Labor Parlamentaria

El señor NARANJO.-

Señor Presidente , me correspondió asistir los días 6 y 7 del presente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y, además, como observador externo, al juicio efectuado en la ciudad de Barcelona contra dos jóvenes chilenos: Álex Cisterna Améstica y Rodrigo Lanza Huidobro .

A ambos compatriotas se les acusa de agresión y atentado contra la autoridad, delitos por los cuales la Fiscalía solicita once años de prisión y un millón de euros de indemnización para la familia del afectado. Con mi presencia, buscaba continuar expresando mi apoyo y solidaridad con estos jóvenes, como lo he venido haciendo desde que fueron detenidos.

Señor Presidente, si alguna vez tuve dudas acerca de su inocencia y del proceso a que han sido sometidos, estas quedaron absolutamente despejadas al estar presente en el juicio, al haber constatado la falta de pruebas reales y la parcialidad con la que han actuado los magistrados.

España es un país democrático donde existe el Estado de Derecho; pero, al mismo tiempo, creo que su Poder Judicial no es infalible. Está constituido por seres humanos que deben impartir justicia y se hallan expuestos a cometer errores o verse influenciados por la presión de la opinión pública.

Y eso explica lo que está ocurriendo en el caso específico de Rodrigo Lanza y Álex Cisterna.

Debo decir que, desde un comienzo, la Guardia Urbana, organismo al cual pertenece el oficial agredido que hoy se encuentra en estado vegetal, buscó un chivo expiatorio, a alguien con quien vengarse, a quién responsabilizar. Porque un hecho tan lamentable y condenable como el ocurrido a ese funcionario policial, no podía quedar impune.

Y qué mejor que culpar a estos tres jóvenes latinoamericanos -dos chilenos y un argentino-, a los cuales despectivamente se les señala como "sudacas". Digámoslo claramente: el deseo de venganza de la Guardia Urbana de la ciudad de Barcelona tenía como objetivo entregar un mensaje ejemplarizador a los denominados "okupas" y a los jóvenes latinos.

Y para alcanzar dicho objetivo, se ha llegado al extremo de sacrificar la más elemental voluntad de alcanzar la verdad y hacer justicia. Importa más condenar a estos tres jóvenes que buscar a los verdaderos culpables.

Podría nombrar una serie de situaciones que avalan esta afirmación. Ellas han quedado absolutamente demostradas durante el juicio, sin que a los fiscales y magistrados parezca importarles.

Primero, estos jóvenes fueron detenidos sin que la policía transmitiera el correspondiente parte al Colegio de Abogados dentro del plazo establecido en la ley española.

Ya ahí existe un vicio.

Segundo, fueron maltratados y torturados física y psicológicamente, tal como ha quedado demostrado en el proceso. Incluso, Álex y Rodrigo presentaron una acción judicial en contra de los jefes policiales que los detuvieron.

Tercero, se les ha negado la libertad provisional y han debido permanecer más de dos años en prisión, lo que no sucedió con los otros seis acusados europeos.

Debo advertir que las informaciones de estos últimos días señalan que el magistrado consideró otorgar la libertad provisional a Álex Cisternas y al ciudadano argentino. Sin embargo, todavía se encuentra detenido Rodrigo Lanza .

Cuarto, se han eliminado pruebas claves en el lugar de los hechos.

Partamos expresando que la defensa de nuestros compatriotas solicitó que declarara en el juicio el ex alcalde de Barcelona señor Joan Clos , pues él sostuvo el mismo día del suceso que, según información recibida de la Guardia Urbana, el policía afectado había recibido el impacto de una maceta arrojada desde lo alto de una casa donde se desarrollaba una fiesta por parte de los "okupas".

Sin embargo, tanto la fiscal como el magistrado se han negado una y otra vez a requerir la presencia de ese ex alcalde.

Se ha llegado al extremo de que los peritos forenses dijeron que elaboraron su informe a partir del parte policial y que nunca tuvieron acceso al herido.

La norma internacional determina que los informes de ese tipo solo pueden efectuarse a partir de la revisión del lesionado y del lugar de los hechos.

Señor Presidente, en el lugar de los hechos fueron borradas todas las pruebas. La Guardia Urbana de la ciudad de Barcelona dio luz verde para que desaparecieran todos los objetos que podían servir de prueba para demostrar la inocencia de nuestros dos compatriotas y del ciudadano argentino. Curiosamente, se efectuó una limpieza profunda de todo el sitio del suceso.

Debo agregar que, durante el desarrollo del juicio, cuatro de siete peritos -entre ellos, médicos forenses, neurocirujanos, catedráticos de la especialidad- descartaron la caída hacia atrás del policía fruto de la piedra lanzada, según la investigación, por uno de nuestros compatriotas.

Por el contrario, todos los informes indican que la lesión que el policía presentaba en la cabeza solo podía ser consecuencia del impacto de un objeto proveniente de un edificio o desde una altura considerable. De otro lado, frente a tales realidades indesmentibles, uno puede decir a ciencia cierta que nuestros compatriotas no han tenido un debido proceso en España.

En tal sentido, considero muy importante en esta hora no solo valorar el papel y la preocupación de nuestras autoridades: el embajador, el cónsul y todos aquellos que nos representan en el extranjero. Opino que, por lo delicado de la situación, ante hechos de esa índole, que son la antesala de la comisión de la aberración jurídica de culpar por un delito que no cometieron a tres personas del todo inocentes, las autoridades de Chile y todos los que nos hallamos preocupados por lo sucedido no debemos bajar la guardia. Si bien todavía queda la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de España, creo que en este momento, más que nunca, por las distorsiones habidas y por la poca claridad que ha tenido el proceso judicial, es relevante -y por eso quise intervenir- la solidaridad con esos compatriotas, ya que corren el riesgo -insisto- de ser acusados injustamente por los hechos descritos.

Por cierto, el atentado contra aquel policía de la ciudad de Barcelona es, desde todo punto de vista, condenable. Sin embargo, no parece correcto ni justo que, ante la necesidad de encontrar un culpable -porque un delito de tal naturaleza no puede quedar impune en Barcelona, por la debilidad en que se dejaría a las fuerzas policiales-, tres personas (dos compatriotas nuestros y un argentino) sean sancionadas por un hecho que no cometieron.

En consecuencia, expreso una vez más mi solidaridad, mi preocupación y mi compromiso de seguir atento al caso en comento.

He dicho.