Labor Parlamentaria

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor PILOWSKY (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial Investigadora de las responsabilidades administrativas que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre entre los años 2011 y el presente, paso a informar las conclusiones presentadas por la totalidad de los miembros integrantes de la misma, aprobadas por asentimiento unánime en sesión de 29 de agosto de 2016.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Browne , Gustavo Hasbún , Luis Lemus , Nicolás Monckeberg , José Pérez , Jaime Pilowsky (Presidente), Ricardo Rincón , Marcelo Schilling , Guillermo Teillier , Jorge Ulloa , Osvaldo Urrutia y Germán Verdugo .

La comisión celebró un total de veintisiete sesiones, recibió a cuarenta y cuatro invitados y despachó ciento veintitrés oficios.

Me voy a referir brevemente a las conclusiones y recomendaciones aprobadas por la comisión.

La Comisión Investigadora se constituyó con fecha 15 de diciembre de 2015 y surgió a propósito de la información difundida en medios de comunicación y de las investigaciones judiciales que se llevaban al efecto respecto de la utilización por parte un grupo de funcionarios del Ejército de facturas material e ideológicamente falsas para desviar recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

Para cumplir esta misión, la comisión invitó o citó a los distintos actores relacionados con la administración, ejecución y control de los fondos, quienes, en su gran mayoría, a pesar de que algunos de ellos no tenían la obligación legal de asistir, concurrieron a entregar su testimonio a esta instancia. En este aspecto, la comisión resalta la colaboración del Ejército para que ello fuera posible.

A pesar del carácter reservado de la ley y de que la información que se relaciona con ella se cataloga de igual manera, la comisión realizó un esfuerzo por hacer públicas las sesiones, incluyendo su difusión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, lo que significó una apertura a la ciudadanía de antecedentes que concitaron gran interés público.

En cuanto a las conclusiones generales, puedo señalar que, sin perjuicio de lo expuesto y de las responsabilidades asignadas a los distintos actores en el marco de la competencia específica que dispuso la Cámara de Diputados, esta comisión quiere hacer presente que, en el marco actual de financiamiento y sus especiales características de reserva, es necesario efectuar un análisis más sistemático de la materia investigada, y no solo del fraude que involucra a un grupo de funcionarios de Ejército y a determinados proveedores que, a través de facturas materiales e ideológicamente falsas, desviaron casi 6.000 millones de pesos dispuestos para materias concernientes a la defensa nacional.

En una sociedad moderna y democrática la regla general es que los recursos públicos sean utilizados de forma transparente y eficiente, con mecanismos de escrutinio de la ciudadanía. Sin embargo, en materia de defensa nacional existe un razonable y necesario ámbito de confidencialidad.

En tal contexto, uno de los fundamentos recurrentes que suele invocarse como causal de reserva es precisamente la seguridad de la nación, algunas veces de forma amplia y no en sentido estricto. En efecto, la reserva debiera utilizarse solo en aquellos casos en que la publicidad del acto y resolución del órgano del Estado pudiere afectar la seguridad de la nación y no solo cuando se encuentre relacionada con aquella.

En cuanto a las responsabilidades, puedo agregar que para los miembros de la Comisión, a la Contraloría General de la República le asiste, entre otras, la responsabilidad de falta de diligencia y cuidado al tomar razón, el 13 de mayo de 2005, como original, un texto del decreto supremo Nº 124, del Ministerio de Defensa, que no era tal. A partir de ese manifiesto error, reconocido por el actual contralor, se emitió un dictamen el 15 de octubre de 2009 que, sin duda, limitó la potestad plena de la Contraloría General de la República y contribuyó a no tener una política permanente y eficaz de fiscalización de los fondos de la Ley Reservada del Cobre entregados a las diversas instituciones de las Fuerzas Armadas.

En relación con el Ministerio de Defensa Nacional, cabe señalar que por los antecedentes expuestos se pudo constatar la dificultad que tuvo dicho ministerio para la implementación de la legislación publicada en febrero de 2010 y que estableció una nueva institucionalidad en la citada cartera.

Con todo, en opinión de esta comisión, a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas le caben responsabilidades en el ejercicio de su labor, contemplada en la ley Nº 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, a saber, fallas y retardos en la implementación de los mecanismos de control que debía aplicar la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en

2010, los que provenían de la institucionalidad anterior, Consudena , todo ello de conformidad con el artículo 8° del decreto supremo N° 124, de 2004, que señala que a esa entidad le corresponde “fiscalizar, controlar y aprobar las rendiciones de cuentas de las inversiones ya decretadas”.

En tal sentido, existe responsabilidad de los subsecretarios para las Fuerzas Armadas al no revisar y aprobar las rendiciones de cuentas entregadas y que, como se ha señalado en este informe, se encuentran pendientes de aprobación desde el cuarto trimestre de 2011, por cifras que ascienden a 929.529.979 dólares y a 79.907.095.440 pesos, tal como lo informó el ministro de Defensa a esta comisión.

En relación con la comandancia en jefe del Ejército y su comandante en jefe de la época, a juicio de esta comisión, según los antecedentes tenidos a la vista durante la investigación, el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba , quien ejerció durante el período de competencia de la comisión (entre 2011 y 2014), en cuanto jefe superior de la institución según lo dispone el artículo 46 de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, tuvo responsabilidad en el siguiente sentido:

El comandante en jefe del Ejército es responsable por el correcto funcionamiento de su institución. Como superior jerárquico y máxima autoridad no puede disculparse con la omisión o descuido de sus inferiores en los asuntos que pueda o deba vigilar. Se reprocha que no haya hecho una adecuada supervisión de quienes dependen orgánicamente de él, en este caso de los oficiales que se encontraban a cargo de la contraloría del Ejército y del Comando de Apoyo a la Fuerza.

La comisión quiere dejar constancia de que el excomandante en jefe del Ejército, general de ejército Juan Miguel Fuente-Alba , si bien no tenía obligación legal de comparecer ante la comisión investigadora, fue el único exmilitar de alta graduación que, invitado en dos oportunidades, no concurrió. Se excusó aludiendo que las materias estaban siendo objeto de investigación judicial, por lo que no resultaba recomendable asistir a la comisión.

En relación con la contraloría general del Ejército, la contraloría general del Ejército no cumplió su misión institucional en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización, garantizando que todos los procesos y procedimientos que desarrollen las unidades bajo inspección se encuentren ajustados a la normativa legal vigente.

De acuerdo con lo señalado, se asigna una responsabilidad directa a los generales Andrés Polloni Contardo , Jorge Guzmán Fredes , Iván González López , que dirigieron este organismo en el período durante el cual se extendieron los ilícitos investigados, pues no cumplieron con la debida diligencia en su labor fundamental antes reproducida.

En relación con la tesorería del Ejército, a partir de los antecedentes expuestos, es posible determinar que la tesorería del Ejercito incumplió su misión institucional, que dice relación con la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la institución, los que son tramitados por los responsables de administrar los recursos financieros provenientes de las leyes asociadas a la cobertura monetaria en moneda nacional y moneda extranjera, lo anterior con eficiencia, al servicio de las unidades y contribuyendo al desarrollo de la institución. No se cumplió con ese objetivo institucional.

Desde el punto de vista administrativo y político, se extendieron las responsabilidades a los oficiales Fernando Grossi García y Carlos Frez Ramírez .

En relación con el Comando de Apoyo a la Fuerza y sus dependencias, este organismo, que es el que administra los fondos de la Ley Reservada del Cobre, incumplió su misión de proponer, coordinar, ejecutar y controlar los fondos asignados provenientes de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre, tarea que se le encomendaba en virtud de la orden comando que regula su creación.

A este respecto, existe una directa responsabilidad de los oficiales generales que lo dirigieron, señores Antonio Cordero Kehr , Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías , ya que como jefes superiores de aquel, actuaron de manera negligente en el cumplimiento de sus obligaciones al hacer estrictamente lo indispensable, y mantener los procedimientos sin la modernización que se requería para tales efectos.

Constituye una falta de cuidado en el ejercicio de su cargo la omisión del general de brigada Carlos Villalobos Vera , quien estuvo al mando de la División de Mantenimiento del Comando de Apoyo a la Fuerza, desde el año 2009 hasta el año 2012. El citado oficial, de manera inexplicable, ignoró un informe elaborado, en septiembre de 2011, por el coronel Miguel Cantallopts , jefe del Departamento II Inteligencia, quien dio cuenta de irregularidades (falsificación en una cotización realizada por dos funcionarios que finalmente terminaron procesados y en prisión) detectadas en el citado organismo y que, de haberse denunciado en dicha oportunidad a las autoridades competentes, investigadas y debidamente sancionadas por estas, habrían disminuido las probabilidades de que se continuase con la ejecución de hechos ilícitos al interior del CAF por los funcionarios que participaron de aquellos.

En abril de 2014, cuando el Ejército denunció ante la justicia los ilícitos cometidos por un grupo de funcionarios, se encontraba dirigiendo el CAF el general de división Iván González López , quien cumplió esa misión desde el mes de enero de ese año hasta diciembre de 2015. Cabe señalar que este oficial no empleó la diligencia exigible, atendido su rango y cargo, al no custodiar y/o respaldar la información contenida en el servidor y en los computadores del personal involucrado.

El resto de las responsabilidades están consignadas en el informe.

Recomendaciones

La comisión investigadora hace veintidós recomendaciones, las cuales trabajó desde el ámbito legislativo durante el desarrollo de su mandato.

1. Derogación de la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas.

La comisión aprobó esta recomendación por unanimidad.

El actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas cumplió un ciclo. Es necesario establecer un nuevo esquema de financiamiento de ellas que permita la planificación a largo plazo de la Defensa Nacional, una mayor participación del Congreso Nacional en las autorizaciones y controles de los recursos, y mecanismos potentes de control a través de la Contraloría General de la República.

Por ello, recomendamos acelerar la tramitación de un proyecto que recoja esos elementos. Una alternativa es poner en discusión el proyecto que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (boletín N° 7678-02). Cabe señalar que dicho proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en 2012, y que el gobierno actual ha comprometido, para el segundo semestre del presente año, introducirle una serie de modificaciones mediante la correspondiente indicación, las que deberán ser analizadas por la Cámara Alta, y después, en un tercer trámite, por la Cámara de Diputados.

2. Modificaciones al modelo de transferencia del 10 por ciento de Codelco y utilización del Fondo de Contingencia Estratégica. Ello implica lo siguiente:

Establecer que los ingresos de las ventas del Cobre y sus subproductos entren a la caja de Codelco y se liquiden a fin de año, a fin de evitar gastos financieros asociados a los requerimientos de liquidez durante el año. Este costo financiero podría ascender a 35 millones de dólares.

Hacer una modificación de la normativa, de manera transitoria, para autorizar inversiones del Fondo de Contingencia Estratégico en negocios y proyectos de Codelco, lo que podría producir un ahorro de 85 millones de dólares al año al fisco.

3. Informes de la Contraloría General de la República a las comisiones de Defensa del

Congreso Nacional.

La Contraloría General de la República ha informado, mediante oficio Nº 36.663, dirigido a la comisión, que con el objeto de transparentar la labor de auditoría desarrollada en materias de carácter reservado, se han publicado en la página web el listado de informes evacuados sobre el particular.

Ahora bien, recomendamos que, además, todos los informes finales y los de seguimiento de la Contraloría General de la República sean remitidos a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para su conocimiento y fines respectivos.

4. Urgencia a proyecto de ley de homologación de la responsabilidad administrativa. Hemos aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que homologa la responsabilidad administrativa en los plazos de prescripción, que hoy para los miembros de las Fuerzas Armadas es de dos años, y que queremos que sean de cuatro años como en el sector civil.

5. Potenciar la capacidad técnica de la Contraloría General de la República.

6. Potenciar la capacidad del Congreso Nacional para una efectiva fiscalización.

7. El Ministerio de Defensa Nacional debe fortalecer los procesos de evaluación de proyectos, de adquisiciones, con los debidos sistemas de control para su adecuada ejecución.

8. Mayor especificación de los decretos de inversión asociados a un proyecto.

9. Actualización de la normativa del Registro Especial de Proveedores del Sector Defensa y del decreto supremo N° 124, de 2004.

10. Incompatibilidad de exoficiales para desempeñarse en empresas proveedoras de bienes y servicios de la Defensa Nacional durante un determinado período.

11. Establecimiento de un sistema de prevención de delitos, y de denuncias al interior de las Fuerzas Armadas.

12. Establecimiento de un Código de Ética.

13. Implementar un modelo de gestión de riesgo en el Ejército.

14. Fortalecimiento del sistema de control institucional.

15. Modernización de los procesos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y tesorería del Ejército.

16. Implementación de mejores prácticas de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas.

17. Nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. En este sentido, recomendamos el envío de un proyecto de ley que incorpore a empresas relacionadas con la venta de autos de alta gama entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

18. Nuevas facultades para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

19. Potenciar las unidades de la Superintendencia de Casinos y de la UAF.

20. Mayores regulaciones para clientes premium de casinos de juegos. Cabe recordar que un cabo del Ejército apostó 2.400 millones de pesos durante cinco años en un casino de juegos, sin que se activara ninguna alarma sobre el particular.

21. Modificaciones legales para establecer la obligatoriedad de asistencia de exfuncionarios públicos a comisiones investigadoras. En este sentido, se presentó un proyecto de ley en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuyo objeto es establecer que los ex funcionarios públicos tengan la obligación de comparecer a las comisiones investigadoras hasta dos años después de dejar su cargo, de manera de evitar casos como el del ex comandante en jefe del Ejército, el general Fuente-Alba, quien se excusó de asistir a la comisión, y que personas que dejan de prestar servicios en organismos del Estado no asistan a tales instancias por no tener obligación legal para ello, como ha corrido en muchas ocasiones.

Por otra parte, se recomienda modificar la justicia militar, que actualmente se encuentra investigando este fraude.

Los hechos ilícitos de fraude están siendo investigados en dos sedes jurisdiccionales distintas: en la justicia militar, por el ministro en visita señor Omar Astudillo , en todo lo que dice relación con los funcionarios militares, y en el ámbito civil, por el Ministerio Público, que se encuentra analizando las responsabilidades de civiles, particularmente de proveedores.

Por último, esperamos que la Comisión de Defensa Nacional vea cada seis meses cuál es el estado de avance de cada uno de los proyectos de ley y de las medidas administrativas de las distintas instituciones sobre la materia, de manera que podamos tener comisiones especiales investigadoras que no solo entreguen un informe, sino que también hagan un seguimiento del trabajo desarrollado por ellas.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

-Aplausos.