Labor Parlamentaria

El señor RINCÓN.- En segundo lugar, quiero intervenir respecto de lo que califico con mucha preocupación como subdesarrollo espacial de Chile.

Si bien el lanzamiento exitoso del tercer satélite chileno el 16 de diciembre pasado y el término también exitoso de la fase de comisionamiento o calibración en órbita del bautizado SSOT o Fasat Charlie , han provocado algún suspiro de alivio y un legítimo sentimiento de orgullo en nuestro país, es lamentable tener que transparentar las peligrosas falencias que este éxito pone al descubierto respecto de la seriedad con que Chile ha abordado el tema espacial en este último tiempo.

No tiene ninguna lógica ni buenas explicaciones saber que un satélite puesto en órbita en diciembre de 2011 y calibrado en órbita con excelentes resultados en febrero de 2012 aún no puede poner a disposición de Chile y del mundo entero las imágenes que ya deben estar en archivos y las que técnicamente puede tomar ante los requerimientos públicos y privados, seguramente porque no existen políticas nacionales respecto del acceso a esas imágenes ni sobre una decisión política de estado respecto de los precios a cobrar a nivel nacional e internacional por dichas imágenes y fotografías.

En más de treinta años de funcionamiento de comisiones asesoras presidenciales dedicadas al espacio ultraterrestre en Chile, no hemos sido capaces de cumplir los mandatos encargados.

Efectivamente, el 17 de julio de 2001, se creó la última comisión asesora presidencial, denominada Agencia Chilena del Espacio, con la principal misión de proponer una política espacial nacional y elaborar y sugerir una institucionalidad para una efectiva agencia espacial nacional, con patrimonio y personalidad jurídica propios, a través de un adecuado y consensuado proyecto de ley.

Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se dio el gran y esperado paso para autorizar la compra del satélite chileno a través de una licitación pública internacional, adjudicada en julio de 2008 y financiada con fondos de La ley Reservada del Cobre, con la condición de que fuera un proyecto dual, nacional, es decir, para satisfacer los requerimientos de todos los sectores civiles y militares del país.

Sin embargo, hoy, al parecer, la Fuerza Aérea de Chile ha debido absorber no solo la carga de operar el satélite desde una base aérea, sino que además da la impresión de que se le estaría entregando la responsabilidad de hacerse cargo de las políticas nacionales de uso del recurso satelital, de su difusión a nivel estudiantil y de hacer de contraparte nacional ante las autoridades espaciales de otros países, como ocurrió lamentablemente durante el desarrollo del ciclo de conferencias espaciales en la reciente Fidae 2012 , donde no estuvo presente ninguna autoridad civil que pudiera hacer de contraparte legal y técnica ante la comunidad espacial internacional.

Entendemos que lo anterior no está en el deseo ni en el espíritu de la FACH ni de ninguna rama de las Fuerzas Armadas, y que ha debido tomar algunas iniciativas ante la ausencia de un organismo civil con responsabilidades encargadas por el Gobierno de Chile. De hecho, es sabido en la comunidad espacial nacional que la misma FACH y toda la Comisión Asesora Presidencial, integrada por 14 miembros, ya recomendaba el año 2006 el traslado de la presidencia de la comisión, radicada hasta 2008 en la Subsecretaría de Aviación, del Ministerio de Defensa, a otro ministerio del ámbito civil, lo que efectivamente se llevó a cabo a comienzos de 2009, mediante el decreto supremo N° 0144, de 29 de diciembre de 2008, que modificó el decreto supremo N° 0338, de 17 de julio de 2001, asentando la nueva presidencia de la Comisión Asesora en la Subsecretaría de Economía, con presupuestos asignados para su funcionamiento hasta el año 2011.

Después de funcionar esa comisión más de dos años, entre 2009 y 2011, se tomó conocimiento de que el decreto supremo N° 0144 nunca fue publicado en el Diario Oficial, lo que significa que ni siquiera tenemos una comisión asesora de nivel presidencial. Además, ello deja al descubierto que hubo una asignación presupuestaria irregular por parte de la Dirección de Presupuestos, lo que nos obliga a volver, como diría un abogado, a fojas cero, es decir, a una comisión que funciona en el Ministerio de Defensa y de la cual aún no se conoce ninguna reactivación.

Estimamos que ya es tiempo de tomar en serio la importancia del uso de la tecnología espacial con fines pacíficos y hacer bien las cosas. Ya no es imperioso probar que la tecnología satelital es necesaria y eficiente en las telecomunicaciones, en la meteorología, en la navegación, en el posicionamiento global, en la astronomía y en tantos campos de la ciencia y de la tecnología. Es cosa de enterarse cómo los países desarrollados y en desarrollo luchan por tener un cupo en este conocimiento e, incluso, en el área de la exploración espacial. Ya no solo nuestros vecinos Brasil y Argentina nos han dejado atrás en materias espaciales; también Venezuela y Bolivia han tomado decisiones importantes no solo al adquirir satélites de telecomunicaciones y de observación de la tierra, sino que, además al crear sus agencias espaciales. También han seguido estos ejemplos Colombia y Perú , aunque este último la ha radicado en el área de la defensa.

Es cierto que nuestro nuevo satélite exhibe una característica que nos llena de orgullo y expectativas, ya que posee la más alta resolución espacial en el continente sudamericano.

Pero ya tenemos un problema de política espacial de Estado: este satélite, como es normal en su tipo, fue diseñado y construido para un período de vida útil máxima de cinco años, pero el ingenio de remplazo aún no se encarga. En consecuencia, ya estamos atrasados si queremos tener un satélite de remplazo antes de que el SSOT termine o se degrade en su funcionamiento. Ya cabe la pregunta obvia, ¿a quién le encargamos todos los estudios preliminares de factibilidad, de definición de la misión, el llamado a propuesta, construcción, lanzamiento, seguros y todo lo que significa el ingenio de remplazo?

No hay política pública que determine la utilización de la órbita geoestacionaria que tenemos reservada y la posibilidad de tener un satélite de comunicaciones, que es fundamental.

Por lo expuesto, pido que se oficie al Presidente de la República , con el objeto de que imparta las instrucciones adecuadas en orden a que, en muy corto plazo, ojalá durante 2012, de manera transparente, con participación de todos los expertos espaciales y satelitales de que dispone Chile, contemos con una buena propuesta de desarrollo espacial para nuestro país. Asimismo, que considere un proyecto de ley para crear una agencia espacial y la respectiva política espacial nacional, así como una definición de presupuesto de corto y mediano plazo.

Para este efecto, se ponen a disposición del Gobierno todos los estudios y recursos humanos especializados con que contamos, con el compromiso de utilizar todos los recursos ya disponibles en nuestras Fuerzas Armadas, en especial de la Fuerza Aérea, de las universidades y del sector público y privado. Además, se deberá disponer el funcionamiento urgente de la Comisión Asesora Presidencial, denominada Agencia Chilena del Espacio, disponible en el Ministerio de Defensa, como una medida provisoria de corto plazo, mientras se activa otra solución de consenso.

Sabemos que el Presidente Piñera está interesado en este tema, lo que lo motivó a disponer del tiempo necesario en su agenda para estar presente en el lanzamiento de nuestro satélite y a dar algunas instrucciones para considerar la creación de una agencia en el sector de Telecomunicaciones, que estimamos debe ser evaluada y transparentada.

Por eso, solicito que incluya el tema del desarrollo espacial en Chile dentro de su próximo mensaje del 21 de Mayo.

Pido que se adjunte copia de mi intervención al oficio que se enviará al Presidente de la República, al ministro de Defensa y a los organismos relacionados con la materia expuesta.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.