Labor Parlamentaria

El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola.

La señorita CARIOLA (doña Karol).-

Señor Presidente, de nuevo, saludo al ministro por su presencia y la especial atención mostrada sobre el debate de la reforma tributaria.

Ayer, leíamos diversos y variopintos cartelitos en los escritorios de mis honorables colegas. Hoy, hemos escuchado innumerables falsedades desde la Derecha. ¡Cuánto les duele que les toquen el bolsillo a los poderosos que pertenecen al 1 por ciento de la población, los que se llevan más de un tercio del ingreso en nuestro país!

Las grandes empresas han contado históricamente con muchos beneficios, con lo que han generado una tremenda injusticia respecto del resto de la población.

Actualmente, la exención tributaria alcanza al 65 por ciento del IVA en los inmuebles, para los tramos de precios que llegan hasta las 4.500 UF, es decir, 105 millones de pesos aproximadamente. Hoy, el impuesto efectivamente pagado solo recauda la diferencia entre lo que la empresa paga por las materias primas y la venta. Es decir, las empresas no pagan el 19 por ciento real, sino la diferencia entre la compra y la venta.

Es una práctica común de los empresarios inmobiliarios usar la compra de materias primas para eludir impuestos, y también vender sin IVA.

La reforma tributaria, impulsada en cumplimiento de una promesa de campaña del Gobierno de la Nueva Mayoría, de la Presidenta Michelle Bachelet y de sus candidatos al Congreso Nacional, de lo que debemos hacernos cargo, sin duda viene a focalizar los beneficios tributarios en los más pobres.

La exención del crédito en el pago del IVA por las constructoras solo será un beneficio para las viviendas de hasta 2.000 UF, lo que corresponde al 74 por ciento de las compras y ventas anuales de viviendas.

El lobby que han ejercido las constructoras y empresas inmobiliarias ha hecho que sus mandatarios de la Derecha señalen que el gravamen se trasladará a los precios. Por eso, quiero pedirles un poco de sinceridad, que digan que el mercado inmobiliario no funciona y que los precios, que ahogan con deudas a largo plazo a las personas, son dictaminados por los monopolios y las colusiones.

El artículo 2° también contempla poner fin a la elusión del pago de IVA en la venta de bienes inmuebles nuevos. Hay algo en lo que no se puso suficiente énfasis -lo que la Derecha aprovechó para desinformar a la gente-, cual es que este gravamen, en la presente reforma, solo opera para ventas habituales, es decir, para quienes hacen de su negocio empresarial la compraventa de inmuebles.

Si somos serios, concordaremos en que, a diferencia de lo que burdamente sostienen algunos en este hemiciclo, la mal llamada clase media, o más bien la clase trabajadora, no se dedica precisamente a comprar y vender casas y departamentos. Las que van a pagar impuestos son las empresas que poseen inversiones en bienes raíces, es decir, aquellas que poseen cientos de propiedades. A ellas les van a tocar el bolsillo, no a la eufemísticamente llamada clase media, que no es más que nuestro pueblo, que, para tener una casa, debe endeudarse a veinte o treinta años, o postular a subsidios para cumplir ese sueño tan importante de nuestra familia; clase media que, desde la imposición dictatorial de un modelo injusto, ha tenido que soportar sobre sus hombros el peso de sacar adelante este país no solo con su trabajo, sino también con sus tributos.

Por último, quiero expresar que concordamos con el diputado José Manuel Edwards y recogemos el guante que lanzó en la mañana. En primer lugar, aprobemos esta importante reforma, y, con posterioridad, trabajemos en profundizarla, en el sentido que pidió el diputado Edwards. Discutamos proyectos de royalty, de impuesto diferenciado a las mineras, porque nadie puede asegurar que ellas no se verán afectadas con esta reforma. Debatamos en torno al financiamiento integral de la garantía a los derechos sociales, para dar a nuestro pueblo no solo educación gratuita, sino también salud de calidad y pensiones dignas.

He dicho.