Labor Parlamentaria

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por 30 minutos, el diputado informante.

El señor CERONI.-

Señor Presidente , honorable Cámara, me corresponde informar sobre el trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora encargada de recopilar antecedentes sobre intervención electoral.

Tal como lo dijo el Presidente , el mandato a la Comisión se originó en un proyecto de acuerdo, de 4 de abril de 2006, que consistió en encargarle que investigara la posible utilización del Programa de Generación de Empleo con fines político-electorales.

El informe de mayoría fue aprobado esencialmente por diputados de la Concertación, y a pesar de los esfuerzos hechos para llegar a un informe de consenso, en una actitud armoniosa, la Comisión acordó que el informe de la Alianza, es decir, el de minoría, fuera anexado al informe que me corresponde entregar a la Sala, como un antecedente más, teniendo claro que el informe oficial es el que daré a conocer a continuación.

Son muchas las personas que fueron citadas a la Comisión, pero he considerado adecuado centrarme en las declaraciones que realmente nos permiten dar antecedentes más serios y que sirven de fundamento para las conclusiones que voy a dar a conocer.

Una de las declaraciones más reveladoras que consideró la Comisión fue la del alcalde de Quillota , señor Luis Mella , quien relató que, en el marco de la campaña electoral de 2005, específicamente el 6 de diciembre, recibió una llamada telefónica de un vecino de Quillota, que le informó que en un sector del cerro Mayaca , de Quillota, se estaban entregando cheques. Esto, por cierto, le causó extrañeza, y al día siguiente fue visitado por la persona que hizo el llamado, quien le exhibió uno de los cheques en cuestión, constatando el alcalde que había sido extendido por una suma idéntica al monto del sueldo que se pagaba en los PGE, esto es, la cantidad de 51.478 pesos.

Ante eso, el alcalde se contactó con el abogado de la municipalidad, con quien visitó a las dos personas que vivían en el cerro Mayaca que habían sido beneficiadas con los cheques señalados. Según su testimonio -afirmó el alcalde- se les había pagado por trabajos que no efectuaron.

Por otro lado, el alcalde menciona que tuvo acceso a uno de los contratos laborales, en el que se estipulaba que el servicio a prestar era de limpieza y desmalezamiento de varias calles de Quillota, en circunstancias de que como alcalde debería haber estar enterado de la prestación de tal servicio.

Luego de ese encuentro, el 7 de diciembre el alcalde se entrevistó con el fiscal del Ministerio Público, señor Pablo Bravo , quien le solicitó formalizar por escrito la denuncia de los hechos, trámite que el alcalde realizó, adjuntando el cheque mencionado y una fotocopia del contrato que había obtenido.

El alcalde dice claramente que en el escrito no hizo imputación de ningún delito en particular.

Respecto de los Programas de Generación de Empleo, el alcalde relata que el seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla , tenía la facultad de entregar los cupos de empleo directamente, sin requerir la aprobación de la gobernación ni de la municipalidad respectiva. Asevera que no había ningún Programa de Generación de Empleo en condiciones irregulares o en condiciones de mezclarse con algún tipo de campaña política.

El alcalde explica que en su dilatada experiencia ésta es la primera vez que se llevan a cabo Programas de Generación de Empleo sin conocimiento del municipio, al punto que se enteró con posterioridad a la ejecución de los mismos y que tenía total desinformación de dónde se llevaban a efecto dichos programas.

De toda esta situación informó al entonces intendente don Luis Guastavino , quien no manifestó ninguna reacción. Sin embargo, el 19 de diciembre, después de una conversación entre el intendente y el subsecretario del Interior de la época, don Jorge Correa , la máxima autoridad regional dispuso, por decreto, una investigación sumaria.

Con posterioridad, afirma que el fiscal de Quillota constató en terreno que los trabajos que supuestamente se estarían haciendo no se habían ejecutado, por lo que requisó las herramientas como una forma de probar los hechos denunciados.

¿Qué dice el alcalde respecto de los responsables de los Programas de Generación de Empleo? Dice que no tiene ninguna prueba de que el actual diputado señor Enríquez-Ominami haya estado directamente implicado en los hechos que se investigaron. Sólo sabe que gente de su comando sí participaba en ellos. Así, por lo demás, consta en el documento que entregó al fiscal.

Las personas que le exhibieron su contrato de trabajo manifestaron que don Luis Fernández no les había solicitado que votaran por el actual parlamentario, sino que trabajaran y hablaran bien de su persona.

En consecuencia, el alcalde afirma que no tiene ningún antecedente contra dicho diputado ni contra ningún otro.

Por su parte Víctor Huenufil , ex seremi de Gobierno de la Quinta Región, explicó el procedimiento que se utilizaba para los PGE, señalando que la intendencia tiene facultades para suscribir convenios con cualquier cartera ministerial, con el objeto de administrar los recursos de los Programas de Generación de Empleo, y que en 2001 se celebró un convenio entre la intendencia y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para hacer funcionar estos programas.

El 19 de octubre de 2001 el intendente don Raúl Allard creó el Comité ProEmpleo, con el objeto de administrar los recursos. Este comité era presidido por el intendente y contaba con un secretario ejecutivo, rol que cumplía en esa fecha el seremi del Trabajo y Previsión Social, señor José Manuel Mancilla. También conformaban dicho comité diversos secretarios regionales ministeriales: de Obras Públicas, de Economía, de Minería y Energía, de Vivienda y Urbanismo, etcétera.

El señor Huenufil dice que desde el año 2003 el seremi del Trabajo se hizo asesorar por el funcionario de la División de Desarrollo Regional, don Jaime Quiroz, con el objeto de administrar los PGE.

Los testimonios posteriores recogidos en la Comisión señalan que este comité jamás funcionó, y que, en definitiva, quien manejó todos los programas de empleo fue el entonces seremi del Trabajo junto con Jaime Quiroz.

Igualmente, informa que hubo una serie de irregularidades que determinaron que la Contraloría analizara los Programas de Generación de Empleo y que hubo diversas auditorías solicitadas por la Subsecretaría del Trabajo. A raíz de ellas, se aplicaron medidas estructurales o administrativas para mejorar la operatoria de los PGE.

Su declaración no menciona a ningún responsable de irregularidades en los PGE.

También tenemos la declaración del consejero regional por la provincia de Los Andes, señor Guillermo Hurtado.

Él dice que el informe que emitió la Contraloría a raíz de la investigación de los PGE tiene fecha 27 de julio de 2005 y que no se tuvo conocimiento de él durante mucho tiempo, porque se habría mantenido oculto.

A partir de ese informe, el fiscal del Ministerio Público, señor Torres, hizo una denuncia ante la justicia a fines de 2005.

El citado informe denuncia una serie de irregularidades, entre las cuales destaca que se contrataron particulares para los programas mediante trato directo, omitiéndose el acto administrativo que aprueba los respectivos convenios, y sin que previamente se haya dictado una resolución fundada que autorice esa modalidad excepcional.

Se agrega a las deficiencias anteriores la circunstancia de que el intendente suscribió convenios para los efectos indicados con sociedades de hecho, lo que representa un evidente riesgo para el interés fiscal, ya que tampoco se advierte que estos convenios hayan sido revisados por la asesoría jurídica.

Además, dice que la intendencia no exigió la presentación de garantías por parte de los ejecutores privados para el debido resguardo del interés público.

De su declaración, queda en evidencia una serie de irregularidades en la forma en que se contrataba a los actores que implementaban los PGE.

El consejero regional por la provincia de Valparaíso, señor Manuel Millones , afirma que la investigación que efectuó la Contraloría sobre los PGE arrojó como conclusión que se había arriesgado el patrimonio público, por la forma en que se contrataba y se implementaban los programas.

La Contraloría efectuó auditorías en todas las comunas con Programas de Generación de Empleo en la Quinta Región.

Entre los documentos que acreditarían el uso de dichos programas con fines electorales se encuentra un correo electrónico enviado con fecha 29 de diciembre de 2005 por doña Jazmín Alfaro , secretaria del entonces seremi del Trabajo señor José Manuel Mancilla , que permitiría inferir que el Gobierno estaba informado de los cupos de empleo para utilizar en la campaña de 2005. Sin embargo, no entregó mayores detalles sobre el particular.

Afirma que existen suficientes testimonios para sostener que los PGE en la Región de Valparaíso y, en particular, en esa ciudad, fueron desviados a campañas políticas del bloque PS-PPD-PR, y que hasta la fecha no se ha sabido de personas que hayan trabajado en la campaña de algún parlamentario de la Democracia Cristiana.

En cuanto a lo sucedido en el cerro Mayaca , de Quillota, sostuvo que un grupo de personas contratadas en los PGE -alrededor de cincuenta- declaró no haber trabajado porque no les compraron las herramientas necesarias, pero que de todas formas se les pagó. Afirmó que una de ellas, de apellido Fernández , fue jefe de la campaña del diputado señor Enríquez-Ominami , pero no dio a conocer ningún antecedente que permitiera establecer algún tipo de responsabilidad de dicho parlamentario.

El ex seremi del Trabajo de la Quinta Región , señor José Manuel Mancilla , afirmó, en resumen, que en ningún momento los PGE se utilizaron para fines políticos ni menos para campañas parlamentarias, y que su relación con dirigentes políticos siempre fue fluida, pero en el sentido de que atendía sus preocupaciones en relación con las necesidades en materia de empleo de sus comunas, como se hace en todas partes del país.

Desmintió también la información de prensa según la cual se habían utilizado recursos de los PGE para financiar un circo con fines proselitistas, ya que esa actividad, según sostuvo, fue emprendida por algunos funcionarios públicos y pagada con fondos propios.

El ex intendente de la Quinta Región , señor Luis Guastavino , expresó que no le cabe la menor duda de que la administración de los Programas de Generación de Empleo ha adolecido de graves fallas, que en su calidad de intendente sólo pudo detectar cuando el sistema llevaba operando un buen tiempo. Dijo haberse enterado de la primera denuncia sobre la materia a raíz de la información que le proporcionó el alcalde de Quillota, don Luis Mella. Como consecuencia de ello, ordenó la instrucción de un sumario administrativo para investigar lo sucedido y solicitó que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte en la causa respectiva por fraude al fisco.

Agregó que los PGE estaban radicados en la seremía del Trabajo y que, en su calidad de intendente, debió firmar documentos varios relacionados con el tópico, pero que el ejecutor de los programas debe responder por la forma en que se realizaron.

Sostuvo que a medida que avanzaba la investigación, quedó de manifiesto que la seremía del Trabajo no podía seguir a cargo de los programas, máxime considerando que su titular, el mencionado señor Mancilla , había salido del servicio y aparecía como inculpado por la fiscalía.

Respecto de la responsabilidad de las diferentes autoridades que, de una u otra manera, estaban relacionadas con los PGE, afirmó que es pertinente recordar la jurisprudencia sentada por la Contraloría General de la República, que en 1961 dictaminó que es imposible exigir una absoluta prolijidad a ministros, intendentes, jefes de servicio, etcétera, en el sentido que encontrarse interiorizados del contenido de cada uno de los documentos que deben suscribir.

Insistió en que el seremi del Trabajo tenía plena libertad para actuar en materia de PGE y que, a su juicio, el control administrativo sobre ese funcionario recaía en el ministerio del ramo.

Por último, dijo que la justicia determinará si hubo responsabilidades penales en el manejo de los PGE, pero que, sin perjuicio de ello, no cabe duda de que funcionarios confeccionaron listas con personas que debían ser contratadas por razones de favoritismo político o de otra índole, a las cuales, en lugar de cumplir la función que les correspondía, en las elecciones pasadas les exigían trabajar en la campaña de un determinado candidato, procedimiento que, incuestionablemente, es inaceptable y condenable.

Compareció ante la Comisión el diputado señor Samuel Venegas , quien, a raíz de haber sido vinculado con la materia, en especial por algunos medios de comunicación, estimó necesario aclarar que no tiene nada que ver con los PGE y que jamás tuvo relación alguna con ellos.

Asimismo, concurrieron, entre otros, los senadores Baldo Prokurica , Antonio Horvath y Jorge Arancibia. El primero sostuvo que en la Octava Región los PGE fueron exagerados y que presentó querellas sobre el particular. El segundo denunció la forma como se trajo a chilenos desde Argentina con el objeto de que votaran en las mencionadas elecciones y anunció la presentación de las denuncias respectivas sobre el particular. El tercero sostuvo que, en relación con los PGE, presentó las respectivas querellas.

Asistieron, además, diferentes personeros, como el representante del Instituto Libertad y Desarrollo y abogados expertos en la materia, quienes dieron a conocer sus puntos de vista sobre la manera de mejorar los PGE.

Asimismo, concurrieron autoridades de Gobierno, como el subsecretario del Trabajo , señor Zarko Luksic , etcétera.

También se recibió la declaración del honorable diputado señor Jaime Mulet , quien, como se recordará, actuó como director ejecutivo de la campaña presidencial de la actual Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet. En la oportunidad, afirmó que, en su calidad de encargado de la campaña de la primera mandataria, responsabilidad que asumió en agosto de 2005 y terminó el 15 de enero de 2006, día de la segunda vuelta electoral, no visualizó ninguna situación que pareciera irregular en los equipos de trabajo que conformaban el comando de la abanderada de la Concertación.

Una de las declaraciones importantes la aportó el señor Hugo Meza , ex ejecutor de PGE en la Quinta Región , quien sostuvo que, a su juicio, fue utilizado como testaferro y engañado por el ex seremi del Trabajo de la Quinta Región don José Manuel Mancilla y por el empresario señor Giuseppe Malatesta, con quien lo unió una amistad de doce años.

Agregó que su participación como ejecutor en los PGE se originó en el segundo semestre de 2005, cuando fue despedido de su trabajo en la empresa de combustibles Comar, oportunidad en la que el señor Malatesta le propuso postular como ejecutor de los aludidos programas de empleo, a lo cual accedió.

Aclaró que en octubre de 2005, el señor Malatesta y el entonces seremi del Trabajo lo citaron a una reunión para comunicarle que se había adjudicado el programa N° 246. En esa ocasión, el ex seremi le dijo que don Giuseppe Malatesta se haría cargo de “todo” porque era el verdadero ejecutor, pero que no podía tomar proyectos debido a que la Contraloría lo había objetado. Afirmó haber sido utilizado por Giuseppe Malatesta, quien manejaba todo. En suma, dado que el señor Malatesta se encontraba inhabilitado, el señor Hugo Meza aparecía a cargo desde el punto de vista legal.

Explicó que recién cuando estalló este asunto, a raíz de la denuncia hecha por el alcalde de Quillota don Luis Mella , se dio cuenta de lo que estaba pasando. Aclaró que hasta ese entonces se había limitado a firmar papeles y liquidaciones, de acuerdo con las instrucciones que le daba el señor Malatesta.

Sostuvo que tras la denuncia de dicho alcalde, el señor Malatesta lo integró a todas las reuniones, en las que Mancilla y aquél le especificaban lo que debía declarar ante la fiscalía. Aclaró que en esas reuniones también participaban los señores Lepe y Quiroz.

Afirma que en una de las reuniones en las que participó, junto a los señores Malatesta y Mancilla , se dijo que el señor Lepe era quien dirigía la marcha de los Programas de Generación de Empleo y que se habría ayudado a algunos parlamentarios con ellos. Menciona al diputado Marco Henríquez Ominami y Marco Antonio Núñez.

En definitiva, no aporta ningún antecedente que pueda probar efectivamente que ello fuese así.

Con posterioridad, explica que dentro de las distintas reuniones que tuvo a propósito de los Programas de Generación de Empleo, nunca, en todo caso, se reunió con un diputado o senador, ya fuera en el recinto del Congreso o en otro sitio. O sea, a pesar de haber explicado las menciones a algunos parlamentarios, afirma que jamás vio a ninguno de ellos en ningún tipo de reunión.

Por otra parte, tenemos la declaración del señor Giuseppe Malatesta, quien habría utilizado a don Hugo Meza. Explica, en el fondo, que nunca, a raíz de los Programas de Generación de Empleo, se reunió con algún parlamentario en la sede del Congreso o en otra parte, y que con don Hugo Meza eran socios.

La sociedad de hecho con don Hugo Meza tenía el siguiente modus operandi: la intendencia le daba un listado con las personas a las que debían contratar a plazo fijo y pagar su sueldo en el término estipulado.

Sólo se enteró de una eventual utilización de los dineros asignados a estos programas con fines de propaganda política cuando el alcalde de Quillota, don Luis Mella , hizo la denuncia pública sobre la materia. Fue entonces cuando recién se sintió “utilizado” por el señor Mancilla , aunque no en el sentido de contratar y pagar a activistas políticos, porque no le consta y jamás le planteó algo así. Nunca fue testigo de que alguno de los trabajadores incluidos en los Programas de Generación de Empleo a su cargo realizara actividades de tipo proselitista.

Explica que en una oportunidad tuvo que ir a Viña del Mar a efectuar un pago de los Programas de Generación de Empleo. Para tal efecto, la intendencia le proporcionó una lista de cien personas, las que, a su juicio, cumplieron realmente la labor para la que fueron contratadas.

El lugar designado para el pago fue La Casona. Ustedes saben, ?

El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-

Señor Ceroni , le restan cuatro minutos del tiempo destinado al diputado informante.

El señor CERONI.-

No alcanzaría a terminar las conclusiones. Por lo menos, para ello necesito diez minutos más.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para prorrogar en diez minutos el tiempo destinado al diputado informante?

Acordado.

El señor CERONI.-

La Casona que se menciona sería sede de la candidata a la presidencia en aquel entonces, Michelle Bachelet , o del diputado Rodrigo González, lo cual es desmentido más adelante en una carta suya. En ella establece que en ese lugar, en definitiva, se encuentran diversas organizaciones, y que dentro de él está su oficina parlamentaria.

En todo caso, el señor Giuseppe Malatesta explicó que el pago a esas personas se materializó en una sala que hay al costado del inmueble principal, donde no advirtió la presencia de ningún político, y que el pago se realizó mediante cheques, por razones de seguridad.

Con estos antecedentes y otros que figuran en el informe escrito, la Comisión redactó sus conclusiones.

Queda claro que los hechos denunciados que dieron origen a la Comisión Investigadora ponen de relieve un conjunto de anomalías en la administración y ejecución de los Programas de Generación de Empleo; que ella, obviamente, tiene serios reparos acerca del comportamiento de algunos funcionarios públicos, cuyos casos han sido y son materia de investigación administrativa por parte de la Contraloría General de la República; que, a pesar de ello, la Comisión reconoce las iniciativas administrativas y judiciales que las autoridades gubernamentales, regionales y nacionales llevaron a cabo una vez conocidos los hechos; y que de las declaraciones escuchadas en el sentido que el ex seremi del Trabajo de la Quinta Región , señor José Manuel Mancilla , habría utilizado las ventajas que le otorgaba el mal funcionamiento de los mecanismos de control de los planes de empleo y dada la confianza que en él depositó el intendente regional, se deduce que el ex seremi se habría aprovechado de ello, coordinándose con empresarios ejecutores de los proyectos y con otros actores políticos territoriales, como los señores Ricardo León y Edgardo Lepe , para que alguno de estos programas fueran destinados a labores distintas a las consideradas en los objetivos planteados en el decreto supremo N° l, de 2004, del Ministerio del Trabajo.

En definitiva, la Comisión ha arribado a la conclusión de que lo sucedido con los Programas de Generación de Empleo en la Quinta Región se debe, en parte importante, a la falta de control y fiscalización en que incurrieron autoridades políticas de la intendencia y del gobierno regional, las que tenían la obligación de administrar estos asuntos con el cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

Por tal motivo, la Comisión atribuye responsabilidad política al intendente señor Luis Guastavino , amén de las administrativas que los órganos competentes le asignen.

La Comisión, sobre la base de la experiencia que entrega esta investigación, concluye que los parlamentarios de la Quinta Región deben tener especial cuidado y diligencia en la contratación de su personal, a fin de no verse afectados en irregularidades que puedan cometer.

La Comisión considera que, de los antecedentes, se puede presumir el desvío de recursos del Programa de Generación de Empleo para contratar activistas políticos en algunas campañas parlamentarias, sin que se haya podido establecer, por la falta de antecedentes, carencia de medios y facultades de la Comisión, quienes son responsables o se vieron favorecidos con ello, por lo cual corresponde a la Contraloría General de la República y, en especial, a los tribunales de justicia determinar las responsabilidades personales que procedan.

Se deja constancia que en esta investigación no han sido mencionados parlamentarios de la Democracia Cristiana, ni tampoco involucrados en ningún tipo de irregularidades.

La Comisión, unánimemente, condena y deplora lo sucedido con los Programas de Generación de Empleos en la Quinta Región y solicita que se aplique el máximo rigor en el castigo de quienes resulten sindicados como culpables, especialmente si se trata de funcionarios públicos.

La Comisión hace un llamado a colaborar en la Quinta Región con la acción del Ministerio Público y de los tribunales, a los que compete esclarecer los hechos, determinar los delitos cometidos y procesar a los culpables, allegando antecedentes o poniéndose a su disposición, cualquiera sea su condición o fuero, de manera de agilizar la investigación y resolver a la mayor brevedad la situación procesal de los involucrados.

Hay una serie de propuestas para mejorar los Programas de Generación de Empleos, su metódica y procedimiento que pueden ser leídas.

En definitiva, la Comisión concluye que hay desvío de recursos a campañas parlamentarias, pero no hay ningún antecedente que permita inculpar o hacer responsable a algún parlamentario. En definitiva, la justicia tendrá que resolver las responsabilidades personales.

He dicho

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