Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , se produce gran perplejidad en la opinión pública cuando un organismo de tanto prestigio como Transparency International anuncia que Chile no es un país corrupto y tiene altos índices de probidad -el primer lugar en América Latina- y simultáneamente hay, por una parte, informaciones, acusaciones y denuncias que involucran en ese aspecto a Parlamentarios y a un ex Subsecretario de Estado , y por otra, procesos criminales contra oficiales del Ejército por vinculaciones con el narcotráfico y contra miembros de la Iglesia Católica por actos reñidos con la moral.

Ante tal cuadro, la ciudadanía queda confundida, pues por un lado se hace la afirmación general de que nuestro país está en buen pie en esa materia, y por otro, la prensa la sacude y golpea todos los días con noticias que parecen indicarle lo contrario.

Ante todo, es importante que la gente distinga una cosa de la otra. Chile tiene un buen estándar de probidad pública y privada. Y ése es un bien que debemos preservar. Por eso, cuando se detectan irregularidades graves, es lógico que se denuncien, que salgan a la luz pública y que se busque la sanción correspondiente.

Ahora bien, cabe tener presente que durante este período democrático hemos perfeccionado las normas legales destinadas a castigar tales conductas. Dictamos la Ley de Probidad Administrativa -modifica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, que, entre otras cosas, permite a los ciudadanos acceder a la información de cualquier acto de la Administración. Además, precisa los deberes de los funcionarios públicos. Desgraciadamente, no pudimos incluir una norma en virtud de la cual se impidiera a los empleados de un órgano fiscalizador, a poco de renunciar al cargo o de concluir su función, aparecer representando a alguna empresa privada que hubiera estado sometida a su fiscalización. Y se ha dado el caso, lamentablemente.

Asimismo, modificamos el Código Penal en todo lo referido a los delitos contra la probidad. Y eso se logró con el respaldo de Parlamentarios de todas las bancadas. Es importante recordarlo. Ahora veremos cómo los jueces aplican la nueva legislación. Pero, por desgracia, no obtuvimos votos suficientes para sancionar el enriquecimiento ilícito, materia que figuraba en el proyecto primitivo.

Falta, pues, reforzar esa reforma legal con nuevas normas. Mencionaré dos o tres, a modo ejemplar.

Una: el establecimiento del defensor del ciudadano. Sería importante, porque el organismo pertinente fiscalizaría la probidad, la calidad de los servicios públicos, la rectitud con que éstos se entregan a la población.

Dos: la modernización de la Contraloría General de la República. Hace años duerme en el Congreso una iniciativa de ley sobre esta materia. Aprobamos, sí, un proyecto más breve, que aumenta las facultades fiscalizadoras de ese organismo y legaliza las auditorías que realiza. Empero, ello es insuficiente. Necesitamos un ente contralor más eficaz, con más funcionarios y mayores recursos.

Junto con la reforma procesal penal, creamos el Ministerio Público, que, a través de sus fiscales en las Regiones donde ya funciona, está llamado también a perseguir todos los delitos, inclusive los que atentan contra la probidad.

Dentro de ese cuadro, ante la lluvia de denuncias de todo tipo contra parlamentarios, funcionarios públicos, empresarios, estimo indispensable, por la experiencia de haber vivido en un país donde hechos como los comentados provocaron consecuencias muy profundas (no me pronunciaré sobre si fueron favorables o desfavorables), tener en consideración ciertas normas de conducta.

Recogí esa experiencia en Italia, donde los jueces de Milán, a través de la denominada "Operación manos limpias", hicieron una verdadera razia en las dirigencias política y empresarial del país precisamente en nombre de la probidad pública. Y tuvieron fundadas razones para ello, porque los niveles de corrupción eran muy altos. Pero eso ocasionó enormes trastornos políticos, que cambiaron la faz de la república. Tanto así, que se hablaba de una nueva república, surgida después de esa operación judicial.

Entonces, señor Presidente, recordaré algunos principios que a mi juicio importa tener en cuenta en estos casos.

En primer término, es necesario evaluar la denuncia en su mérito y no presentarla de manera grandilocuente, pues al final se incurre en exageración. No se trata de sobrerreaccionar, pero tampoco, por cierto, de dejar de enfrentar el problema. Cada denuncia debe ser evaluada en su mérito.

Al respecto, el reciente dictamen de la Contraloría de la Región del Biobío ante denuncias contra la administración del Gobierno Regional es una buena prueba de que cada cosa debería ser evaluada en su propio mérito, porque, al final, las irregularidades cometidas son, en mi concepto, de poca entidad -con esto no pretendo sacar el bulto al problema, sino exponerlo en su exacta dimensión- y no ponen en tela de juicio la honestidad del Intendente o la de quienes dirigen el Gobierno Regional.

Segunda norma de conducta: debe respetarse la presunción de inocencia, pues de lo contrario se puede montar una forma muy simple de ajustar cuentas políticas -en el sentido más lato del término- con cualquier hombre o mujer que actúe en la vida pública, sea en el sector privado o en el estatal; es decir, basta hacer una denuncia, que la prensa la magnifique, que algún juez intervenga, y la persona ya está condenada.

¿Quién recuerda, por ejemplo, que el Intendente de la Quinta Región don Hardy Knittel, al que se destituyó por acusaciones de delitos contra la probidad, fue declarado inocente? Él pagó por una acción que no cometió. Sin embargo, la declaración de su inocencia no tuvo la misma fuerza que la de las acusaciones.

Por lo tanto, junto con denunciar cuando existen fundadas razones para pensar que hay una irregularidad grave, debe respetarse el derecho del acusado a su defensa. Y para eso tienen que funcionar las instituciones.

Tercera norma de conducta: no puede pretenderse sacar ventajas político-partidistas de las denuncias. Porque si hoy un grupo saca ventaja respecto de otro, mañana éste cobrará revancha, y así sucesivamente.

Por desgracia, esta norma no la cumplen ni la Oposición ni el Gobierno. Por ejemplo, no me explico el motivo por el cual tres Diputados de la Unión Demócrata Independiente presentaron esta tarde una querella contra Jaime Tohá , Intendente de la Región del Biobío . Porque -como manifesté- las irregularidades constatadas por la Contraloría son menores. Y a quienquiera que lea los antecedentes le salta a la vista que ahí no hay ni la sombra de un delito, ni siquiera de aquello que se suele llamar "malversación impropia".

¡Y quién no lee la prensa con preocupación cuando se dice que algunas de las denuncias en que se ven involucrados Parlamentarios oficialistas se deberían a rivalidades internas de los partidos de la coalición gobernante! Hoy día, uno; mañana, el otro.

Entonces, señor Presidente , si las denuncias tienen por objeto, no tanto clarificar los hechos y sancionar eventuales responsabilidades, sino obtener alguna ventaja en la lucha por el poder, vamos por mal camino. Que no quepa la menor duda: vamos por muy mal camino.

Por último, algo que el Presidente de la República ha manifestado en forma reiterada: que las instituciones cumplan su cometido. Y aquí tienen gran responsabilidad la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, las Policías, el Poder Judicial , el Ministerio Público.

Respecto de la Cámara de Diputados, se ha formado una Comisión Investigadora sobre el llamado "Caso Coimas". Ésta sólo tendría competencia para analizar un aspecto de dicho caso, porque esa rama del Congreso sólo puede fiscalizar actos de Gobierno, y lo único que podría ver es lo referido al ex Subsecretario señor Tombolini . Pero si la Comisión extralimita sus funciones y se transforma en una especie de fiscal colectivo, de tribunal popular, que pretende esclarecer qué pasó en la reunión sostenida en tal hotel entre ciertos Diputados y un empresario; entonces, ella, y las instituciones en general, irán más allá de lo que sus normas o estatutos básicos les permiten.

Espero que no lo haga el Diputado señor Longton , quien presidirá dicha Comisión y que tiene una enorme responsabilidad, y pueda contribuir a esclarecer los hechos. Pero para ello debe moverse en el ámbito propio de sus funciones, aspecto muy importante porque la Cámara de Diputados es una Cámara política, en cuyo seno pueden reflejarse muchas de las rivalidades partidistas a las cuales hice referencia con anterioridad.

¿Cuál es el objetivo de denunciar estos hechos?

Obviamente, que no pasen inadvertidos, que los responsables no consigan los propósitos que perseguían, ya sea enriquecimiento ilícito, obtener prebendas o escalar en el poder público, y que sean sancionados. Ciertamente se trata de objetivos necesarios y nobles, pero junto con ello es muy importante que los juicios, denuncias o investigaciones de la Contraloría sirvan para reafirmar en la ciudadanía la adhesión a los valores de probidad y de rectitud que debieran servir de norte a la actividad política como servicio público.

Flaco favor se haría a la vida política, a la democracia y a la propia probidad, si el conjunto de denuncias que la prensa publica diariamente provocara que el ciudadano perdiera confianza en las instituciones, en sus representantes, en la política, en la actividad del mundo de los negocios, o en todo ello, y quedara -como quien dice- reducido al puro ámbito de su vida privada o familiar. Porque en ese momento, frente al vacío de valores democráticos en la conciencia ciudadana, cualquiera aventura populista o autoritaria: civil, militar, o de otro tipo, es posible, como lo demuestra hasta la saciedad la historia moderna y contemporánea de nuestra América Latina.

Por eso, la prensa, todos aquellos más directamente involucrados en las investigaciones de estos hechos y los que se ven afectados como colectividades, deben de actuar de modo tal que, junto con esclarecerlos y sancionar eventuales responsabilidades, se reafirme la confianza ciudadana en instituciones sólidas que funcionan y que, además -como señalé al comienzo de mi intervención-, el mundo internacional juzga como instituciones que se atienen a la probidad. Chile no es corrupto, en el país hay un alto índice de probidad. No desconozcamos estos hechos.

Recientemente se publicó una entrevista muy interesante en la sección Economía y Negocios del diario El Mercurio a Luis Bates , ex Presidente del Consejo de Defensa del Estado (entidad ocupada precisamente de estos temas), donde él coloca el problema en su justa dimensión.

Por eso, esta intervención no pretende otra cosa que hacer una reflexión en el sentido de las propias palabras del señor Luis Bates.

Muchas gracias.