Labor Parlamentaria

Exposición de motivos

El artículo 2216 del Código Civil, define el mandato como contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador, y en general, mandatario.

De la definición legal antes descrita, se puede concluir que el mandato es esencialmente un acto de confianza, lo cual obviamente requiere de un conocimiento previo del mandatario por parte del mandante o comitente, a fin de otorgar dicho encargo. Si esa confianza es defraudada por el mandatario, el mandato podrá ser revocado a su arbitrio por el mandante.

Por su parte, el artículo 233 del Código de Comercio, establece que el mandato comercial es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño.

A su vez, el artículo 235 del mismo texto legal preceptúa que el mandato comercial toma el nombre de comisión cuando versa sobre una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas.

El artículo 241 del referido compendio normativo, prescribe que el comitente no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada, cuando su ejecución interesa al comisionista o a terceros.

Esta norma es conocida doctrinariamente como “mandato comercial irrevocable”, lo que en nuestro concepto resulta extremadamente categórico e inflexible, impidiendo el libre ejercicio de la voluntad del mandante o comitente, ya que el interés del comisionista o de terceros, bien puede ser resguardada por otros medios o garantías.

Por otra parte, se ha hecho un uso abusivo de este tipo de mandatos irrevocables, en contratos de adhesión, en que el comitente aparece otorgando dichos encargos a personas, naturales o jurídicas, a quienes ni siquiera conoce. Así ocurre, por ejemplo, en los contratos de apertura de tarjetas de crédito, en que al beneficiario se le hace otorgar un mandato de esta naturaleza a una persona jurídica desconocida para él, pero normalmente ligada al acreedor, para que actúe en beneficio de éste.

Es de público conocimiento lo que ha ocurrido recientemente con una conocida multitienda, que incluso llegó a repactar en forma unilateral deudas morosas que con ella mantenían diversos clientes, lo que nos lleva entonces a sostener que no deben existir este tipo de mandatos irrevocables, por cuanto se defrauda la confianza de los mandantes, que han suscrito este tipo de documentos.

Para solucionar entonces esta verdadera cautividad en que queda el comitente frente al comisionista o terceros, permitiendo una mayor autonomía de su voluntad, consideramos que debe derogarse esta norma, ya que bien pueden establecerse otras medidas de resguardo a favor del comisionista.

En mérito a las consideraciones antes expuestas, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo único: Derógase el artículo 241 del Código de Comercio.

(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.