Labor Parlamentaria

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , quiero sumarme también al juicio relativo a que la ANEF dio una gran batalla. Lo que no han dicho los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra es que esa gran batalla fue en contra de su propio Gobierno. Porque costó mucho obtener algo absolutamente justo. Tardó años.

Voy a referirme a dos puntos.

Las personas que ganan el ingreso mínimo, o una cantidad de dinero en torno de ese monto, recibirán, en general, solo la pensión mínima. Y, desgraciadamente, aunque coticen durante 20, 30 ó 40 años; aunque jubilen a los 60, 65 ó 70 años, igual no podrán optar a algo mejor. En ese sentido, lo que está sucediendo -y es lo racional- es que el trabajador trata de retirarse únicamente con 20 años de cotizaciones, porque con eso ya tiene asegurada la pensión mínima, tanto en el sistema antiguo cuanto en el de las administradoras de fondos de pensiones.

Sin embargo, para quienes ganan 400 mil, 500 mil ó 600 mil pesos -y de ahí hacia arriba-, la diferencia entre jubilar a los 60 años y los 65 años puede ser dramática. Dependiendo de varios factores -entre ellos, el grupo familiar, pero, sobre todo, la tasa de interés-, puede llegar a ser de 40 por ciento.

Todos se preguntan cómo la desigualdad puede ser tan grande cuando se postergan solamente cinco años. La verdad es que ello obedece a tres razones:

En primer lugar, se pagan cinco años menos de pensiones. Y ese dinero, por tanto, se reparte y aumenta las pensiones restantes.

En segundo término, se cotiza durante cinco años más. Son sesenta cotizaciones adicionales.

Por último, justo en el momento en que el monto del ahorro se halla en su máximo, al final de la vida activa de la persona, son cinco años más en los que se reciben intereses y reajustes.

En consecuencia, estos tres efectos: 60 pensiones menos, 60 cotizaciones más y, durante 60 meses, intereses y reajustes adicionales, pueden significar que, finalmente, la pensión sea 40 por ciento mayor si se jubila a los 65 años en vez de a los 60.

Por ello me preocupó tanto la disposición que establecía que si una mujer no se retiraba a los 180 días de haber cumplido los 60 años perdía el bono de incentivo al retiro.

La jubilación a los 60 años es un privilegio de ella. Y lo apoyo con todas mis fuerzas, porque la mujer que trabaja en forma remunerada tiene dos o tres labores más que cumplir, por lo general. Cuando regresa a casa -y sobre todo la de más escasos recursos-, debe realizar las labores domésticas, preocuparse de los hijos y del hogar, etcétera. Y eso desgasta mucho. Además, obviamente, de haber tenido a los hijos.

Pero el privilegio de que la mujer pueda jubilar a los 60 años -es decir, antes que los hombres- no puede transformarse en algo que la perjudique. Si desea retirarse a esa edad por estar cansada o, a lo mejor, por ganar el ingreso mínimo o uno similar y dar lo mismo que siga trabajando, pues igual va a obtener la pensión mínima, debe contar con el derecho a hacerlo. Sin embargo, si prefiere seguir trabajando un par de años más con el objeto de mejorar su jubilación, a mi juicio no puede ser perjudicada por una prohibición de resolverlo así.

--(Aplausos en tribunas).

Señor Presidente , este es un tema que discutimos largamente. Lo único que deseo consignar es que quedó claro -la votación unánime de los Senadores en la Comisión así lo estableció- que ninguna mujer va a estar peor que con el proyecto de ley del Gobierno. Y muchas podrán optar a estar mejor. Nadie pierde y muchas pueden ganar. Por lo tanto, es una solución óptima.

Quiero reafirmar lo sostenido por el Honorable señor Escalona en el sentido de que defenderemos el derecho de las mujeres a seguir siempre jubilando a los 60 años. Y nos vamos a oponer a que se aumente esa edad. No se sienta precedente alguno para tal efecto. Sencillamente, si tienen salud, si las asiste el deseo de trabajar, si cuentan con un empleo y pueden obtener un beneficio por continuar prestando servicios, tienen la posibilidad de mantenerse en actividad de la misma forma que un hombre a los 65 años.

--(Aplausos en tribunas).

La Alianza ha apoyado el proyecto. Y la verdad es que logramos sacarlo en el plazo establecido, a pesar de que muchos pensaron que cuando se pidió que pasara a Comisiones unidas era para dilatar su trámite. No fue así. Ello obedeció, sencillamente, a la idea de discutirlo de manera mucho más extensa y detallada. Pero hemos respetado los plazos.

Y nos alegramos de que por fin haya una especie de respuesta -porque no es una respuesta propiamente tal- al daño previsional sufrido por los funcionarios que se desempeñan en organismos públicos. En el caso que nos ocupa, ella se da solo a trabajadores de organismos adscritos a la ANEF que se acojan a jubilación hasta el 31de julio de 2010.

Por lo tanto, van a quedar dos temas pendientes. El primero es qué va a pasar con el daño previsional de quienes laboran en organismos adscritos a la ANEF y jubilen a partir de agosto de 2010.

En segundo lugar, ¿qué pasa con el daño previsional que afecta a los gremios excluidos de la ley en proyecto, como la CONFENATS, la FENPRUSS, los funcionarios municipales, los funcionarios de las universidades estatales?

La Alianza siempre ha manifestado que el daño previsional afectó a todos los trabajadores del sector estatal. Sin embargo, para los que se quedaron en el Instituto de Normalización Previsional hubo una solución legal en 1991, es decir, hace 16 años. Pero la Concertación se ha negado sistemáticamente a proveer una solución pareja, como aquella, para los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones.

Nuestra coalición presentó un proyecto para asegurar una tasa de reemplazo de 70 por ciento de la remuneración a todos los trabajadores de la Administración Pública afectados por el daño previsional que se encuentren afiliados a una AFP. Planteamos esa cifra y no 80 por ciento, como en el caso del INP, porque la cotización en el nuevo sistema es menor que en el antiguo, de modo que nos parecía que la tasa de reemplazo también había de ser menor. Pero esta debe ir ligada a la remuneración, ya que así operan ambos sistemas previsionales.

Por eso, señor Presidente , ante la próxima llegada del proyecto de reforma previsional, que requiere determinados quórums para la aprobación de ciertas materias, quiero anunciar hoy día que la Alianza no estará dispuesta a facilitar que ellos se obtengan si previamente no se han otorgado beneficios similares a los consignados en la iniciativa que nos ocupa a todos los gremios que esta no contempla, como la FENPRUSS, la ASEMUCH, la CONFENATS, los funcionarios de las universidades estatales y cualesquiera otros que se encuentren en tal condición.

Repito: si el Gobierno desea contar con nuestros votos para aprobar la reforma previsional, primero vamos a exigir que haya una respuesta similar a la consignada en el presente proyecto para todos los que este no considera.

No nos gusta amenazar de esta manera. El problema es que desde hace 16 años venimos pidiendo una solución para el daño previsional de los funcionarios afiliados a las AFP, pero nunca se ha querido dar. Y, al final, el único modo que tenemos de asegurarnos que se trate el asunto es advirtiendo que, cuando se necesiten nuestros votos para sacar adelante dicha reforma, no se dispondrá de ellos si previamente ese punto no ha sido abordado.

Señor Presidente, felicito a todos los dirigentes gremiales que han conseguido hacer realidad esta iniciativa legal. Espero que aquellos que representan a otros sectores obtengan algo parecido. Y vamos a asegurarnos de que así suceda.

Voto a favor.

--(Aplausos en tribunas).