Labor Parlamentaria

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en este debate se ha enfatizado el sentido de hacer transparente y limitar los gastos electorales e informar sobre ellos.

Al iniciar su discurso, el diputado señor Elgueta ha recordado el impacto que tuvo en el comportamiento de los electores y de quienes aportan fondos el hecho de introducir la cédula única en las campañas electorales. No cabe duda alguna de que los países se han visto obligados a establecer límites y a exigir transparencia en la información sobre gastos electorales, en la medida en que la democracia ha ido perdiendo fuerza frente a los poderes económicos. Históricamente, la democracia aparece al terminar la sociedad feudal, después de la revolución industrial y luego del desarrollo de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque el poder de la concentración económica sobre el ciudadano era muy grande, y fue necesario darle a éste un espacio de participación en que valiera como persona. La democracia va de la mano de los derechos de ésta, los cuales se pierden cuando en el sistema político, en lugar de regir las reglas de la igualdad, rigen las del mercado. Ahora, éstas prevalecen cuando los distintos candidatos y partidos no tienen financiamiento público ni iguales posibilidades de acceder a los recursos. Esto empieza a cobrar relevancia cuando en las sociedades democráticas se conforman bloques, algunos de los cuales representan los intereses económicos de los grandes grupos, y otros, los de los pobres.

Este problema ha sido resuelto de diferentes maneras por los países desarrollados. Casi en todos ellos existe financiamiento público para los partidos políticos y para las campañas electorales. Es una necesidad del sistema democrático.

Respecto de la intervención del diputado señor Vilches , que me antecedió en el uso de la palabra, acojo su planteamiento en cuanto a que tenemos que legislar sobre esta materia. Pero hagámoslo; porque son él y los representantes de su partido los que dicen que no debemos avanzar sobre la misma. Hace tres años, por un voto no aprobamos una disposición relativa al mismo tema sobre el cual estamos legislando ahora. Sostiene que no debemos legislar sobre esto, porque no existe lo otro. Entonces, lleguemos a un acuerdo y comprometámonos a legislar respecto del financiamiento público de las actividades políticas, porque es la manera más sensata y sana de resolver el problema. Pero debemos avanzar en este sentido no sólo porque otros países lo hayan hecho antes con razón, sino porque el problema en Chile es apremiante y acuciante. En ese sentido, discrepo del diputado Víctor Pérez , de la UDI, porque la idea central del proyecto es establecer un límite para el gasto electoral. No se trata sólo de transparencia, la cual se consigue al fijar un límite; si no hay límite, tampoco habrá transparencia.

Quiero traer a colación aquí se han dicho muchas cosas un artículo publicado en el diario “La Tercera”, del 29 de noviembre del año pasado. El título dice: “Centro de Estudios Públicos: campañas a diputados del 97 gastaron un promedio de 300 mil dólares”. A continuación, la crónica señala que se entrevistó a cinco jefes de campaña tres de diputados y dos de senadores, que aceptaron entregar un detalle de los ítem de gastos en que incurrieron, a cambio de mantener sus identidades en reserva.

Si el Centro de Estudios Públicos me lo hubiera pedido, habría concedido gustoso la entrevista. Yo abrí una cuenta corriente para depositar todos los aportes que recibí para financiar mi campaña, y les puedo asegurar podría entregar las colillas de los cheques que giré y los comprobantes de los depósitos que recibí que el monto de los aportes recibidos alcanzó a una cifra inferior a los 24 millones de pesos. Hubo absoluta transparencia. Y fue una campaña cara para un distrito con 210 mil electores. Pues bien, esta cifra de 300 mil dólares que, según el CEP, se gastó en promedio en una campaña de diputado, representa 174 millones de pesos. Es decir, según dicho centro se gastaron, en promedio, 174 millones de pesos. Sé que el colega que también es diputado por mi distrito gastó una cifra superior a la indicada; pero ni aun considerando eso llegaríamos a un promedio de 174 millones de pesos en mi distrito. Como conozco a muchos colegas: mi hermano Joaquín , Mario Acuña que está sentado a mi lado y a todos los diputados presentes, pregunto: ¿dónde están los candidatos a diputado que gastaron, en promedio, 300 mil dólares en la última campaña? Estimo que aquí existe una distorsión, porque seguramente entrevistaron a unos pocos candidatos de partidos que tienen acceso a cuantiosos recursos en distritos en que se gasta mucho dinero. Probablemente, entrevistaron a los candidatos de Las Condes, de Providencia, y no sé de dónde más.

Quiero comentar otra cifra relacionada con los 300 mil dólares por campaña. Si calculáramos a cuántos electores, en promedio, debería representar un diputado de ese distrito que gastó 174 millones de pesos, según ese estudio considero que no es así a 0,04 UF por elector, para estar dentro del promedio lo que significa que algunos gastaron más, el candidato debería representar a 272 mil electores. Pues bien, si no me equivoco no alcancé a revisar las cifras, me parece que existe sólo un distrito en el país con ese número de electores: el conformado por las comunas de Maipú, Estación Central y Cerrillos. Incluso, creo que ni siquiera llega a esa cifra. La Florida tiene, aproximadamente, 180 mil electores; Santiago , menos de 150 mil; Las Condes , 226 mil, es decir, no alcanza a los 272 mil. Estamos hablando de cifras entregadas por un instituto serio el Centro de Estudios Públicos, sobre la base de una mala muestra, porque, por cierto, no refleja la realidad de las campañas electorales. Ellos afirman que determinado candidato a diputado gastó, en promedio, 174 millones de pesos en una campaña, lo que significaría, de acuerdo con los límites establecidos reitero, que representaría a 272 mil electores.

Esto demuestra que el límite que estamos fijando es excesivo y que debemos establecer uno mucho más bajo. Por eso, en conjunto con la diputada Marina Prochelle y los diputados Carlos Montes , Enrique Jaramillo y Rodolfo Seguel , hemos presentado una indicación en el transcurso de hoy será suscrita por otros parlamentarios, a fin de rebajar a la mitad el límite establecido en el proyecto: de 0,04 UF a 0,02 UF para las campañas de parlamentarios y concejales, para las presidenciales y los plebiscitos. Considero que es más real fijar estos límites.

De acuerdo con el mismo estudio del CEP, si en esa elección de 1997 hacemos una proyección del número de distritos y de los candidatos a senadores, tenemos que éstos gastaron 1 millón 200 mil dólares, cifra absolutamente excesiva de acuerdo con la realidad de las campañas electorales. Por lo tanto, establecer un límite de gastos sobre la base de estudios de esta naturaleza es algo irreal e implica enquistar inequidades del sistema económico en el sistema político, las que deben ser corregidas y compensadas, pero no reproducidas.

Pero quiero ir más allá. Aquí también se ha hablado mucho de las sanciones. Y plantear que la sanción tiene que ser económica, es dejar todo esto en el ámbito del mercado.

Si alguien es elegido parlamentario porque gastó más recursos que los permitidos por la ley, decirle que debe pagar más es como si nos estuviéramos refiriendo al mercado.

Si alguien pagó mal algo, está bien entonces que se le multe para que pague correctamente; si alguien no pagó un impuesto, recarguémosle el gravamen que no pagó para sancionarlo; pero si alguien gastó más recursos, en una campaña parlamentaria, de concejal y alcalde o en una presidencial, que los que la norma legal autoriza, la sanción no puede ser que pague más, porque eso sería consignar en la ley que ella misma no tiene ningún objetivo. La ley pretende establecer un límite para quienes tienen más recursos, y aquí sólo se está diciendo que esas personas tendrán que gastar más de lo que tenían planificado, si es que se les llega a descubrir.

Países civilizados, como Francia y Alemania, han avanzado en sus legislaciones para corregir esta situación. He presentado una indicación que espero sea acogida, pero lo voy a decir con toda sinceridad sé que en esta Cámara no hay suficientes varones ni mujeres como para votarla a favor. En ella se plantea que si alguien se excede, comprobadamente, en el 10 por ciento del límite, se anulan todos sus votos, con lo cual la persona pierde la calidad de electa y pierden los votos la lista y su partido.

A mí me parece que esa es la manera lógica de ordenar el sistema político y que no sea el peso económico el que mande en estas decisiones; es decir, que la democracia sea plenamente autónoma de los poderes económicos.

Cito a Francia y a Alemania, porque allí efectivamente ocurre así. En Francia, en las elecciones que se verificaron el año anterior a las efectuadas en Chile en 1997, dos parlamentarios de la coalición de gobierno y uno de la de oposición perdieron sus cargos, descalificados por el tribunal electoral, por haber incurrido en un exceso de gastos respecto del límite autorizado en la ley.

Eso debe ser así, porque si les estamos diciendo a los ciudadanos que queremos transparencia; que los recursos no se gasten en exceso; que queremos autonomía de los poderes políticos respecto de los poderes económicos, entonces la sanción no puede ser vulnerada por los poderes económicos.

Si alguien está dispuesto a gastar más plata en apoyar a una persona, que sepa que no pagará una multa, sino que su candidato no va a ser elegido.

Esa es la coherencia que debe tener el sentido del proyecto en discusión y el resultado de las decisiones que se adopten. Con esas normas, ningún candidato ni partido podrían decir, respectivamente: no supe de ese gasto o fui vulnerado.

Se establece un margen, porque en la indicación se habla de un gasto superior al 10 por ciento del límite autorizado. Alguien podría sostener que se pasó en el gasto, porque se equivocó en sacar una cuenta, pero no podría aducir ese argumento si supera el límite del 10 por ciento, porcentaje que parece sensato, más todavía si se baja, como espero, el monto máximo que se puede gastar en una campaña.

El proyecto puede ser imperfecto, como se ha dicho aquí, pero constituye un avance para la consolidación de la democracia. Por eso, espero que lo despachemos el próximo martes.

Gracias, señor Presidente.

He dicho.