Labor Parlamentaria

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , conforme a los resultados de la última encuesta de victimización que entregó ayer la Fundación Paz Ciudadana, podemos observar cómo se va consagrando la desigualdad del delito.

Porque, si bien hay una baja en la victimización de hogares en términos generales, esta se registra en los hogares de mayores ingresos y en los de ingresos medios. Pero en los ingresos bajos aumenta considerablemente el delito, llegando a cerca de 37,5 por ciento. Es decir, casi cuatro de cada diez hogares de nivel socioeconómico bajo ha sido víctima de algún tipo de delito.

Y, adicionalmente, cuando uno observa de qué tipo de delitos se trata, se visualiza un incremento de los delitos violentos. Esto genera una afectación de la libertad, una afectación del legítimo derecho de vivir seguros que tienen todos los ciudadanos. Pero es más grave al tratarse de personas de escasos recursos, porque estos hogares no pueden financiar seguridad privada, no tienen personal en su casa, no tienen alarmas, no tienen cerco eléctrico. La única seguridad con que cuentan es la pública. Y no se está brindando de buena forma.

Muchas veces en el entorno de esos barrios vive algún delincuente. Y ese papá, esa mamá, esa abuela que debe criar al niño, siente el temor permanente de que debe ir a trabajar y de que su hijo, hija, nieto, o quien esté a su cuidado, ha de estar todo el día solo en esa casa, sin medidas de seguridad y con un delincuente eventualmente rondando.

¿Por qué explico esto, señor Presidente ? Porque el trabajo en torno a la delincuencia no es solo un tema policial, pero la presencia policial es importante, porque es el único mecanismo que el Estado puede proveer a los ciudadanos para brindarles mayores niveles de seguridad.

Sin embargo, junto con ese mecanismo de seguridad policial, existen otros mecanismos a mi juicio mucho más eficientes y que tienen que ver con lo que estamos discutiendo, que es crear entornos seguros que no favorezcan el delito.

Porque cuando uno va a un barrio, ve el color verde de los parques y las plazas; pero cuando uno va a otros barrios, otras regiones, ve el color gris del cemento o el café de la tierra. No hay espacios públicos integradores, se producen, en general, entornos que facilitan la comisión de delitos. Hay numerosos sitios eriazos, hay falta de iluminación.

Ahí es cuando uno dice: "Bueno, el Estado tiene que llegar con prevención situacional, pero también con prevención social, de manera de dar mayores alternativas a los jóvenes y a las personas para que puedan tener opciones distintas que la comisión de ciertos delitos o las relaciones de violencia".

¿Y por qué vinculo esto con el proyecto? Porque, consultado en la Encuesta de Victimización, quienes más reclaman respecto de las incivilidades son las familias de nivel socioeconómico más bajo, pues se trata de conductas que, sin estar necesariamente penalizadas, generan inseguridad.

Cuando una señora sale a comprar bebidas después de las ocho de la noche para el cumpleaños de su hija en una población tomada por el narcotráfico, se encuentra con que le "cobra peaje". "Cobrar peaje" no es un delito, pero es una incivilidad que genera miedo.

Cuando una familia sale de su casa a pasear y se encuentra con que permanentemente le rompen los vidrios del auto, de la casa, o con que le rayan permanentemente su vivienda sin autorización, se va generando, por un lado, una cultura de falta de respeto a la vida cotidiana y, por otro, una molestia permanente y también una sensación de inseguridad, de temor.

Entonces, este proyecto se hace cargo de ciertas incivilidades. Y digo "de ciertas incivilidades", no de todas.

Por ejemplo, ¿cómo se distribuye la policía hoy día? En función de una fórmula matemática que involucra denuncias, victimización, condición social, etcétera, pero que nada dice de estas incivilidades. Para efectos prácticos, cuando se distribuyen los carabineros, el "cobro de peaje" no está dentro de la ecuación. Entonces, la señora a que me referí dice: "Oiga, yo también quiero vivir segura, y quiero que se sancione esa incivilidad. Y quiero que cuando venga un grupo de gente y agarre una cantidad de basura y me la tire en la puerta de mi casa, también sea sancionado, porque no corresponde ese tipo de relación".

Ciertamente, como se planteaba aquí, en el mundo ideal, en los países nórdicos probablemente, el nivel de educación y de compromiso con el resto de la comunidad es de tal magnitud que a nadie se le ocurriría ir a botarle basura al otro, a rayarle la casa al otro, a cobrarle peaje al otro, porque la molestia, la rabia, se expresan de una forma distinta, civilizada, no atentando contra el otro.

Aquí tenemos todavía ese flagelo.

Y es cierto que probablemente no haya que penalizarlo todo.

En la discusión que dimos en la Comisión de Seguridad del Senado el Gobierno venía con un conjunto de planteamientos bastante duros en algunas materias: por ejemplo, consumo de alcohol en la vía pública, sanción penal. ¿Qué quiere decir esto? No que vayan a meter preso al infractor, porque en la práctica, por las penas asignadas nunca lo iba a estar, pero se le mancharían los antecedentes, y en este país un joven con antecedentes no puede encontrar pega.

Entonces, nosotros dijimos: "En vez de manchar los antecedentes, ¿por qué no hacemos una cosa distinta, y buscamos un tipo de sanción que permita, además, que se trate a la persona que cometa la acción, en caso de que padezca un tipo de adicción?"

Y lo mismo en cuanto a pasar al nivel de sanción penal al que hace una raya en una estatua (mal ejemplo, pues está penado en la Ley de Monumentos Nacionales), en una pared sin autorización. No me refiero a los grafitis, a los que excluimos completamente, porque es un tipo de arte, sino a la raya.

Se dio la discusión y pregunté: "¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué queremos? ¿Que ese joven, adulto o el que sea, no raye, y si lo hace que lo mandemos preso? ¿Le vamos a manchar los antecedentes penales?".

Yo sugiero una cosa un poquito más creativa, porque esa fórmula ya no nos dio resultado: "Si usted hace una raya y es sorprendido, ¡me borra diez rayas, pues!". Es mucho más útil. No le manchamos los antecedentes, pero vamos limpiando la ciudad.

Entonces, hay que ir creando mecanismos más atractivos para sancionar ciertas incivilidades, pero que no caigan en la cultura penal, porque, al final del día, el Código Penal se aplica preferentemente al más pobre.

Esa es una tremenda injusticia social. Y si ya el delito es desigual, lo que no podemos hacer es que la ley penal sea igualmente desigual.

Por eso, señor Presidente, creo que este proyecto avanza en la línea correcta. Y, junto con otros Senadores, vamos a presentar un conjunto de indicaciones para ir cambiando esta modalidad, pero por una cosa atractiva, novedosa.

Hoy día la Ley General de Urbanismo y Construcciones contempla la posibilidad de que cuando haya un sitio eriazo, el Director de Obras dé la orden para cerrarlo. Se da un plazo de seis meses, y el proyecto dice máximo dos meses. Pero además le dice: "Si usted no cierra el sitio eriazo y se comete un delito adentro, usted va a ser solidariamente responsable por los daños civiles que se cometan en su interior".

Porque hay gente que especula inmobiliariamente. Grandes empresarios o personas que tienen un gran sitio eriazo esperan que suba de precio, que pase de rural a urbano, para ganar un poquito más, para hacer el gueto vertical, ¡ese que molesta! Pero en ese sitio eriazo violan niñitas, asaltan señoras.

¡Bueno! Que sean responsables. ¡Si quieren ganar plata, que sean responsables también de los daños que se puedan generar ahí!

El proyecto contempla eso, con el fin de dar un incentivo al dueño de esa propiedad, que no vive en esa comuna, en ese barrio en que se genera inseguridad -porque él vive en otro barrio, mucho más tranquilo-, para que se haga responsable de eso, para que seamos responsables de los entornos. Y se dan facultades.

En consecuencia, hay mecanismos interesantes en esta iniciativa de ley.

Hemos incorporado una parte importante de las observaciones del Defensor Nacional. Ciertamente, él decía: "No podemos trasladar del nivel infraccional al nivel penal, porque en la práctica eso no da resultados".

Por eso es que durante el plazo para presentar indicaciones vamos a incorporar un conjunto de normas para hacer que esta iniciativa sea eficiente y que la gente pueda volver a convivir. Porque, al final del día, ¿de qué se trata esto, señor Presidente ? De que podamos convivir en paz y en tranquilidad.

Entonces, cuando alguien dice: "¿Sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con el tema de la seguridad, porque es un tema de represión". ¡No, señor! Hay un derecho a vivir seguros. Sin seguridad no hay libertad. Y los que no tienen libertad son los más pobres, quienes no pueden proveerse de seguridad privada por sus medios.

Y ahí es donde, a mi juicio, desde mi visión política, el Estado tiene que estar presente con prevención social, con prevención situacional, ojalá con una reforma al sistema de financiamiento de los municipios, por cierto, pero también con control, porque la gente también tiene derecho a vivir segura.

En consecuencia, voy a votar a favor en general, y presentaré indicaciones en el período que fijemos para ello.