Labor Parlamentaria

El señor VÁSQUEZ.-

Señor Presidente , a raíz de la muerte del señor Óscar Zepeda , empresario de una planta de revisión técnica en Rancagua, Carlos Filippi , empresario del mismo rubro, solicitó en septiembre de 2000 la ampliación de su planta, lo que fue denegado el 3 de octubre por el Subsecretario de Transportes de la época, Patricio Tombolini Véliz.

Producto de lo anterior, y dentro del "caso coimas", Filippi sostuvo que con él se contactó Gabriel Álamo , concesionario de una estación de servicio donde estaba la planta de Zepeda, y le dijo que Víctor Manuel Rebolledo , abogado y político, podía conseguir la ampliación perseguida, cobrando dos millones de pesos por honorarios "mientras la ampliación funcionara", lo que a Filippi le pareció conveniente. Agregó este último que Álamo y Rebolledo le pidieron treinta millones de pesos, presuntamente destinados a Tombolini, lo que Filippi habría desechado por antieconómico, y que dos días después Álamo le informó que Tombolini transaría su asentimiento por quince millones de pesos.

En otra arista del caso, el SEREMI de la Sexta Región, Lincoln Pérez , consultó al Subsecretario Tombolini sobre el camino a seguir por la muerte de Zepeda, ya que las concesiones son personalísimas, lo que obligaba al cierre de esa planta. El SEREMI sugirió que en tales instalaciones se permitiera la ampliación de la actividad a otro concesionario. El 29 de diciembre de 2000, Tombolini le contesta que es facultad del SEREMI tal autorización. Teniendo como precedente una situación similar en la Cuarta Región, Lincoln Pérez dictó la resolución que aprobó a Filippi para efectuar revisiones técnicas en el lugar de la planta de Zepeda. Según Pérez -en el proceso-, la concedió a Filippi por ser el único que la solicitó.

El Ministro de la Corte de Rancagua señor Carlos Aránguiz , tras una larga investigación, concluyó que Tombolini había incurrido en el delito de cohecho -al haber influido en el SEREMI Lincoln Pérez para la concesión de la extensión de la planta de Filippi a las instalaciones del fallecido señor Zepeda - por un pago de quince millones de pesos, en un vale a la vista bancario, recibido a nombre del Subsecretario por Alejandro Chaparro , asesor del Ministerio de Transportes, y cobrado por Eric Leyton , funcionario del mismo organismo.

Los hechos no son tan claros como lo pretendió el Ministro Aránguiz en su fallo. Desde el inicio de la revisión de su sentencia, su apreciación fue cuestionada por sus pares en Rancagua, y definitivamente desechada por la Excelentísima Corte Suprema.

Es así como el Fiscal de la Corte de Rancagua , en su informe a la Sala falladora, expresa: "si no se logra convicción sobre el pacto Tombolini Rebolledo para que este último le pidiera dinero a Filippi y Álamo, para procurarle ventaja en una concesión, pierden categoría y relevancia las averiguaciones y estimaciones periciales o el análisis de intenciones de los que de alguna manera intervinieron en el desarrollo de la situación que culminó con la dictación, el 10 de enero de 2001, de la Resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte de la VI Región, que autorizó a Filippi para funcionar en las instalaciones de la Sucesión Zepeda Es el caso que tanto de lo examinado, cuanto de las declaraciones que se referirán, no se divisa el tornillo fundamental y base del cual podrán colgarse y subcolgarse todos los razonamientos inculpatorios directamente a Tombolini como destinatario del dinero entregado por Filippi a Chaparro. En consecuencia, por lo ponderado hasta aquí, esta Fiscalía Judicial no comparte la decisión del sentenciador en cuanto condena a Patricio Tombolini como autor de un delito de cohecho por la suma de quince millones de pesos, instando por su absolución.".

El Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua señor Mera, en su voto de minoría en la sentencia de segunda instancia, sostiene que "para entender probado el delito de cohecho agravado, es indispensable que aparezca probada la intervención de un funcionario público que aceptara o solicitara el dinero con la mira de influir en otro empleado, que en concepto de la acusación corresponde ante todo al ex-Subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, que Filippi no dice jamás haber hablado siquiera con el Subsecretario ni haber recibido pedido alguno de dinero por parte de éste, sino que afirma algo completamente distinto, y es que Rebolledo y Álamo le dijeron que Tombolini pedía dinero por admitir la ampliación de planta que al empresario interesaba. La declaración de Filippi no forma ni puede formar una presunción contra Tombolini , porque si le damos pleno crédito, tenemos sólo que terceros que no eran el Subsecretario, le pidieron dinero usando el nombre de éste.".

"La declaración de Lincoln Pérez" -les recuerdo que era el seremi de Transportes- "tampoco puede admitirse como presunción de cargo, porque dice que él solicitó al Ministerio examinar la viabilidad de la solicitud de Filippi y en respuesta a esa solicitud recibió un oficio de la Subsecretaría que le respondía que podía ejercer (sus) facultades respecto de cualquiera de los concesionarios de plantas, excluidos los sucesores de Zepeda. Esto es, con mucha antelación al cobro del vale vista por $ 15.000.000 que pagó Filippi y que se dicen pagados o a Rebolledo o a Chaparro. El Subsecretario dio una instrucción genérica y que no constituye sino una respuesta jurídica a una consulta del propio SEREMI El fallo cita textualmente a Lincoln Pérez diciendo que al momento de tomar la decisión los demás planteros de la ciudad se desinteresaron. Es decir, Pérez nos dice que la decisión la tomó él, y que optó por Filippi no porque se lo impusiera Tombolini , sino porque los demás posibles candidatos se desinteresaron.".

"Por lo demás es verdad que hay un hecho no explicado que desvirtúa aún la imprecisa e indirecta presunción:... si Tombolini pidió $ 15.000.000 a título de ilícita remuneración, como condición previa para ordenar ampliar la planta de Filippi, es del todo incomprensible que un tercero, simple mandatario no de él, sino de Rebolledo, para el cobro de esa suma, se quedara con $ 5.000.000 según admite, y sin embargo el Subsecretario no retuviera la orden de autorizar la ampliación de la concesión en favor del plantero.".

"Que... las declaraciones de Waldo Mora, de Pedro Araya , de Cristián Pareto y de Jaime Jiménez , se refieren todas a reuniones en las que no sólo no estuvo Tombolini , sino que no estuvo testigo alguno que hubiera oído al Subsecretario hacer la petición que ahora nos interesa, limitándose al fin todos a señalar directa o indirectamente, que Filippi sostuvo que un tercero (Rebolledo) le había pedido dinero que dijo sería para el Subsecretario. Ni uno, siquiera, de los declarantes, está en condiciones de afirmar que aún si Filippi decía la verdad".

"Que... faltando el elemento central, como es la prueba del pago a Tombolini, o del pedimento de dinero de parte del Subsecretario , pueden hacerse cuantos intentos de combinación de ellos se quiera, y no se arribará a ninguna presunción de cargo que reúna respecto de ese hecho central".

"Que... es un hecho que cuando Chaparro pide el dinero -si lo pidió en verdad- o al menos cuando él cobra el vale vista, ya la Subsecretaría de Transportes había respondido al Seremi Lincoln Pérez que podía hacer uso de la facultad de extender la concesión de cualquiera de los concesionarios de la zona. Es verdad que esa respuesta no implica ninguna orden ni intervención superior en favor de Filippi, como ya se razonó,... porque lo demás es una decisión que según él mismo dice, toma Lincoln Pérez , en Rancagua, sin recibir llamado o presión de nadie, y mucho menos de Chaparro.".

Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema señala: "en el fallo que se revisa... no se cita ni menos analiza antecedente alguno que permita concluir que el empleado público a quien se ha acusado como autor del delito de cohecho haya prometido a cambio de la entrega del dinero el realizar u omitir algún acto debido propio de su cargo o ejercer influencia en otros empleados públicos.".

"Cabe advertir que no aparece enunciada ninguna prueba directa de la intervención del Subsecretario de ese entonces, Patricio Tombolini Véliz, tanto respecto del pedimento de dinero, cuanto de la recepción de la indicada suma por parte de dicho funcionario".

"Que este tribunal concuerda con que las probanzas recabadas para este fin no son suficientes. Filippi no dice jamás haber hablado con el Subsecretario ni haber recibido pedido alguno de dinero de parte de éste, sino que afirma que Rebolledo y Álamo le dijeron que Tombolini pedía dinero por admitir la ampliación de la planta que al empresario le interesaba. Entonces, sólo existen terceros, entre los que no estaba el Subsecretario , quienes le pidieron dinero a Filippi usando el nombre de aquél, ya autorizados al efecto por él, o tomando indebidamente su nombre, cuestión que de la declaración de Filippi no puede saberse.".

"La declaración de Lincoln Pérez tampoco puede admitirse como presunción de cargo, porque dice que él solicitó al Ministerio examinar la viabilidad de la solicitud de Filippi y en respuesta a esa petición recibió un oficio de la Subsecretaría que le respondía que podía ejercer las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 156 de 1.990, respecto de cualquiera de los concesionarios de plantas, excluidos los sucesores de Zepeda, con antelación al cobro del vale vista por $ 15.000.000 que pagó Filippi. El Subsecretario dio una instrucción genérica y que no constituye sino una respuesta jurídica a una consulta del propio Seremi Sr. Pérez. Éste, en definitiva, dice que la decisión la tomó él, y que optó por Filippi no porque se lo impusiera Tombolini , sino porque los demás posibles candidatos se desinteresaron. El Seremi en parte alguna dice que el Subsecretario le ordenara asignar a Filippi la ampliación de la planta de que se trataba. Que no se logró allegar a la causa otros antecedentes que probaran que hubo una oferta a cambio del aporte económico, consistente en realizar algún acto o incurrir en alguna omisión que favoreciere al empresario Filippi o algún tercero.".

Hasta aquí he citado párrafos textuales de un informe y de sentencias de una Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, en su caso.

Señor Presidente , debo señalar, además, que desde el primer momento en que leí el artículo de la revista "Qué Pasa" tuve la absoluta convicción de que Tombolini era inocente.

Resulta que Víctor Manuel Rebolledo , Alejandro Chaparro , Eric Leyton , Gabriel Álamo -cliente de Tombolini- pertenecían a un solo partido político.

El cobro de dinero lo hicieron personas que no eran de confianza de Patricio Tomboloni en la Subsecretaría, sino que se desempeñaban en el Ministerio de Transportes. No había ninguna razón ni conexión apreciable desde fuera, según mi perspectiva, que permitiera vincular a Patricio Tombolini con el cobro de los 15 millones de pesos.

Eso era claro. De ahí que, desde mi escasa posición, cooperé en lo que pude en su defensa jurídica.

De acuerdo con tales antecedentes, cualquiera puede preguntarse, entonces, cómo es posible que Tombolini haya sido condenado por el ministro Aránguiz. Yo creo que la razón está en que la investigación desde su inicio fue sesgada. Tombolini estuvo 43 días en prisión preventiva. ¡Un mes y medio! Y todo el país sostiene hoy que los delincuentes entran y salen de los recintos carcelarios por una puerta giratoria. Tombolini fue detenido por un supuesto e infundado soborno de 15 millones de pesos. ¡Qué peligro mayor para la sociedad...!

A mí me parece que la investigación fue sesgada porque los hechos lo demuestran.

Ante una posible pero irreal situación de bigamia de Tombolini, el ministro Aránguiz se dirigió a la Octava Región a realizar ciertas diligencias, lo que, por lo demás, estaba fuera de su mandato para investigar el denominado "caso coimas".

Sin embargo, nunca investigó la conducta y las razones que tuvo el seremi Pérez para otorgar la ampliación de la planta; por el contrario, las omitió, a mi criterio, porque sabía que podían exculpar a Tombolini. Y lo digo responsablemente.

Hechos al canto:

Programa "Informe Especial" de Televisión Nacional de Chile. Consultado Lincoln Pérez si Tombolini le había ordenado, presionado, sugerido o siquiera hablado respecto de otorgar la extensión a Filippi , Pérez responde categóricamente que no, ante todo el país, a través de ese programa. Eso habría bastado para exculpar a Tombolini; pero de ello nunca hubo una mención en el expediente.

Según un informe de la Policía de Investigaciones que consta en autos, el 24 de junio de 2000 Pérez y Filippi viajaron en el mismo vuelo a Venezuela y regresaron el día 1º de julio, hecho reconocido por Filippi. ¿Referencia en la sentencia de primera instancia acerca de esta cercanía entre Filippi y Pérez? ¡Ninguna!

El lunes 11 de septiembre de ese año, 48 horas después del deceso de Zepeda, Pérez cierra la planta del fallecido -que después ordena abrir Tombolini - y otorga la autorización de un pozo adicional a la planta de revisión técnica de Filippi.

Según Lincoln Pérez , el 10 de enero en la tarde dictó la resolución que autorizaba la planta para Filippi, la que quedó en poder de la secretaria del seremi, señora Elsa Uribe. Conforme a los listados computacionales, alrededor de las 14:30 horas del mismo día 10 de enero, cuando aún no estaba notificada la resolución, la extensión de planta autorizada a Filippi comenzó a emitir (o vender) certificados de revisión técnica. Investigación: cero.

En un allanamiento a la caja de fondos de Filippi, el Ministro Aránguiz encontró un cheque en blanco del Banco Santiago y otro por 500 mil pesos girados por Lincon Pérez a Filippi, quien declaró ante el Magistrado que correspondían a "préstamos" que hizo a Pérez, no pagados.

Pregunto: ¿cuál habría sido la reacción del Ministro si los cheques hubieran sido girados por Tombolini? En el caso concreto, cerró la investigación y sobreseyó.

Como esos, hay otros elementos similares, pero creo que su enumeración basta.

En mi opinión, si hubo soborno, los verdaderos participantes quedaron ocultos. El Ministro Aránguiz no investigó con imparcialidad y no cumplió con su obligación de investigar con el mismo celo las circunstancias que exoneraban al imputado, como aquellas que inculpaban a Tombolini, omitiendo el deber que le imponía el Código de Procedimiento Penal.

Por fortuna, hoy la reforma procesal penal no permitirá que un inocente aparezca como el ícono de la corrupción por más de cuatro años. Sin embargo, es indispensable proteger el derecho de las personas y sancionar conductas no acordes con la responsabilidad y el rango de los encargados de administrar justicia.

La historia demostrará en los hechos la necesidad que tiene nuestro país de contar con una legislación y medidas judiciales que cautelen la debida presunción de inocencia y que, aun ante hechos o acusaciones que generen una altísima atención pública, eviten mañana que un Poder del Estado pueda llegar a afectar la honra de las personas.

Para este caso en particular, creo que la Comisión de Ética de la Excelentísima Corte Suprema tiene la palabra.

He dicho.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).