Labor Parlamentaria

La señora CUBILLOS (doña Marcela).-

Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para plantear algunas inquietudes que surgen al analizar antecedentes estadísticos existentes en marzo de este año sobre la aplicación de la reforma procesal penal. Quizá, algunos de ellos han sido abordados o solucionados, pero es la oportunidad para recabar la información pertinente sobre seis interrogantes específicas.

En primer lugar, de acuerdo con datos entregados, el 72,89 por ciento de los casos termina por archivo provisional, aplicación del principio de oportunidad o por ejercicio de la facultad de no investigar. Este alto porcentaje de asuntos terminados en relación con los recepcionados puede conducir a error y a confusión en la ciudadanía, en el sentido de que la mayoría de los casos estarían siendo resueltos rápidamente, en circunstancias de que lo que ocurre es que prácticamente en el 73 por ciento de los casos no hay investigación. En buenas cuentas, las cifras nos señalan que más de las dos terceras partes de los asuntos no son investigados. De hecho, la información arroja que las sentencias condenatorias y acuerdos reparatorios llegan a poco más del 12 por ciento.

Sin duda, sería conveniente conocer esos datos desagregados, a fin de saber el número de delitos de mayor impacto público, sea robo, lesiones, abusos sexuales, homicidios, etcétera, que terminan sin conocerse, sin investigación, para que, de esa manera, haya mayor transparencia.

En segundo lugar, en términos específicos tengo una interrogante en relación con lo que estaría ocurriendo en la Cuarta Región. La Serena, en particular, aparece con un porcentaje muy inferior de casos terminados en relación al resto de las regiones en que se ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema. Allí, en esa región, el término de casos recepcionados es de un 60 por ciento, mientras que en la Novena Región, ese porcentaje alcanza al 75 por ciento. Específicamente en La Serena, el porcentaje de casos terminados es de un 47 por ciento. ¿Cuál es la razón de este retraso en la Cuarta Región? ¿Hubo una mala provisión de recursos, mala gestión o combinación de factores?

Una tercera interrogante es que de los mismos datos estadísticos que conocemos se extrae que en la Cuarta y Novena regiones, las que tienen más tiempo de aplicación de la reforma, el promedio de días en la tramitación de los delitos es de 78,2 y 49,3, respectivamente. En cambio, en las regiones Segunda, Tercera y Séptima el tiempo promedio es de veinte, veinticinco o veintiseis días. De acuerdo con estos antecedentes, quiero preguntar si existe alguna relación, según la información que se maneja, entre el aumento de los tiempos de tramitación y de aplicación de la reforma, es decir, si a más tiempo de aplicación hay mayor tiempo de tramitación. De ser así, ¿cuál sería el modo adecuado de enfrentar que siga subiendo el plazo de días de tramitación?

En cuarto lugar, una duda muy específica a lo mejor estoy equivocada respecto de la información pública que se maneja: si es efectivo que en los delitos vinculados con droga existe un menor porcentaje de casos terminados en comparación con los recepcionados. De ser así, es bueno saber cuál es la razón, por qué se produce esa situación.

Las últimas dos interrogantes dicen relación con declaraciones hechas por el señor fiscal nacional el año pasado durante una evaluación de la primera etapa de aplicación de la reforma. Él señaló que la idea era evitar algunos errores de la primera etapa, entre ellos interpretaciones como dijo en esa oportunidad excesivamente garantistas en favor del imputado por parte de los operadores de la reforma, y falta de adecuada protección para las víctimas que no han sido citadas a las audiencias judiciales respectivas. Me gustaría saber cómo se han ido solucionando, en la práctica, los reparos que tenía el fiscal nacional al hacer una evaluación de la primera etapa.

Por último, en esa cuenta anual él pidió una reforma tendiente a establecer, en la Décima Región, dos fiscales regionales y no uno. ¿Qué resolvió el Ejecutivo al respecto?

Además, en esa oportunidad dijo que había solicitado al Ejecutivo estudiar la posibilidad de adelantar la selección de fiscales para la Región Metropolitana, con el objeto de que tuvieran el tiempo necesario para prepararse. Quisiera saber qué se ha resuelto en ese aspecto y cómo se abordará esa materia.

Son seis dudas bastante específicas respecto de las cuales, aprovechando esta oportunidad, me gustaría recabar información.

He dicho.