Labor Parlamentaria

El señor ACUÑA (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra la honorable diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE (doña Isabel).-

Señor Presidente , estamos abocados a pronunciarnos, en tercer trámite constitucional, sobre un proyecto de ley de la mayor trascendencia para nuestra democracia y la convivencia nacional, como es el relativo a las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Presentado ante esta Cámara en 1993 e impulsado con bastante tesón por el actual Gobierno, su trayectoria ha sido, por decir lo menos, prolongada y azarosa, y esperamos ahora poderla culminar.

Uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes que estamos viviendo se relaciona con el creciente impacto y relevancia de las comunicaciones y de la información en nuestra sociedad, proceso que requiere de adecuada regulación para su desenvolvimiento.

Además, en su globalización, la convergencia de las tecnologías de las comunicaciones desempeña un papel fundamental en su dinamismo y hace surgir nuevos medios que, como internet, plantean serios desafíos a la posibilidad de someterlos a la legislación y a los controles nacionales.

Tal vez como nunca antes en la historia, los medios de comunicación y la labor periodística ejercen creciente influencia en la vida cultural, social, política y económica de las naciones. Por lo tanto, la diversidad y el pluralismo que exista en ellos constituye un requisito esencial para la formación de la opinión pública, de la conciencia ciudadana y, a mi juicio, para la vida misma de la democracia.

Desde esa perspectiva, el espíritu original del proyecto sobre el cual hoy discutimos tenía como objetivo crear las condiciones normativas para que estas actividades se desenvuelvan adecuadamente y conforme a los principios que sustenta nuestra democracia.

A partir de esta propuesta inicial y del sistemático trabajo que llevó a cabo esta Cámara durante su primer trámite constitucional, fue posible aprobar un texto que recogió nuevas temáticas y que, a la vez, actualizó y ordenó el esquema normativo de esta actividad de acuerdo con las tendencias internacionales que prevalecen en las legislaciones más modernas y evolucionadas, lo cual permitió la debida compatibilización entre el derecho a la información y la protección de la honra y de la vida privada, la concreción del derecho a aclaración y rectificación, así como la regulación del funcionamiento de los medios de comunicación.

Asimismo, se consagró el derecho preferente de los periodistas profesionales al ejercicio de esta actividad en una formulación consensuada entre el Colegio de la Orden y la Federación de Medios de Comunicación, con el correspondiente resguardo del secreto profesional y de la denominada cláusula de conciencia.

Al respecto, corresponde observar la importancia de la ética y de la responsabilidad en el ejercicio profesional. Hemos visto casos, como el que afectó al diario “La Tercera” hace un tiempo, cuando hizo una publicación referente al subsecretario de Desarrollo Regional , Marcelo Schilling , que era completamente falsa de punta a cabo. No está de más llamar la atención sobre la responsabilidad y ética con que debe actuar un medio de la importancia del señalado.

A este mismo espíritu obedece la reciente reforma a la ley de seguridad interior del Estado, que ya hemos discutido, en la que, finalmente, logramos eliminar el delito odioso de difamación y la arcaica facultad de requisar publicaciones, que dio lugar a casos tan bullados como el del libro de la periodista Alejandra Matus, que nos ha provocado -diría- un bochorno nacional e internacional, por decir lo menos.

Desgraciadamente, la tramitación del proyecto no ha estado exenta de problemas. Con el correr del tiempo, se ha ido cercenando parte importante de sus ideas originales. Por ejemplo, si bien todos estamos de acuerdo en que el pluralismo del sistema informativo parte con la libertad de fundar, editar, establecer u operar medios de comunicación, el Senado, desafortunadamente, desechó la idea de garantizarlo y fortalecerlo a través de medidas legislativas que, específicamente, regulaban la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. En otras palabras, en países como Chile, el solo reconocimiento de la libertad para crear y administrar medios de comunicación social no es ni con mucho garantía de que ese pluralismo existirá verdaderamente, punto realmente relevante si pensamos en la calidad de nuestra democracia.

Por eso, el artículo 7º, aprobado por el Senado, resulta absolutamente insuficiente para velar eficazmente por esta garantía democrática básica. El pluralismo exige que la diversidad de concepciones existentes en la sociedad pueda expresarse efectivamente y, como tal, debe recurrirse a los mecanismos de regulación.

Al respecto, debemos recordar nuevamente la declaración de la Comisión de la Comunidad Europea de 1992, según la cual “el límite introducido, en nombre del pluralismo, en el principio de libertad de expresión, se justifica, puesto que su objetivo es garantizar al público la diversidad informativa” y “en tanto cuanto pueda impedir que otro beneficiario de esta libertad pueda hacer uso de la misma”.

Es así que en diversos países, como Alemania, Reino Unido, Dinamarca , España , Italia , sólo por mencionar algunos casos, existen normas a nivel constitucional o legal, destinadas a asegurar ese efectivo pluralismo y a evitar, corregir o prevenir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.

En Chile, de nueve diarios de alcance nacional, cinco pertenecen a dos grandes consorcios periodísticos. En otras palabras, siete de nueve diarios nacionales pertenecen a una misma minoría empresarial e ideológica.

En el ámbito regional, el panorama no es muy diferente: el 34 por ciento de la prensa pertenece a una sola cadena, “El Mercurio”. En las radios, la situación es mejor, aunque tiende a deteriorarse peligrosamente: la radiodifusión ya está prácticamente dominada por cuatro grandes cadenas, y las emisoras locales disminuyen con celeridad en las regiones, como hemos visto en esta Sala.

Resulta inescapable concluir que el Senado desconoció las abrumadoras evidencias sobre la grave lesión al pluralismo que significa que los medios de comunicación social chilenos, y muy especialmente los escritos, estén controlados por escasos y poderosos grupos económicos, todos pertenecientes a una Derecha que en el pasado estuvo comprometida con la dictadura militar, mientras las restantes y mayoritarias corrientes políticas y culturales están materialmente imposibilitadas de contar con medios propios.

Creo que vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿debemos seguir levantando fantasmas acerca de lo negativo de las políticas públicas o potenciar la libertad de información y una mayor diversidad de los medios?

En definitiva, basados en la experiencia internacional y en nuestro propio horizonte, se nos demanda, con urgencia, generar una política pública que, respetando todos los derechos establecidos en la Constitución Política, verdaderamente sea capaz de garantizar y fomentar la adecuada diversidad de los medios de comunicación, a partir de la cual las personas y los ciudadanos puedan ejercer en forma plena su legítimo derecho a la información.

Por eso, algunas ideas, como el fondo de fomento a los medios regionales de comunicación de prensa regional, pueden ser reincorporadas al proyecto, ya que, si bien no resuelven todos los problemas ni son totalmente satisfactorias, constituyen un mínimo irrenunciable respecto del papel que debe jugar el Estado en este ámbito.

Finalmente, si bien hubo modificaciones negativas en el Senado, también debemos reconocer los avances logrados en algunos temas, como la supresión de la prohibición o suspensión del derecho a informar, la reducción de la competencia de la justicia militar y la entrega de las causas a que dé lugar a los tribunales ordinarios, así como la total eliminación de las sanciones de cárcel, fuera de las figuras tipificadas en el Código Penal.

En todo caso, es de esperar que la Comisión Mixta logre arribar a un texto que no refuerce la posición hegemónica que en el mundo de las comunicaciones tienen muy pocos y poderosos grupos económicos, sino que se fortalezca el ejercicio de estos derechos fundamentales por los distintos sectores de nuestra sociedad, con verdadera libertad y pluralismo, única base sólida de la democracia que la inmensa mayoría de chilenas y chilenos aspiramos a construir.

He dicho.