Labor Parlamentaria

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , soy partidario de no mezclar las materias políticas con las relaciones comerciales y diplomáticas, por cuanto, a mi juicio, es muy claro que en el mundo globalizado en que vivimos estas últimas deben seguir un camino completamente distinto de los asuntos políticos. Por eso, es perfectamente posible suscribir convenios comerciales con países respectos de los cuales no se tiene ningún tipo de afinidad ideológica.

En el caso que nos ocupa esa distinción es válida. Por lo tanto, para los efectos de la argumentación, estimo que debe dejarse de lado el régimen político imperante en Cuba; sus violaciones permanentes a los derechos humanos; su sistema de Gobierno, que no permite que haya Oposición ni prensa libre; en fin, la transgresión a todo tipo de principios, lo cual es abiertamente contrario a lo que sustenta y promueve el Estado chileno.

Sin embargo, haciendo abstracción de lo anterior -que ya importa bastante-, es preciso entrar a examinar la conveniencia concreta del tratado en análisis, que dice relación a la protección de inversiones.

No debemos olvidar que los principios básicos en materia de derecho internacional suponen la buena fe. Es decir, en todo convenio, al igual que en los contratos en el sector privado, se supone la buena fe de las partes. Por lo tanto, el principio esencial, que va mucho más allá de la letra o el texto de un tratado o un contrato, es la confianza recíproca entre quienes lo suscriben. Porque nadie firma un contrato para tener un conflicto, aun cuando éste se halle debidamente regulado en el convenio o en el contrato. Ninguna persona lo suscribe si no tiene confianza en su contraparte, por muy perfectos que sean los resguardos en el orden jurídico que se establezcan.

A este respecto, me parece que la contraparte del tratado en análisis no es confiable. Porque a algo muy elemental -como son los principios internacionales de buena convivencia y normas entre los Estados, en que uno de ellos es, por ejemplo, darse pronta y oportuna respuesta acerca de materias que le interesan al otro, vale decir, el respeto a la dignidad de Estado- no se ha dado cumplimiento en este caso.

En efecto, a instancia del Senado, la Cancillería formuló una petición al Gobierno de Cuba, dándole la debida tramitación, y éste ni siquiera la ha respondido. No se trata de que se le esté solicitando una contestación determinada o que se esté suponiendo que lleva a cabo una cierta conducta, sino que ni siquiera ha dado respuesta a lo que el Gobierno de Chile le ha planteado. No es un grupo de Senadores, no es el Senado de la República, sino el Estado de Chile quien ha formulado una solicitud al Gobierno de Cuba. Y han transcurrido más de dos años y aún no hay respuesta.

Me pregunto: ¿Qué vale la firma de un Gobierno que actúa de esa manera? ¿Para qué sirve firmar un tratado de protección? ¿Vamos a proteger realmente a nuestros inversionistas ante un Gobierno que ni siquiera da cumplimiento a los más elementales principios del Derecho Internacional?

Por lo tanto, considero que este convenio carece de todo significado y de toda posibilidad de ser eficaz en el momento en que realmente se necesite. Como instrumento, mientras las cosas funcionen bien, da lo mismo. Sin embargo, en el instante en que surja un conflicto, a nuestro juicio, la contraparte no será confiable. Por lo tanto, no creo que tenga sentido alguno suscribir un convenio de esta naturaleza.

Por otra parte, no me cabe duda alguna de que con la firma del instrumento en análisis, se está convalidando la conducta que el Gobierno cubano ha mantenido hasta ahora. Es decir, éste puede señalar: "No he dado respuesta, no pienso darla, no doy explicación alguna al Estado de Chile", y si no obstante ello nuestro país firma este tratado, obviamente que aquél se sentirá respaldado y convalidado en su conducta negligente.

Por lo tanto, señor Presidente , dadas las razones que he señalado, independientemente del tema político -que, de por sí, puede dar motivo para muchos argumentos y consideraciones-, no es confiable la parte con la cual Chile está celebrando este convenio. En tal virtud, la presunta o posible protección de los intereses de los inversionistas chilenos es ilusoria. Me parece que, incluso, estamos dando una señal equivocada a los inversionistas. Sería como decirles: "Miren, vamos a proteger sus inversiones, porque estamos ciertos de que, llegado el momento en que esto tenga que ejercitarse, la conducta de Cuba será invariablemente la misma que ha tenido respecto del cumplimiento de los principios del Derecho Internacional que ha omitido.".

Por eso, como no puedo prestar mi aprobación a un convenio de esta naturaleza, anuncio mi voto en contra.