Labor Parlamentaria

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL .-

Señor Presidente , el país vive un verdadero colapso del sistema privado de energía eléctrica. Tiene que ver, como se ha subrayado, con la sequía, una de las más graves que recuerda el país en los últimos decenios, pero básicamente, con el incumplimiento de los compromisos y de los contratos por parte de empresas generadoras, que deberían haber tenido funcionando centrales a gas para evitar la situación actual; que han ocultado información al Gobierno y a los usuarios al no reconocer inicialmente que eran deficitarias, con el fin de no pagar el costo de falla que representa varias veces el valor medio de la energía y que, hasta ahora, se habían negado a comprar energía a terceros para garantizar la normalidad del servicio.

Es decir, estamos bajo el arbitrio de las empresas privadas generadoras de electricidad, en particular de Endesa, que produce el 60 por ciento de la energía del país, que coloca por sobre los intereses nacionales la decisión de obtener ganancias suplementarias aun en los momentos de crisis como los que vivimos y no cumplen con el servicio público de entregar electricidad, al que están obligadas por ley.

El sector eléctrico es la base del esquema neoliberal que instaló el régimen militar en nuestro país, y en el marco de esta crisis queda claro que esas empresas, al no entregar energía eléctrica suficiente para cubrir las necesidades del país, se colocan fuera de la ley y demuestran las insuficiencias de un modelo económico que privilegia los intereses y las ganancias de las empresas por sobre el servicio de utilidad pública, que debe beneficiar al conjunto de los chilenos.

El país está pagando hoy la privatización salvaje de las empresas eléctricas efectuada durante el período del régimen militar. Recordemos que entre 1985 y 1989 se privatizó el 90 por ciento de las empresas de distribución, el 60 por ciento de la capacidad instalada de generación y el 90 por ciento de la capacidad de transmisión. Estas empresas fueron vendidas por debajo de su valor patrimonial y muchas de las principales distribuidoras fueron vendidas a las misma personas que administraban las empresas cuando eran estatales. El señor Yuraszeck era un simple funcionario de una empresa estatal que se transformó, gracias a este tipo de privatizaciones, en un gran potentado económico en nuestro país. Si entre los años anteriores a la década del 90 se privatizaron el 60 por ciento en la generación, el 90 en la transmisión y el 90 en la distribución, y por ello se obtuvieron 1.224 millones de dólares, entre los años 1990 y 1996 se privatizaron el 10 por ciento restante, por el que se obtuvieron 664 millones de dólares. Repito, por el 90 por ciento se obtuvieron 1.244 millones de dólares, mientras que por el 10 por ciento restante, 664 millones de dólares. Que cada cual saque las consecuencias que ha tenido este tipo de privatización en la concentración del control administrativo de la energía eléctrica en pocas empresas privadas, las que hoy venden electricidad al país por 720 millones de dólares al año.

Debo recordar que de ese total, el 60 por ciento, o sea, más de 400 millones de dólares corresponden a Endesa y el resto, a Colbún y a Gener.

O sea, pagamos para que, finalmente, la ley eléctrica no se ajuste a un verdadero marco regulador; pagamos para que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles carezca de las verdaderas facultades y de los instrumentos de penalización adecuados para castigar la transgresión de la ley. Incluso, estas empresas transgreden los principios básicos del funcionamiento normal del mercado, donde se supone que cada empresa actúa con gran responsabilidad.

Entonces, pregunto, ¿quién responde por las cuantiosas pérdidas económicas que ha sufrido el país, que hoy ascienden a 30 millones de dólares sólo en el ámbito productivo? ¿Quién responde por los accidentes automovilísticos producidos por la ausencia de semáforos? ¿Quién responde por los riesgos de salud cuando en los hospitales no hay energía eléctrica? ¿Quién responde por lo daños que se provocan a los usuarios?

¡Ha llegado la hora de regular el sistema!

Saludo que la Diputada Rosa González y otros colegas de la Derecha planteen la necesidad de un marco regulador, porque es suicida dejar sin regulación a la propiedad privada de los servicios esenciales del país.

Este es un verdadero problema de seguridad nacional; estamos frente a empresas multinacionales que controlan el 60 por ciento de la energía eléctrica del país.

Pedimos al Gobierno el envío del proyecto de ley que aumenta las facultades de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles, que aumenta las multas y regula los cobros de los medidores; pedimos que se envíe el proyecto del defensor del usuario, porque son ellos los que sufren en estas situaciones y no tienen compensación; pedimos que la Comisión de Minería y Energía se transforme en una comisión investigadora; pedimos que se mantenga la decisión de aplicar la ley de seguridad interior del Estado si las empresas no cumplen con el compromiso suscrito con el Ministro el día de ayer; pedimos que se garanticen los reembolsos y las indemnizaciones a los usuarios, como lo establece el artículo 99 bis de la ley eléctrica y la ley de protección nacional del consumidor.

Aquí hay responsabilidad principal de las empresas generadoras, las que no deben hacerse las tontas porque uno tiene contrato no con Endesa, sino con Chilectra, o con Emelec, es decir, con las distribuidoras, y son éstas las que deben pedir a las generadoras que les devuelvan los kilowatts que no les han sido entregados, y éstas deben compensar a los usuarios, porque lo más importante es que se reconozca el derecho a la indemnización.

En Estados Unidos, en Argentina y en otros países, frente a situaciones como ésta, ya estaría garantizado el derecho del usuario a recibir la indemnización correspondiente, pero aquí nos encontramos con declaraciones como la del señor Bauzá , que dice que Endesa no tiene que devolverle un peso a nadie, en circunstancias de que dicha empresa es la culpable en gran parte de la falta de energía eléctrica que sufre el país.

¡Yo protesto, señor Presidente , contra la arrogancia de Endesa y pido que haya un consenso parlamentario para generar un nuevo marco regulador en materia de energía eléctrica en nuestro país!

He dicho.