Labor Parlamentaria

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, supuestos familiares de presuntos desaparecidos...

(Manifestaciones en las tribunas).

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

Ruego a los asistentes a las tribunas que no realicen manifestaciones porque está prohibido hacerlo. No es problema que estén presentes, pero por Reglamento se debe respetar el funcionamiento de la Cámara para se puedan expresar los parlamentarios.

(Manifestaciones en las tribunas).

Ruego a los asistentes a las tribunas que, por favor, guarden silencio, porque si no, en cumplimiento del Reglamento de la Cámara, me veré obligado a suspender la sesión.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente , en nombre de la bancada socialista, ruego a su Señoría que no haga desalojar las tribunas y que escuchemos las manifestaciones que legítimamente realicen los familiares de los detenidos desaparecidos.

El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-

No es posible, señor diputado. Por Reglamento no se puede aceptar. Eso usted lo sabe.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, estamos haciendo uso de la palabra. Sé cuánto derecho tienen quienes están en las tribunas a manifestarse en este lugar, que se supone es el centro de la soberanía de nuestro país.

Durante muchos años se nos habló de “supuestos familiares”, de “presuntos desaparecidos”. ¡Cuántas semanas, meses, años, amigos y compañeros nuestros fueron a golpear las puertas de los tribunales, a recorrer los desiertos, a buscar en los patios de los cementerios a supuestos familiares de presuntos desaparecidos!

Hoy, nos honran con su presencia en las tribunas chilenos que han luchado toda una vida por la verdad y la justicia.

(Manifestaciones en las tribunas).

Nunca habrá una palabra de un socialista en contradicción con gente que nos provoca tanta admiración y respeto.

Hoy, todo el país y los medios de comunicación concentran la atención en el crimen horroroso de la detención y desaparición de compatriotas nuestros. ¿Quién duda hoy acerca de la existencia de este inmenso crimen cometido durante la dictadura militar? ¡Cuánta distancia moral, jurídica y política nos separa de aquella época en que se hablaba de supuestos familiares y de presuntos desaparecidos, a la vez que se afirmaba que marxistas habían huido al extranjero, y que extremistas se habían exterminado entre ellos! Cierta prensa titulaba en ese entonces: “En Argentina, extremistas se exterminan como ratas”. Repito: ¡Cuánta distancia moral y política nos separa de aquella época!

Lo que explica la conciencia generalizada de la sociedad chilena acerca de este drama no es otra cosa que la lucha tenaz e inclaudicable de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, de los organismos de derechos humanos y de tantos chilenos y chilenas que iniciaron su resistencia el mismo día del cruento golpe militar de 1973. Primero, fue una lucha tímidamente acompañada; luego, progresivamente engrosada por miles de compatriotas en Chile y en el exilio y, por cierto, por muchas conciencias dignas y democráticas del mundo entero.

Esto fue, y no otra cosa, lo que permitió que, a pesar de la ley de autoamnistía, existieran jueces en Chile dispuestos a investigar, incluso a declarar reos a los responsables de estos crímenes.

Esta lucha fue la que ayudó a los dirigentes y autoridades democráticas a tomar la decisión de constituir la Comisión de Verdad y Reconciliación y, por cierto, a la materialización de su vigoroso informe.

Esta lucha y las nobles luchas convergentes en otros lugares del planeta, permitieron hacer avanzar el derecho internacional humanitario, una de cuyas aplicaciones más notables en los últimos tiempos fue la detención de Augusto Pinochet en Londres. Ello ocurrió gracias a que la lucha del pueblo de Chile, de sus agrupaciones, ha convergido con la lucha de otros pueblos y de otras consignas dignas y democráticas de España y de Inglaterra, en este caso.

Hoy estamos aquí discutiendo un proyecto de ley que colabore a encontrar a nuestros detenidos desaparecidos. Porque ha existido esta lucha, el país no discute hoy, colega Coloma , sobre problemas ficticios. El diputado Coloma ha descubierto que el país, en las últimas elecciones, se concentró en los problemas reales. Habría dos suertes de problemas en nuestra patria: los reales y los no reales. Resulta que ahora todo Chile discute sobre un problema no real. Pero lo discute porque ha existido una lucha; porque el más real de los problemas es la barbarie cometida durante 17 años de dictadura militar.

Los socialistas hemos sido parte de esta historia; lo decimos sin ninguna estridencia y sin ninguna exageración. Un número muy importante de los detenidos desaparecidos eran militantes de nuestro partido. Un número importante de los detenidos desaparecidos eran amigos, compañeros y familiares nuestros. Nos aproximamos a este tema desde estas circunstancias, y no lo podemos hacer de otra manera.

La “Mesa de Diálogo” ha propuesto al Presidente de la República el proyecto de ley que hoy debatimos. Lo ha hecho suscribiendo un documento que hace reflexiones fundamentales en torno de la historia de Chile de los últimos 30 años. Con razón se dice allí que, respecto de los hechos que culminaron con el golpe de Estado, existen legítimamente distintas opiniones entre los chilenos. Desde luego, participaremos en ese debate y lo haremos desde una premisa fundamental ya consignada en el informe Rettig. Ninguno de los errores cometidos en el pasado puede justificar el horror del golpe militar, ni mucho menos las atrocidades cometidas inmediatamente después del mismo.

Lo haremos preguntándonos cuánto marcó a nuestra generación ese crimen brutal con que nació la década del 70; ese crimen atroz con que despertamos en ese decenio de los 70: el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider Chereau.

Pero hoy parece haber un consenso básico. Se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado; en especial parece haber un consenso por superar la tragedia de los detenidos desaparecidos. Valoramos enormemente el gesto del Presidente de la República de encabezar los esfuerzos para enfrentar esta tarea, y lo acompañaremos en ella.

Sin embargo, queremos expresar que compartimos buena parte de las preocupaciones y aprensiones expresadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en su declaración y en su ponencia de ayer en el seno de las Comisiones Unidas sobre este proyecto de ley. Por ello, queremos señalar solemnemente que nuestro voto favorable se funda en los siguientes entendidos:

En primer lugar, para los socialistas chilenos, desde siempre, la paz social que tanto anhela Chile sólo puede alcanzarse con el establecimiento pleno de la verdad y la aplicación total de la justicia. Esa es nuestra premisa y nadie ni nada nos apartará un centímetro de ella.

Estamos frente a crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables. Desde esta perspectiva, hemos analizado el proyecto de ley. No hay en esta iniciativa ninguna disposición, directa ni indirecta, que limite la acción de los tribunales para hacer justicia adicional a la limitación tremenda que hoy tienen y que se llama ley de amnistía. En este proyecto de ley no hay ni una interpretación de la ley de amnistía que inhiba la acción de los tribunales, ni mucho menos hay un punto final.

Por lo mismo, seguiremos recurriendo a los tribunales hasta que los objetivos de verdad y justicia sean plenamente satisfechos. Más aún, mañana, 24 horas después de que el Partido Socialista participe en este debate en el Congreso Nacional, concurriremos a los tribunales de justicia a presentar una nueva querella contra Augusto Pinochet ; esta vez, por el crimen del ex intendente de Talca, compañero Germán Castro. Consta en el proceso que su ejecución fue ordenada telefónicamente por el propio Augusto Pinochet. Y lo haremos con el patrocinio del abogado Hugo Gutiérrez y del colega y abogado Juan Bustos.

Pero si queremos avanzar en el propósito de la justicia, es necesario remover dos obstáculos: la ley de autoamnistía y la competencia exorbitante de los tribunales militares.

Respecto de lo primero, un grupo de diputados de la Concertación ya en 1991 y un grupo de senadores en 1992, presentamos, en ambas Corporaciones, proyectos de ley para anular los efectos de la amnistía. Estando el proyecto en el Senado -de acuerdo con la Constitución-, pediremos a nuestros senadores que se coloque en Tabla y que se discuta, se debata y se vote en el Congreso Nacional. De una vez por todas, los parlamentarios tienen que decir cuál es su opinión definitiva sobre la ley de autoamnistía.

Respecto de lo segundo, pediremos formalmente al Gobierno que envíe un proyecto de ley que restituya la jurisdicción de los tribunales civiles y restrinja la competencia de la justicia militar en coherencia con los principios básicos de un Estado de derecho democrático.

En segundo lugar, concurrimos a este esfuerzo señalando que nos asisten, al igual que a muchos chilenos, profundas dudas acerca de la afirmación de que las Fuerzas Armadas no tienen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y de que dicha información se encontraría dispersa o fragmentada.

A nuestros familiares, amigos y compañeros, se los llevaron detenidos agentes del Estado, civiles y militares. Los organismos de seguridad estaban al mando de altos oficiales, generales y coroneles. Estos organismos eran altamente jerarquizados. ¿Cómo podría, entonces, estar fragmentada y dispersa la información sobre la acción que ellos realizaron?

Tenemos en nuestro poder un listado -una vez concluida mi intervención, la bancada del Partido Socialista hará entrega formal del documento a la Mesa de la Corporación en la persona de su Presidente - con los nombres de 98 integrantes de los ex servicios de seguridad; entre ellos, oficiales y civiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Dina y la CNI señalados como inculpados en todos los procesos que se han seguido en nuestros tribunales por la violación sistemática de los derechos humanos y la desaparición forzada de personas. En este listado se encuentran los nombres de las personas que saben la verdad y lo ocurrido con nuestros detenidos desaparecidos. Por cierto que esta información obra en poder de los actuales mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Está en sus manos entregar, al cabo de seis meses, toda la información que durante tanto tiempo Chile ha buscado sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

Los socialistas concurrimos a este esfuerzo en el entendido de que nadie ni nada puede interpretarlo como una señal, inducción, ni mucho menos presión, a la Corte Suprema en el proceso por desafuero de Augusto Pinochet. Por el contrario, la plena autonomía de los tribunales constituye para nosotros una condición inexcusable para la aplicación de la justicia.

Como señalé al comienzo de mi intervención, lo que Chile ha logrado conquistar en materia de libertad y democracia, lo que hemos conseguido, por poco que fuere, en justicia, ha sido producto de la lucha, de la brega y el esfuerzo de muchos chilenos y chilenas; entre ellos y en primer lugar, de quienes pertenecen a agrupaciones de víctimas de la represión.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha señalado en su declaración lo siguiente: “Es una condición sine qua non que la verdad y la justicia vayan unidas indisolublemente. La sanción penal representa el necesario mecanismo por el cual el Estado democrático hace justicia, revaloriza el derecho a la vida, reafirma el Estado de derecho y fortalece la conciencia nacional en los valores de derechos humanos”. En esta importante sesión, esa declaración la hacemos enteramente nuestra. Si nos guiamos por este principio rector, podremos estar ciertos de contribuir a hacer realidad el propósito que formuló el Presidente de la República de que en Chile nunca más se asesinará ni se hará desaparecer opositores; de que nunca más agentes del Estado ejercerán, de modo sistemático, torturas y asesinatos. En ese Chile del “nunca más” queremos vivir nosotros, nuestros hijos y nietos y las generaciones por venir.

He dicho.

-Aplausos.

-Autorizado por el Presidente de la Mesa , se incluye el siguiente documento:

“Nómina de los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y de Servicios de Seguridad, sometidos a proceso o condenados en procesos por violaciones a los derechos humanos:

Arellano Stark , Sergio, general de Ejército; Forestier Haensgen, Carlos, general de Ejército vicecomandante; Ramírez Rurange, Hernán , general de Ejército; Contreras Sepúlveda , Manuel , general de Ejército; Álvarez Scoglia, Ramsés, general de Ejército; Pinto Pérez, Víctor, brigadier general de Ejército; Salas Wenzel, Hugo, general de Ejército; Iturriaga Neumann, Raúl, general de Ejército; Gordón Rubio, Humberto, general de Ejército; Arredondo González, Sergio, coronel de Ejército; Espinoza Bravo, Pedro, coronel de Ejército; Morén Brito, Marcelo, coronel de Ejército; Díaz Araneda , Patricio , coronel de Ejército; Ceballos Jones, Edgar, coronel de Fuerza Aérea; Cáceres Jorquera , Ramón , oficial Fuerza Aérea; Cardemil Valenzuela, Hugo, coronel de Ejército; Herrera Jiménez , Carlos , coronel de Ejército; Bauer Donoso, Kranz, teniente coronel Ejército; Guzmán Olivares , Pedro, teniente coronel Ejército; Quiroz Ruiz, Iván, teniente coronel Carabineros; Ferrer Lima, Francisco, mayor de Ejército; Cifuentes Martínez, Iván, comandante de Ejército; Corbalán Castilla, Álvaro, mayor de Ejército; Pérez Martínez, Rodrigo, mayor de Ejército; Quiroz Luis, Iván , comandante Carabineros; Sanhueza Ross, Luis, teniente de Ejército; Vargas Bories, Jorge, teniente de Ejército; Hernández Oyarzo, Miguel, capitán de Carabineros; Schmied Zanzi, Roberto, brigadier Ejército; Silva Valdés , Arturo, capitán de Ejército; Sanhueza Ross, Arturo, capitán de Ejército; Díaz Anderson, Héctor , capitán de Carabineros; Fernández Dittus, Pedro, capitán de Ejército; González Betancourt, Guillermo, coronel de Carabineros; Zamora Rodríguez, Patricio, capitán de Carabineros; Muñoz Gamboa, Manuel , mayor de Carabineros; Michea Muñoz, Julio, coronel de Carabineros; Valdés Cid, Fernando, teniente de Carabineros; Rojas, Daniel , ex auditor del Ejército; Acuña Riquelme, Mario, ex fiscal militar; Bello, Franklin , teniente Fuerza Aérea; Descalzi, Raúl, teniente de Ejército; Lira Aravena, Héctor. suboficial Carabineros; Pino Moreno, Luis, suboficial Carabineros; Morales Acevedo, Manuel, Carabineros y C.N.I.; Acuña Luengo , César Luis, suboficial de Ejército; Neira Donoso, Enrique , suboficial de Ejército; Valdovinos Morales, René , suboficial de Ejército; Burgos Díaz, Fernando , suboficial de Ejército; Muñoz Orellana , Víctor, Ejército; Vásquez Villegas, Hernán, suboficial Ejército; Pastenes, Juan , carabinero UAT; Barra, Antonio, ex agente (UAT) CNI; Mass, Gonzalo, ex detective; Vargas Bories, Jorge , civil Ejército, CNI, teniente; Cabrera, Armando, suboficial de Ejército; Campos Collao, Domingo, carabinero; Ponce Orellana, Mario, carabinero; Salazar Herrera, Eduardo, civil; Fuentes Castro Juan, sargento 2º Carabineros; Salazar Fuentes , Claudio, cabo de Carabineros; Sáez Mardones, Alejandro, cabo 1º de Carabineros; Huaiquimilla Coñoepán, Juan, suboficial de Carabineros; Jofré Herrera, Luis , cabo de Carabineros; Herrera Soto , Heriberto, carabinero; Riquelme Canales, Carlos, carabinero; Muñoz Koller, Claudio, carabinero; González Rivera, Juan, carabinero; Torres Zurita, Juan, Ejército; Aguirre Álvarez, Miguel, suboficial de Ejército; Cerda, José, funcionario Gendarmería ; Zapata Reyes, Barclay, suboficial de Ejército; Hidalgo, Luis Humberto, suboficial de Ejército; Toledo Pérez, Diógenes, suboficial de Ejército; Contreras Donaire, Manuel, suboficial de Ejército; Letelier Verdugo, Miguel , suboficial de Ejército; Calderón Luna, Humberto, agente de CNI; Ancavil Hernández, Galvarino, civil; Hernández Franco, Nelson, agente de CNI; Olivares Silva , Julio, civil; Galleguillos Vásquez, Misael , dirigente sindical; Lillo Gutiérrez, Raúl, dirigente sindical; Orrego Salas, Valericio, dirigente sindical; Ramírez Romero, José , agente de CNI; González López, Raúl, agente de CNI; Lobórquez Maturana, Ricardo , agente de CNI; Martínez López, Antonio , agente de CNI; Machuca Fuenzalida, Juan, agente de CNI; Marincovic Palma, Jaime, agente de CNI; Rosas Fernández , Claudio, agente de CNI; Varela Martínez, Juan Carlos, agente de CNI; Osvaldo Romo, civil; Estay Reino, Miguel, civil; Solís Díaz, Juan M., carabinero; Pantoja Hernández, Jerónimo, teniente coronel Dina; Wenderoth Pozo, Rolf, mayor Dina; Fernández Larios, Armando, capitán Dina; Laureani Maturan, Fernando, mayor Dina; Lawrence Meires, Ricardo , mayor Dina”.