Labor Parlamentaria

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , no cabe ninguna duda de que el informe de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hemos conocido en las últimas semanas, reviste extrema gravedad.

A mi juicio, solo es comparable con los que se elaboraron en distintos momentos luego de la vuelta a la democracia referentes a crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, o con aquellos de la ONU en que hubo participación de relatores especiales -tal cual ha acontecido en este caso- con relación a temas propios de La Araucanía, particularmente en lo que respecta a niños mapuche, situación que no se contempla en el informe que nos ocupa. A este último respecto, la UNICEF y Naciones Unidas han hecho una serie de recomendaciones para combatir las violaciones de los derechos de la infancia.

Con todo, me parece que este es uno de los informes más graves que, por lo menos, yo he leído.

Como recordó el Ministro de Justicia , Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Yo quiero subrayar ese punto, porque la verdad es que el Congreso en los últimos 29 años, desde que volvió la democracia, ha evacuado una legislación que no es muy robusta ni muy sustantiva en relación con esta materia.

Tenemos la Declaración y posteriormente, en 2015, la ratificación del Protocolo Facultativo, que finalmente nos llevó a realizar la denuncia pertinente, lo que derivó en el informe que ahora nos convoca.

Ha habido algunas discusiones y resoluciones sobre el proyecto que tipifica el maltrato infantil y logramos, por supuesto, crear los tribunales de familia, cuyo aporte en los últimos años vale la pena destacar en esta sesión.

¡Y pare de contar!

Nos sobran dedos de la mano para enumerar las iniciativas de impacto que el Congreso Nacional, en estos 29 años, ha evacuado en favor de los niños y las niñas de Chile, especialmente en favor de aquellos que son vulnerables.

A raíz de todo ello surge esta recomendación o este tirón de orejas institucional -como uno lo quiera ver; es algo bastante fuerte, como señaló el Ministro - al Congreso, a los tribunales de justicia (por la manera como vienen resolviendo las destinaciones a los distintos sistemas residenciales) y a la política en general.

Yo no trataría de sacar un provecho político en esta materia -si la culpa es de este partido o de aquel otro-, porque si lo vemos desde ese punto de vista, no se salva nadie. Aquí hay parlamentarios que han tenido responsabilidades ministeriales en otro momento. En mi opinión, lo peor que podemos hacer es entrar en la lógica de lanzarnos las culpas.

Alguien podría decir que el informe se refiere, por su gravedad ante violaciones graves y sistemáticas, a una contravención de derechos. Al respecto, uno podría replicar: "Bueno, hubo un gobierno que hace más de dos años presentó un proyecto de ley que justamente buscaba establecer un catálogo de derechos para los menores". Para qué vamos a hacer la historia de cómo se abortó esa iniciativa, de cómo se le cerró la puerta. ¡Ahí quedó! Y hoy día estamos pidiéndole nuevamente al Ejecutivo , como sostuvo la Senadora Rincón, que ingrese al Senado las indicaciones para el proyecto sobre garantías de la niñez. Y "garantías de la niñez" es sinónimo de "catálogo de derechos".

Por lo mismo, al igual como lo hizo el Ministro Larraín , quiero permitirme mencionar cuáles son esos derechos.

Ocurre algo bastante grave respecto de los quince derechos que menciona el informe: se trata de obligaciones del Estado que han sido violadas.

1) No discriminación: Aquí incide un componente socioeconómico. El informe de Naciones Unidas indica que los niños con mayores dificultades, con mayores carencias económicas, son más susceptibles de ser internados y, por tanto, abandonados. En efecto, ha habido un abandono en la protección de estos menores.

2) Interés superior del menor: Se critican fuertemente en este punto las resoluciones judiciales. Conversé sobre el particular con el Senador Letelier, quien es autor de una moción que, a mi juicio, apunta en la dirección de lo que este informe señala.

Los niños -así lo dice el documento de la ONU y también el Informe Jeldres- muchas veces no saben que serán objeto de una internación o que van a ser llevados a una residencia hasta cuando el tribunal se los comunica. O sea, no tienen ninguna participación en todo el proceso.

3) Obligación de asegurar el respeto de las normas por las instituciones encargadas de protección: Esta obligación se vulnera por una mala infraestructura y por las deficientes condiciones de higiene, salubridad, limpieza y seguridad en las que se encuentran los niños.

4) Medidas de general aplicación: Nos están diciendo -reitero- que aquí ha faltado una ley sobre derechos de la infancia.

5) Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: El Estado no protege el derecho a la vida de niños, niñas y adolescentes ingresados en los programas residenciales.

El informe señala que tales menores están permanentemente en riesgo. Por eso, destaco la decisión que tomó el Presidente hace algunos días de cerrar el CREAD de Playa Ancha. Probablemente hay otros centros en una situación parecida.

6) No separación de la familia, salvo en interés superior del niño: Se reitera lo señalado en el punto 2 y se hace principal hincapié en que esta medida debe ser requerida tras haber considerado todas las otras alternativas. En definitiva, separar al niño de la familia, sea esta extensa o ajena, debe constituir el último recurso.

7) Derecho a expresar su opinión y a ser escuchado: En este punto, como ya dije, es muy importante el proyecto que está en discusión en la Comisión sobre infancia, presentado por el Senador señor Letelier -nos ha invitado a suscribirlo-, que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de las medidas de internación de residencia.

No puede ser que se destine a un niño a una residencia y pasen años sin que se evalúe si sus condiciones o las de su familia extendida han cambiado o siguen siendo las mismas.

8) Asistencia apropiada a los padres y representantes legales en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes: La familia no recibe apoyo en materia de salud, de educación.

Valoro las palabras de la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz , en el ámbito de la educación y la interpelación que nos hace. Creo que en muchos aspectos este Senado podría ir más rápido.

Por de pronto, un conjunto de Senadores estamos trabajando en un proyecto de ley que busca terminar con el estrés que significa para el niño que normalmente va al colegio -no estoy hablando de la infancia vulnerada- competir en una loca carrera por las notas, en circunstancia de que no se da cuenta de su avance, de su desarrollo, de sus informes de desempeño.

El tema educacional también hay que abordarlo.

9) Protección contra la violencia: El informe señala que existen prácticas que, por omisión o acción directa, permiten o naturalizan las relaciones violentas y los maltratos entre niños, niñas y adolescentes, y entre estos y los adultos.

10) Derecho de los niños con discapacidad a la atención adecuada para una vida plena y decente: Los menores con discapacidad son segregados. No logran avances psicomotores de ninguna especie y pueden estar años en esos centros, muchas veces sin ser evaluados.

11) Derecho al más alto nivel de salud posible.

12) Derecho a la educación: Ya lo mencionamos.

13) Derecho al descanso, esparcimiento y cultura.

14) Protección contra explotación y abusos sexuales: Muchas veces se generan redes de prostitución y círculos viciosos.

No quiero alargar mi intervención; solo reitero algunas de las prácticas que se han planteado en el informe.

15) Protección contra tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: Es el caso del CREAD de Playa Ancha, en Valparaíso; el del centro Alihuén, en Santiago; la situación que sufrió Lissette Villa . Los menores han sido objeto de quemaduras con cigarros, con agua caliente; han recibido amenazas con cuchillo, con armas, con golpes de puño, con correa, en fin. Esa es la realidad que viven nuestros niños que están bajo la responsabilidad del Estado.

Otra cosa que no se ha dicho es que hay un juicio muy categórico respecto del rol de los privados. Eso pasa desapercibido porque, en el fondo, la responsabilidad recae en el Estado, según lo establecido en el punto número 2 del citado informe. Pero buena parte de esas vulneraciones -por no decir la inmensa mayoría- ha ocurrido en recintos particulares.

¿Y qué encontramos acá? Primera medida del Ejecutivo en esta materia: aumentar la subvención a los centros colaboradores privados, sin pensar antes en el diseño que vamos a construir.

Por esas razones, con un grupo de colegas, encabezado por la Senadora Rincón, el Senador Letelier, la Senadora Allende, que integra la Comisión sobre infancia, estamos redactando un proyecto de acuerdo -y esperamos que se apruebe con el apoyo de todos- orientado en la misma línea que planteó la Honorable señora Rincón: pedir perdón oficial a todos los niños y las niñas que el Estado chileno ha vulnerado en sus derechos por décadas, en circunstancias de que le asistía el especial deber de cuidarlos.

En segundo lugar, llamamos a este Senado a liderar la formación inmediata de una Comisión de reconocimiento y reparación a todas las niñas, los niños y las víctimas del sistema tutelar chileno, para que en el más corto plazo pueda llegar a sus vidas algún socorro, aunque sea tardío.

Lo dijo también la Defensora de la Niñez en la interpelación que nos hizo: ¿Cuánto va a costar este conjunto de medidas? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué plazos?

Tercero, instamos al Ejecutivo y al Poder Judicial a desinternar inmediatamente a los bebés de cero a tres años de edad.

Cuarto, pedimos al Gobierno y al Poder Judicial que liberen del régimen de residencia a los niños declarados susceptibles de ser adoptados y que lleven años encerrados.

Con relación al punto 2 del informe, las tareas de la Comisión de reparación propuesta perfectamente podrían ser asumidas por la Comisión sobre infancia del Senado, si le parece a esta Honorable Sala.

Quinto, requerimos al Ejecutivo que ingrese, sin más demora, la indicación sustitutiva al proyecto sobre Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que llevamos cinco meses esperando. Dicha iniciativa fue, como sabemos, ingresada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet y su tramitación fue abruptamente interrumpida.

He dicho.