Labor Parlamentaria

El señor MARTÍNEZ .-

Señor Presidente , con ocasión de las inauguración de las actividades judiciales ordinarias del año 2001, el señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , don Hernán Álvarez , ha dado a conocer a la opinión pública en su discurso del 1º del mes en curso distintos conceptos, que estimo mi deber comentar en esta oportunidad, dada su trascendencia nacional.

En primer lugar, llama la atención el hecho de que sostenga que "la situación que vive y tensiona todavía al país tiene su origen en los graves hechos de violencia, que se produjeron a partir del 11 de septiembre de 1973, con ocasión de la intervención militar y la consiguiente interrupción del sistema democrático.".

Si tales afirmaciones las hubiera emitido una persona que por su juventud no vivió en aquella época, podría entenderse que ellas se deben al desconocimiento de la realidad de entonces. Sin embargo, el actual Presidente de la Corte Suprema , en dicho período, ya era abogado e integraba la judicatura.

Por lo expuesto, no es posible comprender cómo pudo olvidar que en el Congreso del Partido Socialista, celebrado entre el 24 y el 26 de septiembre de 1967, se definió la violencia como instrumento válido para el acceso al poder. Obviamente, en su discurso también se ignoran los innumerables hechos delictivos que dieron forma a este propósito, entre ellos, las escuelas de guerrilleros de Guayacán y del Cajón del Maipo; los atentados con explosivos contra el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, el diario "El Mercurio" de Santiago, el Consulado de los Estados Unidos en la capital, la sede central del Partido Demócrata Cristiano, la residencia del ex Senador señor Francisco Bulnes Sanfuentes , la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, la línea férrea entre Rancagua y Sewell, el Instituto Hebreo y la correspondiente sinagoga judía y la sede vecinal de la Democracia Cristiana en La Pintana; la bomba arrojada en medio de un numeroso grupo de adherentes de esa colectividad en Chillán; el asalto y robo de las sucursales Santa Elena del Banco Londres, de la estación del Banco Edwards, del Banco Continental y la sucursal Vega Poniente del Banco Nacional del Trabajo.

Asimismo, resulta incomprensible su olvido del clima generalizado de odio desatado por los partidos de Izquierda, promovido orgánicamente más tarde por la Unidad Popular al asumir el Gobierno en 1970, el que se expresó violando los derechos humanos de los propietarios de tierras urbanas y agrícolas a través de tomas de terrenos y confiscaciones ilegales de industrias y fábricas. Además, de que en ellos hubo lesiones, secuestros, torturas y muertes de agricultores, por ejemplo, el señor Barahona ; periodistas como el director del diario "La Crónica" de Concepción; servidores públicos como el actual Diputado señor Maximiano Errázuriz , el ex Ministro del Interior , don Edmundo Pérez Zujovic , y personal de las Fuerzas Armadas como el subteniente Lacrampette, entre muchos otros.

Pero lo que resulta increíble es que se olvida del trato que recibió el propio Poder Judicial de parte del Presidente Allende y de funcionarios de su confianza, así como de sus partidarios, quienes incumplieron desembozadamente las resoluciones judiciales e injuriaron nada menos que a la Corte Suprema que hoy preside don Hernán Alvarez . Esta situación forzó a dicho Tribunal a expresar al Jefe de Estado de entonces en múltiples oficios, como los de 30 de octubre de 1972, 26 de mayo y 25 y 26 de junio de 1973, los reiterados actos públicos en los cuales se pretendió difamar e injuriar a sus integrantes; su benevolencia hacia los grupos terroristas y su reiteración, por enésima vez, de la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales "lo que significaba no sólo ya una crisis del estado de derecho, sino un perentorio e inminente quiebre de la juridicidad del país".

Coincidiendo con similar apreciación, los colegios profesionales, los partidos políticos democráticos y la Cámara de Diputados, por acuerdo de 23 de agosto de 1973, representaron al mencionado Presidente el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República y llamaron a las Fuerzas Armadas a poner inmediato término a las múltiples violaciones a los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía, lo que en otras palabras significaba asumir el gobierno de la nación.

En segundo lugar, debo manifestar mi profunda discrepancia con aquellas expresiones del Presidente de la Corte Suprema que, intentando eximirse del cuestionamiento de que ha sido objeto el Poder Judicial en razón del ejercicio de sus facultades jurisdiccionales durante el Gobierno Militar por partidarios de la actual Concertación y el Partido Comunista, sostiene que ello se debe a que las autoridades de esa época llegaron incluso a faltar a la verdad en las respuestas a sus requerimientos.

No me corresponde calificar ni adhiero a las imputaciones que se han hecho al Poder Judicial por este concepto, pero debo señalar, en mi condición de ex Juez Naval y ex miembro de la Corte Marcial de la Armada, que si así hubiere ocurrido, el Poder Judicial tenía expresas atribuciones otorgadas por los decretos supremos Nº 187, de enero de 1976, y Nº 146, de 10 de febrero del mismo año, para visitar todos los lugares de detención, por aplicación de las medidas de excepción constitucional y de las condiciones médicas de los que fueron puestos en libertad.

Por ello, no resultan comprensibles tales imputaciones, pues en el caso de que hubiera existido algún error en las informaciones de esa época -lo que era posible-, éste habría sido prontamente corregido con el ejercicio de los decretos supremos mencionados.

En tercer término, me llama profundamente la atención el hecho de que el señor Presidente de la Corte Suprema no haya planteado en su discurso, como lo ordena el Nº 4º del artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas.

A este respecto, desde el comienzo de nuestra historia republicana hasta el 11 de marzo de 1990 -fecha en que asumió el Gobierno del Presidente Aylwin-, el Poder Judicial tuvo una sola y permanente interpretación de las leyes de amnistía, de la aplicación de la prescripción de la acción penal y la pena y de la cosa juzgada. A contar de esa fecha y no obstante el estupor generalizado de tratadistas, profesores de Derecho, juristas, abogados e historiadores, los tribunales han dictado distintos fallos que, de hecho, constituyen modificaciones e incluso derogaciones en tales temas, causando gravísimas consecuencias en materias constitucionales y legales relativas a la igualdad ante la ley y otros derechos de las personas que prescribe la Carta Fundamental.

La discusión jurídica al respecto ya está agotada e incluso la ciudadanía ha tenido la oportunidad de conocer el pensamiento de distinguidos Senadores, entre los cuales tiene particular relevancia la opinión del Honorable señor Zurita , como ex Ministro de la Corte Suprema , que en sus declaraciones al diario "El Mercurio", de 28 de febrero último, demostró hasta la saciedad los errores de la torcida jurisprudencia de la década recién pasada.

Por lo expuesto, la mencionada omisión en el discurso del señor Presidente de la Corte Suprema resulta inexplicable, particularmente frente al propósito que también manifestara, en cuanto a la necesidad de que los políticos se esfuercen con patriotismo y se sumen a la "urgente tarea de restablecer la ansiada pacificación nacional".

Dicha ocasión habría hecho posible que, incluso hoy día, recogiendo sus palabras, iniciáramos la discusión de un proyecto de ley que interpretara las disposiciones legales mencionadas, superando de paso la insólita situación de que el Poder Judicial , y no el Legislativo, modifique o derogue precisamente las normas legales que aquél mismo debe aplicar.

Finalmente, en mi permanente propósito de ser justo tanto en la crítica como en los aspectos positivos de quienes ejercen el poder, debo expresar mi complacencia y adhesión al propósito manifestado por el señor Presidente de la Corte Suprema , don Hernán Alvarez , relativo a su llamado a escuchar tanto la voz autorizada y el mensaje del nuevo Cardenal, don Francisco Javier Errázuriz , como a las distintas autoridades espirituales de nuestra patria y a muchos hombres de bien, en el sentido de privilegiar el perdón, la paz social y el reencuentro entre los chilenos. Del mismo modo, adhiero a su esperanza de que los distintos actores políticos, ejerciendo al fin su relevante papel de conductores, se esfuercen con sincero patriotismo y se sumen a la urgente tarea de restablecer una ansiada pacificación nacional que beneficie a todos los chilenos, cualquiera haya sido el sector político en que militaron.

A mi juicio, nuestra patria y particularmente nuestra juventud, tienen derecho a un mejor futuro en el milenio que comienza. Como ha ocurrido en muchas de las circunstancias importantes que jalonan la evolución de la humanidad, hoy tenemos una excelente oportunidad para dejar atrás un pasado plagado de rencores y desesperanzas. Aprovechémosla, pues parece injusto y descabellado que, habiendo transcurrido ya cerca de cuarenta años del comienzo de la tragedia cuyo recuerdo nos conmueve, no podamos orientar nuestros esfuerzos y capacidades para hacer de nuestra patria, cada día más, un país desarrollado, justo y solidario.

Señor Presidente , señores Senadores, por todos estos antecedentes y conceptos, vuelvo a llamar a mis pares, Senadores de la República , a que, ante esta gravísima situación, aprobemos una Ley General de Amnistía, que cubra el período comprendido de 1978 a la fecha y en cuyo texto quede salvada la correcta interpretación del Derecho que corresponde aplicar a sus consecuencias, recuperando así principios básicos y fundamentales de la justicia universal.

He dicho.