Labor Parlamentaria

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , ayer era considerado una opción para los niños que se diagnosticaban como inquietos (con pidulles les decían, porque no se estaban tranquilos en sus asientos) el aplicarles Ritalin .

No sé si algún Senador en su infancia era tan inquieto que le aplicaron Ritalin; pero la medicina avanza y ahora está claro, según diferentes estudios nacionales (de la Universidad de Chile y de los doctores Marc Zeise y Bernardo Morales, del Laboratorio de Neurociencias de la Usach) y de diversos centros internacionales, como la Universidad de Princeton, que este medicamento produce un efecto contrario: inhibe el desarrollo cognitivo y, por lo tanto, provoca un aprendizaje menor.

Hay un tema de fondo que no hemos abordado y que esta prevalencia en los niños refleja. Si durante el año 2015 se registraron 78 mil 891 ingresos por atenciones de servicios públicos de salud de niños de cero a 16 años con diagnóstico de trastorno hipercinético, trastorno disocial, trastorno de ansiedad de separación, trastorno del comportamiento, trastorno de ansiedad, trastorno generalizado del desarrollo, ello da cuenta de un hecho que hemos venido repitiendo: que como el Plan Nacional de Salud Mental data del 2001, vamos a cumplir 18 años sin un plan nacional de salud mental.

Y eso no se da solo en los niños, sino también en la actividad laboral. El 40 por ciento de las licencias médicas laborales son por problemas de carácter mental, de cansancio, de estrés, de situaciones traumáticas.

Por tanto, poner como condición de no exigible para que un niño permanezca en clases el consumo de medicamentos, me parece lo más adecuado.

Habrá casos clínicos en que exista una presentación del médico, pero que un establecimiento, sin tener la experticia, ponga como condición un tratamiento farmacéutico o de medicamento, sin importar de qué tipo, no me parece lo más adecuado. Esta es una resolución que tienen que tomar los padres con los especialistas médicos, no el colegio y a la luz de estos antecedentes.

Siempre pensé que cuando se daba Ritalin a los niños se los calmaba para poder impartir la clase más tranquilo. Pero hoy día, claramente, no es la idea hacer la clase más tranquilo sino preocuparse por la salud integral del niño y las condiciones básicas que este deba tener, y no inhibirlo mediante un producto farmacéutico.

Yo creo que el proyecto está muy bien orientado, señor Presidente , y debiéramos tener un diagnóstico mucho más veraz y sincero, porque el informe señala claramente que el número de casos aumentó de 77 mil, el año 2011, a 192 mil, el año 2014. Se trata de un crecimiento extraordinario. Y, como el trastorno de déficit atencional era causal de subvención de necesidad educativa especial, se registró un aumento de esta.

Ello también revela lo que ya se daba en las escuelas de lenguaje: explotó, se expandió el número de niños con dificultades -dislexia- porque la subvención subió a casi el doble.

Entonces, hay que sincerar esto por el bien de los niños y para establecer su verdadera condición de salud mental.

El proyecto hace no exigible a un tratamiento farmacéutico la permanencia del niño, pero yo creo que debemos tener un diagnóstico mucho más cercano de lo que pasa hoy día en el aula, y particularmente de cuáles son los niños que pueden representar déficit atencional o hiperactividad. Y eso requiere una salud pública de carácter mental que se aplique a los establecimientos escolares por especialistas, y no por profesores.

A los profesores se les exige de todo: ser orientadores, ser padres, ser apoderados, cumplir múltiples funciones; pero creo que hay una función que no les podemos exigir: ser, además, médicos de problemas de comportamiento. Para eso se requieren especialistas.

Y la pregunta que yo me hago -hay doctores en la Sala, ¿no?- es si vamos a tener los recursos para cubrir estas situaciones. Está el Ministro Blumel y, además, la Senadora Yasna Provoste, que fue Presidenta de la Comisión de Educación y Ministra de esa Cartera.

El problema existe: no hay negacionismo al respecto. Lo que hacemos es evitar que en un colegio, cualquiera que sea -privado, particular pagado, subvencionado, municipal-, alguien en la sala, la profesora, realice un diagnóstico y formule una exigencia sin tener el debido respaldo profesional que, en este caso, es médico.

Yo voy a votar a favor del proyecto de ley, porque creo que pone orden y da protección al menor. Si alguien quiere resguardar al niño no puede obligarlo a medicamentarse o a establecer una presión sin un diagnóstico adecuado que, necesariamente, tiene que ser médico.

Voto a favor.