Labor Parlamentaria

El señor NAVARRO.- 

Señor Presidente , deseo que oficie a la Dirección del Trabajo de la Región del Biobío en relación con el problema que paso a exponer.

Desafortunadamente, en las últimas horas hemos tenido conocimiento de una importante cantidad de despidos en Comercializadora de Productos S.A., FANALOZA, empresa tradicional de la comuna de Penco que proporcionó miles de empleos y hoy día se encuentra en proceso de reestructuración.

Sin embargo, independiente de la legitimidad del derecho que asiste a todas las empresas privadas para ajustar su personal en virtud de las cláusulas establecidas en la legislación del trabajo, es del todo evidente que existe gran inquietud entre los trabajadores de FANALOZA por la circunstancia de que en esta el ajuste se está llevando a cabo sobre la base de lo que ellos denominan "prácticas antisindicales".

Los despidos se han centrado en uno de los tres sindicatos existentes en la empresa, donde se presentó una situación que ya fue denunciada a la Dirección del Trabajo regional. Espero de esta un informe detallado en cuanto a las denuncias sobre prácticas antisindicales en el año 2006 y en lo que va corrido de 2007 en las cuatro provincias de la Región: Concepción, Arauco , Biobío y Ñuble.

De esa manera sabremos si efectivamente la Dirección del Trabajo y los tribunales laborales se encuentran acogiendo las reclamaciones por tales prácticas -lamentablemente, cada vez más extendidas- en orden a que, cuando es preciso efectuar ajustes, ellos se hacen en contra del sindicato que ha levantado una mayor defensa de los derechos de los trabajadores, con la insinuación explícita de que si se cambian de sindicato el ajuste definitivo no va a ocurrir.

En mi opinión, la denuncia formulada por los trabajadores en la Dirección del Trabajo es grave, toda vez que las prácticas antisindicales han sido demostradas y hay testimonio de ellas.

En ese aspecto, debemos profundizar la legislación. No sé si la reforma laboral presentada por el Senador Allamand o por el Senador Longueira -a esta altura no sabemos con certeza quién es su autor- contempla elementos que permitan hacer frente a problemas reales y concretos como los reseñados.

Teniendo a la vista el caso concreto a que me estoy refiriendo, espero un informe general, señor Presidente. La Dirección del Trabajo podrá llevar a cabo la fiscalización frente a las denuncias tanto de empleadores como de trabajadores.

En la situación en comento, la denuncia ante el juzgado laboral expresa:

"A su vez, en cuanto a funcionamiento sindical, existen en la empresa actualmente CUATRO (4) sindicatos: Coprosa Nº 1, trabajadores del área técnica; Coprosa Nº 2, del área de mantención; Coprosa Nº 3, del área de producción y nuestro Sindicato Sanisur, también del área de producción. De estos sindicatos dos de ellos agrupan a los trabajadores que en calidad de operarios participan directamente en la manufactura de los productos que exporta y vende la empresa" en el mercado nacional: el Sanisur-Coprosa y el Coprosa Nº 3, formado con posterioridad por ex dirigentes que habían resultado derrotados en la última elección anterior a su constitución.

Uno podrá decir: este debe de ser un problema interno de la sindicalización y, por ende, de la autonomía propia de los trabajadores. Y desde entonces, como ha ocurrido y por desgracia ocurre en las grandes cadenas de tiendas y supermercados por parte de algunos empleadores (no de todos, por cierto), ha habido una intervención abierta, brutal de la empresa. Ello ha llevado a que los trabajadores lleguen a sentir temor en vez de protección al incorporarse a un ente gremial.

¡Esa práctica no puede ser permitida!

La Cámara de Diputados ha realizado innumerables investigaciones y formado Comisiones con el objeto de poder visualizar, comprender y, en definitiva, detener ese tipo de práctica antisindical.

Lo que me interesa, señor Presidente , es contar con un informe global, al menos respecto de la Región del Biobío, sobre cuántas denuncias se han efectuado en los tribunales del trabajo acerca de prácticas antisindicales, y saber si la Dirección del Trabajo y el Ministerio del ramo poseen antecedentes que permitan determinar si los tribunales respectivos se hallan funcionando con eficiencia.

Hemos sostenido que se requiere personal y financiamiento para que la justicia laboral actúe. Y, por supuesto, nos interesa tener una evaluación al respecto antes del debate del proyecto de Ley de Presupuestos para 2008, con la finalidad de mejorar el personal de dicha Secretaría de Estado.

--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.