Labor Parlamentaria

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , en primer término, deseo hacer una pequeña precisión al Honorable colega el señor Díez , a quien estimo mucho. Sin embargo, considero que en sus observaciones referentes al proyecto Ralco no debió utilizar la expresión "frenado", sino otro concepto, porque el proceso está regulado por las propias empresas, de acuerdo con el grado de la demanda que según ellas existe. Ese es un primer aspecto.

¿Por qué no se consideró otro lugar para la construcción del referido proyecto? Única y exclusivamente porque allí era más barato para ellos. De tal manera que confluyen otros intereses. Y no es el Estado el que está construyendo los embalses, sino el sector privado. En ese aspecto deseaba precisar sus palabras.

Con relación al debate de fondo, referente al análisis de la situación económica planteado por el Banco Central, quiero señalar que me satisface enteramente lo que escuché esta mañana al Honorable señor Foxley , por la visión que tengo y por la concepción desde la cual miro la economía. Creo que fue una exposición extraordinariamente completa, importante y profunda, a la que debe agregarse otra, que no escuché, pero sí oí comentarios, bastante interesantes, del Senador señor Valdés . Me parece que ellos apuntan al fondo de la materia, y todo cuanto pueda decir será en un grado muy inferior a lo que se ha expresado, porque ambas intervenciones se complementan y son muy completas.

Sin embargo, deseo plantear algunos conceptos. Creo que en un debate de esta naturaleza no se puede dejar de opinar acerca del gasto global y el ahorro, como expresó también el Honorable señor Ominami , pero es necesario hacer, en ambos casos, un distingo entre el público y el privado. Por supuesto, habría que mencionar que el Estado percibe alrededor de 20 por ciento del Producto, pero que no gasta más de 16,5 por ciento del mismo; es decir, el Fisco anualmente ha estado ahorrando entre 4,5 y 5 por ciento del 20 ó 21 por ciento que recibe del Producto. Y el sector privado, que participa en alrededor de 80 por ciento del mismo, es el que está excedido. No debe olvidarse que llegó a sobrepasarlo hasta en 17 por ciento.

Entonces, como majaderamente se insiste en que el sector público debe ahorrar, es como si una persona que tiene gripe le pida a otra, que no está resfriada, que se tome una aspirina.

Por lo tanto, el que debería ahorrar es el que está excedido en el gasto: el sector privado. Y es lo que no hemos logrado en lo que va corrido del tiempo.

En cuanto al ahorro público y privado, hay varios caminos para conseguirlo. Es muy fácil decir que es necesario ahorrar y todos estamos de acuerdo en que así debe ser; pero es conveniente distinguir cómo hacerlo. A este respecto, cabe señalar que hay una forma voluntaria y libre. Recuerdo que la intentamos aquí, cuando yo era Presidente de la Comisión de Hacienda . En su oportunidad, nos reunimos con el señor Briones y representantes de la SOFOFA. Éstos dijeron que se ahorraría voluntariamente. Por supuesto, la idea sólo quedó en un sueño ardiente de cierta noche de verano, porque nadie ahorró un peso en el sector privado, el que -como se ha señalado- excedió en 17 por ciento el gasto del Producto correspondiente a dicho sector.

La otra forma de ahorrar es a través de impuestos. Ella resulta más directa, dinámica y correcta, y constituye el sistema que utilizan los Estados para la redistribución del ingreso. Sabemos que nuestro país es el que tiene la carga tributaria más baja del mundo en lo que dice relación a su Producto Interno Bruto.

Por lo tanto, hay un gran campo donde se puede ahorrar con impuestos sin que el Estado ocupe esos recursos en gasto corriente. Indudablemente -como señaló el Presidente del Banco Central -, una de las tareas del próximo Gobierno es alcanzar un ahorro de 23 por ciento. Sin embargo, en las actuales condiciones ello no puede hacerse de manera voluntaria. Debemos atenernos a la fijación de impuestos, o aplicar una tercera fórmula -en cierta ocasión la insinuamos-, cual es ahorrar con algunos alicientes que permitan a la gente ganar algo más en intereses distintos a los que se pueden conseguir mediante una cuenta personal.

También es posible aplicar un sistema de ahorro como el descrito por el Senador señor Foxley, a fin de privilegiar el financiamiento de sus estudios a los alumnos universitarios.

A mi juicio, si no se incentiva ese tipo de ahorro, ello implica que habrá un instrumento más que no tendrá la incidencia necesaria en lo que hoy necesita el país como ahorro para llegar a aquel 23 por ciento.

Cuando hablamos de ahorro, hay que determinar quién está dispuesto a hacerlo. El actual Gobierno y ciertos sectores algo cargados a la Derecha pretenden que debe ahorrar el consumidor. Y, por supuesto -según se manifestó acá, uno de los instrumentos fundamentales con que hoy cuenta el Estado para tal efecto es el IVA o los impuestos indirectos.

El IVA y los gravámenes al consumo rinden el 72 por ciento del ingreso destinado a salud, educación, regiones, Administración Pública, jubilados, Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Quiénes son los grandes consumidores en Chile? Citaré algunas cifras indicativas: el 79,35 por ciento de los chilenos tienen ingresos inferiores a los 208 mil pesos al mes, mientras que el 44 por ciento de los asalariados recibe rentas inferiores a 104 mil pesos en el mismo lapso. ¿Y qué pasa con el 80 por ciento de los trabajadores que está por debajo de los 208 mil pesos? Éste es el gran sector consumidor, o sea, el que aporta el 72 por ciento de los ingresos que percibe el Fisco para algunas de las tareas prioritarias que hemos descrito y que el país necesita cubrir. Pero, ¿cuánto aportan los sectores de más altos ingresos? A modo de ejemplo, observemos lo que sucede en las empresas. Chile es el único país del mundo donde ellas no pagan impuestos por las utilidades. Dicen que tributan el 15 por ciento. Pero ese porcentaje corresponde a un impuesto de retención. ¿Qué significa esto? Que él es devuelto a los dueños y socios de la empresa; o sea, no pagan impuestos a las utilidades.

Ése es un factor importante, el cual también dice relación a las empresas extranjeras, las cuales deberían pagar un tributo sustancial, pues explotan, entre otras cosas, lo que constituye el 40 por ciento del total de nuestras exportaciones. Sobre el particular, cabe mencionar a la Compañía Minera Disputada de Las Condes S.A., que en quince años no ha pagado un solo peso de impuesto, pese a ser la segunda productora de cobre en el país. Resulta incomprensible que una empresa se maneje durante tanto tiempo con pérdidas. En esta situación hay algo realmente extraordinario, porque en Chile no existe empresario alguno que pueda operar por años con ese tipo de pérdidas. O sea, lo dicho no es cierto.

Además, hay otras cifras, respecto de las cuales fui criticado en su oportunidad por el ex Presidente de la Comisión de Minería , Senador señor Pérez . no obstante que ellas eran oficiales y proporcionadas por Impuestos Internos. En 1996 toda la minería privada del cobre -incluyo a ENAMI- entregó al Estado 137 millones 700 mil dólares. Sólo CODELCO, con el 39 por ciento de la producción, le aportó mil 700 millones de dólares. Entonces, hay que comparar esas cantidades con el 61 por ciento que explota la gran minería privada en Chile.

En las materias que trata el Banco Central, hay un elemento importante de justicia social, cual es saber quién tributa en el país. Lo hace el 79,35 por ciento de los consumidores, trabajadores y empleados que entrega el 72 por ciento de los ingresos al Estado. Pero, ¿qué pasa con los sectores de altos ingresos? ¿Cuál es su contribución? Ninguna o muy poca. En este sentido, debo felicitar al Senador señor Valdés , quien puso el dedo en la llaga. ¿Cuánto aportarán esos sectores para enfrentar la crisis asiática o globalizada, como se ha denominado aquí? ¿O vamos a seguir recargando con impuestos al consumo al 80 por ciento de los habitantes del país, que son los consumidores más modestos?

Ése es el dilema, el que debe ser ponderado y examinado a fondo.

El Director del Servicio de Impuestos Internos señaló que en 1995 la evasión tributaria sería de 3 mil 400 millones de dólares anuales. Después de dos años, en 1997, subió a 4 mil 500 millones de dólares, o sea, subió en un mil 100 millones de dólares.

¿Cómo es la composición de esa evasión tributaria, o quiénes son los que más eluden impuestos? Sólo 40 por ciento es del IVA y el 60 por ciento de los 4 mil 500 millones de dólares corresponde a los impuestos Global Complementario y de Primera Categoría. Es decir, quienes más ganan en Chile son los que menos pagan impuestos y quienes más evaden.

¡Ésta es la realidad! Por eso, existe injusticia social y a ello obedece que el 80 por ciento de la población no reciba el crecimiento económico colosal obtenido por Chile. Estadísticas oficiales señalan que del 7,20 por ciento de crecimiento anual como promedio obtenido en los últimos ocho años sólo el 0,6 por ciento llega al 70 por ciento de la población y el resto, casi en su totalidad, va a parar al 30 por ciento de las personas de más altos ingresos.

Para evitar los efectos de la crisis asiática, parece que deberíamos tratar tales temas con mucho más profundidad.

Como aquí se ha dicho, el actual mundo globalizado -así lo sostuve hace prácticamente un año en el libro de que soy autor, donde anuncié que esto sucedería-, no hay regulación internacional, lo que constituye un peligro, como tampoco ella existe en nuestro propio país. De eso reclamamos, porque, si alguien estornuda en el Asia-Pacífico, en los Estados Unidos o en Japón, nos produce una pulmonía, ya que no tenemos cómo defendernos de las especulaciones y variaciones en este mercado sin regulación.

Por eso, también hay que examinar otro hecho importante. Cuando nos referimos a disminuir el gasto y aumentar el ahorro, es necesario que éste esté orientado hacia los sectores que realmente pueden hacerlo.

Achicar el Estado significa hacerlo ineficiente: menos salud, menos vivienda y menos educación. Sobre el particular, me permito citar diferentes oficios de que informa la Cuenta de hoy y que fueron enviados al Gobierno por Senadores de Oposición: uno del Senador señor Lagos; otro, del Honorable señor Horvath ; otro, del Senador señor Fernández ; otro, del Honorable señor Lagos; otro, de la Senadora señora Matthei ; y uno del Honorable señor Cariola . Todos ellos implican que el Estado gaste más en lo que ellos solicitan. Entonces, ¿cómo es admisible suponer que un Estado haga más con menos recursos? Si seguimos achicando el Estado, se producirá lo que la Oposición quiere: hacerlo más ineficiente e incapaz. Con menos recursos será imposible resolver los graves problemas que afectan a los sectores más modestos del país.

Hemos visto ejemplos de otros Estados que, frente a crisis de esta naturaleza, aunque ahorran en gastos y consumo también invierten en infraestructura, porque esto último representa un gasto directo para tonificar la economía en algunos sectores y regiones. Pero aquí queremos proceder al revés, pues estamos disminuyendo tal gasto. Y cuando vuelva la bonanza, van a surgir de inmediato los cuellos de botella por falta de infraestructura para determinadas nuevas inversiones. Por consiguiente, si así ocurre, no vamos a poder seguir creciendo, por estar impedidos por aquéllos. De manera que éste es otro punto importante por considerar.

A pesar de que nunca me he referido en profundidad a ello, debo decir que el tema se arrastra desde el Gobierno militar, en el que ya se hablaba de "la segunda fase exportadora". Ya han pasado 8 años. ¿Cuál es la segunda fase exportadora? ¿Seguir sólo exportando materias primas? ¿Qué valor agregado tienen éstas? ¿Qué significa para los trabajadores que sigamos exportando materias primas y servicios?

Hay que darse cuenta de que más del 70 por ciento de las exportaciones chilenas son materias primas. El 53 por ciento de ellas carecen de valor agregado: Y el resto -30%- tiene uno ínfimo. Por lo tanto, todo nuestro potencial exportador consiste en sacar al extranjero materias primas y servicios. Y en las grandes crisis, ellas son las primeras en ser afectadas. Ésa es la gravedad del problema que tenemos en Chile, un país que, desde el punto de vista de sus políticas macroeconómicas, aparece como fuerte y con un considerable ahorro, pero con una fragilidad económica espantosa, ya que la crisis afecta fundamentalmente las exportaciones de nuestras materias primas. Así ha ocurrido con la celulosa, el cobre, los chips, en fin, con todo, debido a que tales productos tienen tal carácter. Además, por supuesto, son los que generan el trabajo menos calificado y con menor valor agregado y dan menos posibilidades a los trabajadores y los empleados de la clase media.

Por esas razones, junto con declarar que me maravillo y me alegro de haberlos escuchado, reitero que comparto enteramente lo dicho por los Senadores señores Foxley y Valdés . Y ojalá este debate pudiera llegar al público, ya que la gente no se da cuenta con qué profundidad se discuten aquí los temas, ni conoce a quienes defienden el afán de justicia social y la solidaridad con que debe actuar el Estado, ni tampoco a los que, muchas veces, en el fondo, defienden sólo intereses particulares y sectoriales.

Esta crisis debe servirnos de gran lección. Aquí hemos oído hablar del libre mercado, de la libre competencia, de no imponer regulaciones; pero, a la menor insinuación de crisis, los defensores de tales planteamientos se vuelven socialistas y acuden al Estado para pedir que éste defienda a ENAMI, a los subsidios a los exportadores, a las empresas favorecidas con el artículo 57 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta, y a los empresarios afectados por la crisis. ¿Por qué no ser más realistas y tener una política de Estado no coyunturalista. ¿Por qué no examinar los problemas a más largo plazo? ¿Por qué no estudiar las tremendas crisis y sus efectos que cíclicamente se producen en el mundo. Indudablemente, dentro de los próximos 8 ó 9 años, cuando salgamos de ésta, estaremos en otra de igual profundidad si no logramos establecer algunos instrumentos para regular y defender nuestro patrimonio.

Por ejemplo, aquí se han hecho intervenciones muy superficiales sobre las privatizaciones; pero, ¿cuánto duraron las empresas privatizadas que se entregaron a los grupos económicos chilenos? Lo que un gusano en el pico del pavo. Ésa es la verdad, porque de inmediato las vendieron a grupos económicos extranjeros. Todo el cobre se encuentra en poder de las transnacionales, a las que va a parar su tremenda rentabilidad. Y las eléctricas, cuando se señaló que debían ser privatizadas, porque no podían estar en manos estatales, curiosamente, al poco tiempo, una de ellas fue vendida al Estado español. O sea, en esta materia no hay moral, no hay ética. Es cuestión de cuánta plata se logra para hacer un negocio. Hasta las AFP, que reciben el ahorro de todos los trabajadores, hoy ya pertenecen a las transnacionales.

Entonces, ¿cuál es el objetivo último de quienes estamos aquí? ¿Defender el patrimonio de grupos económicos que negocian con las transnacionales y hablan de solidaridad, de participación, de justicia social, o defender los intereses del país y de todos los chilenos? Estoy cierto de que la crisis asiática globalizada servirá para que algunos aprendan la lección.

Al terminar, vuelvo a felicitar a los Senadores señores Foxley y Valdés por su excelente intervención.