Labor Parlamentaria

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, han pasado más de 18 años desde que los chilenos recuperamos nuestra democracia, y recién ahora los tribunales han avanzado en el conocimiento de la verdad en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Tal situación es de enorme trascendencia, ya que demuestra que los chilenos no estamos dispuestos a olvidar ni a renunciar a la justicia.

Por eso, quiero destacar tres casos emblemáticos que, en estas últimas semanas, nos han hecho reflexionar.

En primer lugar, me referiré a la resolución que cerró la investigación por la muerte del destacado cantautor chileno Víctor Jara , la cual estableció un solo procesado por el delito de homicidio calificado: el coronel retirado Mario Manríquez Bravo .

Diversos testigos han declarado que él no es el único involucrado. También lo estaría, entre otros, un teniente de la época apodado "El Príncipe", quien se destacaba por su brutalidad.

Lamentablemente, el pacto de silencio existente entre los militares cómplices, y que no ha sido posible penetrar, ha impedido que en este caso tan significativo -no solo a nivel nacional- algunos de los autores materiales e intelectuales reciban un castigo.

Aquí es necesario hacer notar la poca cooperación de parte del Ejército para identificar a los efectivos militares que se encontraban destacados en el Estadio Chile -ahora Estadio Víctor Jara - durante septiembre de 1973 y, muy especialmente, el 16 de ese mes, fecha en que fue brutalmente torturado y ejecutado el cantautor.

Espero que los conscriptos que fueron testigos de ese alevoso asesinato no callen más, como asimismo, que la apelación que presentará el abogado Nelson Caucoto sea acogida. De lo contrario, sería una vergüenza para la justicia de nuestro país que este crimen quedara sin castigo.

En segundo lugar, señor Presidente , quiero resaltar la valiente resolución de la jueza Eliana Quezada , quien procesó a seis altos ex oficiales de la Armada por el secuestro, la tortura y el posterior asesinato del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward , ocurrido en 1973, después de estar detenido en el buque-escuela Esmeralda.

Cabe señalar que, por primera vez en Chile, se procesó a ex oficiales de la Armada -entre ellos, a tres almirantes y dos capitanes de navío- por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, este hecho significativo, que debería llenarnos de orgullo pues finalmente se está haciendo justicia, ha causado una reacción más allá de lo razonable en algunos parlamentarios, quienes han salido en defensa de los inculpados con argumentos que, incluso, contradicen las declaraciones de los propios procesados. Llama poderosamente la atención que quienes siempre han señalado respetar las resoluciones de los tribunales de justicia hoy no lo hagan y pretendan desconocer una investigación seria, responsable, muy fundada y que se ha extendido por años.

Y lo más grave es que intentan involucrar a la Armada en una defensa corporativa, al afirmar en sus declaraciones "su profundo desencanto por la falta absoluta de reacción y respuesta de la -entre comillas- `familia naval...".

Una vez más comprobamos que tales parlamentarios no entienden que el castigo de quienes violaron los derechos humanos constituye una tarea ineludible en democracia, pues estos son los pilares fundamentales de todo sistema democrático.

Cabe resaltar que, en este caso, la Armada ha prestado toda su colaboración y, en especial, su Comandante en Jefe.

En tercer lugar, señor Presidente , quiero referirme al denominado "caso de la calle Conferencia", donde, hace 32 años durante el mes de mayo de 1976, se produjo la detención y desaparición de toda la cúpula del Partido Comunista de Chile, encabezada por su Subsecretario Víctor Díaz .

En efecto, en los inmuebles de las calles Conferencia 1587 y Alejandro del Fierro 5113, los agentes de la DINA, en conjunto con Carabineros, montaron dos emboscadas, lo que permitió posteriormente detener a otros dirigentes en la vía pública o en otras casas de "seguridad".

A pesar de los diversos testigos, incluso el entonces Obispo Auxiliar de Santiago , Monseñor Enrique Alvear -quien concurrió el 1º de mayo a la casa ubicada en Alejandro del Fierro y fue retenido por tres horas-, la dictadura siempre negó la detención de esos dirigentes comunistas.

Sin embargo, el trabajo acucioso del ministro Víctor Montiglio ha hecho posible que la verdad sea conocida y que hoy 67 ex agentes se encuentren procesados.

Pese a la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Régimen militar, pocas veces este adquirió tanta crueldad como con el asesinato de esos dirigentes comunistas.

En el cuartel de la DINA de la calle Simón Bolívar , recientemente dado a conocer al público, los agentes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín, según consta en el proceso, apalearon a los dirigentes, quemaron sus rostros con sopletes, robaron sus dientes de oro, apresuraron sus muertes con cianuro y bolsas de plásticos y, finalmente, metieron sus cuerpos en un saco y, atados a un trozo de riel, los tiraron al mar.

Señor Presidente, los tres casos mencionados tienen un denominador común: en mayor o menor medida se ha ido conociendo la verdad y avanzando en la justicia, lo cual constituye una esperanza para los miles de familiares de otros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que hasta la fecha no han podido conocer la suerte de sus seres queridos y tampoco lograr algo de justicia.

Al mismo tiempo, se refuerza nuestra convicción de que el No a la impunidad es perfectamente alcanzable cuando existen jueces decididos y valientes en su investigación.

He dicho.