraba que jamás le dijo al señor Leiva que su finalidad era apoyar con parte de estos recursos, o todos ellos, las candidaturas de los señores Hernán Pinto , Francisco Chahuán y Marcelo Trivelli , respondió: Voy a precisar. Lo que debo haber comentado con certeza absoluta, esto es cómo logro que el candidato a senador por nuestra región Costa sea Marcelo Trivelli y no Hernán Pinto, y que me encantaría que ganara Chahuán .
Cuando comenta el señor Leiva ante Investigaciones -y la palabra trabajar no es sinónimo de financiar- ustedes saben que hay muchas formas de trabajar en una campaña sin financiar. Yo nunca lo he hecho, hay otros que lo hacen, y ahora entiendo por qué nunca fui intendente.
Por supuesto que no. Creo que esos comentarios son parte de la inocencia de no tener los códigos de Leiva. Yo hago comentarios políticos.
Luego de la intervención de un señor Diputado , en orden a que en la exposición inicial del invitado, desmintió que pudiera haber apoyado a los candidatos Pinto , Chahuán y Trivelli , se le preguntó si podría afirmar, tajantemente, que no ha sido mandado ahora a esta Comisión para desmentir eso específicamente y que no es esa su misión en esta sesión, respondió: A mí no me manda nadie.
Vine aquí sin abogado. Varios diputados son testigos que mi abogado no sabe lo que hablo aquí. Vengo solo a representar mis dichos, a sostener mi verdad y, además, a aportar mostrando que en la carpeta vienen datos interesantes de recabar, y que, más allá de lo que han comentado los confesos, y que todo el mundo lo sabe y ha sido reiterado por los medios de comunicación, hay otras aristas que nadie comenta.
Ante la consulta de por qué le cuesta tanto pronunciar el apellido Ominami o Enríquez-Ominami y si tiene amistad con ellos o tiene temor a que sus dichos no tengan fundamentos y le entablen una querella, respondió que hace mucho tiempo tuve conversaciones por correo con Marco Enríquez-Ominami, lo calibré, y no pasó nada. Es más, como soy tajante -y quiero que me conozca, con el acento que usted también tiene-, publiqué hace muy poco en mi Facebook, se lo comenté a un colega de Concepción, que los Henríquez que valen son dos y son de Concepción, Miguel y Álvaro . El otro es Oh my Money, de Japón. No creo que haya amistad en esos dichos.
Consultado si tiene conocimiento de que en alguna oportunidad los consejeros regionales le hayan solicitado al intendente que destituyera al señor Aldana por ser ineficiente e irresponsable en el cumplimiento de sus tareas, afirmó: Sí, tengo conocimiento, porque fue de pública difusión de los consejeros regionales, porque de las tres divisiones, modestia aparte, la única que cumplió la meta del PMG era la mía, había retraso en las otras dos, inversiones y administración y finanzas, que involucraba a las personas que han estado aquí participando. Además, tengo conocimiento porque había un lío, por lo que se produjo mucha molestia, por cierta desprolijidad administrativa que tenían los consejeros respecto de cómo administraba la división. Por tanto, también sé que cuándo fue ratificado Aldana , al inaugurar las oficinas nuevas en el piso 7º, fue una sorpresa para todos.
Acerca de que la secretaria Inés Varas le haya visto recibir dinero en una mochila en la oficina del señor Leiva , dijo que agradecía la pregunta: Me pongo en la situación de una persona querida por mucha gente, que de auxiliar que repartía sándwiches un día se convierte en secretaria, triplicando su sueldo, sabiendo lo que le pasó a Muñoz, o a cualquier otro, por denunciar una irregularidad, sabiendo que no tiene las competencias para salir a la calle si se enfrenta a un ilícito que sabía, porque depositó 25 millones de pesos. Creo que su estrés es muy alto, no creo que haya mala fe en ella. Pero usted sabe que uno puede periciar cómo proyecta el pánico escénico cualquier imagen. Por lo tanto, creo que tenía miedo, por lo que imagina cosas que su conciencia le presiona.
Entiendo como anómalo el hecho que haya sido la señora Inés Varas la que haya tenido que contestar llamados telefónicos del banco para autorizar el pago de los cheques girados al señor Aubele, asunto que le correspondía a la señorita Pamela Villarroel .
Consultado si en la cadena de mando a que hizo referencia la orden podría haber emanado, eventualmente, de un eslabón superior que pudiese haber llegado incluso al ex intendente, dijo que no.
Voy a hacer un juicio análogo para que entiendan la opinión que voy a dar acá. Tengo la más íntima convicción de que respecto al proceso de los PGE, el intendente Guastavino fue absolutamente engañado. Frente a Guastavino yo le pedí a Mancilla la renuncia. Entonces, cuando yo digo que fue engañado, ¿cómo es posible eso? En el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos hay cuatro intendentes, uno por año.
Entonces, la administración tiene que vivir igual. Hay una organización que sustenta esa administración; por tanto, hay poderes de facto que tienen que sobrevivir a esos cambios políticos. Esa malla es la que yo he dicho que está vigente desde 2004 hasta 2009. Esa es una malla política de ocupamiento de espacios políticos. No tengo como decirlo, porque no lo sé, si ellos están directamente involucrados en un proceso de irregularidades administrativas. La Contraloría lo dirá. Si están vinculados directamente o no, respecto del tema de los ilícitos penales, la justicia lo dirá. Si hay responsabilidades políticas, esta Comisión lo dirá. Por cierto que van a haber responsabilidades políticas. Uno no puede eludir eso.
Quiero decir con mucha convicción que estamos hablando de una malla que soporta. Porque aquí cuál es el delito político, según yo -lo compartí con algunos diputados acá-: el abuso de poder. Aquí el abuso de poder es esencialmente el juicio político. Es el abuso de poder contra un funcionario o contra el proceso administrativo, contra la gente, contra la ley. Entonces, el delito es una manifestación de una orgánica que abusa del poder. Ese es el juicio.
Interrogado por sus estudios, producto de la beca otorgada, expresó que no asistía permanentemente a clases. Hay un sistema extraño: ningún ramo es pre requisito del otro. Yo les conté la primera vez que vine lo que había pasado. Bueno ya saben parte de la historia. Entré en un año y me voy, pero no lo hago bien, sino que enfermo, tengo algunas crisis. Entonces, el primer semestre de 2009 me interno. Pierdo el primer semestre. La beca tiene como norma que uno puede perder hasta un semestre cualquiera que fuere. Nota de 5.0 mínimo y 99 por ciento de asistencia.
Yo decido perder el primer semestre para apelar y entro en el segundo, porque no es pre requisito. El segundo lo apruebo, paso a tercero y hasta mitad del tercer semestre voy bien, ninguna nota menos de 5.0 hasta que me meto en esta instancia y después soy despedido.
Ante el comentario de un señor Diputado en orden a que tiene antecedentes de Conicyt, que es la institución que está a cargo de la administración de esta beca, respecto de que el señor Medina nunca reclamó la beca, razón por la cual en febrero de este año la declararon desierta, señaló que lo supe en marzo de 2010. Extrañamente, salgo de mi internación en la clínica los primeros días de septiembre de 2009. Por tanto, firmo la escritura pendiente con mi aval o fiador en la Notaría de Valparaíso en esa fecha. La relación formal que exige Conicyt para este efecto es que yo no me puedo llevar la escritura a Santiago. La tiene que retirar un funcionario de Conicyt. Sin embargo, nunca el funcionario de Conicyt retiró esa escritura.
La universidad nunca me dijo nada. Incluso, tengo certificado de alumno regular y tengo mis notas. Entiendo que una vez al año cierran estas cosas administrativamente. Entonces, la universidad en marzo de 2010 me dijo: Tenemos problemas con tu beca. Partí a Conicyt a hablar con esta señora. Me dijo: “Tráete un certificado médico, los certificados de los profesionales que te atendieron, todo”, y le llevé todo. Lo único que me pidió fue lo siguiente: “No pongas que un funcionario de Conicyt no retiró tu escritura de la notaría de Valparaíso”.
Inicié un proceso de formalización y apelación de esa beca con una carta a la nueva directora de CONACYT.
14) El señor Eugenio Aubele Guerín , en sesión 11ª, celebrada el martes 6 de julio de 2010.
Comenzó su exposición señalando que fue utilizado, que fue manejado. Ignoro qué gente está involucrada en esto, si hay alguna organización o alguna otra cosa, porque es muy poca la participación que pude tener, al ir a buscar el documento, hacer el cambio en el banco y retirarme. Por lo tanto, es muy poco lo que puedo aportar.
No había instrucciones especiales. Retiraba el documento, me dirigía al banco, lo cambiaba y entregaba los dineros.
Esto parte a mediados de 2008, en agosto. Recibí un llamado telefónico del señor Julio Medina a eso de las 10 de la mañana de un 15 de agosto. Hasta esa fecha no conocía a Medina.
Él me llamó al celular, diciéndome que me ubicaba, que tenía buenas referencias mías y sabía que yo era un pequeño empresario. Mi empresa contaba en ese momento con tres personas, además de mí.
Me dijo que tenía muy buenas perspectivas para mí y muy buenos proyectos en los cuales podía participar.
Le respondí: “estupendo, excelente”. La pregunta que le hice fue: “¿Qué hay que hacer?” Esto siempre tiene un trasfondo.
El señor Medina me dijo: “Mira, tenemos que empezar a hacer los avances de obras y, para eso, nosotros necesitamos respaldarlos con facturas, para poder hacer los retiros de las platas y empezar a generar obra y trabajo.”
Ante su insistencia sobre lo que debía hacer, el señor Medina respondió: “Mira, juntémonos mañana en el estacionamiento del Gobierno Regional, tipo 10.00 de la mañana, y tráeme la iniciación de actividades, tus facturas y todo lo demás.”.
En ese tiempo ya llevaba como ocho años en el rubro de la construcción, y tenía todos mis papeles y facturas al día y sin ningún problema.
Llevé dos facturas -por si acaso una se echa a perder- y me encontré con él al día siguiente en el estacionamiento del Gobierno Regional.
Nos presentamos. Él me dijo: “Soy Julio Medina , cómo estái, cómo le va, compadre...”. Entre “compadre” y “compadre” todo bien.
Subimos al séptimo piso del edificio y me hicieron pasar a la oficina del señor Lorenzo Leiva . Me lleva hasta la puerta de la oficina. Entro, y el señor Leiva ya tenía un pequeño papel en donde estaba el valor por el que había que llenar la factura. Creo que la primera factura correspondía a 40 millones.
La completo con todos los antecedentes del Gobierno Regional. Dice: “Avance de obras.” Escribo los totales y le digo al señor Leiva que tengo que sacar el IVA y el PPM. Éste respondió que: “sí, no hay problema. Está considerado, así que tú mismo, cuando recibas el dinero del cheque, haces el retiro de eso.”.
Le pregunté a qué banco debo ir. Me respondió: Tiene que ser al BancoEstado. Los documentos eran de esa entidad bancaria. Le dije: Ah, yo ubico el de calle Prat. Salgo de su oficina, con el documento, y me está esperando Julio Medina ... O sea, llegué a la recepción del séptimo piso y pido hablar con Julio Medina. Él sale, bajamos en el ascensor.
El cheque estaba listo cuando llegué donde el señor Leiva. No lo hicieron delante de mí.
Entonces, bajo con Julio Medina al estacionamiento y nos dirigimos a la calle Prat. Él me dejó en la Plaza de Justicia y me voy a pie hasta el banco. Entro y hago la fila para cambiarlo por caja. La cajera me dijo que no se puede cambiar, por el monto, y que debe ser cambiado en bóveda, previa autorización del agente del banco.
Me dirijo a un guardia de Prosegur, le hago entrega del documento y le explico que debe ser entregado al agente del banco para pedir el código. Sale el agente y me dice que necesita la escritura de la empresa, porque el cheque estaba a nombre de Aubele y Henríquez , que es la empresa que me pertenece. Le digo que en ese momento no andaba con la escritura, a lo que me responde que debo llevarle tales y cuales papeles para darme la autorización, que se demora alrededor de un mes o un mes y medio. Llamo a Lorenzo Leiva , le explico que tengo problemas porque no puedo cambiar el cheque de inmediato, y me dice que me devuelva a la oficina. Me junto con Julio Medina , a quien le expliqué también la situación y nos dirigimos al séptimo piso. Le entrego el documento a Lorenzo Leiva y él ya me tenía el cheque a mi nombre, Eugenio Aubele .
Bajamos, hicimos todo el trámite. Plaza de Justicia, llego al banco y entrego el documento al guardia. Debe haber pasado una hora y media o dos horas y el documento estaba autorizado, con el código y todo, para cambiarlo. Me hacen pasar a la bóveda, acompañado de un guardia, y me entregan los valores, que eran 40 millones, de los cuales retuve el IVA y el PPM. Pido una bolsa; eché todo dentro de la bolsa. Salgo del banco, voy donde Julio Medina , me subo al auto y le digo: Aquí está todo el dinero. Me respondió: Ya, pasa pa’acá, compadre, excelente. Debe haber sacado de la bolsa unos dos millones, se los echó a la chaqueta y el resto lo tiró -literalmente- hacia el asiento de atrás. Me dijo: ¿Dónde te dejo, compadre? Yo tenía el auto cerca del Gobierno Regional y le dije: Déjame en el Gobierno Regional. Nos bajamos, nos despedimos y me dijo: Te llamo por cualquier cosa. Le pregunté: Bueno, ¿y lo ofrecido? ¿Qué pasa con las obras? Me dijo: Con esto estamos haciendo los retiros de los fondos y ahora vamos a empezar a adjudicar las obras. Así que te estamos llamando, compadre; no se preocupe.
Eso fue lo que sucedió con el primer cheque.
No debe haber pasado más de un mes, creo que fue en septiembre el mes en que llevé la segunda factura. No recuerdo el monto.
El procedimiento es el mismo: Julio Medina me llamó y me dijo que había otro documento y que se debía hacer lo mismo. Llevé la factura, subo donde Lorenzo Leiva , la llenaron y me dirijo nuevamente con Julio Medina al banco. Hice el cambio, todo bien. El cheque ya iba a nombre de Eugenio Aubele. Salí del banco y le entregué nuevamente a él la bolsa con dinero. Hizo mis retenciones. Él tomó el dinero y lo puso debajo del manubrio del auto, me va a dejar al Gobierno Regional y de ahí no lo vi nunca más.
Pasó alrededor de un mes. Me llamó Lorenzo Leiva , me dijo que había un documento y que debía ir con una factura. Fui directamente a la oficina de Leiva, me presenté en la recepción, en la entrada del edificio, me hicieron pasar a la oficina, me dieron los valores y llené la factura. Me entregó el documento, en fin, el mismo trámite a seguir durante 4 facturas en diferentes meses.
A Julio Medina lo vi sólo en las dos primeras facturas, en que le entregué los dineros directamente a él. Después, los otros dineros se los llevaba a Lorenzo Leiva , al Gobierno Regional, a su oficina. Este trámite no duraba más de dos o tres minutos, en que estaba con él.
En enero de 2009 me llama Lorenzo Leiva . Aparte del saludo Compadre, como está, etcétera, me dice: Estamos perdiendo mucha plata con el asunto del IVA y del PPM, así que vamos a empezar a cambiar los cheques sin facturas. No es necesario el respaldo. Le dije: Ah ya... ¿qué hay que hacer? Le respondió: Tengo el documento; ven a buscarlo. Al día siguiente fui, subí a su oficina, me entregó el documento y me dijo: El dinero me lo traes para acá. Hice el mismo trámite: fui al banco, cambié el cheque, con todas las autorizaciones necesarias. Luego, eché todo el dinero, íntegro, en una bolsa, fui a su oficina y le entregué ahí la bolsa con todo el dinero que correspondía al cheque. Creo que el quinto cheque era de 60 millones. No tengo claro la exactitud de los valores.
Y así, sucesivamente, se fue dando el mismo procedimiento en los ocho cheques, que fue lo que cambié.
Respecto de las obras ofrecidas, manifestó que siempre le decía al señor Leiva: Lorenzo , acuérdate de mí, qué pasa con las obras, con los trabajos, a lo que le respondía: Sí, estamos juntando plata, estamos haciendo todas las gestiones para que empieces a postular y empieces a ganar algunas obras. Lo tuyo son obras.
Después del quinto cheque, le dije a Lorenzo Leiva : Oye, no pasa nada con las obras, no hay nada con los trabajos, ¿qué me toca a mí? Algo que me toque. Lo dije porque ya me olía que esto era algo medio raro, pues las obras no venían, pasaba el tiempo.
Consultado desde cuándo comenzó a sospechar que se trataba de hechos ilícitos, expresó que desde la primera factura. Me llamó mucho la atención el cambio de cheque. Fue todo muy rápido. El primero estaba a nombre de una empresa; cuando llegué nuevamente al Gobierno Regional, el segundo cheque estaba a mi nombre. Fue todo muy liviano. Algo raro había, desde el primer momento. Pero nunca perdí la esperanza de que fuera recompensado con trabajo, que era lo que yo quería, ya que en mi empresa de ganar un millón mensual, podría pasar a ganar una postulación por un trabajo grande, una obra de 10 ó 15 millones de pesos; era tentador, era atractivo. Por eso seguí en el tema.
Entonces, le pregunté a Lorenzo Leiva qué me tocaba a mí; había que participar también. Me dijo que me quede tranquilo, que lo mío era obra y que en cualquier momento iba a salir.
Desde el quinto cheque, más o menos, empecé a sacar 200 ó 300 mil pesos, que me los dejaba para mí, porque ya no tenía la retención del IVA ni del PPM, y era para pagar los gastos como taxi, telefonía, ya que perdía casi todo el día, desde las 10.00 hasta las 14.00 ó 15.00 horas en el cambio de cheque. Y comencé a retener ese dinero para los gastos necesarios.
En relación a la sociedad que tenía con la señora María Soledad Henríquez , dijo que en el papel es mi socia, pero no estaba al tanto de lo que yo hacía.
Estaba abriendo otra empresa, para que quedara a mi nombre: Serproman, proyectos y mantención. Pero no está activa; tiene inicio de actividades. Su giro es obras menores de construcción.
Cobraba los cheques en la sucursal Prat del BancoEstado, por la envergadura del banco, que era grande, y por los valores de los cheques. Me dirigía a esa sucursal. En ningún momento me dijeron que debía ser esa sucursal. Yo ubicaba el banco y cambiaba ahí no más.
Cuando se le preguntó si tenía forma de probar que conocía al señor Medina , manifestó que desde el momento en que escuchó la noticia de que él dijo que no le conocía, no le ubicaba... He pensado en ello, pero no tengo la forma como para decir... No sé. O pueden ser los registros de una cámara que pueda estar en la recepción del séptimo piso -estamos hablando del año 2008-, si la pudieran tener, porque ahí me encontré con él.
Interrogado sobre la posibilidad de testigos que puedan avalar sus dichos, indicó que puede ser la niña de la recepción o mi cuñado Marcelo Urzúa , quien me acompañó e incluso llenó la primera factura. Él también lo ubica, estaba en la parte de atrás del auto cuando le entregué el dinero a Julio Medina , en su auto.
Nunca he prestado servicios al Gobierno Regional, ni a los municipios ni al Gobierno. Nada de nada.
Tampoco tengo militancia en algún partido político.
Acerca de su experiencia laboral, expresó que el mayor cliente que tiene es Cencosud, que son los supermercados Santa Isabel, al cual le presto servicios en un noventa por ciento. Llevo doce años trabajando en la construcción.
Interrogado por qué no le llamó la atención que lo eligieran a él para retirar estos cheques si supuestamente nadie le conocía en el Gobierno Regional y si nadie sabía que operaba de éste modo o que estaría dispuesto a hacerlo, insistió que: Me llamó Julio Medina ofreciendo trabajo. Yo no fui a un parque ni a una plaza a hacer este negocio. O sea, no hablemos de negocio, sino de trámite. Fui al Gobierno Regional, una institución grandísima, donde hay oficinas, infraestructura, gente, algo espectacular. Al principio, en ningún momento pensé que esta era una estafa, un robo. Lo único que quería eran obras, trabajo. Si la alternativa para conseguir esos trabajos era prestar facturas para hacer avances de obras con lo que habían dicho, yo lo iba a hacer y lo hice. En un principio me llamó la atención el cambio de cheques y de documentación, todo lo cual fue muy rápido. Allí me entraron dudas, pero como estaba en una institución de esa envergadura, seguí adelante, siempre con la esperanza de poder postular a alguna obra.
Al referirse a los servicios que prestaba en su empresa dijo que eran trabajos en estructuras metálicas, de pintura, soldadura, transportes. Para ello, previamente se cotiza, se espera la orden de compra y se ejecuta. Se trataba de montos bajos. De 200 mil, 300 mil o 500 mil pesos, según la obra que había que hacer.
Reiteró que recibió cheques para cambiar. Sin perjuicio de que los montos hayan sido de 40, 60 ó 70 millones de pesos, eran devueltos íntegramente. O sea, yo sólo hacía el cambio del documento.
Si gano mensualmente 1 ó 2 millones de pesos y de pronto tengo la opción de dar un salto a 10 o 15 millones, de los cuales, posiblemente, se obtendrían 5 ó 6 millones de utilidades, es un paso que hay que dar a cualquier riesgo, si están las posibilidades abiertas. Estaba enfrentado al Gobierno Regional, no se veían cosas turbias, cosas raras. Si hace una factura y dice “avance de obras”, me entusiasmo de inmediato
Cuando el señor Leiva me entrega los cheques se encontraba solo. No había ningún otro funcionario. Nadie. No duraba más de dos minutos. Le decía: “¡Hola cómo estás!” Le contestaba: “Bien. Ahí está el documento”.
Él me lo entregaba personalmente.
Preguntado si alguna vez entregó dinero a otra persona que no fuera Julio Medina o Lorenzo Leiva , expresó: En dos oportunidades. Una fue al señor Jaime Lorca , porque Lorenzo Leiva estaba en una reunión. Cuando llegué él me dijo: Si no estoy, se lo entregas a Jaime Lorca . Así fue. Cuando llegué a entregarlo eran las 14 o las 15 horas, no estaba él y se lo tuve que entregar a Jaime Lorca .
Jaime Lorca recibió la bolsa con los dineros, No recuerdo el monto, pero él lo recibió a un costado de la oficina de Lorenzo Leiva.
Luego de hacérsele presente que el señor Leiva declaró en la Comisión que lo único que recibió fueron unos sobres, con 5 ó 6 millones de pesos, se le preguntó si él alguna vez llevó algún sobre al señor Leiva , contestó que no, era la bolsa con todo el dinero. Nunca un sobre, no cabía toda la plata en un sobre. Se trataba de sumas superiores a 40 millones de pesos por cada cambio.
Negó conocer al arquitecto René Cerda . A él lo vincularon conmigo, de la muerte, pero más que eso nada. Ni proyecto ni nada; no lo conozco.
Al consultársele sobre las personas que conoció en el Gobierno Regional, manifestó que fueron Jaime Lorca , Lorenzo Leiva , Julio Medina y a una persona que en una oportunidad le entregué un dinero. Hubo una situación en que no estaba Lorenzo; él me dijo que se lo entregara a una persona, pero no recuerdo en este momento su nombre. Lo único que recuerdo es que andaba con zapatos de cocodrilo. Y lo reconocí en la PDI en base a fotografías. Estaba en las oficinas. Lorenzo Leiva estaba al lado derecho y este señor salió del lado izquierdo, del otro lado. Ese señor no estaba en la oficina de Lorenzo Leiva sino en el otro extremo.
No conozco personalmente al ex intendente Iván de la Maza. Sólo lo ubico por la prensa.
Preguntado si volvió a tener contacto con Julio Medina dijo que después de las dos primeras facturas, nunca más lo volví a ver; no supe más de él.
Cuando los montos eran bajos, entregaba el dinero en bolsas negras. En una oportunidad fue en un bolso deportivo.
Interrogado por el monto total de los cheques cobrados dijo que fueron aproximadamente novecientos millones de pesos. De esos 900 millones, sin contar el IVA y el PPM, retuvo dos millones y medio.
El período en que cobré los cheques va de agosto de 2008 a diciembre de 2009, si no me equivoco.
Interrogado si no le llamó la atención haber recibido 900 millones, que lo hayan usado como mensajero para recibir esa cantidad y sólo haber obtenido para sí esa suma ínfima de dinero, dijo: Al principio, lo mío era trabajo y yo no recibí los 900 millones de un golpe. Fueron 12 cheques u 8 cheques, creo, los que se cambiaron. Eran montos de 30 millones, de 40 millones. En una oportunidad, fueron de 110 millones. Eran 2 documentos, que fue lo que más recibí, pero nunca recibí los 900 millones de golpe.
Preguntado si conocía al señor Gabriel Aldana, manifestó que no. Creo que es el jefe de finanzas del Gobierno Regional. Me he enterado por la prensa, pero no lo conozco.
Respondiendo otras consultas de los miembros de la Comisión, indicó que nadie le acompañó en el cobro de los cheques.
No tengo pruebas de haber entregado el dinero de los cheques porque no quedaba ningún respaldo. Habría que ver la letra de quien hizo el documento, ver la firma. Incluso, una de las firmas del cheque era de Lorenzo Leiva. La firma de todos los documentos era de Lorenzo Leiva.
Los cheques iban llenos desde la oficina de Lorenzo Leiva. Ninguno salía en blanco.
En la Intendencia nunca me hicieron esperar. Llegaba a la recepción, me hacían pasar de inmediato a la oficina de Lorenzo Leiva , me pasaba el documento y partía. En ese intertanto, le decía: “Oye, Lorenzo , acuérdate de mí”. “Sí, tranquilo, viene”, me decía.
Nunca escuché que esos dineros pudieran estar vinculados a campañas políticas.
Al ser consultado si luego de cobrar 900 millones de pesos no se daba cuenta de que estaba metido en un fraude, respondió que sabía que algo raro había. No sabía para dónde iban los dineros, qué se hacía con los dineros. Sé que algo raro había, pero no perdí nunca la esperanza de que me pudieran recompensar con trabajo.
Se le preguntó si con la justificación de la recompensa de un trabajo, estaba dispuesto a prestarse a un fraude de este tipo, a lo cual respondió que ya estaba metido en el tema, así que había que seguir hasta las últimas consecuencias. Mi único temor era que en alguna oportunidad en el banco me cuestionaran o pudiera pasar por ahí.
Se le consultó como fue capaz de reconocer al señor Julio Medina la primera vez que se encontraron si supuestamente no le conocía con anterioridad, ante lo cual reiteró que no tenía ninguna relación previa con el señor Julio Medina : Él me llama y me dice: “Encontrémonos mañana”. Al día siguiente llego al estacionamiento, a la plaza del Gobierno Regional, lo llamo por teléfono y él aparece.
De ahí en adelante me llamaba Lorenzo Leiva . Me decía: Está listo el documento. Yo ya entendía el mensaje y partía a buscarlo.
Ante otra consulta, aclaró: nunca me apremiaron para que siguiera haciendo lo que hice, ni perdí la esperanza de que me recompensaran con algo, algún trabajo.
No se me ocurrió conversar con el señor Leiva o con el señor Medina , para preguntarles de qué se trataban esas entregas de dinero reiteradas. Igual uno entiende, ve cosas, pero, no. Además, no había tiempo para preguntas. Llegaba, estaba el documento, me despedía y después se entregaba.
Sobre la identidad del denominado “hombre de los zapatos de cocodrilo”, expresó que lo conocí en una oportunidad en que no estaba Lorenzo. Me dijo: Si no estoy cuando vengas, entrégaselo a “ Juan Pérez ”. Yo tenía el nombre de esa persona. Después, cuando llegué a la recepción, pregunté por “ Juan Pérez ”. Él se hizo presente y le dije: “¡Hola, cómo estai! Me dijeron que te entregara esto.”. Me respondió: “¡Ah, listo! Está todo listo.”. Él ya sabía que tenía que recibir algo. Se lo entregué y me retiré.
Se trataba de una persona de un metro sesenta y cinco, no muy delgada, de pelo oscuro, negro, moreno.
La última vez que hice entrega de dinero fue a Lorenzo Leiva , en diciembre de 2009. Nunca supe que ya no continuaría la operación.
Requerido para que informara sobre qué bienes y servicios adquiridos pagaba el IVA, por qué concepto pagaba PPM y cuál era la renta que servía de base a ese pago, dijo que toda la parte contable la ve su contadora. En la factura se refleja un trabajo que fue ingresado a la contabilidad, por lo cual hay que pagar el IVA en base a la factura que fue utilizada, ya que no quedó nula y está en la parte contable. La cancelación del IVA se hizo en base a la factura respectiva. No hay ningún trabajo; sólo estaba el documento.
Cuando se le consultó por las “movidas” y “contactos” a que habría hecho alusión el señor Medina para ofrecerle futuros trabajos, manifestó que las relacioné directamente con el Gobierno Regional. De hecho, entramos al edificio. Entendí por “movidas”, los contactos, amigos, vinculación.
No sospeché desde el primer momento que se trataba de algo ilícito, sino que ello ocurrió cuando de manera tan rápida cambiaron el cheque que estaba a nombre de la empresa por otro a nombre mío. Eso me llamó la atención.
Consultado si no le pareció ilícito que le ofrecieran obras sin pasar por ningún procedimiento legal, indicó: Él sólo hizo un ofrecimiento. Pero en ningún momento hice una postulación ni mucho menos; sólo era un ofrecimiento. Y la primera factura decía que era por avance de obras. Pensé que esas obras eran para mí, o que se trataba al menos de algo relacionado con eso.
Al pedírsele precisión sobre a qué se refiere cuando dice que él entendía o que veía cosas, señaló: Uno entiende que si un cheque está nominativo a una empresa y basta un llamado diciendo que el cheque no se puede cambiar para que en cinco minutos lo cambien por otro a nombre de mi persona, hay una anomalía. O sea, no hay un respaldo, no hay una firma. Yo en ningún momento firmé un documento.
Por otra parte, veo cosas cuando observo el hecho de haberle entregado a Julio Medina 40 millones de pesos, y que él haya sacado dos millones, se los haya echado al bolsillo y el resto los haya tirado detrás del auto.
Ignoro el destino que le daban a esos dineros los señores Medina y Leiva.
No sé cómo se contactó Julio Medina conmigo o cómo obtuvo mis antecedentes. Recibí su llamado, él se presentó por su nombre y me dijo que trabajaba en el Gobierno Regional, que tenía muy buenos contactos, muy buenas movidas. Me llamó la atención de inmediato y pensé que no perdería nada con conocerlo. Me daba lo mismo que hubiese sido un sinvergüenza o un estafador, porque no tenía nada que perder; es más, tenía la posibilidad de ganar. Por eso, me presenté al día siguiente con dos facturas e hice todo el trámite.
Él me hizo pasar al séptimo piso, donde funciona el Gobierno Regional, donde hay una infraestructura espectacular, así es que me quedé más tranquilo. ¿Cómo llegó a mí? No lo sé.
Acerca de la forma en que se contactaba con el señor Medina, dijo que no se fijaba si era de un celular. Yo sólo recibía la llamada.
El señor Aubele reconoció haber llamado en una oportunidad al señor Medina : Debe haber sido al día siguiente, cuando estaba en la plaza y como no aparecía, lo llamé para decirle que ahí estaba. Él me contestó el teléfono.
Nunca he recibido amenazas. Tampoco mi familia.
Se le preguntó si la contadora le dijo algo por haber aumentado sus ingresos de uno a cuarenta millones de pesos, a lo cual respondió: Mi contadora no lo sabía; sólo le entregaba la factura y ella la ingresaba.
Yo le entregaba la factura junto con las de otros trabajos que realizaba y había que ingresarlos. Ella me llamaba a fin de mes para decirme que había que pagar 10 millones de pesos, se pagaban y se seguía adelante.
Al preguntársele si no contaban el dinero para saber si lo entregaba completo, sostuvo que seguramente no. Lo ignoro. Yo sacaba 200 ó 300 mil pesos. No se lo advertí a nadie.
15) La señorita Pamela Villarroel Jeldes , Tesorera del Gobierno Regional de Valparaíso, en sesión 13ª, celebrada el jueves 15 de julio de 2010.
Hizo presente que se desempeña como tesorera del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional de Valparaíso. Ingresé al servicio en el año 1998.
El ejercicio de mis funciones las he realizado bajo la administración de seis intendentes regionales. Durante mi trayectoria en el servicio, hasta el día de hoy, he ocupado diferentes puestos: en un principio, secretaria de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales en el Consejo Regional; posteriormente, secretaria de la División de Análisis y Control de Gestión; funcionaria administrativa en el Centro de Estudios Regionales, CER; encargada de la sistematización de los balances de ejecución presupuestaria de los municipios de la Región en la División de Administración y Finanzas; funcionaria administrativa en la Unidad Gestión de Personas y, en la actualidad, tesorera del Departamento de Finanzas.
A mediados de 2008, debido a mi formación técnica y universitaria, el encargado de la Unidad Gestión de Personas, señor Marcelo Escalona , el jefe de la División de Administración y Finanzas, señor Gabriel Aldana , y el jefe del Departamento de Finanzas , señor Lorenzo Leiva , me propusieron ocupar el puesto de tesorera.
Me correspondía emitir o confeccionar los cheques para efectuar los pagos correspondientes a las diferentes cuentas con que opera el Gobierno Regional. Al señalar “emitir” o “confeccionar”, quiero que quede claro que me refiero a escribir en el cheque en blanco la fecha de emisión, destinatario, en forma nominativa, y el monto a pagar. Dicho cheque lo recibía adosado al egreso, con un clip, con toda la documentación de respaldo, firmas de responsabilidad de quienes revisaban, contabilizaban y registraban los movimientos correspondientes al pago. Una vez emitidos los diferentes cheques, procedía a pasarlos al jefe del Departamento de Finanzas , señor Lorenzo Leiva , quien visaba los egresos y firmaba los cheques. Acto seguido, me los pasaba para entregárselos al jefe de la División , señor Gabriel Aldana , y, en su ausencia, a la jefa del Departamento Administrativo, señora Sara Peñaloza , o al jefe de la División de Análisis y Control de Gestión , señor Víctor Quinteros . Esas eran las personas autorizadas para firmar los cheques.
Finalmente, procedía a cursar los pagos o depósitos correspondientes.
Aparte de estas funciones, realizaba otras labores de tipo administrativas. Por ejemplo, configuraba la impresora para emitir los cheques. Emitía los cheques, atendía al público interno y externo, prestaba atención telefónica -lo hago todavía-, pago a proveedores y contratistas, a los funcionarios, confecciono los depósitos, escaneo los comprobantes de depósitos a proveedores, contratistas, etcétera, y coordino pagos y depósitos con el servicio de Bienestar del Gobierno Regional, además del Archivo.
Al responder una consulta en tal sentido dijo: He participado en campañas políticas en forma masiva, pero no en la de un candidato en especial, sino de candidaturas de la Concertación.
Se le preguntó si en esos años, ha visto a compañeros de trabajo del Gobierno Regional participar en campañas políticas, respondiendo que mientras estaba en funciones no. Tampoco recibí algún tipo de orden o sugerencia de algún jefe del Gobierno Regional que me incitara a trabajar en una campaña política o votar por un determinado candidato.
Tomé conocimiento del fraude que se estaba cometiendo en el Gobierno Regional porque, dado que era la tesorera, los fiscalizadores de la Contraloría se dirigieron a mí, más o menos el 19 de abril de este año, a raíz de la misma investigación que ellos estaban realizando.
Interrogada sobre si ella había llenado algunos de los cheques investigados o tuvo alguna información de los mismos, respondió negativamente. La información que obtuve fue cuando me los mostraron los fiscalizadores de la Contraloría, debido a las preguntas que me estaban haciendo. Me sorprendí al ver la cantidad de cheques. Incluso, pensé inicialmente que era uno solo, porque tenían la misma letra y el mismo destinatario. Los montos eran más o menos parecidos.
Me llamó la atención que la letra fuera la misma en los distintos cheques.
Se le consultó quién, aparte de ella, llenaba los cheques, a lo cual respondió que en el Departamento de Finanzas, el procedimiento se suponía que debía hacerlo yo, dada mi función como tesorera. Actualmente así es ya que hay un protocolo que se está implementando.
Antes, los procedimientos eran -por decirlo de algún modo- con una cláusula que es: “mientras el jefe no diga lo contrario.” El jefe era Lorenzo Leiva . Si Lorenzo Leiva dice que no, es no. Si Lorenzo Leiva dice: Esto se hace de esta forma, se hace de esa forma.
El señor Leiva ordenaba que otras personas también llenaran cheques. En el Departamento de Finanzas, en ocasiones, cuando tenían que hacer los cheques de Cultura -que fueron muchos-, prácticamente todas las personas que conforman ese departamento, incluyendo a la secretaria, los hicieron. Es decir, siete u ocho personas.
Jamás pedí colaboración en la emisión de cheques. Simplemente, ellos decidieron hacerlo así.
Preguntada por los nombres de dichas personas, señaló: Yo estoy desde 1998. Hay gente que ya no está en el Servicio ahora, y hay gente que de antes no estaba. El año 2008, Jaime Lorca , obviamente, Carola Muñoz ; Johanna Castillo , muy pocas veces, e Inés Varas , la secretaria. Desconozco si Harajá Mancilla hizo cheques en alguna oportunidad, porque ella estuvo en el Departamento durante un período muy corto.
En el período 2009 se incorporaron otras personas, como las señoras Verónica Muñoz y Mercedes Rivera , porque se fueron Manuel Muñoz y Harajá Mancilla .
Consultada si sabía las razones por las cuales se fueron, dijo que sabe en el caso de la señora Harajá Mancilla , no así en el de don Manuel Muñoz , porque tuvo muy poco contacto con él.
La señora Harajá Mancilla trabajaba en el Departamento de Finanzas y, además, es la pareja de Lorenzo Leiva hasta el día de hoy. Como todos deben saber, en un departamento, en una organización, el jefe directo no puede ser prácticamente el marido de la subordinada. Pero ella pasó después a ser prácticamente la jefa y a sobrepasar las funciones que debía realizar don Lorenzo Leiva . Eso creó muchos conflictos en el Departamento, hubo muchos conflictos internos. Debido a eso, don Gabriel Aldana y el intendente solicitaron que ella fuera cambiada -no despedida- a otra División, cosa a la cual se opusieron todo el tiempo, creando muchas trabas. Costó un mundo para que ella, definitivamente, se fuera a la división de Planificación y Desarrollo Regional.
En ese departamento había otra pareja, la señora Carola Muñoz y el señor Jaime Lorca . Ellos tienen hijos en común. No se produjo el mismo problema en el caso de ellos porque es diferente el caso de jefe a subordinado al de compañeros de trabajo.
Al responder en qué departamento trabajaba la pareja del señor Aldana , respondió que era en la División de Planificación y Desarrollo Regional. Se trata de un funcionario técnico se desempeña en el departamento de Cultura, cuyo nombre es Christian Castillo . No recuerdo desde cuando trabaja en la intendencia, pero no es mucho tiempo. Pueden ser dos o tres años.
Ante otra consulta, sostuvo que la letra que tenían los cheques investigados corresponde a don Jaime Lorca . Yo no disponía del control de los cheques, ni de la chequera ni del registro. En estos momentos llevo un registro, hago las anotaciones en el libro Excel, envío la información al banco. En ese entonces yo no hacía nada de eso. Todo eso lo hacía Jaime Lorca , y Carola Muñoz en la cuenta Resto, que es la cuenta de funcionamiento. Ellos tenían atribuciones prácticamente iguales que el jefe, porque eran de su círculo de confianza; ellos y obviamente su secretaria; y antes de que se fuera su señora, también ella.
Ellos hacían todos los registros, movimientos, todo. Entonces, si salía algún cheque, si hacían algún cheque, yo no me enteraba de eso, porque a mí simplemente me pasaban una cantidad de egresos con su correspondiente respaldo y los cheques puestos con un clip. Y eso yo procedía a revisar y los hacía. Entonces, de esa forma los cheques que salieron nunca los vi.
Sólo supe de los cheques cuando me los mostró el fiscalizador, don Gabriel Marchant de la Contraloría , quien me exhibió las fotocopias. Incluso, le pregunté de dónde salieron estos cheques y me dijo: “Estos cheques ya fueron cobrados”. Fue una sorpresa bastante desagradable.
Esto ocurrió el 19 de abril, aproximadamente. Me parece que fui, en el Departamento de Finanzas, la primera persona en enterarse, y los fiscalizadores me pidieron que guardara reserva.
Yo tenía acceso al libro banco, pero nunca noté nada raro. Cuando empezamos a revisar con los fiscalizadores de la Contraloría, ahí me di cuenta de cosas extrañas.
Preguntada si en la actualidad ella guarda la chequera, dijo: Físicamente, no la guardo yo. La guarda la jefa y las chicas que contabilizan. Pero yo llevo el registro en la planilla Excel y me fijo si es que llega a faltar un cheque ahí y veo el correlativo. Yo soy la que hace las anotaciones, por lo tanto, puedo tener un control, que antes no tenía.
En otra materia aclaró que ella comenzó a trabajar en el Departamento de Finanzas a mediados de 2008 y el señor Lorca llegó antes, creo que un año antes. No sabría decirlo con precisión.
Las parejas formadas por el señor Lorca y la señora Carola Muñoz y la de Lorenzo Leiva con la señora Harajá Mancilla eran amigas entre sí. Son muy amigos de visitarse fuera y dentro del trabajo, y eso es sabido por todos. De hecho, ellos todos los días salían a almorzar juntos, incluyendo a la secretaria o a veces invitaban a algún otro funcionario. Todos los días iban a almorzar a restaurantes. Yo sé que son amigos de siempre y de mucha confianza. De hecho, las reuniones de coordinación eran hechas continuamente -no sé si eran reuniones de coordinación o reuniones de qué, pero me imagino que eran de coordinación, por el tema del trabajo- entre don Jaime Lorca , Carola Muñoz , Harajá Mancilla -cuando estuvo, después dejó de estar- y también la secretaria, en circunstancias de que podría haber estado Johanna Castillo , funcionaria encargada también de contabilizar -claro que ella veía lo que es remuneraciones- u otras funcionarias; pero no, era ese círculo.
Consultada si en el tiempo en que trabajó con ellos, vio algún cambio en su estándar de vida, dijo que sí, pero ello ocurrió a fines de 2009 más o menos. Entre mediados de 2009, hasta ahora.
En comparación con el estilo de vida de un funcionario público o incluso de un directivo, eran cambios notorios. Además, el solo hecho de salir a almorzar todos los días a un restaurante y todos juntos... De hecho, a una secretaria, el sueldo... Yo no lo hago. Yo no soy secretaria; soy técnico.
Además, noté cambios en su ropa, tenidas completas de cuero de Harajá Mancilla, teléfonos, iPhones, Blackberry ... No sé. Aparte de eso, vehículos, también. Todos, más o menos, en la misma fecha.
Jaime Lorca también andaba con vehículo nuevo
Se veían felices ambas parejas. Nunca los vi asustados. Solamente me llamó la atención cuando apareció la Contraloría. Nunca había visto que estuviesen tan afectados por una simple fiscalización, que es algo que se produce siempre. Ahí los vi muy asustados.
Consultado acerca de la conducta del señor Aldana respecto de la señora Harajá Mancilla , que ella calificaba como de persecución, dijo que considera que el señor Aldana tiene una relación intachable con todos los funcionarios. Es muy cercano a todos, era muy cercano a todos y no tengo nada que decir en contra de él. Creo que la orientación sexual de una persona u otra no es tema para esta investigación.
Gabriel Aldana es muy profesional en todos los aspectos. Lo único criticable quizá es que haya sido muy ingenuo, muy ingenuo. Incluso, hasta el día de hoy, pese a todo lo que le ha pasado, él piensa que esas personas han actuado de tal o cual forma por algún motivo. Si uno le dice: “Yo creo que esta persona está haciendo algo”, él responde: “No, no creo”. Siempre lo ve de esa forma. Me parece que el hecho de que él siempre haya sido jefe, fuera del Gobierno Regional también, hace que tenga una visión macro. Como no ha sido funcionario no se preocupa de los detalles que están sucediendo. Para él esas son cosas sin importancia, pero para un funcionario son cosas importantes, porque desde allí, desde la base, de los funcionarios, es de donde empiezan todos los problemas hacia arriba. Así lo veo yo. Pero, él no, él siempre se preocupaba de lo macro, de lo más importante.
Preguntada qué pasaría si el jefe de división le hubiese dicho que se saltara algún procedimiento, responde que todo tenía que ser aprobado primero por don Lorenzo Leiva .
La misma consulta se le hace si es que fuera el intendente quién le dijera que se saltara algún procedimiento, ante lo cual expresó que todo debía pasar por Lorenzo Leiva . Incluso cuando me solicitó información la gente de la Contraloría él me llamó para pedirme explicaciones y para decirme lo que tenía que mostrar o lo que no tenía que mostrar.
Interrogada acerca de los documentos que debía revisar cuando le llegaba la información para hacer los cheques, dijo que como tesorera, me tenía que fijar en los vistos buenos, en la firma de quienes contabilizaban, y que estuviese revisado por las personas que correspondía. Obviamente, en el egreso se indicaba el número de cheque y a quién estaba dirigido; en el caso en que había facturas, que el monto coincidiera con ella y que, además, estuviese registrado en la planilla de Excel del banco, que era generada por Jaime Lorca .
Se le preguntó si cuando era anticipo, exigía que estuviera la boleta de garantía, respondiendo que ella no tenía que preocuparse de ese detalle, para eso pasaba por el señor Jaime Lorca . Yo solamente contaba con la documentación que ellos me pasaban, que me pasaba Jaime Lorca , quien era el encargado de los FNDR.
Esos cheques no pasaron por mí; ninguno pasó por mí. Tal vez, si hubieran pasado por mí, me habría dado cuenta, porque, si hay una cosa en la que me fijo mucho, es en la razón social, siempre, porque hay veces en que las facturas tienen nombres de fantasía. Por eso, yo las revisaba en la página web del Servicio de Impuestos Internos; mediante el RUT verificaba el nombre, la razón social. Recién ahí emitía el cheque. Muchas veces, los estados de pago o los egresos, venían mal hechos, con detalles, pero yo emitía el cheque a nombre de la razón social que correspondía. O muchas veces los devolvía, para que los corrigieran.
Ante la consulta sobre si alguna vez el intendente la presionó por cheques, manifestó que ¡Jamás! El intendente, nunca. Nunca aparecía. Cuando iba al séptimo piso, lo hacía para saludar de manera cordial a todos los funcionarios, y nada más. Jamás retiró un cheque hecho por mí; nunca le hice un depósito al intendente. La persona encargada de retirar los cheques del intendente era el señor Gino Galasi , que tenía poder para retirarlos, pero eran los cheques correspondientes a viáticos. Yo misma llamaba a la secretaria para informarle sobre esos cheques de viáticos, pero viáticos pequeños, porque el intendente jamás hizo viajes grandes. En lo que es viáticos, sacaba mucho menos dinero que los fiscalizadores o que los funcionarios de la división.
El intendente jamás me presionó. Yo, en realidad, nunca recibí presiones de nadie para realizar cheques. Aparte de Lorenzo Leiva o Jaime Lorca , que pedían en forma apurada algunas cosas. Eso sólo se produce por temas que son como lógicos, como cuando los consejeros regionales, prácticamente de un día para otro, acuerdan, en una sesión, viajar. Pero hay algunos que después deciden no viajar y el cheque se debe anular.
Ante un comentario de un señor Diputado , reiteró que si el señor Leiva estaba de acuerdo, se hacía, y que si el señor Leiva no estaba de acuerdo, no se hacía. En consecuencia, el señor Leiva era la ley en el Departamento de Finanzas, porque él decidía los procedimientos y él decidía quiénes tenían autoridad por sobre ella, incluso, personas que, jerárquicamente, estaban debajo.
Consultada si esta forma de operar tiene que haber estado en conocimiento del señor Aldana , que era el superior del señor Leiva , respondió: Sí. Era de conocimiento público en el Gobierno Regional.
Se le preguntó si alguien trató de reparar esa situación, manifiestamente irregular, a lo cual respondió que se trató de reparar, por ejemplo, partiendo por sacar a la señora Harajá Mancilla , que costó bastante. Desde el momento en que lograron sacarla, ella entregó una cantidad de licencias. Creo que son más de doscientos días.
Se le consultó si nunca antes supo de este fraude y de la circunstancia de que hubiera un manejo irregular, a lo cual respondió que: No, porque desde que llegué a ese departamento siempre fue así. Anterior a mí había otra tesorera, que la había traído Lorenzo Leiva y Harajá Mancilla , que era de su completa confianza. La verdad es que no sé por qué motivo la sacaron de ahí en forma muy rápida. En ese momento, fue cuando Lorenzo Leiva me pidió que, por favor, asumiera el puesto.
Ante la consulta sobre si tuvo conocimiento, observó, oyó o alguien le pidió destruir documentos del Departamento de Finanzas con motivo de la investigación que estaba haciendo la Contraloría, expresó que a mí nunca.
Lo que pasa es que yo he hecho varias declaraciones. Las declaraciones que estoy haciendo todavía están vigentes. De hecho, el lunes tengo que hacer otra declaración ante el señor Vargas , que es el fiscal de la Contraloría. Sucede que están en etapa investigativa y yo he dado declaraciones en la Policía de Investigaciones y en la Contraloría, y aún hay cosas que no me encuentro en condiciones de decirlas en forma pública. Se trata de detalles que, tal vez, les pondrían servir a ustedes en su investigación, pero me pidieron que no los diera a conocer porque perjudicaría la investigación, de manera que no puedo hacer públicos algunos detalles.
Interrogada si conoce al señor Medina , respondió afirmativamente, pero no tiene conocimiento si él jugaba algún papel en todo este proceso de asignación de proyectos o en los pagos. Desde que yo estuve, él fue jefe de la División de Planificación y Desarrollo, también fue asesor del intendente y en la actualidad cursa un magíster.
Agregó que la relación del señor Medina con el señor Lorenzo Leiva era cordial, sólo era una relación de trabajo. Lo mismo con el señor Aldana , son jefaturas.
No recuerdo haber visto en alguna oportunidad al señor Eugenio Aubele .
Respecto de que los consejeros regionales visitaran el piso 7º, sostuvo que se dio una instrucción para que los consejeros regionales -desconozco la razón- retiraran sus cheques o dieran un poder a alguien para hacerlo. Por eso, ellos deben subir al piso siete a cobrar, o bien, le dan un poder a otra persona para que los retire. En la actualidad, a la mayoría se los depositan. En todo caso, ellos tienen la autonomía para subir a nuestro piso y conversar como cualquier persona.
Consultada si había otra razón para remover de su cargo a la señora Harajá Mancilla , aparte de su relación con el señor Lorenzo Leiva , dijo que ella fue una persona conflictiva desde que llegó. De hecho, antes de que yo estuviese en ese puesto, hubo mucha gente del Departamento de Finanzas que fue removida de allí por el hecho de que existía en ese lugar la señora Harajá Mancilla . Hubo funcionarios que fueron removidos a otros puestos de trabajo.
Se hace presente que la señorita Pamela Villarroel continuó declarando en sesión secreta.
16) El señor Luis Quijada Llancas , Geógrafo, en sesión 14ª, celebrada el martes 20 de julio de 2010.
Declaró que es geógrafo de profesión y tiene un post título de la Universidad de Santiago de Chile en Gestión y Ordenamiento Ambiental. El año pasado me tocó formar parte de un equipo de trabajo dentro de un convenio de la Subsecretaría de Pesca y la Intendencia de Valparaíso.
La tarea de mi equipo de trabajo consistía en distribuir recursos que tenía el Gobierno Regional para la pesca artesanal, que eran cerca de 1.014 millones de pesos. Esos fondos venían retenidos desde el año 2008 y no habían sido entregados hasta la fecha a los pescadores.
Recibimos presiones del jefe de gabinete de Iván De la Maza , Andrés Camacho , para que traspasáramos los fondos de los pescadores a los fondos FRIL -Fondo Regional de Inversión Local-, situación a la que me negué, por cuanto ese instrumento no es el adecuado para bajar los recursos a los pescadores.
Recuerda que al CORE señor Daniel Paredes , le señaló textualmente: “Mira, Daniel , se van a robar la plata. Ayúdame, por favor, a transparentar estos recursos con acuerdo CORE, porque, si no, vamos a mandar la plata a los FRIL y esa plata va a desaparecer.”. Daniel me escuchó e inmediatamente conversó con sus compañeros CORE y se armó la Subcomisión de Pesca en el CORE, y el presidente fue Juan Ibacache . Allí comenzaron una serie de reuniones de las cuales participé en una.
Finalmente, después de muchas presiones, el intendente logra firmar el decreto de traspaso al Fondo de Fomento Pesquero. Pero percibí que el intendente tenía mucha presión para que los recursos se traspasaran a los FRIL.
Consultado acerca de la relación de estos hechos con los investigados por esta Comisión respondió que el fraude se descubrió a través de los fondos FRIL. Tuvimos la suficiente fuerza para oponernos a esa presión. Pero ¿qué habría pasado si nosotros lo hubiésemos hecho? Quizá los recursos de los pescadores estarían en otro lado y, a la vuelta de un año, cuando le hubiesen pedido los recursos los pescadores, ya hubiesen estado gastados, y ustedes jamás se hubieran dado cuenta de esto.
Respondiendo una consulta dijo que lo que le tocó vivir podría ser una manifestación de la voluntad dentro de la Intendencia para aumentar el fondo FRIL, con el objeto de defraudar más dinero o para ocultar el déficit presupuestario que sabían que existía.
Preguntado si su declaración es una aseveración o una suposición y si había personas que operaban por debajo del intendente, sin su venia o su conocimiento, afirmó: Aquí estamos hablando de una cultura. Iván De la Maza no es jefe regional, él no es políticamente el jefe, tiene gente arriba de él en la región que son quienes configuran y estructuran los gobiernos, los que arman los equipos.
Consultado si asevera que personas del entorno del ex intendente De la Maza , incluso, hasta su jefe de gabinete, operaban o podían operar sin conocimiento o autorización de él, contestó afirmativamente.
17) El señor Víctor Quinteros Aravena , asesor técnico de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional de Valparaíso, en sesión 14ª, celebrada el martes 20 de julio de 2010.
Declaró que le correspondió desempeñar el cargo de jefe de la División de Análisis y Control de Gestión durante los tres últimos años. Como jefe de división, me tocó trabajar directamente con todo lo que era la gestión regional. Mi jefe era el ex intendente de la Maza . Hoy me desempeño como asesor técnico de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional.
La función de la División de Análisis y Control de Gestión, tiene que ver con el seguimiento y control de la cartera de inversión, y trabaja sobre el presupuesto de la región, el FNDR, que se presenta a la discusión del presupuesto del Ministerio de Hacienda, y hace el seguimiento administrativo de los proyectos, a través del departamento de inversión y del departamento de control de gestión.
La asignación presupuestaria, es la identificación de los dineros para un proyecto, es decir, se identifica con un número, eso va a la unidad de control regional y luego a la toma de razón de la Contraloría. Eso no es otra cosa que decir que existen los dineros para hacer andar un proyecto o una iniciativa de inversión.
No conozco al señor Aubele, quien, además, no era parte de los contratistas en los proyectos de FNDR, nunca lo fue. En la Comisión se ha hablado latamente, lo explicó la auditora, la nueva jefa de la división, de cuál fue la figura utilizada para el fraude, pero el caso específico del trabajo de la división, respecto de proyectos como tal, no existe esta persona como contratista y, por tanto, asociada a ningún proyecto FNDR.
Preguntado acerca de quién debía saber y quién controlaba la existencia de una cantidad de dinero en una cuenta y que ella se puede retirar, responde que era Finanzas, más la gente que trabaja cercana a la jefatura. En cualquier Gobierno Regional, Finanzas siempre contabiliza, y el jefe era Lorenzo Leiva .
El presupuesto se compone de diferentes subtítulos. La División de Análisis de Control de Gestión tiene que velar por el cumplimiento del gasto asociado a ese presupuesto. Es decir, los proyectos están asociados a un subtítulo, los proyectos están asociados a otro subtítulo, etcétera, hasta la ejecución, hasta el cumplimiento o el gasto total. Pero la contabilidad se hace exclusivamente en Finanzas.
Ante la consulta de quién tiene que detectar pagos que no están contemplados en el presupuesto. El declarante responde que se trata de figuras distintas. La primera respuesta es Finanzas y no es control de gestión.
Cuando uno está fuera de la división, la primera interrogante que surge dice relación con qué pasa con aquellos fondos que fueron parte del fraude que no permitieron la concreción de proyectos. Pero no es así, puesto que ningún proyecto se dejó de ejecutar o de gastar. Lo que ocurre es que en este caso se utilizó una figura que es difícil de entender, sobre cuentas que no forman parte del presupuesto; son figuras contables distintas.
Al analizarse el presupuesto, que mensualmente se coteja con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, acerca de cuánto es lo que tiene por ítem, por subtítulo, se llega a final de año cuadrando. Entonces, son figuras o cuentas que no forman parte del presupuesto como tal. En resumen, esos gastos no están dentro de cuentas del presupuesto.
Se trata de una figura difícil de entender, porque en el seguimiento del proyecto se hubieran dado cuenta de que faltaban 1.000 millones de pesos. Le hubiese faltado plata en los subtítulos 31 ó 33. En ese sentido, sigo sosteniendo que es sobre cuentas que no aparecían en el presupuesto, y eso es un manejo de Finanzas. Son cuentas que no manejamos nosotros.
Interrogado sobre la existencia de una cultura organizacional que, de alguna manera, generaba las condiciones, administrativas, financieras o de control, para que este tipo de defraudación pudiera ocurrir y quiénes eran los responsables en el control, responde: Son dos temas. Primero, sobre la cultura organizacional. A vista de lo que uno conoce, se pueden tener muchas opiniones. Llevo trabajando 14 años en el Gobierno Regional, soy funcionario de carrera y, efectivamente, ante esta situación, uno puede dudar de muchas cosas, de la cultura organizacional, de los mecanismos de control. Sin embargo, a mi juicio, existen procedimientos de trabajo que hacían que uno tuviese control sobre las materias presupuestarias, de planificación y otras. Aquí, nos encontramos con un ilícito o con un hecho delictual, ante el que no sé si alguna organización pueda estar preparada para enfrentar.
Llevábamos una cartera de proyectos, con sus seguimientos y control, hay que insistir en eso, pero la contabilidad al final siempre se hace en la División de Administración y Finanzas. Eso es un hecho aquí y en cualquier Gobierno Regional. Cuando se usa una figura -sé que la palabra que voy a señalar es fuerte- para delinquir, los que son burlados son los mecanismos de control que existen y que van a seguir existiendo. Se pueden ir perfeccionando, pero se han burlado todos los mecanismos posibles.
En lo que respecta a la división, la responsabilidad del seguimiento o gasto de las iniciativas de inversión y su ejecución y término, obviamente, se han hecho y se hicieron como correspondía, siempre. De ahí que quiero insistir en que la cuadratura de los presupuestos anuales era total a fin de año, y lo cotejábamos con la Dirección de Presupuestos y con la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Consultado si siente responsabilidad de ver cómo se burlaron los sistemas de control que dependían de él, responde: En relación con lo que se pueda sentir, tengo que decir que siento estupor. Nadie está preparado para esto y yo, de hecho, me enteré estando fuera de la división. Quiero ser franco, uno pasa por varios estados emocionales. Desde el estupor pasa a la indignación y luego se presentan sentimientos de frustración y de tristeza porque esto no sólo ha afectado a determinada gente, como en mi caso personal, que estuve a cargo de una división, sino a la totalidad de los funcionarios del Gobierno Regional. Éste ha sido un golpe muy duro. De los años que llevo trabajando ahí, siento que nunca habíamos estado en una situación de descrédito tan alta, tan grande y, además, a mi juicio, inmerecida, ya que los involucrados serían unas pocas personas que se habrían coludido para cometer este delito.
Pienso que se podrían buscar nuevos mecanismos de control, pero no estamos preparados para eso. Uno siempre puede inventar mejores mecanismos y puede perfeccionarlos, todo es perfectible, pero, insisto en que no sé si alguna institución está preparada para eso.
Consultado si para manipular la salida de los cheques, de los pagos, era necesario que el jefe de Finanzas , el jefe de la División de Administración y Finanzas y las personas que tenían firma recibieran la propuesta de pago de un cheque respaldado por una documentación que establecía el avance de las obras contratadas o compradas, y si esa documentación debiera normalmente provenir de la división que dirige, respondió afirmativamente, agregando: La documentación que maneja la división de análisis tiene que ver con el primer paso para un pago, para la emisión de un cheque. Es decir, ante un proyecto determinado, se reciben los antecedentes del proyecto por parte de la unidad técnica, cualquiera que sea, porque puede ser municipio o servicio, con todos los antecedentes y si, efectivamente, esos antecedentes cumplen con toda la normativa, se procede a hacer una carátula y se envía al Departamento de Finanzas, para que se proceda al pago. Por tanto, cuando viene el cheque, viene solamente con un egreso, en el entendido de que todos los pasos previos han sido dados por el coordinador. Además, se efectúan dos revisiones. Me gustaría aclarar eso. No solamente existe la revisión que hace la división de análisis respecto de un estado de pago, sino que, además, se hace una revisión en el Departamento de Finanzas. Es decir, siempre hay un doble filtro.
A la persona que le llega el cheque para firmarlo, le llega sólo con el comprobante de egreso. El resto de la documentación no está.
Luego que un señor Diputado argumentara que “lo que queda claro es que en este caso se pagó por obras que no existían, por proyectos que no existían, por contratos que no existían o se utilizó dos veces la misma información”, destacó que no existe forma de que la división de análisis y control lo detectara.
Preguntado por los dichos del señor Julio Medina donde afirma que existe la cultura en los Gobiernos Regionales de medir la eficacia por la ejecución del gasto, y que esto podría haber creado un ambiente favorable para la ejecución del fraude que se investiga, el señor Quinteros responde: Lo que tiene que ver con la medición del gasto en los gobiernos regionales no tiene por qué significar una gestión que linde en la anomalía o en la falta de procedimientos administrativos claros. Eso, tajantemente, no. El trabajo de la división es presionante, por la misma naturaleza del trabajo, pero eso no tiene nada que ver con que aquello se preste para situaciones anómalas o que rayen en lo delictivo.
Consultado si había coordinación entre las distintas divisiones que operaban en el Gobierno Regional: la suya, la de Finanzas, la de Inversiones, responde que el trabajo de la División de Finanzas y la División de Análisis tiene que ser coordinado, siempre, y que en las funciones propias de ambas divisiones está claro el procedimiento.
En el caso de los departamentos, por ejemplo, de Inversiones y de Finanzas, el peak del trabajo generalmente se daba entre la última semana del mes y la primera del mes siguiente, donde se hacían los informes de gastos. Tiene que ver con la buena rendición de los estados de pago, la solicitud de documentación faltante, cotejar si corresponde lo que se solicita en el estado de pago con el avance efectivo, etcétera. Es una coordinación permanente, la cual se lleva a cabo, y es efectiva.
Sobre los conflictos personales de los funcionarios, estimó que no afectaban la labor que se desarrollaba.
Consultado por la opinión que tiene acerca de los funcionarios Gabriel Aldana , Jaime Lorca y Lorenzo Leiva , puntualizó que, en estos 14 años, he tenido una buena relación con estas personas. En el caso de Gabriel Aldana y Lorenzo Leiva , debo decir que hacían su trabajo, lo mismo Jaime Lorca . No puedo decir que hacían un mal trabajo. Por el contrario, trabajábamos coordinadamente mes tras mes. Por eso, mi sorpresa es mayúscula.
Ante la consulta del por qué se habría producido este fraude, dijo: Aquí puede haber motivos personales. Tendría que escudriñar en la mente de las personas que están en esta situación. Incluso, existía un buen ambiente, por lo menos en mi caso, lo que influyó en que jamás sospechara de una situación de este tipo. En verdad, no sé qué pasó por la cabeza de esta gente. Además, en un período de tiempo que es bastante extendido; ésa es mi mayor sorpresa, porque uno podría decir que en un período corto se produjo una situación delictiva, pero cuando a todas luces, como hemos sabido, se ha prolongado en el tiempo, es más sorpresivo.
En cuanto a la afirmación de un señor Diputado en orden a que aquí hay una confabulación, una asociación de varias personas, porque el fraude no lo podía hacer una persona sola y, además, un desorden que se da en todas las Intendencias de Chile, el declarante señaló: Probablemente del informe que está trabajando la Contraloría emane alguna recomendación al respecto. En cuanto al control de gestión, también establecerá algunos mecanismos de mayor idoneidad para evitar que este tipo de cosas sucedan.
Preguntado por sus relaciones con el ex intendente, señaló era la persona de confianza del ex intendente en su departamento. Nosotros teníamos reuniones periódicas de trabajo con el intendente, que es lo que corresponde, para ver el avance de la gestión, ver problemas y todo lo que tiene que ver con la administración de la región, en el caso del intendente, pero él no tenía que ver más abajo.
El ex intendente nunca presionó para que se firmaran los cheques.
Preguntado por el funcionamiento del respaldo de los proyectos, señaló que: En un proyecto que se desarrolla en forma normal, en un período del mes, donde ingresan los estados de pago, viene una factura con el avance de la obra, firmado por el director de obras, en el caso de los municipios, o por el director del servicio, por ejemplo, en el caso de la Dirección de Arquitectura, que también es usuaria del FNDR, con diversos antecedentes; básicamente, con el avance de las obras, el porcentaje de las partidas que se están pagando, que corresponde. Es decir, si el avance la construcción de una techumbre es de 30 por ciento, se paga ese 30 por ciento, no el 40 por ciento.
En cuanto a las facturas relacionadas con los cheques que son parte del fraude, entiendo que nunca pasaron por la División de Análisis y Control de Gestión. Cada factura que ingresa a la División corresponde a un proyecto específico y a un avance específico. Puedo dar fe de lo que corresponde a la División. Todos los estados de pago estaban asociados a proyectos en plena ejecución y con el correspondiente avance. Si han existido otras facturas, y a partir de ellas se hayan emitido cheques que forman parte del fraude, éstas no pasaron por la División de Análisis y Control de Gestión. Es un hecho. Nosotros sólo recibimos facturas de proyectos en ejecución.
Las facturas a las que se hace mención, con esa figura, no están dentro de la División. Por tanto, si se hizo el fraude con cuatro facturas, ellas pasaron por Finanzas directamente y no por la División de Análisis y Control de Gestión.
Ante la consulta de si tenía información de lo señalado por la Contraloría, con respecto a que en el año 2008 se estaban usando cuentas sin marco presupuestario, afirmó desconocer esa situación. Los informes de Contraloría son diferenciados. Por ejemplo, las observaciones que se hacen a la División de Análisis y Control de Gestión son distintas a las que se hacen a la División de Administración y Finanzas, sobre procedimientos que hay que mejorar. Reitero, desconozco lo de las cuentas del año 2008; no lo había escuchado.
Las priorizaciones de carteras de proyectos no necesariamente van aparejadas a un presupuesto anual. Me explico: cuando se tiene equis cantidad de recursos para gastar en el año, no se puede someter a priorización una cartera que sea exactamente igual al presupuesto que se tiene disponible. Por tanto, los proyectos se identifican con montos menores en cada una de las asignaciones. Es probable -estoy tratando de dar una explicación- que en algún minuto hayan existido proyectos con asignaciones que no hubiesen tenido, momentáneamente en el transcurso de un mes, el marco presupuestario para la creación de esos proyectos. Eso se puede revertir al mes siguiente con el ingreso de recursos por una provisión determinada. Eso puede pasar.
18) El señor Hans Acosta Solís , periodista y funcionario de la Intendencia Regional de Valparaíso , en sesión 14ª, celebrada el martes 20 de julio de 2010.
Indicó que se desempeña en la Intendencia Regional de Valparaíso, en la parte de gobierno interior. Trabajo en el piso 18 del edificio de la Intendencia. Actualmente mi rol tiene que ver con la difusión del fondo social Presidente de la República , las organizaciones sociales y la atención de casos que derivan de la intendencia.
Milito en el Partido Demócrata Cristiano y en la última elección municipal postulé como candidato a la alcaldía de la comuna de Rinconada de Los Andes.
Preguntado respecto del fraude en el Gobierno Regional, indicó que estoy enterado de que se produjo, pero de ahí a profundizar cómo fueron los procesos, lo desconozco.
En cuanto a que el Gobierno Regional estuviera “capturado” por personas ligadas al ex senador Ominami , como lo ha sostenido el señor Julio Medina , señaló: Quiero ser categórico y enfático respecto de la relación que yo pudiese haber tenido, la que era más bien lejana, con el acontecer de los pisos siete y diecinueve, porque nunca participé en reuniones con el ex intendente ni con el señor Medina . Al señor Leiva lo vine a conocer a través del diario El Mercurio de Valparaíso.
Preguntado por su cercanía con don Iván De la Maza , señaló: Lo conozco, evidentemente, y él me dio la posibilidad de acceder a la intendencia regional. Hay que distinguir claramente que los hechos que se están investigando son del Gobierno Regional, y yo soy funcionario del Ministerio del Interior, del gobierno interior. Trabajo en el piso 18, donde cumplo una labor totalmente distinta, así es que no tengo conocimientos más allá de eso.
Ante la consulta del apoyo político y, eventualmente, económico que habría recibido para su candidatura, responde que dirigentes de mi partido me pidieron que postulara a la alcaldía de Rinconada de Los Andes, ya que no había personas interesadas directamente en representar al partido en esa comuna. A lo cual accedí, y pedí un mes sin goce de sueldo, además de mis vacaciones. Asumí el desafío, pero la rendición de campaña fue de un millón 600 mil pesos. Una persona, cualquier habitante, cualquier candidato de la comuna de Rinconada que pueda decir cuáles fueron los recursos que gastó Hans Acosta en su campaña, puede decir que son irrisorios, prácticamente.
Interrogado si tuvo algún antecedente que le permitiera sospechar siquiera lo que estaba ocurriendo, señaló que si tuviese la posibilidad de aportar con algún dato a esta investigación, lo haría con todo gusto, ya que los hechos investigados evidentemente son repudiables, sobre todo cuando uno cumple el rol de funcionario público, de servidor público y, adicionalmente, si en algunos momentos se dedica a la política, fuera del horario laboral. Si tuviese algún antecedente lo aportaría, pero en mi rol profesional y administrativo dentro de la Intendencia, un piso más abajo del 19 y 11 más arriba del 7, que es donde eventualmente habrían ocurrido las irregularidades, no tuve conocimiento de ninguno de esos hechos.
Preguntado si conoce a los señores Aubele, Medina , Leiva y Camacho , responde que al primero no y que sí a Julio Medina, por el tema partidario. Agrega que lo conoce, lo ubica y sabe perfectamente quien es, pero no tiene ningún grado de amistad con él. Al señor Leiva lo vio en El Mercurio y alguna vez cuando pasó por el piso 7º. En cuanto al señor Camacho , era jefe de gabinete del intendente regional, pero desconoce la relación que tenía con el senador Ominami .
Interrogado por la participación de militantes demócratas cristianos en la campaña de Ominami, responde que no conozco a algún militante que haya participado en la campaña de Ominami.
Ante la consulta sobre si tiene conocimiento de que algunos de estos fondos hayan sido derivados a campañas políticas municipales o parlamentarias, responde que no lo descarto, porque puede que la investigación llegue a ese punto, pero si acaso yo tengo conocimiento que se haya apoyado con esos recursos a campañas municipales del 2008, dado el nivel de las campañas, creo que no.
19) El señor Gino Galasi Páez , funcionario de la Gobernación Provincial de Valparaíso, en sesión 14ª, celebrada en martes 20 de julio de 2010.
Declaró que es funcionario administrativo grado 16 de la gobernación de Valparaíso.
En cuanto a las funciones que desempeñaba en el Gobierno Regional, indicó: Se trataba de tareas menores que me asignaba el señor Iván De la Maza . Yo cumplía los cometidos que él me encomendaba. También cobraba sus viáticos, para lo cual me había dado un poder. Eran gastos menores.
Relató que entró al Gobierno Regional hace siete años, junto con don Iván De la Maza . Cuando lo nombraron gobernador me llevó como funcionario.
Preguntado en torno a los hechos investigados, respondió: No tengo idea de lo que pasó ahí. Me enteré por la prensa y por la televisión de que se habían extraviado ciertas cantidades de dinero. Y por la prensa conocí al señor Leiva . A Julio Medina lo conocía porque estuvo en la Intendencia con nosotros. No es amigo mío. Lo conocí por las necesidades del servicio. Del resto no tengo idea.
En el cumplimiento de mis funciones como secretario personal del intendente, no participaba en el desarrollo de proyectos ni tenía responsabilidad en el manejo de dineros regionales, a no ser que se tratara de los viáticos del ex intendente, que eran viáticos menores, 30 ó 40 mil pesos, que se cobraban en Administración y Finanzas.
Conozco a la familia De la Maza desde hace varios años, a la mamá de Iván, a sus hermanos, a sus hijos. Nos une una amistad de años.
Ignoro cuándo el ex intendente tomó conocimiento del fraude.
Respecto del papel que jugaba el señor Andrés Camacho , señaló que era el Jefe de Gabinete , pero nunca tuve mayores vínculos con él. Siempre me entendía con Iván, exclusivamente con él. Desde el momento en que llegó el señor Cowley , Camacho se fue de la oficina y no volvió nunca más. Al menos, yo nunca lo vi.
Preguntado por la relación tenía el intendente De la Maza con el señor Camacho , responde que era de jefe a subalterno. Nunca los vi discutir ni que tuvieran un intercambio de palabras. No sé lo que sucedía en las reuniones privadas que ellos tenían, porque no participaba en ellas.
Acerca de la relación con el señor Julio Medina , indicó que era asesor de don Iván. Nunca participé en reuniones de trabajo del señor De la Maza con los jefes de servicios o de división, así que no puedo indicar si tenían una relación fluida o no.
Consultado sobre si existía alguna relación del intendente, o de alguna persona que trabajaba con él, con el ex senador Ominami , dijo: sé que había gente que estaba con Ominami ahí, pero no sé quiénes eran esas personas.
20) El señor Pablo Araneda Osorio , Capitán de Carabineros de Chile, en sesión 14ª, celebrada el martes 20 de julio de 2010.
Declaró que estuvo destinado como ayudante del Intendente a contar de enero de 2008 hasta junio de 2010. Con don Iván De la Maza estuvo hasta marzo del presente año. O sea, prácticamente dos años y dos meses.
Mis funciones específicas, eran estar en todo momento con el señor intendente, porque uno tiene que resguardar su integridad física, especialmente en los desplazamientos que se desarrollan en las vías públicas. Generalmente, uno sólo trabajaba con la agenda, la cual es confeccionada por el jefe de gabinete. En este caso, yo la analizaba, veía los desplazamientos, los tiempos de demora. Si había algún problema socio-policial que pudiese afectar al grupo de personas donde uno concurría, informaba a las unidades de los sectores para que pudieran resguardar o prevenir cualquier situación.
El ex Intendente llegaba a trabajar a las siete y cuarto de la mañana y se retiraba a las diez de la noche. Tenía que estar todo el día con él, en el desarrollo de sus funciones.
Preguntado sobre su conocimiento de los hechos vinculados al fraude, responde: Me enteré a través del actual intendente, cuando dio un comunicado de prensa en la misma Intendencia. De hecho, ni siquiera tenía conocimiento de que ya se había iniciado una investigación, no obstante que trabajaba ahí mismo.
No es una función mía participar de las reuniones. Si bien pasaba todo el día con él, estaba en mi oficina y, ante algún requerimiento del señor intendente para salir de la Intendencia, yo lo acompañaba. Pero respecto de las reuniones que él pudo haber mantenido, yo no participaba, porque no era mi función y además es algo que no me compete como oficial de Carabineros. Mi labor es el resguardo y la seguridad del intendente. En ese sentido, mientras él estaba en las dependencias de la Intendencia, no había ningún problema, a no ser que concurriese algún grupo, por ejemplo, de pescadores, que pudiesen tener alguna reunión, en la cual participaba para prevenir cualquier situación. En otros casos, no lo hacía.
Ante la consulta sobre si existe alguna norma o disposición que compromete a guardar reserva respecto de lo realizado por la persona para la cual se trabaja, respondió que la función que uno desarrolla es la de ayudante del señor intendente, independientemente de quién esté en el cargo. Uno siempre debe actuar de la misma forma, es decir, los servicios que presté al ex intendente señor De la Maza son los mismos que otorgué al intendente señor Celis . Por lo tanto, la persona a la que uno le debe respeto es aquella que está cumpliendo fielmente su cargo; no es a la persona natural.
En cuanto al ambiente laboral que existía en el Gobierno Regional, señaló que el señor Iván De la Maza tenía una forma bien particular, en el sentido que era afable con las personas, pero al momento de encontrar algún tipo de observación en cuanto a la parte laboral, era enfático y categórico en llamar la atención fuertemente. No le gustaba, obviamente, ser observado o que no se cumplieran los plazos, especialmente de los proyectos que ellos gestionaban, porque era él la cara visible del Gobierno para la comunidad que era beneficiada. Eso le molestaba.
Consultado sobre la existencia de algún registro escrito de las personas que visitan el piso 19, responde que no, sólo una orden verbal, en este caso de las personas que trabajan en el piso 19, como el intendente, el jefe de gabinete o personal de las otras oficinas.
21) El señor Andrés Camacho Mendoza , ex jefe de Gabinete del ex intendente señor Iván de La Maza , en sesión 15ª, celebrada el martes 27 de julio de 2010.
Quienes trabajamos en el Gobierno Regional nos fuimos enterando por distintas vías, entre ellas por la prensa, respecto de la materia que es objeto de investigación por parte de esta Comisión, lo cual nos causó gran sorpresa. Quizás, la pregunta del millón -la que conversamos una infinidad de veces- es ¿cómo fue posible que hubiera ocurrido una situación como ésta?
Para todos quienes tienen experiencia en la administración pública, a todas luces, parecía un hecho incierto. A partir de ahí, quienes trabajamos en el Gobierno Regional con el ex intendente hemos logrado entender cómo se pudieron producir estos hechos. Ha sido un trabajo que hemos ido elaborando, en un principio, informalmente con conversaciones y, luego, fuimos analizando más documentos e información, para tratar de tener una respuesta, casi en el sentido personal, respecto de las responsabilidades que cada uno de nosotros pudiera haber tenido.
Analizamos todos los informes de la Contraloría de 2009 y los informes de auditoría interna, así como algunas exposiciones que hicieron tanto la jefa de división del Gobierno Regional actual como la auditora, que concurrió a esta sesión, e hicimos una serie de consultas a algunos funcionarios de otros gobiernos regionales con experiencia en el área de finanzas.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el presupuesto regional, como también se le conoce, es una fuente de financiamiento para distintos tipos de iniciativas.
Hay cuatro tipos de iniciativas que se financian. Las de Deporte y Cultura corresponden al dos por ciento, que se denominan presupuestariamente transferencias corrientes y se identifican con el código 24. Luego, se encuentran los activos no financieros, que corresponden a la circular 33, la cual permite comprar vehículos o reparar alguna edificación pública, los que se identifican con otra asignación presupuestaria o subtítulo.
El tercer tipo de proyectos es el más tradicional, que tiene que ver con las pavimentaciones, los consultorios, las escuelas, etcétera, a las que se les denomina iniciativas de inversión y se definen con el código 31. Por último, están las transferencias de capital, los FRIL y el Fondo de Innovación para la Competitividad, que son los programas que se financian con los recursos del cobre.
En la práctica, esos cuatros tipos de proyectos tienen los mismos procedimientos y tipos de controles e iniciación. La única diferencia que se puede observar es que en el caso de las transferencias corrientes y las transferencias de capital hay dos pasos que se ejecutan posteriormente y funcionan más bien como una transferencia y, luego, se rinden al Gobierno Regional.
Cualquier proyecto entra a un análisis y recomendación de algún servicio. En el caso del primero es la división de planificación; en el segundo, la división de análisis de control de Gobierno Regional; el tercero, Mideplan, a través de su Serplac, y el cuarto, en el caso de los FRIL, la división de análisis y control del Gobierno Regional y los fondos de innovación de la competitividad por parte de la Diplad.
Una vez recomendados, estos proyectos pasan a priorización del Consejo Regional. El intendente hace una propuesta y el consejo se pronuncia a favor o en contra. Una vez aprobado por el CORE, pasa a lo que se denomina Asignación Presupuestaria -ésta es una función propia del Departamento de Finanzas-, en la que, además, hay dos circunstancias. En primer lugar, se le identifica con un código de ocho dígitos, donde siempre va el subtítulo 24, 29, 31 ó 33 y después lleva cinco dígitos más.
La asignación presupuestaria es la autorización máxima de gastos para el año presupuestario. Por lo tanto, si se crea una asignación presupuestaria por 100 millones de pesos, ése es el monto máximo que se puede gastar durante ese año.
Hay dos formas de crear asignaciones presupuestarias. Una, por decreto del Ministerio de Hacienda y, otra, por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En ambos casos, todos los antecedentes se envían a Santiago. Por ejemplo, en el caso de un proyecto FIC, una vez recomendado por la Diplad y aprobado por el CORE, se envía a Santiago y la Dirección de Presupuestos, mediante un decreto, hace la modificación presupuestaria para que ese proyecto o programa cuente con financiamiento.
Posteriormente, se elaboran los convenios. Hay convenios de transferencias y convenios mandatos. La diferencia está en que estos últimos entregan la facultad de iniciar el proceso de licitación y lo siguiente a una unidad ejecutora -que pueden ser los municipios o algunos servicios públicos-, mientras que en el caso de los convenios de transferencia se le traspasan los recursos a los servicios -en el caso del 2 por ciento de Cultura a los beneficiarios-, los que los van rindiendo conforme a una programación de caja.
En la primera situación el proceso es un poco más largo, puesto que la licitación, adjudicación y contrato están radicados en la unidad ejecutora. Una vez contratado se entrega a terreno y empiezan a construirse las obras. Con posterioridad, la unidad ejecutora manda los estados de pago con las facturas al Gobierno Regional, lo que ingresa a través de la División de Análisis y Control de Gestión y se carga en el sistema interno de control de proyectos, denominado Methasys.
Siguiendo el orden cronológico, una vez que se recibe, por ejemplo, el convenio de transferencia, éste pasa al proceso de contabilización. Se elabora un egreso, que es un documento tipo del Gobierno Regional, se elabora el cheque y se firma el respectivo documento por el jefe de finanzas. Los egresos van con un conjunto de visaciones y firmas de quienes han intervenido.
Una vez hecho eso, se procede al pago, a través del departamento de tesorería, y posteriormente se ejecuta la conciliación bancaria.
En términos generales, el procedimiento es siempre el mismo, para todos los tipos de proyectos que ejecuta el Gobierno Regional.
El sistema contable oficial del Gobierno Regional es el SIGFE, Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, el cual arroja todos los informes.
La totalidad de los informes que ejecuta el Departamento de Finanzas son públicos, el que informa el gasto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a la Dirección de Presupuestos y al Consejo Regional.
La Dirección de Presupuestos informa mensualmente al Congreso Nacional la ejecución presupuestaria de todos los servicios públicos, la que en muchos casos está publicada en las páginas web. De hecho, el Gobierno Regional tiene la obligación de publicarla.
A continuación, procedió a explicar los pasos que se ejecutan en el Departamento de Finanzas. Todo parte con la instrucción de la jefatura, se confeccionan los egresos, se ingresa al sistema contable, hacen los cheques, se disponen los vistos buenos del jefe del departamento, el contador, en los egresos y en el cheque; se solicita una segunda firma, que es el único momento en que sale del ámbito del Departamento de Finanzas; se procede a entregar el cheque por parte de la tesorería; se autoriza el cobro, cuando son por caja, en el BancoEstado; se procede a hacer la conciliación bancaria, se archivan los documentos -el archivo está, físicamente, en el Departamento de Finanzas-, y se ejecutan los informes periódicos que solicita el Departamento de Finanzas.
El funcionamiento del sistema, en términos generales, es bastante ordenado. Los procedimientos son tipo, son todos iguales, las visaciones son las mismas; los equipos jurídicos visan los convenios mandato, en fin. No hay ninguna diferencia sustantiva en el procedimiento.
Entonces, respecto de la pregunta hecha por los diputados de la Comisión, esto es, ¿cómo se pudo producir esto sin que tuviésemos ninguna señal de que podía ocurrir? Estimo que se crearon asientos contables con la misma documentación. Se hicieron asientos contables que sólo movían cuentas contables. Eso, que parece una cosa relativamente simple, separó la información presupuestaria de la información contable, lo cual rompe el nexo que se produce en el primer asiento contable.
En la práctica, lo que se hace es cargar todos los giros irregulares a la cuenta de anticipos a terceros, cuenta que, en general, se mueve con cierta regularidad y respecto de la cual hay instrucciones expresas por parte de distintas instituciones, particularmente la del director de Presupuestos a todos los jefes de finanzas de las instituciones públicas, de 7 de julio de 2008, que, textualmente, dice: “Al entregar recursos financieros por concepto de anticipo a contratistas, presupuestado en el subtítulo 32, la institución deberá afectar la ejecución presupuestaria”. Es decir, señala que nunca se puede mover la cuenta de anticipos sin mover una cuenta presupuestaria. Esa instrucción, como dije, llegó a todos los jefes de finanzas y, además, está en las normas de administración financiera del Estado.
¿Cuáles son las preguntas que nos surgieron a quienes comenzamos a analizar este problema? Uno podría girar 100 pesos, 500 pesos, 1.000 pesos, 1 millón o 50 millones de pesos con cargo a dicha cuenta y podrían pasar inadvertidos, porque es una cuenta que tiene mucho movimiento, pero si los volúmenes que comienzan a aparecer son demasiado altos es extraño que tal situación no generara algún tipo de informe.
La respuesta es relativamente simple: ellos hicieron algunos ajustes y volvieron a mover sólo cuentas contables, ocultando, contablemente, los movimientos, contra una cuenta denominada cuenta de retención de contratista, la cual va acumulando todos los 5 por ciento de los estados de pago que se van girando en el proceso de construcción de las obras. Por ejemplo, a cada estado de pago por 100 millones de pesos, se retiene el 5 por ciento al contratista, para la buena ejecución de las obras. En definitiva, cada estado de pago adiciona un poco de plata a dicha cuenta. Incluso, hay proyectos que tardan mucho tiempo en tener la recepción final, y en tanto no se tenga, el contratista no puede cobrar dicho 5 por ciento.
En consecuencia, lo que hicieron fue traspasar, contablemente, de la cuenta de anticipos a terceros a la cuenta de retención de contratistas, lo que evitó que las cuentas aparecieran muy abultadas.
Revisé las catorce auditorías realizadas en el 2009 a diez gobiernos regionales, tratando de encontrar alguna observación respecto del uso de esta cuenta, pero en ninguna parte la hay.
En algunas auditorías del presupuesto corriente, no el de inversiones, aparecen algunos anticipos que se les entregaron a algunos consejeros. Ese es el tipo de asuntos que figuran.
Ustedes conocen las auditorías internas que hizo el Gobierno Regional, pero tampoco hay observaciones respecto de las cuentas contables. Incluso, busqué dictámenes de la Contraloría respecto de este tema, pero ninguno tiene relación con eso. Lo único que encontré fue un oficio del director de Presupuestos a todos los jefes de finanzas, correspondiente al 2008.
El único informe que emite el Departamento de Finanzas, que es el balance propiamente tal, se envía mensualmente tanto a la Contraloría General de la República como a la Dirección de Presupuestos. Esa norma existe desde hace muchos años, pero ese informe nunca ha llegado al Congreso Nacional, al Consejo Regional, al intendente ni a la Subdere.
Hizo referencia a declaraciones del fiscal Abott , quien señala que quienes cometieron el fraude sabían cómo intervenir el sistema para lograr la impunidad y que los responsables tenían la capacidad de intervenir los controles de las finanzas durante un período prolongado, lo que hace más compleja su investigación. Al respecto, sólo podría añadir a lo que dice el fiscal que la gente que estaba en el Departamento de Finanzas, particularmente su jefe, tenía una trayectoria tanto en el Gobierno Regional como en la unidad de control regional de la Subdere de 12, 13 ó 14 años. Además, tenía la experiencia. Ellos manejaban la información no sólo de las cuentas contables y del manejo presupuestario, sino además qué tipo de informes se emitían, cuándo se emitían y cómo se emitían.
Por alguna razón, todo el proceso -eso es parte de la investigación que hace la fiscalía- estaba radicado en un mismo departamento, salvo la firma del segundo cheque, de manera que si efectivamente se generó allí una suerte de complot para delinquir -reitero-, todo estaba radicado en el mismo departamento. A ellos, por funciones propias, les corresponde la contabilidad, la evaluación de los egresos, la ejecución de los cheques y las conciliaciones bancarias. Mi convicción personal es que producto de la desagregación del presupuesto con la contabilidad, a raíz de que se genera este equipo reducido de personas en el Departamento de Finanzas y producto del tipo de informes que se emiten por parte del Gobierno Regional, no había forma ni hubo ninguna señal formal ni cabal que nos pudiera permitir tener alguna duda con respecto al proceso que se estaba llevando a cabo. Quizá por eso fue tan grande la sorpresa cuando esta noticia apareció en la prensa y se hablaba inicialmente de 100 millones, que después pasaron a ser 200 y luego 500 millones de pesos. La sorpresa era cada vez mayor por parte de todos los que participamos del Gobierno Regional en el período anterior.
Consultado si el ex Intendente De la Maza era una persona que delegaba responsabilidades o estaba encima de los temas relevantes dentro del Gobierno Regional, y en segundo lugar si era efectivo que la gente del piso 19 ejercía sus influencias para que distintos proyectos se aprobaran de manera más rápida, se les diera mayor celeridad o más importancia, y si esta forma de hacer política estaba en conocimiento del señor De la Maza , respondió que el intendente nunca delegó sus facultades. Muchos de ustedes lo conocen y saben de su enorme personalidad y de su altísimo nivel de compromiso con la administración pública. En esa época, llegábamos a las 7 de la mañana y nos íbamos pasadas las 8 de la noche. Que yo sepa, el intendente, con su personalidad, siempre tomó las decisiones y los que éramos sus asesores y los jefes de división lo único que hacíamos, en términos generales, era sugerirle, darle nuestra opinión, pero siempre la determinación final la tomó él.
Se trata de un hombre con un tremendo carácter, incluso, en su época más complicada de gestión, cuando se enfermó su hija y posteriormente falleció, nunca quiso siquiera tomar vacaciones. Muchos le sugerimos que se tomara unos días de descanso, pero él no quiso hacerlo.
El nivel de compromiso del intendente fue excepcional.
Agregó en respuesta a otra consulta sobre la misma materia que el intendente jamás presionó a alguien. Jamás un funcionario del piso 19 presionó a alguien. De hecho, el intendente bajaba esporádicamente al piso 7º, bastante menos de lo que muchos quisiéramos, porque efectivamente había mucho trabajo en el piso 19. La mayor parte de las veces que bajaba era para saludar o hacer alguna cosa de esa naturaleza.
Jamás se dio una instrucción de ese tipo, lo digo con absoluta certeza y desde lo más profundo del corazón.
Respecto de lo que se ha señalado aquí, en cuanto a que había sistemas formales e informales, quiero decir que no hay posibilidades de funcionar de manera informal en el Gobierno Regional. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional quizá sea la fuente de financiamiento que posee más controles: revisión de los proyectos, inspecciones de obras, visaciones jurídicas, etcétera. No puede existir informalidad en este tipo de procesos.
Muchas veces dirigentes o beneficiarios de obras fueron a pedirnos que apurásemos el tranco, y ciertamente lo hicimos. Ahora, eso no significa que se hayan saltado las normas.
Consultado sobre la efectividad de que desde el piso 19 se presionaba para que las cosas se apartaran del sistema, el declarante señaló que la respuesta es clarísima. No, jamás se presionó en ese sentido.
En respuesta a una pregunta indicó que la obligación de entregar boletas de garantías para recibir los anticipos está en las normas de administración financiera del Estado, pero en este caso estamos frente a un delito, y nadie va a poner una boleta de garantía para generar un delito.
Preguntado respecto de las declaraciones efectuadas en esta Comisión por la señora Montenegro en cuanto a que en el año 2008 la Contraloría había detectado irregularidades, en el uso de las cuentas de anticipos sin marco presupuestario, y había pedido que se corrigiera esa situación, y que para ella era a lo menos irregular, señaló que se trata de un informe de auditoría hecho por la Contraloría General de la República a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde se hace una muestra de todos los gobiernos regionales. Ese preinforme lo envió la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a todos los gobiernos regionales que aparecían mencionados ahí. Y el Gobierno Regional de Valparaíso dio las respuestas.
Traje copia de las dos menciones que se hacen respecto del Gobierno Regional de Valparaíso. La primera dice una serie de cosas sobre los soportes de estado de pago, entre otras cosas, pero termina señalando que en virtud de los antecedentes aportados por el Gobierno Regional de Valparaíso, se daba por salvada la observación. Por tanto, entiendo que la información que nosotros enviamos en ese momento salvaba las observaciones que inicialmente había hecho la Contraloría.
La única observación que hace, pero respecto de la cual no menciona a la Región de Valparaíso, pero que uno podría intuir que era así, dice que, en general, se verificó que las facturas que se acompañaban en los egresos no registraban el timbre de cancelado y tampoco identificaban el beneficiario ni la fecha del retiro del cheque, lo que en algunos casos se hacía extensivo a los comprobantes de egreso, no quedando de esta forma ningún registro de pago, lo que afecta la transparencia y confiabilidad de las operaciones.
Esta última, era la única observación que uno podría decir que quedó en el informe final.
Cuando la Contraloría encuentra alguna irregularidad, la denuncia. En este caso, nunca hubo una etapa posterior, que alguien haya dicho que no se corrigieron los antecedentes. La Contraloría hace un seguimiento de las observaciones.
Las observaciones que había en la primera parte, esto es, la entrega de cheques, ya estaba corregida cuando se emite el informe. La Contraloría así lo señala. Ahora, en cuanto a la observación de la anulación de facturas, por cierto que está corregida y se aplicaron los procedimientos que correspondían.
Los contratistas cuando entregan las facturas, las cancelan en la parte de abajo. Entonces, era muy difícil que no fuera así.
Sostuvo que el Informe 211, del 21 de enero, fue el primero que llega a manos de una autoridad. Siempre iban directamente a la Contraloría y a la Dirección de Presupuestos. No sé si ustedes tienen copia, pero es bastante complicado de entender.
Cuando en la Comisión investigadora se le pregunta a la auditora sobre el tema, a lo menos en diez oportunidades ella manifiesta que no son irregularidades, que son situaciones que le llaman la atención. Entonces, cuando se leen las respuestas de la persona que ejecutó el informe, la percepción y la convicción que surge es que efectivamente ella nota que las cuentas están altas, pero en ningún caso percibe que hay una irregularidad.
Cuando se movía la cuenta de anticipos, que en el fondo iba creciendo, era muy difícil ocultar la cantidad de la cual se habla. Ellos la transferían, contablemente, a la cuenta de retención de contratistas. Entonces, se ocultaba de alguna manera.
“Por otro lado, ¿qué pasa cuando usted tiene que pagar el IVA de cuatro facturas? ¿Cómo el Departamento de Finanzas puede dejar pasar una situación así? Los informes del balance de comprobación y saldos se mandan mensualmente a la Dirección de Presupuestos y a la Contraloría. Uno podría preguntar ¿Y durante 18 meses o lo que sea, la Contraloría tampoco detectó nada?
Eso ocurrió porque efectivamente el tipo de información que se entregaba no permitía detectarlo.
Este informe se mandaba mensualmente a la Dirección de Presupuestos, que es muy rígida, particularmente con los gobiernos regionales, porque para entregarnos las cajas mensuales o quincenales nos pedía hasta fotocopia de los pagos. Entonces, uno se podría hacer la misma pregunta: ¿La Dirección de Presupuestos tampoco tenía la capacidad de analizar un documento y detectar algo?”
Son preguntas que todos quisiéramos responder. Tengo la sensación de que era un procedimiento normal, que los informes se recibían, probablemente se sistematizaban. No hay otra explicación posible.
Entiendo que lo que se hizo -no tengo mayor información- fue que cuando se inició este delito se generaban facturas, para que el legajo de documentos que se mandaba pareciera válido o tuviese algún respaldo de Impuestos Internos. Eso habría sido al inicio, pero posteriormente no era necesaria la factura. Mi opinión muy personal es que ellos se dieron cuenta de que ni siquiera eso era necesario. Así ocurrió.
Respecto de las facturas, pienso que no había forma de saber de ellas y la Contraloría tampoco lo detectó en sus auditorías. De verdad, no había forma de hacerlo. Mi percepción es que ellos no guardaban las facturas, no las archivaban, por decirlo de alguna manera.
Hay un tema que cuesta entender. Todas las auditorías que se hacen, en el caso del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional, son respecto de los proyectos. Entonces, al tomar los proyectos con RUT, o identificación presupuestaria, todos están en buenas condiciones. Puede que alguno tenga algún error menor, pero si ustedes pidieran una carpeta de un proyecto y se revisara papel por papel, verán que está todo cumplido, como ejemplo, las visaciones, porque así se hacen las auditorías. No se hacen respecto de las cuentas contables, sino de los proyectos. Por eso este nexo entre el presupuesto y la contabilidad es tan sustantivo para todos los efectos.
Consultado por su relación con el señor Julio Medina precisa que me tocó trabajar con él durante un período en 2005 y también en 2008. Asumí el 1 de enero el gabinete del ex intendente De la Maza y ejercí el cargo hasta el 31 de julio. No tenía ninguna relación en particular con él. Julio Medina llegó en 2005, cuando se modificó la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y asumió como jefe de división. En ese momento yo era administrador regional -tengo la idea de que fue unos seis meses- y después me fui del Gobierno Regional. Cuando volví creo que aún era jefe de la División de Planificación , hasta que se fue a estudiar, como a mitad de año.
Yo tenía buena relación con él. Él conmigo, no mucho. Ése es uno de los temas que entiendo se ha planteado. Creo -es una opinión personal- que Julio pensó, o pensaba, que a él le correspondía asumir la jefatura del gabinete cuando se fuera Ramón Alfaro . Él era democratacristiano -yo no- y eso puede haber provocado algún malestar de su parte.
Respecto a su relación con el señor Aldana , señaló que cuando me vine a trabajar a Valparaíso, en 2004, Gabriel era jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, hasta que terminó el gobierno del Presidente Lagos. Luego, cuando volví, era jefe de la División de Administración y Finanzas.
Creo que él es un buen profesional. Entiendo que Gabriel llegó como jefe del Departamento de Gestión , que tiene a su cargo los temas en los que Gabriel tiene mayor capacidad. Después asumió la división, siendo muy joven. No sé qué edad tiene, pero debe ser de los jefes más jóvenes que hay. En términos generales, es un gran profesional.
Consultado si el declarante, el intendente u otra persona que conozca, daban instrucciones al Departamento de Finanzas o a la División de Administración y Finanzas para que aceleraran pagos a contratistas, ya que estaban siendo, a su vez, presionados porque los contratistas requerían que se les pagara para continuar, responde “Tajantemente, no”.
Siempre tratamos de acelerar los procesos, en la medida de lo posible. Por ejemplo, el Festival del Huaso. Siempre llegamos tarde cuando se aprobaban los recursos, siempre llegamos tarde con respecto a la ejecución del proyecto. Ahora, si usted me pregunta si dábamos instrucciones como: “Sácala luego para que el Festival pueda obtener los recursos”, por cierto que sí. Eso es parte de la gestión propia del Gobierno Regional y de las autoridades. Pero eso no quiere decir que se haya dado alguna instrucción diciendo: “Mira, sáltate el paso N° 4, 5 ó 6” o para que se beneficiara a una persona determinada. Eso, tajantemente, no. Lo otro, sí. Y es parte de la gestión propia del Gobierno Regional.
Cuando el Consejo Regional aprueba recursos para un festival de ese tipo, apurar en ese caso consiste en llamar al jefe de la división que corresponda y decirle que le diga al abogado que haga el convenio, porque el Festival del Huaso empieza en tres días. O también diciendo: “Mira, que la secretaria traiga luego el convenio para que lo firme el intendente”, o “Llévalo luego al Departamento de Finanzas”. Ése es el tipo de apuro que se puede hacer.
Consultado por las pugnas políticas que habrían existido entre el señor Medina , que representaba los intereses de la Democracia Cristiana y él, que representaba al sector del ex senador Ominami , explicó que respecto a las relaciones humanas, en lo personal creo que fue una de las épocas o períodos laborales más gratos que he tenido. Las relaciones humanas del piso 19 eran estupendas. De hecho, comentaba anteriormente que llegaba a las siete de la mañana, el intendente llegaba a las siete y cuarto y lo primero que hacíamos era tomar un café y conversar las cosas del día. Ése era el tenor de las relaciones. En el piso 19 éramos doce funcionarios y, en general, las relaciones humanas eran bastante buenas.
En cuanto a las relaciones políticas, señaló que siempre ha habido diferencias políticas entre ciertos sectores. Yo manifesté, y así lo respondí, que en el caso particular de Julio Medina, él entendía que por su militancia democratacristiana era la persona indicada para asumir la jefatura del gabinete; sin embargo, ésa es una decisión que toman los intendentes o los jefes de servicio. En todo caso, me parece que lo que él pueda pensar no es el objetivo de esta Comisión. Esos son asuntos más bien humanos. Así es que esos aspectos yo los separaría.
Respecto del ex senador Ominami , dijo que le tiene mucho respeto. Me parece que fue un gran senador. Lo conozco desde 2004, cuando llegué a la región. Sin embargo, no soy su amigo, no conozco su casa ni él ha estado en la mía. Nunca he sido parte de algún lote o grupo de operadores del senador Ominami ni nada por el estilo.
Es efectivo que tengo una visión política socialista y que puedo concordar con algunas propuestas del senador, pero en lo laboral mi relación fue siempre formal. Eso es así y de público conocimiento.
Sé que ha habido personas que me han tratado de ligar al senador Ominami. No me molesta ni lo ando negando en los pasillos ni en los diarios, pero claramente no es así.
Refiriéndose a su experiencia laboral con el señor Julio Medina , señaló que tiendo a pensar que es una persona inteligente, pero poco constante. Y me da la impresión de que los temas que le gustan y en los que puede tener bastantes capacidades no son precisamente los de la administración pública y sus procedimientos, porque no son su fuerte.
Negó conocer al señor Aubele.
Consultado si es posible que los documentos se generen sin conocimiento de la División de Análisis y Control de Gestión y de esa manera realizar el pago fraudulento, respondió que ese paso se puede saltar, porque no es un trámite indispensable. De hecho, así quedó demostrado en este caso.
Cuando hablaba de que se armó una carpeta en algún momento -y esto es parte de mi imaginación-, me figuro que lo que hicieron fue armar una carpeta similar a las quinientas que circulan por el Gobierno Regional y se le incorporaron los antecedentes.
Ante la pregunta acerca de si advirtió los cambios en los niveles de vida de los funcionarios del Departamento de Finanzas, expresó que entiende que es público que el jefe del Departamento de Finanzas habría devuelto un auto de 25 millones de pesos. Yo no tengo mucho conocimiento de autos, pero la verdad es que no lo vi. Probablemente me hubiera llamado la atención.
Entiendo que el señor Medina durante la campaña municipal de 2008 estaba en Santiago, así es que no podría decir si participó en alguna campaña. Y en 2009, en la campaña parlamentaria y presidencial, yo no estaba en el gabinete, así es que no tengo mayor conocimiento, aunque me da la impresión de que no. Pero no lo sé.
Declaró no saber si había relación de amistad del señor Medina con el señor Leiva . Nunca los vi juntos. Ni trabajar ni ir a almorzar ni nada por el estilo.
Preguntado por el distanciamiento entre el señor Medina y el ex intendente De la Maza , manifestó que percibí que cuando fui nombrado jefe de gabinete Julio Medina se molestó. Creo que a él no le gustó, al igual que a otras personas. Pero creo que el distanciamiento entre ellos tuvo que ver más con su posibilidad de irse a estudiar con la beca Presidente de la República que con temas de gestión.
Agregó, respecto de la beca otorgada al señor Medina , que él presentó sus antecedentes y que sí hubo gente que lo ayudó. No sé cómo funciona la beca Presidente de la República , pero no creo que sea un intendente o un diputado quien pueda otorgarla. Cualquier funcionario del Gobierno Regional que sale a estudiar necesita la carta de presentación del intendente. Eso es parte de lo que piden las instituciones. Creo que efectivamente el intendente pudo haberlo ayudado. Pero no creo que ésa haya sido la razón por la cual Julio se fue.
Ante la consulta de si es posible que la segunda persona que firmaba los cheques no haya tenido ningún conocimiento acerca de que detrás de eso había una operación presionada desde la autoridad superior y completamente fraudulenta y que no se haya dado cuenta, el declarante señaló que tengo la convicción de que es así. Permítanme aclararlo en dos minutos. Todos los que conocemos a Gabriel sabemos que es una persona absolutamente honorable. Y Sara Peñaloza es una mujer tremendamente profesional y rígida. Si hay alguien que es absolutamente rígida en los procedimientos, esa persona es Sara. Entonces, estamos hablando de dos personas que tienen historia y las estamos contraponiendo contra una persona que voluntariamente ha declarado su participación en los hechos. Ésa es la contradicción que cuesta entender desde afuera.
Repito, estamos hablando de gente que tiene una historia conocida, domicilio, hijos, marido, colegio, versus personas que han reconocido un fraude.
Preguntado si conocía al arquitecto señor Cerda , señaló que solo sé que era un contratista. Me enteré por la prensa, por las cosas que fueron apareciendo, pero no tenía antecedentes anteriores.
Consultado sobre la fecha en que tomó conocimiento del fraude declaró que la fecha exacta no la sé, pero recuerdo que fue un lunes o martes, en abril. Me llamó Gabriel Aldana -creo que fue un martes, pero no estoy seguro-y me dijo que acababa de hablar con el ex intendente De la Maza para contarle que le estaban llegando antecedentes, por distintas vías, como funcionarios que lo llamaban, en fin, y me pidió que hablara con él, con el objeto de que viera de qué se trataba, porque, a juicio de Gabriel, era un tema preocupante. En ese momento, llamé al ex intendente De la Maza y le dije: “Jefe, ¿quiere que nos juntemos? ¿Quiere que reunamos más información?” Eso fue un par de días antes que saliera a la luz pública.
Respondiendo una pregunta dijo que no es efectivo que haya participado de un almuerzo con los señores Aldana , Leiva y De la Maza para tratar este tema. Cuando hablé esa noche con el ex intendente, me dijo que hiciéramos una reunión. Y efectivamente nos juntamos con Gabriel, el ex intendente, yo -no sé si había alguien más- para tratar de saber qué estaba pasando.
Sobre las denuncias realizadas por el señor Quijada de haber realizado presiones para que fondos del Gobierno Regional que estaban asignados a los pescadores artesanales se traspasaran a fondos FRIL y tapar el fraude, informó que sólo me voy a referir a los aspectos técnicos, pues lo otro, de verdad, me parece un poco de ciencia ficción.
Efectivamente, durante el año 2007 se produjo un conflicto con los pescadores, y en ese marco se acordó, entre la Subsecretaría de Pesca y el Gobierno Regional, generar un programa de fomento productivo para los pescadores. Ese programa fue elaborado por dos ingenieros en pesca de la Subsecretaría, más un ingeniero comercial del Gobierno Regional.
Ese proyecto se aprobó. Pero no son 1.014 millones de pesos, sino 1.414 millones. Están las actas. Por eso es que hago esta mención. De esos 1.414 millones, sólo 714 corresponden al Gobierno Regional, porque los otros 700 millones corresponden al Fondo de Administración Pesquero. Quiero dejar esto muy claro. No sé si con o sin intención aparecen cifras similares, pero, claramente, es un absurdo.
Para que todos nos entendamos, el Programa de Fomento Productivo se aprobó con la intención de generar mejores condiciones laborales y de mercado para los pescadores. En su tramitación ese proyecto tuvo una serie de problemas administrativos. En el transcurso de ese tiempo, el intendente realizó varias visitas a terreno. Traje el acta de una de ellas, a la que asistió con el senador Romero y el diputado Vargas , y que tuvo lugar en las caletas del norte, en el distrito de la diputada Molina . Aquí está el acta con los acuerdos que se generaron con los sindicatos. Muchas de las iniciativas que ellos plantearon no eran de fomento productivo, sino de infraestructura.
Las necesidades no son sólo de fomento productivo, sino también de infraestructura. Hay un caso, el de la caleta de La Ligua. Su problema básico era que no tenían un camión refrigerado para transportar los pescados y comercializarlos en La Ligua. Eso, en presupuesto, se llama circular N° 33, en el caso de la compra de un vehículo. La escala de acceso, corresponde a un proyecto FRIL, porque se ejecutan mediante un FRIL, no mediante un proyecto de fomento productivo.
En reiteradas ocasiones se instruyó a este equipo de pesca que tomaran esa información y generara los proyectos para poder cumplir los acuerdos con los pescadores. No sé si ellos no lo entendieron así. Quizás haya ocasiones en que la forma en que uno dice las cosas o transmite las instrucciones no es las más adecuadas, pero eso fue así, es decir, se les instruyó muchas veces que cumplieran con estos compromisos, que son de octubre de 2008. Y creo que no fuimos capaces de cumplir.
Por otro lado, es imposible traspasar recursos del Programa de Fomento Productivo a FRIL. En la administración eso no existe. Incluso conversé con amigos de la Subdere y me dijeron que esa persona habla cosas incoherentes, porque no existe fórmula administrativa para decir yo tomo recursos del Programa de Fomento Productivo y los paso a FRIL. Primero, porque no era el monto que correspondía y, segundo, no se puede traspasar un “turro” de plata. Eso no existe. Se hace por decreto y contra proyecto. Tiene que cumplir con todos los requerimientos.”.
No es que existan los dineros; existe el acuerdo del Consejo Regional para financiar un programa y un acuerdo de administración pesquera para financiar un programa. De hecho, no tiene ni siquiera asignación presupuestaria, están en esa etapa. Cuando se aprobó este proyecto, inicialmente se acordó ejecutarlo a través de la CORFO. La idea era traspasar recursos desde el fondo de administración y el Gobierno Regional hacia la CORFO. Pero el equipo jurídico de esa corporación dijo que no le correspondía, porque no se ajustaba a lineamientos, y eso no se pudo revertir. Entonces, quedó en el acuerdo. No es que los 700 millones estén guardados en un estante.
Ante la reiteración de la consulta sobre si hubo o no presiones, respondió que no. Lo que se le dieron fueron instrucciones al jefe del programa, del equipo, para que cumpliera con los acuerdos
Para modificar un acuerdo hay que pasar por el Consejo Regional. Lo que se les pidió a ellos es que cumplieran la función técnica, que fuesen a las caletas, a cada una de las zonas y que se elaboraran los proyectos que están en las minutas correspondientes. Eso es lo que se les pidió. Si ellos eran un equipo técnico. Para eso fueron contratados.
Interrogado sobre si tuvo alguna participación, como administrador regional, en los concursos públicos por los cuales ingresaron el señor Leiva , el señor Oyarzún o la señora Peñaloza , señaló que creo que son épocas diferentes. Cuando yo era administrador regional, se realizaron concursos para proveer el cargo de jefe del Departamento de Finanzas y de jefe del Departamento de Administración . Y en el período del intendente De la Maza se realizó el de Inversiones. Pero en todos esos casos opera un comité de selección que elabora las bases. Lo usual, y entiendo que en esas ocasiones fue así, los intendentes validan al que saca el mayor puntaje, como sucedió en los tres casos mencionados.
22) La señora Mariella Valdés Ávila , Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Valparaíso , en sesión 16ª, celebrada el jueves 29 de julio de 2010.
Informó que trabaja en la Municipalidad de Valparaíso, es secretaria municipal de planta desde hace varios años, abogada y anteriormente fue directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Valparaíso .
En el año 2006, cuando era alcalde el señor Aldo Cornejo , actual diputado , surgió la posibilidad de poder ir en comisión de servicio a colaborar en la Intendencia, puesto que venía de terminar un diplomado sobre gestión local y regional, en el cual me había becado la municipalidad. Tenía mucha experiencia en el tema municipal, pero jamás la había tenido en el ámbito regional, por lo tanto, se me dio esa posibilidad. Además, conocía desde hace varios años al ex intendente Iván De la Maza , de modo que para mí era muy cómodo llevar a cabo esa comisión estando él como intendente.
Ello ocurrió aproximadamente desde abril de 2006 hasta enero de 2007, luego de lo cual me reincorporé a la municipalidad, para volver en otra comisión de servicio a la Intendencia, a fines de 2007 o comienzos de 2008, y me reincorporé, definitivamente, como secretaria municipal, en junio de 2008.
Además, fui candidata a alcaldesa de Algarrobo , siendo funcionaria de la Municipalidad de Valparaíso, porque no hay ninguna incompatibilidad legal.
Respondiendo una consulta, reconoció que el abogado del señor Eugenio Aubele, don Alexis Lam, fue su cuñado. Es hermano de su ex marido.
Supe del fraude que motiva esta investigación trabajando en la Municipalidad. Alguien me llamó por teléfono -no recuerdo bien quién fue- y me dijo: “Viste el diario”. Ahí empecé a mirarlo. Debe haber sido el 23 de abril de 2010.
Preguntada si era efectivo que el martes o miércoles de esa semana tenía programada una reunión con el señor De la Maza , quien le habría manifestado: “Tengo que reunirme urgentemente con Aldana, Leiva y Camacho , porque se ha descubierto este fraude”, respondió que es absolutamente falso. Una vez que Iván De la Maza dejó de ser intendente lo veía mucho más seguido, porque se encontraban en Valparaíso. Sin embargo, ni siquiera se había juntado con él en esa fecha. Lo he ido a ver ahora, por razones humanas.
Conozco a Francisco Baeza . Es un amigo de muchos años. Lo conocí en la universidad, en 1987 ó 1988. No es que seamos cercanos, sino que nos conocemos desde hace muchos años. Trabajamos juntos en 1990, en lo que en aquellos tiempos era la Digeder. Lo hicimos cuando el ex intendente De la Maza era director de Digeder . Éramos bastante jóvenes y trabajé junto a él y varios otros jóvenes más. Esa es la mayor relación laboral que hemos tenido.
Sé que Francisco Baeza estaba contratado como asesor del ex intendente; en ese rol lo veía. Me comunicaba con él, por teléfono, porque además somos camaradas.
Mi trabajo en la Intendencia era una comisión de servicio que no le acreditaba para ser funcionaria. Allí iba a prestar un servicio, pero en mi calidad municipal. Sin embargo, estuve en la Diplan, con Herman Rojas, donde trabajé en lo que tengo expertise, por ejemplo, en la revisión de documentación de proyectos culturales, como asesora legal.
Al referirse a su relación con el señor René Lues , dijo que eran muy amigos. Nos conocimos como dirigentes universitarios. Hay una generación -obviamente, hablamos de amistad- que trabajamos juntos recobrando la democracia para el país. Nos conocemos desde hace muchos años y tenemos muchas experiencias juntos.
Consultada si el señor Lues le ayudó en su campaña a alcaldesa, afirmó que me ayudó mucha gente y muchos amigos. Lues me tiene que haber ayudado, porque es mi amigo, pero no recuerdo particularmente si fue o no, debido a que costaba mucho que llegaran a Algarrobo, algunos por razones de tiempo.
Sobre el señor Julio Medina sostuvo que también es parte de esa generación de jóvenes que conoció en 1985 ó 1986. Además, con Julio nos encontramos en la Universidad de Playa Ancha, porque allí estudió filosofía; yo pasé un año por ahí. Por lo tanto, también mantengo una amistad de tiempo, de 20 a 25 años.
Cuando estuve en la Intendencia lo vi en varias ocasiones, pero en 2006, cuando llegué a la Intendencia, no sé si por razones de salud u otras, su presencia o su participación no era frecuente. De hecho, varias veces ocupé su oficina, mientras nos trasladábamos a Avenida Francia, porque no tenía dónde trabajar, debido a que su presencia no era estable.
Después Julio se fue por la beca Presidente de la República . Por lo tanto, en 2008 tampoco estaba. La mayoría de las veces lo veía porque vivía a dos cuadras de mi casa, en el Cerro Alegre. A veces me lo topaba, cuando iba en auto y él iba subiendo. Allí nos saludábamos. No tengo ningún conflicto humano con Julio y le tengo un gran aprecio.
El colaboró en mi campaña con el slogan, no con recursos. Quienes conocen a Julio saben que él tiene una vida muy austera y no es una persona de dinero, de modo que habría sido imposible pensar que hubo alguna ayuda.
Las veces que nos hemos podido ver o llamar lo hemos hecho. Lo encontré un par de veces, pero luego del terremoto él se cambió de casa, porque la suya quedó en mal estado. Esa también fue una razón de por qué dejé de verlo.
Cuando me entero -un día viernes- de lo que sucedió en la Intendencia, situación respecto de la cual nadie entendía nada en ese minuto, no sé si fue ese fin de semana -pudo haber sido sábado o domingo- que me llamó Julio Medina , muy preocupado, para preguntarme si había visto la prensa, tal como lo decían todas las personas con quienes se llamaban, es decir, si habían visto la prensa, porque era la noticia del momento.
Conversamos el tema y él me dijo que tampoco entendía nada. Me preguntó si sabía algo de Iván, a lo cual respondí que no sabía nada, que no lo había visto. Quedamos de llamarnos, y me tiene que haber llamado una vez más. Posteriormente, no he sabido más de él, salvo lo que ha salido en la prensa.
Ante la pregunta sobre quién estaba encargada en su equipo de gestionar recursos para su campaña, responde que su equipo de Algarrobo, era gente de esa comuna.
Consultada si cree o siente de alguna manera que aquí haya habido derivación de esos dineros a campañas políticas, responde que estoy absolutamente convencida de que no es así.
Preguntada por el ex Intendente, señor Iván de la Maza , expresó que lo conozco desde hace muchos años, desde que era dirigente de la juventud. Fue el único dirigente del partido que nos ayudaba, apoyaba y fomentaba la participación. Le tengo mucho cariño, por los años que nos conocemos y por lo que ha hecho por nosotros. Le debemos mucho a él. Por otro lado, soy una persona que me siento enormemente orgullosa de lo que Iván hizo en la región.
Me corresponde decir, con orgullo, que vi al intendente sacarse la mugre por esta región. También me gustaría que ustedes pudieran citar a los alcaldes de esta región, de todas las tendencias, porque si hay una cosa que alguien no puede decir es que Iván no abrió las puertas de esto. Él cambió la gestión y la impronta de la intendencia. Una intendencia de muy mala imagen en la esta región, porque nos sacaban a los intendentes año a año.
Cabe preguntarse, por qué los funcionarios de carrera no dijeron antes del cambio de gobierno, que se llevó a cabo en marzo o abril, que el señor Leiva se había comprado camioneta y que viajaba. Lo hicieron justo en ese momento, lo que forma parte de la pequeñez y de los errores humanos. En ese momento salió a la luz, más que cuando se emitieron los informes. Se empezó a investigar a propósito del cambio de autoridades.
¿Qué habría pasado si esos señores hubiesen sido más inteligentes y no denotado el cambio de vida que tenían? Si bien en algún momento los iban a pillar, habríamos tenido dos intendentes cuestionados por su responsabilidad política o no política en este hecho, puesto que cabe preguntarse si los funcionarios nuevos, de confianza del intendente Celis, al no contar con experiencia, habrían cambiado los procesos de fiscalización.
Consultada si en su calidad de presidenta Provincial de la Democracia Cristiana , gestionó o ayudó al financiamiento de las campañas municipales o parlamentarias, respondió que no es un problema de ser presidenta, sino uno de roles, y a mí no me correspondía ese rol. Desconozco a quién le competía eso.
Conozco al señor Lorenzo Leiva sólo de saludo porque él era el jefe de Finanzas . Si bien nunca he tenido otro tipo de relación con él, a modo de anécdota, puedo señalar que tengo a mi hija mayor en la Scuola Italiana, donde soy la presidenta de curso, y este año recibimos a los apoderados nuevos, ocasión en que él ingresó con la señora Harajá Mancilla , con un hijo, que es del curso de mi hija. Así es que a partir de marzo lo ubico mejor.
Consultada respecto de la responsabilidad política que le cabe al ex intendente De la Maza , señaló que en la teoría de que sólo por ser la cabeza máxima se tiene responsabilidad, el Presidente Sebastián Piñera tendría graves problemas si se genera algún inconveniente con alguna instancia de Gobierno. Esa teoría a mí no me convence.
En ese sentido, preguntó ¿dónde está el límite de la responsabilidad política? ¿Quién determina hasta dónde llega? Tal vez la responsabilidad administrativa es más fácil de delimitar por las normas. Es decir, imagino que el director de finanzas de la Intendencia tendrá responsabilidad administrativa respecto de algo que sucedió en su departamento.
El intendente, que es funcionario del Ministerio del Interior, ¿tiene responsabilidad política de funcionarios que trabajan para el Gobierno Regional? ¿Tiene responsabilidad directa en eso? En este caso hay tres funcionarios de carrera, de muchos años, y no se está hablando sólo de cargos de confianza. Se trataría de personas que no participan en partidos políticos. Si esas personas tienen muchos años de servicio se provoca un tema de confianza, lo que es lógico. Entonces, ¿se le puede pedir al intendente que en ese minuto desconfiara día a día, mientras recorría la región, mientras recibía a todo el mundo, mientras solucionaba conflictos, mientas viajaba a Santiago, que, además, esté pensando todo el día si los funcionarios del piso 7º lo están perjudicando o no? La responsabilidad de velar por eso le cabe a otros funcionarios.
Cuando me preguntan por la responsabilidad política, no estoy diciendo que no la tenga, pero es un aspecto que debe determinar esta Comisión. Tengo deformación jurídica, de manera que me gustaría que me dijeran sobre la base de qué se delimita la responsabilidad política. ¿Se delimita sobre la base de las versiones que entregamos los amigos o no amigos? Es imposible.
Entonces, la ciudadanía tiene la impresión de que aquí hubo un robo, no le importa saber que la comisión determine quién es el responsable política o administrativamente, le importa saber quién se robó la plata y dónde está el dinero, que es de todos.
Cuando hablo de la persona del ex intendente De La Maza y lo defiendo, no estoy haciendo una defensa personal ni diciendo que el ex intendente no tenga ningún defecto, sea perfecto y sea lo máximo. Estoy diciendo que defiendo una gestión, tampoco lo estoy blindando, ni mucho menos, porque ¿quiénes somos nosotros para blindar a una figura como el ex intendente De la Maza?
Ustedes deben imaginarse cómo debe estar él hoy. A pesar del compromiso y la entrega de trabajo que tuvo, le ha pasado algo que le puede ocurrir a cualquiera, de modo que está en una situación de complicación personal; destruido. Él siente que lo que ha sucedido es terrible. Entonces, quiero decir que aquí no existe un bloque, como se está tratando de plantear, de personas que tratan de blindar al ex intendente por nada. Lo que queremos rescatar es una gestión que, a nuestro juicio, fue una de las buenas gestiones en esta región.
Se sabe que esto fue un robo y el robo fue bien hecho y que los tipos sabían cómo ocultar la documentación, sabían cómo falsear esto. Eso lo han dicho todos los que han venido a la Comisión. Por eso digo que me parece incoherente que después de que han explicado todo eso me sigan preguntando qué pienso. Pienso que los tipos fueron hábiles en robar.
No estoy justificando lo que le pasó al ex intendente De La Maza . Ése es un tema de ustedes. Lo que digo es que eso le pudo haber pasado también a otro intendente, pero porque los tipos eran expertos en el tema. No estamos hablando de que alguien externo vino a robar, fueron los tipos que manejaban la situación los que robaron.
En particular, no conozco a los funcionarios que están vinculados a esto. Estoy hablando por la información que de aquí ha salido y la información que he visto en los medios de prensa, porque ni siquiera conozco la de la fiscalía.
Tengo experiencia en el servicio público y conozco cómo funciona el sistema. Lo que me impactó y que no había visto nunca en un caso como éste es que los propios expertos del tema fueran los que robaron. Por lo menos hasta ahora es lo que ellos han dicho. ¡Lo han dicho! ¡Han venido para acá y lo han dicho! Han señalado que son parte de ese botín.
Consultada respecto de lo dicho por el Contralor en esta Comisión, en cuanto a que se había enviado un informe al señor De la Maza con una serie de reparos, y que si éste hubiera subsanado esos problemas el hurto no se hubiera producido y si le parece correcto que no haya tomado cartas en el asunto, expresó que en ningún minuto ha hecho defensas corporativas respecto de la persona del ex intendente De la Maza . He dado sólo mi opinión, no desde la perspectiva política, sino que de lo que creo que fue su gestión, basada en la experiencia de haber trabajado años junto a él. Por cierto, muchos de nosotros hemos defendido su gestión, pues nos pareció buena, pero todo se enlodó el día que explotó esto. ¡Es eso simplemente! No hay una defensa corporativa y tampoco lo estamos defendiendo a ojos cerrados. No se trata de eso.
En respuesta a si el intendente, es o no responsable del patrimonio fiscal a cargo de la intendencia, responde “Por supuesto.”.
Acerca de la posibilidad de que el ex intendente hubiera sido engañado, utilizado, apartado, por algunas personas que trabajaban dentro de la Intendencia, manifestó que los pocos que conocemos más profundamente al intendente De la Maza saben que por su personalidad no es una persona fácil de apartar, de aislar.
Él trabajó doce pisos más arriba de donde ocurrió el hecho, porque se gestionó en el piso 7º, por lo que tengo entendido. Él no está encima. Pero eso no significa que el intendente sea apartado o que le cierren los ojos ni nada parecido. O sea, esto ocurrió porque se “craneó” de una manera que era imposible que él se diera cuenta.
Consultada sobre su relación con el señor Camacho , responde que no tiene ninguna. Lo conozco perfectamente, sé quién es, conversamos acá, el otro día, pero yo no tengo mayor amistad con Andrés. Cuando yo estuve, el 2006, -en la Intendencia- era otro el jefe de gabinete; no estaba Andrés . Y me lo topé muy pocas veces. Cuando volví había otro. Yo no estuve ahí en el período en que fue jefe de gabinete.
Sobre el señor Gabriel Aldana , expresó que sabe quién es. Conoce más al papá que a él. Generacionalmente, conocí más a su padre, por quien tengo bastante afecto. Y de su gestión, no tengo nada que decir, porque yo no trabajé, jamás en la comisión en Finanzas. Entonces, no tengo cómo opinar respecto de la función de Gabriel Aldana.
Preguntada sobre las declaraciones del señor Lorenzo Leiva respecto del ex intendente, responde que el señor Leiva , a quien no conozco mayormente, pero sé quién es, ha dicho que fue parte de un hecho delictual. Y respecto de eso no voy a opinar, porque eso se está investigando.
Si él dice que fue presionado, tendrá que probar que lo fue, porque si fue presionado, y lo que él dice es cierto, ya ni siquiera es un tema de responsabilidad política ni administrativa. Entonces, frente a eso en esta Comisión no me voy a pronunciar porque no me corresponde.
Consultada sobre el sostén político del señor Lorenzo Leiva para haber ganado el concurso y haber prestado servicios tanto tiempo en el Gobierno Regional, responde que “eso lo desconozco.”
Respecto de Gabriel Aldana dijo que políticamente es PPD. Me imagino que esa será la vía, pero desconozco lo que pasa al interior del PPD.
En el caso de Andrés Camacho, afirmó que lo desconoce porque no es parte de su generación local. Andrés es una persona que viene de Santiago, entonces salvo eso, y verlo en la Intendencia, no es parte de los círculos políticos de la zona. Dicen por ahí que es socialista, pero no puedo afirmarlo porque no sé si es socialista.
En el caso del ex Intendente De la Maza, estimo que su respaldo provenía de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Agregó que el ex intendente De la Maza políticamente es un hombre bastante particular en su forma de trabajar. No pertenece a lotes internos del partido, tiene amigos transversales.
Respecto a la afirmación de que se “ominamizó” en su gestión política, agregó que eso es parte de la chimuchina política que no le interesa a la gente. Lo que sí puedo decir es que conozco al ex senador Ominami , que siendo senador se entendía con el señor De la Maza cuando éste era gobernador, entonces hay un vínculo. Pero también iban a verlo los diputados. No creo que haya antecedentes válidos para decir que se “ominamizó”. Quienes conocen el perfil del ex intendente saben que a él no lo cambia nadie. Tiene su personalidad propia. Él es él.
23) La señora Inés Varas Carrasco , ex secretaria del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, en sesión 16ª, celebrada el jueves 29 de julio de 2010,
Expresó que entró al Gobierno Regional en 2004, como auxiliar. Después pasé al departamento administrativo, a la oficina de Partes, y en abril del año 2008 me asignaron como secretaria del Departamento de Finanzas, sin tener el título de secretaria.
Soy muy amiga de la pareja de Lorenzo Leiva y él me ofreció ese cargo, porque no tenía secretaria y sabía que yo quería estudiar contabilidad. Decidí aceptar ese ofrecimiento.
Efectivamente confirmé cheques aunque no estaba de acuerdo con hacerlo, porque no era una mis funciones. Así se lo manifesté en varias oportunidades a mi jefe anterior, porque esa función le correspondía a la tesorera.
Siempre llamaban y a mí me correspondía atender todas las llamadas.
La persona del banco me decía que llamaba al número que le habían dado, pero que nadie contestaba. Le pregunté cuál era ese número y era el de la tesorera, la señorita Pamela Villarroel . Me dijo que nunca le contestaban y me pidió, por favor, que le confirmara los cheques. Entonces, yo consultaba el libro banco y le confirmaba los cheques.
Todos quienes trabajaban en el Departamento de Finanzas podían acceder al libro banco.
Supe de estos hechos por la Contraloría, me dijeron que yo confirmé dos cheques. Recuerdo que la hora era siempre después de la una de la tarde, porque el pago se hacía los viernes y ese mismo día llamaban para confirmar los montos.
Todos sabían que los pagos se hacían los viernes, que se iban a cobrar los cheques y que, eventualmente, la que debería haber levantado el teléfono era la tesorera. Es más, recibí muchos reclamos porque ella no contestaba el teléfono. Ese era uno de mis malestares. Obviamente, yo era la secretaria y tenía que contestar las llamadas de los funcionarios del departamento, pero debía traspasarlas.
Le informé de esa situación al señor Lorenzo Leiva . Yo tenía malestar con muchas cosas, porque la señorita tesorera no llegaba a su hora, principalmente, los viernes. Nosotros entrábamos diez para las nueve de la mañana a trabajar y ella llegaba siempre a las 9.30 ó 10 de la mañana. Por ende, yo tenía que reemplazarla y atender a la gente que estaba esperando su pago. Se pagaba solamente los viernes.
Ese fue uno de los malestares que le expresé a Lorenzo Leiva , pero él me decía que no podía hacer absolutamente nada porque el reclamo ya se lo había presentado a Gabriel Aldana , pero como él con Pamela Villarroel eran muy amigos, no podía hacer absolutamente nada. Tenía que aguantarme.
Jaime Lorca contestaba y me decía: por favor, ¿puedes confirmar tú los cheques porque estoy contabilizando o estoy ocupado viendo proyectos? Cuando estaba muy ocupado me pedía que contestara. Generalmente los bancos me llamaban a mí directamente porque había tres teléfonos.
Preguntada si conocía al señor Eugenio Aubele , respondió que físicamente, sí. Me acuerdo de él en dos oportunidades. La señorita Diana Lillo , que trabaja en la oficina de Partes, es la encargada de recibir a todas las personas. Ella me llamó por teléfono para decirme que había una persona que quería hablar con Lorenzo Leiva . Le pedí que se identificara y me dijo, Eugenio Aubele .
Le dije a Lorenzo quien lo buscaba y me pidió que lo hiciera pasar. Eso fue el año pasado y creo que también este año fue en una oportunidad. El año pasado en septiembre, pero no recuerdo bien. No estoy muy segura de la fecha. Lo hice pasar y cerré la puerta. Ellos conversaron muy brevemente.
El señor Aubele nunca estuvo en la oficina de Lorenzo Leiva con julio Medina. Al señor Medina era bien poco lo que lo veía en el Gobierno Regional. Habrá ido unas tres o cuatro veces a la oficina de don Lorenzo , en un año. Supe que estaba estudiando. No lo vi mucho.
Preguntada si conocía al señor Francisco Baeza , manifestó que tampoco tenía mucho contacto con el señor Baeza . En realidad, ni siquiera sabía dónde tenía su puesto de trabajo. Me decían que trabajaba en el piso 19 y después en el 18. No era muy frecuente que yo lo viera. Sí llamaba a Lorenzo, pero muy pocas veces.
En relación al arquitecto señor Cerda dijo que sí lo conocía. Él iba frecuentemente a ver al señor Leiva . Pienso que por su trabajo de contratista, porque tenía proyectos en el Gobierno Regional. Cada 15 días o cuando tenía problemas con boletas de garantía. Allí iba a hablar con él. Iba solo. Salvo en una oportunidad en que fue a cobrar un cheque acompañado de una señora, de la cual no recuerdo su nombre. Nunca fue acompañado por don Iván De la Maza .
Respecto de la señora Harajá Mancilla , manifestó que había trabajado con ella en el Departamento de Finanzas.
Cuando se le preguntó si, siendo amiga de ella, había notado un cambio de vida, de vehículo, de algunos viajes., respondió que sí. Obviamente, yo sabía que habían ido de viaje.
En un almuerzo del Departamento de Finanzas me enteré que se había comprado una camioneta, de lo cual yo no tenía idea. También fui en una oportunidad a un cumpleaños y allí supe que se habían comprado una casa. Pero, yo no preguntaba mayormente.
Consultada si Jaime Lorca , Carola Muñoz y Lorenzo Leiva con su pareja salían todos los días a almorzar, dijo que eso es falso, porque Jaime Lorca , Carola Muñoz y yo salíamos a almorzar casi todos los días al frente de la Intendencia, al casino de Bomberos. Yo era clienta habitual de ese lugar y mi cuenta no excedía de los dos mil pesos. Almorzábamos mucho los tres allí. Luego, Carola quedó embarazada y me comentó que la tenían un poco aburrida esos almuerzos, por lo que quería probar en el restorán Nahuel . ¡Pero, eso de que almorzábamos juntos! Podía pasar un mes sin juntarnos y luego nos veíamos en un cumpleaños, como en el de Harajá Mancilla, que fue la última vez que estuvimos juntos.
Al consultársele si le preguntaba a Jaime Lorca o a Lorenzo Leiva por la conformidad de los cheques, responde que no. Me iba directamente al libro banco, no les preguntaba a ellos. Estaban los antecedentes que pedía el banco. O sea, si el banco me pedía el número del cheque; yo decía lo restante, como el nombre del contratista del servicio, o municipalidad, y el monto. Entonces, luego me preguntan si confirmaba el monto; lo confirmaba y me preguntaban mi nombre.
Ante la pregunta sobre si conoció a alguien que usara zapatos de cocodrilo, dijo que: Ese fue un rumor en el Gobierno Regional -pueblo chico, infierno grande- de parte de la... No quiero dar su nombre, pero, esos comentarios empezaron después de que la secretaria de la División de Administración y Finanzas, señaló que el señor Lorenzo Leiva se había comprado unos zapatos de cocodrilo. Yo nunca me percaté, porque no le miré los zapatos. Nunca supe de eso. Supe después que andaba ese comentario. A mí me llegó el rumor de que alguien se compró zapatos de cocodrilo. Y me dijeron que fue mi jefe.
Al señor Aubele lo vi entrar con un bolso café, un maletín. Así lo declaré en la Policía de Investigaciones. De la Contraloría me llamó el fiscal hace dos semanas y también presté mi colaboración. De todas maneras, ellos me solicitaron que, por favor, mantuviera reserva de lo que había declarado. Hay cosas de las que no voy a poder hablar, más que nada por la PDI.
Consultada si le tocó ingresar información al libro banco o simplemente lo ratificaba, responde: Sí, lo ratifiqué. En una ocasión tuve que llenar algunos datos en el libro banco, cuando tenía que hacer el cheque, porque también tenía que hacer cheques. Todos los funcionarios del Departamento de Finanzas podíamos hacer cheques. De hecho, cuando la tesorera estaba atrasada y no tenía documentos, yo tenía que hacer los cheques.
Preguntada sobre quién bajaba habitualmente desde el piso 19 al Departamento de Finanzas, indicó que yo veía mucho ir al señor Andrés Camacho a la División de Administración y Finanzas, pero también pasaba al Departamento de Finanzas . Conversaba normalmente con Gabriel Aldana , después pasaba donde la señora Sara Peñaloza y luego conversaba con Lorenzo Leiva .
Interrogada si existía relación de amistad del señor Baeza con el ex intendente, señaló que no sabría decir si había algún tipo de amistad entre ellos.
Ante la pregunta sobre si el señor Baeza había trabajado en el piso 7º, indicó que sí, en su momento. Si no estoy mal informada, creo que estaba como administrador regional, y parece que tuvo oficina con el señor Herman Rojas .
Requerida para que informara sobre los funcionarios que subían regularmente al Piso 19, expresó que el señor Gabriel Aldana subía como jefe de división porque lo mandaba llamar el señor intendente. El señor Lorenzo Leiva subía muy poco.
En otro ámbito declaró que la tesorera, señora Pamela Villarroel , tenía llaves de los muebles donde se guardaban los archivos. Esto ocurrió este año 2010. Antes las tenía yo, pero después me dijeron que se las tenía que pasar a ella. En un principio las tenía don Lorenzo Leiva . En 2008, cuando yo entré, él las tenía. Después me las pasó a mí, como secretaria. Yo tenía todas las copias de las llaves de los archivos.
La señorita Pamela tenía sus llaves, pero no las del corredizo, donde se guardaba toda la información, porque siempre se mantenía abierto.
Reitera que sabe el señor Leiva hizo un viaje, por lo que me dijo Lorenzo cuando salió de vacaciones. Tengo entendido que fueron a Argentina. En una oportunidad, como Departamento de Finanzas, salimos a almorzar. Es ahí donde vi la camioneta que se había comprado don Lorenzo . Los fines de año nos juntábamos, como Gobierno Regional, en una fiesta que organizábamos para los niños. Ahí llegaban todos con sus autos y se hacían comentarios, como que la pareja de Gabriel Aldana cambió de auto, que don Gabriel Aldana cambió de auto. Esos eran los comentarios que se hacían. Se decía que el señor Castillo también cambió auto en la misma época.
Se hace presente que la señora Inés Varas , siguió declarando en sesión secreta.
24) El señor Herman Rojas Zúñiga , funcionario del servicio administrativo del Gobierno Regional, en sesión 16ª, celebrada en jueves 29 de julio de 2010.
Explicó que es arquitecto y llegó al Gobierno Regional en 2006, producto de una invitación del ex intendente, pronunciada en forma pública en un seminario, en un taller de la Cámara Chilena de la Construcción que se denominó Construyendo Región.
Preguntado si conocía al arquitecto señor Cerda , responde que: Sí, lo conocí por mi labor como presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso . La gente proveniente de la Universidad de Valparaíso es muy unida a su colegio. También compartí con él en algunas conferencias de la Cámara Chilena de la Construcción. Era socio del Club de Viña, de manera que en más de alguna reunión social lo vi. Además, fui parte técnica de la comisión de Control y Fiscalización del Consejo Regional, quienes me pidieron que los acompañase a ver una de las obras que él ejecutaba en el centro de salud familiar, en la Plaza Vieja de Olmué.
Tenía con él la amistad gremial. No lo vi enfermo. Las veces que lo vi lo noté absolutamente normal. Era un tipo bastante ocupado y parece que ejercía todas las funciones en su empresa, pero nada más.
Respecto del interlocutor habitual del señor Cerda en el Gobierno Regional, dijo que supongo que debe ser la gente de la División de Análisis de Control de Gestión.
No tengo claro en qué época fue contratada la obra en que fui parte técnica. En consecuencia, no tengo claro quién desempeñaba el cargo en ese momento. Sé que desde el momento en que llegué esa división ha tenido dos o tres jefes. Uno fue el señor Gabriel Aldana y otro el señor Víctor Quinteros . Y son los jefes de división los que contratan, previo visto bueno de los abogados, imagino yo.
Consultado sobre el suicidio del señor Cerda , dijo que eso lo supe por la prensa. Concurrí a su funeral. Como era colega y yo fui presidente del colegio de Arquitectos , correspondía que fuera. Incluso en esa ocasión vi algunos consejeros regionales que estuvieron allí.
Acerca de la eventual vinculación que pudiera tener el señor Cerda con los hechos investigados, sostuvo que lo he leído por la prensa y no tengo antecedentes al respecto.
El daño moral, empresarial y familiar que he recibido con este fraude es muy grande, porque afecta mis actividades profesionales. El haber servido en un Gobierno Regional donde se descubre un fraude de esta magnitud es complejo.
Me pasó lo mismo en 2003. Ese año, el Presidente Aylwin echó a toda la gente de la Refinería de Petróleos de Concón por un problema que se llamó “el desmalezado”. En esa oportunidad me pidieron, como dirigente gremial, que fuera parte del directorio de la empresa, lo cual me provocó un daño moral, empresarial, profesional y familiar, porque todos me pedían jardineros para desmalezar. Ironizaban. Pero, bueno, uno, con los años de circo, sabe que este tipo de cosas son así.
Consultado si el señor Cerda , con motivo de la relación profesional que tenía con el Gobierno Regional o por alguna otra causa, estableció amistad con alguno de los funcionarios, con el intendente, con el señor Aldana , con el señor Camacho , o con el señor Leiva , responde que no me consta. Afortunadamente, no me consta, porque yo trabajé, en la primera parte del Gobierno, en el piso 7º de la Intendencia, entre 2006 y comienzos de 2008.
Trabajé en el piso 7º, donde está Administración y Finanzas. Trabajé ahí, desde el año 2006 hasta comienzos del año 2008, en labores de coordinación, para ver qué inversiones se hacían. El 2008 fui trasladado a la División de Planificación y Desarrollo, que funcionaba en la calle Victoria, a quince cuadras de la Intendencia. Y el 2009 se me pidió que volviese a la Intendencia, al piso 18, para labores técnicas. De manera que hubo un período en el cual estuve y uno en el cual no estuve.
El año 2008 me fui a la División de Planificación, una división de estudio, una división de análisis, una división con 25 profesionales, y volví, como dije, aproximadamente en el segundo trimestre de 2009. De manera que estaba alejado “del mundanal ruido”.
Consultado por su relación con el ex intendente De la Maza , expresó que lo conoció en los tiempos de estudiante. Después de eso no lo vio, salvo en reuniones sociales. Creo que llegué al Gobierno Regional porque alguien tiene que haberle dicho: Herman Rojas puede ser útil para tus nuevos planes, dado su carácter empresarial, social, gremial, buenos contactos con la Cámara de Comercio, con Asiva, con los empresarios, con las universidades.
Tomé conocimiento de este fraude, cuando don Raúl Celis , intendente actual, lo hizo público.
Respondiendo a una pregunta señaló que en el funeral del señor Cerda vio a muchos arquitectos, compañeros de universidad. De la gente de la Intendencia, a nadie, excepto a un consejero regional amigo, de Renovación Nacional, que era presidente de la comisión de Control y Fiscalización, don Óscar Rodríguez , de quien tengo la mejor impresión.
Consultado si tenía algún antecedente acerca del fraude investigado afirmó que estuve fuera gran parte del tiempo al que se refiere el fraude, pero, como digo, mi labor ha sido absolutamente técnica, profesional y, en ese sentido, entré a un mundo que no conocía. Nunca en mi vida había trabajado para el Estado.
Dentro del Gobierno Regional, conocí gente proba, humilde, con vocación de servicio, pero, que se mezclan con gente que no es así, como sucede en todas las cosas de la vida, donde uno tiene que convivir con todo tipo de gente. He tenido empresa constructora y creo que he aprendido más de los trabajadores que de la universidad.
En cuanto a su militancia política, señaló que soy falangista. Soy de la vieja guardia. Soy democratacristiano. Estuve en la campaña de Bernardo Donoso, cuando fue candidato a diputado por Viña del Mar, porque éramos muy amigos. Sabíamos que íbamos a perder, pero era mi candidato, era mi rector.
Respecto de que una de las acusaciones que se hace es que parte de los dineros defraudados habrían ido a financiar campañas políticas, declara que no me consta. Y en la época de Bernardo Donoso creo que hicimos una de las campañas más pobres.
25) El señor Francisco Baeza Vallejos , ex asesor del ex intendente de la V Región , don Iván de la Maza , en sesión 17ª, celebrada el jueves 5 de agosto de 2010.
Afirmó que ingresó al Gobierno Regional, como asesor del intendente, siendo asignado a trabajar en el Gobierno Regional, particularmente en el piso 7º°, donde estuvo algunos meses trabajando con el señor Herman Rojas , que era administrador regional. Trabajaba como su asistente.
Mi función era llevar agenda, coordinar reuniones, atender gente, inquietudes de los consejeros regionales respecto de proyectos, inversión pública, preguntas respecto de cómo iban los proyectos, cuál era la cartera existente; proyectos de interés de consejeros regionales en particular de sus respectivas provincias. Ese era el vínculo que teníamos. Veía los del FNDR, y aún no existían los FRIL. Básicamente, eran los proyectos de los fondos de desarrollo regional.
Preguntado por su relación con el ex senador Ominami , respondió que no tiene ninguna, ni política ni de amistad.
Al ser consultado del contacto que tenía el ex intendente De la Maza con quienes trabajaban en el piso con el piso 7º, expresó que sólo en su calidad de intendente. Pero la verdad es que su labor se desempeñaba fundamentalmente en el piso 19.
El Servicio Administrativo del Gobierno Regional, tiene tres divisiones y el intendente se entendía con los tres jefes de divisiones, que eran los que administraban la división de gestión y control, de finanzas y de desarrollo. Ese era su vínculo de trabajo porque eran los cargos de responsabilidad que estaban en el Gobierno Regional.
Se le preguntó su opinión sobre el hecho de que el señor Aldana , como segunda firma no revisara las carpetas, a lo cual respondió que si el señor Aldana dijo eso... No he escuchado que no ponía atención a las firmas que hacía. Pero si lo dijo, es su responsabilidad. En estricto rigor, lo que se debe hacer cuando uno tiene que firmar un documento es revisar la documentación adjunta. Eso es lo normal. Si él dijo algo distinto, no lo sé.
Afirmó que el ex intendente De la Maza siempre estuvo preocupado de la probidad al interior de su gestión. Me consta absolutamente. En la gestión de la cual nosotros participamos, una de sus improntas fue precisamente la probidad. El primer día que el intendente De la Maza llegó, nos pidió dos cosas. Primero, siete días, 24 horas y los celulares encendidos, al servicio absoluto del Gobierno Regional, del trabajo y de la gestión. Y, segundo, probidad. Así lo hizo saber en un discurso en una reunión con todos los funcionarios cuando asumió su cargo.
Consultado si el señor Iván De la Maza delegaba sus facultades o atribuciones, dijo que se atrevería a decir que confiaba, desde el punto de vista de la delegación formal, en sus jefes administrativos. Cuando uno tiene una estructura, como en cualquier instancia pública o de gobierno, incluso, de la empresa público privada, lo que hace es depositar confianza, para el funcionamiento normal de la gestión, en sus jefaturas.
Agregó que no se imagina al ex intendente De la Maza ni a ningún intendente en Chile estando preocupado de si el último auxiliar de un servicio del Gobierno Regional está haciendo bien su trabajo.
Manifestó desconocer la eventual existencia de informes que hablaran de irregularidades en el Gobierno Regional.
Lo que sí puedo decir es respecto de la persona que conozco desde hace más de 25 años: al intendente De la Maza. Fue director de Digeder, fue parlamentario, gobernador y siempre ha tenido una actitud intachable y rigurosa. Entonces, me imagino que si esos informes existieron, el intendente De la Maza debe haber actuado en consecuencia. No tengo dudas de eso.
Tomé conocimiento de este fraude por la prensa.
No conozco al señor Aubele y jamás ha estado con él. Con Julio Medina nos conocemos desde la década de los 80. Nada sé de las imputaciones que se le han hecho de haber participado en este fraude. Nunca conversé con él de este tema. Participé en algún momento en el Gobierno Regional. Julio Medina , que era jefe de planificación, estuvo ausente durante algún tiempo por razones de salud.
Posteriormente, me fui de candidato a concejal por Valparaíso y cuando regresé al Gobierno Regional no llegué al piso 7º, sino al gabinete del intendente a trabajar con él. En esos momentos Julio Medina estaba en una beca. Creo haberme encontrado con él, durante los últimos dos años, sólo un par de veces, y en la calle.
La última vez que nos encontramos en la calle fue hace siete meses. Después de eso, jamás lo he vuelto a ver.
Consultado cuándo fue candidato a concejal y si su rol dentro de su partido político ha sido dirigir campañas, trabajar o colaborar desde la jefatura de campaña, respondió que en la campaña municipal de 2008 fui candidato y en la última elección presidencial fui el encargado del comando electoral de la Concertación en Valparaíso. Al respecto, hago la distinción de que los comandos se dividen en dos, de campaña territorial y electoral; yo estuve a cargo de este último. Nunca me ha correspondido el financiamiento de las campañas.
En relación a su campaña, expresó que la información sobre ella fue entregada y aprobada por el Servel. Su costo no debe haber superado los 3 millones de pesos.
El partido, a nivel nacional, nos entregó una suma a todos los candidatos a cuenta del resultado de la elección, la que creo que, en mi caso, fue de 500 mil pesos. Ese fue todo el aporte que tuvimos directamente del partido.
Al responder otra consulta, indicó que con el ex alcalde Hernán Pinto nunca trabajé porque durante toda nuestra vida política hemos formado equipos distintos dentro del partido. Estuvimos en bandos distintos durante casi 20 años.
Preguntado si considera que fue un error del ex intendente Iván De la Maza no haber puesto en los cargos de responsabilidad, a gente de su absoluta confianza, respondió que lo primero que debo señalar es que hay un criterio político en las decisiones. En ese sentido, el ex intendente De la Maza , al momento de asumir, a propósito del tema tan recurrente de los cuoteos políticos, en algunos casos, no sólo en el de Lorenzo Leiva , ratificó a funcionarios de carrera que no eran militantes de ningún partido. Si bien algunos de los que llegamos éramos militantes de un partido, había gente de carrera funcionaria a la que el ex intendente ratificó en sus cargos debido a su desempeño profesional, lo que nos pareció correcto, no obstante que como democratacristiano hubiera querido que hubiera puesto a gran parte de nuestra gente.
Él ratificó a personas como Sara Peñaloza -que estuvo acá-, Lorenzo Leiva y otros, los que, en términos generales, siempre fueron buenos funcionarios. Hoy eso parece como una mala decisión, producto de lo que estamos viendo, pero en su minuto parecía que estaba bien. No había por qué dudar ni sospechar de personas que venían con una carrera comprobadamente intachable.
Sara Peñaloza es una funcionaria de carrera, ratificada por el ex intendente, que creo no tiene militancia política ni tampoco relación con el ex senador Ominami . Respecto de Lorenzo Leiva , tengo entendido que no tiene militancia política ni relación -creo yo- con el ex senador.
Preguntado si recibió alguna ayuda económica de Leiva, Medina , Lorca u otros para su campaña, respondió que como candidato no recibí nada de ellos, y tengo la impresión de que otros tampoco. No he escuchado a nadie decir que haya recibido alguna ayuda.
Consultado cuál es su opinión profesional y técnica del señor Gabriel Aldana , respondió que, desde mi perspectiva y de cómo lo logré conocer en el Gobierno Regional, porque antes no habíamos tenido mucho vínculo, pienso que es una persona profesional, rigurosa, un tipo inteligente.
Del señor Lorenzo Leiva , tuve poca posibilidad de relacionarme con él, pero es una persona un poco introvertida, callada, muy aplicado en su trabajo. No podría decir nada más de él.
Preguntado quiénes serían los responsables de este hecho delictivo, respondió que la verdad es que no creo saber quiénes sean los responsables. Estoy a la espera de lo que diga la fiscalía y ahí pienso que nos vamos a enterar todos de quiénes son los responsables.
Consultado si usa zapatos de cuero de cocodrilo, respondió que no. La verdad es que no tengo zapatos de cocodrilo. Nunca he ocupado zapatos de cocodrilo y nunca lo haría, porque está absolutamente fuera de mi estilo estético.
Interrogado por lo declarado por el señor Aubele de que en una oportunidad habría pasado el dinero a una persona que usaba zapatos de cocodrilo, y alguien comentó que el declarante podía ser esa persona, respondió que no lo precisé al comienzo, pero no tengo claro desde cuándo esta situación empezó a ocurrir en el Gobierno Regional. Sin embargo, me fui del GORE en agosto de 2008, en la época de las municipales. Además, existe un dato importante. No sé si coinciden las fechas de cuándo esto ocurrió, pero me fui del Gobierno Regional en agosto de 2008.
N volví al Gobierno Regional sino hasta marzo de 2009, porque inmediatamente después de la campaña estaba la posibilidad de que el intendente De la Maza fuera candidato a diputado . En ese lapso, tenía que tomar la decisión y asumí que si había entrado a trabajar a la Intendencia como hombre de confianza del intendente De la Maza me iría con él. Entonces, no me pareció oportuno ir uno o dos meses a trabajar, puesto que sabía que después, eventualmente, se podían ir. Por lo tanto, volví al Gobierno Regional en marzo o abril de 2009, tal como lo expresa mi contrato. Prácticamente, estuve ocho meses fuera.
Preguntado si en su campaña le prestaron vehículos, respondió que no. Ocupé vehículos familiares y, en forma intermitente, los de amigos, pero, derechamente, no ocupé ningún vehículo que alguien me hubiera prestado.
Consultado cuál fue la actitud del intendente frente al informe de la Contraloría, respondió que lo desconozco. No me tocó estar en ese instante ni en ese momento. Nunca me hizo ningún comentario.
Interrogado cada cuánto tiempo el intendente realizaba controles internos sorpresivos sobre sus subordinados, respondió que tengo la impresión de que eso no existe en la administración como trabajo. Eso no existe en la administración, porque hay contraloría interna y otros procesos.
Ante la consulta sobre si el intendente debió realizar mayores controles, dijo que por el conocimiento que tengo respecto de la administración pública -sin ser experto- es que hay sistemas de control que son sistémicos, lo que significa que el sistema no requiere autoridades que vayan sorpresivamente, en algún minuto y cuando nadie lo sabe, a investigar algún trabajo en particular, en circunstancias de que hay niveles de control y jefaturas previas a la jefatura política y administrativa de un intendente.
Preguntado cuál cree que es su responsabilidad en su asesoría hacia el intendente por no haberle informado sobre el ambiente que había dentro de la Intendencia, y sobre cuál es el grado de negligencia que le atribuye a la conducción del ex intendente De la Maza , respecto de su administración, respondió que las tareas de un asesor pueden ser diversas, puesto que hay quienes asesoran a una autoridad en el tema comunicacional y otros en cuanto a lo administrativo. En mi caso, cuando vuelvo a la Intendencia me incorporo al gabinete, pero no al piso 7º, de manera que físicamente no estaba en el servicio administrativo del Gore, pues mi oficina estaba en el piso 18. Por lo tanto, no tenía la posibilidad de pesquisar, ya que básicamente trabajaba en ese piso o en terreno.
Mi labor como asesor estaba fundamentalmente vinculada a la participación ciudadana y a la relación con las organizaciones. Era un trabajo en conjunto con la seremi de Gobierno. Ése era mi nivel de participación y de colaboración con el entonces intendente.
En consecuencia, enterarme de lo que ocurría no era mi rol, además que físicamente no tenía la posibilidad de ver si había algo distinto, puesto que estaba en el piso 18. Si hubiese visto a cualquier funcionario de esa repartición o de cualquiera otra, a un funcionario público con un vehículo que está absolutamente fuera de su alcance, podría haber sido sospechoso, pero me enteré de esa situación con posterioridad, por la prensa. No me tocó ver nada, pero si lo hubiese visto, habría sido sospechoso para mí, como para cualquiera. Sin embargo, insisto, nunca vi algo distinto.
Sostuvo que no hubo negligencia en la gestión del ex intendente.
Consultado cuál fue su sentimiento cuando el señor Iván De la Maza nombró a Andrés Camacho como jefe de gabinete, respondió que me hubiera encantado que hubiese sido un democratacristiano, sin lugar a dudas, pero no me molestó. Es probable que haya comentado esta situación con algunos camaradas, no en contra de Andrés Camacho, que me parece un tremendo profesional, que tenía mucha experiencia. Puedo haber tenido una opinión política, pues hubiera querido que el jefe de gabinete del intendente Iván De la Maza , fuera democratacristiano. Así como un intendente socialista hubiese preferido uno de su partido. Desde esa perspectiva, no en otra. Eso no incidió en la creación de un clima complejo dentro del Gobierno Regional.
Las decisiones políticas y administrativas las tomaba el intendente en el piso 19, con sus asesores, equipo y otras autoridades.
Preguntado si escuchó algún comentario del intendente, en el sentido de que habría tomado medidas sobre la creación de climas inconvenientes en el Departamento de Finanzas, debido a la existencia de funcionarios de esa división que tenían relaciones sentimentales e íntimas allí, respondió que del entonces intendente, en particular, no, pero más de alguna vez lo comentamos con el señor Gabriel Aldana , en el sentido de que eso no era conveniente allí ni en ningún lado. Sin embargo, con el señor De la Maza , jamás.
Ante la consulta sobre qué le parece que el señor Aldana haya tenido a su pareja, el señor Castillo , trabajando dentro de la Intendencia, respondió que lo desconozco absolutamente.
26) El señor Miguel Toledo Alegría , ex jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Valparaíso, en sesión 17ª, celebrada el jueves 5 de agosto de 2010.
Comenzó su exposición señalando que es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Valparaíso, contador auditor de la Escuela de Comercio, titulado en 1996 y, además, magíster en Gestión con mención en Control, titulado en 2007 de la Escuela de Comercio de la Universidad Católica de Valparaíso.
En el ámbito profesional, me desempeñé en 1995 y 1996 como contador en la Unidad de Control Regional de la Subdere de la Región de Valparaíso. En 1996, de la UCR pasé al Gobierno Regional, en el que me desempeñé entre 1996 y 2007 en distintos cargos. Comencé en el departamento de control de gestión de la División de Análisis de Control de Gestión, que tenía dos departamentos: control de gestión e inversiones, y después fui jefe del Departamento de Inversiones , que es el que controla el sistema de ejecución presupuestaria del FNDR. A fines de junio del 2006 me nombraron jefe de la División de Análisis de Control de Gestión , hasta agosto de 2007, fecha en la cual fui nombrado seremi de Planificación, cargo en el que me desempeñé hasta abril de 2008, puesto que en esa fecha me pidieron que me trasladara a la Seremía de Vivienda. Fui seremi de Vivienda entre abril de 2008 y marzo de 2010.
Preguntado cuál era su relación con Lorenzo Leiva , después de su llegada al Gobierno Regional, respondió que Lorenzo Leiva llegó a trabajar a la Unidad de Control Regional como contador. Eso debió haber sido en 1996 ó 1997, cuando yo me desempeñaba en el Gobierno Regional. El cargo de contador de la Unidad de Control Regional implica concurrir a las oficinas del Gobierno Regional, sacar fotocopias de egreso y revisar todo lo que se presentaba como proyecto financiado por el FNDR-BID, el cual funciona con un reglamento operativo muy importante, puesto que establece cómo se debe hacer el FNDR, desde la idea de un proyecto en una municipalidad o servicio público hasta que el proyecto es rendido al Banco Interamericano de Desarrollo . En esa labor conocí inicialmente a Lorenzo Leiva , quien con posterioridad ingresó al Gobierno Regional, pero no recuerdo en qué año.
No tuve ninguna participación en el ingreso del señor Lorenzo Leiva al GORE. Cuando se requería a una persona que entrara al Gobierno Regional a trabajar y operar en el FNDR, siempre se prefería a la que tuviera experiencia en la materia, y él venía de la Unidad de Control Regional. Sucedía en todo el país que, generalmente, los profesionales que se desempeñaban en la Unidad de Control Regional tenían la escuela de la Subdere, en la cual aprendían el manejo, de modo que era común que terminaran, como paso siguiente de su carrera, en los gobiernos regionales.
Preguntado si se considera amigo del señor Leiva , respondió que sí, me considero amigo, pero con una salvedad, la cual quiero señalar, para que no quede después sólo eso como frase final. La historia de las personas se va dando durante las ocho horas diarias que deben estar en una oficina. En esa instancia me tocó pasar algunos momentos bastantes fuertes en mi vida, con motivo de mi separación. En esos momentos yo era jefe del señor Leiva . Uno necesita conversar esas cosas, incluso dentro de las ocho horas diarias de trabajo, y él tuvo la capacidad de escucharme.
Además, agregó, confío en las personas a las cuales uno puede pedirles por ejemplo, que preparen un informe para presentar en el consejo regional, personas que tienen criterio para escribir un informe que pueda ser presentado a un alcalde o a un diputado , que es algo bastante común, y él tenía esas capacidades. Por tanto, teníamos una relación que se daba en esas condiciones.
Las relaciones no son eternas y, luego de un tiempo, él también pasó por una situación personal como la mía: un quiebre matrimonial. A partir de ese momento Lorenzo Leiva dejó de juntarse con los amigos con los que compartía habitualmente. Me refiero a los amigos de la oficina. Él no tomó nunca más un café con nosotros, no fue a almorzar nunca más con nosotros. Se arrinconó en su situación de vida personal y dejó de tener contacto con el grupo de personas con el cual yo me vinculaba.
Preguntado sobre la forma en que tomó conocimiento de los hechos investigados y cuál es la relación que tiene con los funcionarios confesos, respondió que desde que esto salió a la luz pública no he tenido ningún contacto con las personas que han aparecido en los medios de prensa, ni telefónico ni de otra especie.
Cuando me nombraron seremi de Vivienda seguí frecuentando el mismo lugar donde almorzaba con la gente del Gobierno Regional, porque quería mantener el vínculo.
Negó que después de uno de esos almuerzos haya estado en un café con el señor Lorenzo Leiva , como se ha afirmado. No entiendo la “mala leche” de los que hacen ese tipo de comentarios. Por suerte, la persona a la que le dieron esa información estaba tomando café conmigo. Es el señor Claudio Oyarzún , jefe del Departamento de Inversiones . También estaba David Serey , que también trabaja en el Departamento de Inversiones. Ellos son amigos míos. Pasamos a tomar café después del almuerzo. Así es que tajantemente desmiento esa información. Es absolutamente falsa.
Preguntado en qué consistía exactamente su labor de control de gestión, respondió que en el plano administrativo hay tres divisiones. Una de ellas es la División de Control de Gestión, que es la encargada de realizar la ejecución presupuestaria del FNDR, o sea, de llevar adelante, entre comillas, el gasto y gestionar de buena manera la inversión regional”.
Consultado si esa labor de control de gestión involucra conocimiento de los sistemas de seguridad internos, explicó que la relación existe, porque hay un comité de riesgo. Eso está entre los antecedentes que presentaron la señora Sara Peñaloza y el señor Gabriel Aldana y corresponde a una de las instrucciones del sistema nacional de auditoría.
El control de gestión dice relación con el control gerencial que hay que llevar a cabo del presupuesto de inversión. El ámbito de gestión tiene que ver con lograr que la cartera de inversión regional se lleve en los términos que corresponden. Todo lo que es sistema de control interno va por otro carril, que tiene que ver con un comité que es más amplio y es dirigido por la División de Finanzas y por Auditoría Interna.
Preguntado cómo funcionaban los sistemas de seguridad interna institucionales durante esa época, señaló que aprovechando el conocimiento que tengo y mi formación profesional, adquirida en la praxis del trabajo, les quiero contar que entré a trabajar en el Gobierno Regional en los tiempos del intendente Gabriel Aldoney . Por tanto, he trabajado con todos los intendentes que ha habido desde esa época en adelante. Conozco el Gobierno Regional prácticamente desde su formación, así es que sé cómo se ha desarrollado, desde los tiempos en que se trabajaba con sistemas de información a mano, luego con Word y con Excel, y, posteriormente, con algunos sistemas de información un poco más elaborados.
Durante la presidencia de don Eduardo Frei se constituyó el comité de auditoría y comenzaron a generarse los primeros atisbos de sistemas de software nacionales para control, como el Banco Integrado de Proyectos de Mideplan y el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, que es el Sigfe.
Estos sistemas de información apuntan a generar control en aquellas zonas o lugares donde hay falencias o que son más permeables en materia de control. Tanto es así, que si se revisa lo que significa la gestión del Gobierno Regional, a priori, la primera situación de riesgo que existe es que uno tiene que contratar una cartera de proyectos, lo que equivale en estos últimos años a 40 mil millones de pesos. El poder de decisión que existe detrás de poder firmar contratos con contratistas que finalmente viven de esos proyectos, permite que se dé la posibilidad cierta de que un proyecto se genere fuera del presupuesto que corresponde, que la licitación no dé las garantías de publicidad de manera eficiente para poder contratar y, finalmente, termina siendo ése el gran poder.
A mí no me nombraron jefe de la División cuando asumió como intendente don Iván De La Maza , en marzo de 2006, sino que después, en junio de ese año. Creo que fue por una razón bastante decidora, y es que en ese momento se llevaba, sólo el 23 ó 24 por ciento del gasto ejecutado, lo que implicaba que de las 13 regiones estaban en el lugar 12. Por tanto, dados mis conocimientos, me consultaron si sería capaz de sacar adelante la misión. Cuando asumí, una de las primeras tareas que sugerí a la Intendencia fue que sacaran la decisión de tomar los contratos dentro de la Intendencia.
Fue así que surgió la idea de generar un convenio de mandato, de acuerdo con el artículo 16 de la ley N° 18.091, que viene en la Ley de Presupuestos. Se llama convenio de mandato completo, gracias a lo cual eliminaron el convenio de mandato simple. De esa manera, entregaron a las unidades técnicas la facultad de generar las bases, hacer la licitación, adjudicarla y firmar los contratos. Eso les permitió sacar una serie de situaciones de control muy importantes.
Así es que tengo un juicio respecto de los distintos sistemas de control y pienso que, en general, funcionan. Revisé las 9 auditorías que se hicieron entre 2008 y 2009 y no existen aprensiones respecto de los distintos tipos de sistemas de control que hay.
Consultado cómo era el control directo que ejercía el intendente De la Maza , como persona, respecto de sus subordinados, respondió que a veces las caricaturas ayudan a explicar de mejor manera lo que uno quiere decir. Sin embargo, el dicho “bajo sus narices” es bastante malo, en el sentido de que las organizaciones funcionan en forma piramidal.
En una organización administrativa la pirámide tiene que ver con la línea de mando. El que está más arriba es el que manda hacia abajo. Sin embargo, el que se encuentra más abajo tiene mayor información administrativa. Luego, el segundo nivel va trabajando con los informes que va elaborando la gente administrativa. El tercer nivel, que en el Gobierno Regional vendrían a ser los jefes de departamentos, debe hacer informes mensuales, producto del trabajo puntual que están haciendo las distintas personas. El cuarto nivel corresponde a los jefes de división. A ellos les corresponde hacer informes consolidados de la información. Y cuando la información llega al gerente general, no se le muestra la carpeta para que revise cada una de las cosas. Es por eso que el intendente no firma cheques. Si no fuera así, la velocidad con que marcharía una institución dependería exclusivamente de la capacidad de revisión que tenga la persona que está al más alto nivel de la pirámide.
Entonces, dado el sistema de control, dentro de la forma que tiene, él está acorde a lo que le corresponde, es decir, analizar la estrategia desde el mediano al corto plazo, si efectivamente se avanza en el gasto presupuestario, si la región está bien priorizada respecto de la inversión, si una comuna se desarrolla más que otra o si, políticamente, están bien distribuidos los fondos, pues también hay que dar cuenta de ello. Además, debe demostrar que la inversión pública de la región se hace donde corresponde.
De esa manera, el control se hace de la forma en que está establecido en el manual de control, y no hay posibilidad alguna de que una persona que está a cargo de un sistema vea cada uno de los detalles.
Ante la pregunta sobre si estaba formalizado, por alguna resolución, algún manual de procedimiento, contestó que no están formalizados, pero que cada una de las personas que trabaja en el Gobierno Regional tiene muy claro cada uno de los pasos.
Hay tres cosas que tienen que ver con el llamado “manual”. Si uno tiene la paciencia de leer el informe Nº 211, al que hace mención el señor Víctor Hugo Merino , contralor subrogante, se dará cuenta de que hay, como observación, tres menciones al Gobierno Regional. Las más relevantes se encuentran en las páginas Nº 15 y 16. Las primeras no tienen mucho que ver con el caso; incluso hay un error, porque la Contraloría señala que un proyecto de Batuco es responsabilidad del Gobierno Regional de Valparaíso.
Por lo tanto, uno debe entender la naturaleza de los informes. Y en el informe Nº 211 de la Contraloría no se menciona que el Gobierno Regional de Valparaíso no tenga manual de procedimiento. Tampoco señala que en los cheques no se anota el destinatario, pero sí señala -y es la observación más relevante- que no se genera la firma o el timbre de cancelado para las facturas que están pagadas. Finalmente, dice que esa observación ha sido respondida satisfactoriamente por el Gobierno Regional, así es que no la da como una observación que siga vigente.
La Contraloría señala que siempre que no haya un manual de procedimiento propio, se debe seguir el genérico del ministerio a cargo, en este caso, el de la Subdere, que sí tiene un manual de procedimientos. Por lo tanto, si no hubiera manual propio, habría que ceñirse al de Subdere.
Ahora también está el famoso programa Methasys, que ya se ocupa al menos en ocho regiones. La lógica de generar un software es que permite ir paso a paso y señala cómo éstos se van haciendo, pero el programa no nace antes del FNDR, sino que nace en un Gobierno Regional, gracias a funcionarios que dicen cómo se va haciendo el proceso y van obligando a hacerlo.
El año 2000, como Gobierno Regional, contratamos una asesoría a la Universidad Adolfo Ibáñez. Llamamos a licitación, hubo varias propuestas y ganó la de dicha universidad. Fue al término de la gestión de don Gabriel Aldoney y yo estaba a cargo del departamento de Control de Gestión, por lo cual me tocó ser la contraparte interna en ese estudio. Una de las conclusiones del mismo fue que en ese tiempo había dos divisiones. No existía la tercera división, lo cual fue parte de la discusión de la reforma de la ley Nº 19.175, sobre gobiernos regionales, y que se plasmó en la ley Nº 20.035.
Hablo de ese estudio porque una de las conclusiones importantes dice que el Gobierno Regional, al tener dos divisiones, termina siendo un monstruo de dos cabezas y que quien está a cargo de ambas, que es el intendente, está muy lejos de las decisiones diarias que se tienen que tomar para que la organización camine. Esa fue la razón de que se propusiera la creación de la figura de gerente regional, lo que les parecía muy bien.
Por otra parte, la Subdere, que estaba de acuerdo con ese diagnóstico, presentó un proyecto de ley que se fundaba en la misma idea, pero creaba la figura del administrador regional, proyecto que se discutió, pero, finalmente, no se aprobó. Lo que sí se aprobó fue la creación de una tercera división, la de planificación.
Administrativamente, la envergadura de trabajo que hay que hacer con este doble sombrero de ser servicio administrativo -Gobierno Regional- y ser gobierno interior -Intendencia- es una situación que hace que presencialmente sea imposible cumplir ambos roles.
Consultado si es amigo o persona cercana del círculo más próximo a don Iván De La Maza , respondió que no soy amigo de él. Laboralmente me siento una persona agradecida, ya que fue él quien, después de desempeñarme durante once años en el Gobierno Regional, me permitió asumir un desafío que para mí fue absolutamente emocionante: hacerme cargo del Gobierno Regional, gracias a lo cual después me nombraron Seremi.
Respecto de la fecha en que se enteró del fraude, dijo que, oficialmente, cuando salió en el diario, el 22 de abril, pero tengo nociones de conversaciones que se generaron a partir del miércoles anterior, así es que ya sabía que algo estaba pasando, que había una situación complicada. Me avisaron que Gabriel Aldana se iba a reunir con el ex intendente porque tenía información sobre este tema. Fue, dos días antes, el miércoles. De manera tal que debe haber sido en forma simultánea a que tomara conocimiento Iván De la Maza . Me enteré de que Gabriel Aldana habría llamado al ex intendente. No sé si directamente o a través de alguien, pero le pidió que se juntaran, porque quería conversar con él para contarle que en la Intendencia estaba ocurriendo algo de gravedad.
Consultado si tuvo conocimiento sobre un comentario que aparentemente circulaba en el Gobierno Regional en cuanto a que ciertas personas estaban exhibiendo un estilo de vida que se apartaba del que normalmente debían tener, en función de sus ingresos, lo cual resultaba sospechoso, señaló que no. Y espero que en algún momento se tenga mejor información o más certeza sobre eso. La única información que tengo al respecto es la que apareció en la prensa, que corresponde a declaraciones del señor Aldana . Él dijo que el día que dejó su cargo, el 31 de marzo, si no me equivoco, le informó al nuevo jefe de división, al que lo reemplazaría, el señor Núñez , que tuviera ojo, porque el funcionario que acababa de retirarse de su oficina, Lorenzo Leiva , no vivía la situación que le correspondía, de acuerdo a su sueldo. Eso es lo que él informa en la prensa y el único antecedente que tengo. Además dijo que se lo informó a Núñez, entiendo porque estaban realizando el cambio de cargo.
Interrogado cómo cree que pudieron desaparecer cuatro facturas que debieron ingresar por los conductos regulares y conforme con todos los controles que se tenían en la Intendencia, respondió que lo que pasa es que uno trata de ver el funcionamiento del sistema de control, y una de las premisas básicas de generar un sistema de control es que funciona siguiendo procedimientos. Pero así como existe el procedimiento, pueden existir personas que lo van revisando, en lo que se conoce como control cruzado. Pero cualquier sistema de control, incluso el más perfecto, falla cuando las personas se coluden para evitar los procedimientos que se han creado. De hecho, yo creo que pasamos la gran mayoría del tiempo generando controles desde el punto de vista de la creación del proyecto, de manera que en el transcurso del mismo no pasara algo, porque esto no es lo mismo que un supermercado o un pub, donde uno debiera hacer, por ejemplo, como he escuchado, controles sorpresivos de arqueo de caja, porque aquí no figura eso. En este caso el flujo presupuestario y la contabilidad van bastante aparte. Entonces, no es llegar y hacer un arqueo de caja, como uno se lo imagina en otro tipo de control. Por tanto, cuando no se cumple un procedimiento, se rompe el círculo, y la única posibilidad de que ello ocurra es que las personas que participan en el procedimiento estén coludidas o, si no lo están, que sean engañadas o poco diligentes. Pero ésa es la única forma. Es decir, aquí hubo procedimientos que no se cumplieron.
No sé si aparecieron o desaparecieron facturas. Yo leí la información que apareció en la prensa. Sin embargo, para que seamos muy rigurosos, dado el conocimiento interno que tengo, le puedo decir que esta situación se descubrió por una casualidad, no por un sistema nuevo aplicado a raíz del cambio de Gobierno. Es decir, no es que haya llegado un nuevo Gobierno y haya dicho: “Preocupémonos de auscultar todo.”.
Consultado por el hecho de que en el informe que recibió el ex intendente De la Maza , en enero, se decía que había irregularidades, que había mucho dinero entregado como anticipo, sin marco presupuestario, y que debía ser reintegrado con urgencia, explicó que a través de la prensa o del canal de televisión de la Cámara he escuchado a algunas personas decir eso acá, pero no es efectivo. Es cosa de leer el informe. Ahí, primero, ella no señala urgencia. Dos, en la sesión, a ella, la auditora, se le preguntó al menos veinte veces sobre la misma situación, y respondió que, efectivamente, se habían encontrado irregularidades, pero después comenzó a responder que era un problema administrativo. Finalmente, a una pregunta del diputado señor Torres, acerca de por qué no entregó el informe al nuevo intendente, dado que existían irregularidades, ella respondió: “Es que yo suponía que esto se había regularizado entre enero y febrero.”.
Leer hoy el informe es muy distinto a haberlo hecho el 21 de enero, cuando no se tenía ni una sospecha de que esta situación estaba pasando. Es otro contexto.
Ella señala, además, en esa misma respuesta, que cuando por casualidad, mientras revisaba los proyectos del Valparatango, encontró una situación rara, lo primero que hizo fue consultar con una amiga de la Contraloría a la cual le tenía confianza. Pero, además, éste no fue un informe de auditoría, sino que una cuenta con motivo del cambio de gobierno. Es un balance de comprobación y saldo, que acumula resultados.
27) El señor Javier Vargas , ex funcionario administrativo del Departamento de Inversiones del Gobierno Regional, en sesión 19ª, celebrada el jueves 12 de agosto de 2010.
Sostuvo que su función en el Departamento de Inversiones era recibir todas las facturas con los antecedentes, las que ingresaba en una planilla Excel, porque se debía llevar un control mensual de todos los gastos que se hacían en los proyectos.
Luego de que llegaban de la oficina de Partes las facturas con los antecedentes y con el oficio conductor del alcalde o el director de obras, ingresaba el avance de obra y los montos de la factura a la hoja Excel. Posteriormente, esos antecedentes se pasaban al coordinador del proyecto que, a su vez, revisaba que estuvieran todos los antecedentes: el avance de obra, boleta de garantía, si correspondía; certificado de la Inspección del Trabajo y seguros.
Cuando llegaban las facturas, el primer estado de pago de la misma, se cotejaba en la lista de proyectos que a ellos les entregaban, es decir, si ese proyecto estaba, si correspondía, puesto que tenían un código BIP. Yo hacía la autorización de pago, en la que se colocaban todos los antecedentes, el código BIP, el nombre de la empresa, el nombre del proyecto, el monto por el cual fue contratado.
Preguntado si daba el visto bueno para hacer el cheque, responde que no le correspondía hacerlo. Hacía la solicitud de autorización de pago y luego lo firmaba el jefe de la división.
Consultado si recuerda haber emitido la solicitud para que se girara un cheque a nombre del señor Aubele, respondió que no. Lo conocí por las noticias.
Interrogado cómo pudieron girarse los cheques sin que el declarante haya hecho la solicitud, indicó que muchas facturas pasaban directamente a finanzas, situación que reiteradamente se la hice ver a mi jefe directo, al señor Oyarzún , y al señor Víctor Quinteros , el jefe de la división. Algunos contratistas venían a consultar por su estado de pago o por qué no les pagaban, pero esas facturas no habían llegado directamente a Inversiones, lo que era una irregularidad.
Ante la consulta sobre si revisaba detalladamente los documentos para que se emitieran los cheques, expresó que lo hacía documento por documento. Primero tenía que estar el oficio conductor con la firma del alcalde o del director de Obras . Luego, la factura o boleta de honorarios, si se trataba de una inspección técnica. Después, si correspondía boleta de garantía, ésta se exigía. De ahí, el certificado de la Inspección del Trabajo, con el listado de trabajadores, y si había algunos finiquitados se requería el certificado firmado por ellos, que acreditara que ya no se encontraban trabajando. Además, se revisaba el seguro de las unidades técnicas, junto al avance de obras.
Posteriormente, yo ingresaba eso al sistema en una hoja Excel, todos los meses, desde enero a diciembre. Allí veía de dónde era el proyecto, por ejemplo, si era de Valparaíso o de Los Andes. Luego, se lo pasaba al coordinador que trabajaba en el mismo departamento nuestro, junto a cinco personas. Ese coordinador debía volver a revisar. Si se me había pasado algo por alto, si había algún certificado vencido, como el de la Inspección del Trabajo, o algo que no correspondiera, el coordinador no autorizaba el pago.
Agregó que, previo a ello, igual se hacía la autorización de pago, pero el coordinador tenía la última palabra para decir que se pagaba. Incluso, se le pasaba una hoja donde venía detallado lo que tenía que traer el estado de pago, como boletas de garantía, si era una obra, o si eran anticipos o programas. Se veía todo lo que debía tener. Luego, el coordinador colocaba el código BIP del proyecto, el visto bueno y su firma.
A continuación, volvían a mí y yo los pasaba al jefe del Departamento de Inversiones , para que los firmara. Si no estaba él, se lo pasaba al jefe de división, señor Víctor Quinteros . Después pasaban a Finanzas. Se iban en un libro de correspondencia a ese departamento, donde lo recibía la secretaria y firmaba.
Además, había otras personas en el Departamento de Inversiones que hacían esta misma tarea, que estaban a cargo de las comunas.
Preguntado a quién más le llegaba la documentación que remitía, el declarante responde que la entregaba directamente a la secretaria del departamento - señora Inés Varas - en un libro de despacho.
La señora Inés Vara recepcionaba las carpetas y seguramente se las entregaba a su jefe, el que las repartía a los coordinadores, porque previo a ello y una vez que se revisaban en Inversiones, se volvían a revisar en Finanzas. Muchas veces se devolvían estados de pago. Con eso, ya había dos revisiones, y posteriormente el jefe del Departamento de Inversiones volvía a revisar -eso me consta-, luego pasaba a Finanzas y muchas veces devolvían algunos estados de pago, porque se nos pasaba algo por alto.
Preguntado si tiene alguna idea de cómo se produjo este fraude, responde que no, estoy tan sorprendido como lo están ustedes.
Preguntado si redactó alguna solicitud para pedir que se emitieran cheques a nombre del arquitecto señor Cerda , responde que por los proyectos, sí. Pero no podría recordar si entre esos cheques están los que hoy aparecen cuestionados, que son dos cheques de 48 millones de pesos.
Consultado si cuando llegó al Departamento de Inversiones, su jefe directo le explicó mediante un procedimiento escrito cuál era su trabajo, respondió negativamente. Me entregaron unas hojas de Excel en donde venían los nombres de todos los proyectos, de enero a diciembre. Había que llevar los gastos de todos los meses y así saber cuánto se gastaba mensualmente. Esas planillas las confeccionaba el señor David Serey . Tenía acceso al sistema Methasys. De hecho, todos tenían acceso al Methasys. Antes de trabajar en el Departamento de Inversiones, trabajé en la oficina de partes. Cuando estaba ahí, en reiteradas oportunidades -no recuerdo si lo hice por escrito o si mandé un correo- le dije a la jefatura que el Methasys era vulnerable. Se caía el sistema y se borraba toda la información que había.
Tenía un libro aparte, así es que toda la correspondencia que llegaba la ingresaba en ese libro y también en el computador. De manera que si se llegaba a perder alguna información, tenía el respaldo en el libro. Es un libro oficial que estaba ahí. De hecho, creo que lo siguen utilizando.
Preguntado cuál era su remuneración líquida, responde que entre 200 y 300 mil pesos. Líquido, porque tenía descuentos de préstamos. El sueldo era más, pero sacaba alrededor de 200 mil pesos. Aparte, después del horario, trabajaba en forma esporádica en construcción. También le hago trabajos a la Armada.
Preguntado si tenía amistad con el señor Leiva , responde que sí, tenía amistad. Él llegó entre el 2001 y el 2002. Como él supo que yo hacía trabajos de construcción, me preguntó si podía ir a su casa, porque se le llovía la cocina.
Reconoce que entró a veces a la oficina del señor Leiva , en el séptimo piso, como lo hacía un montón de gente. A veces le hacían consultas, pedían antecedentes. Eso era normal y mucha gente del Departamento de Inversiones iba y entraba a la oficina de Lorenzo Leiva. Era normal.
Respecto de Jaime Lorca , señala que éste llegó a trabajar el año pasado. No soy amigo de él, pero sí compañero de trabajo.
Desmiente haber entrado a la oficina del señor Leiva con un paquete que podría haber contenido dinero y nunca he estado con el señor Aubele en la oficina de él.
Lo visité cuando estuvo casado. Pero él se separó hace cinco años. Vivía en Quilpué, cerca del zoológico, en la casa del suegro. Cuando se separó, se aisló de la gente. Antes compartía con mucha gente, tenía muchos amigos en el Gobierno Regional, pero cuando se separó de su señora, se aisló, ya que mucha gente no compartía su relación con Harajá Mancilla , dado que ella era muy conflictiva.
Yo no era muy amigo de ella. Además, ella me tenía mala. De hecho Lorenzo Leiva se aisló de todos nosotros. Pero hace poco tiempo como que había empezado a juntarse nuevamente. Voy a repetir lo que dije en Investigaciones. Hace un tiempo fue a mi casa. Estuvo cerca de quince minutos fuera de mi casa, en la reja, porque mi señora tampoco lo puede ver. Fue alrededor de marzo, ya había antecedentes públicos del fraude y a mí ya me habían despedido.
Fue a mi casa a pedirme disculpas por todo lo que estaba pasando. Me dijo que no me preocupara, porque no tenía nada que ver. Le dije que me sorprendía, ya que lo conocía. Era una persona muy correcta. Todos nos admirábamos cuando íbamos a paseos, porque él era dedicado a sus hijos. Pero, de un día para otro, nada. Estuvo cuatro años sin ver a sus hijos. Cambió mucho.
Entonces, me pidió disculpas y me dijo que iba a asumir su responsabilidad, que estuviera tranquilo. Le respondí que de alguna forma a mí me saltó el barro, porque me despidieron y no me estaban pagando y que a él, que había reconocido su participación, lo tenían suspendido y le estaban pagando su sueldo.
Consultado a qué atribuye el hecho de que el señor Leiva le pidiera perdón, responde que no sé. Supongo que se sentirá culpable, porque me despidieron por la amistad que tenía con él. Eso no está en duda. Lo de la asignación presupuestaria y que no había recursos para pagar mi sueldo fue una excusa. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora estoy en esta Comisión por lo mismo, porque era su amigo.
Interrogado como adquirió un vehículo nuevo, contesta que lo compré en efectivo. Con plata mía. Lo compré en marzo de este año.
Añadió que se trata de una camioneta SsangYong del año 2007, que compré en Rosselot y me costó siete millones novecientos noventa mil pesos.
Consultado cómo los pagó, si tenía un sueldo de 200 mil pesos, explicó que trabajo para la Armada, para la Directemar. Aparte de eso, llevo mucho tiempo trabajando con el doctor Desmond, en su casa y en su parcela, y recibo muy buena remuneración. Además, a raíz del despido, me he dedicado más a la construcción, que es en lo que trabajaba antes, y ahora se gana mucho más plata.
Asimismo, tenía dinero de un préstamo solicitado cuando construí la casa y no lo ocupé completo, porque la casa la construí con mi papá, que también trabaja en la Armada; con mi hermano, que es técnico en estructuras metálicas, y con otro hermano que trabaja en construcción. En fin, entre todos los de la familia construimos la casa. Me sobró plata. La guardé para juntar más y construir un segundo piso, pero también quería comprar un vehículo. Se me presentó la oportunidad, pero me faltaba plata, así es que le pedí a mi hermano. El préstamo no está documentado, es de palabra.
Confirma que ha ido a declarar a Investigaciones, pero todavía no me han llamado de la Fiscalía.
Consultado qué razón le dieron para despedirlo, responde que por asignación presupuestaria.
Consultado si es efectivo que era amigo del señor Leiva y del señor Aldana , lo que permitía unirlos, porque entre ellos no son amigos, y que por lo tanto, era un nexo muy importante en la relación entre ellos, lo negó y agregó que siempre se supo que Gabriel Aldana y Lorenzo Leiva no se llevaban muy bien. Yo no era amigo de Gabriel, menos podía ser un nexo entre Gabriel y Lorenzo .
Declaró que es amigo de don Miguel Toledo . Al señor Julio Medina lo ubico pero no es mi amigo. Además, él trabajaba en el Gobierno Regional, pero nunca se veía, porque, según tengo entendido, estaba estudiando.
28) El señor Juan Antonio Véjar Melville , Consejero Regional de Valparaíso , presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y Consejero Vocero de la Comisión Fiscalizadora del fraude a la intendencia de Valparaíso, en sesión 20ª, celebrada el martes 17 de agosto de 2010.
Informó que la subcomisión investigadora entregó el día anterior a su exposición un preinforme, el cual tiene algunas observaciones aditivas solamente. Es decir, no hay observaciones ni cosas que haya que corregir, sino que agregar. La comisión está citada para examinar el informe definitivo y luego el Consejo Regional en pleno tiene que aprobarlo.
Esta comisión tuvo como función fiscalizar los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y de control, implementados por la ejecución del FNDR y del presupuesto del Gobierno Regional, por la administración del ex intendente Iván De la Maza , verificando, al mismo tiempo, los cambios introducidos por la administración del intendente Raúl Celis , y proponiendo nuevas acciones para una mejor gestión y control.
Como invitados tuvimos, entre otros, al ex intendente señor De la Maza , a los jefes de división, de Análisis y Control de Gestión, y de Administración y Finanzas; a los creadores y proveedores del sistema de control de gestión, el Methasys, que funciona en nueve regiones del país.
Preguntado si han logrado detectar algún tipo de responsabilidad personal, respondió que puedo confirmar que efectivamente, del examen de los antecedentes, al menos en mi opinión personal, pude verificar la existencia de hechos que, a mi juicio, constituyen a lo menos la configuración de negligencia culposa y, tal vez, hasta de negligencia dolosa. Sin embargo, ella es una calificación que hago a priori, a nivel personal, que finalmente es una calificación que debe hacer un juez de la República .
Respecto de las personas que están configurando este tipo penal, no tengo la documentación ni la información de quienes son exactamente. Ese informe estará el día lunes y lo vamos a evacuar a esta Comisión, a la Fiscalía, a la Contraloría y a todos los órganos que están buscando las distintas responsabilidades.
Consultado de qué manera funciona la base administrativa del CORE en el FNDR, el señor Véjar explicó que en la Ley de Presupuestos los Gobiernos Regionales tienen dos presupuestos: uno es el de funcionamiento del Gobierno Regional y, el otro, el de inversiones, que es donde está el FNDR y todo lo que es inversión pública regional. Separado de eso está el presupuesto de funcionamiento del GORE, donde está el ítem de reembolsos. Sin embargo, funcionan bajo la administración de un mismo órgano, que es la división de Administración y Finanzas.
Concordó con la proposición que se ha planteado el diputado señor Cerda , en el sentido de que se debe separar la función administrativa. La inversión pública regional y su administración deben estar en una división separada de la administración de los fondos que el presupuesto de la región otorga para el funcionamiento del Gobierno Regional.
Preguntado cuál es su opinión sobre una declaración que habría hecho el consejero regional, señor Percy Marín , de que algunos de los miembros del Consejo Regional estarían involucrados en este fraude, explicó que respecto del trabajo que desarrolló la comisión, no se encontró ningún avistamiento ni nada en cuanto a la participación de algún consejero regional o ex consejero regional en estos hechos. Por lo demás, resultaría extraña la incidencia directa de un consejero, porque son órganos distintos. El fraude está radicado en el Ejecutivo . Ésta es la vereda de enfrente, el Consejo Regional, que fiscaliza.
Consultado sobre la responsabilidad que pudiera tener la Comisión Fiscalizadora permanente del Gobierno Regional respecto de no haber pesquisado los hechos objetos de la investigación, el señor Véjar explicó que el presupuesto del FNDR del año pasado fue de 40 mil millones. Lo menciono para que vean la magnitud de las cifras y cuáles son de las EGIS del Gobierno Regional. En el presupuesto del FNDR, el presupuesto de inversiones es el que se establece para el funcionamiento del Gobierno Regional. Eso contemplaba glosas específicas, como el presupuesto de libre inversión, versus los aproximadamente 350 mil millones, que corresponden al que otorga la ley de Presupuestos de la Nación a los distintos sectores de la región, como Obras Públicas , Salud y Educación, más todas las provisiones. Lo que está pidiendo la región a la Dirección de Presupuestos para el próximo año alcanza los 900 mil millones de pesos. Reitero la cifra que era del FNDR: 40 mil millones. Ese es el monto del Gobierno Regional para la inversión pública regional.
Tal como lo señalé en un comienzo, el fraude, el robo que ha sufrido el presupuesto de la Nación, nos demuestra, patenta y justifica lo que hemos estado pidiendo los consejeros regionales desde hace mucho tiempo, aspecto que viene considerado en la modificación de la ley orgánica constitucional y que puede contar con el concurso del diputado señor Cerda , con quien, al parecer, estamos en concordancia sobre esta materia, en el sentido de que la ley nos dote de las herramientas necesarias para ejercer nuestra facultad fiscalizadora como corresponde. Estamos pidiendo, además de transferencias de competencias, que se nos otorguen herramientas de fiscalización.
Consultado si lo sucedido es algo que podría haberse pesquisado fácilmente, tanto a nivel del Gobierno Regional como a nivel de funcionamiento de la Intendencia, o era una situación difícil de pesquisar, el señor Véjar respondió que el fraude fue detectado a través de una auditoría regular, de las auditorías ordinarias que se hacen. Sin embargo, mediante el sistema informático de control de gestión y fiscalización, Methasys, que funciona en nueve regiones del país, en nueve gobiernos regionales, detectamos y confirmamos, tal como lo pueden ver en el informe preliminar que hemos entregado, que había mecanismos de control que estaban desactivados. Se puede presumir que de haber estado activados podríamos haberlo detectado. ¿Por qué estaban desactivados? Porque en este caso, como señalé, hay negligencias culposas y tal vez hasta dolosas.
Interrogado si el informe individualiza a los responsables, el señor Véjar responde que no, pero que son funcionarios que estaban a cargo de ese mecanismo de control de gestión, y es fácilmente identificable cuáles eran los funcionarios que cumplían esa función.
Consultado si reafirma la conclusión del informe preliminar de la Comisión del Consejo Regional en cuanto a que, aunque haya controles, si hay colusión con el afán de delinquir, ese tipo de acciones son casi imposibles de detectar, respondió que lo que se ha señalado más bien son premisas de las cuales se parte, las que están en el sentido de decir que cuando hay colusión para cometer un delito es casi imposible, es muy difícil, que haya un mecanismo de control para evitarlo. Siempre se va a cometer, pero uno puede perfeccionar los mecanismos de control para detectarlo a tiempo y detener a los culpables. Por ejemplo, cuando un ladrón quiere entrar a una casa, generalmente ningún mecanismo de seguridad va a impedirlo, si es que, efectivamente, se tiene la convicción, de modo que va a entrar. Los mecanismos de seguridad pueden servir para detectarlo y retenerlo, con el objeto de atraparlo.
Efectivamente, es muy difícil evitar que se cometa un delito cuando se colude gente para hacerlo. Uno parte de esa premisa para establecer y buscar las responsabilidades y las negligencias que se cometieron, en cuanto a si alguna persona dejó de cumplir con las obligaciones o los deberes que le son propios, proceder que resulta en un perjuicio.
Ante la referencia del informe citado, en orden a que hay mecanismos de control insuficientes, una precaria organización interna y que las autoridades están en deuda con la definición de lo que debería ser la organización de cada una de las divisiones, su descripción de funciones y cargos, graficó la situación, dando el ejemplo de la unidad de auditoría actual del Gobierno Regional, que cuenta con dos profesionales, uno de planta y otro a honorarios, el cual ni siquiera tiene responsabilidad administrativa. Por lo tanto, es de una precariedad absoluta, porque no dan abasto para ejercer un buen control.
Consultado si comparte lo dicho en el informe respecto a que el señor Aldana fue negligente en el desempeño de sus funciones, en términos de que no prestó los servicios que debería al Gobierno Regional y a su propio departamento, responde que la negligencia es un tipo penal que debe ser calificada por un tribunal. Éstas son algunas de las materias que surgieron de nuestra investigación, de la que realizó esta Comisión, del examen de los documentos y de la prestación de declaración de los invitados, en la que surgieron algunos hechos que pudieron ser o no constitutivos de negligencia. Eso va a ser trasladado -tal como lo fue a la Cámara de Diputados- a la Contraloría y a la Fiscalía, para que cada uno de esos organismos determine las responsabilidades pertinentes. Por nuestra parte, la ley orgánica constitucional no nos entrega facultades parar determinar o establecer ese tipo penal.
Interrogado acerca de si está de acuerdo con lo dicho en el segundo párrafo del punto Nº 5 del informe, que textualmente señala: “Esta subcomisión puede afirmar que la administración del ex Intendente De La Maza no implementó y el actual Intendente Celis no ha implementado un “Sistema Integrado de Control”, responde que efectivamente, es la observación que, incluso, hicimos en plenario y está en el informe, porque la ley orgánica constitucional nos señala que nuestra facultad es establecer las debilidades, fallas o ausencias en el sistema de mecanismo de control de gestión y proponer cuáles son sus medidas de corrección.
Preguntado si este informe es sólo del señor Ibacache o lo comparte la subcomisión investigadora, afirmó que reitero, este es un preinforme que ayer fue presentado a la comisión de fiscalización. Lo leyó el consejero redactor, el señor Ibacache, y en la próxima sesión de comisión, que es este jueves, le haremos modificaciones aditivas. Es decir, no vamos a sacar nada de esto ni modificar, sino agregar cosas que, a juicio de otros comisionados, quedaron fuera y debieran estar en el informe.
Ante la consulta de si comparte la opinión del ex intendente, en el sentido que los sistemas de seguridad y de control interno funcionaban bien, o al tenor de lo que dice este informe funcionaban mal, expresó que, en mi opinión, dados los hechos, es evidente que los mecanismos de control no funcionaron adecuadamente y por eso tenemos un robo. O sea, desde ese punto de vista, nos parece una obviedad, si usted quiere. Al plantearlo yo, evidentemente, no funcionaron los sistemas de control, sea porque no existieron o porque, existiendo, no fueron los adecuados.
Por ejemplo, el Methasys está funcionando, pero, a la luz de los hechos, dicho funcionamiento, desde mi punto de vista, no es el adecuado, dados los resultados que estamos viendo: el fraude se cometió. Es decir, aquí no existió un sistema que haya funcionado bien. A mi entender, si el sistema funciona bien, no debería haberse producido este fraude.
Consultado si estima que el fraude no se habría producido si hubiese habido una actitud distinta por parte del ex intendente, señaló que hemos detectado algunas actuaciones que, a nuestro entender, debieron haber sido de otra manera, y eso es lo que está plasmado en el informe.
Lo que sí le hemos señalado permanentemente al Ejecutivo , no sólo al intendente, ha sido lo inadecuado de los sistemas de control y lo frágil que es el sistema de administración del Gobierno Regional. Por eso, estamos solicitando modificaciones legales y que esta administración, sobre todo lo que es el presupuesto del propio funcionamiento del Gobierno Regional, esté en el Consejo Regional, el cual debe estar dotado de facultades para ello y de competencias que le sean traspasadas.
Preguntado si creía que si hubiera actuado más cuidadosamente y hubiera adoptado las medidas necesarias, el intendente podría haber revertido la situación, podría haber evitado lo que se produjo, indicó que puedo suponer que habrían disminuido considerablemente las posibilidades de comisión de un fraude. Sin embargo, como aquí se dijo y se recalcó, cuando se quiere cometer un delito y hay colusión para ello, es imposible evitarlo. A lo mejor, podríamos disminuir las probabilidades, nada más.
Preguntado si se estaba frente a un Gobierno Regional desprotegido para enfrentar las posibilidades de una acción delictual como la que se ha conocido u otras que se hubiesen producido, respondió que claramente. Por eso se produjeron los hechos que estamos investigando. También hemos dado este aviso perentorio al Ejecutivo nacional y a todos los demás gobiernos regionales, para que adopten los resguardos necesarios, porque, como dije, en nueve regiones se utiliza el sistema de control de gestión denominado Methasys. Por eso, lo primero que hicimos fue colocar en estado de alerta a todos los gobiernos regionales.
Consultado si no existe un Sistema Integrado de Control, que resguarde suficientemente los fondos públicos en la Intendencia Regional, responde que en las últimas semanas, el actual jefe de la división de administración y finanzas ha trabajado fuertemente con la comisión de fiscalización, precisamente, porque, hace unas semanas, cuando detectamos esas debilidades, rápidamente iniciamos una labor de perfeccionamiento de los sistemas de control de gestión en el Gobierno Regional, como cambiar las claves y establecer un sistema de manejo de claves por parte del personal que sea más seguro, pues antes se compartían.
A nuestro juicio, debe haber una modificación integral en materia de legislación. Se deben separar las competencias. Ya se hicieron las modificaciones necesarias a la Constitución Política para separar mejor las funciones del intendente que son propias del Gobierno Interior, de las que corresponden al Gobierno Regional. Ahora hay que llevar esa modificación a la ley orgánica constitucional. Asimismo, se debe dotar a las regiones de las normas y mecanismos necesarios para ejercer la fiscalización y administrar mejor el presupuesto de la región, con sus respectivos mecanismos de control de gestión.
Preguntado si tiene alguna hipótesis sobre dónde pueden estar los recursos que faltan, aparte de aquellos que han sido confesados, responde que espero que a través de la Fiscalía podamos tener noticias acerca de eso.
29) El señor René Lues Escobar , Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso , sesión 20ª, celebrada el martes 17 de agosto de 2010.
Consultado qué funciones realizaba el señor Jaime Lorca en relación con el Consejo Regional, explicó que la División de Finanzas tiene que revisar todos los antecedentes que el Consejo Regional envía respecto de los consejeros, tanto del pago de sus asignaciones como también del reembolso de los gastos en que incurren en el cumplimiento de sus funciones. La ley no establece para los consejeros un viatico, como sería lo ideal, sino que estipula un reembolso de los gastos en que incurran con motivo del cumplimiento de las funciones públicas que el Consejo les mandata y cuyo tope máximo es el equivalente al del intendente en las mismas condiciones. Ello significa que hay que enviar todos los meses un informe con todos los comprobantes, boletas, asistencias de comisiones, porque ustedes saben que la ley establece que a los consejeros se les cancelan asignaciones por asistencia a sesiones plenarias y por asistencia a las comisiones. Son 10 UTM, si asiste a sesiones plenarias, a todas las del mes, y 6 UTM, si asiste a un mínimo de tres comisiones. O sea, hay que informar todos los meses las asistencias a comisiones y a las sesiones plenarias, con las respectivas firmas de asistencia, y hay que informar todos los gastos, comprobantes, boletas, en fin. Todo eso llega al Departamento de Finanzas . Por tanto, Jaime Lorca estaba a cargo de revisar la correspondencia entre lo enviado y lo que finalmente ellos extendían como tal. A veces teníamos algunas diferencias, porque se mandaba alguna boleta que no correspondía a la sesión. Ellos la bajaban, y si es que efectivamente correspondía, uno reinsistía, explicaba, en fin. Ese es el tema; básicamente tiene que ver con esa función.
Preguntado por las funciones que realizaba el señor Francisco Baeza Vallejos en el año 2008, manifestó que el Consejo Regional siempre se quejó del intendente de que no teníamos un interlocutor permanente con el CORE, porque el intendente regional le daba tanta relevancia al Consejo Regional que él mismo era quién interlocutaba permanentemente con los consejeros. Nosotros le dijimos que había cosas puntuales que requerían rápida información o que no requerían de su presencia física. Entonces él puso a Francisco Baeza como la persona que se relacionara con el Consejo para temas específicos de inversión pública.
Consultado si sabe cuándo el señor De la Maza tuvo conocimiento de estos hechos y cuál fue su reacción, dijo que somos amigos con Iván De la Maza . Una vez producido este fraude, me enteré dos días antes de que apareciera publicado en El Mercurio, en medio de una actividad, a través de Gabriel Aldana. Antes no tuve ni siquiera sospechas.
Un día me encontré con Iván De la Maza en el Consejo Regional y su estado era de indignación absoluta. Ese sentimiento lo compartíamos todos: indignación, perplejidad, consternación. Fue una situación muy complicada. Esa vez que lo vi, lo encontré en un estado de indignación furibunda.
Nunca observé actividades o conductas irregulares que me hicieran pensar que se estaba produciendo este fraude en el Gobierno Regional.
No soy amigo de Gabriel Aldana. Con él tuve una relación de dulce y de agraz. Él en su rol y yo en el mío. Empezamos no entendiéndonos, pero terminamos con una relación muy positiva respecto del CORE, que es mi tema, porque lo mío es el Consejo Regional. Al final del período, cuando nos entendimos en nuestros roles, tuvimos una relación muy positiva y de mucho apoyo para el Consejo Regional. No somos amigos, pero le tengo aprecio.
Con Lorenzo Leiva he tenido una relación más directa. Tampoco éramos amigos, porque para mí la amistad tiene un contenido muy profundo, pero sí teníamos una muy buena relación. Siempre tuvo una excelente actitud respecto de la región. Por lo tanto, no tengo nada que reclamarle en su rol hasta antes de este fraude.
Lo mismo puedo decir de Jaime Lorca , un funcionario solícito, rápido, oportuno, siempre de buen tono, de buen ánimo. Ninguna queja en su trabajo.
30) El señor Percy Marín Vera , Consejero Regional , en sesión 21ª, celebrada en jueves 19 de agosto de 2010.
Sostuvo que desde el primer minuto en que ocurrió esto, y tal como lo he hecho durante toda mi gestión como consejero regional, cuando denuncié y constituí una comisión investigadora para el caso de los PGE, o del escándalo de los planos reguladores, en que también se gastó más de un millón de dólares, en esta oportunidad también me quise sumar. Apenas se desató esta denuncia tan importante y se evidenció este fraude, inmediatamente traté de buscar antecedentes suficientes para aportar a esta investigación.
Me reuní con consejeros regionales, vimos la posibilidad de indagar más allá para aportar a la fiscalía. Así, a pocos días de aparecer este escándalo, me reuní con el fiscal con la finalidad de dar a conocer varios antecedentes. Por mi perfil y porque también fui presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, se me acercó mucha gente temerosa, porque en este fraude también está implicado el caso de una muerte. Tenga o no vínculo, en definitiva, la gente se asusta, porque puede tener ribetes distintos. Nadie lo sabe, pero sí había un cierto temor. En ese sentido, había personas que tenían temor de prestar declaraciones y -fue uno de los puntos que toqué con el fiscal-, en cierto modo, de cooperar con el ordenamiento de la investigación.
El funcionamiento del Consejo Regional, fundamentalmente lo que dice relación con el Departamento de Finanzas, era un tema desconocido para todos, incluso para nosotros. Esto se hacía en el piso séptimo. Nosotros en el cuarto prácticamente no teníamos ningún vínculo, más que las presentaciones que, como consejeros, nos hacen en los momentos que corresponde, cuando nos dan la cuenta pública, en fin. Pero más allá no podemos llegar.
Y me parecía importante que se tomara declaración a personas que habían servido con anterioridad en esa función. Eso fue, principalmente, lo que fui a hacer a la fiscalía. Naturalmente, los datos de personas son inherentes a la investigación y yo, por el secreto que ello implica, no puedo darlos. Pero eran personas que querían ir a declarar, no eran personas que yo pensaba que estaban implicadas.
Después de eso, presté declaración a los medios de comunicación y las declaraciones también fueron en ese sentido. Fueron declaraciones que no implicaban a nadie. Pero sí, cuando se me preguntó mi apreciación personal, y me hago cargo de eso, no descarté absolutamente nada. Si me preguntaron acerca de si había consejeros regionales involucrados, no lo descarto. Había rumores de que había consejeros regionales involucrados o ex consejeros regionales implicados. De hecho, hace un par de días formalizaron a Julio Medina, quien era ex CORE.
En un principio, cuando recién se desató este escándalo, también se habló de que había una cantidad de 500 ó 600 millones de pesos -que era parte del fraude- y en esa ocasión señalé que lo más probable era que llegáramos a 1.600 ó 1.700 millones. Vamos en eso y creo que un poco más.
En cuanto al tema de las campañas políticas, en el pleno del Consejo Regional se me pidió que si tenía algún antecedente que lo entregara. También di mi apreciación personal. Tanto la fiscalía como esta misma Comisión han hablado de esta cantidad de dinero. Si no alcanzan a aparecer en este minuto, en forma visible, bienes o recursos que no superan los 100 ó 150 millones de pesos, en circunstancias de que estamos hablando de 1.700 millones, obviamente hubo una fuga. Respecto de esa fuga, tengo una apreciación personal. A lo mejor me puedo equivocar, pero creo muy posible que muchos de esos recursos, mucho de ese dinero, se haya ido a campañas políticas.
Consultado si a la luz de los antecedentes que acaban de salir a la opinión pública a través del diario La Segunda y del diario El Mercurio de Valparaíso, que dice que parte de esos dineros habrían ido a financiar la campaña del señor Chahuán , de Renovación Nacional; del señor Pinto , de la Democracia Cristiana y de Trivelli, de Marco Enríquez, reafirmaba sus dichos con esto, si eran las sospechas que tenía, expresó que no, en ningún caso. Cuando hablo de campañas políticas, hablo en términos generales. Cuando se hacen imputaciones tan graves respecto de determinadas personas en forma puntual, esas acusaciones graves tienen que ser probadas por los tribunales de justicia. No me puedo hacer cargo de ese tipo de cosas.
Se le preguntó si está de acuerdo con el informe preliminar del Consejo Regional donde se habla de irresponsabilidad por parte de algunos de los funcionarios de la intendencia y se nombra al ex intendente De la Maza y al señor Gabriel Aldana , expresó: Sin lugar a dudas. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que hubo una negligencia inexcusable, por una parte, y una responsabilidad administrativa clara. Esta especie de saqueo fue tremendamente burda. Quedó a la vista en la investigación e incluso en reportajes de televisión que, se hiciera lo que se hiciera, fallaron todos los sistemas de control de gestión y fiscalización. Esto, al parecer, sucedía hace mucho más de un año. Entonces, obviamente que es una responsabilidad importante del mando.
Estoy absolutamente de acuerdo con el informe que presentó el CORE. Este informe, de partida, cuenta con la unanimidad de los consejeros regionales, de los 28. Quiero destacar ese acuerdo porque representa absoluta y totalmente el espíritu de este cuerpo colegiado.
Ante el comentario de que dentro del informe que el consejo regional está presentando se habla de que, a pesar de que el intendente actual habría tomado ciertos resguardos, éstos no son suficientes para evitar que la misma situación pudiese volver a ocurrir, sostuvo que el actual intendente hizo todo lo que estaba a su alcance y todo lo que correspondía hacer en ese minuto para tomar todos los resguardos de los recursos públicos y de la forma como se habían ejecutado las operaciones hasta ese instante. Él tomó todos los resguardos. Con lo que se menciona no estoy de acuerdo y no recuerdo haberlo visto en el informe.
Si bien es efectivo que faltan manuales de procedimiento, se tomaron todos los controles. De hecho, el personal que se podría haber separado de sus funciones fue cambiado de acuerdo a la calidad de contrato que tenían. Pero naturalmente falta trabajar en estos mecanismos de control de gestión y fiscalización y tiene que ser una tarea conjunta tanto del intendente como del Consejo Regional, y estamos trabajando fuertemente en eso.
Compartió la opinión de un señor Diputado , en orden a que resulta necesario crear una División de Finanzas separada para todo lo que es inversión del FNDR. Más que eso, debería haber una unidad de control más especializada y que tenga cierta independencia en el organigrama.
31) El señor Rubén Jeldes González , fiscalizador técnico del Gobierno Regional de Valparaíso, en sesión 21ª, celebrada en jueves 19 de agosto de 2010.
Mi cargo es profesional, grado ocho, de Control de Gestión, y actúo como fiscalizador técnico. Eso significa que sólo veo la parte técnica, no tengo nada que ver con estados de pago o dineros. Solamente me preocupo de la calidad y de las etapas sucesivas de las obras.
Consultado sobre su conocimiento de la situación que investiga esta Comisión, expresó: Conozco a los involucrados por mis años de permanencia en el Gobierno Regional y porque tuve reuniones con algunos de ellos. Los ubico, pero no soy su amigo, ni nada de ellos.
Desconozco cuáles son las obras fantasmas. No sé cuáles son. No estoy enterado, por ejemplo, si esta obra es fantasma o esta no.
No conocí ni escuché nunca hablar del señor Aubele y de su empresa.
Preguntado si alguna vez recibió presiones o indicaciones para no cumplir la ley o los reglamentos, en la función de fiscalización que cumplió, ya sea de alguna persona o autoridad profesional, dijo que del Gobierno Regional, ninguna. A veces algunas externas. De repente llaman por teléfono.
Voy a cumplir ocho años como funcionario y si usted mira mis informes, se dará cuenta de que soy bastante riguroso técnicamente. Lo que hay que decir, lo digo, y está todo escrito. Estos informes son públicos y ustedes los pueden pedir. Están firmados por las dos jefas: la del departamento y la de la división. Por lo tanto, son válidamente públicos.
Muchas veces recibí llamadas, años atrás, pero ya pasó eso. No quiero ni hablar de ello. Me trae malos recuerdos.
Hubo llamadas, pero respecto del fraude que ustedes investigan, ninguna.
Le llamaban contratistas. Eran llamadas de cabinas a las que uno no les puede seguir el código. Incluso podían ser personas diferentes.
Ninguna de esas llamadas tenía relación a algún proyecto que estuviera ejecutando el señor Cerda .
Consultado si se repetían muchas empresas en los proyectos que le corresponde fiscalizar, señaló: Bueno, yo me topo con ellas. Hasta el año pasado éramos dos fiscalizadores para trescientas obras, más la revisión de los proyectos PMU, en cuanto a precios y adjudicaciones, fundamentalmente, y los regularizamos. Esos son ciento y tantos proyectos más. Entonces, este año entró una colega el 4 de enero. ¡Imagínese las presiones! Tengo presión en mi trabajo, pero, gracias a Dios, soy una persona idónea, ya que tengo dos profesiones.
No tengo nada que agregar respecto de lo que se investiga. Desconozco todo. No tengo interrelación con la gente involucrada. Los saludaba como caballero. Saludaba al ex intendente, porque yo también llego temprano y a veces no topábamos en el ascensor y, por deferencia, me iba después, en el siguiente viaje del ascensor.
Preguntado por la opinión profesional que tiene de Lorenzo Leiva , afirmó que en todo el tiempo que él estuvo, sólo nos saludábamos. Desconozco el funcionamiento del Departamento de Inversión. Conozco muy bien el departamento donde trabajo, que es Control de Gestión.
Consultado si era efectivo que el declarante fuera amigo o una persona muy cercana al arquitecto señor Cerda , dijo: Eso es falso. Lo que hice fueron labores profesionales en una obra en Calle Larga, que estaba con problemas de atraso excesivo. Hubo reuniones en que participé con mi jefa, con la Secretaría Regional Ministerial de Educación, porque, en ese sentido, éramos dos los financistas: el Gobierno Regional y el Mineduc.
Entonces, se habían detectado cambios. Y después, cuando faltaba muy poco para terminar Calle Larga, la unidad técnica y la municipalidad cambiaron misteriosamente el Liceo Técnico, en el sentido de ingresarlo a la jornada escolar completa.
Así es que tuvimos que organizar una verdadera cruzada, llamábamos a cada rato al señor Cerda , porque no había gente, no había material. Lo conocí por un asunto laboral, del servicio. Tuvimos que asistir a algunas reuniones con él, en las que también participaron el Seremi de Educación de la época, mi jefa y gente del Mineduc.
Interrogado si recibió alguna vez una invitación, por parte de alguna autoridad de la Intendencia o del Gobierno Regional, a participar en algún tipo de campaña política, sostuvo que no. Mi labor es ciento por ciento profesional. Llego a la oficina, me dedico a revisar el trabajo del día y luego salgo a terreno. Así lo hago todos los días.
Se le preguntó si en épocas electorales, como en los años 2008 y 2009, había una actitud generalizada por parte de los funcionarios en orden a participar en campañas políticas, a lo cual respondió: No tengo información al respecto. Yo hago mis informes y, entre nueve y nueve y media, con una salida predefinida, ya estoy en viaje a la obra. Por lo tanto, mi permanencia en el Gobierno Regional es corta. Mi labor es más de terreno.
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Una vez que la Comisión escuchó los testimonios de los invitados y recibió los documentos reseñados precedentemente, se abocó al estudio de las conclusiones que derivaron de su trabajo.
Se hace presente que las conclusiones y recomendaciones de la Comisión fueron aprobadas por unanimidad. Votaron a favor las Diputadas señoras María José Hoffmann Opazo y Andrea Molina Oliva , y los Diputados señores Eduardo Cerda García ; Edmundo Eluchans Urenda ; Rodrigo González Torres ; Cristián Monckeberg Bruner (en reemplazo del Diputado señor Gaspar Rivas Sánchez) ; Nicolás Monckeberg Díaz (en reemplazo del Diputado Joaquín Godoy Ibáñez) ; Marcelo Schilling Rodríguez ; Arturo Squella Ovalle ; Víctor Torres Jeldes e Ignacio Urrutia Bonilla (en reemplazo del Diputado Giovanni Calderón Bassi ).
Por acuerdo de la Comisión, forman parte de las conclusiones y recomendaciones aprobadas, las consideraciones que les sirven de fundamento.
En los capítulos siguientes se describen las consideraciones, conclusiones y propuestas acordadas por la Comisión.
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IV. CONSIDERANDOS.
La Comisión, con fecha 9 de septiembre de 2010, analizó las conclusiones y propuestas derivadas de la investigación realizada. En la sesión citada, se aprobaron, por unanimidad, los siguientes considerandos que sirven de base a las conclusiones que se señalan más adelante en este informe.
1º. Que mediante oficio N° 8706, de fecha 5 de mayo de 2010, de la Presidencia de esta Corporación, se informó que la Cámara de Diputados, en sesión de esa fecha y en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República, y 297 del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la solicitud de 51 señores Diputados, para crear una Comisión Investigadora que indague “el presunto fraude realizado por medio de pagos injustificados por proyectos inexistentes en el Gobierno Regional de Valparaíso”.
Todo ello, conforme a lo que se ha expresado en el Capítulo I (Introducción), de este informe.
2º. Que para el debido cumplimiento del encargo formulado, esta Comisión recibió los antecedentes, la documentación y los testimonios a que se hace mención en la parte inicial de este informe, en su Capítulo I (Introducción) y en el Capítulo II (Antecedentes Generales).
3º. Que resulta importante precisar ya, el alcance exacto de la tarea que la Sala de la Honorable Cámara de Diputados encomendó a esta Comisión para saber claramente qué se espera de nuestra investigación y con qué propósitos.
En el lenguaje corriente se dice que nos corresponde determinar las responsabilidades políticas en relación con los hechos denunciados, pero ni la Constitución, ni la ley han definido en qué consiste ella y cuáles son las consecuencias que de ella se derivan, razón por la cual para determinar su naturaleza y su amplitud debemos hurgar en sus orígenes y en las normas constitucionales que le dan sustento.
La Constitución Política que hoy nos rige establece como una tarea exclusiva y excluyente de la Cámara de Diputados la de fiscalizar los actos del Gobierno. Esta facultad, que en los últimos años se ha ido legitimando significativamente, tiene su origen en que en un estado de derecho, en el que el poder político goza de ciertas potestades públicas para ejercer su labor, es indispensable contar con mecanismos de control de ese poder político, que cautelen que el ejercicio de los actos del gobierno se conforme al ordenamiento jurídico que los rige. Más necesario es ello todavía en un régimen presidencialista como el chileno, donde es necesario un contrapeso y un control externo al propio gobierno.
La tendencia ha sido avanzar cada vez un paso más en el fortalecimiento de la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados como una forma de atender a la creciente exigencia de la ciudadanía de que haya transparencia en el ejercicio del poder. Los chilenos han tomado conciencia de su propio rol como agentes fiscalizadores de las autoridades, convirtiéndose en activos participantes de las instancias fiscalizadoras que se generan a nivel público y que son expuestas a través de los medios de comunicación.
Una de las tareas de fiscalización que la Constitución establece y encarga a la Cámara de Diputados es “crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno”, conforme a lo establecido en la letra c) del N° 1 de su artículo 52.
Es cierto que muchos cuestionan la falta de eficacia de la labor de las Comisiones Investigadoras, al no tener ésta facultad de imperio ni muchas otras atribuciones de sancionar e investigar de las que gozan los tribunales de justicia o los órganos persecutores. Sin embargo, ello no significa que la labor de las comisiones se limite a tener un valor meramente simbólico. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos su efecto más importante pasa por la repercusión en términos comunicacionales y de opinión pública, también lo es que la investigación realizada puede arrojar resultados que se traduzcan en una acusación constitucional contra el funcionario de que se trate, con sus sanciones de destitución e inhabilitación asociadas.
La acusación constitucional en juicio político es, quizá, la forma más emblemática y más severa en que la Cámara de Diputados ejerce su función fiscalizadora, y persigue hacer efectiva la responsabilidad constitucional de funcionarios y magistraturas, conforme a las causales que para cada caso establece nuestra Constitución Política, aunque es claro que muchas veces las exigencias para entablar una acusación constitucional son mayores que las que se exigen para hacer efectiva una responsabilidad política.
En el caso que investigamos vinculado a un Gobierno Regional, los únicos funcionarios teóricamente acusables de acuerdo a las disposiciones constitucionales son el Intendente y los gobernadores. Y ellos son también, en definitiva, los únicos en contra de quienes se puede hacer efectiva la “responsabilidad política” porque son los detentadores de “poder político” que, entendemos, es un requisito básico para hacer efectiva esta clase de responsabilidad.
Puede, sin embargo, reclamarse la responsabilidad política a quien ejerce o ejerció un cargo político aun cuando no pueda iniciarse una acusación constitucional por estar vencido el plazo para interponerla o porque la entidad de los cargos que fundamentan una responsabilidad política no alcanzan para hacerla efectiva a través de una acusación constitucional.
Entendemos que el presupuesto básico para que pueda hacerse efectiva la responsabilidad política de un funcionario político es que éste haya ejercido una función política. No es posible admitir que se puede perseguir responsabilidad política respecto de quien no ha desempeñado un cargo político.
Para concluir esta parte de nuestro análisis debemos consignar que la responsabilidad política la entendemos como el deber que tienen los funcionarios políticos que señala la Constitución de ser cuestionados y de explicar ante esta Cámara las acciones u omisiones en que incurran y que dañen el interés público. Más aun si, como consecuencia de esas acciones u omisiones, se siguen o pueden seguirse graves delitos contra ese interés o se infringe la Constitución o las leyes. Esta responsabilidad deriva de los altos deberes que supone administrar lo que no es nuestro: el patrimonio del estado que es de todos los ciudadanos.
4º. Que también debemos ocuparnos de precisar cuál es el alcance y qué significa la jerarquía en la administración. El poder jerárquico, según el destacado profesor de Derecho Administrativo Eduardo Soto Kloss , es “el conjunto de poderes jurídicos que la ley atribuye o confiere a determinado órgano de la Administración del Estado con la finalidad de ejercer las funciones de dirección en un ente, organismo o servicio integrante de ella.” [1]
Soto Kloss señala que este conjunto de poderes jurídicos, que se denomina “poder jerárquico”, comprende el poder de nombramiento, el poder de control y el poder disciplinario, y agrega: “…el poder de control es también inherente a quien está atribuido del poder jerárquico, ya que quien dirige una organización, o una división o sección de ella ha de tener, también, la posibilidad de comprobar si las directivas u órdenes dadas se han ejecutado y cumplido, lo han sido tal cual han sido impartidas, y se han obtenido los resultados tenidos en vista al dictarlas.”
En este sentido, el artículo 43 de le ley N° 18.575 es claro: “El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado, sobre las bases siguientes: (…) d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización…”
Soto Kloss señala: “este control se extiende tanto (a) al funcionamiento del organismo, ente o servicio, como (b) a la actuación del personal de su dependencia; es decir, se trata tanto de un control sobre el funcionamiento del organismo en el desarrollo de sus tareas o actividades y fines que debe alcanzar (satisfacción de las necesidades públicas concretas que la ley le ha encomendado en la promoción del bien común), como respecto de la actuación de los funcionarios que llevan a cabo esas tareas. En otros términos, un control objetivo sobre el ente en sus actividades concretas de bien común (para lo cual existe y ha sido dotado en sus órganos superiores de poderes jurídicos supraordenadores), y un control sobre las personas que concretamente realizan esas funciones.”
Soto Kloss continúa: “La ley N° 18.575, en su art.10 inc. 2°, hace referencia a las materias sobre que recae ese control, que debe versar tanto sobre la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de fines y objetivos del servicio o entidad, como sobre la legalidad y la oportunidad de las actuaciones. Así, el artículo establece: “Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.”
A continuación, Soto Kloss define “eficiencia” como “la virtud o facultad para lograr los fines previstos, la actividad con que se logra el efecto previsto deseado, o también el satisfactorio rendimiento en la realización de la actividad”, “eficacia” como “esa cualidad de lo que produce el efecto deseado o que se espera; es decir, la cualidad o idoneidad del medio empleado para alcanzar el fin previsto” y “legalidad” como “la conformidad a Derecho de la actividad realizada, y “oportunidad”, o sea, actuación en el momento preciso en que es necesario obrar, para satisfacer la necesidad pública que se presenta, y que el organismo está legalmente obligado a satisfacer.
Luego se refiere al “poder disciplinario”, inherente a todo jerarca, que emanaría del poder de control, y que, a su juicio, es “el modo a través del cual éste disciplina el actuar de los dependientes o subordinados, en cuanto se refiere a las conductas de éstos en el cumplimiento de la función administrativa que desarrollan”. A continuación agrega: “disciplina no es, en este aspecto, sino el orden que debe imperar en la organización, en tanto significa el debido cumplimiento de los deberes que la ley ha impuesto a los funcionarios para asegurar la debida realización de la función de bien común.”
5°. Que, como consecuencia de lo que venimos diciendo, nuestra tarea debe centrarse fundamentalmente en la conducta y las actuaciones del señor Iván de la Maza Maillet , que ejercía como Intendente Regional durante todo el período en que ocurrieron los hechos que debemos investigar. Ello porque según lo razonado en los considerandos 3° y 4° precedentes sólo desempeñaban cargos políticos y tenían poder jerárquico, y pueden, por lo tanto, llegar a tener responsabilidad política el Intendente y los gobernadores de cada una de las provincias de la región, que según lo que esta Comisión da por establecido, con el mérito de la información y antecedentes recibidos, los gobernadores de la región han estado ajenos a estos hechos.
6°. Que algunos de los testimonios recibidos por la Comisión han resultado inútiles, porque han tenido el propósito deliberado de favorecer o perjudicar a determinadas personas, o por confusos, equívocos o poco claros, o porque la Comisión los encontró poco veraces, o, sencillamente, por intrascendentes, razón por la cual, ha decidido prescindir de ellos para la elaboración de los considerandos y conclusiones a que se refieren los Capítulos IV y V de este Informe.
7°. Que otros testimonios de personas o respecto de personas que no tienen responsabilidad política y que se autoinculpan o acusan a terceros de haber participado en hechos aparentemente delictuales o cuasidelictuales tampoco se han recogidos en los considerandos y conclusiones, pero como igualmente han sido incluidos en el Capítulo III de este Informe, se harán llegar al Ministerio Público Regional conforme a lo que se establece en la conclusión N° 4 de este Informe.
8°. Que, a mayor abundamiento, el día viernes 3 de septiembre ante el Tribunal de Garantía se cumplió el trámite de formalización de seis imputados en esta causa, cinco de los cuales prestaron previamente testimonio en esta investigación, por lo que dada la situación procesal en que ellos se encuentran esta Comisión también ha decidido prescindir de sus testimonios como elemento fundante de las consideraciones y conclusiones a que se llega en los Capítulos siguientes de este informe.
9°. Que, consecuentemente, nuestro análisis se centró fundamentalmente en la diversa documentación recibida que incluye varios informes sobre los hechos investigados, a cada uno de los cuales se hará referencia en cada caso, y en los testimonios del señor Iván De la Maza Maillet , del señor Gabriel Aldana Domage , -quien, pese a no ser sujeto de responsabilidad política ejercía un cargo de muy alta jerarquía y fue precisamente en la división a su cargo donde ocurrieron los hechos investigados, del señor Contralor Regional (s), de la señora Sara Peñaloza , de la señora Elizabeth Montenegro y de la señorita Pamela Villarroel , antiguas funcionarias del Gobierno Regional que cumplían tareas importantes y cuyo testimonio se considera valioso.
10°.Que la documentación y los testimonios recibidos permiten a esta Comisión dar por establecido que en el Gobierno Regional de Valparaíso se organizó y ejecutó un fraude por cifras que exceden los $1.000.000.000.- a través del procedimiento de abultar el cobro de ciertas obras realizadas por sobre su valor real, en algunos casos, y a través del procedimiento de cobrar por obras que nunca se realizaron (obras inexistentes), en la gran mayoría de ellos.
En la situación de pagos abultados se encuentran los siguientes cheques:

En la situación de pagos efectuados por obras no ejecutadas se encuentran los siguientes cheques:

Todos estos cheques se encuentran firmados, en representación del Gobierno Regional, por el señor Lorenzo Leiva , como jefe del Departamento de Finanzas . Por su parte, como segunda firma, aparece, en ocho de ellos, la del señor Gabriel Aldana y, en otros ocho, la firma de la señora Sara Peñaloza .
En el caso de los últimos documentos, esto es, los pagados por obras no ejecutadas, todos corresponden a cheques entregados al señor Eugenio Aubele Guerín , quien los cambió por ventanilla en oficinas del Banco del Estado de Chile.
Ha quedado establecido, además, que para obtener el giro de los cheques se “fabricaron” en la división de Administración y Finanzas del Gobierno Regional carpetas que hacían aparecer como proyectos reales un conjunto de papeles con información falsa. Para el pago de los primeros cuatro cheques el señor Aubele entregó facturas de la sociedad Aubele y Henríquez Compañía Limitada, de la que él era socio; en los restantes -ya que las facturas obligaban al pago de IVA (lo que encarecía la operación)- se optó sencillamente por emitir cheques sin más requisito que confeccionar la respectiva orden de pago.
11°. Que, para proceder conforme a lo señalado en el considerando 10°, que antecede, se falseó el libro banco del Departamento de Finanzas y se emitieron documentos justificantes que después desaparecieron.
12°. Que, conforme a lo que se dirá en los considerandos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 18° siguientes, esta Comisión ha llegado a la convicción absoluta de que los sistemas de control contemplados en los procedimientos no respondieron o fueron brutalmente burlados.
13°. Que, en abono de lo señalado en el considerando 10º, anterior debe destacarse la declaración formulada por el señor Víctor Hugo Merino , Contralor Regional de Valparaíso (s) quien en la audiencia del día 25 de mayo expresó que “el 15 de abril, después de una reunión sostenida entre el Contralor (s) y el Intendente, éste ingresó formalmente una denuncia a la Contraloría Regional de Valparaíso, que concluyó con el informe N° 10, de 3 de mayo de 2010”. Luego, el mismo Contralor (s) se refirió a los principales aspectos de la investigación, señalando que en cuanto a las debilidades del sistema de control interno “lo primero que le llamó la atención fue la ausencia de manuales de procedimientos y funciones sobre los principales procesos administrativos contables y financieros”, agregando a continuación que, en relación con la deficiencia del sistema informático Methasys, lo que se cuestionó fue su utilización y no el sistema en sí, ya que contando con las herramientas pertinentes para establecer mecanismos de control, éstas no fueron usadas”.
Que, en la misma audiencia, el Contralor señor Merino se refirió a las falencias detectadas en los aspectos financieros y contables del sistema de control interno, mencionado - entre otros - los siguientes: a) la excesiva concentración de funciones en un único funcionario; 2) la falta de registro de los beneficiarios y montos de los cheques girados, en los respectivos talonarios; 3) el que cualquier funcionario del Departamento de Finanzas puede efectuar cheques de manera manual; y, en fin, 4) que cualquier funcionario puede efectuar anotaciones en el libro banco.
Especial mención hizo también el señor Contralor al informe Nº 211-08 de la Contraloría General de la República, donde expresa que “en la revisión practicada se comprobó que el Gobierno Regional de la V Región, en forma reiterativa, no dio cumplimiento a las normas contables que indican que previo a un pago, debe efectuarse la contabilización del gasto y luego confeccionarse el comprobante de egreso y el respectivo cheque”.
14°. Que en relación con esta misma cuestión, es digno de señalarse que el señor Gabriel Aldana , jefe de la División de Administración y Finanzas cuando ocurrieron los hechos, declaró en la audiencia de 3 de junio “que existían mecanismo de control, pero éstos se omitieron en casos puntuales, supongo que eso se hizo claramente con la intención de defraudar a la institución”, agregando luego “… había funcionarios a cargo de administrar procedimientos de control y no lo hicieron”.
En la misma audiencia el señor Aldana , consultado que fue acerca de la ausencia de manuales de procedimientos y funciones sobre los principales procesos administrativos, contables y financieros, señaló que “efectivamente no los había respecto de ningún procedimiento al momento de llegar (él) a la división; en varias ocasiones se elaboraron borradores de manuales y se había mapeado los procesos, sin embargo, nunca fueron formalizados oficialmente como manuales”. (Adviértase, ya que el señor Aldana hace referencia a su ingreso a la división de Administración y Finanzas, que él estuvo en el cargo por espacio de cuatro años…….)
15°. Que la señora Sara Peñaloza , jefa del Departamento Administrativo del Gobierno Regional, en sus declaraciones del día 8 de junio, al hacer referencia a ciertas consultas que le formuló un investigador de la Contraloría Regional expresa que “en esa oportunidad me consultó acerca del procedimiento y me mostró tres cheques que estaban con mi firma …”. Agrega a continuación que “me llamó la atención que de los documentos que me mostró sólo había una copia de un documento de egreso, sin firma, sin nada. Le consulté por el resto de la documentación y me dijo que la información no estaba, que en el Departamento de Finanzas le habían informado que la documentación no se había encontrado”.
Señala la señora Peñaloza además, que “le consulté por el documento original y también me dijo que no estaba, que le habían informado inicialmente que ese egreso en particular o esos tres egresos estaban en el sistema como nulos. A los dos días después aparecieron, se los entregaron en el Departamento de Finanzas, lo cual me pareció bastante extraño. Entonces, le sugerí que si ese documento en algún momento apareció como nulo y a los días siguientes aparecía como un documento existente, me daba la señal de que esa información había sido manipulada en el sistema de información…”
16°. Que la señora Elizabeth Montenegro , auditora interna y actual jefa del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, en sus declaraciones del día 10 de junio señala que “con fecha 7 de abril se corrobora, con una funcionaria de la Contraloría Regional, que los asientos identificados no estaban ajustados de acuerdo a la normativa contable. Se procedió a verificar en las cartolas bancarias los pagos identificados, descubriendo que estos documentos bancarios habían sido cobrados en el banco bajo la modalidad de cheque cobrado por caja y, en su mayoría, era a municipios; el día 8 de abril se consultó a dos municipios por estos pagos, informándose un total desconocimiento de estos pagos en sus cuentas corrientes bancarias”.
17°. Que la señorita Pamela Villarroel , tesorera del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, en sus declaraciones del día 15 de julio cuenta que “la información que obtuve de esos cheques fue cuando me los mostraron los fiscalizadores de la Contraloría, debido a las preguntas que me estaban haciendo. Me los mostraron y ahí me vi sorprendida al ver la cantidad de cheques. Incluso, pensé que era uno solo, porque eran la misma letra y el mismo destinatario”.
A continuación señala “que los cheques se llenaban en el Departamento de Finanzas, y que de acuerdo con el procedimiento se suponía que debía hacerlo yo, dada mi función como tesorera. Actualmente así es. Hay un protocolo que se está implementando cada vez más”.
Consultada respecto de la existencia de un protocolo, responde “que todos los procedimientos que había eran - por decirlo de algún modo - con una cláusula que es: mientras el jefe no diga lo contrario.”
18°. Que, además de los informes de la Contraloría General de la República Nº 211-08, de la Contraloría Regional Nº 10, de 2010, y del Informe de Auditoría Interna de enero de 2010, ya referidos, esta Comisión ha tomado conocimiento del Informe Final de la Subcomisión Fiscalizadora que, por Acuerdo N° 5832/05/10 del Consejo Regional de Valparaíso se constituyó con motivo de las irregularidades sucedidas en la División de Finanzas del Gobierno Regional.
Este informe, en lo que interesa al punto específico que estamos analizando, llega -entre otras- a las siguientes conclusiones: a) “las evidencias demostraron que el GORE Valparaíso, no se encuentra preparado para administrar adecuadamente. La constatación de desorden administrativo y de falta de procedimientos administrativos formales, entre otras deficiencias, así lo confirma. De continuar en este estado de cosas, existe serio riesgo de que se repitan en el futuro hechos similares” y 2) “los precarios mecanismos de control interno no forman parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planificación, de información y operacionales del GORE. Éstos se realizan en forma compartimentada o en una lógica de trinchera, es decir no están integrados en un sistema.”
19°. Que esta Comisión también ha llegado a la total convicción acerca de que los hechos investigados, a través de los cuales se cometió el fraude, han podido ocurrir por el comportamiento claramente negligente de ciertas personas, conforme a lo que se dirá en los considerandos siguientes.
20°. Que el señor Contralor Regional en la ya referida audiencia del día 25 de mayo, en relación con las responsabilidades, expresa que ya se hizo presente en el informe N° 211-08 de la Contraloría General de la República la circunstancia de que no hay un registro de los beneficiarios ni de los montos girados en los talonarios; además, hace ver el “incumplimiento de los oficios N° 60.820, de 2005, y N° 54.900, de 2006, que imparten normas y definen los procedimientos contables básicos para el registro de las transacciones por parte de los servicios e instituciones que integran la Administración del Estado”.
Consultado sobre las observaciones realizadas con anterioridad al Gobierno Regional señaló “que al parecer las falencias inicialmente detectadas en el Informe N° 211-08, no fueron subsanadas porque se repitieron y permitieron que, sumadas a otras, siguieran cometiéndose irregularidades”.
21°. Que el señor Aldana , de quien ya sabemos el alto cargo que desempeñaba, en la audiencia del 3 de junio señaló que “… el Gobierno Regional era una institución ordenada, efectiva en el logro de sus objetivos, con procedimientos que funcionaban, claramente no en este aspecto …” (el subrayado es nuestro).
Más adelante, cuando se refiere al proceso de firma de cheques, señala que “físicamente era imposible que revisara todo. Sin embargo, me preocupaba de que los encargados de hacer el control, lo hicieran”. Luego expresa “entiendo que la otra persona que habría firmado algunos cheques, como segunda firma, la señala Sara Peñaloza , operaba del mismo modo y era quien firmaba en mi ausencia.”
O sea, al hacer la primera afirmación el señor Aldana está reconociendo la deficiencia con que funcionaba la división a su cargo. La segunda es francamente temeraria, ya que los hechos han demostrado que tal control no existía o era completamente ineficaz. Y la tercera no es la que corresponde a un jefe responsable del trabajo de un subordinado de alta jerarquía; no puede decir que él “entiende” que su subordinado - insistimos: en un cargo relevante - actúa de una determinada manera.
Lo que constituye, por otra parte, una desfachatez inaceptable es cuando expresa que “no quiero quitarle importancia a la inexistencia de los manuales de procedimientos. Pero también es importante que se tenga claro que aunque hubieran estado formalizados y por escrito, los manuales de procedimiento no eran ninguna barrera para impedir que esto ocurriera”. En otras palabras, el señor Aldana nos dice que él no cumplió con su obligación de dotar a la división a su cargo de manuales, pero que eso no es grave, porque de haber existido ellos el fraude se habría cometido de igual forma.
En relación con el señor Aldana y la falta de manuales téngase presente lo que señalamos en el considerando 13º.
Respecto de la frecuencia de información que existía entre él (el señor Aldana ) y el Intendente De la Maza , el primero expresa que “respecto de la regularidad en la entrega de información al Intendente, debo señalar que yo tenía relación permanente con él.”
En otra parte de sus declaraciones, el señor Aldana afirma que “quiero dejar en claro que jamás firmé un cheque sin un antecedente de respaldo”. Los miembros de la Comisión tenemos el derecho a preguntarnos entonces ¿cómo es que ocurrió este fraude si el responsable de más alta jerarquía en la línea ejecutiva luego del Intendente se preocupaba tan minuciosamente de cumplir sus labores a cabalidad?
22°. Que la señora Elizabeth Montenegro que, como ya dijimos, es auditora interna y actual jefa del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, en su declaración del día 10 de junio “consultada -que fue- sobre si los resultados de las auditorías habían sido informados en su oportunidad al Intendente De la Maza , señaló que todas las auditorías son dirigidas al Intendente y, posteriormente, al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno”. Más adelante, el acta de la audiencia donde declaró la señora Montenegro señala “a continuación se le interrogó respecto a si el ex Intendente De la Maza habría podido estar en conocimiento de todas las irregularidades que existían en virtud del informe realizado en enero del 2009 (debe decir 2010), a lo cual respondió que en esa revisión detectó irregularidades en relación a anticipos muy elevados y varios deudores que debían ser saldados, pero no detectó fraude. Explicó que, a continuación, hizo una descripción, cuenta por cuenta, y estableció que había anticipos otorgados, cuyos montos faltaba rendir, reintegrar y justificar, por lo que (lo) hizo constar mediante una nota que “Estos saldos corresponden a pagos efectuados sin marco presupuestario”. Reconoció que esta situación le parecía extraña porque los pagos no estaban rendidos, no había montos especificados y esas cuentas no debiesen haber sido utilizadas. Agregó que la circular Nº 3 de la Dipres es muy clara en esta materia, ya que establece que todo pago debe ser cancelado con cuenta presupuestaria, no con cuentas de anticipo. Reconoció que este mecanismo de los anticipos se había hecho normal los años 2008 y 2009, sabiéndose que no procedía. Reconoció que, no obstante no haberse detectado fraude propiamente tal, era posible entender que con estos anticipos se estaba produciendo un perjuicio al patrimonio del Gobierno Regional…”
Luego el acta señala “consultada sobre si el Intendente De la Maza le solicitó a sus directores que se reunieran con ella para regularizar esa situación, respondió que no, agregando que no tenía certeza de las instrucciones que hubiera podido impartirles porque era normal que el Intendente se reuniera con los jefes de divisiones, sin estar ella presente”.
23°. Que la señorita Pamela Villarroel , tesorera, en sus declaraciones del día 15 de julio, cuando habla de la calidad profesional del señor Aldana expresa que él “como no ha sido funcionario no se preocupa de los detalles que están sucediendo. Para él esas son cosas sin importancia, pero para un funcionario son cosas importantes, porque desde allí, desde la base, de los funcionarios, es de donde empiezan todos los problemas hacia arriba. Así lo veo yo. Pero, él no, él siempre se preocupaba de lo macro, de los más importante”.
Estas declaraciones nos invitan a reflexionar acerca de cuánta razón tiene la señorita Villarroel y cómo a veces los puestos de jerarquía confunden a las personas acerca de qué es lo importante y qué no lo es.
24°. Que el Informe Final de la Subcomisión Fiscalizadora del Consejo Regional, al que nos referimos en el número 17 de estos considerandos, en lo pertinente a las responsabilidades en cuanto a los hechos ocurridos también hace valiosos aportes.
En efecto, en sus conclusiones, refiriéndose a las deficiencias de procedimientos formales y falencias significativas en los procesos administrativos señala que “en este último punto, no se debe desatender la responsabilidad del ex Intendente Regional y de los ex jefes de división, al no adoptar las medidas necesarias para fijar los procedimientos adecuados en materia de administración interna”.
Y las conclusiones siguen: “Aun cuando las auditorías internas y externas, arrojaron un cúmulo de observaciones, las autoridades y jefaturas no tomaron las providencias necesarias para salvarlas y perseguir las responsabilidades”.
“Corresponde además formular un severo reproche a quien ejerció el cargo de jefe de la división de administración y finanzas, pues faltó a la confianza depositada en él por el ex Intendente, por la insuficiente dirección, coordinación y fiscalización y que solo a modo de ejemplo se representa con el hecho de que su propia firma permite que se proceda al pago de los proyectos de inversión inexistentes”.
“El Consejo Regional, pese a solicitar en reiteradas ocasiones información presupuestaria y financiera del FNDR y del presupuesto del GORE, como consta en las actas de la comisión de inversiones, ésta no le fue proporcionada en la forma requerida”.
Termina este informe final con una conclusión general sentenciando que “aún cuando el fraude no es fácil de pesquisar, en el GORE de Valparaíso, se presentan las condiciones más favorables para cometer dicho ilícito, por lo tanto, se puede colegir que la autoridad superior, jefaturas de confianza, profesionales, técnicos y administrativos de la División de Administración y Finanzas y de la División de Análisis y Control de Gestión, actuaron descuidadamente y no se aplicaron procedimientos administrativos y de control como se debiera”.
25°. Que nuestra convicción expresada en el considerando 19°, unida a los testimonios y antecedentes que hemos recogido en los considerandos 20º, 21º, 22º, 23º y 24°, nos permiten, como Comisión, llegar al convencimiento pleno acerca de la grave responsabilidad que han tenido los señores Iván de la Maza Maillet , ex Intendente Regional y Gabriel Aldana Domage , ex Jefe de la División de Administración y Finanzas, por su comportamiento negligente en el cumplimiento de sus tareas funcionarias, al permitir que se materializaran los hechos a través de los cuales se concretó el fraude.
Que, en efecto, un análisis cuidadoso de los referidos considerandos hace concluir inequívocamente a esta Comisión que los señores de la Maza y Aldana sabían que el Gobierno Regional no tenía manuales de procedimientos y funciones sobre los principales procesos administrativos, contables y financieros y que, por otra parte, ellos tuvieron oportunamente a su disposición todos los elementos necesarios para tomar conocimiento de que los sistemas de control no respondían y/o que estaban siendo burlados. Los señores De la Maza y Aldana no sólo contaban con dicha información, sino que dado el poder jerárquico que tenían, disponían de todas las facultades legales para corregir estas graves anomalías. Que siendo así, no haber adoptado las medidas necesarias para solucionar esas falencias e impedir que a futuro pudieran seguir repitiéndose, constituye para la Comisión una negligencia grave.
26°. Que la Comisión no puede menos que formular un reproche a la señora Sara Peñaloza , puesto que, según lo que se ha expresado en el considerando 10°, ella firmó ocho de los cheques a través de los cuales se concretó que el fraude que se investiga, lo que ciertamente -más allá de que ella trabajaba en un departamento distinto a aquel donde se desarrollaron los ilícitos- constituye también una conducta negligente de su parte.
27°. Que, adicionalmente, aún cuando ya se ha formulado respecto de ellos la formalización judicial, según lo señalado en el considerando 8° de este informe, la Comisión hace un severo juicio acerca del comportamiento de los funcionarios públicos que han materializado estos actos inescrupulosos y corruptos.
28°. Que, como constitucionalmente nuestra labor está restringida a determinar las responsabilidades políticas, así se expresará en nuestras conclusiones, asignándole tal responsabilidad al señor Iván De la Maza Maillet .
29°. Que, en cambio, no se formulará dicho reproche en contra del señor Gabriel Aldana Domage , dado que esta Comisión no está facultada para hacer efectiva respecto de él una acusación por responsabilidad política, por no haber estado él desempeñando un cargo político sujeto a esta clase de responsabilidad cuando ocurrieron los hechos investigados.
30°. Que esta Comisión ha establecido -de manera clara y concluyente- sobre quien recae la responsabilidad política, sin que haya podido determinar, aunque no era su tarea específica, el paradero de los dineros sustraídos al Gobierno Regional. No obstante lo señalado, dejamos expresa constancia de nuestra confianza en que la investigación que está llevando a efecto el Ministerio Público -que está dotado de facultades, equipos humanos, medios materiales y plazos de los que no ha dispuesto esta Comisión- permitirá, finalmente, aclarar completamente cómo, quiénes y con qué propósito se concretó este fraude.
31°. Que la Comisión reconoce el carácter voluntario de la declaración del señor De la Maza y de otras personas que concurrieron a prestar testimonio. Sin embargo, la Comisión no puede dejar de expresar su malestar porque el señor De la Maza que -como el mismo lo señaló- ha ejercido cargos públicos de alta jerarquía no haya mantenido una actitud moderada y de respeto a la Comisión y a sus integrantes, como siempre fue el trato que a él se le dio.
V. CONCLUSIONES:
En virtud de los antecedentes y los considerandos anteriores, la Comisión aprobó por unanimidad las siguientes conclusiones:
1- Que la Comisión, conforme a lo razonado en los considerandos del Capítulo anterior, hace responsable políticamente al señor Iván De la Maza Maillet , ex Intendente de Valparaíso , por cuyo negligente desempeño y el de sus colaboradores más cercanos -particularmente el señor Gabriel Aldana Domage - pudieron materializarse los actos y asociaciones de funcionarios y/o terceros que concluyeron en el fraude que esta Comisión ha recibido el encargo de investigar.
2- Que la Comisión, además, censura la falta de rigor del señor Gabriel Aldana Domage y de la señora Sara Peñaloza Escobar , en la firma de los cheques materia de la investigación, sin realizar previamente una exhaustiva revisión de la documentación que les servía de respaldo.
3- Que serán en definitiva el Ministerio Público y los tribunales competentes -si coinciden con la opinión emitida por esta Comisión- quienes determinarán si la negligencia por la que se responsabiliza a los señores De la Maza y Aldana debe perseguirse judicialmente.
4- Que copia íntegra de este Informe se hará llegar al Presidente de la República , al Ministerio Público Regional, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado.
VI. RECOMENDACIONES.
Consideraciones previas.
a) El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ha sido el principal instrumento financiero mediante el cual el Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, para la materialización de proyectos y obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local.
La Constitución Política de la República y, específicamente, la ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, lo definen como “un programa de inversiones públicas, con fines de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo”. Por otra parte, el FNDR incluye un conjunto de provisiones, las cuales se generan con el objeto de dar orientación de políticas nacionales sectoriales desde una perspectiva regional. La distribución de éstas, la ejecuta la SUBDERE durante el año presupuestario vigente obedeciendo a metodologías particulares de distribución interregional.
El artículo 68 de la ley N° 19.175, contempla la existencia de una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa y financiera, de la formulación y ejecución del presupuesto y de la provisión de los servicios generales del Gobierno Regional, siendo su jefe de división, o en su ausencia quien lo subrogue, los únicos autorizados para firmar los cheques que emanen del Gobierno Regional, no teniendo la División de Análisis y Control de Gestión ninguna facultad financiera y, por lo tanto, ninguna responsabilidad administrativa en lo que respecta a pagos, no así en el seguimiento y control de la inversión regional.
No resulta aconsejable que una misma unidad, además de pagar gastos ordinarios, remuneraciones, viáticos, peajes etc., tenga que ocuparse de los proyectos de inversión del FNDR y de otras fuentes de financiamiento, llegando a girar centenares de cheques diarios, como indicó el jefe de la División de Administración y Finanzas, señor Gabriel Aldana .
La situación descrita, además de la experiencia vivida en el fraude al interior del Gobierno Regional de Valparaíso, pone de manifiesto la necesidad de que, en todos los gobiernos regionales del país, se cree una nueva división de administración y finanzas encargada exclusivamente de los proyectos de inversión de los gobiernos regionales y otra que sólo sea para la operación administrativa y financiera de los gastos corrientes que permiten el funcionamiento interno del Gobierno Regional. Lo anterior, facilitaría un efectivo control y fiscalización de los recursos destinados a la inversión regional.
Adicionalmente, sería conveniente asegurar que esos cargos sean elegidos mediante el sistema de Alta Dirección Pública para tener una mayor garantía de que serán ejercidos por personas idóneas para una función de tanta responsabilidad.
b) A raíz de la investigación, la Comisión tomó conocimiento formal del procedimiento que utiliza el BancoEstado para el cobro de cheques presentados ante una sucursal distinta a la de la cuenta del titular.
En la Circular N° 2.495, de 13 de marzo de 2007, se dispone que, con el fin de asegurar el correcto pago de documentos iguales o superiores a cuatro millones de pesos, deben cumplirse los siguientes pasos: al momento de cursarse en ventanilla del banco el cobro de cheques por un monto igual o superior a esa cifra, el sistema rechaza la transacción y, en ese mismo instante, se da aviso de la situación al ejecutivo de cuentas del titular del cheque, quien obligatoriamente debe consultar y corroborar con el cliente los datos del documento. La circular señala que el tiempo para obtener la confirmación de los datos no puede superar los 30 minutos. Por tanto, en caso de que se exceda dicho lapso, no exista pronunciamiento del ejecutivo de cuentas sobre la confirmación de los datos y que el cheque cumpla con todas las formalidades exigidas, se procederá inmediatamente al pago de éste.
Teniendo presente la circular mencionada, la situación producida con el cobro de los cheques involucrados en este fraude y considerando que gran parte de las cuentas corrientes de los organismos públicos se mantienen en el BancoEstado, parece necesario revisar dichos procedimientos, de manera de mejorar las medidas de seguridad para el caso de las cuentas bancarias que reciban fondos públicos.
Adicionalmente, se ha estimado insuficiente el plazo de 90 días durante el cual el BancoEstado mantiene los videos de seguridad. Ese escaso período impidió que la Comisión pudiera tener acceso a las imágenes del momento en que el señor Eugenio Aubele cobró, en la sucursal Prat de dicha entidad bancaria, los cheques materia de esta investigación.
En virtud de las consideraciones señaladas, la Comisión acordó, por unanimidad, formular las siguientes recomendaciones:
1) Que resulta necesario llevar a cabo una modificación legal que incorpore en la organización de los Gobiernos Regionales una nueva División de Administración y Finanzas que sólo se preocupe de los proyectos de inversión de los gobiernos regionales y otra que sólo sea para la operación administrativa y financiera de los gastos corrientes que permiten su funcionamiento interno, con la finalidad de lograr un real control y fiscalización de los Recursos del Presupuesto Nacional, destinados para la inversión regional.
2) Que los nombramientos de los dos cargos de Jefe de las Divisiones de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, que se proponen, sean efectuados mediante el sistema de Alta Dirección Pública, evitando que dichos cargos sean ejercidos por personas poco idóneas para jefaturas de tanta responsabilidad en el manejo de los recursos públicos del país.
3) Sugerir a BancoEstado que efectúe una revisión de sus procedimientos, mejore sus medidas de seguridad y tome resguardos especiales en el caso de cuentas corrientes que mantengan recursos públicos.
4) Instar a BancoEstado que instruya a las diversas sucursales que tiene en el país a mantener el archivo de los videos de seguridad de sus dependencias, a lo menos, por un año.
-o-
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a los días 20 y 25 de mayo; 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 29 de junio; 1, 6, 13, 15, 20, 27 y 29 de julio; 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 31 de agosto; 7 y 9 de septiembre de 2010 con la asistencia de las Diputadas señoras María José Hoffmann Opazo y Andrea Molina Oliva , y los Diputados señores Giovanni Calderón Bassi ; Eduardo Cerda García ; Edmundo Eluchans Urenda ; Joaquín Godoy Ibáñez ; Rodrigo González Torres ; Marco Antonio Núñez Lozano ; Gaspar Rivas Sánchez ; Alberto Robles Pantoja ; Marcelo Schilling Rodríguez ; Arturo Squella Ovalle , y Víctor Torres Jeldes .
Se deja constancia que en sesiones realizadas los días 13 de julio, 24 de agosto, 7 y 9 de septiembre, el Diputado señor Nicolás Monckeberg Díaz , reemplazó al Diputado señor Joaquín Godoy Ibáñez .
Por su parte, en sesión efectuada el 29 de julio, el Diputado señor Carlos Montes Cisternas , reemplazó al Diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez .
Finalmente, en sesión celebrada el 9 de septiembre, los Diputados señores Ignacio Urrutia Bonilla y Cristián Monckeberg Bruner reemplazaron a los Diputados señores Giovanni Calderón Bassi y Gaspar Rivas Sánchez , respectivamente.
Sala de la Comisión, a 9 de septiembre de 2010.
(Fdo.): LUIS ROJAS GALLARDO, Abogado Secretario de la Comisión .”