Labor Parlamentaria

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , hace algún tiempo, en entrevistas concedidas al Diario Financiero y a la Radio Bío Bío, hablé acerca del tema de las universidades privadas, las cuales por ley no deben tener fin de lucro, aunque igual este se manifiesta a vista y paciencia de todo el mundo. Y nadie hace nada al respecto.

Producto de esas entrevistas recibí una avalancha de e-mails donde se denuncian diversos problemas. Y una de las situaciones que se me plantearon se refiere a la formación rápida de abogados en nuestro país.

Parto remontándome al origen de estos títulos de Derecho obtenidos en dos años y medio.

Los acuerdos de Bolonia -adoptados en sesiones realizadas en la Universidad del mismo nombre- tuvieron por objeto establecer un protocolo que permitiera a los profesionales europeos desplazarse de un país a otro dentro del continente sin dificultad para su desempeño.

En aquella oportunidad se puso un marcado énfasis en acortar los pregrados y dar mayor preponderancia a los posgrados de especialización. Todo ello se basaba en una educación media muy sólida.

España empezó a liderar esos cambios, pero no lo hizo en forma rigurosa, lo que le significó costos en su calidad académica.

En Chile, diversas universidades se colgaron de las modificaciones introducidas por los españoles y crearon los llamados "Programas Especiales de Titulación" (PET), mediante los cuales se ofrece un segundo título profesional en un período de dos años y medio. Así surgió la posibilidad de ser abogado en dicho lapso. O sea, un veterinario, un dentista o un informático perfectamente podría obtener un título de Derecho en poco tiempo.

El Colegio de Abogados, en el año 2003, publicó, en una muy amplia inserción en los medios nacionales, su preocupación y rechazo al respecto, y la Corte Suprema -presidida entonces por don Marcos Aburto - también expresó su disentimiento acerca de tales programas.

¿Por qué surgió dicho sistema, señor Presidente? Porque en Chile, al contrario de lo que ocurre en Europa, la autonomía universitaria se otorga en forma abierta; es decir, una vez obtenida, es válida para cualquier actividad académica que se quiera desarrollar en adelante.

En Europa, en cambio, las autonomías son sectoriales. Se conceden en función del proyecto universitario presentado; o sea, se restringen a lo que se está desarrollando en ese minuto. Si se desea ampliar la autonomía a más carreras, a más sedes, debe solicitarse de nuevo.

En nuestro país, la UNIACC obtuvo su autonomía con un proyecto en el ámbito de las comunicaciones (televisión, radio, escenografía), ¡pero después instaló una Escuela de Derecho!

La recientemente creada Universidad Pedro de Valdivia, conocida por su pregrado y sus cursos preuniversitarios, ¡resulta que ahora da clases de Medicina!

La Academia de Humanismo Cristiano convalida, sin programa y con solo el certificado de concentración de notas, los cinco años de la carrera de Derecho y otorga la licenciatura correspondiente en un curso de 11 meses, ¡y a un precio de casi 2 millones de pesos! Lo único que le importa es esa suma de dinero que los alumnos deben pagar.

Por ejemplo, personas egresadas hace 10 o más años de alguna universidad y que han fracasado en su examen de grado 3, 5, 7 ó 15 veces -no sé cuántas oportunidades tienen- van a dicha Academia y después de pagar la suma indicada, se les emite un certificado de Habilitado en Derecho -ius postulandi- que las faculta a litigar y a actuar en los tribunales como alumnos regulares de quinto año. Y, posteriormente, con un cursito de 11 meses y aprobar tres ramos, les dan el título de abogado.

Los PET (Programa Especial de Titulación) los hace la UCINF y la UNIAC. ¡Ni en los Estados Unidos de América hay tanta libertad en esta materia! Porque para ejercer en ese país, una persona necesita dar el bar exams, sin el cual no puede litigar.

Por otra parte, señor Presidente , ahora hay un nuevo tráfico de contenidos y de créditos académicos, el cual se produce con la convalidación entre universidades. Por ejemplo, si una persona ha estudiado uno o dos años en una universidad equis -la Diego Portales, que es buena y donde se exige un alto puntaje para ingresar-, y después quiere obtener el título en menos tiempo, va a la Universidad Pedro de Valdivia, la que le convalida el tercer o cuarto año de Derecho, luego de dos o tres exámenes de 10 preguntas relevantes sobre un ramo, no más. Nadie sabe, además, si se han puesto de acuerdo antes ¡Así, no más, señor Presidente!

La UCINF y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano hacen otro negocio: descubrieron que en Chile existe un ejército de egresados sin recibirse. Si alguien dejó sus estudios en 1968, después de salir de la Universidad Mariscal Sucre, o de la Real, o de La República -que han quebrado-, lleva el certificado de notas y paga casi 2 millones de pesos, egresa con un curso que dura siete meses, en tres de los cuales se dedican a analizar asuntos de derechos humanos. ¡Y queda como si hubiera hecho 5 años en la Universidad Academia Humanismo Cristiano!

Señor Presidente , este es un escándalo de marca mayor. Porque resulta que en el ejercicio de la profesión de abogado hay un tema que tiene que ver con la credibilidad y la fe públicas y, a lo mejor, uno pone en manos de una persona que no sabe nada todo su patrimonio, su libertad o la un pariente, o cualquier otro asunto sometido a litigio.

Y cuando uno contrata a alguien que tiene colgado en la pared el título de abogado, no tiene por qué preguntar de qué universidad egresó, ni qué cursos hizo, ni qué notas obtuvo. Se supone que en Chile -país serio- quien ostenta el título de abogado es porque tiene los conocimientos básicos. Y ocurre que ahora en nuestro medio lo están obteniendo gente que no tienen idea de Derecho.

Hace muy poco tiempo la Corte Suprema emitió un instructivo. No lo llamó autoacordado, porque con ello estaría inmiscuyéndose en la autonomía universitaria. Pero, en verdad, señor Presidente , no corresponde que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el particular, porque está un poco "estirando" la ley al abordar un tema que nos compete a nosotros como legisladores.

Como la Corte Suprema entrega el título de abogado, no puede arriesgarse a otorgárselo a gente absolutamente ignorante del Derecho. Entonces, ha procedido de la única forma que podía para resguardar la parte que le corresponde en el otorgamiento de un título a una persona en la cual queda depositada la fe pública, precisamente porque ella se lo da.

Señor Presidente, creo que ha llegado el momento de poner orden. Ya lo hicimos en Medicina. Para que alguien trate a pacientes tiene que dar un examen nacional de conocimientos. Deben hacerlo tanto los médicos que egresen de universidades chilenas, como los extranjeros o chilenos que hayan estudiado fuera del país y quieran ejercer en Chile.

En mi opinión, tenemos que avanzar en ese mismo sentido en Derecho, al igual que en Pedagogía.

Lo que sucede en esta última carrera es una vergüenza: ¡si una persona asiste a clases un sábado en la mañana una vez al mes, o cada dos meses, obtiene el título de profesor! Por eso tenemos malos resultados en materia pedagógica, con 40 por ciento de los alumnos de cuarto básico que no entienden lo que leen.

A mi juicio, estas materias se deben conversar, además, con la Corte Suprema. Ella ha demostrado su preocupación a través del citado instructivo. Y aunque el Colegio de Abogados se pronunció recién el 2 de abril pasado, había puesto la voz de alarma hace cinco años.

Por lo tanto, ya es tiempo de que abordemos este asunto con seriedad, porque cada día que pasa habrá más titulados que no tienen idea de nada. Si nosotros no buscamos una solución definitiva, la situación va a empeorar, porque una vez recibidos los títulos por las personas, es muy difícil dejarlos sin efecto. Y, en el fondo, ellas van a poder engañar o perjudicar, incluso, sin la intención de hacerlo.

En esto, señor Presidente , muchas veces la culpa no la tiene el alumno, porque si le ofrecen pasar de segundo a cuarto año, con una convalidación fácil y cuando su familia tiene dificultades para pagar la carrera, simplemente lo hace.

Es inaceptable, además, que universidades que obtuvieron autonomía para impartir determinadas carreras, después hayan abierto sedes. ¡Algunas cuentan con 15 facultades de Derecho a lo largo de Chile, sin tener profesores suficientes para enseñar adecuadamente! Entonces, debemos abordar esta materia a la brevedad.