Labor Parlamentaria

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , deseo presentar unas fotografías de las inundaciones que vivió la Octava Región. Brevemente, creo que el conjunto de imágenes son un testimonio real, directo, del drama, y, en especial, dan cuenta de un conjunto de elementos que aquí se han planteado en el debate y que espero desarrollar. Ellos dicen relación a que efectivamente enfrentamos una contingencia importante, un hito en cien años, pero cuyos daños y efectos se proyectan mucho más allá de las penurias sufridas por miles de familias.

La foto es del sector Collao , Concepción, donde se halla completamente inundada la Universidad del Biobío. Se perdieron 28 mil volúmenes en la Biblioteca y un enorme número de computadores. El plantel ha estimado los daños en más de mil 500 millones de pesos. Y aún sigue evaluando los costos, para poder invertir en protección y reposición.

La segunda fotografía corresponde al sector Chiguayante. Lo que se observa son sectores ribereños total y absolutamente anegados en el lado norte del río Biobío.

La tercera es del sector Palomares, Concepción.

Todas estas fotos aéreas fueron tomadas al día siguiente de la inundación, que se mantuvo de doce a veinte horas.

La siguiente también es del sector Collao , Concepción. Ahí se muestra el Estadio Municipal. Y toda la población que se observa en la parte superior corresponde a Collao, Los Lirios y Los Fresnos, sectores de clase media.

Son casas que representaron un costo superior a 30 ó 35 millones de pesos, respecto de las cuales no ha operado programa alguno del Gobierno, dado que no califican para ningún tipo de ayuda. Si bien es cierto que en algunos casos existen seguros comprometidos, nos hemos reunido con el Superintendente de Valores y Seguros a fin de que se pueda dar asesoría, porque, en definitiva, muchas aseguradoras han planteado el finiquito del contrato respectivo.

La fotografía es del sector Bocasur , en San Pedro de la Paz. Allí se observa una planificación urbana extraordinariamente positiva. Y no se registraron inundaciones porque se tomaron medidas de planificación urbana adecuada, es decir, con zonas más altas y alejadas de la ribera. Hacemos referencia a un sector denominado "Proyecto San Pedro de la Costa", de más de tres mil 500 viviendas construidas por el Gobierno el año pasado.

La siguiente es del camino a Santa Juana, Ruta de la Madera. Deseo llamar la atención en el sentido de que ésa es una vía concesionada que estuvo cortada alrededor de nueve días. Fue preciso realizar esfuerzos para poder suspender el cobro de peaje, que se siguió exigiendo los primeros días a pesar de hallarse inhabilitada. Y la verdad es que quedó sobrepasada total y absolutamente.

En la de arriba se observa el camino a Hualqui. Ahí no medió una división de sectores. Se da cuenta sólo del colapso de algunas zonas del camino que une a Chiguayante con Hualqui.

Ésta es de caleta Lenga, Talcahuano.

Luego, una fotografía de Cobquecura -no muy clara-, también tomada desde un avión.

Y ahora vienen las inundaciones reales en algunos sectores. La imagen que se exhibe es del Valle Los Aromos, Tomé. El agua alcanzó una altura de más de un metro diez en el interior de las casas. Muchos vecinos decían eufemísticamente: "Aquí tenemos piso flotante en toda la población.". Pero es un piso que flota junto con todos los muebles. En verdad, señor Presidente , fue algo dramático.

Se observa el sector de Aguas Buenas, Tomé. Allí hubo derrumbes producto de las intensas lluvias, por construcciones en ladera. Y si bien constituye un tema aparte del que estamos analizando, que dice relación a las zonas inundables en cauces naturales de esteros o ríos -en particular, el Biobío, el Andalién-, cabe consignar que se trata de una cuestión grave y pendiente.

La próxima también es de Valle Los Aromos, en Bellavista, Tomé. La gente perdió electrodomésticos. Los televisores y refrigeradores flotaban. No hubo tiempo para salvar nada.

La crecida sobrevino de noche. Y la gran pregunta que se formulan los vecinos es por qué ocurrió así, en circunstancias de que en Pangue se pudo tomar la decisión de elegir otro horario para la evacuación de seis mil 600 metros cúbicos por segundo, del total de 18 mil, que fue el máximo del Biobío. Lo anterior, dejando de lado la cuestión de la responsabilidad. Por mi parte, pienso que ésta existe. ¿Por qué la decisión se tomó para que la crecida sucediera en altas horas de la noche, aproximadamente entre las cuatro y cinco de la mañana?

Éste es el sector Los Lirios , Concepción, adonde pescadores artesanales de Penco, Cerro Verde y Lirquén llegaron con sus botes con motor fuera de borda. Lo más surrealista que me ha tocado vivir y ver en muchos años es haberlos contemplado deambular por las calles en sus embarcaciones, por las afueras de la Universidad del Biobío y por las calles del Valle Nonguén, Los Lirios y Los Fresnos, tratando de ayudar a la gente que estaba en los segundos pisos de las casas.

Las fotografías anteriores corresponden a Concepción.

No cabe olvidar lo mencionado por el Senador señor Ruiz-Esquide acerca de la situación de Chiguayante, donde tuvo lugar un drama importante al fallecer tres voluntarios del Cuerpo de Bomberos: el Comandante, el Capitán y el Teniente.

Respecto de las cifras, para que se pueda considerar la dimensión de las consecuencias del fenómeno en las cuatro provincias de la Octava Región, se debe consignar que se registraron 186 mil 781 afectados, 49 mil 543 damnificados y casi 3 mil albergados, así como alrededor de 30 mil viviendas con daño menor, aproximadamente 2 mil 200 con daño mayor y 481 destruidas total y absolutamente.

En cuanto al apoyo proporcionado por el Gobierno, las cifras de la última columna expresan, en el caso de Ñuble, que se cumplieron en 101 por ciento las solicitudes de alimentos; en el de Concepción, en 118 por ciento; en el de Arauco, en 113 por ciento, y en el de Biobío, en 85 por ciento, particularmente por las dificultades de acceso de la ayuda, en especial en el Alto Biobío, donde se presentaron complejas situaciones de corte de caminos.

Se podría decir que, entre frazadas, colchonetas, alimentos y viviendas, se concretaron cantidades importantes de entregas para poder salvar la gravedad del problema.

Vale la pena recordar la nómina de las personas fallecidas. La leo, reverente: Luis Inostroza Núñez , Comandante del Cuerpo de Bomberos; Rodrigo Mora González , 34 años, Capitán de Bomberos; Julio Muñoz Domínguez , Teniente 4º de Bomberos , todos ellos caídos en actos de servicio.

Chiguayante, entonces, perdió toda la plana mayor de su Cuerpo de Bomberos, en una tragedia que le ha dado mártires pero que ha causado un profundo dolor y desesperanza en las familias afectadas.

El Gobierno ha comprometido la construcción del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos local, que era la aspiración de ese grupo de abnegados voluntarios.

Fallecieron también Gabriel Riquelme Palma , 25 años; Alexis Bobadilla , 45; Juan Rodríguez Cuevas , de 32; Juan Carlos Medina González , de 43; Abel Robles Araneda ; Guillermo Sanhueza Figueroa ; César Rodríguez Sobarzo , de 17 años; María Vergara Durán , de 43; Luis Felipe Gómez Cabezas , de 22; Raquel Navarrete Henríquez , de 79; Marcia Paola Provoste Vita , de 11; Camila del Rosario Provoste Vita , también de 11; José Raúl Sepúlveda , de 67; Javier Alvear Zuluoga , de 33; Luis Alberto Ramírez Uteras , de 47; Herman Jara Rebolledo , de 64; Elba Lizama , de 81 -fue encontrada ahogada al interior de su domicilio en la comuna de Los Ángeles-, y Florentina Natalia Figueroa Gatica , cuyo cuerpo fue hallado sin vida después de estar desaparecida.

Quiero destacar la importancia de la inversión en reparación de daños. La vida de las personas no se recupera. Por lo tanto, el tema de las decisiones y de la investigación de las responsabilidades siempre será relevante.

En 2005, cuando también hubo inundaciones (el desastre fue total), el Estado invirtió 3 mil 761 millones de pesos en reparaciones, de los cuales 84 por ciento se destinó a infraestructura vial; 4,11 por ciento, a solucionar problemas de vivienda, y 1,44 por ciento, a conservación, limpieza y recuperación de sistemas de drenaje de aguas lluvia.

Para este año, con ocasión del desastre ocurrido el 11 de julio, el total estimado para enfrentar la emergencia es de 9 mil 420 millones de pesos, prácticamente ciento por ciento más. Claro que la cifra no incluye los gastos en salud ni tampoco los de los municipios. El monto fue aportado directamente por el Estado a través de las gobernaciones y, en particular, de los Ministerios.

La catástrofe es mayor y a la Región le va a costar reponerse de ella. Están afectadas 35 mil personas y miles de familias han perdido sus fuentes de trabajo. Recordemos que los pequeños comerciantes y los trabajadores independientes representan el 25 por ciento de la fuerza laboral de la Octava Región. Muchos de ellos perdieron todo: talleres, herramientas, animales de trabajo, insumos y otros bienes. Y por ser pymes o mipymes -o sea, por tener una empresa y no calificar para la Ficha CAS-, no han recibido ningún apoyo. Ése es el martirio de la clase media. No existe ni un instrumento del Estado para ir en su ayuda. El FOSIS ha emprendido un programa de auxilio para aproximadamente 1.200 personas, con 788 millones de pesos, pero es insuficiente.

Del mismo modo, la entrega de un bono de emergencia agrícola por 150 mil pesos para la adquisición de alimento e insumos no es suficiente; es importante, pero no basta.

La Región pidió un presupuesto adicional de 500 millones para enfrentar la emergencia. Al 25 de julio se habían entregado 24 mil fardos y 644 toneladas de alimentos para un total de casi 5 mil usuarios.

Ésa es la magnitud del desastre.

A continuación, paso a referirme a las causas, que son lo importante.

En esta materia coincido con los Senadores señores Pérez Varela y Ruiz-Esquide en cuanto a que las precipitaciones y la crecidas de los ríos fueron realmente extraordinarias: sólo en 48 horas cayeron en el Alto Biobío casi 400 milímetros (exactamente, 387), equivalentes a más del doble de las precipitaciones registradas en igual tiempo en la ciudad de Concepción, que fueron 170 milímetros. Cabe recordar que en Santiago, en la Región Metropolitana, con 6 millones de habitantes, la pluviosidad anual es de alrededor de 230 milímetros. O sea, en el Alto Biobío llovió en dos días el doble de lo que precipita en Santiago en todo un año. Hubo una situación extraordinaria.

Lo anterior no significa que haya que echarle la culpa a la lluvia por esa gran pluviometría, pues este tipo de desastres no los define el hombre, sino la naturaleza. El punto es por qué, en esa situación, los modelos y las prevenciones no dieron como resultado acciones que hubieran permitido mitigar los daños.

En ese sentido, el comunicado del Ministerio de Obras Públicas -nos acompañan el Subsecretario y los Directores de Aguas y de Obras Hidráulicas- relata lo mismo que he señalado y da cuenta del caudal máximo histórico del Biobío. Las últimas cifras que yo manejaba eran 18 mil metros cúbicos por segundo y una altura de 4,43 metros. Quienes sobrevolamos ese día el río vimos que el agua tocaba las losas de los puentes. El Puente Viejo de Concepción -viejo, pero leal y firme como un roble-, pese a las predicciones de que no podría ser ocupado, aguantó absolutamente todos los embates del Biobío en su máximo caudal. Esperamos recuperar este "viejo roble" para el servicio de la ciudad.

Quiero señalar que más del 70 por ciento del caudal registrado en el río Biobío frente a Concepción -Chiguayante, Hualqui, por supuesto- se generó en el territorio de la cuenca ubicado aguas abajo de las centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue. Sólo del orden de 30 por ciento del caudal provino de la cuenca ubicada aguas arriba de dichas usinas. Y si bien ese aporte de 30 por ciento está claro en las cifras -se trata de un dato entregado por la Dirección General de Aguas-, habrá que explicitarlo.

El decreto del Ministerio de Obras Públicas de 25 de enero de 1990, que autoriza el funcionamiento de Pangue, estableció que la represa debería tener una altura máxima de 113 metros de altura; una longitud de coronamiento de 450 metros; que el vertedero se ubicaría en el centro, con cuatro compuertas de 13 metros de ancho y 16,2 metros de alto, con capacidad para evacuar 6 mil 600 metros cúbicos por segundo. Y esto es precisamente lo que hizo dicha central: evacuó el total de la capacidad permitida, en circunstancias de que la autorización para generar electricidad es de 500 metros cúbicos por segundo.

Existen declaraciones de la gerencia de la central a radio Biobío señalando que no estaban dispuestos a tirar billetes al río; que la empresa tenía el derecho de acumular agua porque la pluviometría no era predecible, y que, en definitiva, estaban autorizados para colmar la represa y luego evacuarla, de tal manera de garantizar al máximo la acumulación hídrica.

Sin duda, la situación energética del país contribuye. Es decir, como todos queremos tener agua para electricidad, el que la empresa pueda acumular todo, sin perder una gota, parece justificable. Yo creo que, efectivamente, eso puede ser legal, tal como ha estado ocurriendo en Chile, pero tiene que cambiar.

Además, quiero hacer presente que el mismo decreto que autorizó el funcionamiento de la represa señala en su punto 5: "Declárase que serán de cargo de ENDESA los gastos que ocasionen a terceros los daños y/o perjuicios por variaciones de caudales en el río Bío-Bío con motivo de la operación de la futura Central Pangue".

Es necesario determinar si realmente lo establecido en ese decreto de autorización sigue vigente, esto es, si los daños ocasionados a terceros por cambios o variaciones de caudales son de cargo de la planta.

Situaciones similares, señor Presidente , ocurrieron en el río Andalién y otros, donde también se registraron máximas históricas.

Sin embargo, más allá de constatar la lluvia caída en toda la Octava Región, lo importante es saber si los mecanismos de seguridad efectivamente funcionaron.

Tengo en mis manos el boletín enviado por ENDESA a la Dirección Regional de Aguas donde le indica el horario de apertura de las compuertas. El titular de dicha repartición, a su vez, comunicó la advertencia en la reunión del Comité de Emergencia Regional, incluida la Intendenta y su equipo, en la mañana del martes 11.

No obstante, deseo hacer notar que de nada sirve avisar que se abrirán las compuertas si se ignora, o no se dice, o se oculta, o no se sabe, cuál es el impacto que ello tendrá. Si se avisa es por algo. ¿Por qué? Yo creo que ésa es, en definitiva, la zona oscura, el área gris que es necesario dilucidar.

Diversos expertos hidráulicos han señalado que el volumen de agua embalsada en Pangue disminuyó en 0,542 millones de metros cúbicos entre las 12 y las 15 horas del martes 11 de julio. En ese lapso, el caudal del río Biobío, medido en la estación fluviométrica en Junta Pangue, superaba los 4 mil 200 metros cúbicos por segundo. Estos informes demuestran -y sería bueno que quienes nos acompañan lo pudieran precisar- que la central habría evacuado más agua de la que recibió durante las horas más críticas de la crecida.

Los niveles máximos históricos del Biobío se registraron en 1972, con 13 mil 110 metros cúbicos por segundo; en 1991, con 12 mil 390; en 2003, con 11 mil 245, y este año, con 15 mil 900 metros cúbicos por segundo, que marca la máxima histórica. Sin embargo, según el propio sitio web de ENDESA -que tiene sus datos en línea-, el caudal registrado el 11 de julio fue de 18 mil 64 metros cúbicos por segundo. Así que ahí se requiere una aclaración, pues 3 mil metros cúbicos son una diferencia significativa. Sería importante, entonces, que la autoridad o ENDESA pudieran clarificar ese antecedente.

La Dirección General de Aguas no nos ha informado de este máximo caudal. Y, efectivamente, existe una disposición que establece que hay responsabilidad por daños, como señalé.

En seguida, señor Presidente , deseo referirme muy brevemente al informe de la Comisión Mundial de Represas correspondiente a la síntesis de noviembre del año 2000.

En 1997, con el auspicio del Banco Mundial y de la Unión Mundial para la Naturaleza, representantes de distintos intereses se reunieron en Gland, Suiza, para discutir cuestiones controvertidas.

El taller de trabajo reunió a 39 participantes procedentes de distintos gobiernos, del sector privado y de instituciones financieras. Su objetivo fue revisar la eficacia de las grandes represas, a fin de promover el desarrollo y evaluar alternativas para el aprovechamiento del agua y de la energía; formular criterios aceptables internacionalmente y, donde fuera adecuado, guías y normas para la planificación, diseño, evaluación, construcción, funcionamiento, inspección y desmantelamiento de represas.

La Comisión mencionada comenzó su trabajo en mayo de 1998, bajo la presidencia del Profesor Kader Asmal, entonces Ministro de Forestación y Recursos Hidrológicos de la República de Sudáfrica.

El informe de dicho organismo, en síntesis, establece que por lo menos 45 mil represas han sido construidas para satisfacer demandas de agua o energía. Hoy día, casi la mitad de los ríos del mundo tienen a lo menos una represa. Al inicio de este nuevo siglo, un tercio de los países depende de energía hidráulica para satisfacer más de la mitad del suministro eléctrico y los grandes embalses generan el 19 por ciento de la electricidad mundial total. La mitad de las represas del mundo fueron construidas exclusiva o principalmente para regar, y cerca del 30 a 40 por ciento de los 271 millones de hectáreas que se irrigan dependen de aquéllas.

Continúa el informe diciendo que, en demasiados casos, para obtener estos beneficios se ha pagado un precio inaceptable y frecuentemente innecesario, en especial en términos sociales y ambientales, por parte de las personas desplazadas, comunidades río abajo, los contribuyentes fiscales y el medio ambiente.

Del mismo modo -según el informe-, las grandes represas, con un componente de control de inundaciones, han proporcionado importantes beneficios en este sentido. Pero, al mismo tiempo, han incrementado la vulnerabilidad ante inundaciones debido al aumento de los asentamientos en zonas que todavía corren ese riesgo y, en algunos casos, han empeorado los daños provocados por los anegamientos, debido a una serie de razones, incluyendo la deficiente operación de la represa.

Conclusiones adicionales: primero, la creciente preocupación por los costos y la eficacia de las grandes represas y las medidas estructurales asociadas, han llevado a que se adopte una gestión integrada de inundaciones, que enfatice una combinación de políticas y medidas no estructurales para reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a las inundaciones.

Y segundo, garantizar la seguridad de las represas requerirá más atención y mayores inversiones, porque las existentes envejecen, los costos de mantenimiento aumentan y los cambios climáticos pueden alterar el régimen hidrológico utilizado como base para diseñar los desagües de ellas.

Está claro que, si tenemos un cálculo respecto de las inundaciones en 50 años -porque los puentes salen más barato y porque en definitiva las medidas y las alturas son menores-, el diseñar obras hoy en el río Biobío, particularmente en toda la Octava Región, requerirá tomar como cota la que arrojen los datos en 100 años.

Ahora, deseo pasar rápidamente a las propuestas.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

El Orden del Día termina dentro de 20 minutos y queda un señor Senador inscrito. Si Su Señoría continúa interviniendo, no habrá tiempo para escuchar al señor Subsecretario.

El señor NAVARRO.-

Sólo voy a mencionar las proposiciones, sin hacer un desarrollo de ellas.

El señor PROKURICA.-

Queremos oír al señor Ministro también.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

No habrá tiempo para que el señor Subsecretario nos entregue antecedentes.

El señor NAVARRO.-

Un minuto y termino, señor Presidente.

Proponemos congelar las autorizaciones. Es decir, los planos reguladores no pueden seguir burlando los informes del EULA en la Octava Región.

Las municipalidades y la Dirección General de Aguas no deben seguir autorizando la instalación de viviendas en zonas declaradas de inundación.

Hay que sacar a los interventores de los cauces e identificar las zonas de riesgo. El EULA ha propuesto las zonas de riesgo desde el año 2000, y ha diseñado planes de prevención y un modelo de simulación de cuando la represa vierta sus aguas sobre el Biobío.

Hay que ir a la administración integrada de cuencas; a las corporaciones privadas de cuencas hidráulicas, y, en definitiva, a la revisión del plan de manejo de la ONEMI, que, en mi opinión ha asignado a los municipios un rol que no deben cumplir jamás, porque no están en condiciones de coordinar ni desarrollar planes de prevención. Ésta es una responsabilidad que hoy día ha de radicar en el Estado y en los gobiernos regionales.

La última experiencia de la Octava Región ha demostrado que esa coordinación, por muchos motivos, estuvo mala, y que los municipios no tienen capacidad alguna para enfrentar las emergencias, Ello debe estar en manos del Estado y de los gobiernos regionales.